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Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 17 de noviembre de 2017

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 17 de noviembre, bajo la presidencia de la vicepresidenta doña Soraya Sáenz de Santamaría. Como saben ustedes, el presidente del Gobierno se encuentra en Gotemburgo, asistiendo a la Cumbre Social de la Unión Europea.

Quiero empezar esta intervención haciendo referencia a dos informes que hemos conocido esta semana sobre las perspectivas de la economía española, informes de dos organismos internacionales: la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.

La OCDE dio los datos de tasa de desempleo armonizada, donde España aparece como el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que más ha reducido su tasa de paro en el último año. Lo conseguido por España --ha dicho la ministra doña Fátima Báñez-- es importante: pasó de ser el país que más empleo destruía de los países de la OCDE a estar a la cabeza de la creación de empleo y, por tanto, de la reducción del paro.

En términos absolutos, el Informe de la OCDE muestra cómo en España se ha reducido el paro en 603.000 personas, lo que supone el 17,8 por 100 del descenso del paro en todo el conjunto de la OCDE. Para que se hagan una idea de lo que esto supone, es una reducción de más del 25 por 100 que en Alemania o más del 50 por 100 que en Francia.

Como saben ustedes, el proyecto político de este Gobierno, el objetivo político de este Gobierno, era llegar a veinte millones de personas trabajando en el año 2020. La última EPA demuestra que estamos ya por encima de los diecinueve millones y, por tanto, el Gobierno constata, a la luz de estos datos de la OCDE, que es posible cumplir con el objetivo que nos pusimos al comienzo de esta Legislatura, cuando solo llevamos un año de Legislatura.

Asimismo, quiero comentar el Informe del Fondo Monetario Internacional que elevó su previsión de crecimiento del PIB para España en cinco décimas, situándola en el 3,1 por 100, coincidiendo así con la última previsión oficial del Gobierno. Para 2018, el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía  española crezca un 2,5 por 100 del PIB. Se trata de una estimación del Fondo Monetario Internacional por encima de las previsiones del propio Gobierno, que la ha establecido en un 2,3 por 100,

En este sentido, el propio presidente del Gobierno elevó esa previsión, esa posible previsión, hace unos días diciendo que incluso esa previsión para el año que viene podría llegar al 3 por 100 si se normaliza la situación política en Cataluña. En este caso, la economía española volvería a crear en ese año 2018 más de quinientos mil puestos de trabajo.

Después de conocer estas previsiones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, y aquellas previsiones de crecimiento que les di a conocer la semana pasada provenientes de la Unión Europea, podemos constatar que la economía española va a continuar con un ritmo de crecimiento fuerte, un crecimiento inclusivo, orientado hacia políticas sociales, lo que llevará también a una creación de empleo intensa. Por tanto, es importante también, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la normalización política en Cataluña contribuya también a esa estabilidad política e institucional que es necesaria para fortalecer esta recuperación tan importante. 

El propio ministro de Economía, Industria y Competitividad afirmó el pasado miércoles, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que, sin el impacto de la crisis política de Cataluña, la prima de riesgo española estaría hoy en el entorno de los 85 o 90 puntos básicos, frente a los 116 de esta mañana, y las agencias de rating habrían elevado la calificación crediticia de España a notable alto. Todo esto es muy importante, porque supone que los préstamos que necesitan las pequeñas y medianas empresas costarían menos, serían más baratos y, por tanto, serían más favorables a la hora de contraerlos.

Asimismo, también la caída de la Bolsa de Madrid en estas últimas semanas, que se ha apartado de la tendencia general, se enmarca dentro del posible impacto adicional como consecuencia de la situación política que hemos vivido en Cataluña y de la situación también de la prima de riesgo de España. Este impacto de la crisis política en Cataluña lo han tenido también en la propia Cataluña donde, si bien había crecido hasta el 3,6 por 100 su PIB, frente a una media del 3,1 por 100 para toda España, la rebaja que se ha producido en las previsiones que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea se refiere o tiene influencia la situación política en Cataluña.

Sin duda, la inestabilidad institucional, la incertidumbre, la ausencia de seguridad jurídica y el incremento de la desconfianza tuvieron un impacto en Cataluña, y lo siguen teniendo. Continúa el número de empresas que cambian su domicilio social --más de 2.500 empresas-- y el fiscal --más de 1.000--. En este sentido, el Gobierno quiere recordar el llamamiento que el pasado domingo hizo en Cataluña el presidente del Gobierno pidiendo a las empresas que permanezcan en Cataluña y pidiendo, además, que no se boicotee en España la compra de productos catalanes, porque al final todos, y recalco "todos los españoles", saldremos perdiendo. 

