Conferencia de prensa de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días a todos. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar, en nombre del Gobierno de España, nuestro más sentido pésame a la familia del capitán Borja Aybar García, fallecido ayer en el accidente ocurrido en el aeródromo de Los Llanos, en Albacete. Quiero también hacer extensivo nuestro pesar a todas las Fuerzas Armadas y, en especial, a los compañeros del Ejército del Aire del capitán Aybar García.

Nuestras Fuerzas Armadas representan a España en múltiples misiones internacionales, trasladan el compromiso de paz de los españoles en todos los rincones del mundo y su generosidad y entrega es una muestra de orgullo para el conjunto de los ciudadanos. Sin duda, el capitán Aybar reunía todos esos valores.

Quiero también informarles de que la ministra de Defensa ha condecorado hoy con la Cruz al Mérito Aeronáutico, con distintivo amarillo, a título póstumo, al capitán.

En segundo lugar, quiero destacar como hoy en el Consejo de Ministros el ministro de Hacienda y Función Pública ha presentado un informe de cara a la remisión a Bruselas del Plan Presupuestario 2018 ante la Unión Europea. 2018, según este informe, debiera ser un buen año para el crecimiento y para el empleo; pero los acontecimientos que estamos viviendo en Cataluña nos hacen ser más prudentes. De hecho, si no hubiera una pronta solución a este asunto, nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para el año 2018.

Hoy las agencias de calificación han alertado de que la inestabilidad política y económica puede perjudicar la economía catalana, y de que, de continuar con la salida de empresas, eso podría terminar provocando una recesión en Cataluña, lo que indudablemente afectaría al conjunto del crecimiento del Producto Interior Bruto.

Los acontecimientos en Cataluña están poniendo en riesgo la recuperación económica en esa Comunidad Autónoma y, por lo tanto, su creación de empleo. Baste citar dos indicadores que hemos conocido esta semana: el parón de la inversión --los datos del segundo trimestre de este año detallan una caída de un 10 por 100 de las inversiones en Cataluña, mientras que en el conjunto de España crecen un 13 por 100-- o la caída dramática del turismo. Según el sector, a título de ejemplo, entre el 20 y el 30 por 100 de las reservas hoteleras en Barcelona se han visto afectadas.

La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una aguda desaceleración e, incluso, en una recesión económica, según advierten los expertos.

Siempre hemos dicho que la estabilidad política es la puerta de entrada a las inversiones, de la riqueza y del bienestar económico. A sensu contrario, cuando se instala la incertidumbre, los términos se invierten: las inversiones se escapan y la factura la pagan siempre los ciudadanos de Cataluña, sus empresas y sus trabajadores. ¡Qué pronto se olvidan los sufrimientos y los esfuerzos que ha hecho la sociedad española para salir de la crisis!

Pero las autoridades catalanas aún están a tiempo y tienen la oportunidad de recuperar la normalidad institucional y la convivencia ciudadana, y poner fin a la inestabilidad. Y en este punto me gustaría ser muy clara y transmitir cuatro ideas: en primer lugar, el Gobierno le ha planteado al señor Puigdemont una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo; si tiene voluntad política, el presidente Puigdemont tiene la vía para regresar al marco constitucional de convivencia y al sistema democrático de derecho; en tercer lugar, se le ha ofrecido diálogo y se le ofrece diálogo en el marco de la Ley y en el seno del Parlamento, en el Congreso de los Diputados, donde se toman las grandes decisiones del país, donde están representadas todas las fuerzas políticas y donde está representado todo el pueblo español.

En el Congreso ya hay en marcha una comisión de estudio para la evaluación y modernización del Estado Autonómico. Puede allí hacer sus reflexiones, sus planteamientos y sus propuestas. En nuestro marco constitucional nada es inmutable y todo se puede hablar; pero desde el respeto a las reglas del juego democrático y a los derechos de los ciudadanos, y teniendo presente que cualquier cambio siempre ha de devenir en un bienestar del conjunto de los españoles.

