Intervención inicial del presidente del Gobierno en el Debate sobre el estado de la nación (II)

Congreso de los Diputados, Madrid

Por cierto, que esta comparación que hago entre la situación actual y la de 2011 no refleja bien la realidad, Señorías, porque esconde todo aquello que hemos evitado, pero que muy bien pudiera haber ocurrido como, por desgracia, todavía ocurre en otras naciones. Pudiera haber sido que las pensiones se rebajaran, como ha ocurrido en los países bajo rescate, donde en algún caso se las han obligado a bajar hasta el 20 por 100. Aquí, no, porque aceptamos el rescate.

Señorías,

También se nos decía que no podríamos pagar las prestaciones por desempleo. No ha sido así. Sí, nos lo decían y no ha sido así. Se han pagado puntualmente. Y alguna razón no les faltaba porque, después de aumentar bajo su gestión el paro en 3.400.000 personas, no era fácil, ciertamente, pagar las prestaciones por desempleo.

Señorías,

Los españoles han gastado en pagar desempleo bastante más dinero que el que se gasta en cualquiera de los ministerios. Es bueno que este dato sea conocido por la Cámara. El gasto en desempleo casi llegó a ser tanto --ahora no, porque se está creando empleo-- como el gasto conjunto de todos los Ministerios. Insisto, Señorías, casi tanto dinero para el desempleo como el que dedicamos, conjuntamente, a todos los ministerios.

Además, desde el primer momento el Gobierno se comprometió a ayudar todo lo posible a quienes se vieron afectados por el paro de larga duración. Una de las primeras medidas que adoptamos fue mantener el programa PREPARA hasta que la tasa de paro no bajase del 20 por 100.

Y ahora, en cuanto las circunstancias lo han permitido, el Gobierno ha acordado con Comisiones Obreras, con UGT y con las organizaciones empresariales una nueva ayuda a la que podrán tener acceso 450.000 parados de larga duración. Su objetivo es facilitar la inserción en el mercado laboral a través de un tratamiento intensivo de los servicios de empleo, que se ajuste a las dificultades de colocación a las que se enfrentan muchas personas.

En otro orden de cosas, y como señalé antes, y para ayudar a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales a cumplir con las políticas sociales que son de su competencia, se han articulado instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Fondo de Pago a Proveedores. En los tres últimos años, el Estado ha proporcionado a las Comunidades Autónomas más de 122.000 millones de euros de esta manera. De ellos, más del 71 por 100 se ha destinado a financiar servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales. En este año, 2015, estamos poniendo a su disposición nuevos instrumentos de financiación y liquidez para garantizar la prestación de estos servicios básicos, por un importe de 39.869 millones de euros; año 2015. Así, por ejemplo, se crea un Fondo Social para financiar las deudas de las Comunidades Autónomas con Entidades Locales que se deriven de convenios en materia de gasto social.

Señorías,

Yo no voy a entrar en lo que son las decisiones de las distintas Comunidades Autónomas en las materias que son propias de su competencia, fundamentalmente sanidad y educación; pero sí debo recordar que medidas adoptadas por mi Gobierno han permitido que hoy haya 750.000 españoles con tarjeta sanitaria que antes no la tenían, que un millón de personas en paro de larga duración ya no paguen el 40 por 100 del precio de los medicamentos o que estemos dedicando a becas el mayor presupuesto de la historia de España.

Y no quisiera, Señorías, terminar esta parte de mi intervención sin referirme a la reforma tributaria ya en vigor desde primero de año, que pondrá en manos de los contribuyentes nueve mil millones de euros y hará posible un crecimiento adicional del PIB del 0,55 por 100. Se trata de una reforma ambiciosa, que persigue impulsar la creación de empleo, reforzar la competitividad de nuestra economía y reducir la excesiva carga fiscal sobre las nóminas. La reforma, además, configura un sistema tributario más equitativo, prestando una especial atención a los colectivos más desfavorecidos, las rentas medias y bajas, las familias numerosas y las personas con discapacidad. Veinte millones de contribuyentes cuentan ya con más renta disponible cada mes y quienes tengan rentas inferiores a veinticuatro mil euros al año se beneficiarán de una rebaja que casi duplica la rebaja media. Se ha llevado a cabo un fuerte aumento de los mínimos personales y familiares, de hasta el 32 por 100, y se han creado tres "impuestos negativos" o "cheques familiares" para familias numerosas y con personas con discapacidad, que beneficiarán a unas 750.000 familias.