Igualmente, en Cataluña, y debido a las circunstancias políticas, al desafío secesionista, el paro registró en octubre la mayor subida en Cataluña desde octubre del año 2008. Se perdieron también en el mes de octubre 1.259 autónomos, mientras que, por poner un ejemplo, Madrid ganó 2.375. Hubo una caída de la ocupación hotelera en octubre del 7 por 100; de la facturación hotelera, un 13 por 100 y una caída del comercio minorista, un 12 por 100, con alguna particularidad digna de mención: los comerciantes del centro de Barcelona estiman que las protestas de octubre causaron una caída de las ventas del 20 al 30 por 100.

Ha habido una caída en el sector textil: las ventas cayeron un 35 por 100; una caída en los pedidos de automóviles, un 30 por 100 en octubre; una caída en los índices de Confianza del Consumidor de 3,6 puntos, y una caída de la confianza inversora, como resaltó hace unos días el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, don Jaime Malet; o la Confederación de la Industria de Alemania, que ha reconocido también que la situación creada por los secesionistas en Cataluña ha provocado inseguridad en las empresas germanas con intereses en España.

Por tanto, esto al Gobierno le hace reflexionar sobre la importancia de las elecciones el 21 de diciembre, constatando que Cataluña en manos de los secesionistas no tenía futuro. Ese inequívoco fracaso político de quienes han llevado a cabo todos estos actos tendentes a la secesión, han causado estas personas el mayor daño a Cataluña y a su autogobierno, y los responsables del mismo son esos dirigentes secesionistas.

Se trata ahora de reparar el daño causado. Hemos perdido cinco años dedicados a la confrontación desde el afán ilusorio de imponer proyectos excluyentes. No perdamos cuatro años más, no perdamos cuatro años con más salidas de empresas, con más pérdidas de empleo, con disminución del Estado de Bienestar, con caída de ingresos públicos, con falta de confianza y con la ruptura de la convivencia.

Por tanto, el Gobierno, que aplicó el artículo 155 para devolver el autogobierno a Cataluña y para convocar elecciones, cree que Cataluña para salir adelante debe mirar al futuro y necesita una nueva etapa política, caracterizada por el afianzamiento del principio de legalidad y del Estado de Derecho; la restauración plena de la convivencia, cerrando las brechas de división entre catalanes; el respeto sin fisuras a las reglas y los procedimientos democráticos, y los derechos y libertades de todos; la vuelta a la estabilidad institucional; la vuelta a la Cataluña plural y la vuelta a poner a funcionar a Cataluña rehaciendo su tejido económico y reactivando sus empresas.

Retomar también, sin complejos y sin tibiezas, la relación entrañable y fructífera con España para avanzar unidos, más fuertes, en el proyecto político nacional; un proyecto que está incardinado, como saben ustedes, en el proyecto de la Unión Europea; un proyecto que surgió precisamente en contra de los nacionalismos excluyentes, y lo recordaba ayer el ex primer ministro francés Manuel Valls. Europa necesita fortalecerse desde la unidad, el respeto a la prosperidad, el bienestar material y los derechos y libertades fundamentales, y ahí España tiene que jugar, y va a jugar, un papel de primer orden.

Voy a pasar a los acuerdos que ha tomado hoy el Consejo de Ministros en su reunión ordinaria.

Ha aprobado, en primer lugar, un Real Decreto Ley por el que se transpone la Directiva europea de medidas contra el tabaquismo, la transposición de la Directiva 40/2014, norma que tiene como finalidad avanzar en la protección de la salud de los fumadores de tabaco e indirectamente de los fumadores pasivos. Establece una serie de limitaciones a la venta a distancia de los llamados "cigarrillos electrónicos" y la equiparación de la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos dispositivos a las de los productos del tabaco. Establece, igualmente, un régimen de infracciones. Este Real Decreto Ley modifica la Ley 28/2005 y con este Real Decreto Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se completa la trasposición de esa Directiva 40/2014.

Asimismo, ha aprobado otro Real Decreto Ley por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en medio marino, que es también la transposición de una Directiva, la 30/2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, cuyo objetivo es garantizar la seguridad del diseño y de las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.