Creo que esta oferta, que no solo es del Gobierno sino de una amplísima mayoría de la Cámara -insisto: una propuesta de una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados--, es una oferta sensata, moderada y entendible. Y esta oferta demuestra que el diálogo no hay que exigirlo, sino practicarlo. Lo único que nos es exigible a todos los gobernantes --a los ciudadanos también, pero especialmente a los gobernantes-- es que cumplamos la Ley. Esa es la única condición y el único requisito.

En otro orden de cosas, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Real Decreto por el que se crean 93 unidades judiciales. Lo que hacemos con esta adecuación de la planta judicial es atender a nuevas necesidades existentes dentro de la programación del año 2017. Estas 93 nuevas unidades se concretan de la siguiente forma: creación y constitución de 77 nuevos Juzgados; constitución de 10 Juzgados, uno en Bilbao y nueve en la Comunidad Valenciana; y dotación de dos plazas de magistrado para la Audiencia Provincial de Madrid.

Para llevarlo a cabo se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que soportan los 3.765 órganos judiciales en nuestro país, especialmente aquellos que tienen una carga de trabajo superior al 100 por 100. Vienen a ser la mitad de los Juzgados en nuestro país, que soportan una carga superior al 100 por 100. Por ello, se crean 87 nuevos Juzgados, se transforman cuatro Juzgados y se crean dos plazas nuevas de magistrados de Audiencia Provincial.

¿Qué se ha tenido en cuenta para llevar a cabo esta creación de nuevos Juzgados? La carga de trabajo, como decía, según criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial; los asuntos pendientes para resolver en los órganos judiciales; el tiempo medio de respuesta; situaciones estructurales que estaban creadas; una preminencia de la Primera Instancia frente a la Segunda y un refuerzo preferente de la Jurisdicción Civil y Social, donde se abordan casos que afectan todavía más directamente a los ciudadanos. Se han recabado, además, los informes del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Comunidades Autónomas.

Tendrán a su disposición todo el listado de los partidos judiciales que se ven afectados, pero sí me gustaría hacer este resumen: en Andalucía, diecinueve Juzgados y una transformación; en la Comunidad Valenciana, quince Juzgados y una transformación; en Cataluña, catorce nuevos Juzgados; en Madrid, diez Juzgados, más dos plantas nuevas en la Audiencia Provincial; en Canarias, cinco Juzgados; en Castilla-La Mancha, otros cinco; Castilla y León, cuatro, como Galicia y Región de Murcia: Baleares, tres, uno de los cuales de transformación; Extremadura, dos Juzgados; País Vasco, dos Juzgados y Aragón, Asturias, Cantabria y Navarra, un Juzgado.

De ellos, en el orden civil, 54 Juzgados y dos plazas de magistrado de Audiencia Provincial, de los cuales, seis Juzgados son de lo Mercantil; Civil y Penal, ya saben, cuando coincide la primera instancia y la instrucción, veintiún Juzgados; Social, nueve Juzgados; Penal, seis Juzgados de lo Penal y uno de Vigilancia Penitenciaria y un nuevo Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, les informo de que el Gobierno ha acordado la no continuación del procedimiento de extradición, solicitada por las autoridades de Turquía, de Erdogan Akhanli, ciudadano de nacionalidad alemana y turca. Este acuerdo es análogo al que se adoptó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre en relación con la no continuación en vía judicial del procedimiento de extradición solicitado por las autoridades de Turquía de Hamza Yalçin, de nacionalidad sueca y turca. La denegación se funda en las mismas circunstancias.

También quiero poner en su conocimiento que el Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la ilusión fiscal, y su protocolo. El actual Convenio entró en vigor en 1980 y con el Convenio cuya firma hoy se autoriza lo que hacemos es modernizar el marco tributario bilateral al presente entorno económico, y es importante dada la importante colonia rumana en nuestro país. Tiene dos objetivos: por un lado, evitar la doble imposición ofreciendo un tratamiento tributario adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollan actividades económicas en el ámbito internacional, y facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales para el desempeño de sus funciones para prevenir la evasión y la ilusión fiscal.

