Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda y de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos aprobados hoy en Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros en el que se ha tomado alguna decisión importante en el marco del Plan de Reformas que tiene diseñado el Gobierno. Hoy, una reforma muy importante para fortalecer la arquitectura del Estado, el entramado institucional de nuestro país.

Hoy se ha decidido en Consejo de Ministros analizar, para su remisión al Consejo de Estado, el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de una reforma de primer nivel, una reforma de calado, entre el conjunto de reformas que para la Administración Pública está adoptando este Gobierno. Hace escasas fechas aprobamos el Anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado, que también tiene un componente de racionalización administrativa muy importante, y hoy damos un paso más con una ley que es clave en el ámbito local para establecer una racionalización del ejercicio de sus competencias, de la sostenibilidad de sus cuentas y de la profesionalidad de sus tareas.

Éstos son, básicamente, los tres elementos fundamentales de esta Ley: clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, una función-una Administración; se fijará qué competencias y qué funciones dentro de esas competencias presta cada Administración; cómo se prestan y con qué dinero. Para ello, se establece un sistema de evaluación y seguimiento de los servicios públicos, porque la calidad en la prestación de esos servicios públicos será básica en el tratamiento de esta Ley. En segundo lugar, se racionaliza la estructura de la Administración Local buscando el equilibrio financiero y la eficiencia en la prestación de sus actividades. Y, por último, se busca una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político, como la desempeñada a nivel administrativo.

Será el ministro de Hacienda el que después nos relatará prolijamente los detalles de esta norma.

Además, en materia de estímulo y modernización, buscando siempre una mayor competitividad, hoy se ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Agenda Digital para España. Esta Agenda Digital es la estrategia del Gobierno en el ámbito digital y de las telecomunicaciones para cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa entre 2015 y 2020, cuya implantación, y según los propios cálculos de la Comisión Europea, puede suponer un incremento del Producto Interior Bruto Europeo de un 5 por 100 en los próximo ocho años.

Por eso hemos acordado una estrategia española, una Agenda Digital española, para el período 2013-2015 con seis grandes ejes centrados en el despliegue de redes ultrarrápidas, la economía digital, la Administración electrónica --éste es uno de los puntos clave en que esta Agenda Digital incide también en la reforma de las Administraciones Públicas: la mejora de los servicios públicos digitales--, el refuerzo de la confianza y de la ciberseguridad en el ámbito digital, el I+D+i en las industrias de futuro y el apoyo a la inclusión digital.

Por último, hoy se ha aprobado un Proyecto de Ley, del que les dimos cuenta hace quince días, por el que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico ocasionados por los incentivos económicos a la producción de energía eléctrica a través de fuentes de energía renovables, y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dados los mayores incrementos en el coste de estas energías y la caída del consumo, como explicamos hace quince días, se hacía necesario adoptar esta medida para dejar por sentado que se cumplirán los objetivos establecidos de déficit cero y que se hará, además, sin subida de la tarifa de la luz que pagan los usuarios, que pagan los consumidores, a través de la tarifa de la orden ministerial de peajes que fija el Ministerio de Industria.

Voy a dar, en primer lugar, la palabra al ministro de Industria para que nos explique estos dos últimos asuntos e intervendrá al final el ministro de Hacienda, dado que será la intervención más prolija de la mañana.

Sr. Soria.- En efecto, son dos cuestiones sobre las que voy a informar. En primer lugar, tal y como ha dicho la Vicepresidenta, el Anteproyecto de Ley, que ya está informado por parte del Consejo de Estado --había sido visto en primera instancia en el Consejo de Ministros del día 1 de febrero--, tiene como objetivo, fundamentalmente, el dotar de un crédito extraordinario al Ministerio de Industria, Energía y Turismo por un importe total de 2.200 millones de euros, cuya finalidad es atender a la financiación de una parte, no todo, de lo que es el importe total de las primas a las energías renovables.

El fundamento de este Proyecto de Ley es la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2013 en vigor, cuya disposición adicional quinta establece que los Presupuestos Generales del Estado para cada año establecerán, para financiar una parte de los costes de las energías renovables, la recaudación establecida en los tributos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y más del 90 por 100 del importe de las subastas de los derechos de emisión de CO2 con un tope de 450 millones de euros". Pues bien, la estimación de los tributos incluidos en esa Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética para el año 2013 está en el entorno de los 2.900 millones de euros; singularmente, 2.921 millones de euros.

Pero esto, junto con los ingresos procedentes de la subasta de CO2, va a ser insuficiente para atender a los desajustes previstos por la Comisión Nacional de la Energía para el año 2013. Por tanto, si hay un desajuste, sólo cabrían dos alternativas: o bien subir los peajes, lo que se traduciría, como ha dicho la Vicepresidenta, en un incremento adicional en la tarifa de la luz, cuestión que ha sido descartada por parte del Gobierno; o bien introducir una medida temporal, consistente en cubrir una parte de los costes de las primas de las tecnologías incluidas en el régimen especial a través de una transferencia específica en los Presupuestos Generales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por un importe de 2.200 millones de euros.

Esto es lo que establece este Proyecto de Ley y, por tanto, se cumple con la finalidad de que no vaya ese desajuste al precio de la tarifa, sino que vaya con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El segundo tema es la Agenda Digital española, que ha sido aprobada, tal como ha dicho la Vicepresidenta, en el Consejo de Ministros de hoy y que es una herramienta para mejorar, aumentar e impulsar la competitividad de la economía española, fundamentalmente a través de un mayor impulso a la economía digital.

La exposición que voy a hacer es breve y va a repasar cuatro aspectos diferentes: en primer lugar, qué es la Agenda Digital española; en segundo lugar, cuál es el proceso a través del cual se ha elaborado la Agenda Digital española; por qué una Agenda Digital española y, en cuarto lugar, cuál es el contenido de la Agenda Digital española.

De lo que se trata es de disponer de una estrategia del Gobierno en relación con la economía digital. ¿Por qué? Porque la economía digital tiene una creciente importancia en España. Ahora hay, aproximadamente, unas 30.000 empresas que están en el ámbito de la economía digital; ello supone una facturación anual del entorno de los 80.000 millones de euros; supone una generación de empleo anual, la economía digital, de 445.000 personas al año y supone un 5,7 por 100 del Producto Interior Bruto.

Por tanto, lo que se pretende con esta herramienta, que es la Agenda Digital española, es hacer llegar de una manera más nítida los beneficios de las tecnologías de la información y de la comunicación al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de las Administraciones Públicas, y también a las empresas. Se trata también de cumplir, como ha señalado la Vicepresidenta, con los objetivos que están planteados en la Agenda Digital Europea. Y luego fija una serie de objetivos específicos relacionados con la necesidad de aumentar el comercio electrónico, la inclusión digital, etcétera.

Por tanto, es un marco de toda la actividad de las TIC y de la Sociedad de la Información en España; es una propuesta conjunta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pero es una propuesta en la cual han trabajado de manera horizontal todos los Departamentos del Gobierno.

En cuanto a los recursos de la Agenda Digital española, hay que decir que son los recursos propios del presupuesto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, más el presupuesto de la Sociedad Pública RED.es, junto con todo lo que es el presupuesto destinado a la Administración electrónica por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, más lo dedicado por otros Ministerios a este área.

En cuanto al fundamento de la Agenda Digital española, ¿por qué una Agenda Digital española? Por cuatro razones fundamentales: en primer lugar, por su impacto en el crecimiento económico; en segundo lugar, por su impacto en el empleo; en tercer lugar, por su impacto en la productividad y, en cuarto lugar, por su impacto en el bienestar de los consumidores.

En cuanto al impacto sobre el crecimiento económico, el primero de los aspectos, dentro de Europa el sector de las TIC supone, aproximadamente, un 5 por 100 del PIB. Se estima que cada aumento de un 10 por 100 en la banda ancha se genera un aumento del Producto Interior Bruto situado en el entorno de un 0,9 a un 1,5 por 100, y en España todavía tenemos un amplio margen de maniobra para la mejora en esta materia.