En suma, Señorías, hemos logrado dotar de sostenibilidad a un Estado del Bienestar al borde del colapso y mantener las prestaciones de nuestro sistema público. Y esto no es fácil porque, como he dicho antes, la pérdida en la recaudación fue de 70.000 millones de euros, Señorías. A veces no nos damos cuenta de lo que eso significa.

Lo más importante, por tanto, no es que hayamos iniciado ya la salida de la crisis; es que lo hemos hecho sin renunciar a la cohesión social.

Y quiero hacer una mención especial, porque es de justicia, a esas clases medias de nuestro país que han soportado el coste de mantener la cohesión de nuestra sociedad durante esta durísima crisis. Creo que es necesario y es de justicia poner en valor su esfuerzo y su solidaridad.

En todo momento --lo he dicho en alguna ocasión en esta Cámara-- intentamos ser equitativos en el reparto de los costes de la crisis y, así, así quienes mantenían su trabajo o tenían unos mejores ingresos contribuyeron con su esfuerzo a ayudar a quienes habían perdido su empleo o quienes ya no tenían edad para volver al mercado de trabajo. Hemos pedido muchos esfuerzos a los españoles, Señorías, y sé que las clases medias han soportado sobre sus hombros buena parte de esos esfuerzos. Por eso quiero aprovechar esta tribuna para decir que España les debe mucho y que ahora llega el momento de empezar a aliviar su situación. En esa línea van buena parte de las propuestas que hoy voy a presentar ante esta Cámara.

Señorías,

Ahora, que hemos superado, aunque aún queda, los momentos más difíciles, podemos empezar a aplicar políticas sociales más avanzadas; pero insisto en una idea, Señorías, insisto en una idea: para avanzar en política social es preciso asentarse sobre una base sólida de crecimiento económico. El dinero no crece en los árboles, tenemos que producirlo con nuestro trabajo diario. Para repartir hay que crear porque, en caso contrario, lo que se acaba repartiendo es desesperación y miseria.

Y pasamos ahora, Señorías, a otro orden de cosas.

Nada ha suscitado tanto descontento entre los ciudadanos, y con razón, como la corrupción, lo cual es natural. Creo que el objetivo de todos es procurar evitar que estos comportamientos se vuelvan a repetir en nuestro país. Para mi Gobierno, desde luego, es un objetivo prioritario. Ya desde del primer Debate de Política General de la Legislatura, adoptamos las primeras medidas en esta dirección. Aquellas primeras reformas fueron la avanzadilla del mayor paquete legislativo que se haya presentado nunca relativo a la prevención, la disuasión y el castigo de las prácticas corruptas.

Como ustedes recuerdan, las reformas afectan desde la financiación de los partidos políticos hasta el modelo de funcionamiento de los mismos; desde la transparencia de la Administración hasta los requisitos que han de cumplir los altos cargos públicos en el desempeño de sus funciones; desde el endurecimiento de determinados delitos hasta la manera en que se pueda agilizar la instrucción de los sumarios. Me refiero, esencialmente, como saben, a la Ley Reguladora del Alto Cargo, la de Financiación de los Partidos Políticos, la Ley de Transparencia y, naturalmente, a la reforma del Código Penal.

Con cada una de estas medidas, y con todas ellas en su conjunto, hemos dado un gran paso para secar las fuentes de la corrupción, eliminar las penumbras que la protegían o agravar las penas que tenían asignadas.

Aunque no desaparezca este fraude, porque nunca desaparece el delito, hoy es ya mucho más difícil que la corrupción se produzca y, si lo hace, será mucho más difícil que pueda eludir el brazo de la Justicia y, en consecuencia, serán mucho más graves las penas que tenga que soportar.

