Intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

• La economía crecerá una media de, al menos, el 2,5 por 100 hasta 2020
• Este crecimiento económico seguirá trasladándose de manera intensa al empleo. Podemos acabar 2019 con veinte millones de ocupados y reducir la tasa de paro al 11 por 100. Les recuerdo que ha llegado a estar en más del 26 por 100
• El año que viene el déficit público, que llegó a ser del 11 por 100, descenderá por debajo del 3 pro 100, con lo que saldremos del Procedimiento de Déficit Excesivo y podremos estar en 2020 cerca del equilibrio presupuestario
• Esta corrección también se trasladará a otras magnitudes económicas como la deuda pública, que puede descender hasta siete puntos porcentuales. Nuestro objetivo es que en 2020 se sitúe en torno al 91 por 100.
• Y mantendremos nuestro superávit en la balanza por cuenta corriente en torno al 2 por 100.

En definitiva, podemos completar satisfactoriamente la ingente tarea que comenzamos hace ahora seis años cuando llegamos al Gobierno. El objetivo no es solo recuperar la riqueza y el empleo perdidos; es hacerlo con una profunda transformación de nuestra economía que nos permita garantizar nuestro modelo de bienestar y protección social.

El futuro de las pensiones, de las becas, de la sanidad pública, de las ayudas a las familias, de la calidad de nuestros servicios, la educación…., todo eso depende del éxito en la gestión económica. Existen en España catorce millones de personas que cada mes perciben algún tipo de renta pública; la mayoría, pensionistas. La tranquilidad de todas esas personas depende, principalmente, de una buena política económica que permita mantener nuestro sistema de protección social.

No es posible hacer política social sin recursos y los recursos solo pueden venir de una economía saneada y próspera. Las pensiones no se pagan con discursos, se pagan con las cotizaciones sociales; las becas no caen del cielo, son producto de los ingresos públicos; la sanidad pública no mejora por arte de magia, sino por una gestión eficaz de los recursos disponibles, siempre limitados.

Señoras y señores,

No queremos cuadrar las cuentas para presumir de ser los alumnos más aplicados de la clase; queremos hacerlo porque sabemos que esa es la única manera de mantener un sistema de protección social que es, desde hace tiempo, una de las señas de identidad de la España democrática que nació hace cuarenta años.

¿Y qué debemos hacer para ello? Seguir apostando por la fórmula que tan buenos resultados nos ha brindado: la estabilidad presupuestaria y las reformas.

Por ello resulta fundamental, y para mí será una prioridad, aprobar lo antes posible unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. La aprobación de los Presupuestos, no solo conforma un escenario que ofrece seguridad y previsibilidad a los distintos agentes económicos; también supone un indudable mensaje de seguridad política, de estabilidad de país. Así se valoraron dentro y fuera de España los Presupuestos de este año, y yo espero que la responsabilidad de todos nos permita repetir la operación en 2018. Soy optimista y dedicaré todos los esfuerzos a conseguir ese objetivo.

Además, necesitamos adoptar nuevas medidas dirigidas a la creación de empleo. Se trata de mejorar las políticas activas y de formación: atender a la formación digital de los jóvenes, pero también de los parados de larga duración. Del éxito que tengamos en ese empeño dependerá el ritmo de creación de empleo, pero también la calidad del mismo; un elemento que resulta fundamental en cualquier política de lucha contra la desigualdad.

También tenemos que seguir mejorando el funcionamiento de nuestros mercados, fortaleciendo la unidad de mercado y avanzando en la eliminación de trabas administrativas. En esa filosofía de una mejor administración y más trasparente para el ciudadano, se encuadra la aprobación el jueves pasado, en Consejo de Ministros, del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado. Se trata de un instrumento en el que se pretende racionalizar y dar coherencia a la tarea legislativa, y, a la vez, dar a conocer a los distintos agentes las previsiones del Gobierno, con lo que se refuerza la seguridad jurídica.

Asimismo, debemos contemplar mejoras en el apoyo a la actividad emprendedora sobre dos ejes: una estrategia de internacionalización con una planificación a diez años y una política que fomente un mayor tamaño de nuestras empresas. Ese también debe ser un gran objetivo a medio plazo. Las empresas más grandes son más sólidas, pueden afrontar mejor las crisis y pueden dedicar más recursos a innovación y formación. En definitiva, unas empresas más grandes hacen a los países más estables y más seguros.

