Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de las ministras de Fomento y de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Les vamos a dar cuenta de algunos asuntos tratados en el Consejo de Ministros del día de hoy, que es el segundo de este mes de agosto, tras el Consejo del pasado día 3. Éste es un Consejo de Ministros que viene marcado por la adopción de medidas, tanto de reformas, como medidas de carácter social en apoyo de quienes en este momento de crisis están padeciendo mayores dificultades.

Este Consejo de Ministros ha adoptado medidas importantes de dinamización de la economía en dos sectores importantes: el del mercado del alquiler inmobiliario, pero también en el sector de la tecnología, de la innovación tecnológica, y de la televisión digital terrestre como mecanismos para la creación de riqueza y, por tanto, la posible creación de empleo. Flexibilizar mercados y modernizar tecnológicamente los existentes son buenos mecanismos para lograr el impulso de la economía y la creación de empleo, que viene siempre ligado a ese impulso.

Sin embargo, entre tanto, no podemos desconocer que existen muchísimos españoles que están atravesando serias dificultades: familias con todos sus miembros en el paro, familias a las que esta crisis, demasiado larga, les ha llevado a una situación muy difícil, que este Gobierno también, con la prórroga del Plan PREPARA, trata de paliar.

En primer lugar, sobre este último asunto hoy se ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo. Éste es el nombre técnico de lo que todos conocen como el Plan PREPARA

Este Real Decreto Ley no sólo es una prórroga del Plan, sino que es una reforma del Plan PREPARA tendente a dos finalidades esenciales: en primer lugar, que nadie que de verdad lo necesite, nadie que tenga apuros para poder vivir, apuros para poder cubrir sus gastos, se quede sin la necesaria asistencia del Estado; es decir, que nadie sin recursos, nadie con necesidades perentorias, se quede sin apoyo de las autoridades públicas, con el apoyo de nuestro sistema de bienestar, con el apoyo del Estado; y apoyar, además, más a quienes lo necesitan. Por eso, se ha reordenado este sistema y esa reordenación nos permitirá cumplir mejor sus objetivos.

El primero de ellos es ayudar a los que lo necesitan y más a los que más lo necesitan. Por eso, se amplía a 450 euros para las familias con más cargas, para aquellos parados que tienen mayor número de cargas familiares, y se reordena para conseguir precisamente eso: que se ayude a los que lo necesitan, más a los que más lo necesitan, y se fortalecen dos elementos esenciales de este Plan: la formación y la reinserción en la senda para encontrar un empleo.

En segundo lugar, como digo, se han adoptado en este Consejo de Ministros reformas de ámbito liberalizador importantes. Una de ellas es la relativa a la aprobación de un Proyecto de Ley, que remitimos ya a las Cortes Generales, sobre el mercado del alquiler. En este Proyecto de Ley, como explicará la ministra de Fomento, lo que se trata de fomentar es un mercado que en España no es un mercado que esté bien consolidado y es, quizá de los más pequeños o con menor parte de viviendas de toda Europa. Para ello se busca un mayor equilibrio entre la situación del arrendador y del arrendatario, y se busca una mayor seguridad jurídica para ambos en el desarrollo de ese contrato de alquiler. Además, se trata de fomentar aquellas sociedades que busquen o que empiecen a funcionar en el ámbito del mercado de viviendas de alquiler en un momento en el que todo el sector inmobiliario necesita de dinamización.

Entre las segundas medidas, las de reforma y medidas de ámbito dinamizador de la economía, hoy se aprueba un Acuerdo que impulsa la televisión digital terrestre y la innovación tecnológica, que es el Acuerdo por el que se aprueba el Plan de impulso de la TDT y de la innovación tecnológica en nuestro país. Esto ¿qué es? Como bien saben, la Unión Europea está promoviendo lo que se conoce como dividendo digital, es decir, la apertura de nuevos espacios radioeléctricos, para poder permitir que las tecnologías más avanzadas de comunicación, conocidas como el 4G, puedan tener un espacio de desarrollo.

Se trata de un impacto muy positivo sobre la economía europea que la Comisión Europea ha cifrado en los próximos años en 150.000 millones de euros. 150.000 millones de euros en innovación tecnológica, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en una mayor amplitud y seguridad de las comunicaciones que tiene que estar puesta en marcha en breves fechas.

Con este Plan ¿qué hacemos respecto del Plan anterior del Gobierno? Acelerar su implementación a 1 de enero de 2014 y, en segundo lugar, llegar a un acuerdo previo con los operadores de televisión --ayer se firmó con UTECA y se hizo público por la asociación-- para reubicar, con el fin de dejar libre el espacio para los nuevos móviles, para el 4G, los canales de televisión sin que pierdan programas y, además, simplificar y abaratar los costes en ese tránsito.

Se trata de un impulso, por tanto, de las nuevas tecnologías en un sector muy importante, que da dinamismo a la economía, que la Unión Europea considera prioritario, que cifra los beneficios de ese tránsito en 150.000 millones de euros en los próximos años y en lo que España quiere avanzar de una manera rápida y, a ser posible, bien.

También en este ámbito de las telecomunicaciones o, mejor dicho, de las comunicaciones del sector audiovisual, les informo de que el Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza la operación de concentración económica Antena 3 - La Sexta con condiciones.

Habida cuenta, que el Consejo de Ministros puede establecer variaciones en las condiciones respecto a la Comisión Nacional de la Competencia por razones de interés general, el mantenimiento del pluralismo informativo pero, sobre todo, el cumplimiento de la liberalización del dividendo digital y la rapidez en la aplicación de este Plan, han aconsejado establecer o modificar algunas condiciones de esa fusión en simetría y en plena coordinación con las que vienen operando en el sector.

Verán que falta con nosotros una ministra. La que falta está con el Presidente reunidos con el equipo paralímpico; sin embargo, también ha trabajado intensamente este verano para que el Consejo de Ministros dé luz verde a una serie de acuerdos-marco entre el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y la mayoría de las Comunidades Autónomas para fijar condiciones de adquisición de vacunas de calendario infantil y otras de adultos, en número de veintidós vacunas, que se van a comprar a través de centrales de compra por todas las Comunidades Autónomas y que suponen un ahorro, por esa compra conjunta, de 31 millones de euros.

Después de la experiencia de los ahorros que supone la vacuna de la gripe, y en ese intento de racionalización de centrales de compras que permiten obtener mejores precios si todos compran juntos y se aumenta el número de dosis y se planifica bien; esta serie de vacunas de calendario infantil y de otras como el meningococo C o el virus del papiloma humano van a permitir ahorrar en los dos próximos años 31 millones de euros.

Por último, quiero comunicarles dos asuntos importantes. El próximo viernes se aprobará el Real Decreto Ley de reestructuración de entidades de crédito, el conocido como Real Decreto Ley de cumplimiento del MOU, del Memorándum de Entendimiento, para cumplir los requisitos para la concesión de la ayuda financiera, de la ayuda a nuestros bancos. Hay ultimado un Real Decreto Ley, la Comisión Europea nos ha pedido una semana más para analizarlo conjuntamente, hemos accedido a esta petición y se aprobará el próximo viernes y se publicará inmediatamente.

Finalmente, paso a informarles de la agenda internacional del presidente del Gobierno en las próximas fechas. El presidente del Gobierno va a tener una intensa agenda internacional de cara a la labor que a todos nos compete, pero en la que España quiere tener un papel protagonista de impulso: en la unión fiscal, en la unión bancaria, en la continuación de la construcción económica y política de la Unión Europea.

El martes 28 de agosto tendrá un encuentro con el presidente del Consejo Europeo, el señor Van Rompuy, y el jueves 30, con el presidente de la República Francesa. Asimismo, en la semana siguiente, el jueves 6 de septiembre, tendrá un almuerzo de trabajo con la canciller de la República Alemana y el 11 de septiembre, con el primer ministro de Finlandia. Asimismo, se entrevistará el 12 de septiembre con el primer ministro de Andorra, el jueves 20 tendrá un encuentro con el presidente del Banco Europeo de Inversiones y asistirá en Roma el viernes 21 y el sábado 22 de septiembre a la reunión de la IDC. Igualmente, los días 24, 25 y 26 del mes de septiembre acudirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York.

