Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa, Madrid

Portavoz.- Buenas tardes a todos. Comparezco ante ustedes acompañado del ministro de Justicia, a quien quiero agradecerle su presencia aquí esta mañana, para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en el día de hoy, dos de marzo, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Asimismo, como ya viene siendo habitual, el Consejo de Ministros se ha reunido posteriormente en sesión extraordinaria como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordado por el Senado en su reunión de 27 de octubre.

Quiero, en primer lugar, comenzar por dar a conocer los datos de creación de empleo en este mes de febrero. Febrero, como saben ustedes, es un mes tradicionalmente no bueno para la creación de empleo. En los últimos diez años la media ha sido de un aumento del paro de 50.696 personas; pues bien, este mes de febrero el número de parados ha disminuido. Por tanto, frente a ese aumento de los últimos diez años, este año ha disminuido en 6.280 personas. Como siempre, me alegro de esas cifras de paro. Cuando hablamos de cifras no hay que olvidar que detrás de ellas hay personas con nombres y apellidos que han salido de una situación en la que, sin duda alguna, no querían estar. Con este descenso de 6.280 desempleados el número de parados registrados se situó el pasado mes de febrero en 3.470.248, también con nombres y apellidos, también personas que están en esta situación por las que el Gobierno va a luchar, va a seguir trabajando para sacarlas de la misma. Esta cifra que he dicho, es elevada, pero en todo caso es el nivel más bajo de los últimos nueve años.

En febrero se celebraron 174.287 contrataciones indefinidas. Esto significa un crecimiento del 15,4 por ciento con respecto a febrero del año 2017 y así encadenamos 49 meses de incremento interanual de la contratación indefinida. Esto es también una buena noticia, como lo es el que aumentara el número de afiliados a la Seguridad Social en 81.483 personas, un incremento muy superior al registrado de media los últimos diez años, que fue de 29.903 personas. Por tanto, tenemos en febrero del 2018, tenemos 81.483 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, frente a una media de veinte mil en años anteriores.

Asimismo, hemos conocido también estos días determinados datos de la contabilidad nacional. En primer lugar, se ha ratificado algo que ya habíamos anunciado desde el Gobierno, un crecimiento medio anual del 3,1 por ciento del PIB en el año 2017. Encadenamos cuatro años consecutivos de crecimiento económico manteniendo, además, un diferencial positivo respecto a la zona euro. Por tanto, un fuerte impulso de la actividad económica consecuencia de la mejora de la demanda nacional y de la buena marcha de la inversión, especialmente, en bienes de equipo. Se trata, por tanto, de un crecimiento intensivo que va acompañado, como he dicho antes, de creación de empleo. Más de medio millón de empleos en el año 2017.

También tenemos algún dato de contabilidad nacional referido al turismo en el mes de enero. Ya saben ustedes que el año pasado España batió de nuevo el récord de turistas, 82 millones de turistas nos visitaron el año pasado. Pues bien, este mes de enero hemos cerrado con 4,1 millones de visitantes internacionales, que suponen un 5,2 por ciento más que en enero del año 2017 y, además, este 5,2 por ciento más de turistas ha gastado también un 5,6 por ciento más que en el año 2017. El número de hipotecas, que es otra cifra muy ilustrativa de la marcha de la actividad económica, el número de hipotecas sobre viviendas --esta es una cifra del año 2017--, crece casi un diez por ciento respecto al año anterior. La cifra de negocios empresarial, también del año 2017, sube un 7,5 por ciento respecto al año anterior. Y por quinto año consecutivo tenemos un superávit en la balanza por cuenta corriente.

Asimismo, otra buena noticia es cómo en este año 2017 --son datos del Banco de España-- se ha reducido la deuda financiera de las familias. La deuda financiera de las familias está hoy al mismo nivel que en mayo del 2006, por tanto, antes de la crisis y la deuda de las empresas está a niveles de junio del año 2006, otra buena noticia también.

De igual forma, hemos conocido esta semana, lo ha dado a conocer la ministra Báñez, cómo en España la brecha salarial ha caído 4,5 puntos desde el año 2012 hasta situarse en el 14,2 por ciento. España es el país de la zona euro en el que más se ha reducido la brecha salarial. España se sitúa 2 puntos por debajo de la media europea, y es que en España en estos momentos hay casi 8,5 millones de mujeres que están afiliadas a la Seguridad Social, hay en España más mujeres que nunca trabajando y desde el año 2011, seis de cada diez nuevos emprendedores, son mujeres.

La ministra Báñez también ha dado a conocer cómo las pymes y las micro pymes suponen el 74 por ciento de la creación de empleo y emplean, a su vez, a más de 11 millones de personas. Otro dato que también es importante y que quiero resaltar es cómo el contrato de formación y aprendizaje de jóvenes ha permitido crear más de 600.000 empleos entre los jóvenes menores de treinta años.

Por tanto, las cifras que hemos conocido esta semana apuntan, clarifican la situación económica y social de los últimos tiempos y van en la línea de ese objetivo que tiene el Gobierno de la creación de más puestos de trabajo que permitan al final de esta legislatura, en el año 2020, que haya veinte millones de personas trabajando.

Asimismo, ayer el presidente del Gobierno anunció la próxima presentación, dentro de este mes de marzo, igual que sucedió en el año 2017, de los Presupuestos Generales del Estado. Creo que desde hace varias semanas me han oído repetir cómo estos Presupuestos Generales del Estado son, no solamente una obligación del Gobierno, una obligación constitucional, sino también un objetivo porque benefician al interés general. Porque son los Presupuestos Generales del Estado que volverán a incrementar el sueldo de los funcionarios, porque incrementarán en 4.300 millones la financiación de las Comunidades Autónomas, porque bajarán los impuestos de las rentas más desfavorecidas, porque aumentarán las ayudas a la dependencia, porque incrementarán las becas de estudio. Queremos, desde el Ministerio de Educación, batir un nuevo record de becas, con cincuenta millones de euros más que el año pasado, para que hagamos realidad ese principio de que en España nadie deje de estudiar por falta de recursos económicos. Rebajaremos también el tipo del IVA en el cine, y habrá más inversiones para realizar más infraestructuras.

También ayer tuvimos noticias de un acuerdo muy importante, me refiero al acuerdo al que ha llegado el Ministerio del Interior y los sindicatos. Los sindicatos ahora tienen que confirmarlo. Un acuerdo para la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los policías autonómicos. Y este acuerdo y las cifras derivadas de este acuerdo, son cifras que se incorporarán a esos Presupuestos Generales del Estado.

Este ha sido el primer Gobierno de la democracia en abordar este tema de equiparación salarial que va a corregir en sólo tres años, haciendo un esfuerzo presupuestario notable, pero en solo tres años, vamos a corregir la brecha salarial que se habría producido en las últimas décadas con respecto a las policías autonómicas. Por tanto, este año en los Presupuestos Generales del Estado, el proyecto que va a presentar el Gobierno incorporará quinientos millones de euros, y luego los años 2019 y 2020 incorporaremos las cantidades necesarias--como digo--, para eliminar esa brecha salarial.

