Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días.

Vamos a informarles de los asuntos que han sido analizados y aprobados hoy en Consejo de Ministros. Ha sido una reunión importante, porque hemos dado un paso clave para consolidar nuestro crecimiento por la vía de la competitividad.

Tal y como anunció el presidente del Gobierno el pasado sábado, hoy hemos presentado en Consejo de Ministros el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. Creo que les van a entregar un resumen completo del Plan, porque es muy amplio, para poderlo seguir todos.

¿Qué hace este Plan? Recoge de una manera organizada y analítica una serie de medidas dirigidas a emprender y desarrollar una estrategia conjunta para el segundo semestre de este año, pero de amplio alcance temporal. Asentamos con ello una nueva etapa en la que queremos consolidar la recuperación económica y, lo que es más importante, ampliar sus efectos a todos los niveles, lo que exige seguir avanzando en la mejora de la competitividad presente y futura de la economía como garantía de crecimiento y de creación de empleo, con un nuevo impulso.

Avanzamos, por tanto, en el cumplimiento de nuestro Programa Nacional de Reformas en el tercero de los pilares de política económica que tiene este país. Junto a la consolidación fiscal, que este Plan respeta, y el saneamiento del sector financiero, que también está abordado en este Plan, nos centramos ahora en reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de los mercados, eliminar ineficiencias y recuperar la competitividad de la economía.

Este Plan desarrolla una buena parte del Programa Nacional de Reformas de 2014, adelantando un primer paquete de medidas que, con pleno respeto al objetivo de consolidación fiscal, buscan mejorar la competitividad y promover la eficiencia, y, además, aprovechar al máximo todos los recursos presupuestarios a este fin y eliminar o reducir al mínimo los obstáculos que puedan dificultar ese crecimiento.

Objetivos fundamentales de este Plan: primero, aumentar el préstamo, la financiación de la economía productiva, primer objetivo; segundo objetivo, muy ligado al anterior, mejorar la regulación de la financiación de la reestructuración de la deuda de las empresas y, en general, la iniciativa emprendedora; el tercero de los objetivos, muy importante, favorecer el crecimiento respetuoso con el medio ambiente, priorizando --y lo veremos en el Plan-- el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO₂; fomentar, en cuarto lugar, el funcionamiento competitivo de los mercados, promoviendo la mejora de infraestructuras básicas y de transporte; en quinto lugar, apoyar de forma decidida la competitividad industrial; el sexto punto es el impulso de la I+D+i empresarial y el último, fomentar la internacionalización de la economía española.

Este Plan ha sido elaborado con la coordinación de siete Ministerios y se basa en la optimización del uso de recursos públicos, en la dinamización de la iniciativa privada y en la profundización de una regulación favorable al consumo.

Esta programación de medidas no condiciona el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, ya que partimos de los recursos que tenemos y los optimizamos. En particular, el aprovechamiento de los Fondos Estructurales europeos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a potenciar la coordinación y colaboración de las Comunidades Autónomas en el uso de esos Fondos Estructurales, los fondos FEDER, de forma que todos los planes que el Estado va a poner en marcha como líneas prioritarias --ahorro de energía en edificación y transporte, mejora de competitividad de las Pymes, impulso de la investigación y el desarrollo, o inversión en infraestructuras-- se diseñarán y se implantarán de forma que las Comunidades Autónomas que voluntariamente se adhieran con sus propios recursos puedan, además, tener acceso a adelantos de los Fondos Estructurales europeos. La mayor coordinación en la utilización de los Fondos FEDER, no sólo permitirá eliminar duplicidades, sino optimizar el uso de esos Fondos.

Vamos a trabajar para, en la medida de lo posible, poder emplear esos Fondos aún antes de que se reciban por parte de la Unión Europea. Para ello, este Plan está diseñado como un Plan de Estado, en el que todas las Administraciones podamos coordinarnos en el uso de nuestros recursos hacia una dirección de colaboración consensuada y, además, poder dinamizar recursos que tienen que llegar a nuestro país en el futuro.

Pero, además, centraremos una aplicación más intensa en aquellas áreas de mayor interés y capacidad de arrastre de nuestra economía; es decir, aquellas en las que, impulsándolo desde los recursos públicos, pueda haber una mayor participación, un mayor incentivo, a la inversión privada. Estoy hablando de inversiones en procesos y equipos industriales más limpios y eficientes, en rehabilitación y renovación de edificios --es un sector importante-- que podemos dinamizar a través de ese proceso de rehabilitación, y es muy intensivo en mano de obra; innovación y desarrollo tecnológico e infraestructuras básicas.

Pero además de inversión, lo que queremos hacer es un nuevo repaso a toda la regulación para que sea favorable a la inversión, la competitividad y el crecimiento.

Vamos a explicar ahora algunas de las principales medidas de este Plan. Son cuarenta. Voy a procurar hacerlo ordenadamente, destacando además las que son de mayor calado.

Como decía, el primero de los objetivos es el aumento del préstamo a la economía productiva; es decir, que las empresas, y muy especialmente las Pymes, puedan tener acceso en condiciones normales a préstamos. Para comenzar, muy importante: se fija un objetivo de concesión de las Líneas ICO en 2015 de 25.000 millones de euros. Supone un aumento del 25 por 100 de lo previsto en 2014 y un 80 por 100 más que en 2013; es decir, un gran esfuerzo del ICO para la concesión de créditos.

Además, el ICO pondrá en marcha un programa de garantías y avales para favorecer el acceso a la financiación en condiciones preferentes a Pymes españolas; pero, además, España contribuirá con ochocientos millones de euros a la Iniciativa PYME de la Unión Europea con el objetivo de aumentar el volumen de créditos, incorporando recursos conjuntos a los fondos europeos del Banco Europeo de Inversiones.