Estamos utilizando la vía del Real Decreto Ley precisamente para cumplir con las obligaciones derivadas de la trasposición de Directivas comunitarias. Como recordarán ustedes, entre las elecciones del año 2015 y la formación de Gobierno casi hubo un año en el que el Gobierno estuvo en funciones y la Ley del Gobierno no permitía la aprobación de normas con rango de ley. Por tanto, llevamos un retraso en la transposición de Directivas y estamos intentando recuperar ese retraso.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan ayudas excepcionales por el cierre de unidades de producción de carbón para el año 2017, por un importe máximo de veinticinco millones de euros. Como saben ustedes, hay un acuerdo de la Comisión Europea del año 2010 para que no haya ayudas al carbón en el año 2018. Por tanto, aquí de lo que se trata es de medidas excepcionales, de obras de seguridad en el interior de la mina, para paliar los daños provocados por la actividad minera, para rehabilitar antiguas zonas de extracción del carbón y los costes de la nueva puesta en cultivo de la superficie; es decir, para la restauración medioambiental derivada de las explotaciones mineras que se van cerrando. 

El Consejo de Ministros ha tomado también un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario, por un importe de 71,4 millones de euros. Hemos convocado 850 ayudas para la suscripción de contratos laborales pre-doctorales de 48 meses o de 72 meses en caso de personas con discapacidad, para los que se reservan diecisiete plazas, con un importe de ayuda mensual de 1.368,50 euros. El objetivo es asegurar la disponibilidad futura de doctores en diferentes disciplinas académicas para su incorporación posterior como personal docente e investigador.

Esta convocatoria se suma a otras medidas aprobadas en los últimos meses en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica. Hay más de mil ayudas para investigadores pre-doctorales en universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D, convocatoria ésta ya aprobada que contaba con un presupuesto de cien millones de euros. También quiero recordar los 105 millones de euros aprobados en septiembre para la contratación de 875 investigadores y 180 técnicos de apoyo. Por tanto, el objetivo de todas estas ayudas es incentivar la incorporación de científicos de una trayectoria destacada en sus diferentes etapas al sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

En cuanto a las ayudas para profesorado universitario dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han sido 2.325 los docentes beneficiarios de los distintos programas en lo que va de año. 

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se somete al Panel Consultivo del Comité de Ministros del Consejo de Europa una terna de candidatos, de la cual deberá salir elegido el juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como saben ustedes, en el Consejo de Europa, que cuenta con 44 miembros --si la memoria no me traiciona, que me puede traicionar--, cada Estado miembro tiene un juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esos jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria por mayoría de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado.

El pasado 20 de enero, el Consejo de Ministros acordó las pautas de elaboración  de la terna de candidatos y hoy ha aprobado esa terna de candidatos seleccionados, que son doña María Elósegui Ichaso, don José Martín y Pérez de Nanclares, y don Francisco de Asís Pérez de los Cobos y Orihuela; tres personas con una destacada trayectoria académica y buenos conocedores de los temas que son competencia del Tribunal de Estrasburgo.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Henrique Capriles García y a doña Mónica Cristina Radonski, de nacionalidad venezolana y padres del líder opositor venezolano Henrique Capriles, al que, como saben ustedes, el Gobierno de Venezuela le ha retirado el pasaporte, impidiendo su libre circulación. Esta concesión de estas nacionalidades es una muestra más del apoyo del Gobierno a los españoles en libertad, en defensa de los derechos humanos en todas partes. 

Igualmente, el Gobierno ha acordado pedirle al presidente del Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley de Extremadura de Emergencia Social de la Vivienda. Las tachas de inconstitucionalidad son varias y todas ellas afectan a las competencias estatales en dicha materia, que no tiene en cuenta la ley autonómica.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado diferentes nombramientos: el de embajador de España en la República Democrática Popular de Laos, don Emilio de Miguel Calabia, que es un embajador que tiene otras responsabilidades: está en el Reino de Tailandia, pero también se adjunta a sus responsabilidades en Tailandia la de Laos. El Consejo de Ministros va a comunicar al Congreso de los Diputados una propuesta de nombramiento, la de don Jorge Fabra Utray como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, en sustitución de doña Cristina Narbona.. Y ha acordado el nombramiento de presidenta de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científica de doña Rosa María Menéndez López, profesora e investigadora de muchos años, con un currículum muy importante, y que es la primera mujer en su historia que va a estar a la cabeza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Además, el Consejo de Ministros ha sido también convocado y ha celebrado una orden del día con arreglo al acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre de 2017 por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. Estas medidas y estos acuerdos son, fundamentalmente, de gestión. El delegado del Gobierno en Cataluña, don Enric Millo, se referirá a ellas con más detenimiento. Y hay un nombramiento, el del director general de Centros Concertados y Centros Privados de la Generalitat de Cataluña, don Miquel Mateo García.

