Respuestas a los medios de comunicación

Muchas gracias, ministra. Estamos a sus preguntas ahora.

P.- Juanma Romero, de El Confidencial. Buenos días, ministros. Yo quería preguntarles sobre la resolución en los dos incidentes de ejecución de sentencia que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional de una misma resolución. Quería preguntarles ¿por qué se hace ahora este recurso, toda vez que la resolución se aprobó en el Parlament -estaba comprobando-en julio? ¿Por qué se hace ahora?

Y también quería preguntar a la ministra de Economía, teniendo en cuenta lo que nos ha explicado --y que, también, el presidente del Gobierno en una entrevista reciente comentó--, que si hay que revisar a la baja las previsiones de crecimiento se hará. ¿Cuál es entonces la previsión de crecimiento que se mandará a Bruselas, que creo que tiene que ser en los próximos días? ¿Cuál va a ser? Gracias.

Portavoz.- Le voy a pasar la pregunta, la primera pregunta que usted formula, al ministro Planas porque, como usted sabe, él se ocupa de las competencias del ministerio de Política Territorial.
Sr. Planas.- En relación con la pregunta, el incidente de ejecución es un mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que hasta ahora se ha utilizado muy poco --creo que es la primera ocasión que, al menos este Gobierno lo utiliza en relación con sentencias del Tribunal Constitucional--, y que es especialmente importante. Especialmente importante porque nos evita el tener que plantear un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con un tema sobre el cual ya hay asentada doctrina. Y, claramente, en los dos incidentes que hoy se plantean, en lo referente al tema autodeterminación y en lo referente al tema de la monarquía, son cuestiones en las cuales el Tribunal Constitucional ha dictado ya sentencia y en relación con las cuales lo estamos aplicando -como usted indica-a una resolución aprobada hace algunas semanas por el Parlamento de Cataluña.

Primero, no existe ningún plazo para la interposición de ese incidente y, segundo, lógicamente, eso tiene una preparación jurídica interna en el seno de la Administración, en el seno del Gobierno y hemos considerado que este era el momento oportuno.

Quiero señalar, en relación con lo que ha indicado la ministra portavoz en su presentación y el texto aprobado por el Consejo de Ministros, que, evidentemente, pedimos la nulidad del contenido de las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña pero hay una clara advertencia a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional, porque ello supondría consecuencias de naturaleza jurídica y, particularmente, de naturaleza penal que, como ustedes saben, son particularmente graves.
Creo que este es un tema lo suficientemente riguroso y serio para que el Consejo de Ministros se haya tomado su tiempo en la deliberación y, lógicamente, en relación con la aprobación de estos incidentes de ejecución que van al Tribunal Constitucional, y como ha indicado el presidente del Gobierno y el conjunto del Gobierno desde su toma de posesión, lógicamente vamos a respetar y a hacer respetar la Constitución y la ley en el conjunto de España. Y ello significa que el conjunto de las instituciones, de las instituciones del Estado y, por tanto, de las instituciones autonómicas, también deben hacerlo.

Sra. Calviño.- Por supuesto que si hay que revisar se hará, porque el comportamiento de nuestro Gobierno desde el primer día ha sido el de una enorme prudencia, de un seguimiento muy preciso de la realidad económica de nuestro país y una comunicación pública --no solo comunicación al Consejo de Ministros, sino comunicación pública-- de cuál es nuestra visión y nuestras previsiones con respecto al futuro. Estamos, justamente, en la última fase de preparación de ese cuadro macroeconómico que servirá de base para el Plan Presupuestario que se tiene que enviar a Bruselas antes del día 15 de octubre y estamos en ese proceso de finalización que tiene que contar, también, con la validación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

En el momento en que esto se envíe el día 15 tendremos en cuenta tanto los ajustes técnicos que puedan derivarse de las nuevas cifras que nos ha proporcionado el INE para el pasado, como la evidencia que nos arrojen los distintos indicadores y datos que estamos recibiendo en estos días.

