Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a exponerles los principales asuntos abordados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Economía, porque hoy ha informado el cuadro macro para los años 2016 y 2017 que, como saben, es el documento que sirve de base a la elaboración de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y del límite de gasto no financiero, el conocido como "techo de gasto", y, por tanto, el que sirve de base para la elaboración de los Presupuestos del Estado para el año 2017. Por tanto, se trata este informe de un primer paso que puede darse de cara a esa aprobación.

Según estos datos, la economía española encadenará cuatro años de crecimiento económico y de creación de empleo, después de haber sufrido la recesión más profunda en nuestra historia moderna. Son unas previsiones, que ahora explicará el Ministro, prudentes, como solemos hacer en estos ámbitos, pero que nos permitirán ir avanzando en lo que es el objetivo fundamental de este Gobierno, que es la creación de empleo y acercarnos a la cifra de veinte millones de ocupados para el año 2019.

En segundo lugar, les informo de que el Gobierno ha aprobado un Acuerdo por el que se plantea incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional frente a la resolución aprobada el pasado miércoles por algunos Grupos Parlamentarios en el Parlament de Cataluña. Esta resolución incumple claramente el orden constitucional y es una vulneración flagrante del Estado de Derecho, por cuanto desobedece las decisiones del Tribunal Constitucional; una desobediencia que el Alto Tribunal ya advirtió en su auto del 19 de julio de este año, que suponía un incidente de ejecución por incumplimiento de la sentencia del 2 de diciembre de 2015.

Sin perjuicio de que ahora expondré el contenido de ese incidente, me gustaría hacer alguna reflexión de naturaleza política. No estamos sólo ante un desafío institucional, estamos también ante un desacato ante el Tribunal Constitucional y de nuestro Estado de Derecho. Es una vulneración de nuestra Constitución, pero también de lo dictado por su máximo intérprete. Supone colocar a una institución y a sus miembros por encima de la voluntad democrática del conjunto de la nación, que se expresa en su Constitución y la interpretación que de la misma hace el Tribunal Constitucional.

Por eso, el Gobierno ha acordado presentar un nuevo incidente de ejecución en el que solicitamos una serie de cuestiones. Por ser lo más rigurosa posible, voy a hacerles un esquema de lo que el Gobierno pide al Tribunal Constitucional.

En primer lugar, pedimos que declare nula y, por tanto, sin efecto jurídico alguno la resolución 263/XI, de 27 de julio, porque contraviene lo ordenado por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2015 y el auto del 19 de julio de 2016; en segundo lugar, pedimos su suspensión inmediata y, en tercer lugar, pedimos una serie de medidas para hacer efectivo el cumplimiento de esta sentencia, del auto del 19 de julio y de las posteriores decisiones que pueda aprobar el Tribunal, y son las siguientes:

- En primer lugar, que se requiera personalmente a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, la señora Carmen Forcadell i Lluís, a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y a su secretario general, el señor don Pere Sol i Ordís, para que se abstengan de la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a la citada resolución, así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que tenga por objeto ignorar o eludir la sentencia o el auto del Tribunal Constitucional, apercibiéndoles de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir. Es decir, que se les requiera personalmente para que se abstengan de alguna actuación que pudiera suponer vulnerar las decisiones del Tribunal Constitucional.

- En segundo lugar, que se imponga personalmente a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, a su Mesa y al secretario general del Parlamento la prohibición expresa de convocar a los órganos del Parlamento para debatir y votar ninguna iniciativa que, directa o indirectamente, pueda dar cumplimiento a la resolución impugnada.

- En tercer lugar, que se imponga personalmente al presidente de la Generalitat, el señor Carles Puigdemont i Casamajó, y a cualquiera de los miembros de su Consejo de Gobierno la prohibición de tramitar propuesta legislativa, de dictar norma de rango reglamentario o de llevar a cabo cualquier iniciativa de soporte jurídico o material que, directa o indirectamente, pueda servir para dar cumplimiento a la resolución impugnada; todo ello, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso penales, en que pudieran incurrir.

- Que en esos requerimientos, además, se les advierta de la aplicación, en caso de incumplimiento, de alguna de las medidas, o de todas ellas, previstas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que son: imposición de una multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado; suspensión de sus funciones durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Alto Tribunal y deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudieran corresponder.