Esto es lo que tenía que contarles sobre los acuerdos del Consejo de Ministros y, por supuesto, estoy a su disposición para aquellas preguntas que tengan por conveniente.

P.- Lucía Gómez Lobato, de La Sexta Noticias. Dos preguntas, ministro portavoz. Una, está diciendo Marta Rovira que el Gobierno les hizo llegar de varias formas que, si no dejaban atrás sus planes independentistas, el Gobierno estaba dispuesto a emplear violencia extrema; incluso, que habría muertos en la calle y que utilizarían balas. Son declaraciones textuales de Marta Rovira. No sé qué tiene el Gobierno que decir a esto.

En segundo lugar, el CNI está admitiendo oficialmente contactos con el imán de Ripoll, que luego ha resultado estar implicado en los atentados de Barcelona. ¿Se dejó la inteligencia española escapar a un confidente?

Portavoz.- Respecto a la segunda pregunta que usted me hace, ese es un tema que está en estos momentos bajo investigación judicial, con secreto de sumario, y el Gobierno no tiene ninguna información al respecto.

Sí la tiene respecto a la primera. Los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a mentir. Mintieron en su momento cuando dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos y, si los tenía, serían provechosos, y hemos visto lo que sucedió con la salida de las empresas de Cataluña.

Dijeron que tendrían apoyo europeo. Yo recuerdo haber visto un vídeo de un senador de Esquerra Republicana donde decía que había 32 Estados miembros que al día siguiente a la declaración de independencia reconocerían la República de Cataluña. Cero. El resultado es cero, ninguno.

Nos dijeron que las llamadas estructuras de Estado estaban totalmente organizadas y que al día siguiente, 2 de octubre, no había que pagar impuestos en la Hacienda estatal, sino en la Hacienda de Cataluña. Nada de nada.

Es decir, mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes. El señor Puigdemont dijo en "Bloomberg" que aceptaría las responsabilidades políticas de lo que estaba haciendo; ya ven dónde está: huyendo. Dijo que no se presentaría a las elecciones y ya le vemos como candidato del PDeCAT. Una mentira más.

Y es bueno que los catalanes tomen nota de las mentiras de estos dirigentes. Ésta, insisto, es una burda patraña.

P.- Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Quería preguntarle qué espera de la declaración de Puigdemont hoy.

Por otro lado, hablaba usted de la marcha de empresas de Cataluña. ¿Cómo cree que puede afectar esto a la candidatura de Barcelona para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento?

Por último, también quería preguntarle por la reforma constitucional. ¿Mantiene el Gobierno un acuerdo con el Partido Socialista para llevarla a cabo dentro de seis meses?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, el ex presidente Puigdemont nos ha acostumbrado a hacer declaraciones de todo tipo, cada vez más radicales y cada vez con menor eco. Por lo tanto, el Gobierno no espera nada de su declaración; lo que espera es que las autoridades belgas activen la orden europea de detención y entrega.

Respecto a su segunda pregunta, que se refiere a la Agencia del Medicamento, el Gobierno está haciendo todo cuanto está en su mano en lo que entiende que es una política de Estado. La ministra de Sanidad, la señora Montserrat, ha actuado conjuntamente con el Ayuntamiento y con la Generalidad, y sé que han puesto y están poniendo toda la carne en el asador; se están dejando la piel en ello. Pero es evidente que, aunque Barcelona, pensamos desde el Gobierno, es la ciudad que reúne mejores condiciones para sustituir a Londres, está claro que los últimos acontecimientos --la inseguridad creada, las empresas que se ven o la proclamación de repúblicas con vulneración del orden constitucional-- no ayudan en absoluta a esa candidatura. Pero hasta el último momento seguiremos batallando por ella, porque creemos que es la mejor candidata.

En cuanto a la reforma constitucional, el presidente del Gobierno se comprometió a la creación de esa comisión en el Congreso de los Diputados. Hemos participado en su creación, la preside un diputado socialista, el señor Serrano, y vamos a seguir trabajando en esa Comisión y vamos a seguir trabajando como hemos trabajado desde el principio: con la idea de que cuarenta años es un buen momento para hacer un balance de nuestro texto constitucional, que ha permitido los mejores cuarenta años de la historia de España.

