Respuestas del presidente del Gobierno en la sesión de control parlamentario

Senado

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por doña María Victoria Chivite, del Grupo Parlamentario Socialista

Sra. Chivite.- Señor Rajoy, desde que usted gobierna en España hay dos millones y medio de personas en riesgo de exclusión social, tres de cada diez niños están en riesgo de pobreza, 200.000 personas con discapacidad no tienen ninguna ayuda, 740.000 hogares españoles no tienen ningún ingreso, tres millones de desempleados no tienen ningún tipo de prestación y 400.000 jóvenes se han ido de España porque no tenían ninguna oportunidad. Ante esto, señor Rajoy, ¿tiene previsto su Gobierno tomar algún tipo de medida para atajar la desigualdad, la brecha social que existe entre los ciudadanos y ciudadanas españoles?

Presidente.- Señora Chivite, antes de entrar en el tema que plantea, permítame una referencia a los asuntos de corrupción destapados en los últimos días. Quiero decirles a toda la Cámara y a todos los españoles tres cosas al respecto.

La primera, que entiendo y comparto plenamente la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos. El último que hemos conocido, con la información que tenemos hasta el momento, parece que responde a la codicia personal de los cargos públicos a los que afecta y no a las organizaciones políticas a las que pertenecen o pertenecían. Por lo que se refiere a las personas que forman parte de mi partido, ya están suspendidas de militancia y, si se confirman las imputaciones, serán expulsadas. Pero, en cualquier caso, lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos.

En segundo lugar, que no sólo comprendo el enfado perfectamente justificado de los ciudadanos, sino que comparto su indignación y su hartazgo. Estas conductas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que afrontar tantos sacrificios y hacer tantos esfuerzos para sacar a nuestro país de la crisis. Además, esos comportamientos extienden una sombra de sospecha generalizada sobre el proceder de todos los políticos y, aunque lo entiendo, quiero una vez más decir aquí que esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de las gentes de todos los partidos que están en la política para servir a los demás y no para servirse a sí mismos.

En tercer lugar, quiero, como presidente del Gobierno, decir que no sólo me toca condenar estos hechos, sino actuar para impedirlos. En este sentido, le recuerdo algunas de las reformas que ya hemos impulsado y que son inéditas en España: hemos obligado desde hacer públicos todos los sueldos, subvenciones y contratos de la Administración, hasta que todos los altos cargos declaren sus bienes y patrimonio al inicio y al final de su mandato; hemos propuesto prohibir las donaciones de empresas a los partidos políticos y que los bancos puedan perdonar las deudas de las formaciones políticas; y hemos propuesto endurecer las penas por prevaricación y ampliar los supuestos por el delito de tráfico de influencias.

Vamos a seguir ampliando el abanico de medidas anticorrupción hasta lograr que cualquier cargo público de este país se lo piense antes de caer en la tentación de corromperse.

La democracia no puede admitir que nadie juegue con la confianza que los ciudadanos depositan en quienes los administran. Por eso, hemos estado negociando con la oposición dos importantes proyectos legislativos para luchar contra la corrupción: el Estatuto del Alto Cargo y la Ley del Control de la actividad económica y financiera de los partidos. Desde luego, no vamos a demorar ni un minuto más la aprobación de este paquete de reformas. Les anuncio ya que, si es con el acuerdo de la oposición, mejor y, si no, sacaremos adelante estas medidas con los votos del Partido Popular.

Quisiera añadir una consideración final: si estos casos de corrupción son investigados, perseguidos y juzgados es porque el Estado de Derecho funciona; porque la Agencia Tributaria, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía funcionan, y también porque una Justicia independiente funciona. Yo pido a todos que confíen en ese Estado de Derecho y que estén seguros de que nuestro compromiso con la limpieza de la vida pública es total.

Muchas gracias.

Señora Chivite, hemos tomado ya muchas medidas y pretendemos seguir haciéndolo en el futuro. El objetivo de esta Legislatura siempre fue, y sigue siéndolo, superar la crisis y combatir sus consecuencias. Por eso, crecer, crear empleo y corregir desigualdades son prioridades básicas de todas nuestras políticas.

De hecho, las políticas que se han puesto en marcha esta Legislatura empiezan a dar resultado: España lleva ya creciendo cinco trimestres consecutivos, tras muchos años de crecimiento negativo; se está creando empleo neto en España, concretamente en este último año el paro se ha reducido en más de quinientas mil personas, y, por primera vez en muchos años, los indicadores que utilizan los organismos internacionales para medir la desigualdad y la pobreza empiezan a descender por primera vez en el año 2013, señalando ya el inicio del cambio de tendencia.

