Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en el día de hoy bajo la presidencia de doña Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno. Como saben ustedes, el presidente del Gobierno se encuentra en Bruselas asistiendo a las reuniones del Consejo Europeo y creo que dentro de una hora dará una rueda de prensa con algunos de sus compañeros. Algunas caras no están aquí hoy, me imagino que estarán en Bruselas y ahí tendrán ocasión de hablar con el presidente del Gobierno.

Antes de dar a conocer los acuerdos del Consejo de Ministros haré una valoración de la situación política y me referiré a la situación política en Cataluña.

Creo que la gran mayoría de los ciudadanos de España, y también de Cataluña, compartimos una gran preocupación por la situación en esta Comunidad Autónoma. Todos somos conscientes de la magnitud del desafío secesionista que pretende romper la unidad de nuestra nación, de un país que perdura desde hace más de quinientos años. Este daño que este proceso secesionista ha provocado es amplio y afecta especialmente, y eso es lo que le preocupa al Gobierno, a dividir y fracturar a los catalanes, enfrentándolos y extendiendo ese clima de ruptura de la convivencia, y perjudicarles también económica y socialmente. Eso se está viendo en la huida masiva de empresas --ya hay más de novecientas empresas que han abandonado Cataluña--, que han cambiado su sede social, o en la caída de las reservas hoteleras, o de la actividad turística, o de las ventas en espacios comerciales, o de las entradas en espectáculos culturales, o en las caídas en expectativas de inversión.

Por ello, el Gobierno estima que es importante que los ciudadanos estén informados de los diferentes pasos, de las diferentes acciones, que está tomando el Gobierno para restablecer en Cataluña la legalidad. Creo que este Gobierno puede presentar una actitud coherente y consistente de su actuación en los últimos tiempos; una actuación que ha estado basada en la respuesta desde el Estado de Derecho, desde el imperio de la Ley, a todas y cada una de las iniciativas secesionistas, con firmeza pero al mismo tiempo con proporcionalidad.

Políticamente, este Gobierno ha tenido tres ejes de actuación: en primer lugar, ha hecho una oferta de diálogo permanente dentro de la Ley, que no ha sido atendida; en segundo lugar, se ha esforzado por mantener el consenso político con los grandes grupos políticos con representación parlamentaria para defender, desde la unidad constitucional, la unidad territorial de nuestro país; y, en tercer lugar, le ha importado, y mucho, el mantenimiento del apoyo de la Unión Europea. España es un país plenamente integrado en la Unión Europea, forma parte del núcleo dirigente de la misma. El presidente se encuentra, como saben ustedes y lo he dicho antes, desde ayer en Bruselas donde ha recibido el apoyo del Consejo Europeo de los Jefes de Estado y de Gobierno, como no podía ser de otra manera, porque la Unión Europea se fundamenta en ser una comunidad de derecho y lo que pretenden en Cataluña los secesionistas es precisamente violar esa comunidad de derecho.

Como saben ustedes, y ante la declaración del presidente Puigdemont en el Parlamento de Cataluña el 10 de octubre, una declaración confusa, una declaración que dio lugar a muchas interpretaciones, el presidente al día siguiente mandó un requerimiento, tras un acuerdo del Consejo de Ministros, en el que solicitaba formalmente al Gobierno de la Generalidad para que aclarase, de forma clara y precisa, si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma.

El objetivo de ese requerimiento era doble: en primer lugar, el despejar incertidumbres y ofrecer certezas, porque una declaración unilateral de independencia es algo enormemente grave y el que no hubiera quedado claro cuál era el sentido de la intervención del señor Puigdemont hacía imposible que el sosiego, la tranquilidad, la seguridad, volviera a Cataluña; en segundo lugar, pedirle al presidente Puigdemont que rectificase y que volviera a la legalidad en el caso de que hubiera declarado esa independencia unilateral en Cataluña, porque volver a la legalidad es un requisito previo para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica en Cataluña.