Además, hemos aprobado un cambio presupuestario para suscribir un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la Autopista Vasco-Aragonesa en el que se establecen los términos para la reducción del peaje para los vehículos de la categoría "pesados 2" en la Autopista P-68, en el tramo entre Zambrana y Tudela. Lo que se hará es establecer el desvío de vehículos pesados tipo 2 del tramo de la N-232 entre Zambrana y Tudela hacia la AP-68. Para compensar este desvío obligatorio se bonifica la tarifa a cobrar a estos vehículos pesados en un 75 por 100, siempre y cuando se realicen movimientos internos y se utilice como forma de pago del peaje el sistema "Vía T", en el tramo AP-68 comprendido entre ambas localidades.

Por último, el Gobierno también ha aprobado la firma ad referéndum del Protocolo de Adhesión del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador. Se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse. El protocolo es un acuerdo mixto, toda vez que, junto a la Unión Europea, también participan sus Estados miembros y, por la otra parte, Colombia, Perú y Ecuador.

A través de este protocolo, lo que hacemos es que la Unión Europea y Ecuador se erigen en socios iguales y privilegiados. Ecuador se beneficiará de un nuevo acceso al mercado de la Unión y obtendrá mayor transparencia y seguridad para sus exportaciones e inversiones. La incorporación de Ecuador al Acuerdo es un reflejo de la voluntad de la Unión Europea de contribuir a la integración de la región andina.

En el plano político, este acuerdo representa un instrumento de gran importancia para el acercamiento entre la Unión Europea y Ecuador, y, por tanto, constituye un elemento altamente positivo en el marco de la estrategia, siempre apoyada por España, de estrechar los vínculos entre Iberoamérica y la Unión Europea.

En definitiva, Ecuador se beneficiará de un nuevo acceso al mercado de la Unión de quinientos millones de consumidores y la Unión tendrá mayor transparencia y seguridad, tanto para sus exportaciones, como para sus inversiones en ese país.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta.

P.- Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Vicepresidenta, para evitar que se pase a la segunda parte del requerimiento que ha hecho el Gobierno a Carles Puigdemont, ¿tiene que hacer Puigdemont un rechazo explícito de la independencia de Cataluña? ¿Qué pasa si él dice que se ha declarado la independencia, pero que luego se ha suspendido? Esa respuesta, ¿cómo la analiza el Ejecutivo?

Vicepresidenta.- Como decía hace un momento, la pregunta que le efectúa el Gobierno al presidente de la Generalitat es muy sencilla. Simplemente, tiene que decir si "sí" o si "no" ha declarado la independencia, si sus declaraciones en el Parlament de Cataluña suponen esa declaración y si alguna otra autoridad catalana ha procedido a esa declaración. Por tanto, la pregunta es muy sencilla: es un "sí" o un "no", se ha declarado la independencia o no se ha declarado la independencia.

Hay una gran discusión entre todo el mundo, incluidas las filas del Gobierno que soporta la Generalitat, sobre si se ha producido o no se ha producido. Yo creo que en un tema tan importante como este no caben interpretaciones y lo mejor es acudir a la fuente, y la fuente es el señor Puigdemont que tiene que decir si alguna autoridad de Cataluña ha declarado la independencia, con toda sencillez.

P.- Lucía Gómez Lobato, de La Sexta Noticias. La pregunta es cerrada, ¿declaró usted la independencia, sí o no?, pero la respuesta que puede dar el president puede ser remitirle a sus declaraciones. Si eso es así, ¿qué tenemos que esperar? ¿Todo lo que no sea un "no" será considerado un "sí"?

Vicepresidenta.- En estos días todos, también ustedes, han especulado y han titulado diferente sobre si se ha producido o no una declaración, y eso era porque el discurso era claramente ambiguo. Por tanto, aquí lo que estamos es por resolver esa ambigüedad.

Por tanto, hay una primera fase de ese requerimiento en que sencillamente tiene que contestar a un tema que se plantea con toda claridad, si hay o no declaración de independencia; y, según esa respuesta, se activa o no la segunda fase del requerimiento, que es que la revoque. Si dice que ha habido una declaración de independencia, lo que se le pide es que la revoque y vuelva al orden constitucional y estatutario, y no den más pasos de cara a ese avance en el proceso constituyente que anunció ese día.