Sr. Chivite.- Señor Rajoy, usted ha rechazado ocho peticiones de comparecencia en el Congreso. Hoy hemos vuelto a pedir una comparecencia más; usted tiene la oportunidad de ir la semana que viene, de comparecer en el Congreso y dar explicaciones, y dar explicaciones sobre los sobres, y dar explicaciones sobre los mensajes que usted mandaba a Bárcenas, y dar explicaciones de la financiación B de su partido, y dar explicaciones a todos los españoles de cuántos altos dirigentes de su partido van a volver a desfilar por la Justicia teniendo cuentas en Suiza. Eso es lo que usted debe explicar en el Congreso de los Diputados.

Y al tema. Ustedes, señor Rajoy, en vez de combatir la desigualdad, la consolidan, y la consolidan en cada una de sus acciones políticas, y la consolidan Presupuesto tras Presupuesto y Ley tras Ley, y están llevando al borde del abismo a muchos ciudadanos españoles. Usted es la versión política del tipo de la estampita, porque ustedes están consolidando la mentira como forma de hacer política. Ustedes han engañado a todos los colectivos de España.

Por cierto, lo de los datos: hoy mismo Cáritas alerta de que sólo un 34 por 100 de la población no está afectada por la exclusión social; el número de niños pobres ha aumentado en ochocientos mil en España, las familias españolas dan un gran salto atrás de diez años. Éstos son los datos, señor Rajoy, éstos son los datos.

Ustedes han engañado a los pensionistas, empobreciéndoles con los copagos; han engañado a los desempleados, quitándoles a tres millones de desempleados cualquier tipo de prestación; han engañado a todos los ciudadanos españoles diciendo que protegería nuestra sanidad y han recortado 7.500 millones en nuestra sanidad, y han engañado a todos los españoles con el tema de los impuestos. ¿Se acuerda cuando ustedes recogían firmas para la no subida del IVA? Pues en eso han engañado a los españoles.

Ante la grave situación que vive España, el señor Rajoy ofrece más desigualdad, más paro y más pobreza en sus Presupuestos para el año 2015, donde, lejos de solucionar los problemas de los españoles, favorece a un 10 por 100 de la población y se olvida del 90 por 100 de la población.

Los socialistas le hemos propuesto, señor Presidente, soluciones. Le hemos propuesto un rescate financiero para familias y para autónomos; le hemos propuesto rescatar a quinientas mil familias españolas; le hemos propuesto un plan de reindustrialización de España; le hemos propuesto un pacto contra la pobreza infantil; le hemos propuesto atajar el desempleo con políticas activas de empleo; le hemos propuesto subir el Salario Mínimo Interprofesional y le hemos propuesto una Ley de Igualdad Salarial, porque así es como se ataja la desigualdad, señor Presidente. Pero usted prefiere mirarse al ombligo y contarnos eso de las raíces vigorosas y de la velocidad de crucero, y aquí lo único que echa raíces vigorosas es el paro, porque ustedes no están creando empleo, están troceando el empleo. Porque aquí lo único que echa raíces vigorosas es la pobreza laboral, esa nueva clase social de trabajadores pobres. Lo que echa raíces es la exclusión social.

Y ahí lo único que coge velocidad de crucero, señor Presidente, son las investigaciones policiales y judiciales que le acorralan a usted y a su partido. Usted debe ya demasiadas explicaciones. Debe ya demasiadas explicaciones, señor Rajoy, a los jóvenes que han tenido que abandonar este país porque no tenían oportunidades; a las personas desahuciadas; a los autónomos y a las familias trabajadoras a las que usted les sube el IVA, el IBI, les quita las ayudas, les quita las becas, les hace pagos y copagos, y a los que necesitan acudir a la Justicia y no pueden pagar las tasas.

Usted es un presidente de un Gobierno en descomposición, que ni está ni se le espera; que tiene una ministra de Sanidad que no sabemos cómo sigue al frente del Ministerio; que tiene un ministro de Hacienda que amnistía al señor Granados y a los defraudadores y nos cruje a los demás; que tiene una ministra de Empleo que dice que los jóvenes emigran porque quieren, con eso de la movilidad exterior, y que tiene un ministro del Interior que nos recorta derechos y libertades. Y así podría repasar a todos los ministros de su Gobierno; un Gobierno, señor Presidente, del que los españoles estamos muy hartos.

Y quiero terminar mi intervención haciendo referencia a la herencia, pero a una herencia, señor Rajoy, de la que ustedes nunca hablan: es la herencia que van a recibir más de dos millones de niños en este país, que es la pobreza que van a heredar de sus padres.