Por un lado, por tanto, mejoramos el acceso al crédito pero, por otro, queremos reforzar la confianza en nuestra economía para que las condiciones de esa financiación sean mejores. ¿Cómo vamos a reforzar la confianza en nuestra economía? Con dos medidas clave: en primer lugar, el Tesoro reducirá su objetivo de emisión en 10.000 millones de euros, hasta los 55.000, y lo que es lo más importante: les anuncio la intención del Gobierno de realizar una devolución parcial anticipada, de forma voluntaria, de la asistencia financiera a España por importe de 1.300 millones de euros. Es decir, vamos a empezar a devolver la asistencia financiera; el MEDE --tenía un plazo de diez años-- vamos a empezar a devolverlo parcialmente ya. ¿Por qué? Porque nuestra economía puede hacerlo y es una forma de reforzar la confianza en nuestro país.

Segundo de los ejes, de los objetivos: mejorar la regulación para reforzar esa financiación para reestructurar, especialmente, deudas empresariales. Para ello, vamos a reformar el Sistema de Garantías Mobiliarias para que sirvan de mejor medida a la obtención de un crédito y vamos a impulsar la flexibilización de los convenios de acreedores con la reforma de la Ley Concursal, de manera que empresas que están, como suele decirse, muy apalancadas, que tienen una carga financiera excesiva acumulada, puedan reestructurarla porque, si son viables, con una mejor reestructuración de su deuda podrán seguir manteniéndose en la actividad.

Junto a ello, vamos a mejorar una serie de procedimientos regulatorios que afectan, y mucho, a las empresas: un nuevo impulso al Programa de Garantía de Unidad de Mercado; un plan específico, dentro de ese Programa, para la racionalización de la normativa medioambiental y urbanística, porque es quizá esa regulación la que retiene más la apertura de nuevos proyectos por su ampliación, y un plan de lucha contra el incumplimiento de plazos administrativos que afecten a los operadores económicos.

En tercer lugar, también muy clave: medidas de liberalización comercial, mejoras en la regulación del comercio, que va a ayudar especialmente al comercio minorista. Se continuarán eliminando barreras normativas que frenan la inversión y la iniciativa comercial, por ejemplo, la extensión de las zonas comerciales de gran influencia turística a grandes ciudades. Además, se va a anticipar una reforma europea para reducir las comisiones de intercambio aplicables a las operaciones comerciales liquidadas con tarjetas de crédito o débito; es decir, los márgenes de las comisiones que se cobran por pagar con una tarjeta, lo cual afecta especialmente a las pequeñas compras y a los pequeños comercios o sector de la hostelería.

Para ello ¿qué hacemos? Vamos a adelantar un reglamento europeo, que está en tramitación, que fija unos límites máximos a esas comisiones. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Anticiparlo, teniendo en cuenta las elevadas comisiones de intercambio en nuestro país, lo que cobran por pagar con tarjeta, con una regulación que evite que sean abusivas. Así, se reducirán las comisiones cobradas a los comerciantes por los proveedores de servicios de pago por cada operación de tarjeta a los siguientes límites: un 0,2 por 100 del valor de la transacción con tarjetas de crédito y un 0,3 por 100 para las de débito. Para que se hagan una idea, las comisiones para transacciones con tarjetas de débito para el comercio minorista se situaron en el cuarto trimestre de 2013 en 0,74 por 100 y van a pasar al 0,2 por 100; y, si es de crédito, al 0,3 por 100. Esto, desde luego, es un importante apoyo al comercio minorista y a las pequeñas compras.

Uno de los ejes fundamentales del Plan, y del que entendemos que puede ser además muy dinamizador de empleo, es favorecer un crecimiento respetuoso con el medio ambiente. Lo voy a explicar yo, pero lo podría explicar después también el ministro de Industria, si se me olvida algo.

Vamos a trasponer la Directiva de Eficiencia Energética, que establece una serie de obligaciones de desarrollo energético. De este modo, vamos a crear un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con una dotación de hasta 350 millones de euros, a través de un sistema de obligaciones a los suministradores de energía que, o bien tienen que alcanzar ahorros con actuaciones propias para reducir el consumo, o bien con aportaciones a este Plan. Este Fondo lo que permitirá será poner en marcha proyectos de inversión que mejoran la eficiencia energética. ¿Dónde? En edificios, en el sector industrial, en el sector transporte o en el sector agrícola.

También vamos a profundizar en la lucha contra el cambio climático y el impulso de la eficiencia energética en el transporte. De este modo, se prevén nuevos estímulos a la adquisición de medios de transporte limpios y eficientes: un PIVE 6, que en sus anteriores ediciones ya ha servido para adquirir 540.000 nuevos turismos menos contaminantes y que va a tener una nueva edición dotada con 175 millones de euros; un PIMA Aire 4 para vehículos comerciales, dotado con 10 millones de euros para la adquisición de 7.500 vehículos; un programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, que está incluido también hoy, se aprueba éste ya hoy, en Consejo de Ministros; y nuevo: un PIMA Transporte, un plan de renovación de la flota de vehículos pesados, mediante un sistema de préstamos, con una inversión total de 405 millones de euros cofinanciada por el BEI y por entidades privadas.

En este punto es muy importante lo que les señalaba al principio de mi intervención sobre la colaboración de todas las Administraciones Públicas, especialmente en lo que es el Plan de Eficiencia Energética de los edificios. ¿Por qué? Porque aquí son varias las Administraciones Públicas las que tenemos competencia y, además, es uno de los elementos en los que los Fondos Estructurales pueden ser utilizados con este fin, con lo que lo que buscaremos es un plan de ahorro de energía y reducción de emisiones en la edificación a consensuar por todas las Administraciones para mejorar aspectos como la envolvente térmica de los edificios existentes; las cubiertas de los edificios; las instalaciones térmicas; calderas; instalaciones de iluminación interior; instalaciones de frío, tanto comercial como industrial y terciario; ascensores o mantenimiento energético de los centros de proceso de datos.