Sigue una intensa agenda internacional el resto de los meses. Les informo, por su importancia, de dos asuntos del mes de octubre: la Cumbre bilateral que se va a tener con Francia y la Cumbre bilateral que se va a tener con Italia.

Por tanto, es una agenda internacional muy intensa en un momento muy importante para dar un impulso a temas tan destacados como la unión fiscal y la unión bancaria, medidas para reforzar dos ideas fundamentales: la irreversibilidad del euro y el avance en el proceso de construcción europea.

Ahora voy a dar la palabra, en primer lugar, a la ministra de Empleo para que informe de las principales novedades en este Real Decreto Ley de prórroga del Plan PREPARA.

Sra. Báñez.- En primer lugar, quisiera recordar como el presidente Rajoy --hoy también lo ha dicho la Vicepresidenta en esta rueda de prensa-- en su debate de investidura como presidente del Gobierno dejó clara una cosa a todos los españoles: el Gobierno de España va a estar cerca y va a ayudar a todos los españoles que más lo necesiten en la salida de la crisis.

Este Plan, con un conjunto de medidas que ya ha ido tomando el Gobierno en estos meses, pone de manifiesto ese compromiso: ayudar a las personas, a las familias españolas, que más lo necesiten y que sean más vulnerables en la salida de la crisis. Ése es un gran objetivo del Gobierno y a eso nos vamos a dedicar en esta ocasión y en los próximos meses.

Por ese motivo, nada más llegar a nuestra responsabilidad, prorrogamos en diciembre de 2011 el famoso Plan PREPARA, el Plan que hoy traemos al Consejo de Ministros para su nueva configuración, después de la evaluación que el Real Decreto Ley de creación de 2011, por parte de un Gobierno anterior, ponía de manifiesto y obligaba al Gobierno de turno. Por tanto, lo que estamos haciendo es actuar con rigor, con seriedad y, sobre todo, cumpliendo la ley, cumpliendo ese Real Decreto Ley que preveía, al final de cada período, la evaluación y posterior prórroga de este Programa.

Quisiera decirles también que los objetivos de este Programa siguen siendo los mismos: por una parte, atender a las personas más vulnerables en el mercado de trabajo y en la salida de la crisis, y, por otra, y muy importante, que sea un camino a la entrada, de verdad, en el mercado de trabajo.

Este Programa tiene la virtualidad que configura itinerarios personalizados a los beneficiarios del mismo, primero, formándolos y recualificándolos para que, posteriormente, puedan entrar, de verdad, en el mercado de trabajo.

Les recuerdo que este Programa lo pueden pasar los beneficiarios por una sola vez en su vida. Es decir, sólo cobrarán durante toda su vida seis meses y esos seis meses tienen que ser, de verdad, una puerta a la formación para el empleo. Por eso redenominamos este Programa como Nuevo PREPARA para el empleo porque, si no, estaríamos viendo frustradas las expectativas de mucha gente que ve en este Programa esa última puerta de entrada en el mercado de trabajo.

Entre las mejoras que incluye, y en ese ánimo de ayudar a los que más lo necesitan en la salida de la crisis, hemos elevado la cuantía de la ayuda de este programa, en los casos de parados con mayores cargas familiares, de 400 a 450 euros al mes. De esa manera, también ayudamos a los que tienen más responsabilidad familiar con una ayuda mayor.

También quiero agradecer, porque hemos tenido durante este mes de agosto contactos con los agentes sociales, con los empresarios y los sindicatos, la disponibilidad de todos ellos a mejorar, entre todos, la formación de los beneficiarios de este Programa para que consigamos esa mayor inserción en el mercado de trabajo.

Además, quiero agradecer la disponibilidad de las Comunidades Autónomas a colaborar, mejorando entre todos la gestión, ya que se trata de un Programa en el que gestionamos conjuntamente el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, para que, de verdad, los objetivos de inserción en el mercado de trabajo puedan ser efectivos y puedan ser eficaces.

Les anuncio también que, como resultado de las conversaciones que ha tenido el Gobierno con los agentes sociales, y aunque estamos obligados a evaluarlo al final del Programa, el compromiso de evaluación parcial en los tres primeros meses de puesta en vigor de este Programa va a ser un compromiso del Gobierno. Nos reuniremos con los agentes sociales en el ecuador de este Programa para mejorar, en lo que quepa, ese plan para la formación y para el empleo que tenemos por delante, que es el Plan PREPARA.

Hasta ahora el Plan PREPARA, como antes señalé, tiene su origen en el Real Decreto 1/2011 del Gobierno anterior. Ha sido prorrogado en dos ocasiones: una por el partido y el Gobierno socialista, en agosto del año pasado, y otra en diciembre de ese año por el Gobierno de Mariano Rajoy. En su día se creó para beneficiarios, que eran aquellos parados que hubieran agotado la prestación contributiva o cualquier subsidio del sistema, que acreditaran rentas inferiores al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, contando la unidad familiar; pero la diferencia entre el PREPARA que ha estado en vigor hasta el 15 de agosto y el Nuevo PREPARA es que no contaban los ascendientes, y en el futuro sí contarán.

Es, además, compatible, siempre que no se llegue a ese tope, con ayudas de las Comunidades Autónomas, y lo va a seguir siendo, y, además, desde el primer momento es una obligación de los beneficiarios aceptar ese compromiso de actividad, porque es un programa para el empleo.

La duración va a ser igual, de seis meses, y el contenido de la ayuda económica, que era entonces de 400 euros, va a seguir en la mayoría de los casos también en el nuevo Programa, excepto en los nuevos parados que tengan mayores cargas familiares, en cuyo caso lo elevaremos a 450 euros.

Es de resaltar, y es muy importante que insista en ello, que se trata de un plan individual para mejorar la empleabilidad y, por tanto, facilitar así su nueva vuelta al mercado de trabajo de los parados.

El objetivo, como ya les decía al principio, siempre ha sido atender a las situaciones de mayor necesidad, recuperar el empleo de los que pasen por él y exige siempre evaluación una vez concluido el Programa.

Durante este mes de agosto, una vez concluido el 31 de julio, hemos estado evaluando intensamente el Programa desde su creación, algo que, como dije antes, era una obligación legal y nunca se hizo, y los resultados han sido algo decepcionantes. Han pasado por él 500.000 beneficiarios y han concluido el Programa 307.000.

Quiero resaltar también en este momento que los que iniciaron el Programa en la etapa anterior continuarán en las mismas condiciones cobrando el PREPARA hasta el final de esos seis meses. A ellos no se les van a modificar las condiciones de acceso. A nadie que esté cobrando hoy y que esté en el programa PREPARA actualmente en vigor se les van a cambiar las condiciones, porque he visto alguna noticia diferente en ese sentido.

Los beneficiarios han sido, en su mayoría, hombres, 56 por 100, frente al 44 por 100 de mujeres, y la consignación presupuestaria de todo el Programa hasta este momento han sido 1.120 millones de euros.

Sorprende que, siendo un programa para la formación y la recualificación profesional de las personas que pasan por él, haya tenido un efecto muy limitado en ese sentido. Los itinerarios personalizados han consistido, en su mayoría, en orientación, no en formación. Orientación es, en la mayoría de los casos, un curso o una charla de tres horas de cómo se hace un currículum o cómo se busca empleo. El 93 por 100 de las acciones han sido ésas, el 8 por 100 sólo ha asistido a un curso de formación para la recualificación y menos de un 2 por 100 han tenido acciones destinadas a impulsar el emprendimiento por parte de los Servicios Públicos de Empleo, ya sean autonómicos o nacionales.

Reducida eficacia también en la inserción, siendo un Programa creado para el empleo: el 70 por 100 de esas trescientas mil personas que ya han pasado no concluyeron el Programa, pero no han podido volver al mercado de trabajo.

Además, los que han conseguido entrar en el mercado de trabajo, que son unos pocos, se han colocado en empleos de reducida duración. Sólo el 18 por 100 de todos los que han logrado insertarse en el mercado de trabajo han trabajado más de dos meses y menos del 1 por 100 --éste es un dato muy demostrativo--, el 0.95 por 100, de todos los contratos han sido indefinidos; es decir, del total de contratos sólo 4.769.