Rousseau afirmaba que la primera fuente del mal es la desigualdad. Así que, señor Rajoy, póngase usted a combatir la desigualdad, porque es su responsabilidad. No se ponga de perfil, asuma responsabilidades y dé la cara, porque en democracia, como en la vida, hay que dar la cara, porque los problemas no se solucionan poniéndose de perfil. Así que, señor Rajoy, despierte. Hay un país al que sacar adelante. Póngase las pilas o échese a un lado.

Presidente.- Señora Chivite, yo no le voy a hablar de las investigaciones judiciales en el Tribunal Supremo de diputados y senadores de su partido, ni de los más de cien imputados de los EREs de Andalucía; de eso no le voy a hablar. Yo prefiero construir, mirar al futuro y ofrecerles, como he hecho aquí esta tarde, un acuerdo. Si no quieren, aprobaremos en solitario la normativa contra la corrupción.

Quiero sí, sin embargo, decirle alguna cosa. Señora Chivite, lo que más aumenta la desigualdad es el paro y, por tanto, las políticas más eficaces contra la desigualdad son aquellas que crean empleo. En la Legislatura 2008-2011 el paro aumentó en España en 3.400.000 personas, a ésos tampoco los rescataron ustedes, y la recaudación por impuestos bajó en 70.000 millones de euros. Ahí está el origen de todo. Por fortuna, las cosas han empezado a cambiar y ahora en España ya se crece --el país que más ha crecido de la zona euro--, ya se empieza a crear empleo neto y los datos de la EPA, de la Seguridad Social y del INEM cada vez son mejores. Y como son mejores, también se reflejan en los índices que aprueba la Unión Europea sobre pobreza y desigualdad.

Según Eurostat, la tasa AROPE, que en la anterior Legislatura la tasa de pobreza creció 4,5 puntos, en el año 2012 sólo lo hizo en medio punto y en 2013, por primera vez en seis años, se ha producido la primera reducción, consecuencia de las políticas del Partido Popular. Lo mismo ha ocurrido con el Índice Gini, que entre 2007 y 2011 dice que la desigualdad social se incrementó en un 8 por 100; en 2012, un mínimo aumento del 0,3 por 100 y en 2013 ya se ha reducido por primera vez. Y lo mismo con el Indicador 80-20, que creció en 2007 y 2011, y ya ha empezado a reducirse en 2013.

¿Qué es lo que pasa en la economía española? Que hay un cambio de tendencia en el crecimiento, en el empleo y en la desigualdad; que veníamos de una cueva en la que nos metieron ustedes y, por fortuna, ahora estamos a punto de salir definitivamente.

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Jesús Enrique Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto

Sr. Iglesias.- Señor Presidente, dado que usted ha levantado la veda, permítame también un preámbulo. No es en absoluto respetuoso con el Estado de Derecho, al que usted acaba de hacer referencia, convertir la sesión de control al Gobierno en el marco de lectura de un comunicado de prensa sin preguntas, porque los demás no podemos cambiar la pregunta.

Yendo a esa pregunta, señor Presidente, usted ha convertido en una especie de lema de su acción de Gobierno el respeto a la Ley y ha ratificado que nadie le puede pedir al Gobierno que incumpla la Ley, y que su obligación es hacerla cumplir. ¿Por qué entonces --y ésta es la pregunta-- su Gobierno incumple en nuestras fronteras todos los días la Ley y obliga a las Fuerzas de Seguridad a que la incumplan con la práctica de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla?

Presidente.- Señor Iglesias, como primera premisa, me gustaría aclarar que nos encontramos ante una materia de una enorme sensibilidad y que, por tanto, debemos tratar con la máxima responsabilidad. Es una materia en la que hay que ponderar una obligación irrenunciable, que es el control de nuestras fronteras, y la crudeza y el drama que supone la inmigración irregular, que es el resultado, desgraciadamente, de la actividad de organizaciones criminales que trafican con seres humanos. Una materia que por ello debemos afrontar como política de Estado y, desde esta perspectiva, voy a intentar explicarle de qué estamos hablando.

Como usted sabe, tenemos la obligación, como cualquier país, de custodiar nuestras fronteras en los términos que imponen el Código de Fronteras Schengen y nuestras normas internas, entre ellas, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tal Código establece que la vigilancia de las fronteras tiene por objeto principal impedir el cruce no autorizado de la frontera y, por su parte, la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986 atribuye a la Guardia Civil la misión de custodia de costas y fronteras al objeto de impedir la entrada ilegal de personas.

Éstos son los marcos legales, que ni podemos ni debemos ignorar o sortear. Y estas obligaciones deben conjugarse, por supuesto, con respeto a los derechos fundamentales que se ven comprometidos en los flujos migratorios, incluso cuando se producen intentos de entrada por vías ilegales.

En este sentido, nuestra normativa de extranjería contempla adecuadamente las situaciones derivadas de la entrada irregular o de estancia y permanencia irregular en España, regulando los procedimientos que usted conoce muy bien.