Es decir, un conjunto de medidas que lo que buscan es dinamizar también un sector que ha sufrido, y mucho, los efectos de la crisis, como es el sector de la construcción, reorientándolo a un elemento que es clave en el reparto de los fondos europeos, cual es la eficiencia energética.

Objetivo número cuatro: mejorar el funcionamiento competitivo de los mercados mediante la mejora de infraestructuras y transporte. Aquí lo que haremos será reformas regulatorias para incrementar la competitividad en los puertos, fundamentalmente mejorando el acceso de los puertos desde y hacia otras infraestructuras de transporte; o la colaboración público-privada para la instalación de depuradoras, que es uno de los elementos que en la normativa europea se nos exigen más. Se buscará la eficiencia en el transporte por carretera, mediante adaptación progresiva de pesos y dimensiones de los vehículos pesados; se avanzará en la liberación del transporte del ferrocarril, como ya les hemos anunciado en su día; y también se regularán nuevas actividades económicas: la ordenación del uso de drones en actividades económicas o el desarrollo legislativo, por vía reglamentaria, de la Ley de Costas.

Quinto plan, también del ministro de Industria: apoyo a la competitividad industrial, nuevos instrumentos financieros. En concreto, se destinarán 745 millones de euros a la concesión de préstamos en condiciones preferentes para sectores industriales. En I+D+i vamos a potenciar la puesta a disposición de los actores económicos de instrumentos de préstamo, capital y garantías que impulsen la I+D+i empresarial, fundamentalmente a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial), que movilizará seiscientos millones de euros anuales, y, sobre todo, un mayor esfuerzo de agilización y de aportación a las convocatorias de proyectos y plazas en el ámbito de la I+D+i, reforzando el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo.

Por último, el impulso a la internacionalización de nuestra economía. Se adaptará la Línea ICO garantía internacional 2014 para facilitar el acceso de empresas españolas a licitaciones internacionales, se pondrán en marcha cédulas y bonos de internacionalización que generen recursos adicionales, y se aprobará una Línea FIEM-Facilidades Unión Europea, con una dotación inicial de cincuenta millones de euros.

Es decir, es un plan completo que regula medidas para mejorar la financiación de nuestras empresas y la confianza en la propia economía española; medidas para fomentar sectores industriales y sectores económicos muy potentes que pueden incardinarse hacia nuevas actividades, como pueden ser la eficiencia energética y la rehabilitación; y un conjunto de medidas destinadas a fomentar la actividad comercial y la internacionalización de nuestras empresas.

¿Qué inversión total va a mover? Pensamos que puede movilizar una inversión total estimada de 11.000 millones de euros, teniendo en cuenta que 6.300 millones suponen medidas ya cuantificadas, a los que se añaden 4.400 millones destinados a mejorar el acceso al préstamo a la economía productiva en general. Novedades son también la dotación destinada a la nueva edición del Plan PIVE, los 175 millones, y a la Línea FIEM-Facilidades Unión Europea, 150 millones. Es decir, los 6.000 millones que teníamos previstos de los que corresponden a inversión pública, 3.630 millones y a inversión privada inducida, 2.669 millones, pero además con la aportación de préstamos, 4.655 millones.

Éste es el objetivo de este Plan, muy ambicioso. Tiene un calendario de aplicación muy detallado; como digo, hoy hay alguna cuestión ya en la Referencia del Consejo de Ministros y se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Me acompaña del ministro de Industria, Energía y Turismo, porque hoy ha presentado varias normas, de las que dará todos los detalles: dos Reales Decretos, uno de regularización del proceso de titulización del sistema eléctrico, y otro por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; además de dos Acuerdos que desarrollan el Plan de la red de transportes de electricidad incluido en la planificación de los sectores de electricidad de y de gas 2008-2016.

Algunos otros asuntos que se han aprobado en este Consejo de Ministros, como digo, intenso. Remitimos a las Cortes el Proyecto de Ley en materia de concesión de nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con nuestro país. Esta norma, propuesta conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, facilita y establece criterios objetivos para la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los ciudadanos sefardíes que así lo deseen y lo puedan acreditar. La norma permitirá la doble nacionalidad, es decir, que los nuevos españoles conserven también la que tenían con anterioridad, como ocurre también con algunos países iberoamericanos.

¿Cómo probar la condición de sefardí? La condición de sefardí y la especial vinculación con España serán estimadas por un notario, que remitirá su conclusión a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que será quien decida, de forma motivada, si se concede o deniega la solicitud. Entre las pruebas para acreditar esta condición se admite la presentación de un certificado expedido por la Secretaría General de la Federación de Comunidades Judías de España. Medios para probar también esa condición son un certificado expedido por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía donde resida el solicitante, la autoridad rabínica competente; el idioma familiar; la partida de nacimiento o el certificado matrimonial que conste según las tradiciones de Castilla.

El Proyecto de Ley cita, además, la inclusión del peticionario o su ascendencia en la lista de familias sefardíes protegidas por España a que hace referencia el Decreto Ley 29 de diciembre de 1948, o los que obtuvieran la nacionalidad con el Real Decreto del 20 de diciembre de 1924, así como el parentesco de consanguinidad del solicitante de alguno de ellos. Se valorará la realización de estudios de historia y cultura españolas, así como actividades benéficas a favor de personas o instituciones de nuestro país. Los apellidos pertenecientes al linaje sefardí se valorarán como elemento adicional.

