Discurso del Presidente del Gobierno en la presentación del Informe económico anual del Presidente del Gobierno

Madrid

Vicepresidentes, autoridades, señoras y señores,

Les agradezco a todos ustedes su presencia en este acto; agradecimiento que, aunque ya se lo he expresado en la reunión previa que hemos mantenido, es y debe ser público y especialmente profundo al Presidente y los miembros del Consejo Económico y Social por permitirme intervenir en este órgano y en esta sede.

Hace un año me comprometí a presentar el Informe Económico del Presidente del Gobierno, elaborado anualmente por la Oficina Económica, donde se analizara la coyuntura actual y los principales retos que tuviéramos que abordar cara el futuro.

Como dije entonces, la presentación del Informe pretende ser un ejercicio de transparencia sobre la posición del Presidente del Gobierno en relación con la situación económica. Esto explica mi especial empeño en cumplir ese compromiso cuando la presentación de un balance del pasado ejercicio económico se produce en un momento de incertidumbre sobre el estado actual y la evolución futura de nuestra economía. Y es también un reflejo de una actitud política por mi parte: la dirección de la economía nacional es tarea en la que debe empeñarse directamente el Presidente del Gobierno.

Con esta premisa y sin más dilación, les adelanto, en primer lugar, mi diagnóstico de la situación en la que vivimos.

La economía española, en sólo unos meses, ha pasado de crecer todavía a buen ritmo, y con intensa creación de empleo, a experimentar una fuerte ralentización, casi un frenazo, de ese crecimiento y una regresión en el empleo. Estamos sufriendo las consecuencias de un empeoramiento creciente de los factores económicos internacionales y de un ajuste particularmente intenso y rápido de nuestro sector de la construcción.

Se denomine como se denomine, la economía mundial ha entrado en una fase adversa y nuestra economía atraviesa por un período difícil que afecta a las economías domésticas y ensombrece las percepciones ciudadanas.

En pocas palabras, éste es el diagnóstico: atravesamos un período de dificultades, de dificultades económicas, y el Gobierno es plenamente consciente de que muchos ciudadanos, en mayor o menor medida, como siempre ocurre, ya las sufren y muestran su lógica preocupación por ellas; preocupación que comparten con los empresarios, que en ciertos casos traducen esa desconfianza en una retracción de su actividad.

Ya conocen el diagnóstico. Permítanme que les adelante mi pronóstico: la economía española superará estas dificultades, porque nunca se había enfrentado a una fase descendente del ciclo económico en mejores condiciones de lo que lo hace ahora, porque contamos con los resortes para superarlas y porque el Gobierno está resuelto a encabezar, junto a empresarios y trabajadores, el esfuerzo de toda la sociedad española para retomar cuanto antes un rápido ritmo de crecimiento.

En las últimas semanas se ha producido un peculiar debate semántico acerca del nombre con el que deba etiquetarse la situación presente de la economía española. Analistas y responsables públicos hemos porfiado respecto de si esta fase de la economía española y mundial merece el nombre de crisis u otro más liviano. Acaso la polémica resulte de interés académico, pero considero de escaso interés práctico prolongarla.

Considero que lo realmente importante es compartir el diagnóstico y, sobre todo, el pronóstico. Éstos son los del Gobierno: diagnóstico: las dificultades son serias y afectan directamente a muchos ciudadanos; pronóstico: estamos en mejores condiciones que otras veces para superarlas y de salir fortalecidos de esta fase problemática.

Por eso, una vez conocidos y reconocidos los problemas, inmediatamente, a continuación, hay que plantearse cómo estamos afrontando estas dificultades actuales y cómo vamos a superarlas.

Contamos en nuestro favor con posibilidades efectivas y con un margen cierto de actuación, pero ello tampoco basta. Además, hay que saberlo utilizar, hay que tener voluntad política de hacerlo y acierto a la hora de concretarlo. Y el Gobierno, con el Presidente al frente, asume su responsabilidad.

Es verdad que el campo de acción del Gobierno no es ilimitado, pues el Gobierno no puede decidir el precio del petróleo, y el Gobierno lo digo ya desde este momento tampoco adoptará medidas de ningún tipo que contradigan las leyes esenciales del mercado o pongan en entredicho la solvencia de España y el rigor de nuestra política económica en los mercados internacionales.

Pero es mucho lo que puede hacer el Gobierno, es bastante lo ya iniciado y es mucho más lo que se propone acometer.

Desde el primer Consejo de Ministros de la Legislatura estamos adoptando medidas de respuesta, orientadas en una doble dirección: por un lado, se trata de medidas destinadas a mitigar o aliviar las consecuencias de la fuerte desaceleración que sufren los ciudadanos y algunos sectores en particular: son medidas de protección y de apoyo a trabajadores, pensionistas, autónomos y empresas; por otro lado, se trata de medidas para acelerar el cambio de nuestro patrón productivo, que nos permitan recuperar cuanto antes el crecimiento vigoroso de la economía: son las reformas estructurales y de incremento de la competitividad.

Por tanto, conciencia de las dificultades que atravesamos, confianza en nuestras fortalezas, en nuestras posibilidades, y determinación para hacerlas valer adoptando medidas de protección y reformas de nuestro sistema productivo. Éstas son las tres premisas que definen la posición del Gobierno sobre la etapa que estamos viviendo y nuestro inmediato futuro, y a ellas me voy a atener seguidamente en esta intervención, por el orden indicado.