En segundo lugar, efectos sobre el empleo. Cada millón de euros invertido en economía digital trae como consecuencia 33 puestos de trabajo; por tanto, un efecto claro sobre el empleo.

Efectos sobre la productividad. De cada aumento de un punto en la productividad, las TIC contribuyen a un aumento de la mitad del 50 por 100 de ese incremento.

Y en cuanto al bienestar de los consumidores, el aumento en el comercio electrónico de un 15 por 100 supone un incremento del 1,7 por 100 en el PIB europeo.

¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de elaboración de esta Agenda Digital española? Ha sido un proceso abierto y claramente participativo. Se inicia en el período de enero a marzo del año 2012 y se inicia, en primer lugar, con un diagnóstico que se hace, fundamentalmente, desde el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y también se hace recogiendo las recomendaciones en esta materia de la OCDE. Y, luego, se encarga a un grupo de expertos de alto nivel, que no tienen que ver con la Administración sino ajenos a la Administración, un informe que está culminado en junio del pasado año 2012. Después de haber obtenido ese informe, se somete a un período de audiencia pública entre julio y septiembre del año 2012, donde participan otros Ministerios, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; se da cuenta a los Grupos Parlamentarios, etcétera.

Como consecuencia de todo este proceso de audiencia pública, hay 14.000 visitas en la web de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; se producen más de 47.000 descargas y hay más de 500 propuestas.

¿Qué se hace luego, una vez que se culmina este período de audiencia pública? Se analizan todas estas propuestas; se incorporan muchas de ellas en forma de propuestas, de tal forma que mejoran claramente lo que era el documento inicial de la Agenda Digital española; después, se lleva a la Comisión de Industria del Congreso para su aprobación y, finalmente, hoy se lleva a Consejo de Ministros.

Finalmente, ¿qué incluye esta Agenda Digital española? Como ha señalado la Vicepresidenta, tiene seis ejes específicos y tres ejes transversales.

Primero de ellos, respecto a las redes ultrarrápidas se pretende que en el año 2015, como objetivo, haya un 50 por 100 de cobertura de banda ancha en redes ultrarrápidas, es decir, con una capacidad superior a los cien megabits por segundo.

Segundo eje: aprovechamiento potencial de las TICs como industria de presente e industria de futuro, a través fundamentalmente de herramientas como el "cloud computing", el "big data" y también las "smarts cities", donde hay ejemplos ya muy relevantes a lo largo de la geografía española de ciudades que realmente están siendo pioneras en esta materia.

Tercer eje: aumento de la confianza respecto al ámbito digital. Se pretende que en el año 2015 el 70 por 100 de la población esté utilizando Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se pretende que en el año 2015 el 85 por 100 de las empresas utilicen la firma digital y también se pretende que el 75 por 100 de las empresas en 2015 tengan políticas de privacidad o certificados en su propia web.

Cuarto eje: aumentar la inclusión digital. Objetivos concretos para el año 2015: que el 75 por 100 de la población use Internet de manera regular, que el 35 por 100 de la población utilice la telefonía móvil de la tercera generación para acceder a Internet y que un 75 por 100 de penetración en banda ancha se haga por móvil.

Quinto eje: aumentar el comercio electrónico, de tal forma que en el año 2015 el 40 por 100 de las empresas realicen su facturación de forma electrónica, el 55 por 100 de las microempresas tengan su web propia y el 25 por 100 de las empresas tengan soluciones en red en relación con su política de marketing.

Sexto eje: una mayor internacionalización de las empresas españolas de base tecnológica. Se pretende que haya un aumento del 30 por 100 en cuanto a las exportaciones del sector TIC y un aumento del 15 por 100 en cuanto a la representación de las empresas TICs en el resto del mundo.

El séptimo eje tiene que ver con las industrias de contenidos digitales. Se pretende impulsarlas de forma tal que en el año 2015 haya aumentado un 20 por 100 la facturación de las industrias de contenidos digitales y que haya un aumento en el número de centros de formación en contenidos digitales.

Voy con los últimos dos ejes. El octavo sería el aumento en la Administración electrónica. Se ha hecho mucho, como les decía con anterioridad, y se pretende que en el año 2015 un 50 por 100 de la población utilice la Administración digital.

Y, por último, como noveno eje, que haya un aumento en cuanto a la digitalización de servicios públicos en los distintos Departamentos, tanto Sanidad, Justicia y Administraciones Públicas, como, desde luego, el Ministerio de Industria y todos los demás.

Por tanto, se trata de una herramienta, se trata de un instrumento. No es un objetivo en sí mismo. El objetivo, en realidad, es contribuir a la mejora de la competitividad, de la capacidad de competir de la economía española, y particularmente de las empresas españolas dentro y fuera de España, y se trata de hacerlo a través de los distintos ejes que están incluidos en esta Agenda Digital española.

Sr. Montoro.- Como anticipaba ya la Vicepresidenta, la reforma que hemos llamado "para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local", la reforma de la Administración Local, supone un avance muy importante en la agenda reformista del Gobierno, en los compromisos de este Gobierno por la reforma de la Administración. La Administración electrónica es otro de esos campos donde realmente se están haciendo notabilísimos progresos y cubriendo anticipadamente los objetivos que marca el Plan que ha descrito el Ministro.

Sin duda alguna, la reforma de la Administración Local que presentamos ahora es también una de las más ambiciosas que se ha hecho en España en términos de reorganización de las competencias propias del Estado de las Autonomías de nuestro país.

Es también una de las reformas más esperadas en términos de la estructura institucional del Estado, donde participan todos los ámbitos de esa estructura. Estamos hablando de Administración Local, pero ahora verán como realmente hablaremos de cómo se articulan las propias competencias autonómicas en virtud de esa Administración Local; y estamos, por tanto, ante una reforma también racionalizadora del gasto público, ahorradora del gasto público, y que va a ayudar a que España vuelva a crecer sobre la base de la estabilidad del conjunto de sus Administraciones Públicas, dando garantía a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, del uso óptimo de los recursos que están pagando a través de sus impuestos; es decir, avanzando también mucho en clave en términos de transparencia.

La reforma ya tuve ocasión de presentarla después de su primer paso por el Consejo de Ministros, en forma de Anteproyecto de Ley, y ahora lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es un informe en el que, eso sí, hay modificaciones importantes respecto de julio y también avances para completar lo que fue ya la presentación que hicimos ante los medios de comunicación y ante la sociedad en julio. Además de ello, es una remisión al Consejo de Estado, que también esperamos que haga gran aportación, puesto que en este caso no hay nada de trámite protocolario; estamos hablando de competencias entre Administraciones y, por tanto, ahí las recomendaciones del Consejo de Estado son fundamentales, son vitales. Estamos hablando de la arquitectura institucional del Estado en nuestro país. Por tanto, no es una remisión, por eso decía, que a veces se entiende más protocolaria, sino de gran contenido.

De forma que esto es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros: ese informe que, insisto, tiene contenidos novedosos respecto de lo que se examinó en el mes de julio y la remisión al Consejo de Estado; por tanto, tendrá una vuelta al Consejo de Ministros. Pero créanme que ha valido la pena el tiempo que ha mediado entre el mes de julio y el actual para presentarles este nuevo Anteproyecto de Ley.

Se ha dotado de mucho contenido y se ha hecho una negociación política muy exhaustiva; no siempre afortunada en términos de conclusiones, pero siempre bien, porque hay que hacer así un Anteproyecto de estas características para contrastar y valorar opiniones. Estamos convencidos de que en su día también la tramitación parlamentaria enriquecerá este planteamiento, completará este planteamiento.

Ésta es una reforma en la que tenemos que ser extremadamente participativos, pues estamos hablando de los servicios públicos que llegan más directamente a los ciudadanos a través de esas Corporaciones Locales y de cómo articular esos servicios públicos.

