Referencia del Consejo de Ministros

19.3.2024

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La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para combatir los efectos ocasionados por la DANA del 19 de septiembre de 2023 en el municipio de Iniesta (Cuenca), en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., por un importe máximo de 785.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la mejora de los abastecimientos dependientes del embalse de La Cabezuela (Ciudad Real), por un importe máximo de 3.000.000 de euros.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C5, I1). ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto constructivo de la ampliación y remodelación de la EDAR de Palma II (islas Baleares). Fase I.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1 a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.
  • ACUERDO por el que se autoriza el pago por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de la contribución voluntaria a EUMETNET correspondiente al ejercicio 2024, por un importe global de 522.772,85 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio del Interior la celebración de un contrato para el servicio de traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en idiomas distintos del castellano, en el marco de las actuaciones policiales e investigaciones de las distintas unidades de la Policía Nacional, con un valor estimado de 39.742.090,08 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de solución energética eficiencia 100 % para la modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de los Canales del Bajo Carrión (Palencia), fase I, comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase III.
  • ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de modernización integral de la Comunidad de Regantes n.º V de los Riegos de Bardenas (Zona 2) (Zaragoza), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase II.
  • ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de modernización del riego del canal de Pinyana, proyecto constructivo del sector 3, términos municipales de Corbins, Benavent de Segriá, Torre-Serona, Vilanova de Segriá, Lleida y La Portella (Lleida), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase III.
  • ACUERDO por el que se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al Proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Presa de Colomers, Torroella de Montgrí (Girona), comprendido en las obras de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, fase II.

Política Territorial y Memoria Democrática

Vivienda y Agenda Urbana

Economía, Comercio y Empresa

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

  • REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
  • REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
  • ACUERDO por el que se autoriza a personal directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para ejercer la presidencia y participar en más de dos consejos de administración.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se transforma la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A., (INCIBE) en la Entidad Pública Empresarial Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P. (INCIBE) y se aprueba su estatuto.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Cultura

Igualdad

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

DAÑOS POR VOLCÁN EN LA PALMA, BORRASCA 'FILOMENA' Y OTRAS CATÁSTROFES NATURALES
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, por importe total de 5.771.000 euros, cantidad destinada a atender los efectos causados por diversas catástrofes naturales.

En concreto, se aprueba la aplicación del Fondo de Contingencia para atender los daños ocasionados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, por importe de 1.677.079,50 euros; los daños causados, por la borrasca 'Filomena', por importe de 2.653.063,42 euros; y los daños causados por diversas catástrofes, por importe de 1.440.857,08 euros.

En concreto, la aplicación del Fondo de Contingencia que se contempla en este acuerdo tiene por objeto financiar una ampliación de crédito en el Ministerio del Interior para atender la concesión de ayudas a entidades locales, a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro como consecuencia de situaciones de emergencia motivada por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia, por un importe de 5.771.000 euros:

En concreto, con estos créditos se atenderán los gastos derivados de:

- La erupción volcánica en la isla de La Palma: Con base a lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, se concederán ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro destinadas a paliar daños personales y daños personales en viviendas, a empresas privadas destinadas a paliar daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a corporaciones locales por gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia, por un importe total de 1.677.079,50 euros.

- Como consecuencia de los graves sucesos acaecidos durante el mes de enero de 2021 en diversas comunidades autónomas, fue aprobado el Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena'. A los efectos de cubrir las necesidades presupuestarias de 2024 para paliar los daños causados por la borrasca, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias solicita una ampliación de crédito por un importe de 2.653.063,42 euros.

- Otras catástrofes: durante los últimos años se han producido situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica asociadas a lluvias torrenciales, tormentas, inundaciones, desbordamientos de cauces, desprendimientos, incendios forestales, nevadas, tornados, etc., que han motivado la presentación de solicitudes de ayudas en torno al Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión. Para atender los citados acontecimientos catastrófico se han estimado unas necesidades para el año 2024 de 1.440.857,08 euros.

Hacienda

IMPLANTACIÓN DE LA SEDE DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la tramitación del convenio interadministrativo con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Agencia Espacial Española y el Ayuntamiento de Sevilla para la regulación de los compromisos adquiridos en el procedimiento de determinación de la sede de la Agencia Espacial Española.

La Agencia Espacial Española se creó por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El 27 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Ciencia e Innovación, de la ministra de Defensa y de la ministra de Política Territorial, aprobó el acuerdo por el que se inicia el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española. Finalizado el procedimiento, el Consejo de Ministros acordó el 5 de diciembre de 2022 determinar a la ciudad de Sevilla como la elegida para albergar la sede física de la futura Agencia Espacial Española, por considerar que es la que mejor se adecúa a los requisitos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Espacial Española y el Ayuntamiento de Sevilla suscribirán un convenio para la regulación de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Sevilla en relación con el edificio destinado a la sede en Sevilla de la Agencia Espacial Española.

