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Reunión Interministerial

Dolors Montserrat: "La lucha contra la violencia de género es trasversal y una prioridad para todo el Gobierno"

Miércoles 7 de junio de 2017
EFE

Se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una reunión interministerial para impulsar e hilvanar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a la que han asistido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

​Además de los ministros, han estado en la reunión el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos; el secretario de Estado de Educación,  Marcial Marín Hellín; el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro; el subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico; y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, entre otros.

En este marco, Dolors Montserrat ha puesto en valor que "la lucha contra la violencia de género es trasversal y una prioridad para todo el Gobierno. La violencia de género ha de afrontarse desde todos los ámbitos". Asimismo, ha recordado que la lucha contra esta lacra es la de "todos las  poderes públicos y los partidos políticos y toda la sociedad".

"Todos debemos denunciar y rechazar cualquier actitud machista, por pequeña que sea"

"Todos debemos denunciar y rechazar cualquier actitud machista, porque debemos ser conscientes de que este es el germen de la violencia contra la mujer. Reitero mi llamamiento a que todas las personas rechacen cualquier actitud machista, por pequeña que sea", ha insistido la ministra.

En relación a la reunión, la ministra ha declarado que los representantes de los distintos ministerios han valorado las propuestas recogidas en el documento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que ya ha sido remitido a los grupos del Congreso y del Senado en espera de que ellos finalicen sus trabajos.

Las aportaciones se han clasificado en 7 ejes de actuación:

  • Coordinación y trabajo en red
  • Atención y protección de las víctimas
  • Prevención y Sensibilización
  • Formación
  • Mejora del conocimiento
  • Propuestas normativas
  • Dotación presupuestaria

"El Gobierno está esperando ahora que el Congreso y el Senado le remitan sus informes y propuestas para incorporar al Pacto". Un pacto que, según ha declarado la ministra, el Ejecutivo espera que esté para este año.

En declaraciones a los medios, la ministra ha anunciado que, hasta el momento, 4 fabricantes de telefonía móvil se han implicado activamente en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, han desarrollado funcionalidades para que las llamadas al teléfono 016 se eliminen de forma automática de los smartphones. "Les quiero mostrar mi agradecimiento a estas compañías e invito al resto de compañías que nos ayuden a blindar telefónicamente a las mujeres que sufren maltrato".

Por otro lado, ha anunciado que en las próximas semanas se renovará el acuerdo con las oficinas de farmacia para que actúen como agentes detectores de violencia de género. "Se trata de que ayuden a detectar situaciones de maltrato y ayuden a la víctima a dar el primer paso".

Medidas propuestas por el Observatorio

Entre las propuestas del Observatorio, la ministra ha destacado la importancia de adaptar la legislación reguladora de la violencia de género a las normas del Convenio de Estambul así como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de tal forma que el concepto de violencia de género se adecue a lo establecido en esta regulación internacional.

También la revisión de los distintos protocolos que desde las distintas administraciones utilizan para hacer frente a la violencia de género; la necesidad de mejorar la coordinación de la actuación de las comunidades autónomas; y de abordar el fenómeno de la violencia que padecen las mujeres con discapacidad que sufren una doble discriminación, por ser mujer y per tener una discapacidad, así como, las mujeres mayores y las mujeres del medio rural.

Por su parte, el Ministerio de Justicia seguirá profundizando en las medidas que, en la lucha contra la violencia de género, se pusieron en marcha en la anterior legislatura: en materia penal, reformando el Código Penal para adaptarse a las nuevas realidades, especialmente en relación con la utilización de las nuevas tecnologías; en materia procesal, estableciendo mecanismos singulares de protección de la víctima; igualmente se adoptarán nuevas medidas para aplicar de forma aún más efectiva las iniciativas contempladas en el Estatuto de la Víctima en ámbitos tan relevantes como la formación, la especialización de los profesionales que intervienen en la protección de la víctima, así como en el incremento de los medios y recursos disponibles.

En cuanto al Ministerio de Educación, la LOMCE ha incluido en la Ley Orgánica de Educación las siguientes medidas: principios de transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia y que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género, igualdad de oportunidades y no discriminación; y la prioridad en la admisión de alumnos a los centros docentes por cambios de residencia derivados de actos de violencia de género.

Además, los planes de convivencia de los centros docentes deben prestar especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación; las conductas consecuencia de una discriminación o acoso basado en el género serán consideradas falta muy grave y llevarán aparejada la expulsión del centro temporal o definitiva; y la igualdad de género, derechos y oportunidades, prevención de la violencia de género y no discriminación, está presente en todo el sistema educativo español, desde la normativa básica que elabora el Estado hasta cada una de las convocatorias de ayudas.

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