Los principios son los principios de la aplicación, como ya he dicho, de la sostenibilidad financiera, de la estabilidad presupuestaria y también de la mejora en la eficiencia de los servicios de la Administración Local; pero también es aplicar lo que fue ya la consagración de ese principio político que lanzó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Estamos cumpliendo programa, por tanto; programa político, programa que comprometimos con los ciudadanos y estamos comprometiendo programa de gobierno desarrollado en el discurso de investidura.

Es un gran avance hacia una Administración-una competencia: que cada Administración se ocupe exclusivamente de una competencia, de manera que la no reiteración de competencias suponga un ahorro y, a su vez, mejore la eficiencia del servicio público. Es una racionalización de la estructura organizativa de las Administraciones Locales como ahora podremos comprobar. También el punto tres es fundamental: lo que introduce es más rigor, más control, más control económico presupuestario y, por tanto, garantiza la utilización óptima de los recursos que todos los ciudadanos contribuimos a través de nuestros impuestos para prestar esos servicios. Además, favorece la iniciativa económica y avanza, como antes también les anticipaba, en materia de gestión pública.

¿Qué se hace? Se definen de una forma precisa, como no se ha hecho en leyes anteriores, las competencias locales. Esto es fundamental y en el artículo 25 del Anteproyecto de Ley tienen el relato de las competencias que son las propias de las Administraciones Locales en nuestro país. Eso es importante porque, a partir de ello, habrá también un desarrollo legislativo de cada una de esas competencias; desarrollo que no sólo corresponde ya a la regulación básica del Estado, sino a la propia de las competencias autonómicas, puesto que el desarrollo tiene que ser compartido con las Comunidades Autónomas.

De esta manera, lo que hacemos es definir el campo de actuación, el campo propio de las Corporaciones Locales, y evitamos duplicidades con las estatales y con las autonómicas. Es decir, lo que tiene que hacer la Administración Local no debe hacerlo la Administración Autonómica y aquello que hace, a partir de la vigencia de esta Ley de más, la Administración Local debe pasar a hacerlo, por ejemplo, y digo por ejemplo en categoría más que ejemplo, la Comunidad Autónoma, en caso de que sea competencia. Si es competencia, es exclusiva competencia en la gestión de ese servicio público y, de esta manera, aseguramos la prestación de servicios mínimos de los municipios y de su financiación adecuada.

Aclaro que esto no es reducir las competencias de los municipios. Saben que los "power point" a veces y por eso voy a insistir… Yo los utilizo también, pero me gusta lo de los gráficos y las estadísticas, porque los de las ideas, a veces, son más difíciles de expresar en el "power point" cuando realmente es muy importante lo que a continuación voy a decir. Es muy importante porque la Ley se refiere también a cómo se convenian servicios desde las Comunidades Autónomas a las Corporaciones Locales. Esto es vital.

De manera que, siendo competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma --por ejemplo, una prestación social es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma--, esa Comunidad Autónoma puede conveniarla e, incluso, debe conveniarla, añado, y vamos a tener la iniciativa del Gobierno para que la convenie con las Corporaciones Locales. ¿Por qué? Porque quien tiene que realizar esa protección social es quien de verdad conoce la situación de dificultad de una familia y de una persona, y sus posibilidades de que caiga en exclusión social, y la política de igualdad entre esas personas.

Por tanto, estamos hablando de conveniar y esos convenios no van a ser como los actuales: convenios que se convenian y después, cuando no hay dinero por parte de la Comunidad Autónoma, se retira el dinero y permanece el convenio. La Ley lo hace al revés: obliga a que el convenio esté dotado y, si la Comunidad Autónoma no paga ese convenio, tiene la consiguiente retención en las participaciones en ingresos del Estado. Esto es muy importante.

Por tanto, quiero decirles que esto no es la reducción de las actividades de los municipios; es la definición de las competencias propias de los municipios y, a partir de ello, la delegación de las Comunidades Autónomas que tienen que hacer con la suficiente dotación presupuestaria con la seguridad financiera de esos municipios. Algo que en el "power point" no cabe para entendernos y por eso me extiendo porque, si no, va a parecer que es una restricción de competencia cuando es todo lo contrario, es un ordenamiento de competencias, insisto, en términos de qué Administración debe materialmente llevar adelante esa competencia.

O sea, es un avance del municipalismo, para entendernos. Nadie lo vea como lo contrario. Esto es avanzar en el municipalismo. No es quitar competencias a los Ayuntamientos, porque entendemos que no debe ser así. Ahora bien, en nuestro país, es cierto, y debe ser en un Estado de las Autonomías, hay una Administración intermedia muy importante, que son las Comunidades Autónomas, a la que la Constitución otorga amplias competencias y, por tanto, eso debe ser respetado al extremo. Pero el desarrollo de parte de esas competencias, insisto, debe corresponder a los Ayuntamientos.

Lo que hacemos es acabar con lo que se llama hoy las competencias impropias de los Ayuntamientos y luego ya ahí hay un relato --lo voy a dejar, no me voy a extender-- en materia de vivienda; en materias de competencias municipales en evaluación e información de las necesidades sociales o atención inmediata por exclusión social; en educación o en sanidad. Por tanto, con períodos transitorios, lo que se hace es integrar en la Administración competente. No de la noche a la mañana, obviamente; esto es una articulación que tiene que tomar su tiempo, puesto que no vamos a deshacer lo que el tiempo mismo ha construido en España en ese sentido de golpe y, por tanto, tendremos que tener períodos transitorios para que realmente podamos acomodar a cada Administración esa competencia.

En cuanto a sanidad, le hemos dado importancia también en el resumen, pero más que el resumen lo que quiero es trasladarles lo que realmente está conteniendo el espíritu de la norma.

En cuanto a educación, por descontado. Educación también es una competencia autonómica y, por eso, insisto en que, fundamentalmente, puede ser que determinadas prestaciones municipales lo atiendan, pero en desarrollo de esa competencia, no como propia.

Podríamos seguir en servicios sociales, donde la diferencia es que la Comunidad Autónoma asume la prestación de servicios sociales y de promoción y de reinserción social, y el municipio será competente en evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención a situaciones de emergencia social. Ello no quiere decir que el municipio no sea el que materialmente realice alguna de esas políticas sociales, porque obviamente es el más capacitado por la cercanía, al ser la Administración más cercana al ciudadano. Pero es una delimitación muy clara de competencias.

Y luego también de economía de escala porque, de acuerdo con los estudios disponibles, en términos de gasto per cápita de un mismo servicio mínimo según tamaño de población --éstos son estudios del Instituto de Estudios Fiscales--, se pagan a veces hasta cuatro veces más por un mismo servicio en función de que está demasiado disgregado, realizado por entidades de pequeño tamaño. Por tanto, ahí hay un potencial ahorro muy grande si hacemos o construimos unas sinergias en términos de prestación de esos servicios.

El siguiente planteamiento es la fijación de un coste standard de cada servicio público. Esto es muy importante, porque ahora hablamos en el ámbito de la Administración Local; pero en el ámbito de las Administraciones, tanto estatal como autonómica, también hay que hacer este baremo. Esto es muy importante, es una exigencia de la Administración moderna y es uno de los criterios que nos aconsejan los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que progresemos en España y esa evaluación, llegar a determinar ese coste Standard, es fundamental a la hora de reorganizar y de conseguir, insisto, una mejor eficiencia de nuestros servicios públicos.

Ésta es la idea, esto es lo que justifica que para los municipio de menos de veinte mil habitantes que no cumplan, que no lleguen a la cobertura de esos estándares en materia de servicio público, lo que hagamos es trasladar la gestión de esos servicios públicos al siguiente escalón de Administración local, que sería la Diputación, de manera que la Diputación sería un gran gestor de servicios públicos para la pléyade de municipios de menor tamaño, que son la inmensa mayoría de los municipios de España.