La segunda fase de implantación de la Agencia en dicho edificio se inicia con la firma del convenio y concluirá en la fecha en la que quede formalizada la mutación demanial externa del uso del inmueble, que está prevista que se produzca en el plazo de un año desde su firma, coincidiendo con el plazo de vigencia.
En este periodo el Ayuntamiento de Sevilla asumirá los gastos y posteriormente los repercutirá en la Agencia Espacial Española tal como se describe en el convenio.

La falta de firma de este convenio en el año 2023 ha motivado la necesidad de imputar parte de los gastos asociados a éste a la anualidad 2025. Para dar continuidad a los servicios asociados al edificio sede de la Agencia durante esta segunda fase de un año, es preciso que la Agencia tenga disponible el crédito necesario para realizar el gasto que corresponderá al ejercicio 2025, por importe de 29.432,25 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL EMBALSE DE LA CABEZUELA
El Consejo de Ministros ha acordado tomar razón de la declaración de emergencia de las obras para la mejora de los abastecimientos dependientes del embalse de La Cabezuela (Ciudad Real), por un importe máximo de 3.000.000 de euros.

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, publicado en el BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 2023, contempla en su Anexo II "Actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía" dentro del ámbito de la demarcación hidrográfica del Guadiana la actuación "Mejora de los abastecimientos dependientes del embalse de La Cabezuela", por un importe de 3.000.000 €.

Con fecha 12 de febrero 2024, la Dirección Técnica del Organismo eleva informe justificando la urgente necesidad de realizar actuaciones de mejora de los abastecimientos dependientes del embalse de La Cabezuela. En concreto, desde dicho embalse se abastecen unos 42.000 habitantes de 9 poblaciones de la provincia de Ciudad Real. En la actualidad, el embalse se encuentra en una situación crítica, con algo menos de 1 hm3 embalsado, lo que supone un 2,2 % de su capacidad.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MARCO DE ASOCIACIÓN PAÍS MAURITANIA-ESPAÑA 2024-2027
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Acta de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Mauritana de Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País (MAP) Mauritania-España 2024-2027, una vez finalizado el periodo de vigencia del MAP 2014-2017.

Los Marcos de Asociación País (MAP) son los instrumentos de planificación estratégica y geográfica de la Cooperación Española. Con la firma de este MAP, España y Mauritania hicieron referencia a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El Marco de Asociación País concentra los esfuerzos de la Cooperación Española en torno a los ámbitos que corresponden principalmente al ODS 1(fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

Estas metas y objetivos están recogidos en la Estrategia de Crecimiento Acelerado y Prosperidad compartida (SCAPP) 2016-2030, elaborada por el Gobierno mauritano. Se estima que la AOD española para el periodo 2024-2027 dedicada a Mauritania se situará en torno a los 60 millones de euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO MARCO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS, Y CON EL GOBIERNO DE MALASIA
El Consejo de Ministros ha aprobado la firma ad referendum del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno de Malasia, por otra, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Desde 1980, las relaciones bilaterales UE-ASEAN se articulan a través del "Acuerdo Marco de Cooperación CEE-ASEAN". A principios de este siglo, la UE decidió profundizar y modernizar sus relaciones con los distintos países de la región, entablando negociaciones en paralelo sobre Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y Acuerdos de Colaboración y Cooperación (ACC).

Las UE y Malasia firmaron este ACC en la Cumbre UE-ASEAN celebrada en Bruselas el 14 de diciembre de 2022. La firma por parte de los estados miembros de la UE se realizó con anterioridad, en los márgenes del COREPER II. Por parte de España, el Embajador Representante Permanente ante la UE firmó el Acuerdo ad referendum el 30 de noviembre.

Al tratarse de un acuerdo mixto, los estados miembros de la UE deben ratificarlo conforme a sus respectivos procedimientos internos. Hasta el momento, el Acuerdo ha sido ratificado por Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Hungría, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugal y Letonia.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO MARCO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y CON TAILANDIA
El Consejo de Ministros ha aprobado la firma ad referendum del Acuerdo Marco global de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus estados miembros, por una parte, y el Reino de Tailandia, por otra, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Desde 1980, las relaciones bilaterales UE-ASEAN se articulan a través del "Acuerdo Marco de Cooperación CEE-ASEAN". A principios de este siglo, la UE decidió profundizar y modernizar sus relaciones con los distintos países de la región, entablando negociaciones en paralelo sobre Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y Acuerdos de Colaboración y Cooperación (ACC).

Las negociaciones con Tailandia, paralizadas como consecuencia del golpe militar de 2014, finalizaron en 2022, tras la normalización política de las relaciones UE-Tailandia.
Este acuerdo, que es el primero de carácter bilateral negociado entre la UE y Tailandia, expande el marco del "Acuerdo CEE-ASEAN" de 1980, permitiendo la profundización de la cooperación en numerosos ámbitos (derechos humanos, migración, desarrollo sostenible, etc.) viniendo a reforzar el perfil geoestratégico y la capacidad de influencia de la UE a nivel global.