Primero, el diagnóstico.

Tras crecer en 2007 un 3,8 por 100 del PIB, con una importante aportación de la inversión en bienes de equipo y una reducción de la tasa de paro hasta el 8,3 por 100, la más baja de nuestro período democrático, se ha producido una intensa ralentización del crecimiento, provocada, sobre todo, por el fuerte ajuste del sector inmobiliario. En el primer trimestre de 2008 el PIB crecía aún en términos interanuales al 2,7 por 100, pero la desaceleración es más evidente cuando se analizan las tasas intertrimestrales (0,3 por 100 en el primer trimestre de 2008), y los datos más recientes de afiliación o paro hacen prever un segundo trimestre también de crecimiento debilitado.

Así pues, la situación económica se ha deteriorado significativamente en un período corto de tiempo.

En la segunda mitad del año 2007 surgió, primero, la crisis financiera originada con las hipotecas "subprime" en Estados Unidos y, después, la escalada de precios de materias primas.

Las consecuencias de la crisis "subprime" todavía perduran diez meses después, de forma que los mercados europeos han tenido que enfrentarse con menores niveles de liquidez y con mayores primas de riesgo. Y este endurecimiento en las condiciones crediticias está afectando también a la financiación en los mercados mayoristas de las instituciones financieras españolas, dadas nuestras necesidades de financiación exterior.

Por otro lado, el precio del petróleo ha aumentado en un año, desde mayo de 2007, un 83 por 100 y la subida de los alimentos básicos ha llegado a ser superior al 60 por 100 en el mercado internacional. En España el impacto de estas subidas en el Índice General de Precios ha sido notable, alcanzando en mayo el 4,6 por 100 de inflación. También lo ha sido en la mayoría de nuestros socios europeos, que tienen ahora tasas históricamente altas, lo que explica que nuestro diferencial con la zona euro permanezca estable, en torno al punto porcentual.

Pese a todo, lo cierto es que al inicio de 2008 todavía muchos creían que los efectos de estas perturbaciones internacionales serían coyunturales y no tan intensos. Los propios analistas de coyuntura nacionales preveían en el mes de enero un 2,7 por 100 de crecimiento para 2008. Ha sido la persistencia de estos dos shocks externos lo que ha movido después a los organismos internacionales a revisar a la baja las predicciones de la mayor parte de las economías industrializadas, tanto para 2008 como para 2009, y también para España.

No sólo es el empeoramiento de la situación económica internacional lo que está contribuyendo a frenar de este modo nuestro crecimiento; también lo hace el ajuste muy intenso que se está produciendo en el sector de la construcción, que comenzó igualmente en el verano de 2007 para acelerarse drásticamente a partir de los primeros meses de este año, con un impacto muy considerable en el empleo del sector.

Cabe esperar que esta brusca aceleración haga más rápida la normalización de la actividad inmobiliaria en España, que la oferta se acomode cuanto antes a la demanda real de viviendas; una demanda que, en todo caso, dados nuestros requerimientos demográficos, será superior a la media de los países europeos durante los próximos años.

En este momento, tanto la coyuntura internacional, como los datos internos más recientes, permiten anticipar que el ajuste de la economía española va a seguir siendo intenso en los próximos meses, con un crecimiento a final del año que se situará por debajo del 2 por 100. Prevemos, pues, un crecimiento débil a corto plazo, pero no un estancamiento duradero.

Éste es el escenario que, razonablemente, podemos contemplar al día de hoy, que sitúa el principio de la recuperación de un crecimiento vigoroso a partir del segundo semestre de 2009.

Un crecimiento débil, con inflación alta, nos trae dificultades. Sin duda, nos trae y nos traerá dificultades porque, ante todo, no podremos durante algún tiempo absorber todas las solicitudes de empleo formuladas por los trabajadores; también, porque hay sectores particularmente afectados por las desproporcionadas subidas del petróleo y de algunas materias primas; y, asimismo, porque las recientes alzas de los tipos de interés pesan sobre la capacidad adquisitiva de muchas familias y sobre las condiciones de financiación de las empresas.

En definitiva, la economía española se enfrenta a una situación adversa, peor que la que hemos vivido en los últimos años, con un intenso proceso de ajuste del sector de la construcción y en pleno cambio del patrón de crecimiento productivo.

Ahora bien, y aquí el diagnóstico abre paso a la expresión de confianza, lo afirmo de modo radical, contundente: gracias al esfuerzo de todos, España está mejor preparada que nunca para afrontar esta situación; para afrontarla y, por supuesto, superarla.

Nunca antes la población española había crecido a tasas tan altas como las actuales. Somos ya más de 46 millones y, gracias al fenómeno de la inmigración, se ha rejuvenecido significativamente nuestra población y nos encontramos ante un escenario demográfico más favorable.

Nunca antes en la historia teníamos una fuerza de trabajo tan importante, con más de veinte millones de trabajadores. El avance se ha producido principalmente por la inmigración y, muy significativamente, por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. España, conviene recordarlo, es el país de la Unión Europea a 25 donde más ha aumentado la tasa de empleo en los últimos cuatro años.