P.- Iñaki Aguado, de Informativos Tele-5. Vicepresidenta, en las últimas horas estamos asistiendo a una elevada tensión dentro del independentismo: presiones de la CUP, de la ANC y de cierto sector de Esquerra Republicana al president Carles Puigdemont. No sé si el Gobierno confía en que esas presiones no tengan éxito o ¿qué cree el Gobierno que va a pasar en este momento de esta cuenta atrás, en esta primera fase del requerimiento del Gobierno?

En un segundo término, hoy hemos escuchado al presidente de la Comisión Europea, al señor Juncker, decir que se han dado pasos para que la situación en Cataluña no se salga del control del Gobierno, pero que hay otras cosas que no se han hecho, que se puede hacer más. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Es la pregunta. No sé cómo interpretan estas palabras.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, yo creo que es una decisión que tiene que tomar el señor Puigdemont. Y no solo es que lo diga el Gobierno de España, porque a él va dirigido este requerimiento, sino porque también quienes han sido presidentes de esa Comunidad Autónoma consideran que la decisión depende de él, ni de la CUP ni de la ANC.

Yo creo que tiene una oportunidad. Creo que tiene que pensar en el futuro de Cataluña y de los catalanes en términos de bienestar económico y social. A mí me ha llamado poderosísimamente la atención, en la carta de la CUP, su último párrafo, que dice: "por ventura --estoy traduciendo, lo cual es ciertamente, por mi parte, osado; espero que me respeten si no lo hago bien, pero solo la tengo en catalán--, seguiremos sin el apoyo de los mercados ni de los Estados, seguiremos sin grandes riquezas naturales y sin unos poderes económicos que nos den apoyo".

Entonces, la pregunta es: si la estrategia es de la CUP, ¿dónde quieren llevar el bienestar social, el empleo y el crecimiento de Cataluña?

Yo creo que el Gobierno, con su posición, está dando una oportunidad a Puigdemont y al Gobierno de la Generalitat de que vuelvan al marco constitucional. Y enlazo con su segunda pregunta: es que España es un Estado soberano en que los españoles elegimos a nuestros representantes y nuestros representantes están sentados en el Congreso de los Diputados. Esos son los mediadores: los 350 diputados y otros tantos senadores, que representan al conjunto del pueblo español, donde se toman las decisiones que afectan al conjunto del país, donde estamos todos representados. Y ahí es donde el señor Carles Puigdemont puede comparecer, opinar y proponer lo que tenga por conveniente.

Por tanto, el Gobierno de España le recuerda que, dentro de la Ley y en el marco del Congreso de los Diputados, hay un diálogo a su disposición. Solo tiene que cumplir una cosa, que es la que se exige a cualquier ciudadano en su vida normal y ordinaria, cuanto menos a los que gobiernan, que es que cumpla la Ley. Ese es el marco en el que se pueden hacer muchas cosas.

Yo no voy a interpretar al señor Juncker. Me parece que ha puesto de manifiesto una serie de cuestiones importantes: que este asunto, indudablemente, es un asunto de España y de su Estado de Derecho, y lo ha repetido a lo largo de toda la historia; y que, además, abrir elementos como este puede llevar a inestabilidad a otras regiones en el conjunto de la Unión Europea.

Por tanto, todos tenemos que ser muy prudentes y consecuentes con lo que hacemos ahora, y el Gobierno de España hará lo que nos corresponde, que es respetar nuestro marco constitucional y, con eso, pedir respeto y reforzar el marco constitucional del conjunto de la Unión Europea. Esa es nuestra tarea.

Podemos hablar de muchas cosas del pasado y a cuándo se remontan. Tienen ustedes opiniones y responsables para todos los gustos; pero aquí se trata de construir pro futuro y la manera de construir es contestar con claridad a ese requerimiento por parte del señor Puigdemont, volver el señor Puigdemont a restaurar --fíjese lo que le digo, lo más importante: la convivencia ciudadana-- en Cataluña la convivencia ciudadana, que ya ve cómo está, y a remitir dentro de la Ley al Congreso de los Diputados, donde se le ha ofrecido venir en bastantes ocasiones y hacer allí sus planteamientos.