Por tanto, son importantes los Presupuestos por las razones que he dicho en muchas ocasiones desde aquí y creemos que es un compromiso de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, explicar cuál es su proyecto. Los Presupuestos, al final, son la traslación en números de un proyecto político. Creemos que esto es lo que le viene bien a España en estos momentos, a los intereses de los españoles y estamos seguros que también la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, y esperemos que su aprobación, contribuirá a la estabilidad nacional.

Asimismo, todos estos datos que les he dicho antes y los Presupuestos, son fiel reflejo de la creación de empleo, y la creación de empleo es muy importante para otro debate que tenemos por delante que es el de las pensiones. Como saben ustedes, es una cuestión --yo diría--, nacional, es uno de los grandes retos, y eso es así ya desde el principio de la Legislatura. Les recuerdo a ustedes que hace quince meses, dentro del acuerdo de investidura, una de las propuestas que hizo entonces el presidente Rajoy, fue la de conseguir un pacto de Estado en el marco del Pacto de Toledo, sobre la cuestión de las pensiones.

El presidente del Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno monográfico sobre esta cuestión que va a permitir al Gobierno explicar lo que ha hecho en esta materia desde el año 2011 y a todas las fuerzas parlamentarias explicar cuáles son sus posiciones al respecto en un tema --insisto--, tan importante como este.

No hay que olvidar que las cifras con la que nos encontramos al llegar al gobierno en el año 2011, y las que hoy están a la vista son muy diferentes. El coste anual de las pensiones en el año 2011 ascendía a 114.000 millones de euros; y en estos Presupuestos Generales del Estado ascienden a 139.000 millones de euros, por tanto, 25.000 millones de euros más en seis años. Los pensionistas en el año 2011 eran 8,9 millones de personas, hoy son 9,6 millones de personas. Hay 700.000 pensionistas más que hace unos años, y la pensión media, que en el año 2011 era de 766 euros, hoy es de 1077 euros.

Por tanto, estamos hablando de diferencias notables. En los Presupuestos Generales del Estado, el capítulo dedicado a pensiones supone el cuarenta por ciento del presupuesto y el hecho, solamente, del aumento de la esperanza de vida, supone que cada año haya más pensionistas. Solo eso supone, 3.700 millones de euros anuales de incremento. Por tanto, es una situación que debemos conocer todos y a la que debemos buscar remedios en el futuro para garantizar el derecho de todos aquellos que han contribuido a lo largo de su vida a las pensiones, que es un derecho --como saben ustedes--, constitucional.

Este Gobierno en el 2011, cuando se encontró con una situación económica catastrófica, mucho peor de la que el gobierno anterior había dicho, tomó una decisión política, y es que las consecuencias de las crisis en ningún caso iban a sufrirla aquellos más débiles económicamente. Ni los pensionistas, ni aquellos que cobraban una prestación por desempleo, y así lo hemos hecho y esa decisión política se ha traducido todos estos años --como saben ustedes--, en aumento de las pensiones y en la garantía de ese derecho de todos, algo, que no sucedió en el resto de los países europeos, ya que hay otros países europeos, que también sufrieron las consecuencias de las crisis, cuya reducción de las pensiones fue muy notable.

También en España en este debate queda claro que la prestación representa un 82 por ciento del último salario percibido, un nivel que es muy superior al promedio de economías desarrolladas que es del 63 por ciento, y al de la Unión Europea que es del 71 por ciento. Y hay distintos estudios de la OCDE que establecen que la renta de los jubilados en España es superior a la media.

Por tanto, este es un tema en el que creo que debemos evitar crear falsas esperanzas, debemos evitar el ir a sobrepujas, tenemos que evitar el buscar soluciones en un momento determinado, que pueden ser atractivas a determinadas personas pero, que luego, cuando se traduzcan en las cuentas generales del Estado, creen un problema.

Es por tanto un tema que creo que se debe tratar seriamente, con coherencia, teniendo en cuenta también factores demográficos, teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es absolutamente necesaria y, por tanto, implica hacer las cosas seriamente y velar porque ese derecho, que el Gobierno ha garantizado en estos años, pueda seguir siendo garantizado en los próximos años.

El hecho de que haya mucha más gente trabajando que antes ya es una buena razón, estamos en la buena senda pero, insisto, este es un acuerdo que no debe tomar solamente el Gobierno porque es un acuerdo a largo, a futuro y, por tanto, a través de esta petición de comparecencia en un pleno monográfico --solicitada por el presidente al Congreso--, queremos que todos los grupos parlamentarios con representación deben asumir la responsabilidad y deben buscar ese acuerdo, ese Pacto de Estado al que me he referido anteriormente y que estaba --como decía--, entre las prioridades del Gobierno en el acuerdo de investidura de hace quince meses.

Voy a dejar de lado el Real Decreto por el que se modifica la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la Memoria de la misma a la que luego hará referencia el ministro de Justicia. Voy a hacer referencia a otros acuerdos del Consejo de Ministros.

Uno de ellos, también por Real Decreto, crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Se trata de un objetivo estratégico. La contratación pública no se concibe solamente como un trato de abastecimiento de materias primas o servicios sino que queda concebida como una herramienta para profundizar en políticas sociales, medioambientales, o de innovación. Esta Comisión Interministerial va a ejercer funciones y competencias relativas al análisis, a la aplicación y al seguimiento de cláusulas sociales en la contratación pública. Está adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presidida por el secretario de Estado y en ella participaremos representantes de todos los departamentos ministeriales.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a tres acuerdos de inversión, a propuesta del Ministerio de Fomento, todos ellos relacionados con el tren de alta velocidad. El primero, es un contrato de ejecución de las obras del proyecto de montaje de la vía de la línea de alta velocidad León-Asturias. Por lo tanto, afecta esas 2 provincias, León y Asturias. Es el tramo conocido como la variante de Pajares. El valor estimado de este contrato --el Consejo de Ministros ha acordado hoy darle vía libre--, es de sesenta y un millones de euros para garantizar esa alta velocidad entre León y Asturias.

El segundo acuerdo autoriza la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo de ejecución de obra del montaje de vía y rectificación del nudo de La Teja-Mogente-L´Alcudia de Crespins. Se trata de un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, con un valor estimado este contrato de casi veinte millones de euros.

Y el tercero al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros, es el contrato, en este caso de ejecución de obras, del proyecto complementario al proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad, el tramo Túnel de Padornelo-Lubián, en la provincia de Zamora, que forma parte del proyecto Madrid-Galicia. El importe de este acuerdo, de este contrato de ejecución, es de casi catorce millones de euros.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de nuevas ayudas, que hemos denominado Beatriz Galindo, en el marco del Ministerio de Educación, por un valor de 21,6 millones de euros. De lo que se trata con estas becas, insisto, de nueva creación, es que en tres años consigamos que el talento que está fuera, que ha ido a estudiar fuera, que ha ido a investigar fuera, vuelva a España. Se busca facilitar el que vengan a investigar en España o que vengan a ejercer la docencia en España y también que profesores extranjeros puedan venir a enseñar en nuestro país. Es un contrato de duración de cuatro años, hay becas para juniors y seniors, las hacemos con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y está dentro tanto del artículo 23 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, como también dentro de la proposición no de ley que aprobó el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre del año 2016.

