Intervención de Mariano Rajoy

Presidente.- Muy buenas tardes. El pasado 25 de octubre terminaba yo mi intervención en el XIV Congreso de este Instituto con las siguientes palabras: "…si los españoles nos dan su confianza, no me tendrán aquí sólo una vez al año en sus Congresos, sino de manera permanente, dispuesto a escucharles, a compartir sus inquietudes y a dialogar sobre sus propuestas.".

No han pasado seis meses y de nuevo estoy aquí con todos ustedes. Sólo hay una pequeña diferencia: ahora soy Presidente del Gobierno porque así lo han querido la mayoría de los votantes. Entonces dije que no hablaba, como en anteriores ocasiones, como principal dirigente de la oposición, sino como aspirante a obtener la confianza de los españoles para ocupar la Presidencia del Gobierno. Y en razón de eso, añadía lo siguiente: "no voy a hablar de lo que creo que tiene que hacerse, sino de lo que haríamos, inmediatamente, en el caso de obtener esa confianza de nuestros conciudadanos ".

Es hora, pues, de dar cuenta de esos compromisos aunque, de antemano, quiero dejar claro que yo vengo aquí más a escuchar que a decir porque, como decía José Manuel Entrecanales, esta institución lleva veinte años de andadura haciendo propuestas --la mayoría, oportunas y acertadas-- y no es cuestión, en estos tiempos difíciles, de perder la oportunidad de escucharlas.

Pero antes de entrar en todo esto, permítanme un capítulo de agradecimientos y felicitaciones: a José Manuel Entrecanales, nuevo presidente de este Instituto, mis felicitaciones por su nombramiento y el deseo de que, como mínimo, alcance los mismos éxitos que ha cosechado su predecesor, Isak Andic. Además, debo agradecerte, Presidente, tanto tu intervención como tus cariñosas palabras de acogida. Al Instituto de Empresa Familiar quiero darle las gracias también por su invitación a este acto especial que coincide con su vigésimo aniversario. Y a todos ustedes, también muchas gracias por su generosa recepción.

Queridas amigas y amigos,

Como les decía antes, quiero dar cuenta de los compromisos que contraje ante ustedes durante su Congreso del pasado mes de octubre. Hablé entonces de la necesidad de la estabilidad presupuestaria, de una reforma laboral, de una reforma del sistema financiero, de las Administraciones públicas, etcétera. Como veremos más tarde, estamos cumpliendo con esos compromisos; pero quiero empezar por algo que, de momento, no hemos podido cumplir: debemos explicar lo que hacemos y lo que no hacemos, y las razones que nos obligan a ello.

Una de las cosas que hace seis meses les dije, textual, es que "subir los impuestos significaría aumentar la depresión que hoy padece nuestra economía". Y, sin embargo, hemos tenido que adoptar medidas coyunturales de subida de los impuestos por tres años; insisto, coyunturales.

Sigo pensando lo mismo que pensaba entonces respecto a la subida de impuestos. La diferencia, diferencia esencial, radica en que el objetivo fundamental en estos momentos, hoy, en España, es la reducción del déficit público y, si no cumplimos con eso, todo lo demás sobra: no podremos financiar nuestra deuda y no podremos hacer frente a los compromisos que hemos adquirido. Piensen que este año, éste, 2012, incluso cumpliendo todos los objetivos, tendremos que financiar un déficit de 56.400 millones de euros; dicho de otra forma, tenemos que pedir prestados más de nueve billones de las antiguas pesetas.

¿Cuál es la diferencia, pues? Que en octubre, cuando estuve en su Congreso, yo, confiado en lo que me decía entonces el Gobierno socialista, pensaba que nuestro déficit de 2011 sería de 64.000 millones de euros y, en cambio, ha alcanzado los 91.350 millones de euros. No fue el déficit el 6 por 100 del PIB, sino el 8,5 por 100. Como consecuencia de ello, en vez de afrontar un ajuste presupuestario de poco más de 17.000 millones de euros, que era lo que tendríamos que haber hecho si hubiéramos cumplido nuestros compromisos, nos enfrentamos, simplemente, a uno del doble, a pesar de que hemos tenido que asumir un objetivo menos ambicioso de consolidación fiscal: del 4.4 por 100 al 5.3 por 100.

La consecuencia está clara: aunque hemos hecho recaer la mayor parte de esta nueva exigencia de reducción del déficit sobre el capitulo de gastos, no hemos podido evitar introducir aumentos temporales de impuestos para cuadrar las cifras.