La UE y Tailandia firmaron este ACC en la Cumbre UE-ASEAN celebrada en Bruselas el 14 de diciembre de 2022. La firma por parte de los estados miembros de la UE se realizó con anterioridad, en los márgenes del COREPER II.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE MANIPULACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Convenio del Consejo de Europa sobre manipulación de competiciones deportivas y autorizar la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio, que se abrió a la firma en Magglingen/Macolín el 18 de septiembre de 2014. Su propósito es continuar elaborando un marco común europeo y mundial para el desarrollo del deporte, basado en los conceptos de democracia pluralista, estado de derecho, derechos humanos y ética deportiva.

Hasta la actualidad, el convenio ha sido ratificado por 9 estados y lo han firmado otros 32 estados. La firma por parte de España tuvo lugar en Luxemburgo el 7 de julio de 2015, autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de junio de 2015, que autorizó, asimismo, una reserva y una declaración relativa a Gibraltar.

Al reanudar el expediente de ratificación, el Ministerio de Justicia, respecto a la reserva del derecho de España a no aplicar el apartado 1.d del artículo 19 del Convenio y la Oficina de Asuntos de Gibraltar, respecto a la posible firma del Convenio por el Reino Unido y su extensión a Gibraltar, propusieron una leve modificación en la redacción de las mismas, para una mejor comprensión por el tiempo transcurrido desde la firma.

El Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2023 dispuso su remisión a las Cortes Generales. Tras la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones, resulta necesario solicitar de nuevo la autorización del Consejo de Ministros para remitir nuevamente el expediente de este tratado a las Cortes.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales las declaraciones relativas al Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, su Protocolo Adicional y su Segundo Protocolo Adicional.

El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, y complementado por los Protocolos Adicionales de 1978 y 2001, tiene como objetivo fomentar y facilitar la asistencia mutua entre autoridades judiciales, policiales y aduaneras en materia penal, así como mejorar la celeridad y la eficiencia de la cooperación judicial. España ha formulado diversas declaraciones en relación con el convenio y los dos protocolos, de los que forma parte, bien en el momento de su ratificación o posteriormente.

Con motivo de la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, órgano de la Unión Europea que será responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371, el Ministerio de Justicia considera necesario complementar las declaraciones formuladas en su momento por España al Convenio y a sus Protocolos Adicionales, a fin de que la Fiscalía Europea también sea considerada autoridad judicial. Además, se formulan otras tres declaraciones para aclarar algunas cuestiones sobre la aplicación del Convenio en relación con ella, al tratarse de un órgano que no es exclusivo de nuestro país.

Ya han formulado sus respectivas declaraciones los siguientes estados miembros de la Unión Europea participantes en esta cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa, República Eslovaca y Rumania.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 2024
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo la convocatoria de subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2024 por importe máximo de 55.000.000 de euros.

Se trata de una propuesta de acuerdo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mediante la que se solicita autorización del Consejo de Ministros para la convocatoria de subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para la realización de proyectos para la cooperación al desarrollo correspondientes al año 2024. Una vez obtenida la autorización del Consejo de Ministros, la Presidencia de la AECID dictará resolución de convocatoria de subvenciones.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente declaración institucional:

"El Gobierno de España cree en una sociedad libre en la que las personas sean iguales en derechos, deberes y oportunidades. Y para lograrla se reafirma en su posición rotunda y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y cualquier forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, o el color de la piel u otras características personales.

Estas manifestaciones son un mal que envenena nuestra convivencia y destruye nuestra capacidad de construir una sociedad mejor y más cohesionada. De ahí que en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, conmemoración impulsada por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las 69 víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid, el Gobierno se reafirme en la lucha contra la discriminación racial o étnica, y contra el racismo estructural, que incluye la identificación y la especial atención a las manifestaciones de discriminación interseccional, como líneas prioritarias tanto en su política interior como exterior.

Este Gobierno, ha destacado por promover los valores de la igualdad, la tolerancia, el respeto y la convivencia en paz.

Ser antirracistas nos obliga a no ser indiferentes contra la injusticia y a actuar decididamente contra quienes atacan los derechos humanos y la diversidad. A ser firmes a la hora de defender el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y a la igualdad real y efectiva de todas las personas que conviven en nuestra sociedad, tal y como expresa nuestro texto constitucional en sus artículos 9.2 y 14.

Dicha defensa implica el compromiso inquebrantable con la protección de las víctimas y de las personas vulnerables frente a la discriminación racial, y pone en valor la labor de todas las personas y entidades de la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de personas racializadas, migrantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan, junto con el Gobierno para acabar con el racismo, en la búsqueda de una sociedad en la que ninguno de sus miembros pueda verse discriminado por el color de su piel, su origen racial o étnico o su lugar de procedencia, porque, en suma, una sociedad en la que no se discrimina a su ciudadanía es una sociedad mejor y más democrática.