En cuanto al redimensionamiento del sector público local, de las empresas públicas, queda prohibido crear nuevas empresas públicas. Las existentes tendrán que sanearse o disolverse y se suprimen las que dependen, a su vez, de otras entidades. Ya saben que la intención del Gobierno es llegar a suprimir este tipo de entes, habida cuenta que en demasiadas ocasiones la actividad que realizan es una huida del Derecho Administrativo. No tiene otro tipo de excusa económica y, por tanto, esa llamada mayor flexibilidad no va bien orientada y lo que debe de hacer es cerrarse, dicho lisa y llanamente, y empujaremos con toda nuestra fuerza para que efectivamente se haga así.

El control económico y financiero es muy importante, esta clave también, porque se fortalece el papel de los interventores locales para dotarles de una mayor imparcialidad y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

Se vuelve al sistema del funcionario dependiente del Estado, habilitado por el Estado, que es el que hubo en España en el ámbito de la intervención, en este caso la intervención local, y los secretarios. Por eso es la recuperación que es fundamental también a la hora de articular mejor el control del gasto público y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios; en este caso, los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En tres meses, mancomunidades y entidades locales menores deberán rendir cuentas. Los que no rindan cuentas desaparecen en tres meses. Ésta también es una cláusula muy importante. No podemos admitir que se estén gestionando recursos públicos sin rendir cuentas. Sencillamente, el que no es capaz de rendir cuentas y, por supuesto, no es capaz de remitir esas cuentas al Tribunal de Cuentas no debe existir. Éste es el criterio que haría que, en el caso de mancomunidades y entidades locales menores, desaparezcan aquellas que no sean capaces en un período corto de rendir cuentas. Sé que algunas no han rendido cuentas nunca, pero hay que empezar, eso no es óbice, y el que no sea capaz de rendir cuentas es mejor que no exista, sencillamente. Los baremos de los incumplimientos en la rendición de cuantas, evidentemente, están ligados, fundamentalmente, a ese tipo de entidades y, por tanto, son las que están más señaladas a la hora de su extinción.

También es importante que la Ley contenga ciertas limitaciones en el uso de la capacidad de las Corporaciones Locales para limitar la actividad económica. Hay que agilizar esa actividad económica y eso enlaza también con otras leyes que desde el Gobierno hemos impulsado recientemente, como la Ley de Unidad de Mercado.

La limitación del número de concejales en dedicación exclusiva es muy importante también. Es muy importante en términos de lo que significa la realización de la actividad política la reducción del número de asesores, también conocidos como eventuales, personal eventual a cargo de estas Corporaciones Locales, y la fijación de límites máximos a las retribuciones de los cargos electos, de los empleados públicos --no es sólo cargos electos-- y de los directivos del sector público local por la Ley de Presupuestos de cada año.

Ésta es una innovación y vamos a irla repasando.

Concejales con dedicación exclusiva. A partir de la aplicación de esta Ley, lo que realmente tendremos en España es que, del total de concejales --68.285 es el número establecido, en función del número de Ayuntamientos en nuestro país--, sólo 12.188 tendrán remuneración. Tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, remuneración, y esto significa que el 82 por 100 de los concejales realizarán su actividad sin cobrar. El 82 por 100 de los concejales realizarán su actividad política sin cobrar y, por tanto, tendrán que desarrollar su tipo de vida normal de actividad económica o actividad profesional. Evidentemente, no tendrán dedicación exclusiva a la actividad política, pero sí estarán comprometidos en la gestión política de sus ciudades y de sus pueblos.

Esto también afecta a las grandes ciudades. En las grandes ciudades hoy todos los concejales tienen dedicación exclusiva y a partir de la Ley, no. A partir de la Ley se produce una reducción de ese número de concejales que hoy tienen dedicación exclusiva y pasarán a no tener dedicación exclusiva.

En personal eventual lo que hacemos es establecer unos tramos por municipio, de manera que en el total de municipios de España, los 8.116 Ayuntamientos, de acuerdo con esos criterios en los pequeños municipios no tiene sentido que haya personal eventual de confianza. A partir ya del tamaño de ésos, se podrá tener un asesor, dos --los casos de los municipios van subiendo en baremos--, etcétera, y en los mayores, los más grandes, es el 0,7 por 100 de la plantilla, con lo cual sumarían en personal eventual total, en relación con los 8.116 municipios, 6.489 personas, que es una reducción muy notable sobre las cifras actuales; tan notable que habrá que hacerla con período de transición, porque realmente hay que acomodar, dar plazos para que se acomode en términos de lo que está siendo su función.

En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, que es otro de los ejes que también se aporta, se acomoda de manera que las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes tengan la referencia del secretario de Estado y, a partir de ese secretario de Estado, el sueldo de secretario de Estado va disminuyendo en función del total de población del municipio en una escala descendente, de manera que los de menos de mil habitantes no tengan tampoco retribución.

O sea, no se suprimen municipios; pero las personas que se dediquen en esos municipios a la política no tendrán retribución pública y, por tanto, compaginarán su actividad con lo que es la actividad profesional que normalmente estén desarrollando. éste es el planteamiento.

También quería insistirles en la gestión profesional de la Administración Pública, en este caso la de la Administración Local, se establecen los techos máximos, que ya he explicado, y se limitan las retribuciones… Cada año la Ley de Presupuestos del Estado va a establecer el límite máximo y mínimo para los empleados públicos locales, de manera que lo que ha sido hasta ahora exclusiva negociación de la propia Administración Local desaparece. Todos entendemos la importancia de esta limitación, porque lo que ha sido esa gestión directa ha llevado es a que, por hacer funciones o por desarrollar servicios públicos parecidos, haya unas diferencias salariales en nuestro país inadmisibles de todo punto.

Es otra gran novedad ahora que realmente haya baremos limitadores y, a partir de ello, podamos hacer que un funcionario de la Administración General del Estado, que está desarrollando un servicio público determinado y similar --no idéntico, porque idéntico ya no existe a través de la nueva Ley--, de características similares… No tiene ningún sentido que, porque sea un funcionario local, esté mucho mejor retribuido por su capacidad de negociación directa con los responsables locales. No tiene ningún sentido, se limita en la Ley y, por tanto, también el conjunto de la función pública va a mejorar en nuestro país, va a registrar un avance considerable.

Además, también se profesionalizan los cargos directivos locales. El personal directivo de las Corporaciones Locales será única y exclusivamente funcionario, sin excepción, con lo que la Administración Local gana en profesionalidad, neutralidad y eficacia. Por lo tanto, también aquí promovemos un avance en términos de deslindar lo que es la gestión del servicio público, profesionalizándolo, de lo que será la actividad política. Ya he insistido antes en la importancia de los interventores y secretarios para dotarles de mayor imparcialidad, y garantizar, así, un control financiero y presupuestario más riguroso de las Administraciones Locales.

El impacto económico total es una estimación, obviamente, y está clasificado el ahorro potencial que estamos estimando en las diferentes categorías: el derivado de la clarificación de competencias, el de eliminación de duplicidades… Ésta es la de cifra de los 3.735 millones, que es la que ha rodado más; pero hay que concretarla en términos de lo que se supone que será supresión de mancomunidades y entidades locales menores, eventuales y cargos electos, con reducción de retribuciones, y también sector público local, donde también hay un ahorro bastante considerable, de manera que sumarían esos 7.618 millones a menor gasto, ahorro, en el período 2013-2015.

No les hago más conclusiones y me dejo abierto a sus preguntas, porque creo que las conclusiones las extraen ustedes mismos.

P.- Yo tenía dos preguntas para la Vicepresidenta y una para el ministro Montoro.

Para la Vicepresidenta. En clave política, me gustaría saber, a raíz de las informaciones que estamos conociendo sobre el presunto espionaje en Cataluña, si tienen la sospecha o está investigando que en el anterior Ejecutivo se llevaron a cabo estas prácticas. El portavoz del Gobierno catalán acaba de sugerir que este espionaje también ha ido en contra del independentismo. Entonces, me gustaría saber si el Gobierno rechaza que estas prácticas se estén dando todavía hoy en relación al Ejecutivo.

