El Ministerio del Interior apuesta por Europol para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen

En este proyecto participan miembros de diferentes unidades policiales dedicadas a la investigación de delitos informáticos de diferentes países: Estados Unidos (FBI y Servicio Secreto), Reino Unido, Australia, Colombia, Canadá, Alemania, Holanda, Austria, Italia y Francia. Además de estos miembros, el proyecto J-CAT contará con especialistas de los tres departamentos de analistas que forman el EC3: malware y hacking, fraudes en medios de pago y explotación sexual de menores.

El J-CAT es un grupo de nueva creación que, fruto de las millonarias pérdidas económicas que provoca el cibercrimen, resulta de máximo interés estratégico para la Unión Europea y para España, y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para garantizar el éxito del mismo, se llevarán a cabo actuaciones en aquellos asuntos que estratégicamente supongan una prioridad en la lucha contra el cibercrimen.

El proyecto se desarrollará en dos fases: una preparatoria que se desarrollará durante los próximos seis meses y una segunda para consolidar definitivamente el Grupo, que comenzará al término de la primera.

El objetivo del proyecto, tras el período piloto de seis meses, es el de consolidar el J-CAT para que actúe de plataforma de coordinación de operaciones contra el cibercrimen. Estará formada por los nuevos oficiales de enlace que se incorporan al EC3 de Europol, quienes trabajarán siguiendo las prioridades y líneas maestras de la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea.

La principal ventaja que tendrá el proyecto J-CAT respecto a otros grupos de trabajo de Europol, es que no solo tendrá una perspectiva europea, sino que permitirá actuar de forma coordinada contra grupos organizados tanto en Europa como en otros países tales como Estados Unidos, Canadá, Colombia o Australia.

Igualmente, de la experiencia y las lecciones que se aprendan con el desarrollo del J-CAT, desde Europol, se estudiarán posibles recomendaciones para la Comisión Europea a fin de proponer aquellas modificaciones legislativas que permitan agilizar la investigación de las operaciones cibercrimen, donde habitualmente intervienen jurisdicciones de diferentes países. Esta cuestión es muy relevante para el éxito de este tipo de operaciones, ya que la volatilidad de los datos digitales no siempre es compatible con los tiempos de respuesta de los actuales mecanismos internacionales de cooperación policial y judicial.