Hacer un balance significa ver pros y contras, y en qué se puede mejorar, y en eso está el Gobierno y está el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Pero siempre hemos dicho que, cuando se somete una propuesta de reforma, hay que saber, primero, en qué consiste, porque oímos hablar de la reforma pero no sabemos exactamente en qué. Luego, una vez que hayamos estudiado en qué consiste, hay que ver con qué apoyo se cuenta para llevarla a cabo.

Pero hoy la posición del Gobierno es exactamente la misma que tenía al principio, exactamente la misma, y lo único que lamentamos es que haya grupos políticos que no quieran participar en esa Comisión; grupos políticos como PDeCAT o como Esquerra Republicana que han hablado una y otra vez del diálogo, de que querían hablar, de que querían dialogar. Pues bien, ahí está el diálogo, ahí está la posibilidad de diálogo. Lo que vemos es que no quieren ni participar en la misma. Yo les pido que rectifiquen, porque creo que las reformas constitucionales hay que hacerlas entre todos, hay que buscar el mismo consenso del que fuimos capaces en los años 70 y que dio lugar a la Constitución de 1978. Para eso se requiere la buena voluntad, la buena disposición, de todos; desde luego, el Gobierno la tiene.

P.- Soy Marta Gómez Montero. Quería preguntarle, ministro, qué importancia le da el Gobierno, qué importancia le confiere, a los "hackers" que actuarían desde territorio, por ejemplo, ruso con la supuesta intención de interferir en el proceso catalán. En concreto, ¿creen que pueden tratar de interferir en las elecciones del 21-D?

Por otra parte, ¿le parece oportuno al Gobierno que el PSOE haya pedido la convocatoria de la Comisión de Secretos para informar de este asunto? En caso de que, como hay mayoría en la Mesa, se apruebe esa comparecencia, ¿han decidido qué miembro del Gobierno acudiría?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, yo creo que conviene distinguir dos cosas. Primera, la interferencia o la injerencia en el resultado, en este caso, de las elecciones del 21-D, esa no se va a dar, no se puede dar, porque ante cualquier tipo de posible interferencia informática hay un respaldo en las mesas electorales controladas por los interventores, por los apoderados y por los miembros de la mesa; hay un respaldo por vía presencial. Por tanto, en la hipótesis de que --insisto, no se va a producir-- hubiera una interferencia informática, tendríamos las actas de la mesa y restableceríamos inmediatamente cualquier resultado.

Por tanto, yo creo que, como he dicho muchas veces, frente a otras consultas ilegales, esta va a ser una consulta "con", una consulta con tarjeta censal, una consulta con mesas legalmente dispuestas, una consulta legal, una consulta con interventores, con apoderados y con resultados reales, y no resultados inventados.

Otra cosa distinta de esto --por tanto, dejemos las elecciones aparte-- son las posibles comunicaciones que se hayan podido producir y que hemos visto que tenían su sede en territorio de Rusia o de Venezuela; en territorio. Ahí estaba el servidor. Quién era el que manejaba el servidor, se podía hacer desde cualquier lado.

Ese es un tema importante, es un tema al que le hemos dedicado tiempo. El otro día, el ministro de Asuntos Exteriores lo llevó a la Unión Europea. No es un tema solo de España. Ya saben ustedes el debate que ha habido en Estados Unidos, el debate que hubo en Francia en las presidenciales y el debate sobre el "Brexit".

Por tanto, creemos que este es un tema transnacional que requiere también propuestas transnacionales, en este caso europeas. El otro día, el pasado lunes, en la Unión Europea el ministro de Asuntos Exteriores suscitó el tema y la señora Mogherini está trabajando en ello.

En cuanto a la tercera pregunta, yo creo que ese tema que usted menciona es un tema importante, es un tema de Estado, es un tema serio. Yo creo que con las elecciones y la interferencia no se juega, porque alguien puede estar tentado de desvirtuarlas. Por tanto, yo apelo al sentido de Estado de todos los partidos políticos para que en este tema seamos cautos y prudentes. Y, desde luego, cualquier cosa, cualquier información que quieran tener los Grupos Parlamentarios, el Gobierno siempre está dispuesto a dársela, ahora, antes y después. Pero, insisto, es un tema de Estado, es un tema muy importante, que afecta a la propia naturaleza de unas elecciones y creo que todos debemos de ser prudentes en esta cuestión.