Es decir, en primer lugar, la nulidad de la resolución y su suspensión inmediata; en segundo lugar, la advertencia o requerimiento personal a todas estas personalidades y miembros de instituciones catalanas para que se abstengan de cualquier medida que pudiera ser objeto o que pudiera dar cumplimiento a la misma; y la tercera cuestión que pedimos es que proceda ya el Tribunal a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña por incumplir el mandato de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según el cual todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva, en relación con el auto del 19 de julio de 2016, al someter a votación la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlamento de Cataluña el debate y votación de las conclusiones de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente y por someter a debate la votación y las mencionadas cuestiones.

Esto en lo que afecta al contenido de la petición.

Sobre este punto, saben que el Gobierno ha actuado buscando una triple tarea: en primer lugar, buscar la unidad de los demócratas. El presidente del Gobierno habló el mismo miércoles con el líder del Partido Socialista, con el señor Pedro Sánchez; con el líder de Ciudadanos, señor Albert Rivera, y con el líder de Podemos, el señor Pablo Iglesias. Hoy lo estará haciendo, o lo habrá hecho ya, para explicarles el contenido del incidente de acuerdo con el informe de la Abogacía General del Estado.

En segundo lugar, el Gobierno siempre ha actuado con la máxima voluntad política de defender el marco de convivencia y el Estado de Derecho, porque nadie puede haber por encima de la Ley, porque esto sería tanto entender que unos españoles están por encima de otros y romper el principio de igualdad. Nuestra obligación es preservar la Ley y, con ella, la igualdad de todos los españoles.

En tercer lugar, disponemos de instrumentos jurídicos para llevarlos a cabo y los utilizamos de manera razonable y proporcionada; pero también siendo muy conscientes de que la primera obligación de un Gobierno y la primera obligación de los poderes públicos es que se respeten la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

En otro orden de cuestiones, quería informarles de algunos otros asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros, que ha sido bastante amplio.

Aprobamos un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto de jornadas especiales de trabajo en materia de trabajo nocturno. Lo que hacemos es adecuar mejor nuestro Derecho al Derecho Comunitario, especialmente la Directiva 2003/88, del año 2003, que no fue bien traspuesta. Hay un dictamen motivado de la Comisión Europea del año 2014 que concluye que España no había traspuesto el límite absoluto de ocho horas para el trabajo nocturno que implique riesgos especiales o tensiones importantes, previsto en la Directiva.

Hasta ahora, en cualquier trabajo nocturno se establecía un límite de ocho horas diarias de trabajo, si bien el promedio de cómputo era en quince días; es decir, ocho horas por quince días era lo que había que respetar de trabajo nocturno. Esa Directiva traspuesta de esta manera no se hizo bien en el año 2003 y lo que hacemos es adecuarlo a los estrictos términos del Derecho Comunitario: en aquellos trabajos que sean de especial riesgo o de tensión importante, se computará día a día; no se puede trabajar más de ocho horas de trabajo nocturno en el cómputo diario y no en el cómputo de quince días. Sólo hay dos excepciones a este límite máximo de ocho horas: que resulte necesario para reparar o para prevenir siniestros u otros daños urgentes importantes; o, en segundo lugar, que haya irregularidades en los turnos de las empresas que no sean imputable a las mismas.

También hoy hemos aprobado un Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. De esta manera, se garantizan la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional de los estudiantes que a partir del año que viene se examinen con los nuevos currículos establecidos en la LOMCE, tanto para la obtención del título de Bachillerato, como para el acceso a la Universidad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determina el marco general de la prueba, las características, el diseño y los contenidos; es decir, el marco común de las pruebas. Los alumnos se examinarán de las materias troncales, dos materias opcionales y una materia de las específicas, a elección, en estos últimos casos, de los estudiantes. El Real Decreto también regula el acceso a la FP, la Formación Profesional, y resuelve situaciones transitorias de paso de uno u otro sistema.

Estas evaluaciones finales serán realizadas por las comisiones organizadas por las Comunidades Autónomas, que son responsables de la aplicación material de las pruebas, incluyendo su elaboración, fijación de los tribunales, fechas y lugares, así como reclamaciones. Serán aplicadas las pruebas por profesores del sistema público español y los equipos directivos y el profesorado de los centros participarán en su realización.

