Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes a todos. Paso a darles cuenta de los acuerdos de Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, y permítanme, como hago siempre, hacer una valoración política de los acontecimientos de la semana.

Empezaré diciéndoles que el próximo 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña. Ese referéndum que fue convocado en su momento, como ha recalcado el Gobierno, lo hizo sin legalidad. La Ley reguladora del referéndum y los decretos de convocatoria fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional. La Ley del referéndum fue aprobada contra la advertencia hecha por los letrados y el secretario general del Parlamento, y el aviso de inconstitucionalidad del Consell de Garantía Estatutarias, que es el supremo órgano consultivo de la Generalitat que informa sobre la constitucionalidad de las leyes.

El debate de la Ley se sustanció en seis horas, en una sesión del Parlamento que no había sido convocada con un orden del día a tal fin, en la que se silenció a la oposición y se atropellaron sus derechos a hablar, a enmendar y reclamar el informe del Consell de Garantías. La Ley, el decreto de convocatoria, el decreto de normas complementarias y la constitución de la Sindicatura Electoral fueron suspendidos inmediatamente por el Tribunal Constitucional.

Es un referéndum sin Sindicatura Electoral. El Tribunal Constitucional apercibió con multas coercitivas a la Sindicatura Electoral: doce mil euros diarios a los cinco miembros y seis mil euros a los quince miembros de zona. Renunciaron todos ellos, lo hizo público el Gobierno de la Generalidad y su renuncia fue publicada en el BOE.

Es un referéndum sin campaña electoral neutral. La Guardia Civil requisó más de 1.500.000 carteles. Aparecieron, junto a los carteles institucionales invitando al voto, los que pedían el "sí" y los propios de la CUP. La mayor parte de la prensa, sin campaña institucional, tras la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Es un referéndum sin papeletas y otra documentación oficial. La Guardia Civil ha incautado más de diez millones de papeletas, más actas de constitución de mesa, listado de votantes y acta de escrutinio. En la tarde del jueves se produjo otra requisa: más de cinco millones de sobres y 2,5 millones de papeletas.

Es un referéndum sin mesas electorales. La Guardia Civil interceptó en Unipost las notificaciones oficiales a los presidentes, vocales y miembros de las mesas. Por tanto, no hay notificación oficial de constitución de mesas electorales.

Es un referéndum sin censo oficial y sin protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos, y ante consultas recibidas por ciudadanos, ha dicho que había una posible infracción de la normativa en la que podían incurrir los integrantes de las mesas electorales, en el caso de que tratasen y cediesen datos de un denominado "censo electoral catalán", y podrían incurrir en sanciones tipificadas en la Ley con multas de cuarenta mil a trescientos mil euros.

Es un referéndum sin tarjetas censales. Nadie ha enviado tarjetas censales y nadie ha recibido tarjetas censales, en contra de lo que había prometido el señor Junqueras.

No hay administración electoral. El Gobierno cesó a su máximo responsable para intentar eludir la multa coercitiva de doce mil euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional.

Es un referéndum sin locales autorizados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un auto ordenando el cierre y precinto de los colegios electorales. Oímos que el Gobierno ha incluido entre los locales de votación hospitales y centros de atención primaria, residencias de ancianos y guarderías infantiles. En las últimas horas también hemos oído hablar de plazas públicas como lugar de votación.

Por tanto, son ejemplos, además, del caos organizativo o improvisación.

Recuerdan ustedes que el presidente Puigdemont dijo que la votación iba a ser como siempre y lo que estamos viendo es que quieren que haya una votación como sea. Pero, insisto, no habrá referéndum el 1 de octubre y no lo habrá porque, como lo ha dicho, ya no solo el Gobierno, sino la Comisión de Venecia, que es el supremo órgano del Consejo de Europa que vela por la legalidad de los procesos electorales… Lo ha dicho el secretario general de esta Comisión de Venecia, el señor Thomas Marker, el pasado miércoles 27 de septiembre: este referéndum no cumple con los estándares de su institución. El señor Marker ha subrayado que la consulta no se aviene con el código de buenas prácticas para referendos de este organismo, ya que no respeta la Constitución Española, y Marker ha considerado que Cataluña no ha seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia para ello.

Asimismo --me lo han oído ustedes muchas ocasiones--, es importante destacar, y el Gobierno lo quiere recalcar, cómo este proceso secesionista desde el principio es ilegal y está basado en actos ilegales. La obligación, por tanto, del Estado de Derecho y de todo Gobierno es impedir que pueda materializarse. La iniciativa de los secesionistas es pura, lisa y llanamente la pretensión de ruptura de nuestro país. Como el referéndum no se va a celebrar, como no va a tener efecto político alguno, esa pretensión carece de utilidad más allá de los daños, de los perjuicios y del deterioro que están provocando.