P.- Anabel Díez, de "El País". Señor ministro, en la misma pregunta que le había hecho Marta Gómez Montero o, mejor, en su respuesta, ¿tenemos que deducir, entonces, que, en principio, la respuesta del Gobierno será ya negativa a convocar esta Comisión de Secretos Oficiales? vamos a ver qué pasa en la Mesa del Congreso pero, en principio, la mesa puede darle el visto bueno si consigue una mayoría, que parece que sí la tendría. Entonces, quizás, la propuesta alternativa que ustedes hagan es tener esas conversaciones o dar esa información de una manera más discreta, si cabe, que en esa Comisión de Secretos Oficiales; buscar otro formato u otro procedimiento para informar a los grupos políticos. ¿Es eso, más o menos, lo que usted pretendía decir o nosotros hemos entendido?

Por otro lado, sobre el tema de la aplicación del 155, la semana pasada nos decía usted que todo marcha más o menos correctamente. ¿Ve usted alguna anomalía en que dos funcionarios de la Generalitat se hayan desplazado a Bruselas a visitar al señor Puigdemont o cree que están en su derecho de moverse y visitar a quien quieran? Hay cierta polémica al respecto y, entonces, por si el Gobierno lo puede aclarar si les parece normal o no.

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, usted ha hecho una interpretación de lo que yo he dicho. Yo lo que he dicho es que el Gobierno está siempre a disposición de las Cámaras cuando las Cámaras lo soliciten; pero también he dicho que este es un tema importante y donde creo que tenemos que ser serios y donde tenemos que actuar con sentido de Estado. Por lo tanto, el Gobierno, en su disponibilidad, está abierto a ver cuál es la mejor manera de dar esa información que quieren los Grupos Parlamentarios, insistiendo en algo que he dicho antes en la respuesta a doña Marta: en el tema de las elecciones creo que tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad, que nadie ponga en duda los resultados de esas elecciones. Van a ser unas elecciones con total normalidad y, como he dicho antes, junto a los resultados informáticos está también presencial de las actas de cada mesa, donde están representados todos los partidos políticos.

Respecto a su segunda pregunta, he tenido conocimiento de ella. Son dos funcionarios que creo que han viajado en su tiempo libre, en el fin de semana, a Bruselas. El Gobierno, mirar al caso, pero cada uno hace en su tiempo libre aquello que le apetece.

P.- Estefanía Molina, de "El Nacional".

Portavoz.- Punto CAT.

P.- Exacto. Quisiera saber si el Gobierno cree…

Portavoz.- Empiezo ya a conocerles a ustedes. Es que eso está bien. Al cabo de un año…

P.- Está genial. Quisiera saber si el Gobierno cree que antes del 21 de diciembre o antes de que expire el artículo 155 hay tiempo suficiente para obedecer al requerimiento del juez sobre la entrega de los bienes de Sijena, considerando que es el Gobierno de España, y en particular usted, quien está en funciones al frente de la Administración catalana, y si piensan obedecerlo.

Portavoz.- He recibido la providencia del juez el jueves. Este es un tema, como usted sabe, muy controvertido entre ambas Comunidades Autónomas, la de Aragón y la de Cataluña. Yo voy a estudiarlo con diligencia y con detenimiento.

P.- Carmen del Riego, de "La Vanguardia". El Gobierno ruso ha pedido al Gobierno español que aporte datos sobre las acusaciones que ha hecho de las injerencias rusas en el asunto de Cataluña. Me gustaría saber si el Gobierno español va a tener alguna comunicación con el Gobierno ruso para explicarle estas cosas que nos han comentado ustedes de que el 55 por 100 de los perfiles falsos estaban en territorio o si, simplemente, lo dan por contestado públicamente.

Me gustaría una aclaración sobre la comisión territorial que se ha abierto en el Congreso, porque no casan las declaraciones que se hacen desde el Gobierno y desde el Partido Popular. ¿El señor Sánchez y el señor Rajoy acordaron, tras seis meses de comisión de análisis del modelo territorial, abrir una reforma constitucional en la Comisión Constitucional del Congreso?

Portavoz.- En relación con su primera pregunta, en ningún caso, creo yo, nadie ha dicho nunca nada respecto al Gobierno ruso o al Gobierno venezolano. Lo que se ha dicho es que se había constatado, que había información, de que "en territorio ruso" y "en territorio venezolano" había unos servidores a través de los cuales se habían emitido noticias falsas; por lo tanto, es un tema de comunicación. Yo creo que eso queda suficientemente claro y, en todo caso, si alguien nos pide alguna aclaración, se la daremos en el sentido que yo acabo de darle, que es el que siempre ha mantenido el Gobierno.

