Comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias de nuevo por acudir a esta rueda de prensa. Entenderán que mis primeras palabras, sea en nombre del Gobierno, de cariño, de respeto y de recuerdo a todas las víctimas y a los familiares, de los fallecidos en el atentado del 11 de marzo de 2004. Saben que ayer se celebró el 20 aniversario de la mayor tragedia que hemos vivido en nuestro país, con 192 fallecidos y con casi 2000 heridos. No olvidamos, este país no olvida lo que supusieron aquellos días: el dolor, la conmoción, pero también la solidaridad y el calor, no olvidamos a las víctimas y la verdad es nuestro homenaje para ellas. Como ayer decía el propio presidente del Gobierno, la principal vacuna frente a los terroristas es el refuerzo de nuestro Estado de Derecho, un Estado de Derecho fuerte, basado en valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la honestidad, la justicia y la verdad. 20 años después, este Gobierno quiere de nuevo trasladar a todas las víctimas, como les decía, de ese cruel atentado y mandarles a todas ellas nuestro inmenso cariño y respeto.

Además, quiero también trasladarles los asuntos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que se enmarcan además, dentro de ese proyecto transformador que está liderando este Gobierno para este país, para nuestro país. Y para ello, además, hoy me acompaña el Ministro de Presidencia de Justicia y de Relaciones con las Cortes, que les desarrollará a ustedes dos temas que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros y que van además en esa clara dirección de la modernización y la mejora de la eficacia de la justicia en nuestro país.

Además, hemos aprobado también en el Consejo de Ministros la Declaración institucional con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que como saben se celebra el 15 de marzo y que tiene como objetivo promover los derechos de las personas consumidoras y sensibilizar sobre la importancia de protegerlos. Y con esta declaración, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores.

Además, como pueden ver, hoy también me acompaña el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, que dará cuenta de dos asuntos, por un lado, una fusión entre dos iguales de MásMóvil y Orange y un segundo tema que es la puesta en marcha de un importante grupo de trabajo para mejorar la protección de las personas menores de edad en el acceso a los contenidos para adultos en Internet. Es compromiso, como saben de este Gobierno hacer frente y dar respuesta a una de las mayores preocupaciones sociales que en este momento tenemos y tienen tantas familias en este país.

Y antes de darle la palabra al ministro Bolaños, quería avanzarles también que mañana, el propio presidente del Gobierno va a participar en un acto, cuando se cumplen además cuatro años del inicio de la pandemia del COVID, un acto donde queremos recordar a tantas personas de la sociedad civil que, en los peores momentos que vivimos también en nuestro país, dieron lo mejor de sí mismos a favor de la sociedad española.

Y con estos temas que les quería trasladar, le daré la palabra al ministro Bolaños.

Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Muy bien, muchísimas gracias, ministra portavoz, gracias a todos ustedes por estar en esta rueda de prensa y empiezo, como bien adelantaba la ministra portavoz, con la idea fuerza de las dos leyes que hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros y que, sin duda, serán un gran avance en la transformación, en la digitalización de la justicia. El Gobierno está decidido a llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas y para eso estamos implementando no solo leyes, sino sobre todo medios materiales, medios humanos, dinero, recursos económicos, para que podamos llevar a cabo esta transformación que será la mayor de la justicia en décadas. Por eso hoy aprobamos dos leyes orgánicas una Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y una segunda Ley Orgánica sobre Intercambio de Información de Antecedentes Penales dentro de la Unión Europea.

Me refiero a la primera de las dos leyes la Ley Orgánica del Servicio Público de Justicia y Acciones para la Protección y Defensa de los Derechos e intereses de consumidores y usuarios. Esta ley, recordarán ustedes que en la legislatura anterior se impulsaron tres leyes de eficiencia, la Ley de Eficiencia Digital, la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia organizativa, pues bien, la Ley de Eficiencia Digital se aprobó íntegramente en el Real Decreto Ley 6/2023, que fue convalidado por el Congreso y una parte de la Ley de Eficiencia Procesal, también se convalidó, se incorporó en ese Real Decreto-Ley. Esta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia incluye la Ley de Eficiencia Procesal que no precisaba, mejor dicho, que precisaba de rango de ley orgánica incluye la Ley de Eficiencia Organizativa e incluye la Ley de Defensa de Protección de Consumidores y Usuarios de las acciones colectivas que pueden llevar a cabo.

Les quiero resumir de manera muy rápida los principales aspectos de esta ley que suponen realmente un paso decisivo para esa modernización y esa agilidad en el servicio público de la Justicia que estamos buscando desde el Gobierno y desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Les recuerdo también que la aprobación de esta ley forma parte de uno de los hitos que hemos comprometido con la Comisión Europea para el desembolso de fondos europeos: la reforma de la Administración de Justicia por tanto, es un compromiso que tiene el Gobierno de España con la Comisión Europea y por tanto, así lo abordaremos. Esta ley que hoy sale del Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria tendrá que ser aprobado por las Cortes Generales antes del 31 de diciembre de 2024, ese desde luego, es el objetivo y a ello nos vamos a afanar para conseguir que antes del final de este año hayamos llevado a cabo una reforma tan ambiciosa de la Justicia como estamos intentando aprobar.