El Gobierno quiere destacar cómo los responsables de todo ello son los líderes y dirigentes políticos que lo ha provocado, los de la Generalidad de Cataluña y sus socios parlamentarios de la CUP. Ellos son los responsables y ellos son los que tendrán que responder en un Estado de Derecho.

Quiero también señalar cómo estamos en presencia de un proceso continuado de desobediencia institucional contra una democracia europea, acreditada y prestigiosa como es la española. Y este proceso acontece en pleno siglo XXI contra un Estado miembro de la Unión Europea.

Queremos recordar también cómo los responsables incurren en una muy grave deslealtad institucional, de la que sin duda responderán, del conjunto de esas actuaciones, ante los tribunales de justicia, como sucede en cualquier democracia europea, ni más ni menos. Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales de justicia.

Y esto en un momento, además, en que España está viviendo uno de los períodos más fructíferos de su historia, con estabilidad constitucional, con desarrollo económico, con modernización social, con prosperidad y bienestar.

Cataluña ha sido una parte esencial en el desarrollo del proyecto político nacional y ha podido desarrollar plenamente su sistema de autogobierno, tal y como prevé su Estatuto de Autonomía, que encuentra su reflejo en la propia Constitución Española. La lengua y la cultura catalanas han alcanzado unos niveles de florecimiento e influencia desconocidos en su historia. El desarrollo de su autogobierno por las competencias transferidas y la asignación de recursos alcanza los máximos baremos europeos. El progreso de la sociedad ha sido intenso en todos los órdenes. No hay que olvidar que España es hoy el séptimo país de la OCDE según el baremo del poder fiscal descentralizado, y el primero en intensidad de su descentralización entre los años 1995 y 2004.

Por eso, es tan desatinado, tan desproporcionado, injusto y doloroso este proceso que busca la ruptura territorial de nuestro país, impulsada por unos dirigentes secesionistas al margen de la Ley y de los procedimientos democráticos.

Como hemos recalcado desde aquí en varias ocasiones, este referéndum, esta pretensión de referéndum, va dirigido contra el pueblo catalán. Contra ese pueblo actúan quienes se arrogan en exclusiva su representatividad y coaccionan, marginan, señalan o persiguen a los que no piensan como ellos, y contra ese pueblo catalán dirigen las consecuencias negativas de sus actos. Estas consecuencias negativas dejan una secuela, y lo hemos dicho también en numerosas ocasiones: al Gobierno le preocupa la fragmentación de la sociedad catalana que, desafortunadamente, ha llegado incluso al núcleo más básico de la familia o a las amistades personales. Esta dinámica de enfrentamientos, cuyos responsables son los secesionistas, debilita la unión y la fortaleza de la estructura de la sociedad, y constituye el lamentable legado que van a dejar al pueblo de Cataluña.

Por eso, el Gobierno quiero reiterar que solo desde el pleno restablecimiento del principio de legalidad se podrá restaurar la convivencia democrática entre todos los catalanes, porque sin ley no es posible la libertad; porque las leyes no solo hacen posible y aseguran la convivencia, sino además constituyen la garantía precisa para salvaguardar nuestros derechos y libertades; y porque las leyes protegen a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, de la arbitrariedad y de los malos gobernantes. Sin leyes el poder siempre estaría en manos de los poderosos, porque las leyes obligan a todos --recalco "a todos"-- a ser cumplidas porque nadie está por encima de la Ley.

Por tanto, la convivencia y el progreso, es decir, el crecimiento, el empleo, la modernización y el bienestar, no son posibles al margen del imperio de la Ley y de las pautas del Estado de Derecho.

Todo lo que estamos viendo en estos días se dirige contra las leyes y contra la razón, y ha sido unánimemente rechazado: primero, en numerosas resoluciones ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, negándoles, por tanto, cualquier base legal; en segundo lugar, también es ilegal porque va contra el ordenamiento internacional, y especialmente el europeo. Lo ha dicho, y lo ha reiterado recientemente, el presidente del Parlamento Europeo, don Antonio Tajani: la Constitución de un país es parte del marco jurídico europeo. Quien atenta contra la Constitución de un país atenta también contra Europa, atenta también contra el Tratado de Lisboa y el artículo 5, que consagra el principio de integridad territorial de los Estados miembros. Y es público y notorio que el Gobierno español ha recibido el apoyo unánime de todas y cada una de las instituciones europeas y de todos y cada uno de los miembros que componen la Unión Europea.