La democracia… Todas son instituciones democráticas pero, si hay una institución que es democracia pura en nuestro sistema constitucional, es el Congreso de los Diputados y el Senado de la nación.

P.- Marcelo Moncayo, de NTN 24. Vicepresidenta, quiero aprovechar que usted mencionó a Ecuador y quería saber si es que, entre esos acuerdos comerciales a futuro, se está tratando también de continuar con algún anuncio que había hecho en campaña el presidente Rajoy de la eliminación de la visa a los ecuatorianos para venir a España y a la Unión Europea, tal y como se hizo con Colombia y el Perú.

Vicepresidenta.- Entre las responsabilidades que asumimos, y con gusto, en el conjunto de la Unión Europea está servir de enlace, de puente, entre Iberoamérica y el conjunto de la Unión Europea. Fue un empeño del presidente Rajoy la eliminación del requisito del visado para Colombia y Perú. Nosotros pensamos que es un elemento muy positivo para fortalecer la relación entre ambos marcos, entre la Unión Europea y el conjunto de Iberoamérica, y creemos que este acuerdo para Ecuador, esta adhesión o esa posibilidad de adhesión a este acuerdo para Ecuador, es muy positivo y reforzará la relación entre ambos elementos.

Yo creo que del refuerzo de esa relación viene la confianza y desde esa confianza se pueden dar los siguientes pasos que, como bien recuerda usted, el presidente Rajoy comprometió y es persona que suele cumplir sus compromisos. No depende solo de nuestra voluntad, pero trabajaremos de la misma forma que lo hicimos con el caso de los visados para los ciudadanos colombianos y peruanos.

P.- Anabel Díez, de "El País". Vicepresidenta, ¿tienen ustedes, el Gobierno, acordado con el Partido Socialista los detalles de las medidas que tomarán si la respuesta del señor Puigdemont, tanto al primer requerimiento como al segundo, no se ajusta a lo que se le pide? ¿Tienen ustedes acordadas las medidas? Está claro que entra dentro del amparo del artículo 155 de la Constitución, que es el que se cita en distintas ocasiones en el requerimiento? ¿Es así, está dentro del 155? ¿Hay otras medidas paralelas". Y dentro de las del 155, ¿usted cree --usted es abogada del Estado, pero hay mucho debate entre constitucionalistas--, de acuerdo con el 155, que se puede intervenir la Presidencia del Gobierno de la Generalitat, por ejemplo, para convocar elecciones?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, sobre el grado de consenso con el Partido Socialista, yo quiero poner en valor que a lo largo de todas estas semanas hemos mantenido un contacto muy cercano con el Partido Socialista para abordarlas, no solo el último requerimiento, sino distintas cuestiones previas al mismo. Yo creo que ahí hay un clima forjado para trabajar juntos en buscar la mejor solución a este punto. Creo que se vio en el pasado debate en el Congreso de los Diputados y va, tanto en la línea de actuaciones y medidas a adoptar en pasos subsiguientes, como en esa oferta de diálogo dentro de la Ley y en el marco de la Constitución, en el marco del Congreso de los Diputados.

Yo quiero poner en valor que es la mayoría de la Cámara la que le está diciendo al presidente Puigdemont que acuda, dentro de la Ley, al Congreso de los Diputados a exponer, en esa comisión que se ha pactado y que va a empezar a trabajar, lo que tenga por oportuno. Yo creo que eso es importante ponerlo en valor.

Sobre el segundo de los elementos, nosotros vamos paso a paso y estamos en el momento primero de ese requerimiento. Yo creo que el señor Puigdemont está en su mano evitar actuaciones posteriores. Está en su mano, depende de su voluntad, y tiene un margen amplio para poder evitar actuaciones posteriores. Está en su mano. Viene un fin de semana de reflexión, con puente de por medio, y yo creo que tiene, de verdad, la capacidad para restaurar la convivencia entre los catalanes, que es lo primero que tenemos que hacer la gente que tenemos alguna responsabilidad del Gobierno.