Todavía es pronto para apreciar los frutos de estas reformas; pero puedo asegurarles que, al término de la Legislatura, España contará con una de las legislaciones más exigentes para prevenir y castigar la corrupción.

Señorías,

Permítanme que me refiera ahora a los acontecimientos que se han producido en Cataluña en los últimos meses; en particular, al referéndum de autodeterminación convocado para el pasado 9 de noviembre, una iniciativa ilegal que finalmente no se celebró y fue sustituido por una suerte de evento propagandístico carente de cualquier legitimidad democrática y cualquier efecto político.

Señorías,

Desde el primer momento dije que esa consulta no se podía celebrar, primero, porque era ilegal --lo dije yo, pero también lo dijo el Tribunal Constitucional y la mayoría de esta Cámara--; pero, además, porque era una iniciativa perniciosa que rompía la igualdad de los españoles y privaba a millones de compatriotas de su derecho a decidir qué quieren que sea su país.

Desde el primer momento mi Gobierno se empleó en la defensa de la legalidad y de los derechos de todos los españoles. Señorías, lo hemos hecho con prudencia y con determinación, con firmeza y con proporcionalidad.

Desde el primer momento nos empleamos también en defender la concordia, la convivencia armoniosa entre ciudadanos, la necesidad de hacer frente juntos a los retos que tenemos por delante y también por poner en valor lo bien que nos ha ido juntos durante nuestra larga historia común.

Claro que hubiéramos preferido que ese simulacro no hubiera llegado a celebrarse. Hubiéramos preferido que no se hubieran dilapidado tantos recursos y tanta energía en un proyecto condenado al fracaso desde el primer momento. Hubiéramos preferido que la Generalitat dedicara esos esfuerzos a superar sus dificultades financieras, a buscar la mejor manera de ayudar a sus emprendedores, a conseguir más inversiones extranjeras o estimular sus empresas exportadoras.

Señorías,

Mantengo mi disposición permanente a buscar puntos de entendimiento con la Generalitat de Cataluña como con cualquier otra Administración del Estado. Siempre desde el respeto a la Ley y a las normas que nos hemos dado entre todos. Son las que nos han garantizado décadas de convivencia pacífica, de bienestar económico, de una descentralización sin paragón en los países desarrollados en la historia de España y de respeto a la pluralidad de nuestro país.

En cualquier caso, para dejar clara mi posición quiero reiterar, una vez más, que nunca aceptaré que se pongan en tela de juicio la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales. Y tampoco permitiré que se pretenda violar lo que dice nuestra Constitución o que se pretenda modificar por procedimientos distintos de lo que en ella se establece. Porque, Señorías, España es un Estado democrático y de derecho, en el que todos, incluido este Parlamento y, por supuesto, el Gobierno y su Presidente, estamos sometidos a la Ley; todos.

Señorías,

No puedo comparecer en esta Cámara para hablar del estado de la nación sin hablar de Europa, porque para nosotros la política europea forma parte de la política doméstica.

Nuestras relaciones con la Unión Europea son parte fundamental de la política nacional y lo hemos podido comprobar de forma directa y evidente durante estos años tan difíciles de lucha contra la crisis.

Yo creo, Señorías, que Europa también ha cambiado mucho, y para bien, en estos tres años. Me refiero, por ejemplo, a la Unión Bancaria, con su sistema de supervisión único y el Mecanismo de Resolución al que se han incorporado los bancos españoles después de los magníficos resultados que obtuvieron en los test de stress realizados y que demuestran el éxito del proceso de reestructuración que se ha llevado a cabo en nuestro sistema financiero.

Desde el primer momento de la Legislatura, mi Gobierno dio la batalla en Europa para avanzar de las políticas de austeridad a las de crecimiento, del conformismo al impulso en la integración. Desde ese punto de vista, siempre he mantenido que los éxitos de nuestra política en este terreno se encuentran en nuestra capacidad de convertir los intereses estrictamente españoles en prioridades de la agenda europea; por tanto, en intereses comunes de todos los europeos.