Y, por último, quiero referirme a una cuestión a la que mi Gobierno da una enorme importancia: la Agenda Digital. Creo que no exagero si digo que lo digital nos sitúa ante una transformación social de, al menos, la misma profundidad de lo que supuso en su momento la revolución industrial. Se trata de un cambio de paradigma que ya está afectando a la economía, a los modelos de negocio, de consumo y de conformación social. No hay excusa para que España no esté en primera línea de esos cambios. Afortunadamente, contamos con una de las mejores infraestructuras digitales del mundo y ahora debemos, como decía hace un momento, atender a la formación digital de toda la sociedad. Todos debemos ser muy conscientes de que en este empeño se juega buena parte de lo que puede ser España en las próximas décadas y mi Gobierno hará todo lo posible por exprimir las enormes potencialidades que nos brinda la economía digital.

Señoras y señores,

No quiero extenderme ahora mucho más sobre estos aspectos; podemos hacerlo luego, si quieren. Solo quiero subrayar un hecho: sabemos lo que hay que hacer para garantizar un crecimiento sostenido e inclusivo de nuestra economía para los próximos años. Existe un plan que, lo mismo que ha servido para sacarnos de la peor crisis de nuestra historia, puede permitirnos ahora encarar una época de bonanza y tranquilidad para muchos años; un plan para mejorar la vida de nuestra generación pero, sobre todo, para ofrecer a las generaciones venideras un mejor país para desarrollar sus proyectos vitales.

Señoras y señores.

Bien es verdad que, antes de cualquier plan económico, cualquier diseño de futuro o cualquier presupuesto de actuación, es preciso dejar sentado un requisito previo que ha de quedar fuera de cualquier discusión: me refiero a la seguridad jurídica y al respeto al Estado de Derecho. Si me permiten la licencia, les diría que ambos principios son "prepolíticos"; es decir, en los países civilizados, y España lo es, se sitúan por encima del legítimo y saludable debate político. Más aún, amparan ese debate y garantizan que se produce en un marco de convivencia, de juego limpio y de respeto a los derechos de todos.

Durante estos cuarenta años nuestra vida en común ha sido, en términos generales, tan pacífica, tan democrática y tan satisfactoria que el reconocimiento de los fundamentos básicos de nuestra concordia cívica pudiera llegar a parecernos una rutina, un conjunto de frases hechas: el Estado de Derecho, la igualdad de las personas ante la Ley, el respeto a las minorías, la seguridad, etcétera. Permítanme que les lea una frase de Giovanni Sartori que es muy adecuada a este respecto: "Las democracias en su gris funcionamiento cotidiano merecen poco crédito; pero una cosa es quejarse de su funcionamiento cotidiano y otra cosa es desacreditarlas por principio. El verdadero peligro que amenaza a una democracia que oficialmente ya no tiene enemigos está en reclamar una verdadera democracia que trasciende y repudia la Ley".

Pues bien, señoras y señores, a la luz de los acontecimientos que hemos vivido en Cataluña en las últimas semanas, todos hemos recuperado la percepción exacta del alcance y de la importancia de esos valores democráticos. Todos hemos aprendido la realidad y la importancia de lo que estaba en juego.

Las personas necesitamos vivir en sociedad, saber qué podemos esperar de los demás. Necesitamos previsibilidad, conocer los límites para actuar y disponer de un sistema que nos permita diseñar y realizar un proyecto de vida. Si ese sistema no existe, es imprevisible o se puede cambiar al albur del más fuerte, la sociedad se resiente.

Sin Derecho no puede haber sociedades libres. O la Ley es el eje de gravedad de la convivencia, o cualquier sociedad se atomiza en un sinfín de conflictos que acaban por destrozar la convivencia. Cuando se rompe la Ley --la Ley democrática--, la sociedad en su conjunto se resiente y se allana el camino hacia la sinrazón generalizada y el caos. Surgen el miedo, la inseguridad y la zozobra, se rompe la convivencia y se acaba liquidando el bienestar.

Sin respeto a la Ley no puede haber ni seguridad jurídica ni libertad, y sin éstas no puede haber riqueza.