Salvo esto, cuya causa acabo de explicar, la mejor prueba de que lo que estamos haciendo no responde a ninguna improvisación es que es exactamente lo que les dije que haríamos si llegábamos al Gobierno. Sucede que, como hemos llegado en las condiciones que ya todos conocen, lo estamos teniendo que hacer más deprisa y más a fondo de lo que habíamos previsto. El mismo sentido, pero con mayor ritmo.

Este Gobierno ha tenido que hacer en cuatro meses buena parte de lo que no se hizo en muchos años.

Y ahora vayamos a los cumplimientos y al contexto en el que todo esto se desenvuelve.

La grave situación económica que vivimos desde hace años ha terminado con cientos de miles de negocios y ha reorientado los objetivos de otros muchos a una cuestión de supervivencia. Ustedes lo saben mejor que yo, pero no es mi intención traer a colación herencias o legados. De sobra son padecidos y de sobra serán recordados. Nuestro pasado reciente nos debe ayudar a construir unas bases sólidas de futuro sobre lecciones aprendidas, nuevos objetivos y horizontes ambiciosos.

Como saben, la política económica del Gobierno tiene un único y gran objetivo, éste sí, compartido con todos los españoles: la reactivación del crecimiento económico y la creación de empleo. Pero saber a dónde vamos y por dónde avanzamos implica tener muy presentes las condiciones de partida, y no me voy a extender en ellas. Un alto endeudamiento tanto público como privado; una escalada insostenible de indisciplina fiscal y déficit público; un sector financiero incapaz de canalizar el ahorro hacia la inversión y una pérdida de competitividad externa agravada por la falta de voluntad política a la hora de poner en marcha las reformas necesarias, han sido, todas ellas, circunstancias que nos situaron en la peor condición de partida imaginable para afrontar la peor coyuntura económica y financiera posible.

El resultado ha sido un deterioro económico que nos deja este año unas previsiones de caída del PIB del 1,7 por 100; nos deja también, y como decía antes, un déficit público del 8,5 por 100 del PIB en 2011; una desviación que ha redundado en un encarecimiento de la financiación, provocado por la desconfianza y la falta de liquidez en los mercados bancarios y de deuda, y, lo más doloroso, nos dejó un impacto gravísimo en las viejas estructuras del mercado de trabajo, que ha destruido, tanto el empleo, como las ilusiones de muchos millones de españoles; entre ellos, familias enteras y, como se ha recordado hoy aquí por el presidente, la mitad de nuestra juventud.

Pues bien, el Gobierno ha puesto en marcha una agenda de reformas necesarias, no siempre fáciles, que permitirá dar la vuelta a esta situación y restaurar el crecimiento y la creación de empleo, manteniendo la cohesión social.

Alguien dijo que el comienzo es más de la mitad del todo. Hemos hecho mucho en estos cuatro meses de Gobierno, pero les adelanto que aún estamos en el kilómetro cero de una larga senda reformista que se prolongará hasta el último día de la Legislatura; una senda reformista que, además, y esto lo hace especialmente duro, no deja frutos inmediatos a su paso, pero que les aseguro que marcará un antes y un después en la capacidad de la economía española para crecer y crear empleo, porque ello implica hacer frente a nuestros desafíos estratégicos con decisión firme, visión a largo plazo y objetivos claros, por encima de cualquier revés pasajero o coyuntural, que los hay y los va a seguir habiendo.

Son cinco los vectores de este gran cambio estructural que tenemos entre manos, cinco: una consolidación fiscal compatible con el crecimiento; la modernización de las Administraciones públicas; la restauración del canal del crédito a la actividad económica; el impulso al crecimiento y la competitividad, y, el último, la creación de empleo.

La recuperación de la economía española y del conjunto de la zona euro depende del cumplimiento simultáneo de dos reglas esenciales en el contexto de la Unión Monetaria: la estabilidad presupuestaria y la flexibilidad y competitividad de las economías. El Gobierno presentará este mes de abril dos documentos esenciales para definir y profundizar en la agenda de reformas de la economía española: el Programa de Estabilidad 2012-2015 y, dentro de él, el Programa Nacional de Reformas 2012.

La recuperación económica se asienta, en primer lugar, en la corrección de los desequilibrios de las cuentas públicas. La historia de nuestras anteriores crisis nos ha enseñado que el equilibrio macroeconómico es condición necesaria para salir de ellas y crear empleo, y es también condición necesaria para que empresarios como ustedes dejen de ser desplazados del acceso al crédito por las necesidades financieras de las Administraciones públicas.