La nota final del examen se determina con un 70 por 100 de la media de las asignaturas cursadas en el Bachillerato y un 30 por 100 de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria. En el Bachillerato, se fijará un 60 por 100 de la media de las asignaturas cursadas y un 40 por 100 de la evaluación.

Quiero, además, destacar que en la mayoría de los países de la OCDE y de la Unión Europea existe una prueba externa y estandarizada al final de las etapas educativas; es el caso de Finlandia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos o Portugal. De hecho, dos de cada tres alumnos de los países más desarrollados del mundo se encuentran en sistemas educativos que llevan a cabo alguna prueba de similar naturaleza.

También hemos aprobado dos decisiones económicas importantes: de un lado, incrementar los límites para posibilitar compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios presupuestarios para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pueda compensar intereses de préstamos a los armadores de la construcción naval. Estos compromisos de gastos ascienden a 505 millones de euros hasta 2035, lo que supone 229,9 millones de euros más de la cuantía inicialmente autorizada por Consejo de Ministros en el año 2012.

Hay que recordar que las actuaciones con las que el Ministerio apoya al sector de la construcción naval tienen como objetivo fomentar la contratación de buques en nuestros astilleros mediante facilidades crediticias en condiciones OCDE, así como mejorar la competitividad de estos astilleros a través de medidas y proyectos de I+D+i. Con esta modificación de techos, garantizamos la continuidad de esta medida de apoyo financiero para las nuevas contrataciones en los próximos años del sector. Tienen que hacerse ahora porque, como saben, son medidas que se desarrollan en el medio y en el largo plazo.

Por último, hemos autorizado una adenda al convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO), para la ejecución de los planes de seguros agrarios para el año 2016. Lo que hacemos es incrementar en quince millones de euros el límite máximo de gasto asignado a dicho convenio, porque ha habido una mayor suscripción de seguros en los términos del Seguro Agrario. Para ello, el nuevo límite de gasto se establece de esta forma en más de 226 millones de euros. Respondemos, así, a las necesidades de un sector que, en un otoño especialmente seco, un invierno muy cálido y un volumen de cosecha muy importante para los cultivos herbáceos, ha inducido una mayor percepción de riesgo en nuestros agricultores y ganaderos, que han confiado más que nunca en el sistema español de seguros agrarios y que han incrementado un 22 por 100 la contratación.

Por primera vez en la historia de nuestro seguro agrario se van a superar los doce mil millones de euros de capital asegurado. Como saben, el sistema de seguros agrarios combinados en un pilar fundamental de la política agraria en España, que permite garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, contribuye al mantenimiento de la producción final agraria y confía una mayor competitividad al sector agrario para hacer frente a los retos a los que se enfrenta en la actualidad.

Sr. De Guindos.- Yo les voy a comentar rápidamente lo que es la actualización del cuadro macroeconómico que habitualmente se realiza, como saben ustedes, en el último Consejo de Ministros de julio y que sirve de marco para la elaboración de los Presupuestos del año próximo.

Además, me gustaría destacar, antes de entrar en el análisis, que entre ayer y hoy hemos tenido una batería de datos económicos muy relevantes que creo que ponen de manifiesto lo que está siendo la evolución de la economía española.

Ayer conocimos la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre -conocen ustedes perfectamente los datos- y hoy hemos tenido otra batería de datos que creo que son especialmente ilustrativos de la evolución de la economía español.

El primero ha sido la estimación del crecimiento económico por parte del Instituto Nacional de Estadística en el segundo trimestre de este año, un crecimiento del 0,7 por 100 en términos trimestrales, que en términos anuales se eleva al 3,2 por 100. Eso lo que indica es que, de media en el primer semestre de este año, la economía española ha crecido al 3,3 por 100, es decir, por encima de lo que creció el año pasado.

Hoy hemos también tenido datos de la zona euro. El crecimiento trimestral de la zona euro es el 0,3 por 100 --el nuestro ha sido el 0,7 por 100, más del doble-- y, en términos interanuales, el de la zona euro ha sido el 1,6 por 100, mientras que el nuestro ha sido el 3,2 por 100; es decir, exactamente el doble.