España lleva años avanzando en la lucha contra los delitos e incidentes relacionados con el odio y la discriminación. Tanto las actuaciones especializadas de la Fiscalía General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el camino recorrido por el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, han sido pasos importantes.

La aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ha supuesto un hito, y su aplicación y desarrollo constituyen sin duda un nuevo horizonte en el avance en la protección del derecho a la igualdad al profundizar en el desarrollo del derecho antidiscriminatorio en nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, constituye otro hito la aprobación por el Consejo de Ministros, el 4 de julio de 2023, del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el racismo y la xenofobia, 2023-2027, como una herramienta dirigida a inspirar las políticas públicas de las administraciones estatal, autonómica y local, así como las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y de otros actores que participen en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

El incremento de los medios humanos y presupuestarios del servicio de atención a víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), la creación del teléfono 021 para la atención a víctimas de discriminación racial o étnica, y la realización de la primera campaña contra el racismo en horario de máxima audiencia en televisión, así como la monitorización diaria y el análisis sistemático del discurso de odio en línea racista, xenófobo, antigitano, antisemita e islamófobo llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones constituyen otros claros ejemplos de compromiso con la lucha contra el racismo de este Gobierno.

Sin embargo, el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia continúan estando presentes a nivel global, lo que supone que quedan importantes desafíos que afrontar, especialmente en un contexto internacional, europeo y nacional en el que es preciso alzar una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia.

En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a la puesta en marcha próximamente de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a fin de velar por el 3 cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de las administraciones competentes para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

Además, en su compromiso con la prevención y la erradicación del racismo y toda forma de discriminación, el Ministerio de Igualdad promoverá un gran acuerdo para combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político.

Asimismo, el Gobierno impulsará el fortalecimiento de los marcos normativos orientados a la eliminación del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, mejorando los sistemas de recogida de los datos necesarios para prevenir y combatir el racismo, así como la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar la respuesta institucional frente a la discriminación.

En definitiva, con esta declaración, el Gobierno de España pone de relieve que la ejecución de las políticas públicas destinadas a la eliminación del racismo estructural y la discriminación racial, y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva, son acciones prioritarias en su agenda de actuación, y condena todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

VOTO POR CORREO EN LOS TRES PROCESOS ELECTORALES DEL PRÓXIMO TRIMESTRE
El Gobierno ha aprobado las obligaciones que debe cumplir Correos para asegurar el ejercicio del voto por correo en sus distintas modalidades en los tres procesos electorales que se celebrarán el próximo trimestre: las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril, los comicios al Parlamento de Cataluña el 12 de mayo y las elecciones al Parlamento Europeo convocadas el 9 de junio.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros fija las obligaciones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, en su condición de prestador del servicio postal universal, para asegurar el ejercicio del voto por correo en esos tres procesos electorales, que son las siguientes:

Voto por correo de electores residentes en España


Comprende: puesta a disposición y posterior admisión de los impresos de solicitud; entrega de las solicitudes formuladas por los electores a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral; entrega a los electores de la documentación electoral; recepción de la documentación electoral remitida por el elector por correo certificado, y entrega a la mesa electoral correspondiente.

Voto por correo de electores residentes ausentes

Incluye: envío del impreso de solicitud remitido por la Oficina del Censo Electoral a los españoles inscritos en el Censo de los Electores Residentes Ausentes; entrega de las solicitudes, y envío por correo certificado y urgente a los electores de la documentación electoral.

En caso de que haya dificultades significativas para que los electores reciban la documentación electoral, se podrá recurrir, previa autorización de la Junta Electoral Central y del Ministerio del Interior, a mensajería privada o al servicio premium de la Unión Postal Internacional.

Voto por correo de electores temporalmente ausentes

Implica el envío al interesado y la entrega a las mesas electorales de la documentación del voto para los ciudadanos españoles que se encuentren temporalmente en el extranjero.

Voto por correo del personal embarcado

Garantiza la entrega a las mesas electorales de la documentación enviada por el elector por correo certificado y urgente desde cualquiera de los puertos en los que el buque atraque.

Voto del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional

Comprende el envío por correo certificado y urgente a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Guardia Civil de la documentación electoral, así como su recepción y entrega a la mesa electoral.

Voto por correo de los internos en centros penitenciarios

Implica: la entrega y admisión en los centros penitenciarios de los impresos de solicitud de inscripción en el censo; la entrega al elector de la documentación enviada por la Oficina del Censo Electoral, y la entrega del voto en las mesas electorales.

Otros envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral y envíos dirigidos a las personas designadas como miembros de mesa electoral

Correos realizará la entrega de los siguientes envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral: a los electores de las tarjetas censales; a los ayuntamientos de las listas electorales del censo de consulta; notificación a los electores de las reclamaciones sobre rectificación del censo; notificaciones a los electores de cambios de local electoral, y envío de las listas del censo a los locales electorales.