Les cuento los aspectos más fundamentales de esta norma, en primer lugar, se reforma la Administración de Justicia en el sentido de pasar de una estructura que era propia del siglo XIX a una estructura que se adapta a lo que necesita el servicio público de la Justicia en el siglo XXI y, por eso, se crean los tribunales de instancia que sustituirán a todos los juzgados unipersonales que en este momento existen en nuestro país, de tal manera que todos los juzgados unipersonales se acumularán por partidos judiciales y darán lugar a tribunales de instancia.

Se crean oficinas de justicia en los municipios, básicamente en los más pequeños, que es donde más útil será esta reforma, que vienen a sustituir los antiguos juzgados de paz que todos conocemos y que existían y que existen en todas las localidades de nuestro país. Y también creamos la oficina judicial que estará adscrita a cada tribunal de instancia, de tal manera que también se facilitará la tramitación y la gestión de los asuntos personales.

Esta reforma implica que pasaremos de 3 800 juzgados unipersonales a tener 431 tribunales de instancias, tantos como partidos judiciales existen en España, permitirá evitar muchos de los problemas que en este momento de la Justicia viene arrastrando de décadas, que es sobre todo la enorme carga de trabajo que tienen algunos juzgados unipersonales y que, en ocasiones, en otros juzgados del mismo partido no tienen tal carga de trabajo. Con este tribunal de instancia se igualarán las cargas de trabajo de todos los partidos judiciales, de tal manera que no tendremos el problema de tener juzgados absolutamente colapsados porque tienen causas penales o causas civiles que sean más voluminosas, sino que el Tribunal de instancia servirá para que todos esos jueces y magistrados puedan trabajar de manera colegiada y, por tanto, puedan sacar adelante el trabajo con mayor agilidad.

También con estos tribunales de instancia acometemos otro de los problemas que tienen los juzgados unipersonales, que es en ocasiones hay plazas donde los jueces y magistrados que los ocupan están de media un tiempo muy escaso, de tal manera que hay muchos cambios de jueces y magistrados y, por tanto, los nuevos jueces que se incorporan a esas sedes, tienen que estudiarse las causas que vienen tramitándose en ese juzgado. Con los tribunales de instancia también ese tiempo en el que los procedimientos pues están, digamos suspendidos, porque los jueces se tienen que incorporar y tienen que conocer las causas, ese tiempo también conseguiremos que se pueda ir reduciendo con estos tribunales de instancia.

Por supuesto, los criterios procesales serán más comunes, evitando diferencias, no siempre muy justificadas, entre criterios de distintos juzgados unipersonales, con los tribunales de instancia, los criterios serán comunes, serán establecidos de una única manera para todos los jueces y magistrados y por supuesto, se redefinen las oficinas que tienen que ver con esos tribunales de instancia para facilitar también la gestión de los gestores, de los tramitadores, de los auxiliares que están adscritos a esos tribunales.

En segundo lugar, les decía, sustituimos los juzgados de paz por las nuevas oficinas de justicia en el municipio, se amplían las competencias que actualmente tienen los juzgados de paz y se hace básicamente para facilitar la labor de todos esos pequeños juzgados de paz existentes actualmente que, en ocasiones, llevan a cabo competencias por encima de las que la ley le establece, en función de la persona que ejerce esa titularidad del juzgado de paz y que ahora vamos a dar cobertura legal para que sirvan realmente para acompañar a los ciudadanos que quieren que sus derechos se vean garantizados o protegidos en la jurisdicción. Por eso se amplían las competencias, se amplían los servicios que van a llevar a cabo, estamos hablando sobre todo de localidades y de municipios pequeños, de la España más despoblada dónde pondremos el foco para que puedan acceder al servicio público de la Justicia en igualdad de condiciones que si estuvieran en grandes ciudades y se configuran como puntos de contacto de los ciudadanos para que puedan realizar trámites procesales y judiciales desde su propia localidad sin tener que trasladarse a donde esté el Tribunal de Instancia.

Esto supone que facilitamos, por supuesto, los desplazamientos, facilitamos la vida en núcleos más despoblados y les damos la facilidad de que ejerzan sus derechos en los tribunales en igualdad de condiciones con otras personas. No solo tendrá que ver con juzgados y tribunales, también, por ejemplo, con el Registro Civil, es decir, esto es un paso y una ventaja que creo que es importante para que la Justicia sea una Justicia más cercana al ciudadano, sobre todo a personas que viven en ámbitos rurales. Y todo esto, obviamente se puede llevar a cabo gracias al Real Decreto-Ley que aprobamos al 6/2023, que se convalidó el 10 de enero, que supone un paso absolutamente gigantesco en la digitalización del servicio público de Justicia. Toda esa digitalización que viene acompañada, por supuesto, de recursos económicos, del Presupuesto General del Estado y también de fondos europeos, todo ese enorme paquete que significa la digitalización, la agilidad, la rapidez en la gestión de los pleitos, se mejora también con esta nueva oficina de Justicia en los municipios, que permitirá que todos puedan tener acceso en igualdad de condiciones.