Por lo tanto, el talento que se ha ido a estudiar fuera, que es doctor fuera, que investiga fuera, queremos que vuelva, facilitarle que vuelva aquí. Van a ser 100 investigadores distinguidos --que así los llama la ley--, anuales. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante para esa vuelta de talento de la que estoy seguro que las universidades españolas van a sacar un gran beneficio. Le hemos querido dar el nombre de Beatriz Galindo, esa universitaria salmantina que a los quince años podía traducir y hablar perfectamente latín y griego, que fue consejera de Isabel la Católica. En este año que celebramos el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, nos parecía que tenía sentido darle esta denominación.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El Gobierno va a mantener --como ha hecho hasta ahora--, una posición activa en defensa de la universalidad de los Derechos Humanos, la protección y fortalecimiento de los acuerdos y compromisos internacionales sobre los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas. En este año, en los últimos años, se han producido importantes avances para conseguir la igualdad real y efectiva. Las mujeres cuentan con un elevado nivel educativo en nuestro país. El 60,12 por ciento de estudiantes que terminaron los estudios universitarios en el año 2016 fueron mujeres, el 38,4 por ciento de las mujeres de 25 a 64 años tienen un título superior --en los hombres es algo inferior, el 33 por ciento--. El porcentaje de consejeras de las empresas del Ibex 35 se ha incrementado del 10,5 por ciento en el año 2011 al 22 por ciento actual. Y, cada vez más, las mujeres están presentes en los ámbitos social, cultural, en la política, en las administraciones públicas, en la judicatura o en la universidad.

También queremos destacar, cómo en el ámbito laboral la tasa de paro de las mujeres ha pasado del 24,74 por ciento en el año 2014 al 18,35 por ciento en el año 2017. Y asimismo, según los datos publicados por Eurostat, la brecha salarial de género en España, en el año 2015, es un 1,4 por ciento menor que en la Unión Europea.

Queda todavía mucho por hacer, tenemos que seguir impulsando actuaciones para combatir esta brecha salarial, para que las mujeres estén presentes en las tomas de decisiones en todos los ámbitos. En el camino hacia una sociedad más igualitaria, el Gobierno sigue trabajando el impulso de medidas destinadas a construir una sociedad libre de violencia de género. El Pacto de Estado aprobado por todas las fuerzas políticas contra la violencia de género es una muestra de ese consenso institucional, político y social y pone de manifiesto la vinculación de todas las instituciones para poner en marcha acciones concretas.

Por ello, en esta declaración, el Gobierno quiere manifestar su firme compromiso en seguir trabajando para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad y en luchar por la erradicación de todas las formas de violencia sobre la mujer.

Esto es lo que yo tenía que decirles pero, sin duda, el ministro de Justicia, que ha tenido una participación muy destacada hoy en el Consejo de Ministros, tiene también cosas que aportar, por lo cual le doy la palabra.

Sr. Catalá.- Muchas gracias y buenas tardes. Como decía el ministro Portavoz, en el Consejo de Ministros de hoy he presentado dos asuntos que tienen que ver con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Uno de ellos, la memoria, la memoria de actividad del año 2017, y luego además un Real Decreto ya que, aprovechando la experiencia del tiempo transcurrido desde la creación de esta oficina, hemos considerado oportuno ayudar a los funcionarios de este servicio administrativo a hacer mejor su trabajo mediante una reforma normativa.

Por recordarlo muy rápidamente, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se creó ya en 2015. Me acuerdo que yo comparecí aquí un viernes 23 de octubre del año 2015 para explicarles a ustedes que en nuestro compromiso con la lucha contra el delito y contra la corrupción habíamos tomado la decisión de crear una oficina especializada en la recuperación y la gestión de los activos procedentes de procesos judiciales y vinculados de una manera genérica con los frutos que algunas personas y redes organizadas obtienen como consecuencia del delito. El compromiso tenía que ver con que todos esos bienes quedasen afectados a las responsabilidades penales que los tribunales establezcan y en ese contexto planteábamos que cada año informaríamos de su actividad. Y es lo que he hecho hoy y es lo que aquí estamos presentando.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se constituyó a finales del 2015 como una unidad administrativa, una unidad del Estado y para ello tomamos ejemplo, como tantas veces hay que hacer, de otros modelos comparados, de Francia, de Alemania, de Italia, que habíamos identificado como modelos de excelencia porque si cada juzgado, cada tribunal tiene que encargarse de la localización de los bienes de las personas condenadas y luego la gestión de esos bienes, lo cierto es que no tienen capacidades, no tienen conocimientos. Cada juzgado tiene una plantilla dedicada a la actividad judicial y esta parte de liquidación y gestión de activos lo cierto es que había funcionado bastante mal a lo largo de nuestra historia.

Por eso, desde la creación de esta oficina, los jueces y tribunales le encomiendan a esta oficina del Ministerio de Justicia, insisto, la localización, identificación y gestión de bienes de muy diversa índole que surjan con ocasión de la investigación de los delitos. Lo que hace esa oficina, como digo, es identificar, localizar, recuperar los efectos y los bienes, los instrumentos, las ganancias generadas por la comisión de un delito que un juzgado pueda determinar que sean decomisadas. Todos esos bienes, esas ganancias, pueden estar en España o pueden estar fuera de España.

Para localizarlas hace falta, muchas veces, la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lógicamente, que es quien lo hace, y también se puede recabar la colaboración de otras muchas entidades. En esto pueden ayudar desde entidades financieras a entidades de investigación, etc.

En segundo lugar, una vez localizadas e identificados esos bienes hay que gestionarlos. Hay que administrarlos porque hasta que no se toma la decisión final por un juez, y a veces los juicios complejos de redes organizadas criminales tardan mucho tiempo. Mientras tanto hay que hacer una gestión de esos inmuebles, de esos bienes muebles bienes, de esos vehículos, de esos activos, para que no se deterioren y, finalmente, hay que enajenarlos de la manera más eficaz posible para poder obtener con ellos un rendimiento económico que, en última instancia, sirva para atender indemnizaciones, para pagar las responsabilidades.

Los objetivos con los que nació la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, por tanto, es contribuir a la lucha contra el crimen organizado; y contribuir en un plano internacional. Hoy la delincuencia no conoce fronteras y, por lo tanto, los medios del Estado de Derecho en la lucha contra la delincuencia tampoco deben tener límites geográficos y, en ese sentido, fortalecer la cooperación internacional está más que acreditado que da muy buenos frutos en esta lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo y contra todos los tipos de delincuencia organizada.

En segundo lugar, y creo que en esto hay un gran sentimiento social, hay que evitar que por aspectos formales, mercantiles, procesales, cometer delitos sea provechoso y esto ha podido suceder. Ha podido suceder que alguien a través de una sociedad pantalla o de un patrimonio puesto al margen de su entorno natural, incluso cuando es condenado, cumpla su condena y acaba teniendo un patrimonio, unos bienes, un dinero fruto del delito que no se le han podido incautar.