Recogida de la documentación electoral en la Mesa

Comprende el sobre o sobres que, conteniendo documentación electoral, habrán de ser cursados el día siguiente al de la votación a la junta electoral correspondiente.

Envíos de propaganda electoral

Correos realizará los envíos postales de propaganda electoral de los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente.

Defensa

SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
El Consejo de Ministros ha autorizado la toma razón de la declaración de emergencia relativa a la obra de sustitución de los techos de la sede central del Ministerio de Defensa.

El mal estado en el que se encuentran la mayoría de los techos del edificio ha hecho necesaria una actuación inmediata al objeto de prevenir posibles daños a las personas.

El valor estimado de todas las actuaciones es de 1.500.000 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Burgos, con un valor estimado de 26,5 millones de euros (IVA no incluido).

La duración de este contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, e incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 131,813 km de carreteras del sector nº1 (incluidos 40,120 km de autovía), abarca varios tramos de las carreteras BU-11; BU-11R; BU-30; BU-30R; A-1; A-62; N-234; N-234A; y enlaces de la A-1 con BU-30; de la BU-30 con A-62; de la BU-30 con BU-30R; y de la BU-30 con BU-11.

Junto a las carreteras relacionadas, serán objeto del contrato la ejecución de las obras de rehabilitación superficial del firme en la BU-30, desde el km 0 al 4; y la A-62, desde el km 7,600 al 8,900.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Desde el 2022 se incorporan medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.


Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN ASTURIAS
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en Asturias, con un valor estimado de algo más de 24 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 142,420 km de carreteras del sector nº6 (incluidos 33,550 km de autovía) y abarcan varios tramos de la A-63, N-634 y N-634A.

Junto a las carreteras relacionadas, serán objeto del contrato la ejecución del proyecto de renovación y actualización de instalaciones de los túneles de Priañes, Peñaflor y El Fresno, entre los km 11,008 al 26,599 de la autovía A-63.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.


Transportes y Movilidad Sostenible

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS Y CARRIL EN EL TRAMO CASTEJÓN-TAFALLA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por unos 17,6 millones de euros (IVA no incluido) las obras de sustitución de traviesas y carril en varios puntos del trayecto entre Castejón y Tafalla, de unos 35 km, incluido en la línea Castejón-Alsasua de 139 km, de la red ferroviaria convencional en Navarra.

La actuación, que se ejecuta a través de Adif, contribuirá a reforzar la seguridad y fiabilidad de las instalaciones. Además, se adecuará la infraestructura a las necesidades actuales y futuras de los tráficos, mediante la renovación de materiales y la mejora de las canalizaciones y drenaje, entre otras actuaciones.

La operación se compatibilizará con la circulación ferroviaria e incluye la realización de trabajos de vía en varios puntos del trayecto, en las estaciones y los márgenes de la línea. De forma paralela a la sustitución de traviesas y carril, se realizarán trabajos en las instalaciones de electrificación, seguridad y de comunicaciones.

El proyecto requiere trabajo con medios manuales y maquinaria tanto semipesada como pesada para acometer las labores de nivelación, alineación y perfilado de la vía.
Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Financiación Europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Transportes y Movilidad Sostenible

SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN EN LA LÍNEA ZARAGOZA-HUESCA-CANFRANC
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 31,8 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, un nuevo contrato para las obras de renovación y mejora integral de la línea Zaragoza-Huesca-Canfranc. En concreto, esta fase comprenderá la implantación de nuevas instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Ayerbe-Canfranc.

Durante los trabajos se instalarán enclavamientos electrónicos en las estaciones, sistemas de bloqueo, circuitos de vía, equipamientos de protección del tren, señalización luminosa de tecnología LED, accionamientos eléctricos en los motores de aguja y contadores de ejes de última tecnología.

También se implantará el sistema de radio GSM-R y se integrará el telemando de los nuevos enclavamientos y bloqueos electrónicos en el Control de Tráfico Centralizado (CTC).

Renovación integral de la línea

En la renovación integral de la línea Zaragoza-Huesca-Canfranc el Ministerio ha movilizado hasta ahora 183,4 millones de euros (IVA incluido), destinados a las nuevas instalaciones de gestión de tráfico y la renovación de vía en 119 km en los trayectos Ayerbe-Caldearenas y Jaca-Canfranc (obras en ejecución) y el tramo Plasencia-Ayerbe (finalizada).

Esta línea es una infraestructura esencial para promover el transporte ferroviario entre Zaragoza y Huesca con el Pirineo aragonés, así como para recuperar la conexión internacional con Francia.

Las actuaciones se inscriben también en los estudios que elabora el Ministerio para la implantación del ancho estándar en el tramo Huesca-Canfranc. Todo ello, enmarcado en las actividades para la reapertura de la línea Zaragoza-Canfrac-Pau.