Luego, en clave económica, Vicepresidenta, ayer la ministra de Empleo y los agentes sociales acordaron un plan contra el desempleo juvenil. Me gustaría saber si nos podría avanzar cuáles son las claves de este plan y cuándo vamos a tener la agenda, cuándo vamos a ver esta aplicación de la reforma.

Y al ministro Montoso. Nos ha dado detalles de la posibilidad de eliminación, por ejemplo, de mancomunidades; pero no sé si tienen ya la cifra posible del número de mancomunidades que se van a eliminar. También me gustaría saber si cuentan con el respaldo de la FEMP, si llegan a este proyecto con el apoyo de los alcaldes.

Sr. Montoro.- Yo respondo a las preguntas no políticas --me ha parecido bien la presentación que ha hecho--; la valoración política, a la vicepresidenta, y yo respondo a las técnicas. Lo decía en el sentido de… Encantado.

La estimación es una estimación. Actualmente hay mil mancomunidades en España, del orden de mil, y, por tanto, hay que estimar que un número importante de ellas van a desaparecer, efectivamente, puesto que la práctica de presentación regular de sus cuentas no es la común. Por tanto, de esas mil sí hay un número importante, pero no puedo precisarle más. Es normal, porque quizás muchas de ellas arrastran… Digo normal en el sentido de que vienen condicionadas históricamente, pero no están haciendo funciones reales, de manera que harán bien en desaparecer.

Respecto de la posición de la FEMP, la posición oficial, hemos trabajado con ellos y ustedes saben que en su seno hay discrepancias, también por cuestiones políticas; en este caso, cuestiones ideológicas. A la crítica principal que se está lanzando a este Proyecto de Ley respecto de que está carente de una financiación local, lo que quiero decirles es que es el primer paso, es la definición de las competencias. Próximamente, puesto que vamos a abordar una financiación autonómica en España, primero haciendo un balance del sistema de financiación actual, a continuación haremos también una proyección de lo que debe ser la financiación autonómica de nuestro país y eso irá acompañada de una financiación local puesto que, si estamos readscribiendo competencias, lo normal, lo procedente y lo coherente es dar ese paso.

En términos de la FEMP, como institución, voy a convocar a la CENAL para conocer ya su última opinión a ese respecto. Lo haré pronto, cuando tengamos ese informe del Consejo de Estado, en las próximas semanas, y es en ese órgano, en la CENAL, donde la FEMP hará su pronunciamiento de carácter más institucional.

Vicepresidenta.- En relación como su primera pregunta, como saben, hay una denuncia en Barcelona como consecuencia de un espionaje que se llevó a cabo. Es la Brigada de Asuntos Tecnológicos de Barcelona la que está investigando y, desde luego, este Gobierno respeta y colabora en todo lo posible, a través, en este caso, de esa Brigada, en la investigación de este asunto. Yo a esa investigación me remito.

Sobre el asunto del independentismo, yo siempre que salen noticas de diferente tipo, siempre oigo al portavoz ligarlo al mismo tema. Yo creo que es mejor que se deje a la Policía, a la Fiscalía y, en su caso, a los jueces, investigar, sin meternos en mayores asuntos.

En segundo lugar, y sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, permítanme que, primero, yo agradezca a todos los que han colaborado en este proceso de diálogo y de participación, que ha sido muy amplio, que ha durado tres meses y que se ha culminado en una Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven, que me parece que es un asunto crucial para este país. Yo creo que hay que poner en valor que se hayan encontrado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la CEOE y la CEPYME en un tema que es de una importancia nacional básica. De ahí ha salido un acuerdo, con una dotación económica importante, 3.500 millones de euros, y cien medidas.

Me preguntaba usted por el calendario. De esas cien medidas, hay quince medidas de choque, quince medidas para lograr conseguir creación de empleo para esos jóvenes, tanto en el ámbito de mejorar su formación, para que puedan acceder a un empleo porque abandonaron tempranamente sus estudios, como medidas para fomentar el emprendimiento, es decir, la autocontratación, y medidas para mejorar la intermediación laboral, que es fundamental en este campo, como el Portal Único de Empleo.

Más allá de eso, hay medidas de medio y de largo plazo, 85 medidas, que insisten de una manera más amplia en todos estos ámbitos: en fórmulas de contratación, en fórmulas de mejor formación, de mejor empleabilidad…

A partir de ahora, y una vez que se ha cerrado esa Estrategia, toca ponerla en marcha e, indudablemente, en las próximas semanas tomarán forma legal las iniciativas que han sido, como digo, dialogadas, participadas y, si me permiten la expresión, consensuadas por el Gobierno y los agentes sociales. Vuelvo a poner en valor ese diálogo y esa participación que el Ministerio y el Gobierno pretenden que no sea cerrada, y han pretendido que no sea cerrada. Son muchos los agentes y son muchas las instancias que pueden colaborar en ese plan de emprendimiento joven y de empleo joven, que es básico para un país que tiene los índices que tiene.

Creo que también fue importante, la pasada semana, el fondo de casi mil millones de euros para empleo joven que se logró sacar en el marco de la negociación del entorno financiero plurianual y, con la combinación de ambos tipos de medidas, yo creo que podemos entrar en una senda en un asunto clave que es la creación de empleo joven o el apoyo al emprendimiento por parte de los más jóvenes.

P.- Vicepresidenta, quería insistirle en el tema de los espías. Hoy hemos conocido que, presuntamente, hay unos quinientos informes. ¿Cree el Gobierno que estamos ante una trama de espionaje? ¿El Ministerio del Interior va a emprender algún tipo de acción concreta?

Y al ministro Montoro quería preguntarle si han pensado en la posibilidad de que nadie quiera ser concejal en este país.

Vicepresidenta.- Ésa es política.

Sr. Montoro.- Perdone que matice a la Vicepresidenta, porque ésta es política en el sentido de…, pero tiene una raíz económica, porque la pregunta está formulada en que, al no tener retribución, para qué se quiere ser concejal. Yo creo que en la política se puede participar de muchas formas, entiendo y entendemos desde el Gobierno, y lo que estamos estimulando es precisamente a que se participe en la vida pública, como ya está siendo en la realidad. Hay un grandísimo número de concejales que en España no cobran y están participando en la vida pública de sus ciudades, de sus pueblos, para estar trabajando por ellos y por los demás, representando unas ideas. Eso es lo que hay que respetar y potenciar de la vida pública.

En términos de retribución, no debería ser el único elemento, ni siquiera el determinante, como ven, en esa categoría de participación de la vida pública. A veces, se entiende al revés y el debate que ha habido en España sobre el exceso del número de políticos, primero, no tiene ningún sentido. En España no hay 440.000 políticos; es imposible. El número máximo de políticos, entendidos así, es el que yo les he enseñado, está ahí, en esos concejales, en esos sesenta y tantos mil concejales; ésos son. A partir de ello, están los Parlamentos autonómicos, están los Gobiernos y demás; pero ustedes comprenderán que lo que de verdad suma es esto y, a partir de lo que sume sea eso, ya hoy no tienen retribución, la Ley garantiza que no tengan retribución. Es decir, que haya mucha gente que participe en la vida pública, pero no lo haga por una compensación económica, sino que lo haga por ideas y por ideales.

Vicepresidenta.- Yo no le puedo confirmar los datos que se están publicando y, por tanto, al no confirmar los datos, tampoco puedo dar una categoría a los mismos. Sí le digo que el Ministerio del Interior, y a través de la Brigada de Asuntos Tecnológicos de Barcelona, está investigando y van a llegar hasta el final. Desde luego, si se confirman, son delitos muy graves y habrá que actuar con toda contundencia por quien corresponda la investigación: por la Policía Judicial, por la Fiscalía y los jueces, en su caso.