Pero, Señorías, las fronteras de Ceuta y Melilla revisten notas singulares que no se dan en otros pasos fronterizos. En primer lugar, llevan años sujetos a una intensa presión migratoria y no hace falta que le recuerde los continuos episodios de intento de entrada masiva y de asalto que soportan ambos perímetros fronterizos. Por otro lado, son las únicas fronteras exteriores de la Unión Europea con el continente africano.

Pues bien, ante una situación específica y compleja se hace necesario articular políticas que ofrezcan soluciones ponderadas; se hace necesario atender, tanto a la dimensión humanitaria del problema, como a la responsabilidad contraída por España, como Estado soberano y miembro de la Unión, de proteger sus fronteras. Y no atender el problema debidamente sería tanto como admitir la ilegalidad en una cuestión tan importante como es la delimitación del territorio.

En este sentido, en Ceuta y Melilla se producen situaciones previas a la normativa de extranjería, sus principios y procedimientos. Por ello se plantea la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de vigilancia y rechazo fronterizo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan en Ceuta y Melilla, en virtud, precisamente, de esa singularidad geográfica.

En definitiva, lo que pretendemos hacer es mejorar la cobertura jurídica de una situación y de una actuación que son previas a la aplicación de los procedimientos de la Ley de Extranjería y que no debemos ignorar, porque éste es el tema clave, que constituyen intentos de entrada ilegales que se producen, a menudo, de forma violenta o clandestina, vulnerando los dispositivos de seguridad del perímetro fronterizo. Esa reforma que hemos planteado se completará por el Ministerio del Interior con un protocolo de actuación integral para completar la regulación legal y se hará, repito, ponderando dos bienes dignos de tutela: la seguridad de nuestras fronteras --no podemos ser el único país del mundo que no garantice la seguridad en nuestras fronteras, salvo que lo diga usted-- y los principios humanitarios que necesariamente inspiran la legalidad nacional y comunitaria.

Sr. Iglesias.- Señor Presidente, de alguna manera usted ha reconocido que esa reforma responde a que hasta ahora se han movido en la más absoluta ilegalidad. Pero de esa reforma hablaremos cuando llegue a esta Cámara, porque esa reforma no va a resolver tampoco esos problemas de legalidad porque hay cuestiones que vienen determinadas por tratados y convenios internacionales, de los que nuestro país forma parte, por encima de los cuales no va a estar esa reforma legislativa a la que usted hace referencia.

Hasta ahora, en esa clara y abierta ilegalidad ustedes se han movido con conceptos pseudo-jurídicos, con atajos en esta materia: el rechazo en frontera, que no está contemplado ni en la Ley de Extranjería ni en el Reglamento, y el concepto operativo de frontera.

Rechazo en frontera, insisto, no contemplado en la Ley de Extranjería, que ustedes no van a poder crear específicamente para una zona de España, para una frontera determinada, insisto, por los compromisos internacionales a los que luego haré referencia.

La Ley hoy lo que regula son las expulsiones, que exigen expediente administrativo y resolución motivada. La Ley lo que hoy prevé es la denegación de entrada, que también exige resolución motivada y posibilidades de recurso. La Ley lo que hoy prevé son las devoluciones que conllevan traslado a Comisaría previamente y resolución del subdelegado del Gobierno, y exigen asistencia letrada y de intérprete. Nada de eso se está haciendo hoy en Ceuta y Melilla con las devoluciones en caliente.

El otro concepto, el concepto operativo de frontera. Esto he de reconocer que demuestra un ingenio realmente ponderable. Las fronteras no son las que el Gobierno determine; las fronteras son las que, de manera internacional, a través de los Tratados, a través de los usos, están delimitadas y ustedes, además, están jugando con fuego moviendo las fronteras en un terreno en disputa históricamente.

Hemos visto imágenes de expulsiones tras superar la tercera valla, en la carretera, y hemos visto expulsiones de personas que estaban en aguas interiores de España. Todo eso es una violación clara de esa Ley que usted dice que hay que cumplir.

Violan también la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria, que consagra el derecho de asilo, que no se puede solicitar porque la expulsión en caliente lo impide. Y violan esas leyes internacionales que van a condicionar la capacidad normativa del Gobierno y de estas Cámaras, salvo que denunciemos los Tratados que nos obligan. Violan la propia Constitución, que en su artículo 10 dice que las normas relativas a derechos fundamentales deberán ser interpretadas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y violan los Tratados internacionales, como el Convenio de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero sobre el Estatuto de los Refugiados, y el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que además prohíbe las expulsiones colectivas, y las devoluciones en caliente son expulsiones colectivas.