En tercer lugar, también queríamos que estos bienes, estos resultados económicos derivados del delito retornasen para pagar las indemnizaciones. Muchas veces, las indemnizaciones asociadas con las condenas penales se quedan sin ejecutar porque las personas o las entidades son insolventes, ya que han sido capaces de sacar el patrimonio de su entorno de localización y, por lo tanto, se genera una cierta frustración cuando alguien --incluso habiendo sido condenado--, no atiende a sus responsabilidades pecuniarias. Y también, paradójicamente, cuando históricamente los juzgados y tribunales hacían la gestión de los bienes decomisados acababan costando un buen dinero al presupuesto público, porque si tienes una serie de coches incautados hay que almacenarlos, hay que mantenerlos, hay que pagar unos costes que, en ocasiones, eran incluso superiores a los que se acababan obteniendo cuando se subastaban o se liquidaban esos bienes.

Con todos estos fines son con los que surgió la ORGA a finales del año 2015 y, desde entonces hasta hoy, ha formalizado quince convenios y acuerdos de colaboración con esa larga lista de entidades que ahí aparecen y que después de esta presentación van a tener ustedes disponible. Con el Consejo General del Poder Judicial, son los tribunales los que le dan trabajo a la oficina, con la Fiscalía General del Estado, con el Ministerio del Interior, con el Plan Nacional de Drogas, también con el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y el Museo Nacional Reina Sofía porque hay muchas veces que son cuadros, es patrimonio histórico, el que se obtiene en estas incautaciones de bienes, y con otras muchas entidades que ahí tienen ustedes desarrolladas.

Además, también, para hacer su trabajo, luego les hablaré de qué medios tiene la Oficina de Recaudación y Gestión de Activos, también se han formalizado cinco encomiendas de gestión con empresas públicas que nos ayudan a hacer el trabajo, a hacer las tasaciones, por ejemplo, a hacer informes. Imagínense que lo que se incauta es una explotación agraria, evidentemente, hace falta alguien que conozca ese sector y por eso empresas como Emgrisa, SEGIPSA y Tragsatec, todas ellas empresas filiales o elementos instrumentales de distintos ministerios--del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Agricultura-- nos ayudan en este trabajo.

Ya entrando en el balance exacto de qué es lo que ha pasado en el año 2017. Lo cierto es que la ORGA se va consolidando, va desarrollando sus actividades y va haciendo su trabajo. Ha iniciado 237 expedientes durante todo el año. Ha reabierto 77, porque en ocasiones los procesos judiciales se paralizan, se suspenden, luego se vuelven a reabrir. Han sido objeto de investigación patrimonial 225 personas, en el ámbito internacional y nacional. Se ha solicitado información patrimonial a 24 países distintos, por eso les mencionaba antes el aspecto internacional de estas investigaciones complejas. Imagínense --no quiero contar muchas anécdotas--, cuando se identifica a una persona que tiene una vivienda, una residencia y en esa residencia por medios de georeferencia se identifica que hay una pista de aterrizaje --hay viviendas que tienen pista de aterrizaje--, y, por tanto, hay que suponer que tiene un avión y, por tanto, es fundamental colaborar con entidades internacionales para identificar ese avión, dónde se encuentra inmatriculado, qué planes de vuelo ha hecho para moverse, para localizar activos. Este tipo de investigaciones se hacen, fundamentalmente, gracias a la colaboración internacional.

En esta actividad se han localizado 1.063 bienes que tienen diversas actuaciones vinculadas con muy diversos aspectos y con muy diversas cuestiones. Por ejemplo, yo creo que aquí hay una transparencia gráfica en la que ponemos de manifiesto de qué estamos hablando. Estamos hablando de vehículos de lujo, en ocasiones, de grandes stocks de prendas de vestir. Por ejemplo se incautaron 70.000 polos de caballero en una operación que se llevó a cabo por la Audiencia Nacional en un polígono industrial. Habían burlado la actividad de vigilancia aduanera, fueron localizados y, por lo tanto, se procedió a la enajenación, a la venta de estas prendas de ropa; como también se procedió --por darles algunos ejemplos llamativos--, a la incautación por un juzgado de Tarragona de casi una tonelada de angulas vivas y que, por lo tanto, había que proceder a su incautación y a su venta inmediata porque se iban a perder en muy poquitos días, como es evidente y, por lo tanto, ser capaces de gestionar algo que resulta tan exótico y tan singular es muy poco propio de la administración pública,. Ser capaces de responder en situaciones poco comunes ¿y qué hacemos con esto? Cuando un juzgado te dice que han incautado eso o que han incautado 5.000 metros cúbicos de hidrocarburos en una planta y que son de origen ilegal y que hay que proceder a su enajenación o, en fin, este tipo de cosas, de vehículos, etc. Son muchas las anécdotas que se han producido y que se producen para que vean de qué estamos hablando.

Estamos hablando de que en los juzgados españoles pasan muchas cosas cada día, se incautan muchos objetos vinculados con delitos. Hay que custodiarlos, hay que enajenarlos, hay que subastarlos. Para ello, utilizamos el portal de subastas electrónicas del Boletín Oficial del Estado, que lo hace muy ágil y lo hace también muy transparente. Había unas prácticas que a veces limitaban mucho la competencia. Se había creado hasta un perfil profesional, decían que había subasteros, personas especializadas en gestionar la información entre unos pocos. Todo eso se ha acabado, ahora hay absoluta transparencia, a través de las redes, de internet, se puede acceder a esa información y lo cierto es que durante este año la cuenta donde se depositan todos los resultados de esta actividad, la cuenta de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se eleva ya a un saldo de casi diecinueve millones de euros, seis de ellos durante este año 2017 y con unos gastos de tasación y de gestión --que me parece muy relevante--, de seis mil euros. Gastando seis mil euros en tasaciones y en gestiones hemos conseguido ingresar más de seis millones de euros y, por lo tanto, el saldo de la cuenta ya va por casi diecinueve millones de euros. El resultado de esta cuenta, estoy diciendo millones de euros, no pretendemos tener una cuenta con un saldo muy saneado, va destinado, cuando el proceso judicial termina, a atender lo que el juez establezca: a pagar indemnizaciones, a atender sanciones en el caso de que tengan multas, y también está previsto que haya un retorno a la sociedad, de tal manera que un porcentaje de los saldos de la cuenta después de pagar indemnizaciones y sanciones se destina a ONGs, a Asociaciones de Víctimas del Delito y de una manera equivalente como hacemos, por ejemplo, con los fondos del Plan Nacional de Droga, que también parte de sus resultados se destinan a entidades que colaboran en esta materia.

Por último, me gustaría poner de manifiesto que todo esto, estos datos que constan en la memoria de la ORGA que desde hoy estará colgada en la página web del Ministerio de Justicia además de, lógicamente, en la referencia del Consejo de Ministros, lo hacemos con muy poquitos medios.

Me gustaría poner en valor la actividad de las personas que están trabajando desde finales del año 2015 en este trabajo, porque con una Dirección General, una persona directora general, dos subdirectores generales, doce funcionarios de la administración de Justicia y cuatro funcionarios de la policía judicial pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con diecinueve personas se está haciendo un magnífico trabajo y, sobre todo, se está cambiando la cultura que he expresado al principio. El resultado del delito no queda al margen de la responsabilidad penal, creamos el concepto de los decomisos ampliados, todos los activos de una persona que tiene responsabilidad penal quedan vinculados a la atención de sus responsabilidades y esta es una buena manera también de luchar contra el delito y de luchar contra los delitos de corrupción que también están incorporados en este elenco que les he expresado.