Saben ustedes que se han producido dos cartas, dos respuestas, del presidente Puigdemont. De las mismas el Gobierno entiende, entendió ayer, que no ha habido una respuesta clara y precisa a su pregunta. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano, como en catalán, es una palabra: sí o no. No la hubo. Por ello, ese requerimiento que suponía un paso previo para iniciar el procedimiento establecido en el artículo 155 de la Constitución se ha puesto en marcha.

El presidente del Gobierno quiso recordar ayer, recordamos, que la petición de poner en marcha el 155 está avalada por una amplia mayoría del Parlamento español, que quiere restablecer, como he dicho antes, la legalidad y quiere que Cataluña vuelva a la autonomía y a su Estatuto. Por ello, también, ayer el Gobierno hizo un comunicado, que todos ustedes conocen, y convocó para mañana una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. En dicha sesión, insisto, que tendrá lugar mañana a partir de las 10 de la mañana, se aprobarán las medidas que el Gobierno elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos, los ciudadanos de Cataluña, de todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en dicha Comunidad Autónoma.

Esta situación tiene un único responsable y el único responsable es el señor Puigdemont y los miembros de su Gobierno que, a través de distintas iniciativas, han pretendido la ruptura unilateral con España. En la memoria de todos están el Pleno del Parlamento de Cataluña de los días 6 y 7 de septiembre donde, por medio de un procedimiento inaudito, exprés, en contra de la opinión de todo el mundo, de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias, amputando los derechos políticos de la oposición, se pretendieron aprobar dos leyes: la Ley de Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad. Es una de las páginas más vergonzosas de la historia de la democracia española.

Llama la atención el contraste entre esa actividad frenética los días 6 y 7 de septiembre con que hoy, desde aquella fecha, el Parlamento esté cerrado y la oposición en el Parlamento de Cataluña no pueda pedir la convocatoria de plenos porque estos no se convocan. El Parlamento de Cataluña, después de la actividad frenética, clausura sus actividades.

El Tribunal Constitucional, el 17 de octubre, declaró inconstitucional la primera de esas leyes de desconexión, la llamada Ley del Referéndum para la autodeterminación, y dijo, y lo quiero citar expresamente porque me parece muy elocuente: "un poder que niega expresamente el Derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".

Por último en este sentido, quiero manifestar también que la aplicación del artículo 155 está prevista en nuestra Constitución. Es, por tanto, un elemento más de la Constitución y es un elemento que tiene unos objetivos muy concretos:

- En primer lugar, restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en el ejercicio del autogobierno, violentadas por esas decisiones, esas leyes, aprobadas los días 6 y 7 de septiembre; la legalidad constitucional, pero también la legalidad proveniente del Estatuto de Autonomía para Cataluña.

- En segundo lugar, asegurar la neutralidad institucional: las instituciones de Cataluña están al servicio de los secesionistas y las instituciones son las instituciones de todos los catalanes; lo recalco, de todos los catalanes, no solo de una parte de ellos.

- En tercer lugar, garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación económica, que en estos momentos está seriamente en duda. Como han visto ustedes, hace unos días en las previsiones que el Gobierno ha enviado a Bruselas ha reducido la previsión de crecimiento en España precisamente por la situación por la que se atraviesa en Cataluña.

- Y, en cuarto lugar, preservar los derechos de los catalanes, entre ellos, algo tan importante como la libertad, la seguridad y la pluralidad.

Estos objetivos, y quiero dejarlo claro también, que se pondrán en marcha en el marco del artículo 155, no suponen suspender la autonomía de Cataluña. Se trata de un medio complementario, de los medios de control ordinarios que establecen, tanto judiciales como administrativos, la Constitución y las leyes; y es un instrumento, el artículo 155, que en su momento, cuando se elaboró la Constitución Española en 1978, se incorporó como un principio propio de los Estados federales. Es un trasunto del artículo 37 de la entonces Ley Fundamental de Bonn que implica el llamado "mecanismo de coerción federal"; pero hay también unos instrumentos muy parecidos en otras constituciones como la Constitución suiza o como la Constitución austríaca. Incluso hay Constituciones que van más allá de este artículo 155, que hablan de la posible disolución de aquellos órganos que han violado la Constitución. Nuestro artículo 155, como he dicho antes, no es para suspender la autonomía, sino para devolverla a su legalidad.