Nunca antes habíamos tenido una fuerza de trabajo tan cualificada, con cerca de un tercio de los trabajadores con estudios superiores, ni un mercado de trabajo con un mayor grado de movilidad y con una tasa de paro de larga duración por debajo del promedio europeo.

Nunca antes habíamos contado con tantas empresas españolas actuando con éxito y naturalidad en el primer plano de la economía mundial globalizada, ni habíamos contado con empresas españolas líderes en el mundo en ámbitos tan significativos como las comunicaciones, las obras públicas, los hidrocarburos, las energías renovables, el turismo y el sector financiero; brillantemente en el sector financiero.

Nunca antes nuestras empresas habían llevado a cabo un proceso inversor en bienes de equipo tan intenso como el experimentado en los últimos años. En los cuatro últimos años han invertido el 7,4 por 100 del Producto Interior Bruto al año en bienes de equipo, muy por encima de la media europea y que representa cerca del 92 por 100 de nuestro déficit por cuenta corriente, un endeudamiento productivo que resultará en futuras ganancias de productividad.

Nunca antes España había estado tan abierta al mundo como ahora, con una tasa de apertura del 60 por 100 de nuestra economía, por encima de Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. En este sentido, aunque queda camino por recorrer para mejorar nuestra competitividad y para enfrentarnos con éxito al reto de la globalización, es importante destacar que nuestra economía ha sido, junto a la alemana, la única de las grandes economías europeas que ha mantenido su cuota de mercado en el comercio mundial en los últimos años, y, al mismo tiempo, hemos sido capaces, las empresas españolas han sido capaces, de aumentar su base exportadora, ganando peso en países como China e India.

Nunca antes la inversión directa en España (43.389 millones de euros) ni la inversión de España en el extranjero (84.243 millones de euros en 2007) habían registrado volúmenes tan elevados, alcanzando cifras record y demostrando la confianza de los inversores extranjeros en nuestra economía y la creciente internacionalización de las empresas españolas. Así, conviene subrayar nuevamente el dato, en 2007 nuestro país, España, se ha convertido en el tercer inversor directo del mundo, después de Estados Unidos y Francia, y se sitúa en séptimo lugar entre los países de la OCDE en el total de inversión recibida.

Nunca antes el sector financiero español había tenido una tasa de solvencia tan favorable con respecto a los de los países más desarrollados. Así, a pesar del repunte en la tasa de morosidad, nuestro nivel de provisionamiento permite cubrir hasta dos veces los fallidos sin que se apreciaran consecuencias relevantes en los resultados de los bancos, siendo cuatro veces superior al de otros países europeos.

Nunca antes desde el inicio de la democracia se había conseguido generar superávit en las cuentas públicas, ni conseguir bajar la deuda pública nueve puntos porcentuales en una sola legislatura.

Quiero recordar que el presupuesto ha sido, bajo la gestión de mi Gobierno, una herramienta estabilizadora. En la anterior Legislatura se modificaron las reglas fiscales, cambiando la antigua regla del déficit cero por un principio de estabilidad a lo largo del ciclo, que asegure el carácter contracíclico de la política fiscal. Al haber sido capaces de ahorrar en la época de bonanza, contamos ahora con un margen de maniobra suficiente para que los llamados estabilizadores automáticos actúen con todo su potencial.

Incluso en este momento coyuntural, hay datos que presentan un signo positivo y son datos significativos, como los que se refieren a la inversión en bienes de equipo, a la capacidad exportadora de nuestras empresas, a la inversión directa de los extranjeros en España o a la evolución del turismo.

Si hiciéramos un ejercicio de comparación con los dos últimos momentos en que España vivió una fase baja del ciclo (2002 y, más acusadamente, 1993), podríamos constatar el diferente punto de partida, el muy diferente punto de partida, en relación con la actual. Entonces había déficit, ahora partimos con superávit; entonces la deuda pública superaba en ambos casos el 50 por 100 del PIB, ahora está en el entorno del 35 por 100. La tasa de paro era muy abultada en 1993, pero incluso en 2002 aún superaba en dos puntos a la que ahora tenemos: 11,5 frente a 9,6 por 100. La misma significativa diferencia se aprecia en el número de ocupados: algo más de doce millones en 1993, dieciséis millones en 2002 y veinte millones en estos momentos. O en la tasa de cobertura del desempleo, cuya relevancia a nadie se le oculta cuando las cosas no van bien: era del 64,2 por 100 en 1993, del 59,9 por 100 en 2002 y ahora es del 83,9 por 100. E igual ocurre con otros indicadores, como las pensiones más bajas, el salario mínimo o los índices que muestran el grado de capitalización física y tecnológica de la economía: todos, absolutamente todos, son proporcionalmente más favorables en este momento.

Hemos avanzado mucho, ciertamente, en estos últimos años y lo reitero: gracias al esfuerzo de todos; gracias al esfuerzo de los trabajadores, a la iniciativa de los empresarios, a la responsabilidad de los agentes sociales y también, permítanme decirlo, gracias a una gestión económica rigurosa y empeñada en hacer de nuestro modelo económico un modelo cada vez más eficiente y competitivo.

Por encima de todo, la confianza en nuestra capacidad de superar las dificultades actuales descansa en la vitalidad y en la fuerza de la sociedad española, mostrada a lo largo de estos treinta últimos años de democracia; una vitalidad y una fuerza que nos llevarán a dejar atrás las dificultades actuales y a salir de nuevo reforzados cara al futuro.