P.- Manuel Muniero, de Telemadrid. Buenas tardes. Para la ministra portavoz, dos cuestiones. Uno, en principio el Consejo de Ministros nos comentaba que, si tuviese tiempo para estudiar la sentencia del Supremo, iba a estudiar un acuerdo de inhumación y exhumación sobre Franco y una fecha. Quería saber sobre qué fecha se está manejando ahora, si van a esperar a que el Supremo levante las medidas cautelares, si es que lo hace, la semana que viene y si tienen o están pendientes, también, de la decisión del juez Yusty en torno a la licencia de obras o van a esperar que celebre la vista que está pendiente.
Y, por otro lado, ¿qué respuesta tiene el Gobierno a la petición, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, para reunirse con el ministro del Interior a fin de estudiar las solicitudes de asilo? Consideran estas administraciones que existe una demora muy importante para tratar esas peticiones de asilo por parte de los refugiados y consideran que eso está colapsando sus centros de asistencia. Gracias.
Portavoz.- Muchas gracias. En relación a la exhumación de Franco no hay fecha todavía. Efectivamente, hay que concluir el expediente, como sabe usted, administrativo y que, obviamente, eso incluye algunos aspectos de logística importantes. Estaba todo preparado para el 10 de junio como bien saben pero, obviamente, hay que prepararlo --por así decirlo. Además, como usted bien ha dicho, hay algunas cuestiones, también, que afectan a, por ejemplo, a la petición de aclaración de sentencia que han hecho a la familia de la familia Franco y para la cual el Tribunal Supremo se reuniría, la Sección Cuarta, el propio martes para dirimir la cuestión. Por tanto, más pronto que tarde, en cuanto podamos, les diremos también la fecha, obviamente.

En relación a lo que usted me habla de las solicitudes de asilo de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que yo he visto esa noticia también y he preguntado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y, desde luego, he observado su extrañeza porque la política del Gobierno es exactamente la misma con esta Administración Local que con cualquiera de las anteriores, exactamente la misma.

Le diré como dato que en solo dos meses 600 personas han pasado de ser atendidas por la Administración Local a ser ya atendidas por el Gobierno de España.

Por tanto, nuestra extrañeza y la garantía de que no hay ningún cambio de política. Es la misma política, seguimos exactamente de igual manera sea cual fuere, obviamente, la administración local que en turno tenga la responsabilidad.

P.- Daniel Dombey, de Financial Times. Hola, buenas tardes. Algunas preguntas para la ministra de Economía, si puede. Primero, ¿podría cuantificar, más o menos, para dar una idea de escala, el impacto económico de un Brexit sobre la economía española?

Segundo, según las proyecciones del Banco de España, la tasa de generación de empleo va a caer desde el segundo trimestre al tercero, de 2,54% a 1,6%. ¿Esto tiene algo que ver con el aumento histórico del salario mínimo?

Y, tercero y último, dado los retos demográficos de la economía española, si la promesa de indexación de las pensiones tendría grandes riesgos en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Gracias.

Sra. Calviño.- Con respecto a su primera pregunta, el Banco de España ha publicado algunas estimaciones con respecto a lo que podría ser el impacto económico y, de hecho, las ha revisado recientemente a la luz de la revisión que hizo el Banco de Inglaterra del impacto que podría tener sobre la economía británica. Si las conoce, ve que está por debajo del 1% en un plazo de cuatro o cinco años.

Creo que hay una enorme incertidumbre con respecto a cuál podría ser el impacto de un Brexit sin acuerdo. En primer lugar, sobre la economía británica y, en segundo lugar, sobre la europea y sobre el conjunto de la economía mundial. Por eso, nosotros estamos preparándonos para lo peor, por eso el Gobierno español ha estado desde hace mucho tiempo, meses, preparando todos nuestros instrumentos, favoreciendo todo el canal de exportaciones, sobre todo para los productos agroalimentarios perecederos, atendiendo muy específicamente aquellos ámbitos en los que podemos facilitar el tránsito de bienes, también la continuidad en la prestación de los servicios, porque creo que todos somos conscientes de que hay muchas incertidumbres en torno a lo que puede suceder en las próximas semanas y cuál podría ser las consecuencias si, finalmente, lamentablemente, no hubiera un acuerdo.