Financiación europea

La renovación de vía en los trayectos Plasencia-Ayerbe, Ayerbe-Caldearenas y Jaca Canfranc cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU.


Transportes y Movilidad Sostenible

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Salamanca, con un valor estimado de 42,7 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 315,156 km de carreteras del sector nº3 (incluidos 164,440 km de autovía) y abarca varios tramos de las carreteras A-66 y sus vías de servicio, A-50, A-62, N-630, N-630A, N-501, N-501A y N-620.

Junto a las carreteras relacionadas, serán objeto del contrato la ejecución de las obras de:

- Rehabilitación superficial del firme. Vía de servicio de la Autovía A-66, entre el km 393,130 y 397,770. Tramo: Enlace Guijuelo Sur - Enlace Nava de Béjar Norte

- Conversión de dos intersecciones en glorietas cerradas. Carretera N-630, km 371,450 y km 409,050.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.


Política Territorial y Memoria Democrática

REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA
El Consejo de Ministros ha designado los representantes del Gobierno de España para la negociación de la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA).

La LORAFNA regula en su artículo 71 el procedimiento para su reforma, estableciendo que, tras las correspondientes negociaciones, la Diputación Foral y el Gobierno de España formularán, de común acuerdo, la propuesta de reforma, que será sometida a la aprobación del Parlamento de Navarra y de las Cortes Generales por el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dicha Ley Orgánica.

La presidenta del Gobierno de Navarra trasladó al presidente del Gobierno de España el acuerdo adoptado por el ejecutivo foral, el 28 de febrero de 2024, por el que se ejercita la iniciativa de reforma de la mencionada Ley Orgánica "para asumir la competencia en la materia de tráfico y circulación de vehículos a motor".

En ese contexto, se designan los siguientes representantes del Gobierno de España para la negociación de dicha reforma:

1. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

2. Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial.

3. Miryam Álvarez, secretaria General de Coordinación Territorial.

4. Alicia Echeverría, delegada del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra.

5. Alejandra del Río, directora general de Cooperación Autonómica y Local, que desempeñará las funciones de secretaria por parte del Gobierno de España.

Vivienda y Agenda Urbana

CRITERIOS DE REPARTO A LAS CCAA PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de 430 millones de euros entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobados por unanimidad en la pasada Conferencia Sectorial.

MIVAU ha condicionado la entrega de estos pagos a 31 de diciembre de 2024, para dar más tiempo y facilidad a las CCAA. Y se ha ampliado el plazo para presentar y firmar la construcción de nuevas viviendas, que corresponden al Programa 6: "Construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Fondos europeos

Tras cuatro años de gestión, el Componente 2, Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, dotado con más de 5.520 millones de euros, ya lo están disfrutando los ciudadanos y ciudadanas de este país. 3.420 millones de euros destinados al Programa 1 de Rehabilitación y que se traducen en: 2.970 millones de euros para Rehabilitación efectiva y 450 millones de euros en Deducciones fiscales.

- 1.000 millones de euros destinados al Programa 6 de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

- 1.080 millones de euros para el Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos.

- 20 millones para la Agenda Urbana.

- Y, por último, 4.000 millones de préstamos para promotores, que se pondrán en marcha en las próximas semanas.

Los 430 millones de euros, cuyo reparto se autoriza, corresponden al "Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales", que está dotado de 3.420 millones de euros, para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026. Estos fondos están destinados a cambios, por ejemplo, de ventanas en una vivienda particular, digitalización, instalación de placas solares y fotovoltaicas, aerotermia o mejoras de zonas verdes.


Criterios de reparto

A su vez, MIVAU ha establecido dos criterios a cumplir a 31 de diciembre de 2024 para poder transferir los fondos:

- Que el número de resoluciones realizadas por la CCAA o ciudad autónoma supere el 75% del objetivo previsto.

- Que el número de solicitudes supere el 75%, pero tendrá que acreditarse que las ya resueltas o ejecutadas superan el 50% del citado objetivo.

Por tanto, a partir del 1 de enero de 2025, todas las cantidades correspondientes a las anualidades 2022 y 2023 que no hayan sido transferidas (por no haber cumplido los requisitos establecidos), se distribuirán nuevamente entre las Comunidades y ciudades autónomas que hayan cumplido.

El acuerdo autorizado por el Consejo de Ministros será llevado el próximo jueves a la Conferencia Sectorial, que ya lo aprobó el pasado enero, por unanimidad.

La cuantía de 430 millones de euros, consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, incorporada a la anualidad 2024, se distribuirá en proporción al número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (INE) del año 2020, según queda recogido en la siguiente tabla:

Economía , Comercio y Empresa

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO, QUE COMPLETA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria

El proyecto, prioritario para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, completa el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros, tras la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural y la aprobación de los Códigos de Buenas Prácticas, que ampliaron el marco preventivo de apoyo a las familias.