Pero hay que hacerlo cuanto antes, paliando las consecuencias del bajo crecimiento y preparando a nuestra economía para volver a crecer con vigor. Entramos, pues, en la tercera parte de esta intervención, en el análisis de las medidas.

Quiero recordar que las primeras reacciones del Gobierno datan de enero. Aun en la condición de Gobierno en funciones, aprobamos una modificación del Plan Estatal de Vivienda para responder a los primeros síntomas de ajuste fuerte del sector inmobiliario y en abril, en el primer Consejo de Ministros tras las elecciones, aprobamos un paquete de medidas de impulso económico.

En este tiempo nuestro primer objetivo ha sido minimizar el impacto de las dificultades en los agentes económicos más vulnerables. Lo recordaré muy brevemente: entre las medidas de apoyo a la renta disponible de las familias, más de dieciséis millones de ciudadanos, entre asalariados, pensionistas y autónomos, empezarán a notar en su nómina de este mismo mes de junio los efectos de la rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, como consecuencia de la inyección de seis mil millones de euros, rebaja de impuestos que se complementa con la eliminación del Impuesto de Patrimonio, que supondrá también una inyección en las economías familiares de mil ochocientos millones de euros; y, para paliar el efecto negativo de la subida de tipos de interés sobre las familias, desde mayo es posible ampliar el crédito hipotecario, para reducir la cuota de pago mensual, a coste cero y se han eliminado los costes financieros, los gastos fiscales, los regístrales y los notariales.

También se ha reforzado el apoyo del Gobierno al sector empresarial, afectado por el endurecimiento de las condiciones crediticias. En primer lugar, con la bajada del Impuesto de Sociedades acordada en la anterior Legislatura y cuya segunda fase entra en vigor este año, reduciendo el tipo impositivo de las grandes empresas del 32,5 al 30 por 100. En segundo lugar, y para mejorar el acceso a la financiación de las empresas y seguir impulsando su inversión, se ha incrementado hasta tres mil millones de euros la línea de avales del Tesoro para la titulización de créditos a las PYMES y se han acelerado las devoluciones del IVA para el conjunto de las empresas, de modo que también puedan pedir mensualmente la devolución. Esta medida tendrá un impacto muy importante sobre la actividad de nuestro tejido empresarial, que recibirá seis mil millones de euros de manera anticipada en 2009.

Sé bien que, en relación con ello, con las dificultades de financiación, las instituciones financieras españolas, a pesar de contar, como ya he mencionado, con elevados niveles de rentabilidad y de solvencia con respecto al resto de entidades europeas, siguen estando más castigadas que ellas en términos de primas de crédito, plazos y exigencias para colocar sus emisiones en los mercados mayoristas. Quiero decirles a este respecto que el Gobierno evalúa con atención los esfuerzos realizados por las entidades en los últimos meses para captar inversiones del exterior y espera que estos esfuerzos permitan canalizar los recursos de forma uniforme a todos los agentes, evitando que un mayor endurecimiento de las condiciones de crédito sea un límite a nuestro crecimiento en los próximos trimestres.

Para incidir con fuerza en el sector inmobiliario y contrarrestar la menor inversión en vivienda, el Gobierno mantendrá notables niveles de actividad en la vivienda de protección oficial, en la obra pública y en las infraestructuras turísticas.

Con el objetivo de construir a lo largo de la Legislatura seiscientas mil viviendas de protección oficial, se ha dotado a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad para acordar con el sector privado la transformación de vivienda libre en vivienda protegida y se ha ampliado hasta cinco mil millones de euros el aval del ICO para bonos de titulización vinculados a viviendas de protección oficial.

La semana pasada presentamos las líneas maestras del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012, con el que, con una mayor participación de Comunidades y Ayuntamientos, nos acercaremos decididamente al objetivo de promover un millón y medio de viviendas de protección oficial en los próximos diez años.

Además, se está acelerando la licitación de obra pública, que se ha incrementado en el primer cuatrimestre en un 64 por 100 respecto al mismo período de 2007, alcanzando la cifra de siete mil millones de euros.

Para ayudar a los trabajadores excedentarios del sector a recolocarse, se ha diseñado un paquete de medidas con una dotación presupuestaria de 201 millones de euros, entre las cuales destacan la contratación de 1.500 orientadores que elaborarán itinerarios personalizados para los trabajadores afectados, y ayudas especiales para la búsqueda de empleo de desocupados con especiales dificultades de inserción laboral o cuya contratación implique movilidad geográfica.

En total, las medidas que hemos tomado desde el principio del año suponen ya una inyección de dieciocho mil millones de euros en nuestra economía, con lo que se trata, como ha afirmado recientemente el Vicepresidente económico del Gobierno, del paquete más ambicioso de medidas que haya tomado cualquier país europeo ante la situación de la economía.

Además, les puedo anunciar tres medidas adicionales que se irán concretando en los próximos meses y que inciden en los aspectos más preocupantes de nuestra actual coyuntura: las dificultades de financiación de las empresas, el ajuste en el sector de la construcción y el impulso al consumo.