Con respecto al mercado de trabajo, uno de los gráficos que he recogido, precisamente, incluye los datos de afiliaciones a la Seguridad Social porque son los más recientes que tenemos. Se refieren al mes de septiembre y se han publicado esta misma semana. De lo que esos datos nos hablan es de una tasa de creación de empleo, una tasa de aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social, que es un indicador mensual, que está por encima del 2,4%; es decir, que la tasa de creación de empleo sigue siendo muy notable. Es verdad que tendremos que ver cuando lleguen los datos de la Encuesta de Población Activa que complementan, pero por eso he recogido en el gráfico el más reciente que tenemos, que se refiere al mes de septiembre, a hace escasamente unos días.

En tercer lugar, en el ámbito de las pensiones, desde el Gobierno desde el primer día hemos enviado un mensaje muy claro que es el de nuestro compromiso con la revalorización de las pensiones con arreglo al coste de la vida, es decir, la garantía de la capacidad adquisitiva de las pensiones para nuestros mayores de hoy pero, también, para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Queremos garantizar pensiones dignas también en el largo plazo y por eso también hemos estado trabajando en aquellas medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

Lamentablemente, no se pudo llegar a un primer acuerdo en algunos ámbitos en el Pacto de Toledo, justo antes de que terminase la legislatura pasada. Se trata de un ámbito en el que nos pondremos en marcha en cuanto que se inicie la próxima legislatura y en el que espero que contemos cuanto antes con el apoyo de todo el arco parlamentario para que podamos garantizar la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva y su sostenibilidad a largo plazo.

P.- Carlos Cué, de El País. Muchas gracias. Casi lo voy a hacer por orden. Ministro, le quería preguntar, ¿cuánto dinero se podría perder si esto sucede? Y ¿qué represalias tomaría España si realmente llega al final?

Y un detalle sobre lo que ha contado antes de las impugnaciones. Lo que le quería plantear es, ¿el Gobierno se va a dirigir directamente al a Mesa del Parlamento o le va a pedir al Constitucional que se dirija a la Mesa del Parlamento? El Gobierno, entiendo, que no se dirige directamente a la Mesa. Quería que lo aclarara.

A la ministra le quería preguntar, ministra portavoz, le quería preguntar sobre lo que se ha hablado mucho esta semana sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, sobre el 155. Le quería preguntar si el Consejo de Ministros ha estudiado qué se puede hacer y si hay un informe, si hay algún tipo de documento, porque esta semana hemos preguntado, nos han dicho que no hay documentos, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Realmente están estudiadas en un informe?

A la ministra de Economía le quería preguntar: tal y como lo ha planteado usted da la sensación de que lo más probable es que se bajen esas expectativas que están a punto de terminar ese informe, pero lo más probable en este momento es que se bajen estas expectativas y, en concreto, ¿en qué momento económico van a votar los españoles? Porque esa misma semana va a haber un dato de paro y están diciendo que puede ser negativo. De hecho, el PP está pidiendo que se retrase el debate, nada menos; está pidiendo que se retrase un día el debate, el PP, porque cree que ese dato sería negativo y llegaría al día siguiente del debate. Quiero decir, ¿en qué momento económico van a votar los españoles? Porque eso, obviamente tiene una influencia. Nada más. Gracias.

Sr. Planas.- En relación con la primera pregunta. La OMC ha autorizado a Estados Unidos a imponer sanciones por importe de 7.500 millones de dólares, lo cual corresponde, aproximadamente, 6.830 millones de euros. En relación con la cantidad que podría eventualmente resultar afectada del conjunto de los sectores agroalimentarios de España que aparecen mencionados en esta lista provisional se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros aproximadamente.

Y lo que, evidentemente, queda claro en relación con el tema es que a quien corresponde en estos momentos representar --porque es política exclusiva de la Unión Europea, es competencia exclusiva de la Unión Europea- es a la Comisión Europea, que nos representa en al conjunto de los Estados miembros en el marco de la política comercial comunitaria y, a partir de ahí, es donde estamos y en ese seno estamos trabajando.