También, la pretensión de celebrar un referéndum de autodeterminación choca contra todas las prácticas constitucionales de nuestro entorno. Ninguna Carta europea reconoce el derecho a la secesión. Y tampoco parece que ese derecho a la autodeterminación estuviera entre las prioridades de los dirigentes catalanes hace poco tiempo, porque el señor Puigdemont votó en contra del derecho de autodeterminación en Kurdistán o en el Sáhara, y porque, cuando en algún caso, como en el año 2014, algunos municipios catalanes, más de un centenar, quisieron poner otras urnas para ejercer también su derecho a decidir, el presidente Mas, l entonces presidente Mas, mandó a los Mossos d'Esquadra precisamente para cumplir con la Ley porque aquello era ilegal.

El Gobierno cumple, ha cumplido y cumplirá con su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, respondiendo con firmeza y siempre interesado en preservar la concordia cívica y no debilitar más el equilibrio social maltrecho por esta fractura producida por los secesionistas. Pero el Gobierno incumpliría su obligación si no denunciara la vulneración de los principios democráticos más elementales, así como los atentados contra derechos y libertades.

Todos recordamos los acontecimientos de los días 6 y 7 de septiembre en el pleno del Parlamento de Cataluña, donde se aprobaron estas leyes, luego suspendidas por el Tribunal Constitucional, y que constituyen una de las más vergonzosas páginas políticas que ha podido contemplar nuestra más reciente historia democrática.

La lección que no debemos olvidar es que allí quedó calificada y definida una forma de hacer política, ajena a los usos y comportamientos democráticos más elementales. Fueron unas actuaciones que traslucieron el espíritu de arrinconar, incluso expulsar, a todo aquel que no siguiera sumisamente los planteamientos de los secesionistas. Allí quedaron patentes su falta de cultura y convicciones democráticas, y su propensión a la ficción renunciando a la verdad. El Gobierno de Cataluña y sus socios de la CUP pretendieron en estos días de septiembre la suplantación y derogación de la legalidad democrática para imponer procedimientos anticonstitucionales.

La semana pasada les hablé del coraje cívico de los alcaldes de más de doscientos municipios que se han negado a colaborar con un referéndum ilegal y que están sufriendo el señalamiento o el acoso de las amenazas de los secesionistas. Les hablé también del hostigamiento que han sufrido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Quiero resaltar aquí que los Mossos d'Esquadra son Estado y están, por tanto, sometidos al Poder Judicial. Son la policía integral de Cataluña por delegación del Estado, vía el artículo 150.2 de la Constitución. Su obligación es ser leales al ordenamiento constitucional y estatutario, garantizando el cumplimiento de las leyes y estando como policía judicial, por tanto, al servicio de la Justicia.

Quiero volver a ponderar el trabajo que realizan estos tribunales de justicia en la defensa del cumplimiento de las leyes y quiero recordar la dignidad con que realizan sus funciones, ajenas a las coacciones y amenazas como las que ha sufrido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como también han sido señalados y acosados los negocios de particulares, o las sedes de los partidos políticos no secesionistas, o clubs deportivos, o funcionarios públicos, o periodistas, o medios de comunicación. Esto ha provocado las protestas de Reporteros sin Fronteras, que han pedido respeto al libre ejercicio del periodismo en Cataluña. Periodistas locales y corresponsales extranjeros han denunciado campañas de ciberacoso en redes sociales y presiones propagandísticas de la Generalidad.

O también el señalamiento y las represalias a los firmantes del manifiesto firmado por intelectuales de izquierda titulado "1 de octubre, la estafa antidemocrática"; señalamiento por parte de los que no admiten que se pueda tener otra forma diferente de pensar.

Y ahora, en la última semana, hemos visto cómo los grupos secesionistas también han atacado a personas muy respetables y que forman parte de la vida de todos los españoles, y pienso en Joan Manuel Serrat, precisamente por haber dicho que esto no era un referéndum transparente, por haber dicho que los procedimientos empleados en el Parlamento que pretendían oficializar la ruptura con España marginaban al resto de las fuerzas políticas y por haber dicho algo que pensamos muchos.

Lo último que quiero poner de manifiesto también es la deleznable utilización de niños en los actos propagandísticos de los grupos secesionistas. En este sentido, desde el Ministerio de Educación hemos realizado un requerimiento a la consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña ante actos como los que acabo de enumerar.

Por tanto, ante estos acontecimientos que acabo de decir, que son un desatino injusto y doloroso, quiero recordar también que para el Gobierno el balance que España, y por tanto Cataluña también, ha logrado a lo largo de estos últimos cuarenta años de democracia no puede ser más positivo. Lo digo en unas fechas en las que estamos recordando el restablecimiento de la Generalidad y el presidente Tarradellas. Hemos construido juntos nuestro edificio constitucional, que ha permitido un fructífero período histórico de paz, convivencia y libertad.

Cataluña ha tenido un sistema de autogobierno a través de un Estatuto fruto del consenso constitucional. España, y con ello Cataluña también, es un país europeo estimado en Europa, que forma parte del núcleo básico de decisiones de la Unión Europea y que ha visto culminada esa vocación europea y atlántica.