Por tanto, tras la evaluación los resultados han sido bastante limitados.

En cuanto a las condiciones de acceso, lo que resulta de la evaluación que hemos realizado durante el mes de agosto es que hay desempleados de corta duración, que no parece que sean los desempleados que tengan más necesidad en la salida de la crisis; también algunos de ellos que conviven en núcleos familiares que tienen rentas altas, que tampoco son los parados más vulnerables, e incluso se han producido, digamos, duplicidades de personas que reciben rentas asistenciales de Comunidades Autónomas e, incluso, de Ayuntamientos que no se han tenido en cuenta y que se solapan al evaluar este Programa.

Ya puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en 2010, haciendo un análisis sobre la renta activa de inserción, que entre todos (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y entidades locales) teníamos que mejorar la transparencia en la asignación de las ayudas asistenciales y de todo tipo de ayudas estatales porque se podían producir solapamientos y duplicidades. El Gobierno también va a trabajar en ese sentido.

Por tanto, de las conclusiones de la evaluación nos vemos en la necesidad, en la obligación, de reorientar y de reformar este Programa para que sea, de verdad, un programa que se dirija a quienes más lo necesitan, a los que realmente necesitan la ayuda del Gobierno en la salida de la crisis; y que mejore, además, los mecanismos para los que se creó, que no son otros que la formación, la mejor cualificación, para encontrar un empleo, porque es un programa para el empleo. Además, debemos de intensificar la coordinación y la colaboración con las Comunidades Autónomas para mejorar esa eficacia y esa eficiencia en la gestión.

Por tanto, el nuevo Plan PREPARA queda configurado con nuevos contenidos, empezando por lo que les decía al principio, con más ayuda: se incrementa en más de trescientos euros la ayuda a los beneficiarios que acrediten tener, al menos, más de tres personas a su cargo en el núcleo familiar; se prioriza a los más vulnerables y por eso se centra el Programa en los parados que tienen cargas familiares y aquellos que llevan más tiempo en el desempleo, parados de larga duración; se mejora, además, la consideración de renta familiar y se tendrá en cuenta, en este caso también, no sólo a los descendientes, sino también a los ascendientes de la unidad familiar.

Vamos a intentar que sea un programa más eficaz y por eso vamos a seguir el compromiso de actividad para la inserción laboral; vamos a intentar mejorar la eficiencia, en coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas, así como mejorar la gestión.

Me gustaría decir, porque se ha debatido mucho estos días sobre el Programa, decir que creemos que la nueva reconfiguración del Programa hace de él un programa más equitativo y más justo en términos de justicia social también.

Les quisiera poner un ejemplo. En lo que se ha debatido estos días de si es bueno o no incluir a los padres, a los ascendientes, en la consideración de unidad familiar, nosotros entendemos que lo que se hace con eso es ganar todos los ciudadanos en términos de equidad, porque, por ejemplo, si en una familia de cuatro miembros los padres tienen una renta conjunta de ocho mil euros al mes, los dos hijos en la actualidad están en el paro y tienen derecho al PREPARA porque cumplen el resto de condiciones, hoy, tal como se configuró anteriormente el Programa, cobrarían los dos hijos el PREPARA teniendo unos padres que tienen una renta mensual de ocho mil euros.

Por otra parte, en otra familia de cuatro miembros compuesta por los abuelos, que tienen una renta conjunta de novecientos euros, una hija, en este caso madre soltera, que solicita el PREPARA y su hijo está trabajando y recibe un sueldo de mil euros al mes, esta chica no sería beneficiaria del PREPARA porque, al considerar sólo a los descendientes, la renta de su hijo, dividida entre dos por la unidad familiar, le sacaría del Programa.

Por tanto, tendríamos a dos hijos de un matrimonio que tienen rentas altas y los dos cobrarían el PREPARA, y una familia que parece, a la vista de todos, que lo necesita más estaría fuera.

Con la nueva configuración del Programa, los de arriba, los que tienen rentas superiores a esos ocho mil euros, no cobrarían el PREPARA porque no son los parados más vulnerables a la salida de la crisis y pueden utilizar el colchón familiar buscando empleo, porque los Servicios Públicos de Empleo les van a seguir dando formación y van a tenerlos a su disposición siempre para buscar empleo; pero la solicitante que forma parte de una familia con unos abuelos que tienen rentas de novecientos euros, y un hijo que tiene a su cargo que cobra mil euros de sueldo, sí tendría en este caso posibilidad de pedir el PREPARA y buscar en ese Programa una oportunidad, no sólo de tener un renta, sino también de formarse para el empleo.

Por tanto, el criterio de justicia, que dijo la vicepresidenta, y la configuración de los ascendientes en la unidad familiar parece que, en muchos casos, benefician a los que, de verdad, lo necesitan en términos de equidad.

Sra. Pastor.- Se ha aprobado en el Consejo de Ministros la aprobación con carácter definitivo del Anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.

Después de haber sido sometido a los órganos consultivos y también a información pública, se trae con carácter definitivo, buscando, como saben, un objetivo, que es el más importante, que es intentar, dentro de lo que puede hacer una norma, que son muchas cosas, mejorar la oferta del alquiler de viviendas en España para que haya una mayor movilidad, para que haya una mayor posibilidad de encontrar piso en alquiler, y además, a mejores precios, y todo ello para incentivar la oferta y, sobre todo, para lograr un equilibrio entre los derechos que asisten al dueño de la vivienda y los derechos que asisten a quien alquila una vivienda.

Como seguro que ustedes conocen bien, en este momento en España el mercado del alquiler es de los más bajos de toda la Unión Europea y de toda la OCDE. Tenemos un 17 por 100 de la población que vive en una vivienda de alquiler frente a un 83 por 100 que vive en propiedad, frente a un 30 por 100, como media, que tenemos en el resto de la Unión Europea. Tenemos, en este momento, solamente 1,8 millones de viviendas en alquiler, tres millones de viviendas vacías y un parque de veinticinco millones de viviendas, con un aumento desde 2001 de cuatro millones y un stock de viviendas nuevas sin vender, que es muy preocupante, como saben, de casi setecientas mil viviendas. En el año 2011 se inició la construcción, además, de 51.956 viviendas.

Los tres objetivos son: flexibilidad, seguridad jurídica, tanto para el dueño de la vivienda como para el inquilino, y mejora en la regulación del procedimiento de desahucio.

Empezaré por la primera parte, que es la priorización de la voluntad de las partes y la flexibilización. Uno de los objetivos de la Ley no es dar más derechos a unos que a otros; es porque cualquiera de nosotros podemos ser inquilinos en un momento de nuestra vida y en otro momento de nuestra vida, propietarios. Por tanto, esto no es una división, sino que, al revés, es buscar el equilibrio entre todas las personas que estén en una situación o estén en otra. Eso es lo que intenta la ley y espero que lo hayamos conseguido.

Primero, las partes podrán, a partir de ahora, expresar la actualización de la renta de forma voluntaria. No hay que fijar la revisión de la renta al IPC.

En segundo lugar, las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente. Es decir, en ausencia de pacto sigue vigente el derecho, pero tú puedes pactar con el que te alquile la vivienda que tú no quieres comprar esa vivienda nunca y puedas obtener, incluso, mejores condiciones.

Por otro lado, se podrán aplicar al pago de la renta --esto es muy importante-- las mejoras o reformas acordadas y realizadas por el inquilino. Es decir, si tú quieres hacer que la cocina, en vez de ser una cocina ordinaria, sea una cocina que dé al salón, esa mejora ya se cargue a la renta del primero o del segundo mes. Ésta es una cosa que nos piden todas las asociaciones y que nos piden muchos particulares, y que se ha atendido en la norma.

En cuanto a la duración del contrato, la duración del contrato, comparativamente con otros países, es muy larga y eso hace que, en muchos casos, para la gente sea un hándicap para alquilar una vivienda. Ampliamos esos plazos, de tal modo que la reducción del plazo de prórroga forzosa pasa ahora a tres años y eran cinco, mientras que la prórroga tácita pasa de tres a un año. La actualización de las fianzas se ajusta a este nuevo plazo de tres años.