Me pregunta usted si el requerimiento está dentro o no del 155. El requerimiento es previo para poder adoptar las medidas del artículo 155. Antes de proceder a adoptar, previo Consejo de Ministros, por el Senado medidas del 155, hay que requerir al presidente de la Comunidad Autónoma, porque hay que darle la oportunidad, voluntariamente, de volver al orden constitucional y estatutario. Eso es lo que hace ese requerimiento, darle la oportunidad de voluntariamente volver, en cuyo caso ya no se avanza más en ese esquema. Eso es el requerimiento que plantea este proceso: antes de adoptar cualquier medida, usted le tiene que dar al presidente de la Comunidad Autónoma la oportunidad de volver. Y eso es lo que se hace.

Yo no voy a anticipar medidas que no tienen por qué adoptarse si el señor Puigdemont coge ese guante, vuelve al orden constitucional y estatutario, y acepta el diálogo que puede tener, dentro de la Ley, en el Congreso de los Diputados.

P.- Mariano Calleja, de "ABC". Vicepresidenta, dice que no va a anticipar medidas; pero lo cierto es que esas medidas no están establecidas en ningún sitio. Me gustaría saber si el Gobierno ha pedido algún tipo de informe al Consejo de Estado para saber qué límites tiene la aplicación del artículo 155 y si la aplicación de este artículo podría afectar al Parlamento autonómico de Cataluña. Es decir, ¿están estudiados esos límites o es un artículo totalmente abierto?

En esta línea, también me gustaría saber si la intención del Gobierno es aplicar las medidas que sean con inmediatez, o van a abrir un período de reflexión también, después de que se cumpla el plazo del jueves, y de negociación con el Partido Socialista, o va a ser el mismo jueves o el viernes cuando se tomen esas medidas?

Vicepresidenta.- Como le decía a su compañera, no vamos a hablar de medidas ni vamos a situarnos en futuribles, porque hay un paso previo fundamental, que depende única y exclusivamente de la voluntad y la respuesta del señor Carles Puigdemont. Entonces, como comprenderá, todo lo demás es segundas partes. La primera parte, la importante, es si el señor Carles Puigdemont tiene voluntad de dialogar donde se dialoga: dentro del marco de la Ley; el resto son imposiciones. Dentro del marco de la Ley y en el Congreso de los Diputados se habla en democracia; fuera de ahí no se habla en democracia, no se habla dentro de la Ley y eso no es diálogo, sino otras formas de actuar.

P.- Carmen del Riego, de "La Vanguardia". Dice usted que el señor Puigdemont todavía puede volver a la legalidad y que esto supone una oportunidad. ¿Es la última oportunidad que tiene Carles Puigdemont?

Vicepresidenta.- Es la oportunidad más importante que tiene, y, además, es que la tiene inmediatamente. Tiene encima de la mesa la oportunidad de solventar esta cuestión cuanto antes porque, como estamos viendo, está perjudicando seriamente a la economía catalana, entre otras cuestiones. Está sumiendo a Cataluña en una inestabilidad que tiene consecuencias económicas. Hemos visto la salida de las empresas, estamos viendo cómo se están perjudicando la marca "Cataluña" y la marca "Barcelona", porque los datos que yo he dado son de reservas hoteleras en Barcelona. Estamos viendo cómo la inversión empieza a retraerse en esa Comunidad Autónoma, mientras crece en el conjunto de España.

Entonces, si quiere parar esta deriva que no tiene ningún sentido y que solo perjudica a los catalanes, aparte de dividirlos, tiene que pensar que no debe empobrecerlos, ni dividirlos ni empobrecerlos, y la manera que tiene es aceptar esta oferta sensata y moderada de la mayoría de los representantes del pueblo español; no solo del Gobierno, de la mayoría de los representantes del pueblo español.