España y Cataluña han multiplicado en estos años su renta per cápita por doce, el gasto social se ha multiplicado casi por cuatro y representa hoy más del 56 por 100 del PIB en políticas sociales. Tenemos un más que estimable Estado del Bienestar, las pensiones en estos años se han multiplicado por nueve, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, somos una potencia turística de primer orden, también nos hemos convertido en una potencia exportadora --alrededor del 30 por 100 de nuestro PIB-- y tenemos unas excelentes infraestructuras.

Y somos un país, además, avanzado socialmente y solidario. Ayer mismo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el primer Pacto de Estado de esta legislatura: el Pacto de Estado contra la violencia machista; una muestra del tipo de sociedad moderna, civilizada y solidaria que entre todos hemos construido y que estamos construyendo todos estos años.

Por tanto, quiero decir con ello que el Gobierno, en el ejercicio constitucional de sus funciones, va a hacer cumplir las leyes e instar a que los procedimientos legislativos se adecúen al Derecho. Nadie está por encima de las leyes, todos somos responsables de nuestros actos y quien vulnere las leyes deberá enfrentarse a sus consecuencias.

El Gobierno defenderá el principio constitucional de soberanía nacional, que reside en la totalidad del pueblo español y no solamente en una parte de la misma. Vamos a defender la unidad constitucional de España, una unidad de ciudadanos libres e iguales de derecho. Y vamos a defender también la democracia liberal y representativa frente a los que alientan plebiscitos y eluden los controles democráticos. Defenderemos que todas las ideas puedan expresarse libremente, tanto en el seno de instituciones democráticas, como en los medios públicos, reconociendo y amparando el pluralismo político sobre el que discurre nuestra democracia.

Además de estos comentarios que quería hacerles de valoración de esta semana política, el Consejo de Ministros hoy ha tomado una serie de acuerdos.

En primer lugar, ha dado autorización al presidente del Gobierno para que presente tres recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas catalanas. Una de ellas es la Ley de la Agencia de Protección Social en Cataluña, que pretendía crear eso que denominan "estructura de Estado" para gestionar la Seguridad Social. La segunda es una ley de medidas de protección de derecho de vivienda en personas en riesgo de exclusión social; se trata de una ley en la cual --ha habido ya en otras Comunidades Autónomas-- el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y se refiere a puntos concretos de la misma, que afectan a las competencias del Estado. Y, en tercer lugar, la Ley de voluntades digitales, en la cual el Gobierno pidió a la Generalidad de Cataluña la creación o la constitución de una comisión bilateral para llegar a un acuerdo. La comisión se ha negado y, por tanto, el Gobierno va a acudir al Tribunal Constitucional para que sea este el que resuelva.

Asimismo, el Gobierno ha acordado la no continuación en vía judicial del procedimiento de extradición pasiva del periodista de nacionalidad sueca y turca don Hamza Yalçin. Como saben ustedes, el señor Yalçin, de origen turco, fue detenido el 3 de agosto en Barcelona, en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida por un juzgado de Ankara. El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional decretó su prisión provisional, aunque ayer decretó su libertad. Turquía imputa al señor Yalçin un presunto delito de fundar o de dirigir la organización terrorista Partido Frente de Liberación Popular de Turquía.

La Ley de Extradición Pasiva y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establecen que no se concede extradición cuando la persona reclamada tenga reconocida la condición de refugiado. En dos ocasiones las autoridades suecas concedieron asilo al señor Yalçin, manteniendo el estatuto de refugiado hasta que obtuvo la nacionalidad sueca en el año 2006. Por tanto, en virtud de lo expuesto, el Gobierno ha acordado la no continuación de la vía judicial del procedimiento de extradición y, por tanto, no extraditará al señor Yalçin, tal y como le había solicitado el Gobierno turco.

Asimismo, el Gobierno ha procedido hoy a distintos nombramientos: embajadora de España en la República Togolesa, doña Alicia Rico Pérez del Pulgar; embajador de España en la Unión de las Comores, a don Carlos Fernández-Arias Minuesa, y embajador de España en la Commonwealth de las Bahamas, a don Josep María Bosch Bessa. Se trata de embajadores que tienen acreditación múltiple.

Además, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe que ha elaborado el ministro de Asuntos Exteriores sobre la situación política en Europa. Ha escuchado su intervención en relación con las negociaciones del "Brexit" después del reciente discurso de la primera ministra May en Florencia. El Consejo de Ministros, como saben ustedes, valora muy positivamente la labor que está llevando a cabo el encargado, el negociador, por la Unión Europea, don Michel Barnier, y mantiene que la postura de la Unión Europea es la correcta: primero, ver cuáles son las condiciones de salida del Reino Unido. Saben ustedes que hay un procedimiento que se inició el pasado mes de marzo y el artículo 50 del Tratado establece dos años para llevarlo a cabo. La posición de la Unión Europea, detrás del señor Barnier, es la de, primero, negociar las condiciones de salida y, luego, establecer cuáles son las relaciones en el futuro entre la Unión Europea y Gran Bretaña.