Por ello, insisto, la prioridad más urgente hoy, cuando necesariamente hay que fijar prioridades, es el control del déficit y la vuelta a la estabilidad presupuestaria.

Yo creo que poca gente alberga dudas a estas alturas, pero por si acaso lo volveré a repetir: el Gobierno cumplirá su compromiso de reducir el déficit público al 5,3 por 100 en 2012 y al 3 por 100 en 2013. Repito esta afirmación rotunda porque soy consciente, absolutamente consciente, de los graves problemas que afrontamos estos días, derivados, en buena medida, de la pérdida de credibilidad de nuestra economía, de la economía de nuestro país, que, siendo uno de los más endeudados del mundo, trató de superar la crisis financiera mundial aumentando el déficit público y la deuda de nuestras Administraciones.

Pero ahora el escenario ha cambiado: yo presido un Gobierno con una enorme fortaleza política, derivada de las pasadas elecciones de noviembre. El Partido Popular gobierna, además, multitud de administraciones autonómicas y locales. Los españoles nos han dado un mandato claro para superar esta crisis y nuestra apuesta es por la estabilidad económica y por las reformas en todos los niveles de la Administración.

Nadie, ni gobernantes ni instituciones, dentro o fuera de nuestro país, deben dudar, ni sembrar dudas, sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea. Pero tampoco nadie puede esperar que en pocas semanas se resuelvan cuestiones tan largamente enquistadas en el tiempo. Nadie lo puede esperar, porque todos saben que esto no es posible.

El proyecto reformista de mi Gobierno ha sido merecedor del apoyo expreso de las instituciones europeas e internacionales, cuya misión es velar por la vigencia de políticas que, con realismo y decisión, acometan la solución de la crisis. Exactamente lo que estamos haciendo en España.

En este sentido, como saben, el Gobierno adoptó en su primer Consejo de Ministros, el 30 de diciembre, medidas correctoras inmediatas de déficit público por valor de quince mil millones de euros. Nos hemos dotado, además, de dos herramientas fundamentales para reducir el déficit y la deuda en todos los niveles de la Administración:

• En primer lugar, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada la semana pasada con un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados. Esta norma, que incorpora la "regla de oro", garantizará la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecerá la confianza en la estabilidad de nuestra economía y reforzará el compromiso irrenunciable de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.
• El segundo gran instrumento son los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Gracias a ellos, alcanzaremos el mencionado objetivo para este año del 5,3 por 100 de déficit.

Ya conocen ustedes gran parte de su contenido; entre otros, los veintinueve mil millones de euros, os sea, cinco billones de las antiguas pesetas, que tendremos que destinar a pagar los intereses de nuestra deuda. Y destaco este punto, porque unos Presupuestos Generales del Estado en los que, dejando a un lado la Seguridad Social, las dos principales partidas corresponden a las prestaciones por desempleo y al pago de los intereses de la deuda, señalan por sí mismos la gravedad de la situación.

Estos Presupuestos representan algo más que un responsable ejercicio de credibilidad y el mayor esfuerzo en el control del gasto de nuestra democracia --insisto, el mayor y con una diferencia abismal sobre cualquier otro--; son, además, unos Presupuestos eficaces de cara al crecimiento futuro y a la creación de empleo.

Son también unos Presupuestos justos y equitativos, aunque recogen medidas muy difíciles en un contexto de extrema necesidad; medidas, algunas de ellas, que tal vez --tal vez no, seguro-- no cosechen aplausos unánimes; pero que pondrán coto al gasto público y preservarán los servicios públicos esenciales en un Estado de Bienestar como el nuestro, porque, como en el resto de la acción del Gobierno, la pauta de elaboración de estos Presupuestos ha sido el interés general de España y de los españoles, el único criterio que tengan ustedes la total y absoluta certeza y la total convicción que sirve de guía a este Presidente que les habla y al conjunto del Gobierno, el único: el interés general de los españoles.

En consecuencia, amigas y amigos, la Administración Central rebajará su déficit en 17.800 millones de euros en 2012, es decir, 1,6 puntos porcentuales de nuestro PIB; pero quiero señalar, además, que la consolidación fiscal es una tarea que implica a todas las Administraciones, a todas sin excepción.