P.- Estefanía Molina, de "El Nacional". Vicepresidenta, disculpe que vuelva sobre la pregunta, pero quisiera saber si, a priori, para mantener la línea que ha mantenido el Gobierno hasta ahora, pretende una intervención mínima, en caso de que haya que aplicar el 155.

En segundo lugar, si Puigdemont contesta "no", ¿entendemos que se vuelve automáticamente al escenario de los días 6 y 7, que el Gobierno ha reivindicado como el punto donde se rompió la legalidad constitucional?

Y volviendo al gesto de este lunes de Puigdemont, quisiera saber si considera el Gobierno que Puigdemont, en cierto modo, llevó allí a cabo una estrategia política que era echarle el guante al Gobierno para que, en caso de que el Gobierno no se abriese a dialogar, la opinión internacional descargara la culpa, por así decirlo, en ustedes.

Vicepresidenta.- Primer punto, como yo decía, no voy a hablar de los términos de la intervención, porque no vamos a hablar de las medidas. Si el señor Puigdemnont quiere, no tenemos por qué hablar de las medidas. Entonces, primero, hay que darle esa oportunidad de que evite que tengamos que adoptar decisiones ulteriores.

Si contesta que "no", que no se ha producido esa declaración, no se activa la segunda parte del requerimiento y lo que entendemos es que se abre a volver a la senda de la legalidad y, en su caso, si él lo desea, en esos cauces de la legalidad, a hacer los planteamientos que estime oportunos; que, por tanto, esas leyes que están suspendidas siguen suspendidas, y por tanto son inaplicables, y que su intención es volver al orden constitucional y estatutario.

Sobre la tercera de las cuestiones, probablemente eso se lo puedan contestar mejor los estrategas de la comunicación de la Generalitat de Cataluña. Pero es pretender mucho porque, ¿cómo le vendes tú a la Comunidad Internacional que no quieres volver a la Ley y que no quieres ir al Congreso de los Diputados, donde te están diciendo…? ¿Cómo le explicas tú a ningún Estado democrático, que tienen separación de poderes y tienen sus Parlamentos, que en una Comunidad Autónoma o un determinado ente territorial su presidente no quiere ir a hablar al Congreso de los Diputados delante de toda la soberanía, donde están representados todos los partidos políticos, incluidos los que sustentan al Gobierno?

Entonces, una cosa es lo que se pretenda vender y otra cosa es cómo son las cosas. El conjunto de Estados de la Unión Europea, y han visto ustedes las declaraciones de sus distintos representantes, han dicho: respeto a la Ley y al Estado de Derecho, que es lo mismo que piden en sus países. No veo yo a ningún dirigente democrático que vaya diciendo que otros no cumplan la Ley y que la nuestra, sí. Y, en segundo lugar, todo país democrático que tiene un Parlamento soberano es plenamente consciente de que ahí es donde se debate.

Por tanto, yo no entro en lo que hagan sus estrategas de comunicación pero, cuando a uno le dicen "nosotros somos los del diálogo pero, ojo, fuera de la Ley, y no queremos ir al Parlamento de la nación a explicarnos", la gente dice: ¡ah!, esto no debe ir de diálogo; esto va de otra cosa porque el diálogo es dentro de marco del Estado de Derecho y siempre dentro del marco democrático y de las instituciones. Y, como digo, la democracia en estado puro en España se ejerce en el Congreso de los Diputados y en el Senado de la nación.

P.- Ana I. Gracia, del diario "El Español". Vicepresidenta, tenía dos preguntas para usted. El presidente del Gobierno le encomendó en esta Legislatura llevar a buen puerto la "operación diálogo" con Barcelona y es evidente que esa operación ha fracasado. ¿Asume usted algún error en su estrategia para que hoy estemos en el punto en el que estamos?

También me gustaría saber si en los últimos días ha habido algún tipo de contacto entre el Gobierno y la Generalitat para intentar que todo se quede aquí.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, me resulta muy útil porque aquí, como estamos hablando del responsable del no diálogo, usted pone de manifestó cómo a lo largo de todos estos meses desde el Gobierno de la nación se ha intentado encauzar el diálogo con la Generalitat de Cataluña. El problema que tuvimos es que era "referéndum sí o sí". Y probablemente, y lo digo en primera persona, haya cometido muchos errores; pero no he cometido el error mayúsculo, que es negociar por cuenta del Gobierno con la soberanía del conjunto del pueblo español.