Además de esta memoria, he presentado al Consejo de Ministros un decreto que pretende, como les decía, aprovechar la experiencia de este año largo de funcionamiento de la ORGA y hemos mejorado procedimientos de gestión asociados siempre con mejoras para la mayor eficacia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la agilización de procedimientos de una oficina muy singular dentro de las estructuras tradicionales de la administración del Estado.

Portavoz.- Muchas gracias por su intervención. Creo que aquí encontraríamos bastante consenso con qué hacer con lo de las angulas, ¿eh?

P.- Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Tenía dos preguntas para el ministro de Justicia sobre Cataluña. ¿Se plantea el Gobierno alguna iniciativa para evitar que se proponga a un candidato preso para presidir la Generalitat? Y, para el Portavoz. ¿Se ha concretado una fecha para ese pleno monográfico sobre pensiones? Gracias.

Sr. Catalá.- La capacidad de proponer un candidato a la investidura como presidente de la Generalitat le corresponde al Parlamento de Cataluña, a sus estructuras, al presidente, a la Mesa y, por lo tanto, el Gobierno no tiene nada que decir en ese sentido. Si cuando ese candidato, hipotéticamente propuesto, si tiene algún problema --y sabemos de lo que estamos hablando--, con la Justicia, eso será una decisión del juez competente. Si se propone a una persona que está privada de libertad, que se encuentra en prisión provisional, quien tiene capacidad para, en su caso, autorizar para que participe en una sesión de investidura es el juez instructor, en este caso, del Tribunal Supremo que está conociendo la causa y, por lo tanto, nosotros estaremos absolutamente atentos a lo que decida el juez y seremos absolutamente respetuosos con esa decisión.

Bien es verdad, que dicho eso, que es lo que puede suceder si se propone a alguna persona que no tiene libertad, que no está en libertad, sino que está en prisión provisional. También es verdad que no solo es participar en la investidura, es ejercer sus responsabilidades posteriormente. Por lo tanto, parece sorprendente que pueda alguien pensar en poner al frente de una responsabilidad institucional, como es la de ser presidente de la Generalitat de Cataluña, presidente de todos los catalanes, a alguien que esté en prisión provisional. Parece un poco sorprendente y fuera de --no sé si del Derecho--, pero, en todo caso, de la lógica y del sentido común.

En todo caso, la abogacía del Estado, como hace siempre, está atenta a las medidas y decisiones que se adopten por el Parlamento de Cataluña porque si considerásemos que alguna de ellas infringe nuestra Constitución, el propio Estatuto de Autonomía o las resoluciones que ya adoptó en su día el Tribunal Constitucional, lógicamente procederíamos a actuar en consecuencia.

Portavoz.- En relación a su pregunta el presidente del Gobierno ha hecho esa petición pero corresponde a la presidenta del Congreso de los Diputados, oída la Mesa, tomar una decisión. Nosotros estaremos a lo que diga la presidenta del Congreso.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno, ¿qué es lo que puede hacer el Gobierno para evitar las estructuras de gobierno paralelas de Puigdemont en Bruselas? Y, para usted o para el ministro de Justicia, ¿si tienen ya algún informe de los servicios jurídicos del Estado que había anunciado el Gobierno que estaban realizando respecto a las resoluciones de ayer del Parlament o incluso a la enmienda de la CUP, que finalmente no fue aprobada? Y ¿si hay o ven posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional o está descartado ya para esas medidas en concreto?

Portavoz.- Respecto a la primera, yo creo que en todo este episodio que estamos viendo hasta la investidura de un presidente en Cataluña, creo que las fases del mismo son muy llamativas. Hace pocos días era Puigdemont o Puigdemont, y ahora es otra cosa. Mire, la creación de eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible, no existen estructuras paralelas. Las estructuras institucionales que existen en cualquier Comunidad Autónoma española son las que establecen la Constitución de 1978 y el correspondiente Estatuto de Autonomía, por tanto, lo otro es fantasmagoría, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las cosas y, evidentemente, no tendrá ninguna efectividad y, por supuesto, tampoco habrá ni un euro del erario público destinado a sufragar ese tipo de actividades que, insisto, no son más que puras irrealidades. La realidad es la que es. Yo creo que los secesionistas han tenido numerosas muestras de cuál es la realidad que tienen, que no solamente hacer frente a la legalidad como es su obligación, pero también a la realidad. La realidad es que todos estos meses hemos visto como no es real aquello que nos contaban, que la secesión no tendría ninguna repercusión económica, estamos viendo la que ha tenido con la fuga de las empresas.

Hoy mismo leía en un periódico que un conocido restaurador catalán decía que habían descendido entre un veinte y un treinta por ciento las reservas en su restaurante. Hay muchísimas pruebas de cómo ha afectado negativamente todo este tipo de actuaciones en contra de lo que decían. Como también decían que Europa iba a apoyar el proceso secesionista. Cero apoyo. Podríamos continuar así, por lo tanto, hemos visto cómo existe un desfase entre lo que dicen y la realidad. Y el Gobierno va a estar defendiendo y va a defender la realidad, que es la realidad institucional, constitucional y el Gobierno de todos los catalanes, motivado por los deseos, las satisfacciones, encontrar soluciones a los temas que preocupan a todos los catalanes y no solo a unos pocos.

Sr. Catalá.- La Abogacía General del Estado hace una labor de informe, de análisis de los actos o disposiciones que adoptan todas las entidades administrativas, en este caso estamos hablando del Parlamento de Cataluña, y ante una hipotética impugnación, en vía contencioso-administrativa o en vía constitucional, lo que analiza, lógicamente, es si los actos que lleva a cabo el Parlamento de Cataluña generan algún tipo de alteración o de violación del marco normativo: de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, de sentencias del Tribunal Constitucional o de los tribunales.

Cuando lo que se produce es una declaración de voluntad, una declaración política, que no tiene efectos frente a terceros, que no tiene consecuencias jurídicas, que se queda en el plano estrictamente de la declaración política de voluntad, hay reiterada jurisprudencia que dice que no es susceptible de impugnación en vía judicial; por lo tanto, eso es lo que está estudiando la Abogacía del Estado en este momento y, ya le digo, el criterio de decisión se basa en que cuando un parlamento aprueba una ley, adopta cualquier acuerdo que tiene consecuencias jurídicas, efectos frente a terceros, e incumple la ley, ahí actúa la Abogacía del Estado y ejerce su capacidad de impugnación. Cuando nos encontramos con declaraciones políticas no tiene ese ámbito de impugnación jurisdiccional y, por lo tanto, en ese campo es en el que nos estamos moviendo en este momento.

P.- Teresa Fernández Cuesta, de Informativos Tele 5. Al ministro portavoz. En cuanto a los Presupuestos, efectivamente, ayer el presidente ha puesto encima de la mesa esa fecha del 23 de marzo para aprobarlos en Consejo de Ministros aunque también reconoció que no tenía los apoyos. Hoy usted habla de presentarlos, y el viernes pasado nos dijo que no se iban a presentar de ninguna manera si no conseguía los apoyos. Quería saber qué ha cambiado del viernes pasado a este viernes.