Asimismo, también ha dado un repaso a las recientes manifestaciones e intervenciones de corte europeo en Alemania o en Francia, de la canciller Merkel o el presidente de la República Francesa. España forma parte del núcleo duro de la integración europea, cree que ha llegado el momento de dar una respuesta en Europa a las necesidades reales de los ciudadanos y cree que es necesario también mejorar y profundizar en la integración europea. Ha habido varios documentos que el Gobierno de España ha elaborado en los últimos años referidos a la Unión Económica y Monetaria o a la Unión Política. Hay sobre la mesa propuestas que nos parecen interesantes, como las listas transeuropeas o la reducción de la Comisión.

En todo caso, España manifiesta, una vez más, su plena disponibilidad a contribuir activamente en este proceso de construcción europea, que era una de las grandes vocaciones de los constituyentes en 1978 y continúa estando en el primer punto de las preocupaciones del Gobierno y de las ocupaciones del Gobierno, con la voluntad de que Europa siga siendo --fue en el siglo pasado la más hermosa utopía-- la más hermosa utopía también del siglo XXI.

Con esto doy por explicados los acuerdos del Consejo de Ministros y estoy a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacerme.

P.- Teresa Fernández-Cuesta, de Informativos Tele-5. Ministro, parece que la dirección política de los Mossos ni acata ni va a acatar las órdenes del mando único nombrado por el Ministerio del Interior. ¿Esto podría llevar al Gobierno a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Qué consecuencias tendría la aplicación de esa Ley?

En segundo lugar, quería preguntarle si, después del "no referéndum", si a alguien se le ocurre en Cataluña salir a un balcón y declarar la independencia, ¿qué salidas legales tiene el Gobierno?

Portavoz.- Respecto a la primera, lo he dicho antes en mi intervención: los Mossos son un cuerpo de seguridad del Estado y tienen la competencia en Cataluña pero, en virtud de la 150.2 de la Constitución, son una delegación que hizo el Estado. Yo estoy completamente seguro de que van a cumplir con la Ley y que van a cumplir, sobre todo, el mandato del juez, porque los Mossos están sometidos a la Ley, como todos. Y estoy seguro de que quien tiene que velar por el cumplimiento de la Ley no va a desobedecer a la Ley.

En cuanto a la segunda, ya sabe usted que a mí no me gusta hablar de futuribles ni de hipótesis. Hoy estamos donde estamos, cada día tiene su afán y veremos lo que sucede.

P.- José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Comenzaba su intervención diciendo que no habrá referéndum el domingo; también el presidente del Gobierno lo decía esta semana, y decía que, en todo caso, lo que habría es alboroto y ruido. No sé si el Gobierno teme que ese alboroto pueda derivar finalmente en violencia.

Por otro lado, ¿el Gobierno considera que es una dificultad añadida el llamamiento que están haciendo algunas asociaciones de padres para mantener los colegios abiertos durante todo el fin de semana con actividades extraescolares?

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, creo que el Gobierno ha sido suficientemente claro a lo largo de todos estos meses. Al Gobierno lo que le preocupa es la ruptura de la convivencia y la ruptura de la convivencia en Cataluña, el fraccionamiento de la misma, tiene unos responsables, que son los que cometen actos ilegales. Por tanto, ninguna duda sobre ello.

Al Gobierno le importa que haya algaradas o ruidos, como dice usted; le preocupa. El Gobierno cree que es muy importante, como hace él mismo, mantener la serenidad y la cabeza fría, y ha rogado, hemos rogado, ya en numerosas ocasiones a las autoridades de Cataluña que lo hagan también. No queremos que exista ninguna pérdida de paz, de cordialidad, de convivencia. Por tanto, estamos en ello y esperamos que eso sea así.

En la segunda pregunta a la que usted se refería, la verdad es que no deja de ser llamativo que algunas asociaciones de padres quieran abrir los domingos. A mí lo que me piden es que los niños tengan cada vez menos deberes y veo que algunas lo que quieren es que tengan, incluso, deberes los domingos. Creo que la juez ha sido meridianamente clara en este tema, creo que las órdenes del juez hay que cumplirlas y, por tanto, creo que la búsqueda de tretas para darle una vuelta a la Ley no es buena.