¿Sabe el señor Presidente que hace muy pocos días, el 21 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Italia y a Grecia por expulsiones colectivas que atentan contra esa norma? Violan con sus decisiones el Convenio europeo de Derechos Humanos y la Directiva de Retorno.

Estas prácticas han sido condenadas en nuestro país por ONG, por el Consejo General de la Abogacía, por Amnistía Internacional, por el Defensor del Pueblo desde 2005 --en el último informe de 2013 reitera esa denuncia--, por el informe jurídico elaborado por quince catedráticos y profesores de universidad de Constitucional y Derecho Internacional, que se ha hecho público el pasado mes de junio. Y fuera de nuestras fronteras, por Human Rights Watch, por ACNUR, por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por la comisaria de Interior de la Unión Europea, que acaba de advertir que adoptará medidas si se siguen produciendo vulneraciones de la normativa de la Unión Europea, que es la que con tales prácticas se está violando.

Ahora pretenden cambiar esa Ley, insisto, sin tener margen para dar cobertura a las prácticas que seguirán siendo ilegales después de esa Ley. Y con ello, no solamente afrontan ustedes una responsabilidad política, sino que hay responsabilidades penales. Hasta ahora tenemos un coronel de la Guardia Civil que ha sido imputado por un juez en Melilla; pero esas responsabilidades penales no tienen por qué acabarse, en ningún caso, en quienes ejecutan las órdenes recibidas, porque una cosa son las responsabilidades políticas y otra las penales. Pero en ninguna parte está escrito que no se pueda tener a la vez responsabilidades jurídicas penales y responsabilidades políticas.

Cumplan ustedes la Ley y no se escuden en las mafias, que existen; la primera, la corrupción que hay en el régimen marroquí, que, a pesar de lo que tenemos en nuestro país, en el ranking de corrupción hay cuarenta Estados detrás de nosotros más corruptos antes de llegar a Marruecos. Porque quienes empujan a las gentes a saltar la valla no son las mafias; podrán ayudar, pero quien les empuja es el hambre y la desesperación. Centrémonos en resolver esos problemas y no dediquemos 32 veces más recursos a pararlos en las fronteras que, por ejemplo, a ayudar a los refugiados.

Presidente.- Muchas gracias por su intervención, señor Iglesias. Sintiéndolo mucho, tengo que decir que no comparto nada de todo lo que usted ha afirmado.

Tengo que decir que todas las actuaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla se ajustan plenamente a la Ley, y tengo que decir que la modificación de la misma que plantea el Gobierno se ajusta plenamente a toda la legislación internacional.

Yo podría hacerle una pregunta, pero antes voy a hacer la exposición de motivos de la pregunta. Estamos hablando, y lo vemos muy a menudo en las televisiones, de entradas ilegales de personas que en la mayor parte de las ocasiones se producen de forma violenta o clandestina, vulnerando los dispositivos de seguridad del perímetro fronterizo. Y dice usted que no hablemos de las mafias, aunque sea usted consciente de que son las mafias quienes organizan esto. ¡Hombre!, ¿cómo no voy a hablar de las mafias, que son precisamente los que organizan estas entradas violentas y clandestinas?

Entonces, en una situación de estas características podemos hacer dos cosas: la primera es abrir las fronteras y que entre todo aquel que lo estime oportuno y conveniente, porque para qué vamos a evitarlo. Podemos hacer eso, que da la sensación que es lo que propone usted con sus intervenciones. A partir de ahora, aquí, en la frontera europea, la única terrestre con África, puede entrar cualquiera y eso voy a tener que explicarlo yo en la Unión Europa y voy a tener que explicarle al conjunto de los españoles que, porque a alguien se le ocurre, la frontera española se va a abrir para que entre quien quiera, con o sin mafias, de forma violenta o de forma pacífica. Eso no lo puedo aceptar y, por tanto, no lo voy a aceptar, y continuaremos adelante con la reforma.

Sí estoy de acuerdo con usted en una de las afirmaciones que ha hecho. Evidentemente, la solución en el medio y en el largo plazo del problema que se genera muy habitualmente, de manera desgraciada, en Ceuta y Melilla es intentar trabajar con los países de origen. Y, sin duda alguna, ésta debería ser, y yo lo he propuesto en algunas ocasiones, y voy a seguir insistiendo en el futuro, una política europea: convenios con estos países, intentar ayudarles a salir de la pobreza, haciendo instituciones e intentando afirmar allí las instituciones democráticas. Sin duda alguna, ése es el sistema de medio y de largo plazo, porque es evidente que, si la gente no puede vivir dignamente en su país, se buscará la vida en cualquier otro.