Por lo tanto, mañana tendrán ustedes otra cita con el Consejo de Ministros. Ta sé que luego en las preguntas algunos de ustedes querrán preguntarme en qué van a consistir esas medidas. Ya les aviso de que creo que es una prerrogativa el presidente del Gobierno darlas a conocer y que, por tanto, será por él tras esa reunión del Consejo de Ministros cuando se adopten y cuando se hagan públicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros hoy ha tomado otros acuerdos.

En primer lugar, un Acuerdo por el que va a impugnar el acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, del día 2 de octubre, por el que se crea una comisión sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. Esa comisión lo que pretendía era documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales con motivo del pretendido referéndum de autodeterminación. No intenta investigar cualquier violación de derechos, sino únicamente las producidas, cito textualmente, "como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado y, en particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Es evidente que la constitución de esta comisión, este acuerdo de la Generalidad, produce una serie de situaciones de inconstitucionalidad. Vulnera las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.5 de la Administración de Justicia y 149.1.6 sobre legislación procesal; pero, además, resultan vulnerados otros muchos principios, por ejemplo, la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión del artículo 24 o la garantía del derecho al honor recogida en el artículo 18. Asimismo, no prevé trasladar la investigación a los órganos judiciales, lo que resulta igualmente inconstitucional y contrario a la legislación procesal, tal y como establece el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También este acuerdo, que prevé que la policía autonómica estaría al servicio de la nueva comisión regulada, lo que refuerza su configuración como una especie de organismo parajudicial, atribuye o pretende atribuir a la Generalidad un poder omnímodo que le permite investigar todas las infracciones producidas por cualquier poder que no sea la propia Generalidad, incluyendo al Poder Judicial.

Es, por ello, por todas estas razones por las que el Gobierno ha tomado el acuerdo de recurrir dicho acuerdo al Tribunal Constitucional.

Otros asuntos que ha tomado el Consejo de Ministros se refieren, en primer lugar, al Acuerdo de distribución de los créditos para el programa de atención a las personas paradas de larga duración. Se trata de un Acuerdo similar al adoptado el pasado mes de abril del año 2017 en la Conferencia Sectorial. Ese Acuerdo con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas se hizo con cargo el Presupuesto del año 2016 y con cargo al Presupuesto del año 2017, Presupuesto actualmente en vigor, existía una dotación adicional por un valor de 166,7 millones de euros. De esa cuantía adicional 129 millones se destinan a financiar el programa de acción conjunto para la mejora de la atención a las personas paradas de larga duración en función de objetivos. Por tanto, mejorar la atención a los demandantes de empleo parados de larga duración con edades entre los 30 y los 50 años, y todo ello con el acuerdo, como he dicho antes, de las Comunidades Autónomas.

Seguimos, por tanto, en la línea inclusiva de la recuperación económica y también en la proyección de esa recuperación a políticas sociales, en este caso, políticas de empleo.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo por el que se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención nominativa para el sistema de transporte terrestre de viajeros por importe de una cuantía de 27,5 millones de euros, un 10 por 100 más respecto a la del año pasado. Con ello se cumplen los acuerdos que el Gobierno firmó con las distintas fuerzas políticas canarias y reafirmamos también nuestro compromiso para mejorar la calidad del servicio público de viajeros en dicha Comunidad.

Igualmente, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos, se ha llevado a cabo también una Declaración con motivo del Día Europeo contra la trata de seres humanos y el Consejo de Ministros ha procedido a los siguientes nombramientos: embajador de España en la República de Honduras, don Guillermo Kirkpatrick de la Vega; embajador de España en la República de Polonia, don Francisco Javier Sanabria Valderrama; embajador representante permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, don Nicolás Pascual de la Parte, y director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos, don Juan Ignacio Morro Villacián.