En primer lugar, y de forma complementaria al notable refuerzo ya instrumentado en los últimos meses, ampliaremos las actuales líneas de apoyo a la financiación de PYMES, la línea de crecimiento para empresas medianas y la de apoyo a la financiación de viviendas de protección oficial, de forma que entre 2009 y 2010 se movilice un volumen conjunto de 35.000 millones de euros.

En segundo lugar, daremos un impulso a las actividades de rehabilitación de viviendas, edificios e instalaciones turísticas. La rehabilitación es una actividad con una intensidad en mano de obra y , además , tiene un importante impacto sobre la actividad de sectores relacionados. Por ello, pondremos en marcha en 2009 un plan RENOVE , con una dotación de líneas crediticias de 2.500 millones de euros anuales , que se dest inará a la mejora de nuestros edificios y a la calidad y sostenibilidad de nuestras instalaciones turísticas. Adicionalmente, antes de fin de año presentaremos un nuevo marco normativo más flexible y sencillo para impulsar las actividades de renovación y rehabilitación e introducir mejoras en su fiscalidad.

Los efectos potenciales de estas iniciativas , respaldadas por el Tesoro y por el ICO , deben ser proporcionales a la dimensión de los re cursos: por encima de los cuarenta mil millones de euros hasta el año 2010.

Por último, para reanimar el consumo, mejorar la seguridad vial y limitar las emisiones de CO 2 , el Consejo de Mini stros aprobará un Programa VIVE, para incentivar con ayudas a la financiación la sus titución de conches de más de quince años de antigüedad por coches nuevos con bajas emisiones, que movilizará 1.500 millones de euros anuales en créditos blandos durante dos años a partir de este mismo mes de julio.

Pero, más allá de las medidas para suavizar el ajuste y proteger a los sectores más directamente afectados por él, es muy importante profundizar en el cambio del modelo productivo. Es muy importante continuar avanzando hacia un crecimiento económico más equilibrado en su composición, más sostenible en el tiempo y más basado en la economía del conocimiento. Éste es el tiempo de acelerar las reformas.

Consideramos que la estrategia de política económica que el Gobierno empezó a aplicar en la Legislatura anterior ha comenzado a dar sus frutos. Un solo dato: el crecimiento de la productividad se ha multiplicado por siete en los últimos cuatro años. Ésta es una pregunta que se hace de manera reiterada: cómo ha evolucionado la productividad de nuestra economía. Repito el dato: se ha multiplicado por siete en los últimos cuatro años.

Pero ahora, ante el nuevo escenario, es más necesario que nunca impulsar esta estrategia y es más necesario que nunca seguir aumentando la capitalización del sistema productivo, y avanzar en la modernización de la Administración y en la mejora del funcionamiento de los mercados.

Por eso, en esta segunda Legislatura seguiremos desarrollando el PEIT, el programa de inversión en infraestructuras de transporte, que está transformando profundamente el país y nuestras condiciones de vida, y que está contribuyendo también a dinamizar nuestra economía y, sobre todo, a robustecerla para el futuro. Lo he repetido muchas veces: el esfuerzo que venimos haciendo permitirá en 2010 convertirnos en el país con más kilómetros de alta velocidad del mundo, y con más kilómetros de autopistas y autovías de la Unión Europea. Para ello, junto a la aceleración de la licitación en 2008, a la que me he referido anteriormente, les anuncio que la inversión en infraestructuras crecerá en los Presupuestos para 2009 por encima del promedio del gasto público.

En los últimos años hemos conseguido sentar las bases para mejorar la calidad de nuestro capital humano, aprobando la Ley Orgánica de Educación y la reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Ahora hay que trabajar en su pleno desarrollo, impulsando y coordinando los esfuerzos de las Comunidades Autónomas, para lo que convocaré una Conferencia de Presidentes en 2009.

Hay objetivos irrenunciables y que atenderemos con particular cuidado en esta Legislatura:

Es el caso de la reducción del abandono escolar prematuro: no podemos, de ningún modo, acostumbrarnos a convivir con las tasas actuales, que son superiores a la media de la Unión Europea;

Es el caso de la educación infantil. Después de alcanzar la gratuidad en la segunda etapa de educación infantil, de tres a seis años, ahora nuestro objetivo es la cobertura en la educación infantil de cero a tres años. Junto a las 150.000 plazas creadas en la pasada Legislatura, nos hemos comprometido a crear 300.000 adicionales en este período.

Y es el caso, fundamentalmente, de la Formación Profesional.

Quiero que estos cuatro años sean decisivos para su futura configuración en España. La Formación Profesional constituye una pieza clave para impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico, basado en el conocimiento, que asegure un desarrollo económico sostenible y un creciente bienestar y cohesión social.

La valoración social de la Formación Profesional sigue siendo insuficiente. Las tasas de matriculación nos alejan de las medias europeas. El sistema mantiene una cierta rigidez y ello impide su adecuado ajuste a las demandas del mercado laboral. El sistema no favorece como debería la formación continua, ni el trasvase de unas actividades profesionales a otras, ni reconoce, a efectos académicos, la experiencia laboral. Ni tampoco prepara adecuadamente a los estudiantes en la adquisición de las competencias básicas que requiere la Sociedad de la Información y del Conocimiento, ni incentiva suficientemente la movilidad internacional.