P.- Marta Gómez Montero, de varios medios de comunicación. Ustedes siempre han primado en estos días la firmeza y la proporcionalidad, y han puesto mucho en valor la unidad de los partidos constitucionalistas; pero, llegados a este punto y vista la contumaz determinación de desobedecer, utilizando, como decía mi compañero, incluso niños, ¿creen que han sido suficientes las medidas que se han tomado hasta el momento desde el Estado, desde el Gobierno, para hacer frente a lo que pueda ocurrir el domingo?

Portavoz.- Reitero lo que he dicho: no va a haber ningún referéndum, porque no hay ninguna garantía legal. Todos sabemos lo que es una consulta, todos; todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan. Las consultas tienen unos procedimientos y tienen unas normas, que son los que garantizan la transparencia y que son los que garantizan que el resultado se ajusta a la realidad de las cosas. Aquí no hay absolutamente nada de eso. Además, es ilegal.

Por lo tanto, el Gobierno está en la defensa del Estado de Derecho por medios legales, respetando la Ley. Usted misma lo ha dicho en su pregunta. Es que los secesionistas desobedecen la Ley, no les importan nada la Ley y dejan la Ley de lado, lo cual es muy grave, no solamente por el hecho en sí, sino por lo que tiene de posible responsabilidad en el futuro. Lo he dicho muchas veces: uno obedece la Ley porque la Ley nos hace a todos iguales ante ella. Si dejamos la interpretación de la Ley en manos de uno, en manos de los poderosos, que son los que tienen el Gobierno, en este caso, la arbitrariedad está servida.

Por tanto, el Gobierno ha actuado cumpliendo con la Ley, con arreglo a los procedimientos legales, y va a continuar y piensa continuar haciéndolo así.

P.- Lucía Gómez Lobato, de La Sexta Noticias. Quería saber qué dispositivo tiene preparado Moncloa para reaccionar ante lo que pueda ocurrir, si hay violencia o no, o si se valoran los resultados de lo que sea que ocurra el domingo. Si hay algo previsto por parte de Moncloa.

Portavoz.- Sin duda. Sin duda, lo habrá; sin duda, haremos un seguimiento y, sin duda, se lo comunicaremos en tiempo y forma. Pero sin duda lo habrá.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Ministro, sigue insistiendo en que no va a haber referéndum el próximo 1 de octubre, pero desde la Generalitat se está diciendo lo contrario: que va a haber referéndum el 1 de octubre. Van a abrir dos mil y pico colegios electorales --lo acaban de anunciar hoy--, las urnas no han aparecido, no se tienen noticias de las urnas; no así de las papeletas que se han confiscado. Es decir, ¿cómo cuadra todo esto? Y, sobre todo, si no hay un referéndum con garantías democráticas, ¿cómo calificaría lo que puede ocurrir el próximo domingo, porque desde la Generalitat se está insistiendo en que se va a votar?

Por otra parte, a partir del 1 de octubre, del día 2, ¿el señor Puigdemont seguirá siendo o va a ser un interlocutor válido para el Gobierno en la nueva etapa que se pueda abrir a partir del lunes?

Portavoz.- Como ustedes saben, porque yo creo que ya me conocen un poco de las veces que nos vemos aquí después de los viernes, yo soy una persona educada y respetuosa, y, por tanto, no me gustan los calificativos. Creo que hay cosas que se califican por sí mismas y creo que, cuando un Gobierno desobedece una y otra vez la Ley, se pone al margen de la Ley y utiliza todo tipo de tretas, de triquiñuelas, de añagazas, para dar una apariencia de referéndum a algo que no lo es… Ya antes he explicado por qué esto es "una consulta sin". Es que no hay ninguna garantía democrática. Y eso no es algo que diga solamente el Gobierno, que lo dice y lo proclama; es que lo dice la Comisión de Venecia y quiero recordar que la Comisión de Venecia es el supremo órgano del Consejo de Europa encargado de esto. Cualquiera se da cuenta de que aquí no hay ninguna garantía de ningún tipo.

Cuando uno va a votar, uno sabe qué día tiene que ir a votar y en qué mesa tiene que ir a votar. Hay una constitución de las mesas, ha habido una propaganda electoral, ha habido una campaña electoral, ha habido un censo electoral… Es que aquí no hay nada de nada.

Por tanto, lo que suceda el día 1 no será un referéndum. Eso es lo que dice el Gobierno, lo que dijo desde el principio el Gobierno y creo que es lo que está claramente a la vista de todo el mundo. Insisto, no solamente lo dice el Gobierno; lo dice también la Comisión de Venecia y lo dicen todos los organismos internacionales. Por tanto, nosotros seguimos estando en lo que estamos.