Estos son los acuerdos del Consejo de Ministros que quería trasladarles y estoy, por supuesto, a su disposición para responder a las preguntas que tengan a bien hacer.

P.- Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Quería preguntarle si el Gobierno ha mantenido hoy algún tipo de contacto con el Partido Socialista para seguir cerrando alguna de las medidas que se van a aprobar en Consejo de Ministros.

Por otro lado, ¿el Gobierno vería bien elecciones en enero en Cataluña, tal y como dice el PSOE que le gustaría?

Portavoz.- La relación con el Partido Socialista y con C's es fluida; por tanto, las medidas que el Consejo de Ministros adopte mañana son medidas que se van a llevar a Consejo de Ministros de acuerdo con ambos partidos. Por tanto, los contactos son constantes y la relación es una relación, como he dicho, muy fluida.

Ayer tuve ocasión de hacerlo y hoy lo vuelvo a hacer: agradecer a estos dos partidos el apoyo en un momento difícil, el apoyo a lo que ha sido principios constitucionales de la unidad de España y la necesidad de restablecer la legalidad constitucional en Cataluña.

Respecto a su segunda pregunta, yo creo que es muy pronto para decir cuándo debe haber elecciones en esa Comunidad Autónoma. Yo creo que lo importante, y lo he dicho antes, a la hora de aplicar las medidas del 155 es restablecer la legalidad, en primer lugar, y, luego, la convivencia. Yo creo que es muy importante también conseguir la neutralidad de la Administración Pública. Esas cosas, esas medidas, no se hacen de un día para otro. Por lo tanto, yo creo que estamos en las medidas; tenemos que traer otra vez la tranquilidad, el sosiego, la convivencia, evitar las rupturas a Cataluña, y, luego, ese proceso, probablemente, deba acabar en unas elecciones. Pero en estos momentos hablar de una fecha me parece prematuro.

P.- Soy Marta Gómez Montero y colaboro en diversos medios de comunicación. Usted ha hablado del precepto constitucional del 155 para restaurar el autogobierno, garantizar los servicios públicos y la vuelta a la legalidad; pero para eso parece que tienen que tener un papel importante los funcionarios catalanes. Podemos estar hablando de en torno a 170.000 y unos 17.000 serían Mossos d'Esquadra. ¿Usted cree que van a colaborar, que van a contribuir a que se cumplan las órdenes que emanen de ese artículo, o, por el contrario, ya estamos viendo llamamientos de la CUP y han dicho que hagan inaplicable el 155?

Portavoz.- En Cataluña hay fuerzas que lo que quieren hacer es la revolución y, por tanto, lo que quieren es iniciar la desobediencia civil. Hoy creo que había algunas --no sé si esa que usted ha mencionado-- que decían que sacaran el dinero de los bancos. No es de extrañar, porque son fuerzas que se califican a sí mismas como anticapitalistas, aparte de otras muchas cosas más. Por tanto, habrá unas fuerzas que puedan decir eso.

Yo soy funcionario y los funcionarios tenemos una vocación de servicio al Estado, a las instituciones, y estamos para servir a los ciudadanos. Por lo tanto, yo estoy completamente seguro de que atenderán los requerimientos que se les hagan, porque es que, al final, de lo que se trata es de mantener los servicios públicos en Cataluña, de devolverles el buen nivel y de evitar la confrontación, y los funcionarios tienen un papel muy importante que jugar en ello.

P.- Marcelo Moncayo, corresponsal de NTN24 y de RCN Televisión de Colombia. Ministro, quiero aprovechar que usted también es el ministro de Cultura para hacerle una pregunta que está circulando ya en medios españoles y en colombianos. La Corte Constitucional colombiana acaba de emitir un fallo para que se ordene al Gobierno de Colombia pedirle a España la devolución del Tesoro de Quimbaya entregado a la Corona española en el año 1893; son 122 piezas de oro. Yo quisiera saber cuál es la posición del Gobierno sobre esto y si es que existiera la posibilidad de que ese Tesoro se devuelva a Colombia.