En segundo lugar, lo que yo creo es que el compromiso político es abrir esa comisión y es un compromiso que el Grupo Parlamentario ha seguido, y está ahí. Hay otros que ni siquiera han querido ir a hablar. Y al cabo de seis meses tendremos que ver cuál es el resultado de esos trabajos.

Yo creo que es bueno establecer un límite, una fecha. En otra comisión, subcomisión en este caso, que está examinando el Pacto de Estado Social y Político por la Educación también se dio seis meses, luego ampliables. Es bueno establecer un marco temporal para llegar a acuerdos; pero tendremos que ver, como he dicho antes, si hay acuerdo, sobre qué materia, sobre qué artículo concreto y qué mayorías respaldan ese acuerdo. Porque nuestra Constitución, como usted sabe muy bien, contiene una serie de procedimientos diferentes según a qué título afecte, algunos con unas exigencias mayores.

El Gobierno lo que cree es que estas cosas hay que hacerlas con conocimiento de causa y con apoyos para que salga adelante. Es decir, ver dónde hay que hacer esa reforma, después de haber evaluado estos cuarenta años de Constitución, y ver con qué apoyos se cuenta.

Por tanto, no podemos predecir cuál va a ser el resultado de una comisión que se ha constituido creo que antes de ayer. Vamos a ver cuál es. Al cabo de seis meses se hará esa valoración y veremos si hay posibles reformas, si hay acuerdos y con qué apoyos se cuenta. Esa es la misma posición que acordaron el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, y en la que estamos, y en la que vamos a trabajar, y quiero decirlo con claridad, con total honestidad y con total claridad, porque nos parece que eso es a lo que nos comprometimos y que eso es bueno para España. Pero no podemos prejuzgar cuáles van a ser los resultados de una comisión que, insisto, se ha constituido hace solo 48 horas.

P.- Gabriel Sanz, de "Voz Pópuli". De su respuesta a la pregunta que le ha hecho la compañera deduzco que no hay una apertura automática de la reforma constitucional, como asegura el PSOE que fue el compromiso del presidente del Gobierno con Pedro Sánchez, sino que estará en función del resultado de la Comisión. Corríjame si me equivoco.

Portavoz- Yo no estaba presente en las conversaciones entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, pero me parece de sentido común que la apertura automática se producirá si hay un acuerdo; si no, no me parece la actitud más inteligente. Es decir, si se constata si alguien quiere, imagínese usted, reformar…, lo que sea, el Título Octavo, pero al final los demás no quieren… Sabemos cuántos votos se requieren para una reforma constitucional, en algún caso se requiere disolver las Cámaras, hacer un referéndum y que la nueva Cámara, con una mayoría agravada, lo apruebe.

Yo creo que, como he dicho antes, hay que ser serios y responsables. Si no hay consenso suficiente, será muy difícil abrirla. Yo creo que a nadie, incluso a aquel partido que quisiera impulsarla, se le ocurriría hacerlo, porque estaría abocado al fracaso.

La Constitución de 1978 es una Constitución fruto del consenso, y, por lo tanto, aquel consenso que fue necesario para llevarla a su texto actual, para cambiarlo hay que reproducir ese contexto. Por eso el llamamiento que he hecho antes a que participen todos los grupos políticos, porque muchos de ellos, desde luego, el PDeCAT, que entonces se llamaba Convergència i Unió, y Esquerra, que creo que también estaba representada, pues estaba el señor Barrera, estuvieron ahí. Es decir, es que no estar ahora, al final, es no querer dialogar, es no querer llegar a acuerdos.

Por lo tanto, habrá que estar a los resultados que haya. Si, al final, no hay acuerdo, nada impide que un Grupo Parlamentario o que un partido político quiera impulsar una reforma pero, insisto, si no tiene votos suficientes, será muy difícil llevarla a buen puerto.

Insisto, no nos pongamos en una situación negativa desde el principio. Se ha constituido ayer, hay buena voluntad, al menos, por tres grupos políticos en ella, vamos a ver cómo avanzamos y vamos a hacer un análisis serio, un análisis ponderado, pausado, de lo que han sido estos cuarenta años y de aquellas modificaciones que, a juicio de una mayoría de consenso, pueden introducirse para mejorar el texto constitucional.