Para acreditar la especial vinculación con España, se exigirá la superación de una prueba de evaluación de conocimiento y cultura españoles, que diseñará el Instituto Cervantes. Estarán excluidos, por supuesto, los solicitantes que procedan de países de origen donde el español sea el idioma oficial.

¿Cómo se solicita? La solicitud se presentará en castellano, en la plataforma electrónica que se habilitará para ello, y a través de la que el interesado deberá abonar la tasa de 75 euros, que es una tasa sustancialmente más reducida que la que cobran países de nuestro entorno, como Reino Unido, Alemania o Países Bajos. La plataforma electrónica albergará las próximas semanas el resto de procedimientos de adquisición de la nacionalidad, lo cual contribuirá también para acortar los plazos actuales de tramitación e incrementar la seguridad del procedimiento.

Las personas que deseen solicitar la nacionalidad española por su condición de sefardí deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a tres años desde la entrada en vigor de la Ley.

También hemos aprobado un Real Decreto que modifica, en algunas cuestiones técnicas, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria. Lo tienen desarrollado en el índice; sólo daré tres pinceladas. En cuanto al IVA, se exonera de la obligación de presentar la declaración resumen anual a determinados sujetos --afecta fundamentalmente a arrendadores, a personas físicas y a contribuyentes en estimación objetiva--; en segundo lugar, adaptamos la normativa a los acuerdos FATCA entre el Reino de España y Estados Unidos de América de lucha contra el fraude, para suministrar información sobre cuentas financieras e identificar la residencia o nacionalidad de las personas sujetas a control; y mayores facilidades para recibir notificaciones electrónicas. Esta es una medida de la reforma de las Administraciones Públicas, de manera que quien tenga el PIN24 puede acceder voluntariamente a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y, a partir de ahí, recibir las notificaciones.

Por último, hoy aprobamos el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020. Se trata de una propuesta innovadora, que integra los objetivos de conservación en la política de turismo e impulsa la Red Natural 2000, que es el mayor conjunto de espacios protegidos del mundo y a la que España aporta el 27 por 100 de su territorio.

Un dato: las pernoctaciones anuales asociadas al turismo de naturaleza ascienden en España a 35 millones y más de medio millón de turistas internacionales eligen nuestro país como destino para turismo de montaña.

Ejes básicos de actuación: desarrollar productos turísticos sostenibles; promocionar el turismo de naturaleza sostenible; mejorar la consideración de la biodiversidad en las actividades de turismo de naturaleza; mejorar los conocimientos, la información y la formación relacionada con el turismo de naturaleza, y la biodiversidad. Tienen el detalle completo de todas las medidas en la Referencia del Consejo de Ministros.

Sr. Soria.- Tal como acaba de decir la Vicepresidenta, en el día de hoy, en primer lugar, a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Competitividad y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se ha aprobado un Real Decreto en virtud del cual se modifica, a su vez, el Real Decreto del año 2010 por el que se regula el Fondo de Titulización del Déficit del Sector Eléctrico.

Básicamente, el Real Decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros tiene como finalidad el agilizar las emisiones vinculadas a este Fondo de Titulización; sobre todo, el optimizar estas emisiones; en tercer lugar, se pretende dotarlas de mayor flexibilidad y, en cuarto lugar, disminuir los tiempos de selección de las entidades colaboradoras. Por lo tanto, es un Real Decreto que lo que viene a hacer, en definitiva, es añadir, aumentar, la eficiencia en las colocaciones.

En segundo lugar, se ha aprobado también por parte del Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías de energías renovables de cogeneración y también de residuos. Hago un rápido repaso del porqué de este Real Decreto.

Saben ustedes que, a pesar de que el sector eléctrico en España tiene fortalezas evidentes, también tenía algunos problemas importantes. El primero de ellos es que, solamente en diez años, los que van desde el año 2004 al año 2012, los precios de la electricidad en España, tanto al consumidor doméstico, como al consumidor industrial, habían crecido un 70 por 100 durante esos diez años a razón, aproximadamente, de un 7 por 100 cada año. Después, había un segundo problema no menor, que era que, a pesar de esos incrementos en los precios, el desfase entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes del sistema eléctrico, ésos que se conocen como el déficit, era cada vez mayor. Se había acumulado un déficit en el sistema eléctrico de 26.000 millones de euros a final del año 2012, que, con los 3.189 millones del año 2013, hoy está en 29.189 millones. Por tanto, es evidente que con estos dos problemas teníamos que adoptar medidas.

El incremento del déficit en el sector eléctrico se debe a muy distintas razones, pero fundamentalmente a dos; en primer lugar, a la propia existencia de ese déficit que cada año generaba costes adicionales para el propio sistema en concepto de lo que es la amortización de capital e intereses que generaba esa propia deuda; y, en segundo lugar, también otro de los componentes fundamentales ha sido la evolución de las primas a las tecnologías renovables.

Pues bien, entre el año 1998 y el año 2013 las primas a las instalaciones de energías renovables, de cogeneración y residuos supusieron más de 56.000 millones de euros. Es decir, en quince años, 1998 a 2013, 56.000 millones de euros que el sistema, es decir, todos los consumidores, hemos pagado en concepto de esas primas. Esto supone por, cada uno de esos quince años, aproximadamente, unos 3.700 millones de euros cada año. Además, desde el año 2005 se produce un incremento muy notable en más del 800 por 100 en el nivel de estas primas, de tal forma que en el año 2013 el toral de primas que el sistema ha pagado ascendió a 9.000 millones de euros anuales.