Portavoz.- Fue el presidente Holguín, si no recuerdo mal. Fue el presidente Carlos Holguín el que hizo un regalo a la entonces reina regente, doña María Cristina.

Yo lo he leído también como usted. Me ha interesado mucho, primero, porque yo soy un gran amigo de Colombia y porque las relaciones entre colombianos y españoles son muy grandes. Es verdad que tenemos también, en ocasiones, alguna controversia; la tenemos con el galeón "San José", ¿sabe usted?, donde también España tiene una posición que no siempre es atendida.

En todo caso, nosotros haremos lo que se hace siempre con los amigos y más con los amigos que queremos: cuando nos llegue un requerimiento por parte del Gobierno de Colombia, lo estudiaremos con gran atención.

P.- Anabel Díez, de "El País". Señor ministro, quería preguntarle, aunque mañana, efectivamente, nos van a comunicar las medidas, si usted cree que algunas son prioritarias, como, por ejemplo, las relativas a materia de seguridad y también la Hacienda.

Por otro lado, en relación a las elecciones, ya que usted ha dicho que este proceso tendrá que acabar en elecciones, ¿han encontrado ustedes encaje dentro del 155 para que desde el propio Gobierno, al amparo de ese artículo, se puedan convocar elecciones? ¿Están ustedes seguros de que eso puede ser así?

Portavoz.- Yo creo haber dicho que la prioridad, y lo reafirmo, es devolver Cataluña a la legalidad, al orden constitucional. A lo que asistimos, desde yo diría que desde los días 6 y 7 de septiembre, es a que la mayoría secesionista se ha apartado del orden constitucional. Por tanto, está en otro orden y eso no es posible. Eso es lo que le ha dicho Europa ayer con toda claridad: hay que volver al orden constitucional. Dentro del orden constitucional se puede hablar de todo, pero no se puede hablar utilizando lógicas distintas y la lógica de los secesionistas en estos momentos está fuera del orden constitucional.

Por lo tanto, lo que pretende el 155 es restaurar la legalidad y el orden constitucional vulnerados por los secesionistas. Eso es lo más importante, y dar tranquilidad y sosiego a Cataluña, y dar neutralidad a sus instituciones; que las instituciones no parezca, como últimamente, que eran el coto de una opción política, que eran los secesionistas. Las instituciones son de todos. Por lo tanto, esa es la prioridad que tiene el Gobierno al aplicar las medidas del 155.

En cuanto a su segunda pregunta, creemos que eso es una posibilidad que existe, que el 155 da esa posibilidad; pero, insisto, nos parece que recuperar la normalidad, recuperar la convivencia y recuperar el consenso, el sosiego, es importante. Como he dicho antes, las elecciones tienen que hacerse bajo esas premisas, unas premisas de vuelta al orden constitucional, vuelta a la legalidad y convivencia pacífica, y no pueden hacerse en otras circunstancias. Por tanto, habrá que esperar a que se den esas circunstancias para ellas.

Yo creo que, al final, la lógica de todo este proceso abocará a unas elecciones, a que en unas elecciones legalmente convocadas, en unas elecciones hechas tal y como establece la Ley, los catalanes puedan pronunciarse por sus opciones y puedan votar. Eso es lo que me parece lógico y en eso estamos. Insisto en que en estos momentos lo importante es recuperar la convivencia, más que el otro.

P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Dice usted que lo que se aplicará mañana no será la suspensión de la autonomía de Cataluña; pero usted reconoce también que las instituciones en estos momentos están en manos de los secesionistas, que se han apartado de la legalidad y que están al servicio de los secesionistas. No me cuadra cómo se puede hacer esto, ¿o es que va a ser limitada la suspensión de competencias, la intervención del Estado asumiendo algunas competencias? No me cuadra cómo se puede hacer esto.