En relación con la segunda pregunta que me planteaba. Le agradezco su pregunta porque tenemos conocimiento de que tenemos nuestra Constitución, tenemos los Estatutos de Autonomía, y tenemos nuestro Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano interpretativo de la Constitución Española. Pero es que la sentencia del Tribunal Constitucional forman parte del bloque de constitucionalidad, y lo que aquí le pedimos al Tribunal Constitucional es que ejecute, respecto del Parlamento de Cataluña, las decisiones que ha tomado. Es un procedimiento --como antes se decía-- de naturaleza regular, previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no utilizado en exceso pero que es un elemento fundamental para asegurar que las decisiones del Tribunal Constitucional se cumplen. Y esa es la intención del Gobierno y estamos seguros de que el Tribunal Constitucional seguirá lo que el Gobierno le pide.

La semana pasada tuvimos conocimiento de la reciente sentencia anulando una decisión del Parlamento de Cataluña sobre la constitución de una comisión de investigación sobre la Monarquía. Es un elemento más pero, evidentemente, las leyes están para cumplirlas y las sentencias del Tribunal Constitucional, también.

Es el Constitucional quien se dirige. Lo tenía yo claro y espero que ustedes también. Muchas gracias.

Sra. Calviño.- Cuatro reflexiones sobre su pregunta. En primer lugar, a nadie se le escapa, a ningún ciudadano español se le escapa que estamos en un momento de enorme incertidumbre desde el punto de vista internacional. Ese es un primer factor que los ciudadanos conocen, que el Gobierno ha estado transmitiendo y que, por supuesto, es determinante desde el punto de vista del momento económico.

Creo que todos los españoles saben, también, que la economía española está creciendo, está creciendo a un ritmo que se ha ido progresivamente ralentizando pero que no está creciendo con los desequilibrios que hemos vivido en otros momentos de nuestra historia. Está creciendo de una manera más sólida, más estable de cara al futuro y, por tanto, también, con una mayor capacidad de resistencia ante posibles situaciones negativas en el ámbito internacional.

Creo, también, que los españoles saben que tienen un Gobierno que lo que está haciendo en el ámbito económico es reforzar la confianza en nuestro país --lo estamos viendo recientemente con la subida del rating de nuestra deuda pública--, responder ante los desarrollos negativos poniendo a los ciudadanos en el centro de su acción y prepararse de forma proactiva para los retos que puedan plantearse en las próximas semanas.

Y, como cuarta reflexión. Creo que desde aquí, quizá, no debería expresar lo que opino de un posible uso electoral de datos como los del desempleo. Todos sabemos que el mercado laboral es tremendamente estacional y yo espero que los resultados que recibamos del mercado laboral en los próximos meses sean lo más positivos posible porque estamos hablando de la vida de las personas y todos deberíamos estar interesados, creo yo, en que la evolución de la economía española sea lo más favorable posible para el bienestar de los ciudadanos.
Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra Calviño. En relación a la pregunta que usted me formula, he de decirle que, primero, como es obvio, el Gobierno tiene obligación constitucional de salvaguardar la libertad y la seguridad de toda la ciudadanía. Y tiene todos los mecanismos legítimamente democráticos que le aporta la Constitución y las leyes, de los que hará uso si, efectivamente, hay inseguridad o hay excepcionalidad.

La Generalitat es la única institución en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad. Si no hay excepcionalidad no hay aplicación excepcional de los mecanismos legítimamente democráticos que tiene -vuelvo a reiterar- el Gobierno, es decir, el Estado, a su alcance. Se ha hablado de varios: se ha hablado esta semana, ustedes lo han hecho en sus respectivas crónicas, de la Ley de Seguridad Nacional, del artículo 155 y, en fin, puntos suspensivos.

La Ley de Seguridad Nacional, como ustedes saben, tiene como obligación salvaguardar el superior interés general y para ello, si hay emergencia o si hay inseguridad, puede llegar a coordinar todas las Administraciones Públicas con el fin de conseguir un resultado eficiente, más eficiente.

Eso es, en resumidas cuentas, lo que le puedo decir de la Ley de Seguridad Nacional. Está al alcance, obviamente es un instrumento del Estado de Derecho, es una Ley y, también, el artículo 155 que, como usted bien sabe y está en la Constitución, es un artículo de la Constitución que afirma que ante aquella Comunidad Autónoma que no cumpliere las obligaciones de la Constitución o que las leyes le encomiendan, previo requerimiento al presidente de esa Comunidad Autónoma, el Gobierno solicitará a través de la mayoría absoluta del Senado la aplicación de este artículo con el fin -esto es lo importante- de salvaguardar, garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad. El cumplimiento de la legalidad.