También introducimos una medida, que yo creo que es muy importante y que le importa mucho a mucha gente, especialmente a gente joven, sobre todo, en un momento en el que saben cómo está en este momento el empleo, que estamos intentando que mejore cada día. La medida es que el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de un mes. Esto es muy importante porque, como saben, en un momento determinado puedes perder las condiciones que hacen que puedas pagar el alquiler de una vivienda. Esto también es algo reclamado, especialmente por la gente joven, y sobre todo con contratos, en muchos casos, que no son de la duración que a todos nos gustaría: duración indefinida.

También es muy importante que el dueño pueda recuperar la vivienda para residencia habitual si comunica la necesidad de la vivienda como permanente para él o para sus familiares, en el caso de su pareja si se ha divorciado o de que haya adoptado, por ejemplo, niños; y siempre que preavise con dos meses. Es decir, que pueda recuperar esa vivienda, pero que lo haga con un tiempo de antelación y, desde luego, con las causas debidamente justificadas.

El siguiente tema importante es que el comprador de una vivienda arrendada puede inscribir, de forma voluntaria, ese alquiler en el Registro de la Propiedad, y también lo puede hacer el inquilino. Queremos que esa inscripción, que es voluntaria --nos ha parecido que la obligatoriedad sería introducir rigidez--, sí dé determinadas garantías y derechos. Lo explico con un ejemplo muy sencillo: una persona alquila una vivienda a otra y el que vaya a comprar esa vivienda sabe y tiene la seguridad de en qué condiciones está esa vivienda, porque, si así se ha querido por las partes o por una de las dos partes, está inscrito en el Registro de la Propiedad y, por lo tanto, tiene que garantizar los derechos de esa persona que está de inquilino. En el caso de que no esté inscrito, porque no hayan querido las partes o no haya querido una de las partes, ese derecho no se podrá ejercer.

Esto da una transparencia muy importante al sector del alquiler, de tal manera que, si tú tienes una casa alquilada por tres años y el dueño vende esa vivienda, tú sigues teniendo ese derecho.

También es muy importante el tema, que además ha sido recogido por medios de comunicación, de la agilización de los plazos y de los procedimientos judiciales en caso de desahucio. Aquí estamos hablando de desahucio de alquiler de vivienda, es decir, del alquiler de una persona que tiene que pagar el alquiler y no paga el alquiler.

Lo que se hace es que se habilita un plazo de diez días para que el arrendatario pague la deuda y a partir de ese momento esa persona, el arrendatario, puede alegar muchas cosas. Imagínense que alega ante el juez que está enfermo, o alega ante el juez que lo puede pagar en veinte días, o alega ante el juez que tiene una situación familiar o que ha tenido una situación familiar, y eso será tenido en cuenta por el juez. Pero se vincula el lanzamiento, como saben, a la falta de oposición del demandado. Es decir, si el demandado, el inquilino, no comparece o no paga, el juez da por terminado ese procedimiento y la finalización del proceso será mediante el auto del juez.

Es decir, lo que queremos es hacer posible que esa indeterminación, que en muchos casos se produce, y esos plazos largos se puedan resolver, pero dando seguridad a las partes y que la persona que tenga dificultad también lo pueda alegar de forma inmediata ante el juez.

El siguiente tema, que es muy importante, es el Impuesto de Sociedades de aplicación general. Y luego hablaré de las SOCIMIS que, como saben, son sociedades cotizadas.

Para las Sociedades, con carácter general, se flexibilizan los criterios específicos que permitan la aplicación del régimen fiscal especial del arrendamiento de viviendas: por un lado, ahora con la nueva norma el número de viviendas arrendadas u ofrecidas baja de diez a ocho; segundo tema, las viviendas deberán permanecer arrendadas, al menos, tres años y no siete como hasta ahora; en tercer lugar, las actividades de promoción inmobiliaria y arrendamiento serán objeto de contabilización separada; por último, y muy importante, a todas las entidades con actividades complementarias a la principal de arrendamiento se les sigue aplicando el 85 por 100, pero siempre que demuestren que el 55 por 100 de los beneficios se debe a esta causa.

Creo que se entiende; si no, luego en las preguntas puedo profundizar.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no residentes, hasta ahora, y seguro que lo conocen bien, las actividades de no residentes estaban sujetas a un impuesto en España, que se llama el GEBI, que es del 3 por 100 del valor del inmueble. A partir de ahora, tan sólo las entidades extranjeras que estén residentes en paraísos fiscales tendrán que pagar el impuesto; pero para el resto desaparecerá este tipo de impuesto. Todo ello con el fin también de mover el mercado inmobiliario, especialmente en muchas personas, como saben, de países de nuestro entorno de la Unión Europea.

Ahora voy a las SOCIMIS. Como saben, las SOCIMIS fueron creadas en el año 2009. Son sociedades cuya actividad principal es la inversión directa o indirecta en activos inmobiliarios urbanos para su alquiler, incluyendo tanto viviendas, como cualquier otro tipo de inmueble o local.

¿Qué ha pasado con la regulación de las SOCIMIS? Que el éxito ha sido más que discutible. Si les digo, y yo no me lo sabía, cuántas SOCIMIS hay en España, hay diez. El dato ya por sí solo dice lo que dice.

¿Qué es lo que hacemos ahora? Partíamos de una situación que era muy rígida, que no se parece, por cierto, a otros países de nuestro entorno. Los inmuebles en arrendamiento tenían que estar siete años. Los requisitos de diversificación eran que tenían que tener, al menos, tres inmuebles en su activo y ninguno de ellos que representara más del 40 por 100. Por ejemplo, si una sociedad tenía, imagínense, un centro comercial, no podía estar en este régimen. Y, luego, en los requisitos para la admisión a cotización, se regulaba que el capital en circulación mínimo en el mercado accionista tenía que ser del 25 por 100, el capital social mínimo de quince millones, las obligaciones de distribución de beneficios, el 90 por 100, y el requisito de financiación externa, el 70 por 100.

Y después de todo esto que les he contado, en total había diez SOCIMIS.

¿Qué es lo que planteamos? Ir a un modelo más europeo, si me lo permiten. Primero, reducción del plazo de mantenimiento de los inmuebles a tres años; segundo: eliminación de los requisitos de diversificación, que es lo que les contaba antes: por ejemplo, si una sociedad tiene un gran centro comercial o un centro comercial, ya tiene esas características si cumple el resto de requisitos; y se reduce el capital social a cinco millones.

El régimen fiscal --lo que es muy, muy, importante-- pasa a ser cero. El tipo de gravamen es cero. El anterior era del 19 por 100; pero, ¡ojo!, la obligación de distribuir el beneficio procedente de la actividad es del 80 por 100 y los accionistas tienen que seguir pagando al 19 por 100. Es decir, lo que se hace es que la sociedad, el principal, tiene cero de tasa impositiva.

Y también se produce la flexibilización de los requisitos; por ejemplo, que se pueda cotizar --tema que están haciendo otros países de la Unión Europea y es un sistema que conocen bien, sobre todo los de ustedes que llevan parte económica-- como sistema multilateral de cotización; por ejemplo, el mercado alternativo bursátil.

Por último, la eliminación de los requisitos relativos a la financiación ajena, que les decía anteriormente.

Aquí termina ya mi exposición. Saben que son cosas así, ciertamente, un poquito áridas; pero sí quería decirles que con esta Ley, y ya les digo que espero que lo consigamos, ahora iniciamos el trámite parlamentario y que estamos abiertos a todas las mejoras de esta Ley, porque el Proyecto lo presenta el Gobierno, pero es una ley, luego, de todos en el Parlamento de la nación.

Esta ley busca el equilibrio. Es decir, ¿qué busca? Algo nos está pasando cuando tenemos menos vivienda en alquiler que otros países; cuando, si te pone a ver precios, los precios son muy altos en muchos casos y cuando parecería… Fíjense, yo he preguntado a mucha gente --esto no es un test matemático ni estadístico-- y en tu entorno, si tú preguntas, no hay nadie contento, y tú dices: "qué mal se hace cuando hay una norma y resulta que no contenta a nadie, ni contenta a unos, ni contenta a otros, y todo el mundo está descontento".