P.- Marisa Cruz, del diario "El Mundo". Yo quería volver al tema de Cataluña y me gustaría una valoración del Gobierno respecto a la actitud de la justicia belga con el interrogatorio que ha trasladado a España sobre el trato que se dispensa a los presos en las cárceles.

También, me gustaría saber si el presidente del Gobierno ha abordado en el encuentro que ha tenido esta mañana con el primer ministro belga la situación de los prófugos en Bélgica.

Por último, respecto a las acusaciones, las graves acusaciones, que ha hecho la señora Rovira y que el Gobierno ha calificado de "patraña"…

Portavoz.- Burda patraña.

P.- …"burda patraña", me gustaría saber si cabe algún tipo de respuesta judicial por difamación, por calumnias…

Portavoz.- Respecto a la primera, es una relación que hay entre órganos de Justicia, en este caso la Audiencia Nacional y la Fiscalía belga. Yo estoy seguro de que, después de la respuesta que le ha dado la Audiencia Nacional, la justicia belga quedará gratamente impresionada por el estado de nuestras cárceles; cosa que, por otro lado, conoce perfectamente el señor Puigdemont porque la competencia penitenciaria es una competencia en Cataluña de las autoridades catalanas. Por lo tanto, el estado de las cárceles lo conoce perfectamente.

Respecto a si el presidente del Gobierno y el primer ministro belga han hablado de esta cuestión, la respuesta es que no, y "no" por una razón muy simple: porque es un término judicial y los Gobiernos no tienen responsabilidades en ese ámbito.

En cuanto al tercero, yo creo que estamos hablando de declaraciones políticas y yo le he contestado en términos políticos. Esos son los términos en los que estaremos, en términos políticos, insistiéndole en que es una mentira más y ya ha habido ya muchas mentiras en todo este largo caminar. Y creo que los catalanes tienen que tomar nota de quién miente por sistema.

P.- Marisa Piqueras, de "Europa Press". Ministro, le quería preguntar por unas declaraciones que hacía hace unos días el señor Puigdemont asegurando que es posible otra solución para Cataluña que no pase por la independencia, buscar otro encaje de Cataluña en España. Quería saber cómo valora el Gobierno esas declaraciones y si, dado que va a ser el candidato del PDeCat en las elecciones del 21 de diciembre, el Gobierno lo consideraría un interlocutor válido tras esos comicios.

En segundo lugar, la próxima semana es el día contra la violencia de género, el 25 de noviembre, quería saber si el Gobierno está planteándose algún acto con el presidente del Gobierno para presentar el pacto al que se ha llegado en el Congreso.

Portavoz.- Respecto a la primera, es muy simple: podía haberlo pensado antes. No sé si el camino por el bosque de Bruselas le ha traído otras ideas; pero yo creo que hubiera ahorrado a los catalanes mucho dolor y mucha falta de convivencia si se le hubiera ocurrido eso antes, ¿no?

Vamos a esperar a ver qué pasa en las elecciones. El Gobierno cree que los catalanes han tomado buena nota, como la han tomado el resto de los españoles, de toda esa sarta de mentiras de los dirigentes secesionistas; cree que estos últimos años han sido malos años para Cataluña y para el resto de España, y espera que los que fueron responsables y los únicos responsables de todo ello no sean interlocutores a partir del próximo 22 de diciembre.

Respecto a la tercera pregunta que usted me hace, no lo sé, pero me ha dado usted una idea.

Déjenme que les recuerde que el Festival de Música Española de Cádiz está en plena efervescencia y, por tanto, es un buen sitio para ir, como también lo es en Madrid el Festival Jazz Madrid, con más de seis horas diarias en conciertos.

No dejen de acudir a la catedral de Toledo para ver la exposición "Cisneros, arquetipo de virtudes", con motivo del V Centenario de su muerte. Yo estuve el otro día y, la verdad, es magnífica.

En Valencia está el Festival de Mediometrajes "La Cabina", que homenajea aquella estupenda obra maestra de Antonio Mercero, con José Luis López Vázquez, que todos tenemos en la retina.

En Ceuta, el musical "El Libro de la selva".

Y hoy conmemoramos el Día Internacional del Estudiante. En España hay 9.696.855 estudiantes. A todos ellos, que constituyen junto a maestros y sus familias, los pilares del sistema educativo español, gracias por lo que hacen, gracias por estudiar, gracias por formarse y gracias por ayudarnos a ellos y a nosotros a ser mejores personas, educadas en libertad y valores cívicos.

Y el viernes que viene, seguiremos.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)