Además de eso, la sentencia del Tribunal Constitucional nos da un manual de instrucciones donde afirma que esa aplicación, en todo caso, ha de ser una aplicación subsidiaria, extraordinaria y temporal. Por tanto, el Gobierno tiene todos los mecanismos del Estado de Derecho a su alcance, que solo aplicará si, efectivamente, alguien abre la puerta de la excepcionalidad, en cumplimiento de su obligación de salvaguardar la legalidad del Estado de Derecho.

Y este es el asunto. Por tanto, no se necesitan informes específicos pero he de decirle, también, que se ha venido cuestionando si se podía aplicar, si no se podía aplicar, y es por ello por lo que el Gobierno ha afirmado que, una vez visto eso, ha estudiado la cuestión que públicamente se estaba planteando para llegar a la conclusión de que, obviamente, por supuesto, se puede aplicar, porque es el Estado de Derecho quien tiene que responder.

P.- Beatriz Fernández, de Europa Press. Buenas tardes. Me quería dirigir, en primer lugar, a la ministra portavoz y, luego, al ministro Planas.

Este miércoles pasado, el presidente del Gobierno confirmaba que el Gobierno va a actualizar las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas antes del 10 de noviembre. Le quería pedir que nos concretara cuál es finalmente la fórmula legal que ha encontrado el Ejecutivo para proceder así, ya que hasta hace bien poco el Gobierno venía sosteniendo que un Gobierno en funciones no podía hacer esto.

Y al ministro Planas le quería preguntar si antes de la publicación ayer de este listado provisional el Gobierno recibió algún aviso por parte de la Administración estadounidense de que esto iba a ocurrir. Y, también, independientemente de que la negociación la lleve la Comisión Europea, me gustaría saber qué gestiones ha emprendido o va a emprender el Gobierno español de manera bilateral con la Administración de Donald Trump. Gracias.

Portavoz.- El Gobierno continúa trabajando en la fórmula legal para hacerlo, si bien es confianza de todos que esto pueda ocurrir antes del 10 de noviembre.

Sr. Planas.- En relación con la segunda pregunta que efectuó usted sobre el trámite del procedimiento en relación con el panel Airbus, ha habido fases anteriores en las cuales se han manejado borradores de posibles listas que no han tenido ningún carácter oficial hasta ese momento pero en relación con las cuales, lógicamente, la Administración española, como los propios sectores, ha estado activa para intentar disminuir --en la medida de lo posible-- el alcance oficial de esas posibles medidas que se pudieran adoptar ulteriormente.

Pero quiero aprovechar su pregunta para clarificar un tema que sé que ha incitado a una cierta confusión, que es por qué algunos países están más afectados y otros menos. Repito: los países miembros del Consorcio Airbus -particularmente Francia, Alemania, España y Reino Unido- son el objeto principal y es la razón por la cual dentro de algunos sectores, de los cuales también son productores otros países europeos, estos no aparecen afectados.

En cuanto a lo que se refería usted de la eficacia o de las posibles acciones, mire usted, el Reino Unido tiene el Whisky y la Malta incluidos; por lo tanto, siendo un Gobierno tan próximo al Gobierno del señor Trump, algo habrá ido mal en este tema para que esté, efectivamente, en relación con la lista. Hemos hecho lo que todos los Estados miembros han hecho y, particularmente, los cuatro del Consorcio Airbus en relación con esa materia.

Y, sobre la actuación comunitaria y no comunitaria, repito, la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, defiende los intereses comerciales del conjunto de los países miembros de la Unión y de sus empresas pero, evidentemente, el Gobierno de España va a utilizar todos los medios diplomáticos a su alcance para que la defensa de nuestros intereses sea eficaz.

P.- Paula de las Heras, de Colpisa. Hola. Para el ministro Planas. Quería saber si me puede resolver algunas dudas sobre las impugnaciones al Constitucional. El Gobierno había anunciado otras dos impugnaciones contra resoluciones aprobadas la semana pasada. Quería preguntarle --bueno, eso está pendiente de la publicación en el Boletín del Parlament-- si usted entiende que la preparación jurídica de estos nuevos recursos no tiene por qué llevar tanto tiempo como ha llevado estos y otros intentos de ejecución de sentencia.