Entonces, lo que tienes que buscar es cómo logras ese equilibrio y ese equilibrio, como les decía, para que haya más viviendas… El efecto primero que dicen todos los técnicos, todos los expertos, es que, cuando tú aumentas el volumen de oferta, bajan los precios razonablemente, como pueden imaginar; segundo, que la movilidad, que cada vez en nuestro país va a ser mayor, y ya la vivimos muchos de nosotros, esa movilidad mayor también va a exigir que tengamos otro comportamiento y, desde luego, otro comportamiento en nuestro ordenamiento jurídico; y tercero, y muy importante, que no sólo es que se encuentran mejores precios, sino que, tanto por un lado como por otro, tengan la garantía, primero, el que va a alquilar, de que cuando necesite la vivienda la pueda tener, pero el que alquila tenga la garantía de que si, por ejemplo, pierde el empleo, que espero que no, pueda decir: "es que me voy, es que no puedo pagar ya y por eso tengo que dejar la vivienda vacía". Y luego está el tema de los arreglos en las viviendas.

La sociedad no está dividida entre unos que tienen vivienda y otros que no la tienen. Todos los presentes, no sé si todos, pero algunos, hemos sido inquilinos y hemos sido propietarios, y, por lo tanto, éste es el equilibrio que hay que buscar. Y a la vez también puede ser, como dice muy bien la Vicepresidenta. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es ese equilibrio e incentivar la oferta de pisos, y eso es favoreciendo el interés de las dos partes. Si no lo conseguimos, es que no habremos logrado ese equilibrio.

P.- A la ministra Báñez quería hacerle dos o tres preguntas sobre el Plan PREPARA.

La primera es qué cálculos tienen sobre las personas que creen que lo van a utilizar o dejar de utilizar, porque se ha dicho estos días que no iba a cambiar la dotación presupuestaria. Pero ¿cómo pueden predecir eso si es para nuevos beneficiarios, que en teoría no se sabe quiénes van a ser? ¿Qué tipo de criterio han utilizado para el cálculo?

En segundo lugar, con los datos que ha dado de que el 70 por 100 no se reinserta, sólo un 18 por 100 de más de dos meses y sólo un 1 por 100 indefinido, ¿por qué no han acabado de golpe con el Programa y han buscado uno completamente diferente, porque me parece que son resultados muy claros?

Sra. Báñez.- Muchas gracias por su pregunta. Lo primero que quiero decir que es la primera vez que se evalúa el Programa --ya lo he dicho al principio de mi intervención-- y quizás eso ha hecho que no se haya podido tomar ninguna medida para mejorar su eficacia. Si se hubiera evaluado a los seis meses de su creación, probablemente, estos datos se podrían haber tenido en cuenta y se podría haber modificado entonces.

¿Qué ha hecho el Gobierno? El Gobierno ha hecho dos cosas: evaluar también otro de los motivos que llevó al Gobierno anterior a poner en marcha el Plan PREPARA, que es la situación económica y la situación económica en España es que estamos en recesión y el mercado de trabajo tiene un gran número de desempleados: la mitad, como saben ustedes por la última EPA, son parados que llevan más de un año en el desempleo y un tercio de ésos llevan más de dos años en el desempleo.

Por tanto, creemos que se dan las circunstancias socioeconómicas para que se siga manteniendo. Lo que pasa es que es un programa que sale de lo que es el sistema de prestaciones contributivas y asistenciales general, que para el parado en España es un sistema muy garantista: una persona que queda en el desempleo tiene, primero, la posibilidad de tener una prestación contributiva, lo que es conocido por todos como el paro; luego, si no cotiza lo suficiente para llegar a esa prestación contributiva, puede tener un subsidio por no alcanzar la prestación contributiva y, una vez incluso agotada la prestación contributiva, tiene la posibilidad de, en función de su edad y de sus responsabilidades familiares, tener derecho a subsidios por parte del Gobierno de España e, incluso, de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, de carácter autonómico, en función de su situación de necesidad, a través de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas.

Hay dos programas que se salen de estas prestaciones contributivas y subsidios, que son: la RAI para mayores de 45 años, la Renta Activa de Inserción, y este programa, que no es un subsidio ni una prestación, sino que es una ayuda para formarse para entrar en el mercado de trabajo. Es de una sola vez, por seis meses, y, una vez evaluado, como he dicho antes, al no haberse formado la mayoría para la recualificación, porque casi el 70 por 100 de los que han pasado por este Programa tienen estudios primarios, son gente que necesita una recualificación para aprender un oficio para volverse a colocar en el mercado de trabajo.

He dicho que lo que se han hecho hasta ahora han sido más tareas orientativas que formativas. La formación, por tanto, es clave y ya les he anunciado que en nuestras conversaciones, no sólo con las Comunidades Autónomas, sino también con los agentes sociales, vamos a hacer incidencia en esto: en formar y recualificar a los beneficiarios de este Programa, que ven en él la última oportunidad o una de sus últimas oportunidades de meterse en el mercado de trabajo, para que sirva para recualificarse para insertarse en el mercado de trabajo.

Luego, después de la reforma laboral vamos a hacer que la suma de esfuerzos de todos --de las Comunidades Autónomas, del Gobierno de España y de las agencias de colocación, que hoy colaboran con los servicios estatales y autonómicos, después de la reforma laboral, en la búsqueda de empleo-- priorice a los beneficiarios de este Programa para que logren entrar, logren encontrar un empleo y logren volver al mercado de trabajo.

Nosotros, ¿qué hemos hecho? Priorizar lo importante, la formación para el empleo, pero también hemos querido primar las necesidades. ¿Cuáles son los más vulnerables hoy? Los parados que tienen cargas familiares, tengan la edad que tengan, y, por supuesto, los parados que llevan más tiempo en el desempleo, tengan también la edad que tengan.

Teniendo la última EPA y sabiendo que los datos son como son, y que la crisis es una crisis que es intensa y lleva varios años en nuestro país, debemos de priorizar a este tipo de parados, a los parados de larga duración.

Entendemos que no va a ser mayor el coste, porque es verdad que vamos a hacer un gesto, un esfuerzo, con aquellos que tienen mayores cargas familiares. No hay datos, hasta ahora, de los que han pasado por este Programa, porque era un requisito que no se pedía, y no se tenían datos de si tienen o no cargas familiares. Ahora los van a tener, pero las estimaciones internas que hemos hecho no suponen un incremento adicional de gasto de los futuros beneficiarios del Programa.

En todo caso, siempre, en cualquier momento de la prórroga del Programa, antes y ahora, se trata de estimaciones parciales porque en todo va a influir cómo vaya evolucionando el mercado de trabajo en España y la consideración de que sea más tiempo o menos tiempo el que tenga en el desempleo la persona. Por tanto, vamos a atender a todos cueste lo que cueste.

P.- Primero, querría una aclaración de la ministra de Empleo, porque no me queda claro cómo van a mejorar el itinerario de formación, dado que ahora también estaba destinado a la formación y no se ha conseguido. ¿Qué es lo que van a hacer para hacer ese itinerario personalizado?

Segundo, porque tampoco me ha quedado claro, ¿cuándo se tiene en cuenta la renta de los padres, de los mayores, digamos, para tener en cuenta la renta familiar? Ya que nos ha puesto ejemplos, el matrimonio al que se refería la ministra de Fomento que le dice a su alquilador "lo tengo que dejar porque me he quedado sin empleo y no tengo nada", matrimonio con un hijo se va a casa de sus padres, que tienen una pensión, ¿tienen ya derecho o no tienen derecho?

Y a la Vicepresidenta, si me permite. El otro día manifestaba usted su preocupación por un triunfo independentista en el País Vasco y me gustaría saber si le preocupa también la deriva soberanista que se está viviendo en Cataluña con el Gobierno de la Generalitat invitando, para el 11 de septiembre, en la Diada, a los ciudadanos a pedir la independencia en las calles.

