Inclusión, empleo y accesibilidad, los ejes de las políticas de discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Desarrollar como prioridad las políticas de apoyo a la discapacidad no ha sido sencillo, ha declarado la secretaria de Estado, ya que éstas "se enfrentaban al grave riesgo de caer en la invisibilidad": se derogaron las medidas estatales de fomento del empleo, las entidades del Tercer Sector tenían deudas pendientes, por lo que su viabilidad estaba en entredicho; y la dispersión normativa abogaba a la inseguridad jurídica. El Gobierno, ante dicho panorama, comenzó un arduo de trabajo para recuperar un ámbito de suma importancia.

Desde el diálogo con todas las partes, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se propuso mejorar la autonomía personal, reforzar el estatus de las entidades y fortalecer la coordinación de las administraciones. Al mismo tiempo, en palabra de Camarero, las políticas se orientaron hacia la creación de puestos de trabajo como paso indispensable para lograr la inclusión, y hacia el saneamiento del Tercer Sector por medio del pago de facturas pendientes (hasta 3.000 millones de euros desembolsó el Gobierno para tal fin).

Apoyo a la discapacidad como enfoque transversal

Con motivo del Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre de 2013 el Gobierno aprobó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. En septiembre pasado hizo lo propio con el Plan de Acción 2014-2016 sobre la Estrategia de Discapacidad. Ambos propiciaron que la discapacidad fuera una política transversal del Gobierno y un ámbito reforzado. El citado Plan de Acción, de hecho, cuenta con una dotación de 3.093 millones para los próximos tres ejercicios, lo que supone el blindaje a medio plazo de las políticas en defensa de las personas con discapacidad.

Tanto en la Ley como en el Plan mencionado, el empleo, la educación, la accesibilidad, la dinamización de la economía y la igualdad forman la columna vertebral de esta batería legislativa.

Camarero ha subrayado, en esta línea, que si hay un modo que garantice la plena inclusión de las personas con discapacidad, ése es el "trabajo digno y remunerado". Primero con la reforma laboral y luego con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, iniciativas que han cristalizado en un aumento de las contrataciones: en 2014, el número de contratos suscritos con trabajadores con discapacidad se incrementaron en un 19% respecto al ejercicio anterior, es decir, 82.977 contratos el año pasado frente a los 69.648 de 2013.

Asimismo, la reforma fiscal ofrece medidas de gran relevancia para las personas con discapacidad y para sus familias, como el aumento de los mínimos o la aplicación de nuevas deducciones por tener un ascendiente o descendiente con discapacidad: hasta 1.200 euros al año por cada una de estas personas, cuantía que, si así se solicita, se puede convertir en una recepción anticipada al mes de unos 100 euros.

Apoyo al Tercer Sector

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por otro lado, ha hecho hincapié en la importancia del diálogo con el Tercer Sector para sacar adelante políticas sociales, especialmente en el ámbito del apoyo a las personas con capacidades diferentes. La Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector ha servido de canal de comunicación entre la administración y las entidades, algo que no es baladí si se tiene en cuenta que estas organizaciones son más de 30.000 en España y represente el 2% del PIB nacional.

Para cubrir algunas lagunas en cuanto a su papel legal y jurídico, el Gobierno ha trabajado en la puesta en marcha de la Ley del Tercer Sector, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de enero con los objetivos de configurar un marco legal para dichas entidades y dinamizar su papel de interlocución. Así, esta norma establece, como novedad, un marco regulatorio común a escala nacional; reconoce a estas organizaciones como entidades colaboradoras de las administraciones públicas y da una visibilidad al sector que no encontraba precedentes.

También como demostración de compromiso y apoyo al Tercer Sector y a los ciudadanos implicados es la nueva Ley del Voluntariado, ahora en fase de anteproyecto. La norma está pensada para los más de 6 millones de personas que en España ejercen como voluntarios en alguna actuación o actividad. Supone, ha señalado la secretaria de Estado, un aliciente para la participación solidaria y un blindaje de las relaciones que la administración establece con las entidades. Por otra parte, regula las funciones del voluntario y de las personas que reciben su ayuda y determina la órbita de actuación según el tipo de organizaciones y el campo en el que se mueve, sea un voluntariado social, cultural, medioambiental o de cooperación internacional.

Dicha Ley, además, restringe por primera vez la actividad del voluntariado, habida cuenta de que aquellas personas que hayan sido inculpadas o condenadas en casos delictivos contra menores, o por violencia de género, no podrán participar en proyectos que signifiquen contacto con menores o con mujeres y familias. De igual manera, indica la norma que aquellas actividades destinadas a personas con discapacidad tendrán que efectuarse según los formatos adecuados para estas personas, en pro de la accesibilidad.

Susana Camarero, asimismo, ha recordado tres medidas, a su juicio de extraordinaria relevancia, para las personas con discapacidad, como la regulación de una tarjeta común de estacionamiento para este grupo de población, por lo que podrán usar la que les expide la administración correspondiente en cualquier punto del territorio nacional; la declaración del 14 de junio como Día Nacional de la Lengua de Signos y la aplicación del tipo reducido del 10% a las prótesis auditivas, rebajándose al 4% cuando el adquiriente sea una personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Lucha contra la violencia de género

Trabajar con las mujeres y niñas con discapacidad que padecen la lacra de la violencia de género es una prioridad para la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, tal y como ha recalcado durante su intervención. Del total de personas con discapacidad que viven en España, cerca de un 60% son mujeres y niñas. Ellas corren un mayor riesgo de sufrir doble discriminación y marginación, y por si fuera poco, su vulnerabilidad "se agrava en los casos de malos tratos".

Lo primero era conocer mejor la incidencia de esta lacra en dicho sector de población, y así, en esta legislatura se han incorporado a las estadísticas parámetros sobre cuántas mujeres con discapacidad son asesinadas por violencia de género. Según ha recordado Camarero, "casi el 10% de las mujeres asesinadas en 2013 por malos tratos eran mujeres con discapacidad", porcentaje que se elevó al 13% en 2012.

"Las mujeres con discapacidad están más expuestas a la violencia machista por razones claras: porque tienen mayor dependencia de los agresores, porque tienen miedo de denunciar el abuso, porque sufren la discriminación derivada de sus dificultades y porque carecen, en muchos casos, del conocimiento suficiente sobre los recursos a su disposición para salir de la violencia de género", ha explicado la secretaria de Estado.

Profundizar en el conocimiento de este fenómeno es tan importante como aplicar soluciones: tanto el 016, teléfono gratuito para denunciar casos de malos tratos, como las terminales ATENPRO, para proteger a las mujeres víctimas, están ya adaptados a personas con discapacidad visual y auditiva. Además, las campañas de sensibilización y la implantación de planes personalizados de asistencia son elementos clave para atajar la violencia de género entre mujeres con discapacidad.

Todo ello, ha afirmado Camarero, ha propiciado que el CERMI otorgara su último premio por la labor en favor de las mujeres con discapacidad al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.