Por tanto, había que revisar el sistema de retribuciones y esto es lo que hacemos en definitiva con este Real Decreto. No se trata de decir que a partir de ahora no se van a impulsar ni se van a incentivar las energías renovables. No, no; el Gobierno sigue con el impulso a las energías renovables; ahora bien, con un sistema de incentivos distinto al que venía rigiendo hasta ahora de las primas, entre otras cuestiones, porque con el anterior sistema hubiésemos ido directos a una quiebra del sistema. Por tanto, se sustituye lo que era el anterior sistema de primas por un nuevo sistema consistente en incentivar la inversión.

El nuevo modelo retributivo a este tipo de instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos persigue, fundamentalmente, tres grandes objetivos: el primero de ellos, dotar de estabilidad financiera al sistema; en segundo lugar, dotar al sistema de una rentabilidad razonable, en los términos en los que ha sido establecida o definida por parte del Tribunal Supremo; y, en tercer lugar, también se persigue introducir certidumbre en el sector.

¿Cuáles son las características del nuevo régimen retributivo? En primer lugar, el nuevo régimen retributivo va a permitir que todas aquellas instalaciones de este tipo de tecnologías, tanto renovables como cogeneración, como residuos, puedan competir en condición de igualdad con el resto de tecnologías que no son renovables por el sistema de percibir un incentivo a la inversión. Entonces, este nuevo incentivo a la inversión está basado en una serie de estándares por distintas tecnologías. Para establecer esos estándares digamos que, en primer lugar, se establecen las distintas instalaciones tipos en función de la tecnología: que sea eólica, que sea fotovoltaica o que sea termosolar, también se tiene en cuenta a los efectos del establecimiento de los estándares, cuál es la potencia instalada en cada una de las instalaciones: no es lo mismo una instalación de un megavatio que una de cinco o que una de diez; y se tiene en cuanta también cual ha sido la antigüedad de las instalaciones, porque muchas de ellas han arrancado hace cinco, hace diez o hace quince años, y algunas vienen desde el año 1998.

Luego, a cada tipo de estándar le corresponde una serie de parámetros retributivos: por una parte, los ingresos estándar, que son los que vienen directamente del precio de mercado que se percibe cada vez que se vende un megavatio; y, luego, hay que tener en cuenta la parte de los costes: el coste estándar de explotación, es decir, el coste que se necesita en el día a día para llevar a cabo la explotación; en segundo lugar, se tiene en cuenta también dentro de los costes cuál ha sido el valor de la inversión inicial y la vida útil que va a tener el proyecto.

En tercer lugar, el régimen retributivo que establece este Real Decreto es aplicable desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9 del pasado mes de julio; así se establece en aquel Real Decreto Ley. Lo que ocurre que se establece también que, mientras no entrara en vigor este que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, se seguía con el anterior sistema de primas y, luego, se hacía una compensación teniendo en cuenta la entrada en vigor del nuevo sistema.

Finalmente, quiero decir que el nivel de rentabilidad razonable que se establece para este tipo de tecnologías está basado en la obligación del Tesoro a diez años --está situada en el entorno… Ahora mismo se están haciendo emisiones por debajo del 3 por 100 y se han llegado hacer emisiones al 2,8 y algo, por 100-- más 300 puntos básicos. Por tanto, estamos hablando de una rentabilidad del entorno del 5,8 por 100 en estos momentos.

¿Cuáles son los efectos que es espera de este nuevo régimen retributivo? Pues bien, hasta que llegue al final la vida útil de las instalaciones que se iniciaron en el año 1998, el conjunto de estas instalaciones, teniendo en cuenta lo que ya han percibido hasta ahora por el anterior sistema de primas, más lo que van a percibir a partir de ahora con el nuevo sistema retributivo, habrán percibido al final de sus vida útil, aproximadamente, unos doscientos mil millones de euros, que lógicamente estamos pagando todos los consumidores en el recibo doméstico o bien en términos de coste de electricidad industrial. Esto se divide, lógicamente, por las distintas tecnologías.

Es decir, hasta ahora, por las distintas tecnologías se han pagado 56.294 millones de euros en primas y a partir de ahora, y hasta lo que les quede de vida útil --desde 2014 hasta que vayan acabando los distintos proyectos: 2020, 2025, 2030…--, se abonarán, pero ya a través del nuevo sistema de incentivos, 142.530 millones, lo cual totaliza 198.824 millones.

Esto en cuanto al Real Decreto de las energías renovables, cogeneración y residuos. También se ha aprobado un acuerdo en el Consejo de Ministros modificando la planificación energética del año 2008 al año 2016. Esta modificación obedece a la necesidad de introducir algunas actualizaciones de carácter técnicos a los elementos que ya están introducidos en esta planificación que se había hecho en el año 2008.

Quiero decir que obedecen, fundamentalmente, a que han surgido nuevas necesidades que implican la necesidad de hacer modificaciones puntuales en ese plan. Es importante saber que todas estas modificaciones han tenido audiencia pública y han sido informadas favorablemente por parte de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, y en algunos casos ha sido el propio órgano regulador quien ha sugerido las modificaciones que se han aprobado en este cambio que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.

Hay, digamos, cuatro grandes tipos de modificaciones: en primer lugar, actualización técnica de infraestructuras ya contempladas en la planificación en vigor, debido a cambios surgidos como consecuencia de la evolución de la demanda y la tecnología, que deben ser adaptadas a las nuevas condiciones; en segundo lugar, las nuevas infraestructuras de carácter excepcional, cuya necesidad ha sido sobrevenida en este tiempo y que no estaban previstas en la planificación original. Todas las infraestructuras están justificadas caso por caso en el anexo del acuerdo que lleva el Consejo de Ministros y todas, por las siguientes razones: o bien seguridad de suministro, o bien nuevas necesidades, o bien una mayor eficiencia económica del sistema.