En cuanto a las Pensiones, también ayer el presidente dijo que no había margen para subirlas y, después, en el Pacto de Toledo se decidió debatir esa subida. ¿Hay margen o no hay margen?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, yo siempre he defendido desde hace meses ya y, probablemente de forma obstinada, quizá, en algún momento, la necesidad de que hubiera Presupuestos Generales del Estado. He intentado explicarles a ustedes y a quienes nos ven o nos escuchan la importancia de tener unos Presupuestos Generales del Estado y he dicho también que en el momento de cumplir con esa obligación constitucional, el Gobierno buscaría los apoyos para obtener la cifra mágica que requiere la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo hicimos con los Presupuestos del año 2017, siete partidos políticos apoyaron esos Presupuestos. Lo hemos hecho también con el techo de gasto que hemos remitido a la Unión Europea y, en estos momentos, cumpliendo con la obligación constitucional por un lado, y porque nos creemos que los Presupuestos Generales del Estado son positivos para todos los españoles por otro, y porque este Gobierno cree que es su obligación y que está en condiciones de llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas como hizo en el año 2017, los vamos a presentar.

Los vamos a presentar hablando previamente, evidentemente, con las fuerzas políticas que quieran y que estén dispuestos a apoyarlos. Y quienes no estén dispuestos a apoyarlos tendrán que decir cuáles son las razones por las que creen que estos Presupuestos Generales del Estado no benefician a todos los españoles.

Por lo tanto, esa es una negociación que va a comenzar pero el objetivo claro, como he dicho siempre, es presentar esos Presupuestos Generales del Estado. El año pasado, si no recuerdo mal, los presentamos el 30, o el 29, a finales, muy a finales. Este año, la fecha indicativa es la del 23 porque luego viene la Semana Santa pero el ministro de Hacienda, la vicepresidenta, y el resto de los ministros vamos a estar negociando con la intención, con el objetivo de llegar a ese acuerdo que, insisto, creemos que es un acuerdo importante y que necesita España en estos momentos. Nos daría credibilidad, garantizaría la estabilidad y, sobre todo, --insisto en ello--, son unos Presupuestos que tienen más del 56 por ciento dedicado al gasto social, son positivos para la gente.

Respecto al segundo tema, nosotros hemos dicho siempre lo mismo. Primero, las pensiones son un derecho; segundo, las hemos garantizado, las hemos pagado. Antes se ha hablado de unas cifras que son muy importantes, entre 2011 y este, hay 25.000 millones más de euros comprometidos todos los años en los Presupuestos Generales del Estado. Y va a seguir creciendo, por tanto, este es un tema que unido a otras consideraciones como el cambio demográfico, requiere no solamente una acción de Gobierno sino requiere el acuerdo, el consenso, del resto de las fuerzas parlamentarias porque esto es algo que no se aplicará solamente en los Presupuestos del año 2018 sino que se aplicará a lo largo de los próximos Presupuestos.

Por ello, el presidente del Gobierno en su investidura habló de la necesidad de llegar a un pacto de Estado sobre esta cuestión, por eso hemos querido que el Pacto de Toledo hable de ello, vamos a celebrar ese debate pero, evidentemente, las cuestiones técnicas son cuestiones que tendrán que verse por los responsables que conocen el tema que son los que están en el Pacto de Toledo. Lo que hemos dicho también es que no debemos --lo he dicho en mi intervención anterior--, no debemos entrar en electoralismos ni en pujas que pueden agradar al oído de muchas personas pero al final no se corresponden con la realidad. España ha vivido una crisis muy profunda, muy dura, que ha afectado a mucha gente y fue precisamente porque se gastaba más de lo que se tenía, por eso tuvimos un déficit de 90.000 millones de euros, por eso bajó en picado la credibilidad internacional de España, por eso también España no obtuvo el puesto que merecía y que debía tener en el Banco Central Europeo.

La elección de don Luis de Guindos por unanimidad ha sido un elemento proveniente de esa credibilidad que tiene España en estos momentos. Ya sabe usted que la reputación se tarda mucho en ganar pero se pierde muy fácilmente, por lo tanto, creo que con los acuerdos que tenemos con la Unión Europea, la senda de déficit a la que nos hemos comprometido y que estamos cumpliendo, creo que eso es el realismo económico, creo que ahí estamos; a partir de ahí, vamos a hablar. ¿Cómo? En el Pacto de Toledo donde están los técnicos que conocen esta cuestión y vamos a examinar todas las posibilidades pero, insisto, aquellos que hablan mucho, que predican, lo importante al final es dar trigo y este Gobierno desde luego ha demostrado que da trigo y ha dado mucho trigo.

P.- Susana Camacho, de Informativos Cuatro. Quería preguntarle por una noticia que se acaba de conocer. Por lo visto, han condenado al rapero Hasel a dos años de prisión y esto es después de que ayer se absolviera a la tuitera Cassandra. Quería una valoración al respecto del Gobierno y si cree que hay una disparidad de criterios con todo este tema de la libertad de expresión.

Portavoz.- Yo no conozco la sentencia, evidentemente, he oído de usted que se acaba de producir, por tanto, habrá que ver lo que dice la sentencia, pero en España esto lo que demuestra es que la Justicia funciona. Ayer también otra persona que había hecho un tuit, creo que se llama Cassandra, que había sido condenada en primera instancia en la Audiencia Nacional, ha sido absuelta por el Supremo. Cada caso tiene las consideraciones propias del caso. Nosotros, desde el Gobierno y yo desde aquí jamás me he pronunciado sobre las sentencias judiciales, entre otras cosas, porque creo que hay que conocerlas a la hora de poder hacer una valoración. Las respetamos y las acatamos pero creo que el sistema judicial español es una garantía máxima para cualquier ciudadano y este es un estado de Derecho que funciona, como le he dicho antes, en algún caso un tribunal llega a una decisión y un tribunal superior reforma la decisión o la revisa, esa es la realidad de las cosas, pero creo que todos lo que tenemos que hacer es respetar y acatar las sentencias y eso es lo que ha hecho el Gobierno y lo que va a continuar haciendo el Gobierno.

P.- Marta Gómez Montero (de " Periodista Digital"). Tenía dos preguntas, una para el ministro de Justicia. Usted ha dicho, sobre el señor Sánchez, en el hipotético caso de que se presente su candidatura, que la decisión la tendrá el juez competente, el Tribunal Supremo. Yo quería saber si la resolución que dictó el Tribunal Constitucional dos días antes de que se suspendiera, de que el señor Torrent suspendiera el pleno y que decía que tenía que ser presencial para que hubiera debate y votación, que tenía que ser presencial, que estuviera en el Parlament el señor Puigdemont, si esa sentencia del Constitucional es extrapolable o, en este caso no tendría relevancia, o podrían ustedes dirigirse otra vez al Tribunal Constitucional dado que hablaba en concreto del señor Puigdemont.

Y, luego, para el señor Méndez de Vigo, sobre la posición que hemos visto esta semana de Ciudadanos en la Mesa del Congreso de que ha cambiado de posición o ha posibilitado que se pueda tramitar la derogación solicitada por PSOE de la ley de Seguridad Ciudadana, o en el caso del PNV solo de modificación, y respecto a otras leyes, como la de orientación sexual de Podemos o la ley de Justicia Universal. ¿Qué le parece este posicionamiento de Ciudadanos y si cree que puede ser extrapolable a los Presupuestos Generales del Estado?