Eso es tan cierto como el hecho de que tres mil empresas, entre ellas, las más importantes de Cataluña, hayan cambiado su sede social, y en muchos casos también la fiscal, huyendo de la zozobra y la inseguridad jurídica. Es tan cierto como los innumerables indicadores económicos que demuestran que la economía catalana, uno de los motores más potentes de la economía española, se ha gripado a causa del independentismo. El empleo, la inversión, las matriculaciones de vehículos, el turismo, los visados de vivienda, las exportaciones…, sea cual sea el indicador que miremos, en todos ellos se reflejan las consecuencias letales de la incertidumbre y de la falta de seguridad.

Por eso una de las razones fundamentales que llevaron a mi Gobierno a activar el artículo 155 de la Constitución ha sido poner fin al gravísimo deterioro económico que la desobediencia y la deslealtad del que fue Gobierno de la Generalitat estaba causando a Cataluña y, por extensión, al resto de España.

En cualquier caso, lo más importante de todo lo que tengo que decir sobre este asunto es lo que viene ahora: yo creo firmemente que ese daño se puede revertir rápidamente y se puede revertir si a partir del próximo día 21 se abre en Cataluña una nueva etapa en la que quede definitivamente superada la política de desafío constante y desobediencia que ha marcado los últimos tiempos.

Sea cual sea el resultado de esas elecciones, existe algo sobre lo que ya no se albergan dudas: en España la Ley se cumple y así va a seguir siéndolo. El Estado de Derecho ha demostrado que tiene mecanismos democráticos y eficaces para defenderse de quienes pretenden liquidarlo.

Se ha demostrado que la democracia funciona: todo el mundo ha cumplido con su deber, la legalidad ha sido restituida en cuestión de horas, hemos descubierto la calidad de nuestras leyes y la solidez de nuestras instituciones y, de paso, también hemos comprobado la profundidad de nuestro sentimiento nacional.

Por todo ello, lo que cabe esperar es que los independentistas catalanes a partir de ahora asuman que pueden luchar por sus ideas, porque España es una democracia, pero siempre dentro de la legalidad, porque España es una democracia.

A partir del día 21, instalados en la normalidad y en la seguridad que brindan las leyes, todos tendremos que hacer un esfuerzo para recuperar la confianza de los inversores en Cataluña y para revertir cuanto antes las dramáticas consecuencias de lo ocurrido en estos meses.

Como saben, la crisis política de Cataluña ha llevado al Gobierno a revisar las previsiones de crecimiento para el próximo año. Se trata de una elemental medida de prudencia a la vista de todo lo ocurrido. Pero también les aseguro que, si la situación se normaliza definitivamente y en breve, si las dudas se despejan y si el próximo Gobierno de Cataluña marca una agenda distinta a la ruptura, el enfrentamiento y la ilegalidad, Cataluña y España pueden protagonizar un gran salto adelante y volver a crecer a niveles cercanos al 3 por 100, o incluso superarlo, como ha ocurrido en los años 2015, 2016 y 2017.

Ese debería ser el objetivo de todos los protagonistas políticos, independientemente de las propuestas, las ideas, los sueños y las ensoñaciones, porque de ese nivel de crecimiento depende el futuro de los catalanes y la solvencia de sus instituciones. Y ojalá todo el mundo lo pensara así.

Y termino ya.

Europa Press ha celebrado este año que estamos a punto de cerrar sus sesenta años de vida, que coinciden con una de las etapas más atractivas y dinámicas de nuestra historia, de la España. En esos sesenta años España se abrió al mundo; fue capaz de protagonizar una admirable transición democrática; alumbró una democracia ejemplar; sentó las bases de un sólido sistema de bienestar y uno de los sistema políticos más descentralizados del mundo; pasó a formar parte de todos los organismos occidentales; se integró en Europa; participó activamente en la fundación del euro e, incluso, asistimos a un cambio en la Jefatura del Estado, un cambio sosegado y tranquilo, algo muy poco frecuente en nuestra azarosa historia. Más recientemente se ha evitado el rescate del país y ahora acabamos de defender nuestra convivencia de uno de los más graves ataques de que ha sido objeto.

Esto es, entre otras cosas, lo que ha pasado en España en los últimos años aunque, como saben ustedes, esto nunca será noticia, porque las buenas noticias nunca son noticia, sino que las que lo son son las demás.

Pero lo cierto es que, como les decía al inicio de esta intervención, la sociedad española ha demostrado que puede salir de situaciones aparentemente imposibles y siempre lo ha hecho con energía y con determinación. Esa debe ser la medida de nuestras ambiciones.

A partir de ahora, señoras y señores, señor moderador, quedo a su disposición. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)