Hay un tercer bloque que se incorpora en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que son los medios adecuados para la solución de controversias, es decir, cualquier proceso de diálogo, de negociación entre las partes que evite un litigio, esto es fácil de entender, significará, si funcionan estos medios, que funcionarán, significará que nuestro servicio público de Justicia tenga que atender menos procedimientos judiciales, menos litigios y por tanto, será más fácil que la Justicia sea ágil y que no tengamos algunos juzgados que estén colapsados históricamente por tener un elevadísimo número de pleitos.

Queremos potenciar la negociación entre partes, hay algunos órdenes, como el social, donde está muy extendida esa negociación, esa voluntad de conciliación y de negociación en todos los distintos hitos del procedimiento laboral y queremos extenderlo sobre todo al ámbito civil y al mercantil, es decir, que no sea una excepción acudir a medios alternativos de solución de conflictos. Vamos a apostar por la conciliación privada, vamos a apostar por ofertas vinculantes confidenciales, vamos a apostar también por la opinión de expertos independientes y vamos a facilitar que esos acuerdos tengan una traslación fácil al mercado jurídico, de tal manera que, o bien a través de los notarios y de las notarías, o bien a través de procedimientos de homologación de esos acuerdos por los jueces y tribunales, puedan ser títulos perfectamente válidos y ejecutables ante el tercero. Por eso también queremos hacer esta parte de la Ley de Servicio Público, de la justicia, de Eficiencia, del Servicio Público de la Justicia, lo queremos hacer de la mano y lo hemos hecho ya, de abogados, abogadas, procuradores, notarios y registradores, todas las personas que participan en el tráfico jurídico y que han de estar también comprometidas con esta forma de evitar litigios y de garantizar la agilidad en la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Abordamos también otras reformas como es la subasta judicial electrónica o las sentencias orales en determinados procedimientos para agilizar por completo lo que estamos intentando llevar a cabo.

Y hago una última referencia a la parte que tiene que ver con las acciones colectivas para la protección y defensa de consumidores y usuarios, vamos a establecer un procedimiento único para las demandas colectivas de consumidores y usuarios a través de entidades habilitadas para que los consumidores de manera individual no tengan que litigar, no tengan que ir a los tribunales, ni de manera individual, ni de manera plural, es decir que también con esto pretendemos evitar macro procedimientos judiciales que afectan a multitud de personas y que en ocasiones se desperdigan por diferentes juzgados y tribunales.

Con este procedimiento único vamos más allá de la trasposición de la directiva europea que estamos implementando, que es la directiva de la Unión Europea del año 2020, 1828, esa directiva establece un listado de supuestos y nosotros queremos que todas las situaciones en las que consumidores y usuarios entiendan que se ha visto vulnerado algún derecho puedan ejercitarlo a través de este procedimiento.

Habrá acciones de cesación de actividad resarcitorias para consumidores y usuarios que consideran que han de ser indemnizados, y este procedimiento único vinculará a todos los consumidores y usuarios que tengan una situación idéntica a la que se plantea en el procedimiento principal, para ello se habilitarán entidades para que puedan llevar a cabo este tipo de procedimientos y también habrá un sistema de difusión y de publicidad que creo que facilitará enormemente el conocimiento de estos procedimientos y, por tanto, en definitiva, que haya menos pleitos y, por tanto, más agilidad y más facilidad para que los tribunales puedan dictar sentencias en un tiempo rápido.

Por todo ello, como pueden ustedes comprobar, desde el Gobierno, podemos decir que estamos abordando la mayor transformación y la mayor mejora del servicio público de la Justicia en décadas y lo hacemos con recursos económicos y también lo hacemos con herramientas legales, como son estas dos leyes orgánicas que hoy aprobamos y que traemos a esta rueda de prensa.

La segunda ley orgánica que también hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, tiene que ver con el intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales también en el ámbito de la Unión Europea. Estamos modificando la Ley Orgánica 7/2014 y lo que queremos hacer es adaptarnos al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y esto supone que tenemos que trasponer una directiva, que es lo que en este caso estamos haciendo con la aprobación de esta ley en Consejo de Ministros.

Queremos formar parte por supuesto del sistema electrónico de interconexión de bases de datos de todos los Estados miembros donde se intercambian antecedentes y condenas de manera rápida y sencilla, sin necesidad de peticiones que en ocasiones se prolongan durante meses, se podrá acceder de manera fácil desde cualquier Estado miembro al historial delictivo que tenga un ciudadano o ciudadana en otro Estado miembro y del que exista constancia en el sistema europeo y por tanto la petición de antecedentes y la respuesta a través de este sistema será realmente ágil y realmente rápida.

Se incluyen también otros elementos que no existen en el modelo actual, por ejemplo la imagen de las personas con antecedentes penales tan importante para investigaciones policiales de la Guardia Civil y también se incluye un registro de menores que incluye incluso las medidas cautelares para su custodia y para la defensa del menor expedientado y para la debida protección de la víctima. Con esta norma agilizamos también la cooperación jurídica y también agilizaremos todas las investigaciones judiciales y de toda índole, que se produzcan en nuestro país.