P.- Para la Vicepresidenta. Después de que el presidente del Gobierno hiciera públicas las declaraciones de Renta y Patrimonio, de que ayer el líder de la oposición avanzara también algunos datos respecto a sus ingresos y propusiera o anunciara también que va a hacer una propuesta en el Debate sobre el Estado de la Nación respecto a la publicación en torno a este asunto, ¿el Gobierno cree que va a ser factible un acuerdo unánime en ese Debate en relación con este asunto? ¿En qué medida puede servir eso para calmar un poco la desafección ciudadana en torno a la política?

Por otro lado, también respecto al Debate del Estado de la Nación, querría saber los argumentos del Gobierno ante las críticas por el hecho de que, finalmente, no vaya a haber un debate específico sobre el último Consejo Europeo y que se haya subsumido en ese Debate sobre el Estado de la Nación.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos --si me permiten, voy a buscar alguno de los datos para la segunda de sus preguntas--, el presidente del Gobierno la semana pasada, voluntariamente y sin que mediara ninguna norma que lo exigiera, hizo públicas sus declaraciones de Renta y de Patrimonio de diez años. Hizo un ejercicio de transparencia, una decisión personal, y, además, lo hizo, si me permite la expresión un poco castiza, sin meterse con nadie. Contó sus declaraciones de Renta y Patrimonio en ese ejercicio de transparencia.

A partir de ahí, se ha abierto un debate de si se presentan más o menos, o la fórmula en la que se presentan. Yo quiero recordar que hay una declaración ya de bienes y de actividades que los diputados registramos en la Cámara. No sé el tipo de variaciones que plantea el Partido Socialista respecto de eso o si lo que pretende es lo mismo que el presidente del Gobierno. No me parece que sea así, porque debe ser bastante prolija la relación.

Pero, ¿qué quiere que le diga? A mi juicio, si ésa es la medida de regeneración democrática y de corrupción que se plantea, creo que es muy pequeña, creo que es corta. El Gobierno en lo que está trabajando es en medidas por la transparencia y contra la corrupción mucho más amplias. Un ejemplo es lo que se está haciendo en la Ley de Transparencia: hubo una reunión el miércoles, ya se ha avanzado que se incluirá a los partidos políticos como elemento al que hay que aplicar los criterios de transparencia; se está viendo la posibilidad de que se aplique a otro tipo de organizaciones, y se está estudiando. Desde luego, ésa es una vía; pero también hay que aplicar otra serie de medidas que, a nuestro juicio, van mucho más allá del debate de cómo se publican la Renta o el Patrimonio, o si se publica por uno primero una parte.

Ya digo que yo creo que, al menos por nuestra parte, nuestra voluntad de acuerdo va muchísimo más allá de lo que es la presentación de esas declaraciones de bienes y de actividades, que, como ya digo, tienen un formato en el Congreso, un formato que se acordó en la pasada Legislatura. Creo que están planteando cambiar ese formato. Si los parlamentarios acuerdan que se cambie el formato, adelante; pero nosotros vamos mucho más allá. Nosotros vamos con una Ley de Transparencia que queremos reforzar y con una serie de iniciativas legales que lo que tienen es que dar un nuevo impulso y dar nuevos mecanismos para luchar por la transparencia y contra la corrupción.

Nosotros pensamos que deben acordarse y queremos trabajar por ese acuerdo. Lo hemos hecho en conversaciones y la semana pasada tuvimos esa reunión. El presidente del Gobierno, expresamente, en varias preguntas parlamentarias, y en alguna que también se me ha dirigido a mí, hemos hablado de ese punto, y yo espero que, a partir de ese debate, podamos trabajar todos los grupos políticos, ponernos de acuerdo, en ese tipo de medidas.

Sobre la acumulación de debates, yo creo que la coherencia es importante en la vida política. El presidente del Gobierno tiene un Debate sobre el Estado de la Nación, anunciado desde hace tiempo y cerrado para este miércoles, y entre medias ha habido un Consejo Europeo; que, por otro lado, también le diré que nosotros entendemos que ha sido exitoso para España, porque ni más ni menos que hemos pasado a ser receptores netos de fondos. Con que imagínese el problema que tiene el presidente del Gobierno en debatir sobre el resultado de ese Consejo Europeo. Como ustedes dicen, se vende bastante bien. Pero hay un Debate sobre el Estado de la Nación, que es un debate amplio, que es un debate en el que se va a hablar de temas europeos, y digamos que no parece descabellado que allí se trate.

¿Qué han dicho los Servicios Jurídicos de la Cámara? Que no hay impedimentos reglamentarios de ninguna clase y que existen precedentes, tanto de la acumulación de debates, como de una cosa que a mí me parece peor: de la no celebración de comparecencias después de Consejos Europeos. Tanto es así que no hubo debate, que no hubo comparecencia, sobre los resultados de un Consejo Europeo después de los Consejos Europeos de Bruselas de 4 y 5 de noviembre de 2004, del 28 y 29 de octubre de 2010, de 4 de febrero de 2011 y del extraordinario del 11 de marzo de 2011, así como del 23 y 24 de junio del mismo año. Es más, el Debate del Estado de la Nación de 2011 se celebró los días 28 y 29 de junio, poco después del último que les acabo de citar, y, como el Presidente anterior era consciente de que no había pedido esa comparecencia, incluyó en su discurso una explicación, que yo les puedo repartir, amplia --no prolija pero sí amplia-- de los resultados de este Consejo.

Fíjese, hay precedentes de no haberse hecho comparecencia del Gobierno después de un Consejo Europeo; hay precedentes de que en un Debate sobre el Estado de la Nación, sin pedir la comparecencia, se explicara ese Consejo Europeo y ahora lo que se ha hecho es pedir esa comparecencia y, dado que hay un Debate amplio sobre el Estado de la Nación, y dada la situación de que nuestra nación también depende mucho de cómo le vaya al conjunto de las naciones en Europa y al conjunto de la Unión Europea, se ha pedido que se acumule esa comparecencia para no retrasarla más allá. Pero, si alguno le quiere ver a esto otra implicación, le diré: a pocos debates se va más cómodo que con los resultados que tuvo el Consejo Europeo de la pasada semana, en términos de recepción neta de fondos, en términos de fondo de empleo juvenil, mantenimiento de la PAC, etc., etc.

P.- Vicepresidenta, quería pedirle sobre el asunto del espionaje, la posible red de espionaje de políticos en Cataluña, una valoración más política, en el sentido de en qué manera les preocupa que esto sea un episodio más para aumentar la desconfianza o rechazo de los ciudadanos hacia la clase política.

Vicepresidenta.- Indudablemente, si esas noticias se confirman, son actuaciones muy graves. Pero en este país yo creo que la Fiscalía funciona y los jueces funcionan, y lo que tienen que hacer, si ese tipo de conductas se demuestran, es castigarse. Yo no sé ni si se ha espiado, ni quién ha espiado, ni cuánto costaban los informes, ni quién los ha comprado; pero, desde luego, si esto es así, el que lo haya hecho es una conducta muy grave que también he de decirle que puede que allí se ha generalizado en esta trama que ustedes llaman; no lo sé, pero que no es lo habitual yo creo que también. No veo yo a la gente dedicándose a eso.

Pero, indudablemente, si eso se confirma, si es en los términos que ustedes dicen, que yo no les puedo confirmar porque desconozco, la conducta es muy grave y claro que debe ser debidamente sancionada.

No sé si será lo suficientemente política la valoración, hoy que vamos de políticos y técnicos.

P.- Primero, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, una pregunta política. No me ha quedado claro de su explicación ni del "power point", que no le gusta… En el mes de julio el presidente del Gobierno anunció o se comprometió a una reducción de un 30 por 100 en el número de concejales, aproximadamente unos veinte mil. Yo quería saber si ese compromiso se ha superado, se ha eliminado o si se mantiene.

