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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba la revalorización de más de 10,3 millones de pensiones

La Moncloa, Madrid, viernes 28 de diciembre de 2018

​El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que incluye la revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social, de las clases pasivas del Estado y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2019.

Con carácter general, el 1 de enero de 2019, las pensiones contributivas se revalorizarán el 1,6% y las pensiones mínimas y no contributivas un 3%. Además, a partir de la nómina de enero, se eleva la base reguladora de las pensiones de viudedad en un 4%, que se suma a la mejora en otros cuatro puntos aprobada en julio.

Además, los pensionistas recibirán en el mes de abril una paga adicional del 0,1%, que es la diferencia entre la revalorización del 1,6% aplicada en 2018 y el Índice de Precios al Consumo (IPC) de este año, que se sitúa en el 1,7%. La subida final para el presente año ha sido, por tanto, del 1,7%.

La revalorización afectará a 10.340.805 pensiones públicas, de las que 9.692.296 son contributivas. Del resto, 451.229 son de carácter no contributivo y 197.280 corresponden a prestación familiar por hijo a cargo con 18 o más años y minusvalía superior al 65%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros para hacer balance de su gestión, ha resaltado que los pensionistas ganarán poder adquisitivo tras años de merma constante por el efecto del sistema anterior de cálculo de las prestaciones.

Pedro Sánchez ha afirmado que "la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones requiere diálogo, no más imposiciones", por lo que la voluntad del Ejecutivo es que, en el marco del diálogo social, se llegue a un acuerdo que permita la sostenibilidad del sistema público preservando el poder adquisitivo de los jubilados. "Las pensiones son para este Gobierno un derecho de la ciudadanía, no son una mercancía con la que hacer negocio", ha dicho.

Más protección por desempleo

Pedro Sánchez tras el Consejo de MinistrosPool Moncloa/Fernando CalvoEl Real Decreto-ley aprobado hoy incorpora también medidas para favorecer la contratación y mejorar la protección por desempleo. La norma incorpora una modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos puedan establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación -la denominada como "jubilación obligatoria"- siempre y cuando el trabajador tenga derecho al cien por cien de la pensión.

Pedro Sánchez ha anunciado el compromiso del Gobierno de presentar un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial en 2019. Mientras tanto, se prorroga el Subsidio Extraordinario por Desempleo, cuya vigencia finalizaba el cuatro de enero, para asegurar la cobertura a los desempleados.

La norma también incorpora la derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación vinculados a una tasa de desempleo superior al 15%. Además, se reduce de 35 a 20 el número mínimo de jornadas requeridas para que los trabajadores temporeros puedan acceder al subsidio por desempleo o renta agraria.

Más protección a los autónomos

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto nuevas medidas para que los más de 2,5 millones de trabajadores autónomos tengan asegurada una mayor protección social y contribuyan de forma más equilibrada a la Seguridad Social.

Así, se transforma en obligatoria la cobertura de las contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) y profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional). También será obligatoria la cobertura por cese de actividad y se duplicarán los periodos de prestación.

Las base mínimas de cotización para los autónomos se incrementará un 1,25% y se fija en 944,40 euros. El tipo mínimo de cotización general, que incluye todas las contingencias, se sitúa en el 30% en 2019.

Pedro Sánchez ha resaltado que "se duplica la duración máxima de la prestación por cese de actividad y se crea una prestación adicional consistente en el pago de la cotización, cuando el autónomo está en situación de incapacidad temporal, desde el día 61 de baja".

Con estas medidas, ha dicho el presidente, el Ejecutivo cumple con un sector fundamental para la dinamización de nuestro sistema productivo y "España se sitúa a la cabeza en el entorno europeo en cuanto a cobertura al colectivo".

Protección a los menores

Pedro Sánchez tras el Consejo de MinistrosPool Moncloa/Fernando CalvoEl Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia que, entre otras medidas, ampliará el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra menores, tal y como ha subrayado el presidente del Gobierno.

La propuesta tiene como objetivo convertir la infancia en un bien colectivo que merece protección. El Gobierno da así respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos.

La norma modifica once leyes e incorpora una definición más amplía de violencia que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos los castigos físicos o el trato negligente.

Se modificará el Código Penal para ampliar de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores. En los delitos relativos a la tentativa de homicidio, delitos sexuales, lesiones agravadas, maltrato habitual y la trata de menores de edad, el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comenzará cuando la víctima cumple los 30 años. En la actualidad comienza a contar a partir de los 18.

El presidente del Gobierno ha añadido que se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos. Además, se endurecerán las condiciones para que los condenados por agresiones sexuales a menores puedan acceder a los permisos penitenciarios o a la libertad condicional.

Apoyo a la creación artística

El Gobierno ha aprobado medidas de urgencia sobre la creación artística, que son reflejo de las recomendaciones del informe de la Subcomisión de Cultura para la elaboración del Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre.

En materia de fiscalidad, el Real Decreto-ley ha aprobado bajar el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores, técnicos que sean personas físicas, productores y organizadores de obras y espectáculos culturales. Se recupera de este modo, con efectos desde el 1 de enero de 2019, la aplicación del tipo reducido de IVA a estos servicios esenciales.

Pedro Sánchez tras el Consejo de MinistrosPool Moncloa/Fernando CalvoAdemás, se eliminan las obligaciones, incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que debían asumir los productores de cine para acogerse a la deducción fiscal por producir cine internacional en España. Por otra parte, los artistas podrán continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad.

Pedro Sánchez ha señalado que, con estas iniciativas, el Gobierno atiende una reivindicación histórica para garantizar que los profesionales de este sector tengan unas condiciones laborales más dignas, entre ellas, la posibilidad de compatibilizar pensión de jubilación y creación artística. "Un país que da la espalda a la cultura está dando la espalda al futuro. Y España tiene en sus creadores un auténtico tesoro que tenemos el deber de proteger", ha dicho.

Límite de velocidad a 90 km/hora

El Consejo de Ministros ha aprobado reducir la velocidad en carreteras convencionales a 90 km/hora para todo tipo de vehículos, con el fin de reducir la siniestralidad en estas vías y cumplir el objetivo de bajar de 37 personas la tasa de fallecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes.

La medida afectará a 10.000 kilómetros de vías convencionales que tenían una velocidad genérica máxima de 100 km/hora. La modificación también supone reducir la diferencia de velocidades entre vehículos ligeros y pesados y favorecer la circulación en estas vías.

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