Por ello, creo que debemos celebrar el paquete de medidas para fomentar la inversión en Europa, el llamado "Plan Juncker", que aprobó el Consejo Europeo en su reunión del pasado mes de diciembre y que enlaza con lo que hoy es la prioridad de la Unión: el crecimiento económico y la creación de empleo. Como saben, el objetivo de esta iniciativa es movilizar hasta 315.000 millones de euros entre 2015 y 2017.

Parte de estos recursos irán destinados a financiar pequeñas y medianas empresas, así como las Sociedades de Mediana Capitalización. No es necesario subrayar la importancia de este punto. Sencillamente, les recuerdo, Señorías, que este tipo de empresas suponen la parte principal de nuestro tejido empresarial y las mayores creadoras de empleo.

El otro componente del "Plan Juncker" son los proyectos de infraestructura de alcance europeo en áreas como redes digitales o energía; pero también en transporte, educación, investigación y desarrollo, eficiencia energética o energía renovable. España ha identificado ya una serie de proyectos que encajarían en esas pautas. Seguimos trabajando en ese proceso que es vivo y dinámico.

Además de este plan de inversiones, el Consejo Europeo de diciembre encomendó a la Comisión una propuesta de extraordinaria importancia para nuestro país y que también es susceptible de acogerse a la financiación del "Plan Juncker". Se trata de avanzar en el mercado común de la energía mediante el desarrollo de las infraestructuras energéticas y, singularmente, de las interconexiones.

Esta cuestión resulta esencial para conseguir que la Península Ibérica deje de ser una isla energética y para equilibrar nuestros precios con los de nuestros vecinos. El interés de España y Portugal, tantas veces pospuesto, coincide ahora con un interés estratégico del conjunto de Europa, que lograría diversificar sus fuentes de energía y evitar situaciones de dependencia que puedan operar contra el interés de sus ciudadanos.

Señorías,

La semana pasada tuve la satisfacción de inaugurar una nueva interconexión de alta tensión entre España y Francia, con el primer ministro francés, el señor Valls. Se trata de una infraestructura vital que nos acerca al objetivo de lograr una capacidad de interconexión entre ambos países del 10 por 100 de la capacidad instalada; objetivo, que, por cierto, lleva muchos años de retraso.

El gran avance experimentado en este campo es que el Consejo Europeo ha asumido que esa reclamación histórica de España y Portugal de incrementar las conexiones energéticas con Europa pase a formar parte de las prioridades de actuación del conjunto de la Unión.

A tal efecto, mi Gobierno está organizando una Cumbre en Madrid para el próximo 4 de marzo, a la que asistirán el presidente francés, François Hollande; el primer ministro portugués, Passos Coelho; el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, con el objetivo de dar un impulso determinante a esta cuestión.

Señorías,

A pesar de las dificultades, Europa va dando pasos en la buena dirección y, por cierto, el reciente acuerdo con Grecia es buena prueba de ello.

Mi Gobierno acoge con gran satisfacción el acuerdo del Eurogrupo celebrado el pasado viernes. En él se constata la voluntad del Gobierno griego de seguir cumpliendo con las normas y con los acuerdos de la Eurozona, de mantener el actual marco institucional de desarrollo del programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional, el BCE y la Comisión Europea, o sea, las instituciones, y de concluir con éxito el actual programa.

No ha sido fácil llegar a dicho acuerdo. Por un lado, están las reglas y compromisos de la zona euro en cuanto a asistencia financiera --sólo con Grecia, el Estado español ha comprometido más de veintiséis mil millones de euros-y, por otro lado, estaba la pretensión del nuevo Gobierno de redefinir su deuda y su política económica, a pesar de los compromisos adquiridos en el actual programa. Pues bien, Señorías, después de tres reuniones del Eurogrupo y una del Consejo Europeo, la conclusión de estas negociaciones se ha enmarcado en el mejor espíritu europeísta que define a todos los Estados miembros. Eso fue lo que pasó. Se cumplirán los compromisos, se aplicará flexibilidad allá donde estaba previsto y cómo estaba previsto, y permanecen intactas las garantías que obtuvimos los países acreedores cuando hicimos el esfuerzo de solidaridad con Grecia. Realmente, no podía ser de otra manera y eso es bueno que lo sepan los ciudadanos.