Pero eso no tiene nada que ver con que España, o el conjunto de la Unión Europea --y esta política, desde luego, nos la han apoyado todos los países en la Unión Europea--, tome decisiones para evitar que nuestras fronteras dejen de ser fronteras y se conviertan en otra cosa.

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don José Montilla, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrès de Catalunya

Sr. Montilla.- Señor Presidente, a lo largo de los últimos dos años le he formulado en este Pleno preguntas similares, la última vez en febrero de este mismo año, siempre expresando la misma preocupación por el deterioro de un asunto que concierne a la política catalana, pero que afecta de lleno a la política española. Hoy insisto con una convicción muy firme: es urgente que usted y su Gobierno cambien de comportamiento y pasen de un modo expectante a una actitud propositiva.

El pasado 14 de octubre expresó usted su satisfacción --"es una excelente noticia", dijo-- por la decisión del presidente Mas de paralizar la conocida consulta, previamente suspendida por el Tribunal Constitucional. Acompañó ese comentario con la afirmación, muchas veces reiterada a lo largo de este año, de su predisposición al diálogo.

El día 9 de noviembre no habrá, en efecto, un referéndum en Cataluña en los términos promovidos por el Gobierno de la Generalitat, ni una consulta democrática que cuente con los requisitos para ser considerada como tal. Habrá, seguramente, una gran movilización que no aportará, a mi juicio, ninguna novedad importante al panorama ya conocido, incluso aunque ustedes recurran esa consulta alternativa, como parece que harán.

Sea cual sea el efecto de esa movilización, tras el día 9 llegará el día 10. Los problemas planteados serán los mismos y la necesidad y la urgencia de abordarlos de forma inteligente, también. Y no puede ser sólo apelando al Estado de Derecho y la legalidad constitucional, que usted sabe que yo también defiendo.

Señor Presidente, ¿cree usted que estamos ante una situación grave? ¿No cree usted que el encaje de Cataluña en España constituye uno de los problemas más importantes a los que ha de hacer frente su Gobierno, conjuntamente a otros, ciertamente? ¿Cree usted que el paso del tiempo arreglará esa situación? ¿Piensa proponer una vía de solución o cree usted que solicitando informes al Consejo de Estado y suspensiones al Tribunal Constitucional hay suficiente?

Presidente.- Señor Montilla, como recordaba usted al principio de su intervención, es verdad que no es la primera ocasión en la que usted me plantea esta pregunta. Como muy bien puede suponerse usted, mi respuesta no va a ser muy diferente a la que le di en anteriores ocasiones. De hecho, su pregunta tampoco lo es.

La prioridad del Gobierno a lo largo de esta Legislatura, como he dicho en reiteradas ocasiones, es el crecimiento económico y la generación de empleo, porque es la mejora del bienestar y riqueza de todos los ciudadanos. Por fortuna, creo que las cosas han ido mejorando a lo largo de los últimos tiempos, estoy convencido de que lo seguirán haciendo en este año 2014 y también en el año 2015. Éste es el cambio que se ha producido en España en las últimas fechas: antes, cada trimestre, crecimiento negativo y ahora, cada trimestre, crecimiento positivo; antes subía el desempleo y ahora, por fortuna, crece el empleo.

A partir de ahí, hay muchas más cosas en las que se puede colaborar con las Comunidades Autónomas y, desde luego, también con Cataluña. Hemos colaborado y el Gobierno de la Generalitat con sus decisiones ha contribuido también a la consolidación fiscal en España. Ha apoyado algunas reformas estructurales que, en mi opinión, fueron muy positivas. Hemos llegado a un acuerdo en un tema capital, como eran el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores, que han permitido que muchas personas pudieran cobrar por servicios realizados en la Administración. Se ha podido hacer frente al pago de las deudas financieras, se ha ahorrado en intereses una cantidad aproximadamente de siete mil millones. Creo que esto es una muestra de colaboración leal y eficaz entre Administraciones Públicas.

Mi posición sobre el referéndum la conoce, es la misma que la de usted. Creo que en un Estado democrático y derecho, como es el nuestro, todos los gobernantes tenemos que estar sometidos a la Ley y el Tribunal Constitucional fue el que dijo lo que era ley y lo que no era ley. Y por eso me pareció, y efectivamente califiqué de "excelente" la respuesta del señor Mas en su momento.

Dicho esto, usted dice que yo siempre hago apelaciones al diálogo. Es verdad. Yo puedo hablar sobre cualquier cosa salvo, como he dicho, que se trate de vulnerar la Ley, porque pienso que se debe cumplir. Ahora bien, a partir de ahí, si alguien quiere cambiarla, hay procedimientos en nuestra legislación para hacerlo. Bien es verdad que hay algunas cosas que yo no voy a aceptar nunca, porque creo en ellas y tengo legítimo derecho a defenderlas, como son que los españoles decidan lo que quieren que sea su país, es decir, el principio de soberanía nacional; el principio de igualdad entre los españoles y la libertad y los derechos individuales de las personas.