El déficit de las Comunidades Autónomas se reducirá este año en 1,4 puntos porcentuales, y el de las Entidades Locales y de la Seguridad Social lo hará en 0,1 puntos. Las Autonomías adaptarán en pocas fechas sus presupuestos a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado y actualizarán sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Y todo ello será revisado a principios del mes que viene, de mayo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Quiero añadir aquí que el Estado se ha dotado de instrumentos de control y disciplina de las cuentas de las Administraciones autonómicas y locales, algo inédito hasta ahora. Estos instrumentos están incluidos ya en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la Ley de Transparencia y en el plan de pago a proveedores, así como en todos los mecanismos que apruebe el Estado a favor de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que atraviesen problemas puntuales de liquidez.

Para entendernos, si todas las Administraciones han sido responsables del descontrol del déficit, ahora todas las Administraciones serán responsables de su control, y el Gobierno cumplirá y hará cumplir, como no podía ser de otra manera, y más en las circunstancias en que estamos viviendo.

Equilibrar las cuentas es un esfuerzo de todos, pero más vale afrontar ese esfuerzo que tener que afrontar peores problemas. Y para realizar este esfuerzo conjunto tengo que decirles que he percibido la mejor de las actitudes del conjunto de las Administraciones implicadas. A lo mejor, resignada; pero en cualquier caso comprometida con el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

Queridos amigos,

Junto con estas medidas de disciplina fiscal y económica de las Administraciones Públicas, hemos tenido que abordar con contundencia el gravísimo problema del fraude fiscal en este país y en próximas fechas el fraude a la Seguridad Social y el fraude en la percepción del seguro de desempleo.

Como saben, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude, que incluye un abanico de iniciativas eficaces para combatir la economía sumergida, garantizar la equidad tributaria y mejorar la capacidad de recaudación de la Hacienda pública.

Estos avances van a ser decisivos en la estabilidad de las cuentas públicas, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a abordar una profunda modernización y racionalización de la Administración pública, y con estas medidas lograremos eliminar duplicidades y ajustar el tamaño de nuestras Administraciones hasta niveles coherentes con el tamaño de nuestra economía. No puede haber cuatro niveles de administración haciendo las mismas cosas de la misma forma, en los mismos sitios y al mismo tiempo. Simplemente, no puede ser.

En este contexto, destacan ya la reforma de los Organismos Reguladores y el Plan de Restructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional que tenemos en marcha.

Asimismo, vamos a emprender pronto, esta semana, y de inmediato, por tanto, reformas en la sanidad y en la educación. Estos dos servicios públicos son fundamentales en el Estado de Bienestar. Por eso mismo, es de la mayor importancia abordar las reformas necesarias que van a garantizar su calidad, su sostenibilidad y la eficiencia en su gestión.

Finalmente, vamos a iniciar la reforma de las Administraciones públicas, una iniciativa inédita en treinta años de democracia.

En suma, la disciplina presupuestaria y la racionalización del sector público son reformas buenas y necesarias en sí mismas; pero, además, se traducirán en una reducción de los diferenciales de tipos de interés y en una normalización del acceso a la financiación.

En esta línea, el tercer gran paso hacia la reactivación económica se sustenta en la reforma del sistema financiero. La restructuración de nuestro sistema financiero tiene un objetivo primordial, reactivar el crédito, de manera que vuelvan a financiarse proyectos viables que contribuyan a la creación de empleo, a la competitividad de nuestras empresas y, en última instancia, al crecimiento económico.

Eso sólo ocurrirá cuando las entidades españolas refuercen su solvencia y credibilidad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El resultado será un sector bancario saneado, capitalizado, con menos entidades, pero más eficientes y con capacidad de acceder a financiación en los mercados. Tampoco es fácil hacer eso, créanme ustedes.

Señoras y señores,

Es una triste obviedad insistir en que la necesidad de combatir el desempleo es especialmente urgente en nuestro país.

Todo el mundo conoce ya la reforma laboral que aprobó el Gobierno y que está actualmente en trámite parlamentario. Sólo quiero decir que esta reforma es una verdadera modernización y puesta al día de nuestro mercado laboral, que así entra por fin en el siglo XXI. Es una reforma buena, encaminada a dotar de flexibilidad a nuestras relaciones laborales, a evitar que los ajustes se hagan, como se han hecho en estos últimos años y todo el mundo conoce, vía destrucción de empleo y a posibilitar que, cuando llegue el crecimiento económico, éste se traduzca rápidamente en creación de puestos de trabajo.