Portavoz.- Lo verá usted mañana, lo verá usted en las medidas de ejecución y lo verá usted en el trámite del Senado, porque el trámite del 155 es un trámite, y lo quiero recalcar aquí, con muchas garantías jurídicas.

Mañana el Gobierno presentará una serie de medidas, que luego tendrán que ser debatidas en el Senado. Incluso, el Senado requerirá a la propia Comunidad Autónoma y, por tanto, habrá otra oportunidad política para que la propia Comunidad Autónoma rectifique. Y al final será el Senado el que se pronuncie por mayoría absoluta. Es verdad que el partido que sustenta al Gobierno tiene mayoría absoluta en el Senado; pero el Gobierno quiere contar, y cuenta con PSOE, y con C's para llevar a cabo esas medidas.

Por tanto, las medidas las veremos; pero yo quiero recalcar que no se trata de una suspensión de una autonomía. Eso no es lo que contempla el artículo 155. Son medidas para restaurar la legalidad y el orden constitucional en una autonomía, en este caso, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

P.- Marisa Cruz, de "El Mundo". Ministro, me gustaría saber si, después de que el Pleno del Senado se pronuncie sobre las medidas, es necesaria una reunión del Consejo de Ministros que las autorice definitivamente y las publique en el BOE, o basta simplemente la votación del Senado para que se dé por hecho que entran en vigor.

Portavoz.- Ha pillado usted a un letrado de las Cortes con dudas. Yo creo que no, yo creo que la decisión del Senado es la definitiva; pero no estoy al 100 por 100 seguro y a los que nos hemos dedicado al Derecho en una época de nuestra vida nos gusta estar al 100 por 100 seguros. Pero yo diría que no, yo diría que la decisión final es la del Senado.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Ministro, acaba de decir que en el trámite del Senado tiene una posibilidad el líder independentista de acudir ahí para exponer su posición, incluso de rectificar; pero ¿en ese debate es posible que vaya también el presidente del Gobierno para exponer la posición del propio Gobierno y debatir, a su vez, con el señor Puigdemont? ¿Es posible? ¿Lo ha previsto el Gobierno que se produzca en la tramitación parlamentaria?

Por otro lado, si me permite, no sé si el Gobierno tiene previsto que se produzca algún tipo de resistencia por parte de las autoridades autonómicas cuando se aplique el 155 pero, en ese caso, ¿confía en la actuación de los Mossos, de la policía autonómica, tal como está ahora mismo, o con los mandos actuales no existe esa confianza?

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, está llena de hipótesis, don Mariano: si viniera, si… Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar, y más en sede parlamentaria, que es donde creemos que se debe dialogar, porque en sede parlamentaria están representados todos los españoles. Por tanto, cuando hablamos de cuestiones que afectan al núcleo duro de la Constitución Española, donde es necesario contar con el Congreso de los Diputados y con el Senado para modificarla, nos parece que ese es el lugar para hacerlo.

Recordarán ustedes cómo este Gobierno invitó, si no recuerdo mal, en los meses de abril y mayo, e insistió al presidente Puigdemont, para que acudiera al Congreso de los Diputados y expusiera cuál era su plan. No fue atendido entonces. Eso era diálogo; diálogo, además, como he dicho antes, en el centro de la soberanía nacional, allí donde quienes tienen que tomar las decisiones que pudiera exigir, querer, el señor Puigdemont, pudieran tomarse. No quiso venir. Esa puerta sigue estando abierta y sigue estando ahí. Y, evidentemente, el presidente del Gobierno puede intervenir. En estos momentos no sé si lo hará o no.

Respecto a la segunda pregunta, yo he dicho una y otra vez --antes, cuando me han preguntado ustedes por los funcionarios-- que los Mossos d'Esquadra son funcionarios y los funcionarios tienen que cumplir con su obligación, y su obligación es cumplir con aquellas instrucciones, órdenes, que les den quienes ejercen las competencias. Por lo tanto, yo estoy seguro de que lo harán, igual que lo harán el resto de los funcionarios.