Respecto a su segunda pregunta, le reitero que en estos momentos el Gobierno está pensando en el 1 de octubre. El 2 de octubre será otro día. Pero creo que las personas que han actuado deslealmente en todos estos meses, que son, además… No lo olvide usted, el presidente de la Generalitat es la máxima autoridad del Estado en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Ha actuado con una deslealtad notable y se ha situado al margen de la Ley. Por tanto, el señor Puigdemont, al que le hemos hecho en muchas ocasiones llamamientos de volver a la Ley, que es de donde uno no debe salir nunca, será el que tendrá que ver si él puede ser interlocutor o no.

P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Dice usted que no habrá referéndum; pero el 9 de noviembre de 2014 también el Gobierno dijo que no iba a haber referéndum y después dijo que no hubo referéndum, para después reconocer que había habido una especie de referéndum y que no se volvería a repetir. ¿Puede haber el domingo un 9-N de nuevo?

Por otro lado, una puntualización a uno de los recursos de inconstitucionalidad que ha dicho: el de las voluntades digitales. Ha dicho que la comisión se había negado, o algo así. ¿Se ha negado la parte de la Generalitat de Cataluña a negociar un posible acuerdo? Es esa puntualización.

Portavoz.- Lo ha entendido usted muy bien. Efectivamente, como saben ustedes, cuando existe una discrepancia entre el Gobierno y, en este caso, la norma de una Comunidad Autónoma, su adecuación o no a la Constitución, hay un procedimiento previo previsto en las leyes para intentar llegar a un acuerdo. Eso se llama la comisión bilateral. El Gobierno solicitó la apertura de la comisión bilateral en este tema, que es un tema técnico en el ámbito de la Justicia, y por parte de la Generalitat de Cataluña no hubo respuesta a esa solicitud. Por lo tanto, el Gobierno entiende que no hay ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo y de ahí que haya autorizado al presidente del Gobierno a la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad.

Le reitero lo que he dicho antes: los antecedentes no cuentan, lo que cuenta es lo que van a suceder o lo que no va a suceder y el 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña.

P.- Cristina de la Hoz, de "El Independiente". Era un poco la pregunta al hilo de mi compañera, si va a haber otro 9-N; pero, sobre todo, teniendo en cuenta que se ha anunciado, por ejemplo, la utilización o el uso de niños para ocupar los colegios y han anunciado jornadas de puertas abiertas todo el fin de semana, que podrían hacer muy complicado, casi imposible, el desalojo de esos centros educativos convertidos en centros de votación; el hecho de que los Mossos hayan expresado reticencias; el hecho de que hoy los principales dirigentes independentistas hayan presentado unos contenedores a modo de urnas y hayan hablado de las mesas electorales, ¿va a hacer complicada, difícil, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir realmente que se vote?

Portavoz.- Contesto a la primeria parte de su pregunta. A mí me parece deleznable la manipulación de los niños en cualquier causa política y creo que eso pasa muchas líneas rojas. Me parece que los padres deberían reflexionar seriamente sobre el particular.

En segundo lugar, menciona usted unas declaraciones que han hecho tres responsables de la Generalitat de Cataluña, por cierto, creo que no en un lugar público, sino que creo que se han ido a una sede privada y creo que ha habido que pagar, incluso, Lo hemos pensado nosotros aquí, si vamos a cobrar aquí diez euros a la entrada pero, como ha tenido poco éxito, creo, al final hemos decido, evidentemente, que no iban a ser unos recursos importantes para el Estado y hoy no les hemos cobrado. Pero esto es un precedente interesantísimo, ¿verdad?: la presentación de unos contenedores o de unos cubos como urnas cobrando diez euros. No está mal como imaginación, ¿verdad?

La determinación del Gobierno, el mantenimiento del Estado de Derecho y, sobre todo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está muy clara. Yo lo que puedo decirle es que para el Gobierno es muy importante la convivencia y es muy importante evitar fracturas sociales. Por eso llamamos a la tranquilidad, a la serenidad, al sentido común y a no cometer actos ilegales, que es lo que es esa pretendida consulta del día 1.

Por tanto, desde el Gobierno hacemos ese llamamiento, una vez más; creemos que ese "seny" catalán debe preponderar sobre la "rauxa" y creemos también que es un momento de tener cuidado con las cosas que hacen unos y otros, y que pueden llevarnos a situaciones no queridas. El Gobierno siempre ha actuado con firmeza, siempre ha actuado también con serenidad y dentro, insisto, del respeto a la Ley.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Usted en su introducción ha recordado el apoyo de las instituciones europeas y de los Gobiernos europeos a la posición del Gobierno de Madrid. Ha citado a Tajani, yo creo, pero es verdad que el presidente de la Eurocámara, que forma parte de un partido que forma parte del Partido Popular Europeo, ha empezado a decir ya --creo que la primera vez fue ayer, pero hoy lo ha vuelto a repetir--, que sí, que el referéndum es ilegal, pero que desde el lunes mismo el Gobierno central se tiene que sentar y trabajar por una solución política. Quería recuperar una pregunta anterior: ¿el Gobierno está dispuesto a sentarse con Puigdemont, más allá de lo que él se considere a sí mismo? ¿El Gobierno cree que Puigdemont es un interlocutor válido o va a esperar a que haya esas elecciones anticipadas que tantas veces ha reclamado?