Señorías,

Esto es así porque el euro es uno de los más importantes componentes del proyecto de integración europeo, porque todos los Estados que formamos parte de la Eurozona tenemos que asumir derechos, pero también obligaciones, particularmente todas aquellas que garanticen la sostenibilidad de la moneda común. La Unión Europea es una comunidad de derecho donde las reglas han de ser observadas por todas las partes que las suscriben. Esto no es un club a la carta y no hay cabida, ni para imposiciones, ni para medidas unilaterales. Señorías, es bueno que lo sepamos.

Los principios que rigen la Eurozona son los de responsabilidad y solidaridad; por suerte Señorías. Y ambos son caras de la misma moneda. La Unión Europea ha actuado con gran solidaridad hacia Grecia, con una enorme solidaridad, y aquí hemos aprobado esa solidaridad por unanimidad, señoras y señores diputados. Pero, claro, esa solidaridad exige también idéntica responsabilidad por parte de los Gobiernos griegos.

Por eso celebro este acuerdo; fundamentalmente, porque es muy bueno para Europa y para el futuro de Europa.

No quisiera terminar esta parte de mi intervención sin hacer referencia a otros dos asuntos, también importantes, que han ocupado mucho tiempo en los últimos Consejos Europeos y que nos preocupan especialmente como europeos y españoles.

Me refiero, en primer lugar --lo haré con brevedad; a lo mejor por la tarde puedo extenderme, pero creo que es importante que yo haga una referencia a este asunto--, a la crisis de Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno apoyamos el acuerdo alcanzado en Minsk por los presidentes de Rusia, Ucrania, el presidente de la República francesa y la canciller alemana, que brinda una nueva oportunidad para lograr una solución a esta crisis.

Para nosotros es muy importante que la Unión Europea mantenga una posición unida en relación con la situación en Ucrania. Creo que toda solución deberá ser política y negociada, y garantizar la independencia y la integridad territorial de Ucrania.

La Unión Europea seguirá prestando a Ucrania su respaldo político y financiero, como lo prueba un nuevo tramo de ayuda macro financiera por importe de 1.800 millones de euros, que se suma a los 11.100 millones comprometidos con anterioridad. La solución de la crisis habrá de incorporar necesariamente a Rusia, que es un socio y vecino principal de la Unión Europea, y que debe velar por el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.

Ésta es la posición que estamos defendiendo y en la que coincidimos con nuestros socios europeos.

En segundo lugar, quiero llamar la atención de Sus Señorías sobre otro asunto que saben todos los aquí presentes muy importante: la Declaración aprobada en el Consejo Europeo de febrero sobre la lucha contra el terrorismo yihadista, que ha contado con contribuciones españolas y cuya redacción final cuenta con nuestro pleno respaldo. Por cierto, aprovecho este momento para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la brillante operación que han llevado a cabo en el día de hoy contra el terrorismo yihadista y que es la continuación de otras muchas de los últimos días.

Señorías,

A petición del Presidente Tusk, intervine en el debate para trasladar la experiencia de España en el combate contra esta lacra. Esta experiencia nos ha enseñado, y así lo expliqué a mis colegas del Consejo Europeo, que el Estado de Derecho puede derrotar al terrorismo sobre la base de tres condiciones: compromiso político y social, decidida y constante acción policial y judicial, y cooperación internacional. Me referí al reciente Pacto de Estado con el Partido Socialista Obrero Español, firmado el pasado 2 de febrero, destacando que es parte fundamental del consenso político y social e imprescindible para afrontar con éxito a esta grave amenaza.

Un elemento prioritario es el reforzamiento del control en las fronteras exteriores de la Unión Europea, salvaguardando todos los avances que hemos logrado en el acervo Schengen. Ello nos permitirá incrementar la seguridad, preservando la libre circulación de personas. Es necesario, asimismo, impulsar la cooperación internacional con terceros Estados.