P.- Marisa Piqueras, de Europa Press. Ministro, esta semana en el Congreso se ha producido un debate sobre el adoctrinamiento escolar, con una iniciativa de Ciudadanos. Al margen de las medidas que mañana debata y apruebe el Consejo de Ministros, yo quería saber si usted, como ministro de Educación, es partidario de recuperar esas competencias de la Consejería de Educación catalana.

Portavoz.- Yo intervine en el debate, en la interpelación, en el Congreso de los Diputados y yo dije que, en mi opinión, y con la experiencia de estos dos años al frente de la cartera de Educación, había que hacer fundamentalmente dos cosas: la primera, puesto que hablamos de reforma constitucional --me parece que se puede abrir una reforma constitucional o algunos quieren abrirla--, habría que introducir en nuestra Constitución un principio propio de todas las Constituciones de tipo federal, que es el principio de la lealtad federal.

Antes les he hablado a ustedes del artículo 155 y les he contado que es un trasunto del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. En la Ley Fundamental de Bonn, y sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, está ese principio de la Bundestreue, de la lealtad federal; eso me parece fundamental. Eso significa que, allí donde las competencias son de la Comunidad Autónoma, estas cumplen siempre las leyes estatales. Eso es lo que yo creo que en España sería bueno incorporarlo a la propia Constitución Española.

En segundo lugar, creo, y esa es mi experiencia, que habría que reforzar las competencias de la Alta Inspección. Me parece que eso es importante. Me parece que la Alta Inspección tiene en estos momentos una actuación establecida en las leyes, en el artículo 160 de la LOE, muy residual y simplemente subsidiaria o complementaria de las que ejercen las Comunidades Autónomas. Por tanto, a mí me gustaría, y esa es mi experiencia, reforzar las capacidades que tuviera la Alta Inspección.

P.- Sandra León, de esRadio. El otro día, Elena Bastidas, la diputada que se encargó de defender la postura del Partido Popular precisamente en el debate sobre el adoctrinamiento, dijo que estos casos eran "casos aislados". Esa fue la expresión que utilizó de forma literal. Ayer, la presidenta del PP de Valencia, al que pertenece Bastidas, la desautorizó y dijo que en absoluto eran hechos aislados y que, de hecho, solamente en Valencia, por ejemplo, había ya seis mil denuncias. Entonces, quisiera saber cuál es la postura del Gobierno y de usted, como ministro de Educación, si considera que son hechos aislados, "sí" o "no" --ahora, que está tan de moda esto-- para evitar cualquier posible interpretación.

Luego, al hilo de lo que comentaba mi compañera, me gustaría saber si usted comparte --no sé si deduzco de su respuesta anterior que no-- la idea del que fuera también portavoz del Gobierno en su día, Josep Piqué, de que, en un momento como este, lo ideal sería que el Estado recuperase, en líneas generales, la competencia de Educación, el control de la educación.

Portavoz.- Respecto a la primera, y hablando de las competencias que tiene el Estado en estos momentos, la Alta Inspección del Estado actúa cuando existe denuncia de un hecho o cuando tiene conocimiento del mismo. Nosotros actuamos así y hemos actuado así. En ese debate, al que me he referido antes, en el Congreso de los Diputados yo mostré dos requerimientos que había hecho a la Consejería de Educación, del 29 de septiembre y del 6 de octubre; no sobre hechos genéricos, como muchas veces pasa, sino sobre hechos concretos, con nombres y apellidos, con escuelas y con profesores, que no quise hacer público porque yo respeto la protección de datos y el derecho al honor. Pero ahí están y lo que pedimos es que se investiguen. ¿Qué sucedería si no se investigasen? Que acudiríamos a los Tribunales, que lo pondríamos en conocimiento de la Fiscalía.