Sra. Báñez.- En cuanto a la formación, hasta ahora no se había hecho un seguimiento continuo del Programa y la orientación y la formación, que es un requisito indispensable, porque tengan en cuenta que estas personas entran en programas personalizados por los Servicios Públicos de Empleo que tienen que ver qué formación tienen, si necesitan o no un curso de formación y en qué les pueden formar. Hasta ahora de eso no se ha hecho seguimiento. A partir de ahora hay que mejorar la gestión y hacer ese seguimiento personalizado para que se formen para un empleo. Ahí he encontrado la disponibilidad, ya lo he dicho, de todas las Comunidades Autónomas y de los agentes sociales, y, desde luego, nosotros nos vamos a volcar en que eso sea efectivamente así, porque hasta ahora no ha sido. Por eso es tan importante en la vida evaluar los programas que se hacen.

Por otra parte, sobre el tema de la unidad familiar, el Programa, antes y ahora, siempre ha considerado como necesidad para el beneficiario, para acceder a él, que la persona que solicita ser beneficiario del programa no tenga rentas superiores al 75 por 100 del Salario Mínimo, es decir, 481 euros, y que en el conjunto de la unidad familiar en la que esté tampoco, sumadas todas las rentas y divididas entre los diferentes miembros, superen esos 481 euros por persona; sólo considerando los descendientes en el caso del Programa anterior. Ahora sí vamos a considerar a los ascendientes, porque se producen situaciones injustas, y, como le decía, cuando una persona que solicita el Programa tiene un hijo y vive con los abuelos, en ese caso se le beneficia. En el caso que usted me dice que ha puesto la ministra de Fomento, al volver a otra unidad familiar se contabilizarían las rentas de los padres y de ese nuevo matrimonio, y se dividiría entre cuatro. Si entre los cuatro superan los 481 euros todas las rentas, no tienen derecho al PREPARA y, si no, los solicitantes parados sí tendrían derecho al PREPARA.

Vicepresidenta.- Tengo que contestar todavía a una pregunta que me han planteado.

Le voy a hacer una reflexión, que yo creo que sirve para todos, y es, sobre todo, desde el Gobierno hacer, en su conjunto, una llamada a la responsabilidad que viene de la mano de la estabilidad.

Son momentos muy difíciles para muchísimos españoles, para toda España en su conjunto, también para esas dos Comunidades y para los ciudadanos de esas dos Comunidades. Yo creo que en momentos de dificultad en que estamos hablando, si me permite la expresión, de las cosas de comer, de las cosas de verdad, del empleo, de la necesidad de sacar adelante a este país que vive una crisis muy fuerte, todos tenemos que ser muy responsables con lo que proponemos, primero, porque los ciudadanos nos obligan a elegir muy bien nuestras prioridades.

Yo le digo que la prioridad más clara y más absoluta de este Gobierno es crear empleo y buscar mecanismos para que la economía vuelva a crecer, y la gente vuelva a encontrar un empleo. Si estamos en otros debates y en otras dinámicas, nos distraemos o se distraen de lo importante.

En segundo lugar, la unidad, el trabajar todos juntos, los esfuerzos coordinados ante la crisis, siempre darán mucho mejor resultado que las actuaciones individuales de cada uno. Es muy difícil, pero será mucho más difícil si cada uno se pone a buscar nuevos elementos de confrontación, nuevos elementos de discusión, no se centra en lo importante y, además, genera debate y genera discusión.

Lo último es una llamada a la responsabilidad. Si queremos que vuelvan a confiar en nuestro país, que tengan confianza en nuestro sistema, tendrá que ser un sistema estable. ¿Cómo le podemos decir a la gente "confíe en España, invierta en España y cree empleo en España" o a los propios españoles "confiad que en España las cosas van a ir bien"; si algunos lo que promueven es un clima de inestabilidad en nuestro país que aleja la inversión, que aleja el empleo, que crea desconfianza y crea inseguridad?

Son momentos de enorme dificultad, son momentos de crisis muy fuerte y quienes hacen ese tipo de discursos tendrán que explicar a los ciudadanos, primero, por qué el empleo no es su principal preocupación; segundo, por qué en lugar de trabajar todos juntos buscan elementos de confrontación; y, tercero, si creen que van a confiar en sus Comunidades Autónomas cuando el debate no es trabajar juntos, sino generar inestabilidad.

P.- Quería preguntar, primero, a la ministra de Empleo, porque no me ha quedado claro de su respuesta de antes. Aunque estas condiciones son para nuevos beneficiarios, supongo que habrán hecho alguna estimación de a cuántos beneficiarios les podría subir la cuantía de 400 a 450 euros. Y, dado que el presupuesto global es limitado, y se supone que será con el mismo presupuesto, ¿han hecho también alguna estimación de cuántos beneficiarios nuevos quedarían fuera en función de las nuevas condiciones que imponen, especialmente las que se refieren a las rentas familiares?

A la Vicepresidenta le quería preguntar sobre la posibilidad de que se produzca una nueva petición de rescate de España en Europa. ¿Existe alguna decisión sobre el asunto? ¿Hay conversaciones con la Unión Europea? Y, dado que usted ha mencionado antes que la siguiente reforma del sistema financiero se retrasaba por exigencia o por petición de la Unión Europea, quería saber si podía ser un poco más precisa sobre dónde pueden estar las dificultades o discrepancias entre ambos, y si tiene algo que ver con una nueva petición de rescate.

Sra. Báñez.- Muchas gracias por su pregunta. Los datos que nosotros tenemos para evaluar el Programa son los datos de los que ya han pasado por el Programa. Le diré que se hizo una estimación de la última prórroga de diciembre y entendíamos que estarían 125.000 beneficiarios, algo que se ha visto superado por la realidad y por las circunstancias económicas. Quiero también que sepan que el seguimiento del Programa puede confundirles a ustedes porque se superponen dos Programas ahora mismo. Hay 200.000 perceptores a día de hoy, de media, porque están los del último Programa, pero se van a poder superponer los del nuevo Programa durante el mes de agosto.

Entonces, las estimaciones que hemos hecho nos llevan a considerar varias cosas. La primera es que hasta ahora nunca se sabía el número de personas que pasan por el Programa en la unidad familiar, y menos aún si tenían cargas familiares o no, y menos aún si tienen más de tres personas a su cargo, porque no hay datos anteriormente, porque no se pedían a los beneficiarios a la hora de acceder al Programa.

Sobre la incidencia de la salida y de la eficacia de entrada en el mercado de trabajo, yo les he dado los datos globales de todo el Programa; pero empezó teniendo una eficacia del 20 por 100 o del 23 por 100; luego, del 16 por 100 y, en la última etapa, del 6 por 100. Es decir, eso también dependerá, porque el que sale del Programa porque ha encontrado un empleo es un menor coste, digamos, en este caso para las arcas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por tanto, en la estimación global, que es lo que hemos estado evaluando estos días, entendemos que no supone una cuantía mayor que los Programas anteriores. Por tanto, no creemos que, en ese sentido, vaya a tener mayor impacto presupuestario y todo va a depender de cómo sea la situación económica de aquí a los próximos meses, y del éxito que tengamos, que es lo fundamental, porque, además, es un programa para el empleo, de los que entren, de verdad, en el mercado de trabajo.

Vicepresidenta.- Sobre su otro bloque de preguntas, hoy mismo el portavoz económico de la Comisión Europea, por si hubiera algún género de duda, ha señalado que la Comisión no mantiene negociaciones con España sobre ninguna asistencia, más allá de la concedida para apoyar a los bancos españoles.

No hay negociaciones en curso sobre ningún otro tipo de programa para España; lo dice el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión y se lo confirmo yo hoy. ¿Por qué? Porque la situación en la que estamos es la misma que tenía el presidente del Gobierno cuando compareció en esta sala después del Consejo de Ministros del 3 de agosto, y a sus precisiones sobre que es necesario, primero, conocer qué va a hacer el Banco Central Europeo me remito. Uno tiene que saber muy bien cómo están las cosas y cómo se va a proceder a actuar antes de tomar decisiones. Al menos, es cómo opera este Gobierno: primero, sabemos lo que hay, lo conocemos bien y lo estudiamos bien. No sabiéndolo, indudablemente, decisiones sin conocimiento de causa este Gobierno procura tomar las menos posibles.