Y a la Vicepresidenta. Respecto al pacto de la corrupción, hace creo que tres semanas nos anunció ya que se había puesto en contacto con los portavoces y tampoco tengo claro si se mantienen esas gestiones, esas negociaciones, o si dejan las propuestas para el Debate del Estado de la Nación, para que las formule el presidente del Gobierno. En ese caso, ¿no teme que ese Debate se convierta, de alguna forma, en el debate sobre el estado de la corrupción, más que en el Debate sobre el Estado de la Nación?

Sr. Montoro.- A mí el "power point" me gusta. Lo que quería decir es que me gusta que sea de estadísticas, de curvas y de cifras, porque realmente soy más reacio a los conceptos, porque muchas veces, como he intentado explicar, no lo abarca. Sólo abarcan de manera inexacta e, incluso, trasmites una idea que no se adecua exactamente a lo que es el planteamiento.

Pero, dicho esto, lo que fue el compromiso del presidente del Gobierno en julio lo que se hace es traducirlo a esa realidad. A partir de esta Ley, el 82 por 100 de los concejales en España, incluidos concejales de grandes ciudades, no van a tener retribución. El sentido de la eliminación propuesta inicialmente era un sentido económico, estaba en un programa económico. No estaba en un programa político la propuesta de julio, estaba en un programa de ahorro, realmente, de estructuras políticas. Con esto conseguimos más ahorro realmente y, si quieren, también conseguimos más avance, como antes decía, en el propio espíritu de la política, que es participar de una manera voluntaria en esa política y sin retribución alguna.

Por tanto, éste es el planteamiento y ésa es la traducción que hacemos de ese compromiso.

Vicepresidenta.- Yo le voy a decir el ánimo con el que el presidente del Gobierno va a este Debate sobre el Estado de la Nación. Ha pasado un año, un año y dos meses, desde la investidura y es bueno hacer un balance de cómo estaba la situación, de cómo está ahora, de las medidas que se han adoptado y las medidas que se van a adoptar en el futuro. Indudablemente, la mayor preocupación de los españoles es el paro y los problemas económicos, y yo creo que el Debate se tiene que centrar, en buena parte, en lo que son los problemas económicos, el paro y, sobre todo, las medidas que se pueden poner en marcha para abordar esa situación. Los titulares ya serán otra cosa, pero eso ya es responsabilidad compartida.

Sobre el asunto del Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción, hemos hablado con los grupos políticos. Hemos tenido una reunión sobre una de las, digamos, dos patas de ese Pacto, que es la Ley de Transparencia. Yo creo que se puede trabajar y pueden hacer cosas conjuntamente todos los grupos políticos. Ahora, indudablemente, tenemos que abordar el otro asunto. El presidente del Gobierno ya ha anticipado que se está trabajando en medidas que está ultimando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Algún grupo político, y ustedes me han preguntado en esta mesa, ya ha adelantado alguna de sus propuestas y yo creo que no se puede ni circunscribir al antes y al después.

Si queremos adoptar medidas contra la corrupción serias, va a haber que hacer unas reformas legales importantes. Entonces, se inicia un camino de puesta en común de lo que propone cada uno, en el que nosotros, desde luego, también escucharemos lo que tengan que opinar sobre nuestras propuestas y opinaremos sobre las que propongan el resto de los grupos, porque yo creo que la lucha por la transparencia y contra la corrupción no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino que es una responsabilidad compartida de todos los que ejercemos, de una u otra manera, funciones políticas o funciones públicas.

Yo creo que en esto los ciudadanos lo que no entenderían es, digamos, un cruce de reproches, sino un intercambio de propuestas. Y nosotros esperamos que ese Debate del Estado de la Nación sea un intercambio de propuestas y no un cruce de reproches, porque el "y tú más" es lo que más cansa, yo creo, al ciudadano. El ciudadano quiere que, de verdad, si todos somos sinceros en ese Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción, adoptemos medidas eficaces, medidas en las que creamos, medidas que no sean la táctica del momento, sino una estrategia de verdad del país que se toma en serio, que tiene que hacer un proceso de regeneración democrática y de fortalecimiento institucional, y que está dispuesto a luchar contra la corrupción; que preocupa a los ciudadanos, pero que puedo decirle que también preocupa, y mucho, a los políticos que se dedican a esto honradamente y, como ha explicado el ministro Montoro, y cada vez más sin cobrar.

P.- Vicepresidenta, una pregunta primero para el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; y también para la Vicepresidenta después.

Con esta Ley de reforma de la Administración Local, de da la sensación de que las Diputaciones Provinciales salen fortalecidas. Es decir, se acaba el debate "Diputaciones sí, diputaciones no" ¿o se aplaza, incluso, para esa reforma de la Administración más amplia que está pendiente todavía? En este sentido, sobre la fusión de municipios en España ¿también está superado ya ese debate? Es decir, ¿no se va a producir fusiones de Ayuntamientos en nuestro país?

Y para la Vicepresidenta. Este fin de semana se celebra la Gala de los Goya. Se han anunciado ya protestas y bronca contra el Gobierno por los ajustes, recortes, y los sobres, me imagino también. ¿Qué evaluación hace de esta bronca anunciada que se avecina?

Sr. Montoro.- Efectivamente, las Diputaciones salen reforzadas como entidades locales intermedias desde las que se pueden prestar servicios fundamentales a un amplio número de Ayuntamientos en su ámbito. Esto entendemos que es mantener la descentralización en España y, al mismo tiempo, buscar esas sinergias de gestión económica que se derivan de que se gestionan mejor, en términos de menos coste, aquellos servicios que se concentran. A partir de ello, lo que son procesos de fusión de Ayuntamientos pueden seguir produciéndose perfectamente. Eso no es obstáculo alguno, todo lo contrario; se pueden buscar también ese tipo de sinergias, pero lo que pasa es que lleva su propia dinámica, sus voluntades, aunarlo.

Desde luego, por mi parte, estimulo que las fusiones que hoy están en marcha se lleven a buen puerto, se culminen, y que nazcan nuevas. Pero insisto en que el argumento no puede ser esperar a que, voluntariamente, los Ayuntamientos se entiendan con el de al lado, porque entonces íbamos a tardar algo más en tener una Administración local como todos aspiramos a tener. Por eso decía que es un proceso perfectamente compatible y lo importante ahora también es aplicar esos estándares de costes de lo que es la prestación de servicios públicos locales y gestionarlos lo más eficazmente posible. Y entendemos que la Diputación tiene un excelente papel y, además, conforma la estructura institucional clásica, tradicional, de nuestro país.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta en relación con la Gala de los Goya, yo le voy a dar mi opinión: yo creo que el cine es lo suficientemente importante, desde el punto de vista de la cultura, de la industria y desde el punto de vista de los aficionados, para que ese día se convierta en algo secundario. Para la afición, para la gente que se dedica a ello y, en general, para todo el sector, yo creo que es su día y no sé si es una buena estrategia --opinión personal-- que se convierta en el día de otro. Creo que el cine merece tener un día dedicado a eso, creo que debe ser lo principal y no convertirse en lo secundario porque, para hablar de lo secundario y para hablar del cine y de su financiación, que es un tema que preocupa, hay una comisión para reformar la financiación del cine español en nuestro país. Es una mesa donde está sentado el Gobierno, donde está representado todo el sector y ahí se puede hablar, se puede discutir, se puede criticar y se puede argumentar.

Entonces, yo creo que es muy importante elegir bien los escenarios y saber los foros que hay para cada cosa y la importancia que tiene cada momento.

P.- Varias preguntas para el Ministro y también, después, para la Vicepresidenta.

Aunque usted acaba de decir que de lo que se trataba era de que hubiera concejales que no cobraran, se nos vendió que había que reducir el número de concejales. Yo he entendido que van a mantenerse los que hay ahora y que se renuncia a esa reducción. O sea, ¿Barcelona va a seguir teniendo 41 y Madrid va a seguir teniendo 54? De éstos, ¿cuántos no van a cobrar, digamos, para ahorrar?