A partir de ahí, a mí también me gustaría encontrar una solución a esta situación, pero usted dice: "haga usted una propuesta". ¿Qué quiere decir? ¿Qué yo tengo que hacer una propuesta a todo aquel que pretenda convocar un referéndum en contra de lo que dice la propia Constitución? ¿Tengo que dar algo a cambio? Porque, al final, señor Montilla, de lo que estamos hablando es de eso: ¿tengo que dar algo a cambio? ¿Tengo que hacer una propuesta? ¿Qué hay que darle? ¿El pacto fiscal? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Qué le daría usted? No me hable del sistema federal, porque no les conviene.

Por tanto, dejemos ya de hablar de cosas que no significan nada, de eslóganes y de palabras, que están bien, y además usted plantea las cosas bien, y vayamos al fondo del asunto: ¿qué haría usted?

Sr. Montilla.- Señor Presidente, lo que no haría sería ser un mero espectador de la situación, que es lo que es usted.

Señor Presidente, usted considera que la lucha contra la crisis es la primera de las prioridades y lo afirma en cada ocasión que puede. Tenemos, es cierto, una opinión distinta sobre las políticas necesarias para corregir la situación económica de España; pero yo le reconozco a usted el tesón sobre esa prioridad y la adopción de reformas estructurales que, a su juicio, a juicio de ustedes, son necesarias. A menudo, nosotros hemos adoptado una actitud crítica con algunas de estas reformas, pero aprecio la voluntad de usted y de su Grupo de impulsarlas, porque lo hacen pensando que, ante el grave problema de la crisis económica, de la falta de crecimiento de nuestra economía y de la débil creación de empleo, hay que tomar la iniciativa.

¿Acaso ustedes creen que la crisis catalana no debe ser también una prioridad? ¿Por qué razón no adoptan ustedes medidas en positivo para recomponer la situación? Esas medidas son necesarias, señor Rajoy, y urgentes para atender a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, y para canalizar la creciente tensión política que allí se produce; una tensión que tiene razones de fondo, y usted lo sabe, que no termina el día 9 de noviembre y que, desgraciadamente, se alimenta sistemáticamente con decisiones de ambas partes, que más parecen dirigidas a echar leña al fuego que a pacificar la situación.

Resolver el problema catalán, que es un problema de España, es una urgencia social y política, pero también una necesidad económica. España no puede permitirse el lujo de tener una de sus economías más dinámicas en una situación de inestabilidad y riesgo futuro. Ya sé que usted me dirá, y me lo ha dicho, que el Gobierno atiende a las necesidades de Cataluña, y ha hecho referencia al FLA y a algunas inversiones relevantes; pero eso no basta, señor presidente. Proponer vías de solución es su responsabilidad y atender al paso del tiempo no es una vía de solución.

Puede usted creer que el tiempo, combinado con la firmeza en la defensa del Estado de Derecho, contribuye a debilitar las posiciones del soberanismo. No esté usted tan seguro. Y si ése es el cálculo, señor Presidente, sería un cálculo estrictamente táctico, cortoplacista, porque igual que la corrupción, a la que hay que combatir sin tregua, alimenta el populismo, su inmovilismo en el tema catalán alimenta el independentismo. Puede que debilite y restrinja el margen de la maniobra de los partidarios de un proceso independentista en Cataluña, pero el tiempo también tiene efectos negativos en una situación que se pudre y que puede enquistarse.

El tiempo de bloqueo también puede quemar oportunidades para solucionar los problemas de fondo. El tiempo de parálisis puede añadir nuevas dificultades a la búsqueda de soluciones, porque hay cosas que, una vez rotas, son muy difíciles de recomponer.

Señor Presidente, usted sabe que yo no soy independentista. Yo respeto a los que creen que ésa es la mejor solución para los problemas económicos y sociales de Cataluña. Sin embargo, yo creo, sinceramente, que una hipotética secesión de Cataluña sería perjudicial para los intereses de los catalanes y las catalanas.

Yo sigo pensando que Cataluña debe adoptar una posición de liderazgo en España y de trabajar en un proyecto compartido, pero las condiciones para que eso se produzca hoy están deterioradas. Reconocer este hecho es la primera condición para encontrar soluciones que nos han de comprometer a todos. Hemos de crear las condiciones para un nuevo pacto que seduzca a los catalanes y al conjunto de los españoles.