Sobre el tema del Real Decreto Ley de cumplimiento del MOU, del Memorándum de Entendimiento, lógicamente éste es un Real Decreto Ley que viene a dar cumplimiento a lo que podíamos llamar como un contrato. Entonces, es lógico que una de las partes en este punto, la Comisión o el conjunto de los Estados de la Unión Europea, participe en el diseño de un sistema que no es fácil.

No puedo concretarle puntos de discrepancia, porque no los hay. Hay la voluntad de trabajar juntos y analizar bien ese Real Decreto Ley para ponerlo en marcha.

La Comisión Europea nos ha pedido una semana más a las fechas que son y, desde luego, se la hemos concedido, en el sentido de que hay que cumplir unos plazos y entendemos que podemos cumplirlos con su aprobación la semana que viene y su publicación inmediata. De eso es de lo que se va a hablar con la Comisión: el mejor diseño para el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento que sirve para destinar ese dinero europeo de ayuda a nuestros bancos. Si son los europeos los que ponen el dinero para ayudar a nuestros bancos, lógicamente el procedimiento es bueno entenderlo, discutirlo y abordarlo con ellos, como se va a hacer en esta semana antes de su aprobación definitiva.

P.- Para la Vicepresidenta. En primer lugar, quería conocer la opinión del Gobierno respecto a las palabras de ayer del ministro del Interior en relación con el tercer grado que le concedió al etarra Bolinaga. ¿Cree que se excedió? ¿Cree que estuvo afortunado al comparar su política antiterrorista con la de otros ex ministros?

Hoy hemos conocido un informe del forense de la Audiencia Nacional que indica que se le puede atender desde prisión y seguir su tratamiento. ¿Esto cambia las cosas? ¿Se puede revocar el tercer grado? ¿Cuál es la posición del Gobierno?

Luego, respecto a la fusión de Antena 3 y La Sexta, quería saber, aunque ha indicado y ha subrayado que se da con condiciones la aprobación de esa fusión, si se revoca alguna de las recomendaciones o condiciones que puso el Tribunal de Defensa de la Competencia; es decir, si el Gobierno sigue el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia o se ha modificado alguna parte del mismo.

Por último, respecto al rescate, a lo largo de agosto hemos visto que el Gobierno ya no lo descarta, ¿no? Las palabras del Presidente eran que vamos a esperar a ver qué es lo que dicta el Banco Central Europeo y quería saber si, al margen de esa espera, el Gobierno está haciendo ya sus cálculos, sus previsiones, y si tienen una fecha sobre cuándo va a llegar esa letra pequeña del Banco Central Europeo, con la que estudiarían la petición o no.

Vicepresidenta.- Sobre el primero y segundo de los asuntos, yo le voy a exponer lo que es la posición del Gobierno de la nación, que quiero que quede estructurada de una manera muy clara.

En primer lugar, este Gobierno no negocia, ni habla, ni tiene contactos, con terroristas. Con este Gobierno ETA tiene que tener bien claro que no van a conseguir absolutamente nada de este Gobierno, ni por seguir en su estrategia terrorista ni por cambiarla. Sólo tienen un único destino con este Gobierno, que es disolverse y desaparecer.

En segundo lugar, este Gobierno actúa cumpliendo la Ley y cumpliendo la Ley en la forma en que la Ley se ha venido interpretando y aplicando. Pero acto seguido también le digo: este Gobierno respeta el parecer de las víctimas y lo comprende, porque es muy dura la situación que han vivido las víctimas de ETA y sus familias. Humana y personalmente tienen todo mi apoyo y toda mi comprensión, y lo comprendo más que al cien por cien, y este Gobierno lo comprende más que al cien por cien.

Este Gobierno aplica la Ley con arreglo a lo que se ha venido aplicando e interpretando, y ahora les corresponde a los jueces, en este caso al juez central de Vigilancia Penitenciaria, tomar una decisión a la vista de los informes que dentro de la Audiencia se le suministren con arreglo a su petición y con arreglo al procedimiento establecido. Desde luego, este Gobierno, como no puede ser de otra manera, respetará esa decisión y la aplicará oportunamente.

Sobre la fusión voy a tratar de explicar un poco el procedimiento que es muy particular, no es muy sencillo.

En el ordenamiento español o en el sistema español, cuando se va a producir un tipo de operación de concentración de empresas, es decir, de fusión de empresas, que pueda afectar a la competencia, es la Comisión Nacional de la Competencia el órgano supervisor, el encargado de decir si se autoriza o no la concentración y en qué condiciones.

Con arreglo al procedimiento de competencia, el análisis de la competencia lo lleva a cabo la Comisión y el Consejo de Ministros sólo interviene o sólo puede modificar esa decisión si hay otras razones no de competencia, sino otras razones de interés general.

En este caso, ya han visto, porque la presentación ha sido simultánea, que esta operación coincide con un proceso de dividendo digital, de liberación de parte del espectro para dedicarlo al servicio de telecomunicaciones, con la necesidad de reorganizar el espectro que se destina a unos o a otros operadores, o bien de telecomunicaciones, o bien del sector audiovisual, que aconsejaban que hubiera entidades de determinado tamaño que ayudaran a proceder a ese tránsito de una manera ordenada y, a ser posible, de una manera consensuada, que es mucho más eficaz y, por otro lado, mucho más barata.

Esas circunstancias, unidas a la del pluralismo informativo, han llevado a que se adopte una decisión del Consejo de Ministros en la que se aceptan parte de las condiciones de la Comisión Nacional de Competencia y se modifican puntualmente algunas relativas al mercado de la publicidad y a los plazos; adecuándola, por otro lado, a lo que se ha aplicado en supuestos similares, procurando retocar al mínimo imprescindible esa decisión de la Comisión Nacional de la Competencia, pero tomando esa decisión, no por motivos de competencia, sino por el momento particular del mercado audiovisual, ante la necesidad de tener que afrontar un tránsito, un cambio, hacia otros canales, con una reducción del número de canales.

Ahora las televisiones privadas tienen seis canales y van a tener cinco, si bien no pierden programas, porque las nuevas tecnologías permiten que en esos cinco canales vaya algún programa más. Habrá 24 programas y puede llegar a haber, con los cambios tecnológicos, hasta treinta.

Hemos trabajado intensamente estos seis meses, pero muy especialmente, puedo decir que este mes de agosto, con UTECA para encontrar un acuerdo. Yo quiero agradecer personalmente a todos los operadores la capacidad de diálogo y de interlocución, y el buen clima en el que se ha desarrollado, teniendo presentes dos cosas fundamentales: que la liberación, el dividendo digital, hay que hacerla, porque es algo positivo para el país porque puede generar innovación tecnológica y, por tanto, subidas en el Producto Interior Bruto, que es lo que a todos nos interesa: crear riqueza, porque riqueza es igual que empleo; y, en segundo lugar, hacerlo de una manera lo más fácil y lo más económica posible y, además --esto técnicamente es muy complicado--, digamos, que el paso de unos canales a otros sea cerquita, que no sea a otros ámbitos que obliguen --para quien no está en esto de las ingenierías de la telecomunicación es muy difícil de entender y yo lo digo así, en términos muy llanos-- a pasar a otra parte de las ondas muy alejada, muy difícil, que nos obligue a otros procesos mucho más caros y mucho más costosos para la Administración y para el contribuyente.

Sobre el último de los puntos, le repito lo que señalaba antes: como ya somos dos los que lo decimos, este Gobierno y la Comisión Europea, y la versión es coincidente, el Gobierno no está en operaciones de esa naturaleza. Nosotros queremos saber muy bien lo que el Banco Central Europeo va a hacer, en qué términos y en qué condiciones, y, con arreglo a eso, como dijo el presidente del Gobierno, se tomará la mejor decisión para los intereses de nuestro país. Nosotros no tenemos conocimiento ni calendario de cuándo el Banco Central Europeo puede tomar decisiones de esta naturaleza.

P.- Vicepresidenta, a usted le quería preguntar sobre el "banco malo" y si nos podría confirmar si lo que ha producido que hoy no se apruebe la reforma financiera es por las diferencias que hay sobre qué activos se contabilizan o no. ¿Nos podría explicar esto?

También quería saber si es verdad que antes del 31 de agosto se va a poder hacer una reforma financiera completa, que no tenga que ser remendada luego, con las consecuencias que eso tiene para la credibilidad del país.

