El ministro de Industria, Energía y Turismo defiende su gestión en relación al precio de la luz, el almacenamiento Castor, el ATC y el fracking

El ministro Soria ha comenzado su intervención hablando del precio de la luz y del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). El sistema, implantado en abril de 2014, es más eficiente y transparente al basarse directamente en los precios del mercado, sin intermediarios, según ha recordado el ministro. Además, se ha simplificado y clarificado la factura de la luz.

Con el sistema anterior puesto en marcha a mediados de 2009 y hasta diciembre de 2013 en que fue reemplazado por el nuevo mecanismo, los consumidores han estado pagando un 4,3% de más en las facturas. En total, 1.671 millones de euros de sobreprecio. El nuevo sistema ha hecho que las compañías eléctricas hayan tenido que devolver más de 400 millones de euros a los consumidores por haberles cobrado de más en la primera mitad del año 2014. Por último, ha restado importancia a la subida de la luz de enero, porque una comparación del precio mes a mes no es apropiada dada la alta variabilidad mensual por factores como la meteorología o efectos de calendario.

El ministro Soria ha terminado este primer bloque de preguntas recordando que la media mensual de precios en febrero de este año fue de 42,56 euros por MW/h que supone una disminución del 17,51% respecto a los 51,59 euros de media por MW/h del mes de enero, de acuerdo con los datos definitivos del pool eléctrico que han sido publicado por el operador del mercado.

Si comparamos periodos más largos, en el periodo de 2004 a 2011, la factura media de la electricidad para familias con dos hijos se incrementó un 67,2% y un 62,3% de media para los consumidores domésticos, en ese periodo. Para las segundas residencias y las viviendas vacías, con un menor consumo de energía, la subida media en ese mismo periodo fue del 53,3%, de ahí la necesidad del cambio en el sistema.

En el 2014, para un consumidor medio con 3,3 kW de potencia contratada y un consumo de 3.000 kWh acogido al PVPC, el precio ha disminuido un 4,5% con respecto al año anterior.

Interrumpibilidad y autoconsumo

La comparecencia del ministro Soria ha continuado abordando el tema de la interrumpibilidad, una herramienta que flexibiliza la operación del sistema eléctrico permitiendo una respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Por este servicio, los grandes consumidores perciben una retribución económica. En 2014 se ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de asignación del servicio de interrumpibilidad mediante sistema de subastas competitivas, lo que ha provocado además una reducción del coste para el conjunto del sistema. Por otra parte, las industrias electrointensivas se han visto beneficiadas por una sustancial reducción del impuesto especial de electricidad de hasta un 85% sobre la base imponible.

En cuanto al tema del autoconsumo, el ministro de Industria, Energía y Turismo ha adelantado que se ha realizado un profundo análisis del autoconsumo y próximamente se llevará a cabo su regulación. Y ha insistido en que los consumidores que opten por el autoconsumo y que, a su vez, estén conectados a la red, deberán contribuir por el uso de las redes y los servicios de respaldo del sistema. De no ser así, serían el resto de consumidores los que verían incrementada su factura de la luz.

Garoña, Enresa y ATC

En cuanto al futuro de la central nuclear de Garoña, José Manuel Soria, ha comentado que, tras la solicitud de renovación de la autorización de explotación presentada por Nuclenor el 27 de mayo de 2014, el Ministerio trasladó la misma al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para el informe preceptivo. En estos momentos está en tramitación el procedimiento a seguir para la renovación de la autorización de explotación.

La posición del Gobierno en relación a la ampliación o no de la vida útil de Santa María de Garoña o de cualquier otra si se plantea, se hará en todo caso conforme a lo que dictamine el CSN, que en todo caso hará el informe de acuerdo con las exigencias, tanto de las existentes como de las adicionales como consecuencia de las gestión post-Fukushima.

Sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el ministro ha expresado que el importe máximo de licitación de la obra civil es de más de 217 millones de euros y que se han presentado ocho ofertas que se encuentran en fase de evaluación por parte de ENRESA. Por otro lado, la tramitación de la autorización previa para el emplazamiento del ATC requiere el informe previo preceptivo y vinculante del CSN y la declaración de impacto ambiental (DIA) del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Según el ministro Soria, hay que tener en cuenta que, en todo proceso de licenciamiento, es habitual que el CSN requiera a los licenciatarios de instalaciones nucleares información adicional o aclaraciones específicas en relación con la documentación presentada, para poder elaborar su informe. Hasta la fecha, el CSN en ningún momento ha manifestado que el emplazamiento no sea válido para la construcción del ATC. Actualmente, el CSN está analizando esta documentación.

José Manuel Soria ha defendido que la marcha del presidente de ENRESA fue por motivos personales y no le consta ninguna irregularidad en su gestión.

Fracking, Elcogas, sondeos y Castor

En otro bloque de respuestas, el ministro Soria ha asegurado que, al hablar de fracking, la protección de las personas y del medioambiente está garantizada por medio de un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del impacto ambiental que, con carácter preceptivo y vinculante en la autorización de cada trabajo, establece las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la protección medioambiental y la seguridad de personas y bienes.

Y ha añadido que se ha reforzado el control ambiental de estos proyectos. Se garantizará la máxima protección del medioambiente a la vez que se ofrecerá la máxima información a los ciudadanos que podrán participar activamente en el procedimiento. Esto hace que sea compatible el respeto al medio ambiente con la explotación de los recursos energéticos con que pudiera contar nuestro país.

En cuanto a la central de Elcogas de Puertollano, el ministro ha asegurado que el Ministerio está estudiando diferentes opciones para la viabilidad de la instalación y no emitirá resolución alguna hasta que se hayan analizado estas opciones con detenimiento.

Por otro lado, el ministro de Industria ha negado que su departamento haya emitido ninguna autorización para la realización de campañas sísmicas marinas en el área del Golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares.

El ministro Soria ha hablado también del almacén Castor y ha señalado que la solución adoptada por el Gobierno ha sido equilibrada, ya que se determinó la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagas, quien se encargará de las labores de mantenimiento y de realizar los estudios necesarios para adoptar una decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento.

José Manuel Soria ha recordado que la renuncia y el pago a Escal de la indemnización de 1.350 millones de euros no implican, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas debieran, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que sería exigida, si procede, una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios. La solución financiera adoptada supone, frente a la entrada en funcionamiento del almacenamiento, una notable reducción de costes para el sistema gasista y para el consumidor por los menores costes financieros, el aumento de periodo de amortización y a la drástica disminución de costes de operación y mantenimiento.

Carbón

La intervención del ministro de Industria, Energía y Turismo ha finalizado abordando el futuro del sector del carbón. El nuevo marco de actuación, el acuerdo alcanzado en 2013, permite, por una parte, seguir apoyando la actividad minera y, por otra, mantener la protección social para aquellos trabajadores del sector que puedan verse afectados por el cierre de explotaciones mineras no competitivas.

El objetivo final es que exista, a partir del año 2018, un sector de la minería energética en España competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas, puesto que eso es lo que establece la Decisión 787 de la Unión Europea, y ese es nuestro irrenunciable marco de referencia, ha señalado Soria.