Quiero decir, finalmente, que estas modificaciones que han sido introducidas comportan un importe de 837 millones de euros, pero con una matización: en primer lugar, aquí se aplica la regla de financiación del N+2, es decir, no se empiezan a financiar las infraestructuras que hay han sido aprobadas en el Consejo de Ministros hasta dos años después a la entrada en vigor de estas infraestructuras. Es decir, las hemos aprobado hoy, año 2014, y algunas tardarán un año, otras dos; pero sólo a partir del momento en que entren en funcionamiento se empiezan a financiar, pero no se financian todas de una vez, los 837 millones, sino que a lo largo de toda la vida útil de estas infraestructuras, se va, digamos, redistribuyendo la financiación de las mismas.

P.- A la Vicepresidenta. Querría saber cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la aprobación de la norma que ha de regular el estatus de Don Juan Carlos, una vez que se haga efectiva la abdicación, y si la previsión es que pueda ser inmediato para no dejar en el aire cuestiones como su posible aforamiento ante la Justicia.

Por otro lado, después del anuncio de CiU de que se abstendrán en la votación de la Ley Orgánica que regulará la abdicación, y que ya ha sido contestada por el presidente del Gobierno, ¿cómo valora el Ejecutivo la posibilidad de que el presidente de la Generalitat ni siquiera pueda estar en el acto de proclamación del nuevo Monarca?

Vicepresidenta.- Si me permiten, sobre la primera pregunta haré una reflexión de carácter general: un procedimiento de esta magnitud, que además es la primera vez que tiene lugar en nuestra democracia, ha sido muy meditado por quien tenía que tomar esa decisión, muy analizado por quien es el jefe de su Casa y, desde luego, con el apoyo del Gobierno, que ha mantenido, a partes iguales, reflexión y discreción.

Junto a la abdicación, en los términos que establece la Constitución, indudablemente, hay una serie de asuntos que van ligados a la situación del Rey que abdica después de esa abdicación. Algunas están resueltas por la legislación actual y por los decretos actuales; otras exigen una modificación de naturaleza reglamentaria, que ya tenemos elaborada; y algunas otras exigen una fórmula con rango legal.

La reflexión sobre la existencia de un vacío legal en el aforamiento de algunos de los miembros de la Casa no es una reflexión nueva para el Gobierno. En su momento, cuando se elaboró el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, ya se puso de manifiesto. Todavía no estábamos ante esta situación pero, indudablemente, somos muy conscientes de que entre el número de aforados, que es bastante amplio en nuestro país, es llamativo que a lo largo de todos estos años no se haya aforado algunos de los miembros de la Familia Real, como no lo estaba, por ejemplo, entonces el Príncipe de Asturias.

Ésta es una reflexión que hace tiempo hizo el Gobierno, que ahora la hacemos ante esta situación que se ha generado, que lo hemos visto con anterioridad a la misma, en la que estamos trabajando e, indudablemente, en cuanto podamos informarles de la fórmula, contenido y plazos, se lo diremos.

Sobre la siguiente de las cuestiones, yo llamaría a Convergència i Unió a la reflexión y, sobre todo, a no mezclar debates y a ser muy conscientes de que éste es un momento importante para la historia de España y de que todos tenemos que hacer una reflexión importante de las decisiones que adoptamos.

He oído unas declaraciones del portavoz, del señor Duran i Lleida, sobre el trato injusto que se recibe de España. Voy a poner un ejemplo… Podría ponerlo casi todos los viernes, pero hoy le voy a poner uno que está en la Referencia del Consejo de Ministros: hoy se autoriza un Acuerdo que ratifica la autorización provisional para la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña por el que se determina la cuantía a transferir como consecuencia de un Real Decreto Ley del año 1999 que permite la rebaja de tarifas y peajes en Cataluña. Hoy autorizamos la transferencia a la Generalitat de Catalunya de más de once millones de euros para rebajas de tarifas y peajes. Podría hacerlo prácticamente todos los viernes.

Yo, primero, respecto de la cuestión de su posicionamiento en esta Ley y en la proclamación, invito a Convergència i Unió a la reflexión. Y, en segundo lugar, respecto al trato injusto de España, creo que el ejemplo de hoy es una muestra de que este Gobierno lo es también Gobierno de todos los catalanes y nos preocupamos por su bienestar.

P.- Para el ministro de Industria. La rentabilidad de las renovables, que al fin y al cabo es la clave, lo que está esperando todo el sector, queda, por lo tanto, marcada en el 5,8 por 100, considerando el bono a diez años más trescientos puntos básicos. ¿Eso cree usted que es equiparable con la rentabilidad razonable que marcaba el Tribunal Supremo? Creo que era un poquito más elevada.

En cualquier caso, el sector --se ha convertido usted en el pim-pam-pum del sector energético-- le lleva amenazando con una lluvia de querellas. ¿Eso le preocupa al Gobierno, ya cuando se ha formalizado el Real Decreto?

Sobre energía también, la última pregunta. ¿En 2014 se compromete usted a que, efectivamente, no va a haber déficit de tarifa con esto y con el futuro, espero que próximo, Real Decreto sobre hibernación de ciclo combinado?