También recuperando la idea esta de la serenidad y la tranquilidad, que ha señalado más de una vez en esta rueda, ¿usted cree que el vídeo del PP del otro día, que tituló "Hispanofobia", llama a la tranquilidad y a la serenidad? ¿No es que remueve más las emociones y va a en el sentido contrario de lo que quiere el Gobierno?

Portavoz.- Respecto a la primera, cuando, cualquiera, al Gobierno le hablan de diálogo, el Gobierno responde siempre lo mismo y ustedes son testigos de que en todas las intervenciones que he tenido como representante, como portavoz, del Gobierno he dicho que estábamos dispuestos, abiertos, al diálogo dentro del marco de la Ley. Y comprenderá usted que nadie nos puede pedir, y desde luego no lo hace el señor Tajani, que dialoguemos fuera del marco de la Ley. Es que es imposible. Es que no cabe en ninguna cabeza de ningún dirigente político europeo que se pueda negociar con algo que no está en manos del Gobierno.

Por tanto, diálogo, siempre hemos estado dispuestos a ello, siempre hemos querido dialogar. Tengo que recordarles aquí que el presidente Puigdemont, cuando se le invitó a la Conferencia de Presidentes en el Senado, dejó la silla de Cataluña vacía, pese a que había temas muy importantes que afectaban a educación, que afectaban a la sanidad, que afectaban a la dependencia, que afectaban a la financiación o a las infraestructuras. La dejó vacía.

Y, cuando desde aquí también se le ha dicho al presidente Puigdemont "si usted lo que quiere es hacer un referéndum de autodeterminación --eso es la secesión-- que no está contemplado en la Constitución, la única manera de obtener ese objetivo es modificando la Constitución", y eso no está en manos del Gobierno. El Gobierno en nuestro país, atendiendo a la Constitución, no puede modificar unilateralmente la Constitución. Eso tiene que hacerlo… Es un procedimiento establecido en las Cortes. Y el Gobierno invitó al presidente a presentar su proyecto en las Cortes. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue, después de una cosa o de otra, que al final no vino.

Es decir, el presidente Puigdemont no ha querido en ningún momento dialogar sobre estas cuestiones. Por lo tanto, el que tendría que cambiar de chip y querer dialogar es el presidente Puigdemont. El Gobierno ha querido dialogar siempre, porque el Gobierno, además, tiene tras de sí la fuerza de la democracia, de la convicción, de las razones, y la voluntad de ser el Gobierno de todos, de todos los españoles y, por tanto, también de todos los catalanes y no solo de una parte de los mismos.

El vídeo del PP --ya me lo preguntaron ayer-- yo no lo he visto; pero lo que me cuentan es que recoge declaraciones que han hecho dirigentes secesionistas a lo largo del tiempo. No lo he visto y, por tanto, difícilmente puedo dar mi opinión; pero me recuerda aquel proverbio chino de que "el hombre sabio apunta a la luna y el necio mira el dedo", ¿no? Pero, en fin, yo no creo que en ningún caso sea bueno en estos momentos, por ninguna parte, hacer nada que contribuya a la ruptura de la convivencia. Eso es lo que le importa al Gobierno. Al Gobierno lo que le importa es que las fracturas que los secesionistas han producido y han ahondado desaparezcan, porque creemos que eso no es bueno para nadie en Cataluña ni, por supuesto, en España.

Muchas gracias por su presencia aquí. Permítanme que este fin de semana la cultura… Es un fin de semana muy propio para actividades culturales. Música y cine se van a dar de la mano en Cáceres y Badajoz: la Orquesta de Extremadura va a interpretar la banda sonora de "Luces de la ciudad", la magnífica película de Chaplin. Y en León no dejen de acudir al Festival Internacional de Órgano, con piezas de Liszt, de Haendel o de Bach.

Cantabria --esto no es influencia del ministro de Fomento, porque alguno me dice "hablas mucho de Cantabria"--, en el Palacio de Festivales de Cantabria hay un espectáculo de baile flamenco especial. Y en Córdoba está en marcha el "Otoño Sefardí", con más de cincuenta actividades sobre esta cultura.

Y no dejen en Madrid de asistir a los "Museos para el conocimiento", abierta en el Museo del Traje, con el patrimonio científico y artístico que atesora la Universidad Complutense.

Muchas gracias y disfruten de un fin de semana tranquilo, deportivo, cultural, animado, haciendo cosas que son buenas para el espíritu. No hagan cosas que les vayan a sentar mal.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)