Después, sobre el Plan PREPARA yo también quería saber si nos podrían explicar cuál es el crédito que se ha concedido o que Hacienda ha dispuesto para que esto se pueda poner en marcha y si se va a reformar el resto de subsidios y de prestaciones, porque con el hecho de que lleguemos al final del último subsidio, la última ayuda, que van a tener los parados, con quinientas mil personas casi que no han podido reinsertarse en el mercado laboral, lleva a pensar que hay muchísima gente que ya se va a quedar sin ningún colchón, aparte de los nuevos; pero ya hay mucha gente que está acabando su Plan PREPARA que no tiene ningún subsidio ni ninguna asistencia.

Yo lo que le pregunto es si el Gobierno, además de la formación en el Plan PREPARA, va a intentar incentivarla también en otros subsidios o cuando se conceden las prestaciones, porque ahí parece que hay más descontrol.

Vicepresidenta.- Contesto a sus dos preguntas conjuntamente. El contenido del Real Decreto Ley que se aprobará el próximo viernes es un contenido muy amplio, mucho más allá de lo que se ha venido a denominar como "banco malo".

Ese Real Decreto Ley regula o acomoda el régimen de reestructuración bancaria de nuestro sistema, que, como bien conoce, está compuesto por diversas normas, entre ellas, por la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria, a las condiciones del MOU, el Memorándum de Entendimiento, reforzando los poderes de intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el conocido como FROB. En segundo lugar, se modifica la estructura organizativa del propio FROB. En tercer lugar, se clarifican las responsabilidades del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos y la participación de este Fondo en el propio FROB. Además, se establecen los ejercicios de subordinación de pasivos; la protección de los inversionistas minoritarios; el traslado de competencias, a lo que obliga el MOU, del Ministerio de Economía y Competitividad al Banco de España; las exigencias de capital y este propio "banco malo".

El contenido es muy amplio y sobre todo ese contenido va a entrar la Comisión Europea a analizarlo y a contribuir con su posición. Es decir, no hay un problema en relación con el "banco malo", que es una parte, y no la más amplia, de lo que es este Real Decreto Ley.

Como digo, este Real Decreto Ley es aplicar y asumir internamente, legislativamente, las condiciones del MOU que, como saben, tenía una condicionalidad estrictamente financiera, que es lo que aquí estamos viendo. Como el dinero procede de las instituciones comunitarias o del conjunto de la Unión Europea, lógicamente se ha de analizar detalladamente con las instituciones comunitarias. Pero no ha habido ningún problema o ninguna diferencia en relación con ese MOU, entre otras cosas, porque tienen que analizar esta semana lo que es el Real Decreto Ley.

Sra. Báñez.- El Plan PREPARA se atenderá, como se hace siempre, con los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal y, en el caso de que hubiese mayor entrada de personas en el Plan PREPARA por la situación del mercado de trabajo, se atenderá igualmente haciendo una modificación de crédito en el Ministerio. O sea, eso se ha hecho antes y se hará ahora, porque lo que hace el Gobierno siempre es una estimación y luego, en función de los resultados, lo iremos viendo con el tiempo. Pero se atenderá en todo caso. En eso no va a haber nunca problemas.

Quería decirles que a una persona que termine el PREPARA, como decía antes, dado el nivel que tenemos de garantías de asistencia y de protección social en este país, le quedan más caminos. Le queda la Renta Activa de Inserción, si llega a los 45 años, y entraría en la Renta Activa de Inserción, que, como ustedes saben, la recibiría por un período de once meses y la puede recibir durante tres veces en su vida una persona, un parado, en este país. Además, están los servicios sociales de las Comunidades Autónomas, insisto, que entran como último colchón para las personas, los parados, que más lo necesiten.

El PREPARA es un programa para el empleo, es verdad que es posterior a las prestaciones al paro conocido, a las prestaciones contributivas y a los subsidios, a determinados subsidios; pero después del PREPARA queda la Renta Activa de Inserción si el parado es mayor de 45 años y, por supuesto, siempre están como último recurso las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas a través de los servicios sociales.

En cuanto a la reforma del sistema de subsidios, lo que hemos hecho nosotros desde nuestra responsabilidad de gobierno es clarificar un poco todo el sistema. Se hizo también una reforma el pasado 13 de julio y ya tomamos ahí medidas para clarificar el sistema, para hacerlo más equitativo y más racional, y estamos abiertos siempre, en coordinación y en diálogo permanente con los agentes sociales y también con los Grupos Parlamentarios, a mejorarlo si hubiera que hacerlo.

Sobre todo, yo insisto, y quiero lanzar ese mensaje a los ciudadanos, en que tenemos un sistema de protección social muy garantista, muy completo y que está ayudando de forma importante en la salida de la crisis a las personas que más lo necesitan. Por eso es tan importante que este Programa lo reorientemos a esas personas que son más vulnerables, que son parados de larga duración o son parados con cargas familiares, para lo que de verdad se hizo este Programa, que es un programa de formación y recualificación para el empleo como entrada en el mercado de trabajo, porque los subsidios de las ayudas asistenciales son otra cosa. Esto es una ayuda para formarme y para encontrar empleo, que es el deseo de todos los españoles en una situación tan importante y tan grande de paro en nuestro país.

P.- Para la ministra Báñez. Quería saber si puede puntualizar qué quiere decir lo del "colchón familiar". ¿Hay que vivir con los padres, aunque uno no viva con los padres en el mismo núcleo, en la misma casa? ¿Eso va a limitar el cobro de los cuatrocientos euros?

Sra. Báñez.- Lo que se entiende para el Plan PREPARA y para el resto de los subsidios por unidad familiar es vivir en la misma casa. Sí, para considerar a los padres en la unidad familiar tienen que vivir en la misma casa.

Ya que me lo pregunta, tal como está concebido hoy el PREPARA, el PREPARA castiga a los jóvenes que se emancipan porque, si una persona joven se emancipa y se va a vivir con su pareja, y su pareja, por ejemplo, cobra dos mil euros al mes, no tiene derecho al PREPARA y, sin embargo, si vive con su madre que es viuda, sí cobraría el PREPARA. Por tanto, esta concepción del PREPARA no es muy progresista, no ayuda a la emancipación de los jóvenes, la penaliza.

Para lo que usted me pregunta, la unidad familiar siempre es la casa en la que vivan.

P.- Vicepresidenta, decía usted que no sabe el Gobierno cuando el Banco Central Europeo va a dar esas pistas o va dar a conocer qué medidas se van a tomar para ayudar a España y otras economías periféricas. Dado el elevado montante de vencimientos que tenemos en octubre, de veintiséis mil millones, ¿se espera o puede esperarse que en septiembre tome una decisión, o el Gobierno va a intentar mantener conversaciones el próximo mes con el Banco Central Europeo de cara a conocer unas pistas, o se está trabajando, por si en septiembre seguimos sin tener ayuda del BCE, en algún otro plan B?

Vicepresidenta.- Yo he hecho una relación prolija de la agenda del presidente del Gobierno en estos meses y en estas semanas, que va a ser muy intensa, empezando por el propio presidente del Consejo, por cuanto lo fundamental en lo que están trabajando España y el Gobierno de España es en que se adopten mecanismos que garanticen la irreversibilidad del euro para todos los Estados, en un conjunto de medidas razonables que den estabilidad a una zona que está viviendo momentos económicos muy difíciles en la inmensa mayoría de los Estados, y en que todos tenemos que esforzarnos por dar estabilidad y por darles a nuestros ciudadanos la estabilidad necesaria para crecer, y también al conjunto del mundo clarificar que la apuesta por Europa es una apuesta definitiva y el euro también lo es.

En ese conjunto la actividad intensa desplegada por el presidente del Gobierno va en esa línea: conseguir que la unión fiscal y la unión bancaria sean una realidad en Europa cuanto antes, y buscar soluciones definitivas y no meramente coyunturales y puntuales, a los problemas de financiación que podemos tener algunos Estados, muy unidos, y lo han podido ver esta semana, a los problemas que puede suscitar o que suscita la irreversibilidad del euro.

Muchísimas gracias.