Y, por otro lado, se había anunciado, lo dijo el presidente del Gobierno esta semana, que previsiblemente en esos incidentes de ejecución de sentencias o impugnaciones que se vayan a presentar --que todavía no estaba del todo claro-- ya se incluiría un apercibimiento para la Mesa del Parlament. Quería saber si eso será así y en este caso si eso agravaría la situación del presidente del Parlament y del resto de miembros de la mesa o, al considerarse que en el momento en el que se aprobaron las resoluciones de la semana pasada todavía no había recibido ningún requerimiento, pues no tendría ninguna incidencia. Gracias.

Sr. Planas.- Me está usted pidiendo que tome posición en relación con resoluciones de las cuales la intención política del Gobierno --y lo indicó muy bien la ministra portavoz la semana pasada--, es la intención --por las informaciones de que disponemos-- de llevarlas al Tribunal Constitucional pero que no se han publicado en el Diario Oficial del Parlamento de Cataluña, al menos esta mañana. Probablemente lo sean en el curso del día o los próximos días. Ah, acaban de ser publicadas.

¿Ven ustedes qué bien cronometrada está la actuación del Parlament de Cataluña? También la de este Gobierno, sépanlo. Y, evidentemente, nosotros al respecto lo que haremos será analizarlo para ver el mecanismo jurídico; simple y llanamente, para que la ley y la Constitución se cumplan. No les puedo anunciar hoy qué mecanismo vamos a utilizar pero sí que, evidentemente, vamos a proseguir en la vía que anunció la ministra portavoz en nombre del Gobierno; es decir, que vamos a recurrir estas resoluciones. Si lo vamos a hacer por vía de un recurso ordinario ante el Tribunal Constitucional, previa consulta al Consejo de Estado, o lo vamos a hacer vía un incidente de ejecución como el que hoy hemos empleado en dos casos, pues el próximo viernes, sin duda, la ministra portavoz, o quien corresponda, se lo podrá transmitir.

P.- Irene Castro, de eldiario.es. Hola, buenas tardes. Al ministro Planas yo le quería preguntar: ha hablado usted de posibles repercusiones penales en este procedimiento en el que se advertiría a los miembros de la Mesa y al presidente del Parlament; quería saber ¿cuáles pueden ser esas repercusiones penales?

Y a la ministra portavoz, cambiando de tema, le quería preguntar sobre la tragedia del Tarajal y la decisión de la Abogacía del Estado de defender a los guardias civiles que estuvieron inmersos en esa actuación. El Partido Socialista cuestionó al Gobierno de Mariano Rajoy en ese momento. Entonces, quería preguntarle ¿qué opinión le merece al Gobierno la posición que está manteniendo ahora la Abogacía del Estado? Y, en concreto, sobre las devoluciones en caliente que defiende, ¿por qué dice que los migrantes que fueron devueltos a Marruecos estaban en perfecto estado de salud? ¿Qué opinión les merece teniendo en cuenta que ustedes siempre han defendido que las devoluciones en caliente no son legales? Gracias.

Sr. Planas.- En relación con la primera pregunta que me efectúa usted, yo creo que todos los ciudadanos estamos obligados al cumplimiento de la ley. Su compañera hace un momento se refería al agravamiento en relación con esta situación. Yo lo que espero y deseo, y espera el gobierno al plantear el incidente de ejecución, es que tanto el presidente como los miembros de la Mesa, como el secretario general, cumplan lo que les indica en calidad de apercibimiento, lógicamente, el cumplimiento de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Si así no fuere, la referencia a las disposiciones penales es una referencia legal amplia; habría que examinar qué supuesto, que tipo jurídico debería aplicarse, probablemente el de desacato. Pero en este momento creo que lo mejor para todos sería que la Mesa del Parlamento de Cataluña cumpliera lo que le indica el Tribunal Constitucional.