El nuevo modelo de crecimiento económico que España necesita exige , ante todo, una Formación Profesional que se adecue a las necesidades de la e conomía y del mercado laboral; u na Formación Profesional especialmente dirigida a potenciar los sectores emergentes e innovadores, en el contexto de la Sociedad del Conocimiento; u na Formación Profesional que integre plenamente la formación en el sistema educativo y la formación en el ámbito empresarial y laboral; es decir, que acredite, reconozca e integre la experiencia laboral y la formación reglada , y compatib ilice la formación y el trabajo; u na Formación Profesional polivalente, que prepare a los estudiantes para una sociedad en continuo proceso de cambio e innovación , y que integre plenamente la enseñanza de id iomas y de las tecnologías de la información y del conocimiento; u na Formación Profesional que favorezca la fo rmación a lo largo de la vida y u na Formación Profesional que favorezca la movilidad, nacional e internacional, y que se inserte plenamente en el contexto europeo.

Es urgente hacerlo, quizá lo más urgente. Po r ello, antes del mes de agosto el Gobierno aprobará la " hoja de ruta " de la reforma de la Formación Profesional , que presentarán los Ministros de Educación y de Trabajo y que guiará la actuación de toda la Administración a lo largo de la Legislatura , en un marco de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Señoras y señores,

Durante la Legislatura anterior sentamos las bases de un nuevo sistema de Ciencia y Tecnología, con la aspiración de situar a España entre las potencias tecnológicas a medio plazo. Con las nuevas políticas, englobadas en Ingenio 2010, se han casi triplicado los recursos entre 2004 y 2008, y hemos focalizado estos recursos en programas específicos para aumentar la excelencia, la transferencia tecnológica y la inversión privada en I+D+i.

Tenemos el firme propósito de proseguir con los importantes esfuerzos presupuestarios en esta materia y abordar de inmediato proyectos que nos sitúen a la cabeza de Europa, como el que se iniciará este mismo año para dotar a todo el territorio nacional, incluidos los dos archipiélagos, de una red de fibra oscura con capacidad mínima de diez gigas.

En aras de mejorar la gestión y la coordinación, tanto dentro de la Administración del Estado, como con las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea, hemos creado el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación; un Ministerio que aúna por primera vez el conjunto de instituciones públicas dedicadas a la I+D+i civil, tanto básica, como aplicada. Su actuación vendrá marcada por el desarrollo del nuevo Plan Nacional de I+D+i, poniendo el acento en las tecnologías de los sectores emergentes.

Por lo tanto, y recapitulo esta parte, mayor inversión en capital físico, humano y tecnológico para hacer frente a los retos del futuro; y, además, reformas liberalizadoras en los distintos mercados, y también en la Administración pública, para mejorar nuestra eficiencia y competitividad. Por ello, el próximo mes de julio el Consejo de Ministros estudiará un amplio conjunto de reformas estructurales, cuyo desarrollo normativo comenzará este mismo año.

En el sector del transporte impulsaremos el transporte de mercancías por ferrocarril y, con este propósito, antes de tres meses regularemos la separación de la actividad de mercancías de RENFE Operadora, creando una sociedad independiente y liberalizando la prestación de servicios auxiliares al transporte ferroviario.

También antes de que concluya el mes de julio, el Gobierno presentará un plan de reestructuración de la actividad de AENA, que separe la gestión aeroportuaria de lo que representa la regulación de la navegación y donde se dé entrada al sector privado, reteniendo una mayoría del sector público e incorporando a las Comunidades Autónomas, lo que supone un cambio importante en nuestro modelo aeroportuario. Es la reforma más importante que vamos a vivir desde hace mucho tiempo.

En el curso de este año elaboraremos un Anteproyecto de Ley de Puertos para introducir mayor competencia entre puertos y en la provisión de servicios dentro de los mismos.

En el sector de la energía las prioridades del Gobierno son consolidar nuestra posición de liderazgo en renovables, reducir el consumo energético y aumentar la seguridad del suministro. Para contribuir a ello presentaremos antes de fin de año un Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Además, el próximo 27, con ocasión de la Cumbre bilateral entre los dos países, el Gobierno de España firmará un acuerdo con el de Francia para duplicar la interconexión de nuestro sistema eléctrico.

En materia de telecomunicaciones reduciremos las barreras que limitan un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Antes de agosto el Ministerio de Industria iniciará una consulta pública para que nuevas bandas de frecuencias puedan emplearse para la provisión de servicios móviles de banda ancha en 2009.

Vamos a reforzar la protección de los consumidores con un especial énfasis en la mejora de la calidad y fiabilidad de los servicios de banda ancha. Un nuevo compromiso: en el plazo máximo de seis meses el Gobierno aprobará un Real Decreto por el que se adopte la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, que mejorará la capacidad de los consumidores para responder a fallos en el servicio o a prácticas abusivas.

Señoras y señores,

El sector servicios es un importante motor de crecimiento y creación de empleo, no sólo porque representa dos terceras partes de nuestra actividad económica, sino también porque de él dependen el crecimiento y la calidad del resto de los sectores económicos.

Antes de que concluya el mes de julio se elevará a la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos un borrador de Anteproyecto de Ley para una transposición ambiciosa de la Directiva de Servicios, que reduzca de forma efectiva las trabas a la actividad en el sector, incentive la productividad, incremente la variedad y calidad de los servicios, y reduzca los precios que deben pagar los consumidores y las empresas en actividades como la distribución comercial, los colegios profesionales, la hostelería o las gasolineras.