Me complace en especial que, a iniciativa de España, la declaración incluya un reconocimiento al papel de las víctimas y del mantenimiento de su memoria. Nadie como ellas puede transmitir fielmente el testimonio de la sinrazón terrorista y la superioridad moral de los demócratas frente a los que atentan contra la libertad y los derechos de todos.

Señoras y señores diputados,

Queda menos de un año para el fin de esta Legislatura; una legislatura en la que hemos sentado las bases para un crecimiento sostenido y un bienestar sostenible, y en la que empezamos ya a constatar los resultados de las reformas, a recoger los frutos de tantos esfuerzos.

Hoy somos el país que más crece y el que crea más empleo de todas las grandes economías de la zona euro. Señorías, el que más crece y el que más empleo crea. Nadie, nadie, lo esperaba hace tres años; pero nadie duda hoy que este año España seguirá liderando el crecimiento económico y la creación de empleo.

Hemos recuperado la confianza, porque hemos demostrado nuestra determinación a la hora de tomar medidas y prudencia a la hora de valorar sus efectos. Por eso, esperamos una mejora adicional de las previsiones de crecimiento para este año.

Les anuncio que el Gobierno puede anticipar, en este momento, que en 2015 el crecimiento de la economía española alcanzará el 2,4 por 100. Cuatro décimas más de lo que se preveía hasta ahora.

Señorías,

No es una predicción producto del voluntarismo, sino todo lo contrario, porque son numerosos los analistas que dicen que, probablemente, superaremos esa cifra. Desde luego, el Gobierno trabajará para que así sea, como hemos hecho hasta ahora. Los antecedentes demuestran que, con el trabajo de todos, la realidad puede superar las expectativas oficiales, como ya ocurrió aquí en 2013 y 2014.

Las bases para conseguirlo están ahí, ya están construidas. Nuestra economía ya no se basa en el endeudamiento; se basa en la confianza y en la competitividad. Por eso, prevemos que el consumo siga creciendo en torno al 3 por 100, de manera coherente a como lo ha hecho en 2014. La inversión en bienes de equipo crecerá por encima del 7 por 100 y, como novedad, tras siete años consecutivos de caída, lo hará también en la construcción, residencial y no residencial.

Anticipamos también un mejor comportamiento del sector exterior. La balanza de pagos por cuenta corriente registrará superávit y la capacidad de financiación de la economía española al resto del mundo será superior al 1 por 100 del PIB.

Por otro lado, el comportamiento de los precios seguirá siendo especialmente favorable para la economía española.

Con estas previsiones estaremos claramente en condiciones de crear más de quinientos mil empleos en este año 2015. Es decir, llegaremos al final de la Legislatura con un millón de empleos creados durante 2014 y 2015.

Por eso mismo, porque este Gobierno cumple sus objetivos y supera sus previsiones, seguiremos trabajando. Hay quien podría pensar que únicamente resta esperar a la cosecha. No es el caso de este Gobierno. La Legislatura no está agotada y nuestra agenda reformista, por tanto, tampoco. Nuestra tarea en este último año de Legislatura es aprovechar al máximo el crecimiento, consolidar la recuperación y extender sus efectos a todos los niveles. Para eso no es necesario cambiar de política, sino seguir haciendo políticas para el cambio, para favorecer, primero, la creación de empleo y la calidad del mismo; segundo, y en consecuencia, la mejora del bienestar social; tercero, y necesariamente, la solidez del crecimiento y la competitividad; y, cuarto, la estabilidad institucional necesaria para acometer estas tareas con éxito. Esa será nuestra Agenda de aquí al final de la Legislatura.

Señorías,

He comenzado por el empleo, porque sigue siendo nuestra mayor preocupación y nuestra prioridad esencial.

Seguiremos trabajando para favorecer la creación de empleo estable y de calidad, y la inserción laboral de los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Por ello, una vez que finalice la vigencia de la tarifa plana para contratación, pondremos en marcha una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos. Los primeros quinientos euros del salario estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social.