A nivel estatal, la elaboración de los presupuestos generales del Estado corresponde al Gobierno central y su examen, enmienda y aprobación a las Cortes Generales.
En el ámbito financiero, la descentralización administrativa de España con sus tres niveles de gobierno (central, autonómico y local) se inspira en los principios de autonomía financiera, coordinación y solidaridad, reconocidos en la Constitución española de 1978. Tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales gozan de plena autonomía financiera para aprobar y administrar su propio presupuesto.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el documento en el que se recoge la previsión anual de los ingresos y los compromisos de gastos del sector público estatal. Constituyen uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento.
El marco jurídico de los Presupuestos Generales del Estado se encuentra constituido fundamentalmente por tres normas: la Constitución española, que dedica su artículo 134 a regular los Presupuestos Generales del Estado; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La senda de la consolidación fiscal
Presupuestos Generales del Estado para 2017
Las cuentas del Estado para 2017 tienen como objetivo fundamental afianzar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Estos Presupuestos se aprueban en un momento en el que la economía española ha recuperado tasas de crecimiento positivas -del 3,2% en 2015 y 2016-, las más altas desde 2007 y muy por encima de la media de la zona euro y de las principales economías de nuestro entorno. España, sin duda, ha vuelto al camino del crecimiento económico, que se ha acompañado de una evolución positiva y constante en el ritmo de creación de empleo, reduciendo de esta forma la elevada tasa de paro sufrida.
Se trata de unos presupuestos que refuerzan la credibilidad en la economía española ya que continúan con la senda de consolidación fiscal que garantizará una reducción del déficit público hasta el 3,1% en 2017, facilitando así que en 2018 la economía española pueda salir del Procedimiento de Déficit Excesivo.
Empleo Público
Tras la aprobación de los PGE 2017, el Consejo de Ministros procedió a la aprobación del Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado para 2017, con cerca de 16.000 plazas (10.300 de nuevo ingreso y más de 5.600 de promoción interna), así como el Real Decreto- ley de Oferta Extraordinaria, que incorpora cerca de 4.300 plazas adicionales para luchar contra el fraude fiscal y laboral, y mejorar la prestación de determinados servicios públicos a los ciudadanos.
A las plazas previstas en las dos normas, hay que añadir las cerca de 8.000 plazas del Real Decreto-ley del pasado 31 de marzo que aprobó la Oferta para personal docente, militares, policías nacionales y autonómicos, y guardias civiles. Todo ello suma una Oferta de Empleo Público para 2017 superior a las 28.200 plazas, la mayor desde 2008.
Perspectivas de futuro
En abril de 2017, el Ministerio de Hacienda y Función Pública procedió a la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España. Esta actualización mejora las previsiones de crecimiento del PIB y del empleo respecto de la anterior revisión. Se trata de previsiones prudentes y realistas que mantendrán a España a la cabeza del crecimiento entre los países desarrollados y permitirán situar el déficit público por debajo del 3 por 100 en 2018 con superávit primario. La nueva proyección estima un crecimiento medio anual en estos cuatro años del 2,5 por 100 (desde el 2,7 por 100 este año hasta el 2,4 por 100 en 2019 y 2020) y una tasa similar para el empleo, lo que permitirá la creación de medio millón de puestos de trabajo anuales. La tasa de paro se reducirá al 11,2 por 100 a finales de 2020, el nivel más bajo desde mediados de 2008, es decir, al inicio de la recesión.
La estrategia fiscal proyectada para el período 2017-2020 tiene como objetivo fundamental conseguir unas finanzas públicas saneadas, con el fin de situar y mantener la deuda pública en una dinámica decreciente, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas como elemento fundamental para seguir reforzando la credibilidad de la economía española, fomentar el crecimiento y la creación de empleo y reforzar el Estado del Bienestar.