Sr. Soria.- En relación con la primera de las cuestiones, el Tribunal Supremo, cuando se pronuncia sobre el Real Decreto del año 2010, que fue un Real Decreto en el que ya el Gobierno anterior comenzó en el mismo a disminuir el número de horas retribuibles para las fotovoltaicas y disminuir los periodos… Eso fue motivo de un recurso y el Tribunal Supremo lo que vino a decir fue, no a establecer un nivel de rentabilidad razonable, pero sí a fijar un criterio. Y lo que dice el Tribunal Supremo es que, claro, las rentabilidades que obtenga la producción de energía eléctrica utilizando este tipo de tecnologías no puede ser neutral respecto a cuál es el ciclo y a cuál es la evolución de la economía. Por tanto, lo que es razonable en un momento determinado puede no serlo en otro momento determinado.

Ahí lo que está haciendo el Tribunal Supremo es consagrando, efectivamente, que la rentabilidad razonable tiene que ir conforme a lo que pueda el sistema eléctrico retribuir y, sobre todo, hay que tener en cuenta la vida útil del proyecto, desde que empieza hasta el momento en el que acaba, y a lo largo de todo este período aplicar la rentabilidad razonable.

Tiene razón usted cuando dice que es que, cuando el Real Decreto Ley en julio se aprobó, la rentabilidad razonable, teniendo en cuenta que las obligaciones del Tesoro estaban al 4,5 por 100, más trescientos puntos básicos, era un 7,5 por 100. Ahora resulta que ha bajado la rentabilidad de los bonos del Tesoro, que está por debajo del 3 por 100 y, entonces, ya no es el 7,5, es el 5,5 por 100. Es verdad pero, claro, baja la rentabilidad del Tesoro y baja el coste de la financiación para toda la economía española, incluyendo también aquellas empresas que están en el sector eléctrico. Yo creo que es una estupenda noticia para todas las empresas el hecho de que baje el coste de la financiación.

Respecto a lo que decía de las empresas del sector energético, respeto todos los tipos de iniciativas que quieran llevar a cabo en la defensa legítima de sus intereses; pero hay que tener en cuenta que el Gobierno, cuando gobierna y cuando legisla, lo hace defendiendo o intentando defender siempre, siempre, el interés general. Es muy legítimo que las empresas defiendan su interés privado, su interés particular, porque eso también es muy legítimo; pero, claro, el Gobierno lo que tiene que hacer es otra cosa. Por tanto, a medida que vaya planteándose este tipo de acciones, el Gobierno también irá adoptando su posición.

Y respecto al déficit para el año 2014, en el año 2013 el déficit estructural previsto era de 10.500 millones de euros y, de no haberse hecho nada, eso habría sido el resultado del déficit. Con las medidas que adoptamos en el año 2012 se disminuyó ese déficit en 6.000 millones de euros y con las medidas que hemos adoptado en el año 2013 es verdad que ha habido un déficit de 3.189 millones de euros; pero para el año 2014, si sigue evolucionando, como está evolucionando, el sector, lo normal será que el déficit esté en un entorno muy cercano a cero. Eso será lo normal.

P.- Vicepresidenta, a mí me gustaría, si me permite, insistir sobre el asunto de la protección jurídica del Rey. ¿Está decidida, al menos, la forma; es decir, el método? ¿Va a ser a través de una proposición de ley, un decreto u otra Ley Orgánica? Y, sobre todo, ¿se va a hacer antes de la proclamación del próximo día 19; es decir, en el próximo Consejo de Ministros del día 13?

También, si me permite, tras la decisión y las medidas que hizo ayer el Banco Central Europeo, ¿cree el Gobierno que esto tiene una repercusión inmediata , no solamente en nuestras entidades financieras, sino en los ciudadanos?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el Gobierno tiene perfectamente elaborado lo importante, que es el contenido y la manera de hacerlo. Indudablemente, a lo largo de este tiempo les informaremos de la forma en que se va a hacer. Es una Ley Orgánica, no puede hacerse por vía de decreto. Es una Ley Orgánica que debe ser aprobada como tal por las Cortes Generales.

En cuanto al Banco Central Europeo, el Gobierno valora positivamente las medidas que se han adoptado. Entendemos que son importantes en un momento clave para la situación de nuestra economía y, además, en un momento en que Europa se enfrenta a un periodo de inflación bajo demasiado prolongado. Es necesario mejorar el flujo del crédito a las empresas y, de hecho, el Plan que hoy presentamos sus dos primeros objetivos van por ahí; y, en definitiva, acelerar la actividad económica.

Del mismo modo que nosotros lo hemos hecho, valoramos positivamente estas medidas de estímulo acordadas. Además, se han hecho con la prudencia necesaria para que los Bancos dediquen esas cantidades que van a recibir al préstamo a la economía real. Yo creo que eso es un elemento importante y espero que circule el dinero que beneficia a las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen muchas más dificultades para acceder al crédito.

Yo creo que son medidas que van en la dirección adecuada, en las que tenemos que trabajar y que, además, combinadas con planes como el que aprueba hoy el Gobierno de España, entendemos que pueden servir de estímulo importante a la economía europea y, en particular, a la economía española, que además en estos momentos también está tirando un poquito de lo que es Europa y nos viene bien esa actuación coordinada.

P.- Sigo con el tema de la abdicación. Teniendo en cuenta que acaba de decir que va a ser una Ley Orgánica; esto ya sabíamos que era así, pero también es evidente que los plazos son ligeramente… Acabamos de ver cómo una Ley Orgánica, la Ley de Abdicación, necesita una serie de plazos. Entonces, puede haber un tiempo, entiendo, en el que el Rey no tenga esa protección jurídica. ¿El Gobierno tiene previsto esto o no?

Vicepresidenta.- En primer lugar, yo quiero señalar una cosa, porque he leído varias cuestiones a lo largo de estos días. El Rey tiene inviolabilidad, es decir, no responsabilidad, por los hechos cometidos en el ejercicio de su cargo. Le recuerdo que, con independencia del aforamiento, la inviolabilidad por el ejercicio de su cargo durante el tiempo en que ha sido Rey permanece. Uno deja de ser inviolable pro futuro, pero eso no priva recuperar responsabilidad a las actuaciones anteriores. Creo que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta en este tema.