Y, por último, hago referencia a un asunto que también hemos aprobado en Consejo de Ministros, que también le damos importancia, que son las subvenciones para la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Aprobamos hoy las subvenciones por importe de 54,3 millones de euros, son las subvenciones para abogados, para procuradores y también para psicólogos, para las oficinas de atención a las víctimas del delito y se refieren al ejercicio 2023 completo y al año 2024 lo que llevamos de ejercicio. Con esto estamos apostando, un año más, por la asistencia jurídica gratuita, estamos apostando por la tutela judicial efectiva, pero también por una Justicia más cercana, en línea con las leyes que hemos aprobado, una Justicia más cercana y que acompañe a esas víctimas de los delitos que en ocasiones se ven desamparadas y que necesitan también atención psicológica. Como se pueden imaginar básicamente estamos hablando de víctimas de violencia de género, pero no solo hay otros ciudadanos, otras ciudadanas que también son víctimas de delito y creo que la Justicia ha de ser una justicia de los cuidados, una Justicia que acompañe a los ciudadanos no solo en su procedimiento judicial, sino también con el asesoramiento o la atención psicológica que precise. Para eso hoy el Consejo de Ministros aprueba también unas cantidades que van, ya les digo, no solo a los colegios de abogados, no solo a los colegios de procuradores, sino también al Colegio de Psicólogos y con esto, ministra portavoz, termino la exposición inicial.

Portavoz. - Muchas gracias, ministro. Ministro Escrivá.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. - Gracias, ministra. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la fusión entre iguales por la combinación de sus negocios en España de dos operadoras del sector de las telecomunicaciones: Orange y MásMóvil. De esta fusión resulta el primer operador en España, con más de 30 millones de clientes de utilización de móviles, con más de 7 millones de clientes que van a usar banda ancha y de más de 2 millones de clientes que van a usar servicios de televisión.

El sector de las telecomunicaciones es un sector absolutamente estratégico, no solo por esta granularidad, a la que me acabo de referir, de uso por tantos ciudadanos y tantas empresas, sino porque despliega y opera infraestructuras digitales que son de una importancia estratégica máxima. Mantiene infraestructuras críticas para la seguridad nacional y también para la seguridad económica al dotarnos de autonomía estratégica. En definitiva, la competitividad de un país depende en una parte muy importante de sus infraestructuras digitales y su conectividad y España está muy bien posicionada porque ha tenido mucho apoyo público en los últimos años en este sentido y debemos asegurarnos que esto sigue siendo así.

En este contexto, la aprobación de esta fusión viene acompañada de un plan industrial de la entidad resultante que es verdaderamente ambicioso y con una orientación de muy medio plazo, con una política de inversiones muy potente durante los próximos años, en infraestructuras digitales fijas y móviles, aprovechando la gran escala que va a tener esta esta entidad y, además, va con compromisos específicos de gestión operativa de la red.

En definitiva, estamos convencidos que con esta fusión garantizamos y en las condiciones y con los compromisos que la acompañan, garantizamos mejores servicios para los ciudadanos en el despliegue de fibra y de 5G y de las tecnologías que vienen 5G+ y 6G. Recordemos, durante la pandemia, por ejemplo, lo importante que fue la conectividad para muchos de nosotros que tuvimos que trabajar de forma remota, eso fue gracias a las fortalezas que tiene España en este ámbito de la conectividad, pero también es muy importante en el ámbito rural para dar posibilidades de conectividad a personas que están en zonas despobladas y zonas remotas. Y, en definitiva, lo que creo que conseguimos así propiciando fusiones como esta y acompañándolas de compromisos claros de medio y largo plazo y de país, es que el desarrollo tecnológico de España esté garantizado. En definitiva, es una operación que nosotros hemos analizado extensamente con las dos operadores y a las que quiero agradecer su compromiso con el país y el cómo han trabajado con nosotros para que su plan industrial refleje los elementos que a ambas partes nos parecían que eran necesarios.

Hay un segundo ámbito en el que, completamente distinto, en el que hemos acordado el Consejo de Ministros que tiene que ver en el ámbito de la protección de menores. Como ustedes saben hay una extraordinaria alarma social por los efectos de la pornografía y usos inadecuados que afectan a nuestros menores en cuanto operan en Internet. A mí esta cifra me parece verdaderamente, que ha salido de una encuesta, que es muy fiable, es que siete de cada diez menores nos declaran que acceden, entre los 13 y los 17 años que acceden, consumen pornografía en Internet. En este contexto, el presidente del Gobierno está liderando una estrategia nacional muy ambiciosa y muy extensa para la protección de los menores y su acceso a contenidos inapropiados en Internet, que ya fue presentado en el Consejo de Ministros y presentado aquí a la opinión pública creo que el 16 de enero.