Sr. Catalá.- En cuanto al proceso material para la investidura de un presidente de una Comunidad Autónoma celebrado en un parlamento autonómico, los informes que tenemos en el Gobierno y en el Ministerio de Justicia son que, con fundamento lógicamente legal, en la Constitución, en este caso en el Estatuto de Cataluña, en la Ley Electoral, es que es un proceso presencial, que tiene que presentarse, defenderse el programa. Es verdad que nunca habíamos tenido un caso de estas características, por lo tanto, no hay una regulación estricta que prevea que alguien por vías telemáticas, de videoconferencia, desde el extranjero pueda presentarse. Es verdad que nunca habíamos pensado en cosas parecidas, pero lo cierto es que el sistema que está establecido, insisto, en muy diversos ámbitos normativos y así lo decía nuestro Tribunal Constitucional, requiere una presencia para un debate personalísimo como es la propuesta de ser investido presidente de una Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, yo creo que eso es lo que la legislación establece y, cuando finalmente se establezca un candidato para la investidura, esa deberá ser también la referencia. En todo caso, como he dicho antes, si se pretende de alguien que tiene limitada su libertad por unas medidas decretadas de prisión provisional, al juez le corresponderá decidir y si no se produce esa posibilidad, nosotros creemos que no puede llevarse a cabo una investidura ni por tercera persona, ni por representación, ni en ausencia del candidato en la sede de la soberanía del Parlamento donde se celebra esa investidura.

Portavoz.- Añadiría a lo que ha dicho muy bien el ministro de Justicia, que son, efectivamente, decisiones judiciales o jurisdiccionales del Tribunal Constitucional en este caso pero lo que (no falló) fue la acción del Gobierno. El Gobierno no estaba dispuesto a tolerar ninguna farsa en este tema. Es que lo que pretendía el señor Puigdemont era una investidura a través del plasma o a través de alguien que iba a llevar a leer su programa de gobierno. Es que estamos hablando del Parlamento de Cataluña, del parlamento de una comunidad autónoma. Es que estamos hablando de gobernar. El ministro de Justicia y yo sabemos que gobernar es muy difícil, muy complicado, hay que dedicarle todo su tiempo a gobernar, esto de gobernar a tiempo parcial porque uno está en prisión o está en otro país fugado de la justicia no se sostiene en pie. La verdad es que don Luis Carandel escribió ese maravilloso libro "Celtiberia Show" pero no sé qué pensaría de lo que está sucediendo aquí o de lo que pretenden algunos, pero el Gobierno no lo va a consentir porque le importa, y mucho, la institucionalidad de todos, en este caso el Parlamento de Cataluña y del gobierno de Cataluña.

En relación con la pregunta que me hace usted a mí. Yo creo que la Ley de Seguridad Ciudadana es un elemento muy importante de lo que ha pasado en España en estos últimos años. Fíjese que el número de delitos en España ha descendido de forma muy notable. Que la mayor parte de esos delitos afectan a casos de droga y que cuando les preguntan a los turistas, a esos 82 millones de turistas qué han venido a España, ¿qué es lo que valoran de nuestro país?, valoran muy alto el clima de seguridad en el que vivimos. No hay muchos países en los que uno pueda salir a la una de la mañana después de haber estado cenando con los amigos, ir a casa y que vaya con total paz y tranquilidad. Yo creo que cuando se tocan piezas claves del Estado de Derecho, como es la Ley de Seguridad Ciudadana, hay que contarlo muy bien, hay que explicar exactamente qué es lo que se quiere derogar, qué es lo que se quiere reformar.

El Gobierno siempre está dispuesto a reformar para mejorar, pero primero habrá que escuchar qué es lo que se quiere mejorar y yo he escuchado de C´s decir que quieren modificar esta ley para que el Gobierno se entere de que no tiene mayoría absoluta. Yo le digo que el Gobierno ya se ha enterado, hace mucho tiempo, de que no tiene mayoría absoluta y que actúa buscando acuerdos, buscando consensos, pero no es para dar lecciones al Gobierno de que se entere de esto o de lo otro. De lo que se trata es de pensar en la gente, de lo que le conviene a la gente y yo creo que hay muchísimos españoles que valoran la seguridad de la que disfrutamos en España y creemos que esta ley es un ingrediente fundamental para ello, pero si hay otros que no lo creen que lo digan que lo expliquen.

P.- Carina Verdú, de Antena 3. Quería saber si durante la reunión del Consejo de Ministros, el ministro Montoro les ha hablado de esa iniciativa que quiere aprobar Hacienda para aprobar una ayuda a las personas mayores. Quería saber si nos puede dar más detalles sobre esa iniciativa y cuándo tendrían previsto que entre en vigor.

Portavoz.- No, el ministro Montoro no ha hablado de esta cuestión.

P.- Carmen del Riego. Tengo dos preguntas para el ministro de Justicia y una para el ministro portavoz.

Al ministro de Justicia sobre la oficina, hemos visto en una de las diapositivas el número de personas, 94 creo recordar, que eran por casos de corrupción de las doscientas y pico. De los seis mil millones, perdón seis millones de ingresos, ¿cuánto corresponde a casos de corrupción, si es que lo tienen distribuido? Y, por otro lado, para una pregunta que ha hecho José Miguel, que me aclarara si el Gobierno cree que lo que se aprobó ayer en el Parlament es una simple declaración política ya que los letrados sobre un punto concreto de esa resolución creían que podía incurrir en responsabilidad penal.

Al ministro portavoz, ha dicho usted antes que el presidente irá a explicar al Congreso lo que ha hecho el Gobierno desde 2011 sobre las pensiones y escuchará las propuestas de los grupos. Me gustaría saber si el presidente va a hacer él alguna propuesta o no va a llevar ninguna propuesta sobre pensiones al Pleno.

Sr. Catalá.- En la transparencia de la presentación lo ponía y no sé si lo he dicho yo mal pero son algo más de seis millones de ingreso este año. Si fuesen seis mil seguramente los responsables de Hacienda y del Tesoro Público estarían mucho más contentos de lo que lo están en la actualidad, que ya les parece bien que hagamos esto. Son seis millones este año. De ellos, ya saben que esto de delitos vinculados con la corrupción no es un concepto jurídico muy fino porque hacemos una clasificación y ahí atribuimos una serie de delitos que sistemáticamente pueden estar considerados como corrupción en términos coloquiales. Pues de esos seis millones aproximadamente tres millones y medio de euros tienen que ver con delitos de los que habitualmente metemos dentro del catálogo de delitos de corrupción.

En cuanto a lo que sucedió ayer en el Parlamento, usted conoce perfectamente la propuesta que había de declaración, la enmienda que se formuló, en qué términos finalmente acabó y, en este momento, al menos la Abogacía General del Estado no ha hecho un informe que diga que lo que se aprobó finalmente tenga ningún rasgo de ilegalidad y efectos frente a terceros susceptible de ser impugnable. No pretendemos estar con una actividad de impugnación permanente sino de aquellas, insisto, resoluciones, disposiciones que tengan efectos frente a terceros y que, por lo tanto, que sean susceptibles de impugnación constitucional o contencioso-administrativa. Esta de ayer, al menos hasta donde yo sé, no tiene esas características en este momento.