En la misma dirección y con el mismo sentido, abordaremos la reforma de los llamados servicios profesionales, extendiendo el efecto dinamizador de la Directiva de Servicios sobre los profesionales del Derecho, la ingeniería, la contabilidad y la arquitectura, entre otros. Antes de final de año se elevará al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley que fortalezca el principio de libre acceso a estas profesiones, favorezca su ejercicio conjunto, suprima restricciones injustificadas a la competencia y, al mismo tiempo, refuerce la protección de los usuarios y consumidores, impulsando, pues, la modernización de los Colegios Profesionales.

Para facilitar las actividades emprendedoras, a partir del 1 de enero de 2009 se aplicará, con carácter general, una reducción promedio del 20 por 100 en los aranceles de notarios y registradores. Adicionalmente, para garantizar el derecho de los usuarios a que sus transacciones se realicen de forma más ágil, se establecerá una reducción adicional de las operaciones notariales y registrales cuando el ciudadano no pueda realizarlas por medios telemáticos. Además, introduciremos medidas para permitir la creación de sociedades mercantiles en veinticuatro horas de forma telemática a través de convenios con el sector privado, de forma que las gestorías y asesorías fiscales que lo deseen puedan realizar dicha operación.

En el contexto del Plan de Acción de reducción de Cargas Administrativas aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo, los Ministerios de Economía y Hacienda; Industria, Turismo y Comercio; Ciencia e Innovación; Trabajo e Inmigración, y Sanidad han identificado un primer conjunto de 58 procedimientos administrativos que afectan a la actividad empresarial para reducir las actuales cargas burocráticas mediante diversas actuaciones, que incluyen la utilización de medios telemáticos en sustitución del papel y la simplificación de los trámites de los expedientes. El próximo Consejo de Ministros aprobará el procedimiento para abordarlas, que se iniciará a partir del tercer trimestre de este mismo año.

Las primeras, que entrarán en vigor a finales de año, supondrán la matriculación y baja telemáticas de vehículos; la aceleración del plazo de devolución del IVA para los empresarios autónomos que realicen la declaración mensualmente; la elevación de 120.000 a 350.000 euros del importe de los contratos de obras para los que se exige clasificación, reduciendo los requisitos previos para participar en los procesos de licitación; configurar, a efectos de participar en licitaciones, la clasificación de los empresas como indefinida; la creación de un Registro Oficial de licitadores, que posibilita que los licitadores concurran a un procedimiento de contratación con la simple certificación del Registro; la creación de la Plataforma de Contratación Administrativa; la implementación telemática de la ITV; el pago telemático de la tasa 062 en la expedición de permisos de trabajo; el acceso "on line" al registro de trabajadores no comunitarios con permiso de trabajo; un sistema telemático de autoevaluación de riesgos laborales para empresas de menos de cincuenta trabajadores.

Todas estas medidas de supresión de todas estas barreras administrativas as la actividad empresarial estarán en vigor antes de nueve meses.

Reformas concretas, compromisos concretos y plazos concretos también de ejecución para acelerar los cambios que necesitamos en nuestro modelo productivo, que afectan a aspectos estructurales y a los medios de transporte, y que afectan a nuestra capacidad energética, a nuestras telecomunicaciones y al sector servicios. Son todas ellas reformar destinadas a mejorar la productividad para ayudar a crecer con fuerza cuando el ciclo vuelva a ser favorable.

Todas estas medidas permitirán mejorar nuestro crecimiento potencial, crecimiento que debe construirse dentro del respeto a nuestros compromisos de sostenibilidad ambiental; una sostenibilidad que, como refleja el Informe que hoy se presenta, no es un obstáculo, sino un aliado, para nuestra apuesta por el cambio de modelo productivo.

Son reformas con un horizonte claro, con un rumbo claro a medio y largo plazo, que podemos sintetizar en estos cinco objetivos para el año 2020: que el 94 por 100 de la población esté situada a menos de treinta kilómetros de una vía de alta capacidad y que el 90 por 100 se encuentre a menos de cincuenta kilómetros de una estación de alta velocidad; que España sea uno de los diez países más avanzados del mundo en ciencia, tecnología e innovación; que, al menos, diez de nuestras Universidades estén entre las cien primeras de la Unión Europea; que incrementemos el número de nuestros investigadores públicos y privados hasta alcanzar los trescientos mil; y que la cuota de energías renovables suponga, al menos, el 20 por 100 del consumo energético final.

Pero ahora vuelvo de nuevo al presente más inmediato para anunciarles un compromiso más que nos ayudará también a superar la situación actual.

Como saben, el Gobierno se ha propuesto para 2009, por estimarlo muy conveniente, un objetivo de estabilidad, de equilibrio, presupuestario para el conjunto de las Administraciones Públicas, salvo para la Seguridad Social, de la que esperamos superávit, que permita seguir aumentando nuestras reservas en el Fondo de la Seguridad Social.

Es un equilibrio presupuestario que queremos alcanzar a pesar de la disminución de ingresos que lleva aparejada la contracción del crecimiento y que queremos alcanzar sin que ello implique renunciar al gasto social que hemos comprometido y al gasto productivo necesario para impulsar el crecimiento.