Se podía hablar de muchas cuestiones. De hecho, se hizo una Conferencia de Presidentes, que fue exitosa, donde se llegó a once acuerdos; donde el señor Puigdemont no quiso ir, porque no le pareció oportuno, y donde, ni más ni menos, se está hablando de uno de los temas más importantes del Estado autonómico. Unos hablan mucho de competencias, pero a los que gestionan les gusta hablar bastante de la financiación de esas competencias, y ahí están en el no diálogo por incomparecencia, están allí sentados.

El presidente del Gobierno ha planteado muchas iniciativas y el Gobierno de la Generalitat ha mostrado poca intención de sentarse; pero ese diálogo también nos ha permitido otras muchas cosas que son importantes y es hablar con mucha gente de la sociedad catalana que no coincidía con las opiniones de la Generalitat y de quienes sustentaban políticamente al Gobierno de la Generalitat. Y eso que hemos visto ahora lo hemos podido ver a lo largo de todos estos meses hablando directa e inmediatamente con otros partidos políticos, que se han sentido muy acosados en sus cargos electos durante todo este tiempo; con muchas asociaciones, con muchas empresas y con mucha sociedad civil, y fue sea sociedad civil la que salió a la calle en Barcelona para reclamar esa convivencia y esa vuelta a la legalidad.

Por tanto, "referéndum sí o sí", eso no lo puede autorizar ningún Gobierno. De hecho, no lo ha autorizado en España ningún Gobierno con anterioridad y de esto hay precedentes. Ahí no podíamos llegar, pero sí nos hemos esforzado, y mucho, en que esta inestabilidad no generara daño al conjunto de los catalanes.

El FLA es también un diálogo con los catalanes, son 70.000 millones de financiación y, si no me falla la memoria, en todo lo que dure esa financiación, un ahorro --que eso es un ingreso limpito-- de trece mil millones de euros en intereses. Pues mire, yo creo que el diálogo se demuestra practicando y no me parece una mala cantidad para demostrar el diálogo con la sociedad de Cataluña.

Sobre los contactos entre el Gobierno y la Generalitat, hay uno muy transparente y es ese requerimiento.

P.- Marisa Piqueras, de Europa Press. Vicepresidenta, usted invitaba al señor Puigdemont a ir al Congreso a explicar sus propuestas dentro de la Ley. Este martes, el secretario general del PSOE anunció que había acordado con el presidente del Gobierno una reforma de la Constitución, abrir esa reforma en el año 2018. El señor Rivera ha dicho que el PSOE lo que quiere es una nación de naciones y una reforma de la Constitución para contentar a los nacionalistas. Yo quería saber si en ese acuerdo entre el señor Sánchez y el presidente del Gobierno se han fijado líneas rojas y si bajo ningún concepto se va a tocar el artículo 2 de la Constitución.

Vicepresidenta.- Hemos abierto una comisión de estudio e, indudablemente, primero hay que celebrarla y luego sacar sus conclusiones. Y como decía muy bien el presidente del Gobierno en el debate del otro día, se abre esta comisión y allí cada uno planteará lo que tenga por conveniente, y el partido que sustenta al Gobierno llevará sus aportaciones y su visión, como lo puede llevar cualquier otro partido, y trabajaremos por el consenso, porque esa es la forma de llevar a cabo una reforma de la Constitución.

Pero, indudablemente, esto tiene que empezar a andar y ver cada uno qué tal, en el bien entendido, como yo decía al principio de mi intervención, que nuestro objetivo es trabajar por el bienestar de los ciudadanos y que lo que se haga sea fundamentalmente pensando en que los ciudadanos van a estar mejor atendidos y mejor gestionado nuestro Estado de las Autonomías con los cambios que, si llega el caso, se acuerden y puedan en su caso aplicarse.

Muchísimas gracias.