Portavoz.- En relación a lo que usted me dice, ya sabe usted -y se lo habrá oído reiteradamente decir, también, al Ministerio del Interior- que, efectivamente, se está a la espera de una sentencia en relación a las devoluciones en caliente, cuándo, cómo se delimitan, etc. Además, he de decirles que corresponde a un Estado de Derecho garantizar la defensa de todos pero, además, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que haya una decisión diferente del Gobierno en relación a la que tuvo con anterioridad siendo oposición sino que, obviamente, hay que garantizar todos los mecanismos de defensa, estos también.

P.- Eduardo Ortega Socorro, de El Economista. Hola, buenas tardes. Tan solo quería hacer una consulta a la ministra Calviño respecto a la cuestión económica. El Banco de España ya ha avisado de que va a haber una bajada relativamente importante respecto a la previsión del Gobierno del 2,2% al 1,9% para el PIB. Por eso, le insisto un poco en la pregunta en la dirección de las preguntas de los compañeros, si es que esa revisión no será la baja, y no sé si ya pueden dar una estimación de esas décimas.

Y, por otro lado, quería preguntar cómo va a impactar todo esto en el déficit. ¿Se puede mantener el objetivo de este año del 2% que se había planteado a Bruselas? Muchas gracias.

Sra. Calviño.- El Banco de España ha publicado sus previsiones y no son al 1,9%, son al 2%, pero explica -yo creo-- con bastante detalle en su informe dos cosas: una, que España y la economía española está en una fase expansiva, que todas las previsiones apuntan a que continuará dentro de esa tendencia a la ralentización, y explica, también, el impacto que ha tenido la revisión metodológica -técnica, digamos-- del Instituto Nacional de Estadística que --como le decía-- ha revisado los últimos 23 años y, en particular, los últimos cuatro, cambiando todas las bases del análisis. Yo le invito a leer en detalle el informe más allá de los titulares, porque se trata de un informe bastante detallado sobre estas cuestiones. Y el Gobierno mantiene, por supuesto, su objetivo de déficit del 2% en este ejercicio, ya que estamos comprometidos con la reducción de los desequilibrios heredados desde la crisis, la reducción del déficit público, la reducción de la deuda pública; un compromiso que --en mi opinión-- explica en gran medida la mejora de la confianza de los mercados internacionales, que se manifiesta por los buenos resultados de las subastas de deuda pública que hemos tenido esta misma semana, y la mejora del rating de nuestro país de la deuda pública del Reino de España, que creo es una buenísima noticia para todos nosotros que tuvimos hace un par de semanas.
P.- May Mariño, de Servimedia. Buenas tardes. Para la ministra Celaá. Por las advertencias que se han lanzado el Ejecutivo respecto a la situación en Cataluña de que podrían aplicarse cualquier medida legal, bien sea por el 155 o la Ley de Seguridad Nacional, ¿qué es lo que necesita el Gobierno para esa actuación? ¿Tiene que haber algún hecho, me refiero, a alguna decisión en el Parlament o vale con alguna declaración verbal --no me refiero por escrito-- que haga el president Torrent, por ejemplo, o bien el president Torra? A ver si, no sé si me estoy explicando, si ¿necesitan un papel, digamos, o con una afirmación que incite, por ejemplo, a la desobediencia civil una vez que se conozca la sentencia o algo? Gracias.

Portavoz.- El Gobierno no necesita nada. Es decir, el Gobierno lo que necesita es que no haya excepcionalidad, que no haya incumplimiento de la legalidad, eso es lo que necesita el Gobierno y el Estado.

Las declaraciones son expresión, libertad de expresión. Obviamente, lo dice claramente el artículo 155: es incumplir las obligaciones constitucionales o las obligaciones de la ley que se correspondan con las obligaciones de una comunidad autónoma. Eso es lo que se requiere. Si usted hace la comparativa con lo que ocurrió en 2017, en el 2017 hubo vulneración de la Constitución, hubo leyes de transitoriedad, hubo declaración de la independencia; es decir, en fin, no estamos en el mismo escenario.

Por tanto, como digo, como comentamos, es la propia Generalitat la que tiene la llave para no abrir esa excepcionalidad. Y lo que el Gobierno y el Estado y España quiere es que no la abra, que continúe en la legalidad. Esto es lo importante para todos.

Nada más y muchas gracias.