Por tanto, el sistema existe, el sistema lo utilizamos y el sistema lo activamos. A mí me gustaría que en el futuro, en este Pacto de Estado social y político por la Educación, que estamos en estos momentos analizando, elaborando, en el Congreso de los Diputados, este tema se tratara y se tratara, además, como todos los temas: con tranquilidad, viendo qué es lo que interesa, viendo qué es y dónde debemos poner énfasis en la actuación del Estado respetando el derecho de las Comunidades Autónomas.

Yo soy de los que creen que la toma de decisiones en caliente nunca es buena consejera. Hay que ver qué es lo que conviene en cada momento. Yo he dicho con claridad cuál es mi opción: yo creo que hay que reforzar la Alta Inspección del Estado, por la experiencia de estos dos años que me la dicta. Pero creo también que tenemos en estos momentos un sitio, con un acuerdo o consenso muy importante, para lograr ese Pacto de Estado social y político por la Educación, y ahí es donde yo creo que debemos hacerlo.

Respecto a recuperar las competencias de Educación, yo creo que eso no es una buena idea. Yo creo que las Comunidades Autónomas cumplen su función. Creo que lo que tenemos que ver es de qué manera podemos colaborar para que la cumplan mejor. Yo creo que el sistema educativo en España es un buen sistema educativo. Cuando algunos lo denigran diciendo que no lo es porque quieren cambiarlo, yo siempre contesto que las reformas siempre son posibles y necesarias, pero sin denigrar lo que hay. Creo que tampoco hay que lanzar una mancha de sospecha sobre los profesores. En España hay 670.000 docentes y la inmensa mayoría hace bien su función, tiene vocación y quiere sacar a unos ciudadanos libres, críticos y con capacidades para la vida profesional, para la vida laboral…, para ser ciudadanos felices.

Por tanto, me parece que sobre todos esos argumentos que se escuchan muchas veces al fragor de algo que no gusta hay que tener la cabeza fría. Insisto, creo que tenemos en estos momentos un instrumento muy adecuado para trabajar con ello, que es esta Comisión del Congreso de los Diputados, a la que yo voy a acudir la semana que viene --están ustedes todos invitados--, para hablar de estos temas. Y creo que, al final, los españoles nos están demandando un Pacto por la Educación.

En España se han hecho muchas cosas. España ha mejorado muy notablemente en los últimos años, todas las estadísticas lo demuestran. Estamos bajando también el abandono temprano; pero creo que el esfuerzo que tenemos que hacer para las generaciones futuras, para integrar también la revolución digital, es importante y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos.

P.- Pero ¿son casos aislados o no?

Portavoz.- Son hechos que se producen y, cuando se producen y se denuncian, y cuando se denuncian y se tiene constancia, el Ministerio actúa.

El presidente del Gobierno, que seguro que es mucho más interesante que yo, va a intervenir ahora mismo. Sí quería hacerles a ustedes alguna recomendación para el fin de semana.

Las mujeres artistas son las protagonistas de una exposición magnífica sobre surrealismo, abierta en el Museo Picasso de Málaga. No se pierdan en Madrid tampoco la exposición "El poder del pasado". Nuestro Museo Arqueológico Nacional cumple 150 años y es una visita que de verdad merece la pena. De verdad, no; como todas las que yo digo. Todas las que yo digo merecen la pena, pero en esta he estado y, por tanto, lo digo por propia experiencia. También inicia en Valladolid, pone su alfombra roja, la Semana Internacional de Cine, la SEMINCI.

Si quieren ustedes irse a Sevilla, jóvenes pianistas españoles se dan cita en el Teatro de la Maestranza; también merece la pena ir ahí. Y esta tarde tenemos los premios probablemente más prestigiosos que se dan en España, los Premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Y si me permiten ustedes un último consejo, hay uno de los premiados, un poeta polaco, aunque nació en Ucrania, Adam Zagajewski, que merece la pena leer. Por lo tanto, aprovechen también estos Premios Princesa de Asturias para conocer a este gran poeta.

Muchas gracias y hasta mañana, aunque mañana no sé si seré yo el que esté con ustedes.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)