La creación de esta Autoridad complementa el sistema institucional de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado actualmente en tres niveles: en primer lugar, los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras; en un segundo estadio, los servicios de resolución extrajudicial de reclamaciones de los organismos supervisores y, por último, los órganos judiciales.

El texto, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura y decayó antes de su adopción final por la convocatoria de elecciones, comienza de nuevo su tramitación parlamentaria, incluyendo los principales cambios introducidos en el Congreso de los Diputados.

El texto aprobado incluye las modificaciones incluidas en la tramitación parlamentaria y que contaron con el respaldo de la mayoría de los diputados, como es la financiación de la nueva Autoridad por parte de las entidades financieras y la posibilidad de recurrir las resoluciones vinculantes que dicte ante la jurisdicción civil, garantizando de este modo la protección de los clientes financieros.

Más protección para los clientes

El Ministerio impulsó la creación de este organismo durante la pasada legislatura para incrementar la protección de los ciudadanos en cuanto clientes financieros.

A través de la Autoridad los clientes podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, lo que redundará en un mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio y para ello centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El texto incluye los objetivos y ámbito de actuación de la nueva Autoridad, así como el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, incluyéndose las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo, con independencia de por quién sean supervisados.

El proyecto refuerza el papel de los protocolos para la inclusión financiera de mayores y en el ámbito rural, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento. También se incluye como obligación para los supervisores financieros la elaboración y actualización de un Compendio Anual de Buenas Prácticas y Usos Financieros que será tenido en cuenta por la Autoridad en la resolución de los conflictos.

Se definen los tipos de reclamaciones que se pueden presentar, que podrán tener o no contenido económico, para cubrir reclamaciones, por ejemplo, de falta de información o por la no apertura de una cuenta de pago básica, así como por posibles incumplimientos de la autorregulación del sector financiero.

Asimismo, se refuerzan los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Con este objetivo se elaborará un modelo sencillo y accesible para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones y que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemático.

Finalmente, se incluye expresamente la posibilidad de que las partes puedan someterse voluntariamente una vez iniciado el procedimiento a un mecanismo de conciliación o mediación, aun cuando el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la Autoridad.

Funcionamiento de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

Podrán presentar reclamaciones ante la Autoridad las personas físicas o jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o en su caso, hayan sido inscritas con tal carácter en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

Las resoluciones se dictarán de forma ágil, atendiendo a criterios uniformes, en un plazo no superior a 90 días naturales y tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.

Cuando las resoluciones no sean vinculantes, están tendrán valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial en defensa de sus intereses.

El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como el cumplimiento tardío o defectuoso, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad.

La nueva Autoridad se financiará con el pago de una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones de cada entidad y de las resueltas a favor de los clientes.

Asimismo, se atribuye el conocimiento de los recursos judiciales que se puedan interponer contra las resoluciones vinculantes de la Autoridad a los jueces y tribunales civiles que constituye una novedad respecto al texto inicial, introducida en el Congreso de los Diputados antes de la disolución de las Cortes, para garantizar una mayor protección de los clientes financieros.

Estructura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que estará adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, contará con autonomía e independencia funcional y se financiará, cuando su actividad esté en pleno funcionamiento, a través de tasas recabadas por las reclamaciones admitidas.

A nivel organizativo, la Autoridad contará con un presidente y un vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable.

La Autoridad se organizará en direcciones generales y secciones, que serán los órganos colegiados competentes para resolver las reclamaciones. Asimismo, se les dota a los Vocales de un elevado grado de independencia.

Además, para garantizar la homogeneidad de criterios en la resolución de las reclamaciones, se prevé la existencia de plantear una cuestión previa de unificación de criterio que resolverá una Sección Especial.

Por último, la Autoridad contará con un Comité Consultivo, que será un órgano de asesoramiento y estará integrado por el presidente y el vicepresidente de la Autoridad, además de por doce miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las asociaciones representativas de las personas mayores de 65 años, otro en representación de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad, las patronales del ámbito financiero y representantes de las comunidades y ciudades autónomas, así como por dos expertos independientes, del ámbito académico, con conocimientos en materia financiera.

Más inclusión financiera

Las entidades financieras deberán atender a sus clientes conforme al principio de prestación personalizada. Es decir, deberán tener en cuenta aspectos tales como la edad, la situación de discapacidad, la condición de persona extranjera y su situación administrativa, de la persona a la que está prestando o va a prestar servicios financieros, las características de la zona geográfica en la que reside la persona en términos de población y el nivel de competencias digitales de dicha persona, entre otras cuestiones. La Autoridad deberá operar también bajo este principio.

Asimismo, se aclaran y simplifican los procedimientos y elementos de prueba necesarios para facilitar la acreditación de los requisitos del ejercicio del derecho a una cuenta de pago básica y a su gratuidad.

Por último, se facilita el cierre telemático de cuentas para que su sencillez sea pareja a la de la apertura.


BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Director general de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

D. ANTONIO RODRÍGUEZ DE LIÉVANA SAHAGÚN
Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado del Curso de Defensa Nacional. Ingresó en la Carrera Diplomática en el año 2007.

Desde marzo de 2021, era subdirector general de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En Madrid trabajó como director adjunto del Gabinete del Secretario General para la Unión Europea durante la preparación de la presidencia española de 2010, jefe de servicio en la Dirección General de Mercado Interior y jefe de área en la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Comunitarios.

En el exterior fue diplomático de enlace en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica durante el trío de presidencias 2010-2011 y trabajó en el Servicio Europeo de Acción Exterior como responsable temático regional en cuestiones de drogas y crimen organizado para América Latina. También ha sido cónsul general en Orán (Argelia) y primer secretario en la Embajada de España en Senegal.

Ha sido condecorado con la Medalla de Plata de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil y la Cruz del Mérito Policial, con distintivo blanco.

Embajador de España en la República del Perú

D. ALEJANDRO ABELLÁN GARCÍA DE DIEGO
Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera diplomática en 1991.
Comenzó su carrera en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Ha estado destinado en la Embajadas de España en El Salvador, en la Representación Permanente ante el Consejo de Europa en Estrasburgo y en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas. Entre 2008 y 2017 asumió responsabilidades de director general en el ámbito de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. En abril de 2017 fue nombrado embajador en la República Dominicana, cargo que asumió hasta agosto de 2021.

Actualmente desempeñaba sus funciones como director general de Mercado Interior y otras Politicas Comunitarias en la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

Cultura

Vocal titular de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual

D. JUAN ENRIQUE GRADOLPH CADIERNO
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales. Perteneciente al Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado y al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Vocal asesor en la Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, en los gabinetes de presidencia y vicepresidencia y en la Subdirección de Sociedad de la Información de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Jefe de servicio en la Subdirección General de Estudios en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Director de programa en la Vicesecretaría General Técnica para Asuntos Económicos del Ministerio de Economía, subdirector general adjunto de Análisis Sectorial y subdirector general de Ordenamiento Jurídico Económico en la Dirección General de Política Económica. Director general de Política Económica en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Miembro de consejos de empresas y entidades públicas tales como AENA, Loterías y Apuestas del Estado, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, la Agencia Española de Seguridad Aérea, la Sociedad Pública de Alquiler y ENUSA.

Segunda vocal suplente de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual

Dª. MARÍA DEL PILAR CÁMARA ÁGUILA
Profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Centro de Investigación sobre Propiedad Intelectual. Tiene 4 sexenios de investigación. Autora de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras. Investigadora principal de proyectos de investigación del Plan Nacional (Ministerio de Ciencia y Tecnología).

Ha realizado estancias de investigación en el Max Planck de Munich, el Centre d'Études et de Recherche en Droit de l'Immatériel de la Universidad Paris Saclay y en el Institut de Droit Privé de la Universidad de Nantes. En estas últimas Universidades ha sido profesora invitada.

Ha dirigido varias tesis doctorales. Fue vicedecana de Investigación en la Facultad de Derecho, secretaria de la Facultad de Derecho y secretaria general de la Universidad Autónoma de Madrid. Es vocal de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Es miembro de la Junta directiva de la Asociación para la Defensa del Derecho de Autor (ALADDA).

Igualdad

Directora del Gabinete de la Ministra de Igualdad

Dª. MARÍA DEL CARMEN VAQUERO LÓPEZ
Licenciada y doctora en Derecho por la UVa. Profesora de Derecho internacional privado de la Facultad de Derecho de Valladolid (UVa) desde 1990. Durante 28 años ha impartido clases de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Managua (Nicaragua) y la Universidad de Mindelo (Cabo Verde.

Ha desarrollado su labor investigadora en los ámbitos del Derecho contractual comparado, Derecho de la competencia, y Derecho de familia internacional, en el marco de proyectos de investigación de alcance nacional, a cuyo amparo ha publicado sus trabajos de investigación en editoriales y revistas de reconocido prestigio en el mundo jurídico. Sobre todas estas materias, ha impartido distintas conferencias en congresos, seminarios y cursos nacionales e internacionales.

Es miembro del Observatorio de Derechos Humanos y de la Clínica jurídica de la Universidad de Valladolid desde su inicio, y ha promovido la creación del Observatorio de Estudios africanos en esta misma universidad, con la finalidad de estudiar, entre otras materias, la protección de la mujer en la sociedad africana.

Como vicerrectora de comunicación y extensión universitaria, ha participado y promovido actividades culturales y formativas sobre la igualdad de mujeres y de hombres, así como sobre los derechos del colectivo LGTBI. También como vicerrectora ha ayudado en las labores de jefe de gabinete del rector de la Universidad de Valladolid, y ha asumido las relaciones instituciones de la propia universidad con terceros.