Me gustaría saber también el sueldo de secretario de Estado, que ustedes han tomado como base para el sueldo de los alcaldes. ¿Cuál es, porque hay bastante confusión de secretario de Estado más complemento de destino, más complemento… --sé que hay otro complemento--, más dos pagas que dependen de los complementos? ¿Nos podrían dar una cifra para que pudiéramos saber cuál es el sueldo del secretario de Estado?

Me gustaría saber también si los concejales que no van a cobrar van a tener incompatibilidades; es decir, ¿pueden dedicarse a constructores y estar de concejal en un grupo que es el encargado de conceder determinadas obras? Me gustaría saber eso.

Por último, un dato. Decía usted: las Mancomunidades, si a los tres meses no presentan las cuentas, se suprimen. En el "power point" que nos han puesto ponía que un 9,8 por 100, creo recordar, de Diputaciones tampoco las presentan. Si no las presentan, ¿esas Diputaciones también se suprimirán?

A la Vicepresidenta le quiero hacer dos preguntas. Primera, ha dicho usted que, en cuanto a la Ley de Transparencia, ya se ha decidido que los partidos políticos estarán incluidos y que se están viendo otras cosas. ¿Se está reconsiderando si la Casa Real debe estar dentro de la Ley de Transparencia o eso no es una cuestión a discutir?

Por último, y perdón, respecto al espionaje, ha dicho usted: "puede ser generalizado allí --entiendo en Cataluña--, pero no es habitual". Me gustaría saber si el Gobierno cree que esas prácticas son algo simplemente que se han producido o se producen en Cataluña.

Sr. Montoro.- El número de concejales actuales de Madrid es de 57 y quedarían con retribución en Madrid 45. En Barcelona el número total de concejales es de 41 y quedarían con retribución 32. Es decir, éste es un escalonamiento de esas participaciones. Por tanto, también afecta, como he dicho antes, a las ciudades de mayor tamaño, de mayor número de habitantes. A partir de ahí, en las más numerosas es en las que, por supuesto, menos personas hay que van a tener una retribución pública. Incluso en términos de lo que son las grandes, también hay una reducción significativa.

También hay una reducción significativa en el número de eventuales, que también es importante, obviamente, porque los eventuales se concentran en las más grandes. A partir de ello, cuando estamos reduciendo drásticamente el número de total de eventuales, esto afecta especialmente a las ciudades que usted ha citado.

Después, reitero lo que le decía a su compañero de profesión, que no de medio, en el sentido de que la competencia es muy sana, de que hemos optado por traducir ese compromiso, que, insisto, fue un compromiso de carácter económico, en un elenco de medidas de carácter económico y en un elenco de medidas también de orden de la Administración Pública, pero todas ellas eran de carácter económico, recuerdan perfectamente, las del Real Decreto Ley del mes de julio… Ese compromiso lo hemos traducido en el mantenimiento, digamos, de una estructura, de un cuerpo político, sin retribución, lo cual ahorra mucho más. Ése es el resultado. Realmente, va a salir menos para el contribuyente, más barato; es bastante más barato hacerlo así que hacerlo de la otra manera y, además, también así garantizamos la participación en la política. Es que hay que garantizar la participación en la política.

No sé si esta expresión ahora no está muy de moda, pero yo tengo que insistir en que es muy importante que las personas participemos en política, porque de esa política dependen las decisiones del conjunto de los ciudadanos. Por tanto, tenemos que favorecer esa participación y, si esa participación es voluntaria, de carácter voluntario, mejor, con esos límites que ven que afectan a todos.

Luego, en el ámbito ya de los gobiernos municipales, esos gobiernos tienen que adecuarse a la definición de competencias en concreto, que son las que también les podemos facilitar. Están en ese artículo 25 del Anteproyecto de Ley y, a partir de ello, habrá adecuación en esos cargos de ejercicio de responsabilidad política.

La no presentación de cuentas llevará a dos planos: en el plano que he citado de mancomunidades y entidades locales menores, a la supresión; en el plano del resto de las Corporaciones Locales que no presenten cuentas, serán intervenidas, habrá intervención, y, por tanto, se les vaciará de competencias y pasarán sus funciones a la entidad siguiente. En el caso de los Ayuntamientos que no presenten cuentas, por ejemplo, Ayuntamientos pequeños, serán vaciados; no de la estructura política, pero sí absolutamente de sus competencias y de su presupuesto.

El sueldo del secretario de Estado es variable, en el sentido de que no gana uno igual que otro; pero es un sueldo en torno a los cien mil euros brutos. Es un sueldo de ese tipo; puede estar entre 95.000 o100.000 euros.

Vicepresidenta.- Más que un ministro, sí.

Sr. Montoro.- ¡Hombre!, bastante más.

Vicepresidenta.- Y que el presidente del Gobierno.

Sr. Montoro.- Sí, claro. Por eso también hemos entendido que, dada la retribución y la importancia del papel político que hacen algunos de los grandes alcaldes, el compararse con el Gobierno… Es que es el renglón más bajo de la Administración en ese terreno. Por tanto, es así en el sentido político.

Vicepresidenta.- Aquí estás siendo técnico, no político.

Sr. Montoro.- Esto es todo números. Por eso decía…

P.- La pregunta es por qué no se ha puesto el sueldo del presidente del Gobierno.

Sr. Montoro .- Porque, en el caso de la asimilación, realmente es también una reducción excesiva de una retribución respecto de los niveles actuales. Ya es muy importante, ¡eh! Para alguno de los alcaldes de las grandes ciudades, como usted conoce también mejor que yo, ya estábamos en una reducción importante. Tampoco se trata de hacerlo… En fin, ya nos entendemos todos. Si ya es importante, no es reducirlo a la mitad. Por eso decía que nos parece un baremo y un baremo, además, más adecuado, porque va corrigiendo también las retribuciones, como ve, de todos los municipios de acuerdo con el número de habitantes.

Vicepresidenta.- Sobre la Ley de Transparencia, indudablemente, yo creo que hay una voluntad de todos los grupos y un acuerdo en que los partidos políticos encontremos la fórmula para aplicar los criterios de la Ley de Transparencia.

Sobre la Casa Real, ya hemos hablado desde la presentación de esta Ley que esta Ley es heredera de un Convenio europeo, donde establece un tratamiento específico a las Casas Reales y, de hecho, las principales Casas Reales europeas no están sometidas a la Ley de Transparencia. Estamos hablando, fíjese, de una ley que en principio nació para las Administraciones Públicas y que ahora se va a aplicar a partidos políticos y otras organizaciones en cuanto estén vinculadas a esas Administraciones Públicas.

Yo creo que hay que ser, digamos, también cuidadoso y prudente en la generalización, porque el esquema de aplicación también tiene que ser diferente, entre otras cosas, porque no funcionan igual unas que otras. Por ejemplo, en la Ley están incluidas las entidades concesionarias en el punto en que prestan concesiones. Es decir, tendremos que trabajar y mucho para esa aplicación.

Sobre lo del espionaje, son ustedes lo que me han preguntado por generalización y por tramas, que yo no le puedo confirmar. Yo no sé si en el local, que es por lo que yo me refería "al allí", se espiaba o no a todo el mundo o selectivamente. Pero sí lo que tengo bien claro es que no veo yo a la inmensa mayoría de todos esos concejales de los que hemos hablado aquí, y al resto de cargos públicos, a estas prácticas. Yo creo que esto, de confirmarse, es muy acotado. Otra cosa es que se confirme lo que ha aparecido, que yo no le puedo confirmar porque lo desconozco, de qué en determinado o no determinado sitio pudiera estarse grabando a todo el mundo. Yo no sé si allí era generalizado, en ese local, o no; pero yo lo que sí digo es que, en el ámbito de lo público, ésta no es manera de actuar. Y pasa como con los otros asuntos: no podemos hacer de la excepción, aunque en este caso sea muy llamativa, una categoría.

Muchísimas gracias.