Portavoz.- Yo creo que ya he contestado de alguna manera a su pregunta en la respuesta a doña Carina. Lo que hemos pedido ha sido solicitar. El presidente del Gobierno ha solicitado comparecer, dependerá de la presidencia del Congreso la fecha y lo que queremos es abrir un debate para explicar cuál es la situación de las pensiones en España, cuál ha sido la acción del Gobierno y cuáles son las perspectivas de futuro, por tanto, yo creo que un debate, donde yo espero que se hagan valoraciones realistas, buenos análisis de situación y consigamos forjar esos acuerdos que son, insisto, necesarios para garantizar lo que hasta ahora ha hecho este Gobierno que es garantizar el cobro de las pensiones. Este es un tema que nos afecta a todos y, por tanto, creo que tener un debate sobre el mismo es, en estos momentos, una buena decisión.

P.- Juan José Mateo, del diario "El País". Quería plantear dos cuestiones. La primera, ¿qué valoración hace el Gobierno de que el señor Puigdemont o su equipo de abogados hayan anunciado hoy que presentarán periódicamente denuncias ante organismos internacionales para intentar que medien con el Gobierno y que se abra una negociación? La segunda cuestión que le quería plantear es que, en estos días, hemos conocido como el caso Púnica revelaba que hay un cierto descontrol sobre lo que pasa con los correos de los altos cargos, que son borrados sin que haya una norma nacional que se aplique a todas las Comunidades Autónomas y a todas las administraciones cuando cesan en su cargo. ¿Cree usted que esos correos y su borrado deberían regularse a través de una norma que equiparara el funcionamiento de todas las administraciones y que así hubiera un derecho de acceso también para los ciudadanos, los historiadores o los periodistas?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, yo creo que si algo ha quedado palmariamente claro en estos últimos meses es el nulo eco de las reclamaciones, peticiones del señor Puigdemont por parte de la comunidad internacional, pese a que nos decían lo contrario. Yo recuerdo el video de un senador donde decía que había 32 países que iban a reconocer al día siguiente la República de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia. Cero. Yo creo que eso es importante porque yo creo que el eco que obtiene una persona que se ha fugado de su país para no hacer frente a sus responsabilidades, creo que no va a tener ninguno como hasta la fecha.

El segundo caso, la verdad es que no he tenido ocasión de reflexionar sobre ello y lo pensaré y le contestaré.

P.- Gonzalo Cortizo de Eldiario.es. Tengo dos preguntas para el portavoz y una más en su condición de ministro de Cultura.

La primera, sobre pensiones. El gobernador del Banco de España ha dicho que muchos jubilados tienen vivienda en propiedad y que eso en sí mismo es una parte importante de su pensión de jubilación. Quería conocer si el Gobierno comparte esa reflexión.

También le quería preguntar por unas declaraciones del presidente del Gobierno que le dijo esta semana a la periodista Ana Rosa Quintana que haría más por la causa feminista si el 8 de marzo va a trabajar y no hace huelga. Quería su opinión sobre las palabras del presidente y conocer cuál es la postura oficial del Gobierno sobre el valor concreto que le otorgan a esa huelga convocada para el 8 de marzo.

En su condición de ministro de Cultura, y termino con esta, le quería preguntar si ha visto usted el estreno de la serie "Fariña" y pedirle, concretamente, qué consejo le daría usted a escritores, raperos o artistas en general para que sus obras no les lleven a secuestros literarios, encarcelamientos o directamente a la censura como ha ocurrido la pasada semana en ARCO.

Portavoz.- Respecto a la primera, yo he oído la declaración del Banco de España pero no tengo nada que añadir. Es una declaración que no sé en qué contexto se ha producido, pero no es un tema que afecte al Gobierno sino al Banco de España.

En segundo lugar, respecto a la manifestación o a la huelga, mire, en España el derecho de huelga es un derecho constitucional, puede ir a la huelga el que quiera, también tiene derecho a no ir a la huelga aquel que no quiera y yo creo que lo que les he leído antes es un extracto, pero si leen ustedes la declaración que ha hecho el Gobierno, que ha aprobado el Gobierno hoy respecto a la mujer y a sus derechos, respecto a lo que estamos haciendo para colmar la brecha salarial, Creo que les he dado antes unos datos que son importantes a la hora de ver el mayor número de mujeres que estudian, el mayor número de mujeres que hay en los consejos de administración, comparativamente hablando, verá usted que el Gobierno hace cosas y, por lo tanto, como hace cosas, cree que lo mejor es seguir haciendo cosas. El Gobierno, por supuesto, el presidente del Gobierno ha dicho que él iba a trabajar, trabajará y yo también le digo que yo también trabajaré.

Respecto a la tercera pregunta, mire usted, no he visto la película o la serie a la que usted se refiere y creo que el consejo es muy sencillo; cumplir la ley y respetar a los demás.

P.- Fran Alabo, de la "Voz de Galicia". Comenzó su comparecencia hablando de los buenos datos de empleo y después ha referido que en Cataluña ha quedado constatado que ha habido un bajón en actividades económicas. ¿Cómo se explica el Gobierno que en estos últimos datos de empleo, Cataluña haya sido la comunidad que más ha mejorado en este aspecto?

Portavoz.- No tengo ese dato que usted me dice, por lo que no le puedo decir nada. Pero no he dicho que Cataluña haya bajado. Los datos de la contabilidad nacional que yo he leído anteriormente, no eran por Comunidades Autónomas, eran datos de la contabilidad nacional referidos al año 2017 en su totalidad, por tanto, todas las Comunidades Autónomas y he dado algún dato del mes de enero pero no he desglosado, entre otras cosas porque no lo sé, el dato de la creación de empleo en febrero.

En todo caso, yo creo que me he referido a un restaurador, he leído en un periódico de hoy, un restaurador muy conocido y que a mí me gusta mucho, de Barcelona, decía hoy en una entrevista que el número de reservas en su restaurante había descendido entre un veinte y un treinta por ciento. Me he referido a ello anecdóticamente pero no lo he incorporado a ninguna estadística que haya dado porque, insisto, no las conozco.

Muy bien. Muchas gracias por todo.

Hoy comienza en Sevilla el "Festival de música antigua", no se lo pierdan.

En Vitoria, la recta final de la semana del cine vasco, que mañana celebra su gala de clausura y la entrega de premios.

En Valladolid tiene lugar una exposición sobre la Historia de España vista a través de las viñetas de la prensa satírica y rinde homenaje a alguien cuyo fallecimiento ha suscitado grandes adhesiones, grandes simpatías, que es "Forges".

En el Teatro de la Abadía de Madrid, últimas representaciones de José Luis Gómez en "Unamuno".

Si están en Pamplona, ahí está la Compañía Nacional de Teatro Clásico con "La Dama Duende". Yo la he visto y realmente merece la pena.

Y, antes de terminar quisiera tener un recuerdo para el maestro Jesús López Cobos que falleció ayer en Berlín. Yo aún recuerdo la magnífica integral que hizo aquí seguida de las nueve sinfonías de Beethoven.

Dado el tiempo que hace, del cual este Gobierno no se queja, porque España necesitaba agua, pero como el tiempo no favorece el salir, seguramente es un buen homenaje para rendir al maestro López Cobos, escuchar las sinfonías de Beethoven. La música alegra el fin de semana.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)