Posteriormente el presidente del Gobierno, con algunos ministros, nos reunimos con las principales operadoras y plataformas la semana pasada en el Palacio de la Moncloa y discutimos esta estrategia y conocimos también su posicionamiento al respecto. Pues bien, uno de los elementos centrales en esta estrategia es que tengamos una tecnología que nos permite verificar la edad en el acceso a estos contenidos y esa tecnología tiene que contener dos requisitos fundamentales: uno, que asegure la privacidad y la anonimidad de cuando se declara esa edad y segundo, que tiene que ser, además, una fuente que genere las suficientes garantías, es decir, que sea una garantía de autenticidad que esté realmente garantizada.

¿Cuál es la tecnología que realmente pensamos que se va a imponer con toda seguridad? Pues la tecnología a nivel europeo, que se está desarrollando, porque además este ámbito claramente trasciende a España e incluso trasciende a Europa, pero a nivel europeo tenemos, se está desarrollando, la Cartera Digital Europea que regula el Reglamento de Identidad Digital Europea, que ha aprobado ya el Parlamento Europeo y que está a punto de ser aprobado por el Consejo de la Unión Europea. Y España está liderando todos los trabajos técnicos que acompañan, que acompañan el desarrollo de esta regulación y eso nos va a permitir ser pioneros y poder disponer de la tecnología en el ámbito de la identificación de la edad muy pronto, es decir, la llamada Cartera Digital Europea, que utiliza el análisis del wallet que le llaman los técnicos, va a permitir, cuando esté completamente disponible, que nosotros podamos demostrar nuestra identidad y tengamos documentos electrónicos desde esta cartera de identidad que estará residenciada en nuestros móviles y haciendo un clic en el teléfono, podemos inmediatamente mostrar documentos y mostrar elementos de identidad nuestros. Y aquí es donde es posible anticiparse para que esta tecnología se pueda utilizar lo antes posible, pensamos que claramente durante este año pueda estar disponible en España, para la verificación de la edad, que es un elemento central, como decíamos, en esta protección de los menores.

Está previsto que a nivel europeo estas tecnologías sean de obligado cumplimiento a partir del año 2026 pero podemos ir más deprisa y para ir más deprisa y ser pioneros con esa ventaja que tenemos, digamos, en el desarrollo de estos trabajos técnicos a nivel europeo que lidera España, bueno, pues hemos creado hoy un grupo de trabajo interministerial que lidera el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y en el que están también el Ministerio de la Juventud y la Infancia, el Ministerio del Interior y en el que también están dos entidades que juegan un papel muy importante en el proceso: por un lado, la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que tiene que garantizar la privacidad, los elementos de privacidad que acompañen esta tecnología; y después, la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados que es, según la Ley Audiovisual, la institución que tendrá que dar la certificación final de la tecnología. Igualmente asistirá a las reuniones la Fábrica Española de Moneda y Timbre, que va a ser el emisor de las credenciales verificables.

Como decía, pensamos que los trabajos pueden ir muy deprisa porque ya se ha trabajado mucho en distintos ámbitos y España, además lidera estos trabajos y tenemos avanzados muchos elementos que hay que poner en común y hay que, digamos, aterrizar en esta tecnología concreta que tiene que desarrollar en última instancia la Fábrica para ponerla a disposición. Pensamos que antes de que termine este año esta identificación, esa verificación de edad, en el acceso a contenidos de Internet, y singularmente pensando en los contenidos que son inapropiados para nuestros menores, será de obligado cumplimiento para las plataformas referenciadas en España pero, y me baso en la reunión que tuvimos en el con el presidente del Gobierno con las grandes plataformas, están absolutamente comprometidas en acompañar en este proceso y ser ejemplares en la utilización de la verificación de la edad, también en ámbitos que trascienden el ámbito territorial español. Y es que yo creo que en este tema hay un consenso amplísimo de que tenemos que combatir y tenemos que combatir de una forma muy decidida y rápida, sobre las consecuencias indeseables que estos usos inapropiados están teniendo sobre nuestros menores que están afectando a su salud y que pueden afectar también a su comportamiento social. Gracias.

Portavoz. - Muchas gracias, ministro.

Alba Galán Collado (TVE). - Hola, buenas. A la ministra portavoz quería preguntarle sobre la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso, por supuesto fraude fiscal. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha apuntado al Gobierno de estar detrás de esta denuncia y les acusa a Moncloa de hacer una campaña contra ella, una valoración sobre estas palabras. Y sobre los presupuestos, a usted también, y al ministro Bolaños, ya que ha participado en la negociación con Junts, ¿Qué certeza tienen de que Junts va a aprobar los presupuestos? Porque ellos decían la semana pasada que se parte de cero a la negociación, si están de acuerdo con que se parte de cero o durante la negociación con la Ley de Amnistía, se ha puesto también sobre la mesa estos presupuestos y si se está negociando un plan de autonomía fiscal para Cataluña.