Las medidas impulsadas tienen como objetivo prioritario a quienes están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias negativas de la crisis económica, esto es, a los jóvenes, hoy aquí citados, a y las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, destaca el establecimiento de un nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores; una modalidad que está diseñada para las empresas de menos de cincuenta trabajadores y que prevé importantes incentivos fiscales y en materia de Seguridad Social.

Todas estas actuaciones vienen acompañadas de un conjunto importante de medidas dirigidas al apoyo al tejido empresarial español, al aumento de la flexibilidad y a la mejora de la competitividad de la economía española.

Entre los avances del Gobierno en este sentido cabe recordar una medida también sin precedentes --cuatro puntos, por cierto, de deuda pública--: el mecanismo de pago a los proveedores de Entidades Locales y Comunidades Autónomas adheridas, recientemente aprobado por el Gobierno. Este mecanismo es una operación económica de gran magnitud, que inyectará a las empresas unos 35.000 millones de euros, un dinero que irá a parar a las empresas, a todas, a muchas Pymes y autónomos, aliviando su situación a través del pago de facturas impagadas.

En otro orden de cosas, a salida de la recesión pasa, necesariamente, porque nuestras empresas compitan en el exterior y, para ello, el mercado interior debe favorecer la competencia, la flexibilidad y la racionalización de costes. Así, vamos a seguir eliminando restricciones en el mercado interior:

• Con la Ley de Apoyo a la Actividad Comercial se eliminarán la mayoría de licencias previas municipales de apertura, actividad, funcionamiento y obras.
• Con la Ley de Unidad de Mercado se suprimirán las barreras al desarrollo de actividades económicas en todo el territorio nacional.

Vamos a continuar fomentando la competencia en el mercado nacional, en especial en servicios de especial importancia como las telecomunicaciones, cuya prestación en condiciones de competencia, no sólo favorece a las empresas, sino a todos los consumidores.

Vamos a seguir mejorando la educación y capacitación de la mano de obra, sin duda alguna un tema capital, porque el capital humano cualificado es un pilar básico de la recuperación. Para ello, impulsaremos reformas en la educación secundaria y en la formación profesional.

Y vamos a seguir racionalizando costes y explotando la ventaja competitiva de nuestra economía. Por ello, apostamos por una reforma profunda del sector energético, que también les digo que es muy complicada, clave para la producción de bienes y servicios en un país como España, con un elevado grado de dependencia energética; en breve presentaremos un Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, porque una red de infraestructuras de calidad es imprescindible para vertebrar el territorio y reducir los costes de distribución asociados al transporte; y seguiremos implantando medidas en inversión en I+D+i, punto indispensable para incrementar el valor añadido de nuestro modelo productivo.

Amigas y amigos,

La excelencia de las empresas españolas, como las representadas en el Instituto de la Empresa Familiar, requiere de una política económica que esté a su altura y este Gobierno, no les quepa duda, va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país. Por eso, allí donde haya una empresa española, allí estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses.

La semana pasada fue Polonia; mañana serán México y Colombia, y mi compromiso con la empresa española y su internacionalización es firme y constante. La acción exterior del Estado está a disposición de los emprendedores. Foros empresariales y conferencias de inversores son puentes abiertos a la cooperación entre empresas españolas y las oportunidades de negocio en el mundo entero. Pronto haremos una con participación de la canciller alemana en Madrid y pronto también haremos una en Madrid y en Varsovia.

Voy concluyendo ya.

La agenda de reformas que, a grandes rasgos, les acabo de exponer comparte los objetivos del sector empresarial español: poner unas bases sólidas para que la economía se reactive y se vuelvan a crear puestos de trabajo. Estas medidas cuentan con toda la voluntad política del Gobierno para su implantación. Con nuestra agenda reformista, el Gobierno ha marcado un rumbo claro para que España vuelva a ocupar la posición que merece y le corresponde: la posición de liderazgo que tantas de nuestras empresas tienen en el mundo.

En resumen, queridas amigas y amigos, éste es el plan del Gobierno.

Estamos atravesando, para qué vamos a engañarnos, una situación muy difícil. El grave deterioro económico y la insoportable cifra de personas que no pueden trabajar nos sitúan en un escenario del que tenemos la obligación de sacar a España cuanto antes.

Estamos en medio de todas las turbulencias que definen la actual situación económica europea. A cualquiera se le alcanza que esto incrementa nuestras dificultades y nos exige ser más rigurosos y exigentes para reconstruir nuestra imagen de nación solvente y responsable.