Es usted el presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno de todos los españoles, también de los catalanes. No puede seguir impávido el curso de los acontecimientos sin tomar una iniciativa en positivo. El pasado miércoles, su ministro de Asuntos Exteriores manifestó que el Gobierno no está, en absoluto, cerrado a reformar la Constitución y reiteró que la decisión sobre el momento oportuno está en sus manos. Creo que las voces que proponen soluciones de carácter federal y que apuestan por reformar la Constitución para profundizar el pacto constitucional son cada vez más numerosas.

Acabo. Comprendo que exprese usted cautela ante el proceso de reforma constitucional. Ésa es una operación delicada que debe hacerse buscando el más alto grado de consenso. Es verdad que no es un objetivo fácil, pero no es imposible. Si lo conseguimos en 1978, ¿por qué no habríamos de lograrlo ahora? Requiere tiempo, tenacidad, sentido de estado, generosidad y lealtad. Difícil reto, pero créame, señor Presidente, necesario y urgente.

Asuma usted, señor Presidente, su responsabilidad; tome la iniciativa, la historia, los catalanes y españoles se lo agradecerán o se lo demandarán. De usted depende.

Presidente.- Le agradezco, señor Montilla, su intervención que, como es habitual, ha sido ponderada, sensata, y de la que puedo compartir, efectivamente, muchas cosas.

Sólo hay algo a lo que usted no ha dado respuesta: ¿hay que dar algo por anunciar la convocatoria de un referéndum ilegal? ¿Y qué es lo que hay que dar? Ése es el tema, señor Montilla; ésa es la pregunta que llevo haciendo yo durante mucho tiempo.

Yo no soy un espectador. Yo he tomado las decisiones que tengo la obligación de tomar como presidente del Gobierno para impedir que en España se celebrara un referéndum vulnerando la Ley y la Constitución. Eso es moverse, cumplir con la obligación de uno.

A partir de ahí, señor Montilla, solamente dos comentarios para terminar esta intervención. ¿Qué voy a hacer yo en el futuro? Pues mire, yo voy a hablar de un país, que es España, y voy a decir que es un país con siglos de historia y voy a decir que es el primero en conseguir su unidad, el más viejo de toda Europa. Un país unido desde hace muchos siglos por todo tipo de lazos: familiares, personales, afectivos y comerciales. Un país cuya Constitución la hicimos entre todos los españoles; que no es de nadie, pero se hizo en aras del acuerdo y del bien común, con una Constitución que garantiza nuestros derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, poder votar legalmente. Una Constitución que estableció la mayor descentralización de la historia de España y hace que hoy nuestro país sea el país con un mayor nivel de descentralización del mundo; un país con unas infraestructuras como no las tiene casi nadie en el mundo; un país con un Estado de Bienestar como el que tenemos en España; un país que en los últimos cincuenta años ha estado entre los cuatro primeros del mundo que más ha crecido; un país que está participando en el proceso de integración europea, que es la mayor operación política que se ha hecho en siglos; un país que acaba de entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; un país que ha superado una grave crisis económica y que ya está viendo luz al final del túnel.

Ése es el país que yo ofrezco a todos los españoles; un país del que algunos no quieren hablar bien, pero otros sí queremos hablar bien.

Desde luego, lo que yo no puedo ofrecerle a la gente, porque sería ir contra lo que yo pienso, es un país pequeño, fuera de Europa, empobrecido, sin la moneda del euro, porque hoy, tal y como está el mundo, en el proceso de globalización que estamos viviendo lo que hay son procesos de unión y de integración, y lo que no se lleva, porque es un disparate y lleva directamente al empobrecimiento, es la división.

Efectivamente, usted dice que yo he tomado decisiones sobre Cataluña y que le parece bien el FLA. Sí, es una obligación del Gobierno evitar que algunas personas lo pasen mal. Lo hicimos con Cataluña y con otras Comunidades Autónomas, y también con el Plan de Pago a Proveedores, y también con infraestructuras, y en una situación de una enorme dificultad.

Sí, ya sé, todo es discutible y todo es opinable, pero sólo hay una cosa a la que yo no voy a renunciar nunca, que es a convicciones, como las que he citado antes, que son de la inmensa mayoría de los españoles: la soberanía nacional, la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos.

Con absoluta franqueza, señor Montilla, ¿qué se le puede ofrecer..? Dígamelo usted, porque fue lo único que no me ha dicho. ¿Qué se le puede ofrecer a alguien que convoca un referéndum ilegal, que lo hace unilateralmente y que me dice: "o hay este referéndum o hago lo que estime oportuno y conveniente". Sólo le puedo ofrecer la Constitución y la Ley. Y a partir de ahí, hablaremos cuando quieran, pero siempre dentro de la Ley. Y usted también, y seguro que tiene mucho que aportar a este gran proyecto nacional; usted.

Muchas gracias.