Pues bien, para conciliar estos objetivos, el miércoles pasado, con ocasión de la primera reunión del diálogo social, anuncié un plan de austeridad centrado en la contención de los gastos corrientes de la Administración, que quiero concretarles en estos momentos.

En primer lugar, reduciremos al 30 por 100 la Oferta Pública de Empleo para 2009, en la que atenderemos fundamentalmente la dotación imprescindible para los servicios públicos esenciales: seguridad, justicia e inspección de trabajo.

Asimismo, vamos a recortar los gastos corrientes. Lo hará ya el próximo Consejo de Ministros, que declarará no disponibles veinte millones del Capítulo II de los presupuestos de la Administración General del Estado. Por otra parte, este mismo capítulo crecerá, con carácter general, tan sólo un 2 por 100 en los Presupuestos de 2009, es decir, menos de la mitad del crecimiento del gasto previsto para ese ejercicio.

Por último, se congelarán los salarios de todos los altos cargos, pero sólo de los altos cargos, porque tengo el compromiso decidido de mantener los pactos suscritos con las organizaciones sindicales de la Administración, en lo que afecta a los empleados públicos.

Confiamos, además, en que esta pauta general de control de los gastos corrientes sea adoptada por las demás Administraciones públicas de nuestro país, en cuyo caso el resultado será, sin duda, apreciable en términos presupuestarios. En nuestro caso supondrá un ahorro, entre 2008 y 2009, de, al menos, 250 millones de euros.

Para concluir, quiero referirme a dos compromisos adicionales a los que atribuyo un alto valor político y de país; dos compromisos que constituyen, a mi juicio, sendas señas de identidad del proyecto que encabezo cuando se trata de afrontar, como hacemos ahora, un período de dificultades serias, que creemos transitorio, pero que nadie está en condiciones de precisar a ciencia cierta cuando concluirá.

Desde que asumí la Presidencia del Gobierno hemos mejorado sustancialmente la protección social en España con las subidas de las pensiones más bajas, con las nuevas ayudas por nacimiento y a la vivienda, con la introducción del permiso de paternidad, con las nuevas ayudas del sistema de dependencia y con la extensión de las prestaciones por desempleo.

Afirmo rotundamente que todas estas nuevas prestaciones, no sólo se van a mantener y a consolidar, sino que cumpliremos todos los compromisos de desarrollo de las mismas que hemos contraído para el conjunto de la Legislatura, en primer lugar, por un imperativo de equidad social porque, cuando las cosas van menos bien, no deben pagar más los que se encuentran en una posición más vulnerable, y porque, además, el Gobierno no dudará en utilizar el margen de que dispone para atender esos compromisos.

Por último, quiero hacer una mención especial al diálogo social para reiterar mi compromiso y el de todo el Gobierno con él.

El diálogo social ha sido muy útil para España, fue muy útil en la Legislatura pasada y ahora debe serlo aún más en esta coyuntura. Las organizaciones sociales, empresarios y sindicatos, han demostrado con creces en España su grado de responsabilidad, que saben conciliar con la defensa de los intereses a los que representan.

Hemos iniciado ya la andadura y estamos trabajando para concretar antes del verano los primeros pasos efectivos del diálogo social en esta etapa. Será más rico que el desarrollado en la etapa anterior, será tan fructífero, al menos, como el de entonces, será más responsable aún que aquél y contará con mi compromiso, mi apoyo y mi iniciativa.

Señoras y señores, señor Presidente del Consejo Económico y Social, termino ya.

Lo hago con un llamamiento general a la responsabilidad y a la confianza.

Sé que la primera responsabilidad corresponde al Gobierno. No duden que la asumiremos y ejerceremos, pero también deben ejercerla, en sus respectivos ámbitos, todos los sectores económicos. Nos jugamos el futuro al que tenemos derecho y que nos merecemos por nuestros años de esfuerzo y por nuestro empeño colectivo; un empeño colectivo que nos ha llevado a obtener éxitos importantes. Hace unos superábamos en renta per capita a un país amigo y querido como es Italia, y ayer les dábamos el "sorpasso" en el fútbol. Todos sabemos el esfuerzo que cuesta y, por tanto, no bajaremos la guardia.

En cuanto a la confianza, les reitero mi convicción de que vamos a superar esta situación y que expreso esta confianza tras reconocer que se trata de una situación complicada, que lo va ser durante los próximos meses, pero que contamos con los medios suficientes para abordarla y al Gobierno no le va faltar determinación para ello. Así lo comprometo hoy antes ustedes, ante las organizaciones económicas y sociales que se encuentran aquí, que integran el Consejo Económico y Social, y también ante los expertos que forman parte del mismo, con ocasión de la presentación de este Informe anual de la Oficina Económica.

El próximo año podremos evaluar en el nuevo Informe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, que realizaré en esta amable sede, si así lo tiene a bien el Consejo Económico y Social, la evolución, las medidas, las reformas y los compromisos. Tengo pena confianza en que vamos a recuperar en un plazo razonable de tiempo una senda de crecimiento, de empleo y de extensión del bienestar. Tengo esa confianza porque confío en la acción de trabajadores y de empresarios, en la sociedad española y también en el Gobierno.

Muchas gracias