Es obvio que nos hemos visto obligados a tomar medidas extraordinariamente duras, y también nos vemos obligados a hacerlo en el futuro, porque así lo exigen las circunstancias, y no vamos a dejar de hacer todo lo necesario para hacer frente a las dificultades actuales y sentar las bases para la prosperidad del futuro.

Como podrán entender, hubiéramos preferido gobernar en condiciones más favorables. No es agradable tomar según qué medidas; pero los españoles nos han elegido para que las cosas cambien. Éste ha sido el mandato expreso y claro de las urnas. Hemos aceptado esa responsabilidad y nos proponemos cumplirla.

Hay cosas que no estamos haciendo por gusto, sino por pura necesidad, y hay otras que había que hacerlas, y los españoles lo saben. Saben que en este tiempo no nos queda otro camino que el de la austeridad, el ahorro y las reformas. Con ese mensaje pedimos su confianza y la obtuvimos con creces. Ese mandato es nuestro principal activo dentro y fuera de España.

No es la primera vez que nuestros compatriotas son convocados a un esfuerzo de austeridad, disciplina y generosidad para hacer frente a las dificultades y acometer un proyecto de bienestar colectivo Ya lo hicieron en ocasiones anteriores, con mayor o menor resignación, pero aceptando los sacrificios, aceptando lo que es inevitable. Hoy volvemos a pedirles a los españoles ese esfuerzo y confiamos en su respuesta generosa, porque no nos queda otro remedio y porque cualquier otra alternativa sería muchísimo peor.

Pedimos a los españoles que acepten este enorme esfuerzo porque, además, no es un esfuerzo sin horizonte y porque de esta situación vamos a salir. Estamos sembrando para asegurar su propio futuro, como ya ocurrió en 1996. Lo que nos piden es que ese futuro llegue cuanto antes y que los sacrificios se repartan de manera equitativa, y así lo vamos a hacer.

Aquello, lo de 1996, exigió también esfuerzos, sacrificios y estrecheces, pero en dos años logramos abrir la puerta a una de las etapas más brillantes de la economía española. Soy consciente de que las circunstancias no son, ni por asomo, las mismas; pero el método y el sentido último de las actuaciones sí lo son. Por eso, no vamos a improvisar, ni nos vamos a impacientar, pero tampoco vamos a detenernos. Ni dejaremos de hacer nada de lo que sea necesario, ni abandonaremos el esfuerzo de que España esté cuanto antes recuperada.

Se nos podrán reprochar algunas cosas, seguro; pero nunca la cobardía de no cumplir con nuestro deber por temor a los riesgos o a la impopularidad.

Ahora bien, de nada servirían los sacrificios si no estuviéramos dispuestos a sostener el rumbo sin bandazos, sin improvisaciones y sin temor, porque nuestra responsabilidad no concluye con recuperar el crecimiento económico y el empleo. Eso sería poco más que conformarnos con salir del apuro y dejar el trabajo a medio hacer.

Hemos de salir de la crisis pero, a partir de ese momento, España tendrá que desenvolverse en un mundo distinto del que hemos conocido hasta hoy, mucho más exigente y mucho más competitivo.

Nuestra obligación es poner en pie la España del siglo XXI, capaz de afrontar unos retos para los que no estábamos preparados porque, o bien antes no existían, o no nos apremiaban en el grado en que lo harán en el futuro. Por eso nuestras reformas no quieren ser alicortas, sino ambiciosas; reformas que nos sirvan para mucho más que salir del apuro; reformas que tendríamos que acometer aunque no estuviéramos en crisis. Ésta es nuestra tarea.

Sé y soy absolutamente consciente de que no estoy en condiciones todavía de dar ninguna buena noticia a los españoles. La mejor noticia es que estamos actuando ya, que lo hacemos en la dirección correcta, que estamos aplicando el tratamiento adecuado y que no tardaremos en detener el desplome económico, como paso previo para comenzar a construir.

Tenemos por delante una gigantesca labor, que está a nuestro alcance y que nos compromete a todos; a ustedes también, como españoles y como empresarios, porque son un engranaje muy importante, un engranaje decisivo, en la maquinaria económica y porque su contribución al esfuerzo común es algo de lo que no se puede prescindir. Y con ella cuento y se lo agradezco por adelantado y por atrasado.

Nada más y muchas gracias.