Portavoz. - Bueno, mire, si le parece sobre la segunda pregunta que usted trasladaba en materia de presupuestos, creo que ya no recuerdo si fue en la última rueda de prensa del pasado 8 de marzo o la del martes anterior, el propósito lógico de este Gobierno es seguir trabajando a favor de estos presupuestos para aprobarlos cuanto antes. Se lo venimos diciendo a lo largo de las distintas ruedas de prensa: son numerosas los proyectos que este Gobierno quiere aprobar en beneficio de la ciudadanía de este país y para eso es importante poder contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Vamos a seguir trabajando con el resto de las fuerzas parlamentarias, con la máxima prudencia y discreción que siempre hemos llevado y, lógicamente, cuando haya un acuerdo que haga posible, factible, la aprobación de esos presupuestos, se les explicará, como siempre, hecho.

Y sobre la segunda cuestión que usted me trasladaba sobre la señora Ayuso, efectivamente nosotros hemos conocido esta información también esta misma mañana, a través de los medios de comunicación y, claramente, lo que denuncia la Fiscalía es muy grave, es muy grave. Por tanto, creo que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible, porque en esto, como en todo yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta, más transparencia y menos fruta. Y, mire, he podido también escuchar las la intervención que ha realizado esta mañana la presidenta Ayuso y también les quiero decir algo, yo creo que la señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás y, desde luego, muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones.

Rocío Esteban González (La Razón). - Buenos días. A la ministra portavoz, por favor, quería insistir sobre presupuestos, sobre todo después de que, en Cataluña, Junts haya dicho que va a presentar una enmienda a la totalidad, si tienen garantía de que Junts vaya a aprobar los presupuestos nacionales, si primero plantean llegar a un acuerdo con Junts para después llegar al resto de acuerdos con los grupos parlamentarios. Y también al Ministro de Justicia, por favor, quería preguntarle sobre la reunión del CGPJ que van a mantener mañana en Bruselas, ¿qué sensación tiene de si se va a poder llegar a acuerdo o cuáles son los pasos posteriores? Y también, de cara al próximo pleno del CGPJ que se celebra el 21 de marzo sobre la amnistía, hay dos informes, uno de la vocal progresista, en el que pone pegas tanto al espacio temporal de los actos amnistiados, al entender que no responde a ninguna razón que haya estado justificada y también a la interpretación del concepto de violaciones graves de los derechos humanos, entonces quería por favor, una valoración. ¿Qué valoración hace el Gobierno? Muchas gracias.

Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Nosotros, como en los últimos cinco años, desde luego, vamos a la mesa de negociación, en este caso de la mano de la Comisión Europea y del Comisario Reynders, a negociar de buena fe que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, que no es otra cosa que cumplir la Constitución y cumplir el informe del Estado de Derecho de la propia Comisión Europea. Y a eso iremos y mañana estaremos allí en Estrasburgo por supuesto, para de la mano de la Comisión Europea para intentar lograr, de una vez por todas, ese acuerdo que es imprescindible para el funcionamiento del servicio público de Justicia y para la normalidad institucional del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y, por tanto, no hay nada que haya afectado a esa negociación, porque realmente la situación es la misma que cuando se inició la negociación con la Comisión Europea. Recuerden ustedes y creo que es bueno que todos lo tengamos en mente, que en noviembre se registró la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, en diciembre se reunió el presidente del Gobierno con el señor Feijóo y ahí el señor Feijóo le pidió al presidente que para renovar el Consejo teníamos que recurrir a la mediación de la Comisión Europea en esta materia y en diciembre estaba en tramitación la Ley de Amnistía, en enero la Comisión Europea aceptó el encargo del Partido Socialista y del Partido Popular para mediar en esa renovación del Consejo General del Poder Judicial y en enero estaba en tramitación la Ley de Amnistía, a finales de enero tuvimos la primera reunión, el representante del Partido Popular y yo mismo, con el comisario de Justicia Reynders, y estaba en tramitación la Ley de Amnistía, en febrero tuvimos la segunda reunión y estaba en tramitación la Ley de Amnistía y mañana en Estrasburgo tendremos la tercera reunión y sigue en tramitación la Ley de Amnistía. La única novedad, digamos, relevante en los últimos meses, en las últimas semanas, sobre la amnistía, ha sido el informe de la Comisión de Venecia, donde avala la Ley de Amnistía y avala la Ley de Amnistía en un informe que solicita el propio Partido Popular en dos asuntos que le planteaban dudas al Partido Popular y que han sido sus argumentos jurídicos, digamos, más utilizados: en primer lugar, que afectaba la separación de poderes, decía el Partido Popular, y en segundo lugar, que afectaba al principio de igualdad entre españoles, decía el Partido Popular. Como tenía dudas, solicitó un informe a la Comisión de Venecia y la Comisión de Venecia resuelve al Partido Popular las dos dudas, les dice que no hay ruptura del principio de separación de poderes porque la última palabra en la Ley de Amnistía la tienen los jueces y magistrados de nuestro país y también dice la Comisión de Venecia al Partido Popular, que es el solicitante de ese informe, que tampoco hay ninguna dificultad con la igualdad entre españoles, porque el fin de la amnistía es la reconciliación y, por tanto, es un fin ilícito de tal manera que, una vez aclaradas estas dudas al Partido Popular sobre sus argumentos jurídicos más utilizados, pues creo que en este momento ese es el único hecho que se ha producido en las últimas semanas que tenga cierta relevancia en relación con la Ley de Amnistía.