P.- Vicepresidenta, quería volver a la abstención de Convergència i Unió sobre el debate de la Ley Orgánica de Abdicación y sobre la postura en concreto de Duran i Lleida. No sé si le parece que es la persona más adecuada para seguir presidiendo la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y si cree que debería replantearse su permanencia, dado que no se le puede echar por parte del Congreso y tiene que ser él el que dimita. ¿Cree que se lo debería replantear?

Por otro lado, ¿le preocupan las dudas o críticas que hay en algunos sectores del Partido Socialista a la hora del debate y la votación de la Ley Orgánica?

También, ¿nos puede adelantar cómo va a ser el formato del acto de proclamación, porque creo que el Gobierno también está colaborando en eso?

Vicepresidenta.- Sobre la posición del señor Duran i Lleida, yo creo que le toca a él explicarla. Yo, desde luego, le llamo a la reflexión, porque le recuerdo que lo que se va a votar es la abdicación. El Rey, en un acto que es personalísimo, ha iniciado ese proceso de abdicación que, conforme a nuestra Constitución y a los antecedentes históricos de las Constituciones anteriores, requiere una Ley Orgánica y lo que se vota es la efectividad de ese acto; es lo que se está votando. Entonces, yo, a veces, en este tipo de debates, creo que hay que ser muy consciente de lo que está votando cada uno, sobre todo, porque, si no, la posición puede llegar a hacerse incomprensible.

Desde luego, al señor Duran i Lleida es a quien le corresponde explicar en ese Pleno, como portavoz del Grupo Parlamentario, su posición y nos clarificará a todos también por qué se adoptan determinadas decisiones.

Sobre el Partido Socialista, como ha señalado el presidente del Gobierno, la colaboración de ese partido y de su secretario general, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido muy leal. Se ha desarrollado con absoluta normalidad, como es este proceso, de normalidad democrática, y yo quiero ponerlo en valor. Hemos tenido una buena colaboración con ellos, hemos actuado con transparencia con todos los Grupos Parlamentarios y ésa es la línea en la que queremos seguir trabajando, con independencia de la posición de cada cual. Pero creo que hay que poner en valor la posición del señor Alfredo Pérez Rubalcaba y de su Grupo.

Sobre adelantar los formatos, hay tareas que corresponden a las Cortes Generales y anuncios que corresponden a las Cortes Generales o a la Casa del Rey, que no nos corresponden a nosotros. Nosotros estamos, como le decía hace un momento, para ayudar, colaborar, estudiar, reflexionar, con discreción; pero yo no voy a hacer anuncios que no me corresponden. Yo creo que cada uno tiene ahí una tarea que hacer y también la obligación de comunicarla y de anunciarla, en su caso.

P.- Volviendo a la actitud de Convergència i Unió y del señor Mas, y a pesar del acuerdo que usted nos ha dicho que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros respecto a la rebaja de peajes, me gustaría saber si esa actitud abre un nuevo abismo entre el Gobierno y CiU, entre el Gobierno y la Generalitat, que afectará a posibles negociaciones o entendimientos en el futuro. ¿Cree que con esa posición del señor Mas y de Convergència i Unió se abre una nueva etapa que deja atrás la colaboración de CiU en temas de Estado, que siempre era reconocida?

Vicepresidenta.- A mí me gustaría que no fuera así. Por eso he llamado a Convergència i Unió y a su portavoz a la reflexión en este debate, en primer lugar, porque estoy convencida de que muchos no entienden esta posición. Estoy absolutamente convencida porque, además, todo el mundo sabe lo que estamos votando, y creo que los partidos que aspiran y que son partidos de Gobierno, ante determinados procesos, que son históricos, que constitucionalmente están previstos, que se hacen con normalidad institucional y que dan debilidad institucional, no pueden ni deben permanecer al margen. Tienen todavía un tiempo. Les invito a esa reflexión porque, ya digo, ni es muy entendible ni parece muy oportuna, sobre todo sabiendo lo que vamos a votar, y siendo partido de Gobierno creo que uno tiene que reflexionar todavía más al respecto.

P.- Vicepresidenta, una pregunta relacionada también con la abdicación. No sé si este tema va a alterar en algo el calendario del Gobierno en relación a reformas como la reforma fiscal, que se iba a presentar en este mes de junio, en principio.

Sobre el asunto de hoy del plan económico, tenía entendido que la Garantía Juvenil del empleo entraba en este Plan. No sé si entra al final o no entra, o hay medidas relacionadas con ese tema en el Plan de hoy.

Vicepresidenta.- El presidente del Gobierno anunció el pasado fin de semana tres elementos de impulso a las reformas: uno era la reforma fiscal en la que, y ya enlazo con su primera pregunta, no se altera el calendario. Se aprobará este mes de junio.

Si me lo permiten, el que tiene problemas es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que ha visto alterado, digamos, el calendario parlamentario, porque estos dos Plenos van a estar cubiertos con este asunto. Pero, bueno, iremos viendo cómo para las leyes del Gobierno en su debate parlamentario puede recuperarse el calendario que estaba previsto; pero el calendario del Gobierno no se altera.

Como decía, reforma fiscal, que irá este mes de junio; este Plan de estímulo, este plan de apoyo al crecimiento, que hoy pasa por Consejo de Ministros; y el tercero de los ejes, la tercera de las patas, es un Plan de Empleo que presentaremos también en las próximas semanas y donde irá esa regulación de la Garantía Juvenil.

Muchísimas gracias.