La segunda pregunta que me formula, pues le tengo que decir que el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato sobradamente caducado, más de cinco años, lo que ha hecho es que ha habido dos vocales encargados de presentarse en dos informes, se van a presentar al próximo Pleno, son informes distintos, diferentes, con argumentos jurídicos que yo respeto profundamente todos los argumentos jurídicos en un sentido en otro, lo que le digo es que esta ley es absolutamente impecable, es constitucional, no hay ninguna duda de su constitucionalidad y tampoco de que es acorde al Derecho europeo, como así lo ha dicho la Comisión de Venecia y por tanto el Consejo de Europa.

Portavoz. - Muchas gracias. Bueno sobre la cuestión que me planteaba de los Presupuestos Generales del Estado, desde luego el propósito de este Gobierno desde el primer momento es que haya presupuestos y ojalá que se puedan aprobar lo antes posible. Llevamos ya durante semanas hablando, trabajando con los distintos grupos políticos y, como les digo, cuando haya algo acordado se presentará y se explicará, sobre todo porque además nos quedan tres años y medio de legislatura por delante y muchos proyectos por desplegar y entendemos que la existencia de estos Presupuestos Generales del Estado son un buen marco para poder seguir desplegando estas políticas a favor de los ciudadanos de este país, así que la voluntad es la misma que teníamos ya desde el primer día trabajar, dialogar y negociar con el resto de las fuerzas políticas para poder aprobar cuanto antes unos Presupuestos Generales del Estado para para este país.

María Pilar Blázquez Correas (La Vanguardia). - Hola, buenos días, yo quería hacerle unas preguntas al ministro Escrivá. En principio quería ver si nos podía concretar cuáles son los compromisos de inversión que le han pedido Orange Y MásMovil para autorizar la fusión, si las inversiones son solo en infraestructuras o en algún otro tipo de activos y si la decisión de aprobar esta fusión va ligada, o no, a una garantía de mantener el empleo por parte de ambas compañías. Y luego también me gustaría saber si ese criterio de exigir inversiones a las empresas de telecomunicaciones se le va a aplicar al resto de autorizaciones que tiene usted en cartera por ejemplo la de Zegona y Vodafone y ya de paso, si nos avanza, si le han pedido la autorización STC para entrar en Telefónica y cómo va la compra de acciones en la SEPI. Gracias.

Ministro de Transformación Digital y Función Pública. - Son unas cuantas preguntas. Empezaré por la primera. Los compromisos que ha adquirido en su plan industrial que acompaña la resolución del Consejo de Ministros son muy explícitos en términos de inversiones en conectividad fija y móvil y en cómo se van a operar las redes. Como es lógico, el plan industrial, que contiene muchos detalles, se mantiene con un nivel de reserva porque, digamos, desvelaría elementos competitivos de la compañía y esto siempre es así, por lo tanto, los detalles concretos no se pueden divulgar, pero le aseguro que los compromisos son extensos y también, por supuesto, contiene compromisos de mantenimiento del empleo suficientes. Al mismo tiempo, efectivamente, esto marca una forma de posicionarnos en operaciones de este tipo, que está avalada por, no solamente por la Ley de Telecomunicaciones reciente sino también, por todo el acervo normativo que se está creando en Europa, donde los principios de seguridad económica, soberanía estratégica, son fundamentales. Por ejemplo, lo hemos visto en el Libro Blanco que va a acompañar la nueva regulación, el nuevo Reglamento Europeo sobre plataformas digitales y, por lo tanto, yo creo que esto marca una forma de hacer que responde, digamos, a los nuevos tiempos en los que estos elementos de soberanía estratégica, de autonomía de los países, de seguridad económica tienen que presidir las decisiones y necesitamos operadores con compromisos claros en este sentido y lógicamente esto marca una línea hacia delante, sin lugar a dudas. Y respecto a lo que me ha preguntado de Telefónica, no hay ninguna novedad, ninguna novedad.

David Junquera Fernández (SER). - Hola, muy buenas. Tengo dos preguntas para el Ministro de Justicia. La primera tiene que ver con la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso, Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado ya su lista de comparecientes y aparte de incluir a los máximos dirigentes del Partido Popular y a los líderes en aquella época, citan también a jueces, a fiscales, a magistrados, entre ellos García Castellón, Javier Zaragoza, José Ramón Navarro, y quería saber si descartan completamente que la Comisión sirva al final para que comparezcan en el Congreso este tipo de perfiles. Y luego quería insistir en los informes del Consejo General del Poder Judicial, nos ha recordado usted que tienen el mandato caducado, también nos ha dicho que respeta lo que dice en ambos informes pero yo quería saber, teniendo en cuenta lo que dice el informe conservador, que habla de una valoración muy crítica del texto por la inconstitucionalidad que dice que tiene y por su deficiente técnica jurídica, si ustedes van a tener en cuenta esas recomendaciones que pueda hacer el Pleno del Consejo del Poder Judicial o las van a ignorar teniendo en cuenta la situación en la que está en este momento el Consejo. Muchas gracias.

Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, muchas gracias. Pues mire, le reitero la posición en este caso no solo del Gobierno sino también del Grupo Parlamentario Socialista, que es que la ley impide que puedan comparecer en comisiones de investigación, jueces y magistrados para declarar sobre asuntos de los que han tenido conocimiento en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y no solo eso, sino que, por si había alguna duda, también el informe de la Comisión de Venecia establece con claridad que jueces y magistrados no pueden comparecer en comisiones de investigación y por tanto lo quiero decir con total claridad, los grupos parlamentarios podrán hacer las peticiones de comparecientes que deseen pero el Grupo Socialista cumplirá la ley e impedirá que haya jueces y magistrados compareciendo en comisiones de investigación para dar cuenta de lo que han conocido en el ejercicio de las causas que están juzgando. Y creo que con bastante claridad acabo de responder.

Y, en segundo lugar, me hace usted referencia a uno de los informes que están emitiendo, digamos unos cuantos vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que, mire, por su cercanía al Partido Popular creo que no tienen ninguna imparcialidad para valorar ni la Ley de Amnistía ni ninguna otra.

Antonio Ruiz Valdivia (Infolibre). - Buenas tardes, a la ministra portavoz, yo quería preguntarle si creen que debería ir a la comisión de investigación que se está creando en el Congreso la presidenta Ayuso por el caso que hemos conocido. Al ministro de Justicia, me gustaría saber si además de los presupuestos, durante esas conversaciones con los grupos soberanistas, hablaron de la voluntad de aguantar toda la legislatura. Y al ministro Escrivá, si me permite, me gustaría saber si ya está comprometido esa subida del sueldo de los funcionarios y si se va a hacer antes de los Presupuestos Generales con esa enmienda del Partido Socialista y de Sumar. Gracias.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Sí, sí, efectivamente va a incorporarse una enmienda al Real Decreto-ley que hemos llamado de medidas urgentes para la lucha contra la crisis originada por la guerra de Ucrania, que contenía además elementos que suponían la prórroga de presupuestos y es el elemento adecuado. Y quiero aprovechar, ya que la subida tiene que ver con el acuerdo marco para una administración del siglo XXI, quiero aprovechar, agradecer de nuevo a los agentes sociales y singularmente a Comisiones Obreras y UGT que realmente acordaron con nosotros ese marco de subidas salariales que incluye el 2024 y que se materializará por esta vía y que nos han estado acompañando en todo este proceso.

Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Sí, pues en esas conversaciones que habitualmente tenemos con los grupos parlamentarios, que creo que además ha sido incluso manifestado también por ellos, existe una voluntad de acordar los Presupuestos Generales del Estado, existe una voluntad de los grupos parlamentarios que son aliados del Gobierno en el Congreso, también de que la legislatura tenga profundidad, porque esta legislatura tiene que significar también avances en políticas sociales en nuestro país. Es decir, esta legislatura en la que por supuesto vamos a hablar de convivencia y de reconciliación, pero también vamos a hablar de crecimiento económico, y de empleo, y de derechos, y de avances, y de políticas en materia de vivienda, y políticas, en materia de educación, de transformación digital… Es decir, esta legislatura será una legislatura de avances para nuestro país y esa voluntad de los grupos parlamentarios se ha manifestado y por supuesto, esa voluntad ahora hay que concretarla con el trabajo, primero en unos Presupuestos Generales del Estado y luego con toda la agenda legislativa que el Gobierno tiene planteada.

Portavoz. - Bueno, yo les quiero recordar que el Partido Popular no votó a favor de esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y creo sinceramente que siempre es positivo participar en estos ejercicios de transparencia cuando no votas a favor de una comisión de investigación ¿Acaso es porque tiene algo que ocultar? Y yo, desde luego, creo que es importante que la señora Ayuso, además, después de lo que hemos conocido hoy, a través de un medio de comunicación, sería absolutamente fundamental que participase y diera las explicaciones oportunas también en esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Lo que la Fiscalía denuncia son dos hechos muy graves, son dos delitos de fraude fiscal, por tanto, creo que es absolutamente urgente y necesario explicaciones por parte de la señora Ayuso. Por cierto, creo que esta mañana ha dicho algo así como que no hay trama ni nada, yo si me permiten un consejo, creo que cualquier dirigente del Partido Popular tiene que ser muy prudente a la hora de utilizar el término "trama", porque creo que todo el mundo nos acordamos perfectamente cuando el expresidente Rajoy hablaba de que no existía una trama del PP sino contra el PP, meses después de esas declaraciones, el Partido Popular fue condenado por corrupción bajo la trama de la Gürtel. Hoy de lo que estamos hablando es de una denuncia de la Fiscalía por dos posibles delitos de fraude fiscal y creo que es exigible, por tanto, explicaciones y máxima transparencia por parte de la señora Ayuso.

Muy bien, pues muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)