En estos momentos, la aportación de España al crecimiento de la zona euro supera el 20 por 100, cuando nuestro peso es ligeramente por encima del 10, en el entorno del 11 por 100; es decir, el doble del crecimiento de la zona euro del peso que nos corresponde en función del tamaño de la economía española dentro de la eurozona.

El segundo dato que hemos conocido hoy ha sido el de la inflación. La inflación en el mes de julio es el -0,6 por 100. Esto lo que hace es que la medida de la inflación este año va a volver a estar en negativo por tercer año consecutivo; es decir, vamos a tener una tasa media de inflación negativa. Esto son buenas noticias desde el punto de vista de la competitividad de la economía española y también desde el punto de vista del incremento de la renta disponible; es decir, de la renta disponible de los asalariados, de los pensionistas, de todos aquellos que lógicamente dependen de una renta que, en términos nominales, está fija, pero que se incrementa en términos de capacidad adquisitiva como consecuencia de la bajada de la inflación.

Y el tercer dato que me gustaría destacarles, porque creo que es bastante único, es lo que acaba de publicar el Banco de España sobre la evolución de la cuenta corriente de balanza de pagos. Lo que pone de manifiesto es que, en el período enero-mayo, la cuenta corriente de balanza de pagos en España se ha ido al entorno de los 4.200 millones de euros. El año pasado, en que tuvimos un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos al final del año de, aproximadamente, unos 15.000 millones de euros, sin embargo, teniendo en cuenta que existe una cierta estacionalidad en la balanza de pagos española, teníamos un déficit de la cuenta corriente.

Es decir, este año perfectamente la economía española puede generar un superávit de la cuenta corriente, un excedente de la cuenta corriente, de balanza de pagos próximo al 2 por 100 del PIB, en el entorno de veinte mil millones de euros. Esto no había ocurrido nunca en la historia de España y sería el cuarto año consecutivo con un superávit de cuenta corriente --después veremos también en el cuadro macroeconómico las implicaciones que esto tiene-- y, además, con unos niveles que no tienen parangón.

Por último, también hemos conocido hoy datos de flujos de crédito, que ponen de manifiesto que el flujo de crédito nuevo, tanto a familias como a Pymes, sigue creciendo en el entorno del 10 por 100 para Pymes, del 30 por 100 o más del 30 por 100 para la adquisición de vivienda y de más del 30 por 100 para financiación del consumo.

En definitiva, los datos lo que señalan es un crecimiento importante de la economía española, el doble que la zona euro; con generación de empleo también muy notable como indicaban, tanto los indicadores de afiliaciones, como los de la Encuesta de Población Activa; con inflación negativa y con un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos que, como decía anteriormente, no tiene parangón en nuestra historia reciente. Ahí, sin duda, están puestas las bases de un nuevo modelo de crecimiento de la economía española.

Una vez dicho eso, paso muy rápidamente a comentarles la revisión que ha realizado del cuadro macroeconómico el Gobierno. En primer lugar, tenemos siempre los supuestos que sirven de partida, que son supuestos muy conservadores. Los solemos hacer siempre desde un punto de vista de que den mucha credibilidad a las cifras que proyectamos, tanto de tipos a corto, tipos a medio, crecimiento del PIB mundial, crecimiento de la zona euro y precio del petróleo. Son, por lo tanto, hipótesis muy conservadoras y lo que buscamos fundamentalmente, como decía anteriormente, es que las cifras de crecimiento económico y de financiación de empleo sean perfectamente creíbles.

Además, como verán ustedes a continuación, la revisión que hacemos del cuadro macroeconómico está perfectamente alineada con las proyecciones que acaba de producir la Comisión Europea.

Entrando ya en lo que son las proyecciones concretas, lo que se ve es que en el año 2016 revisamos al alza dos décimas el crecimiento económico: del 2,7 al 2,9 por 100. Fundamentalmente, había una aportación, tanto de la demanda doméstica, como de la demanda externa.

Por otro lado, también elevamos nuestra previsión de crecimiento del empleo, en términos de Contabilidad Nacional, hasta el 2,7 por 100 y dos décimas a la baja la tasa de paro media anual.

En 2017 se revisa una décima a la baja el crecimiento del PIB, hasta el 2,3 por 100, debido a una menor aportación de la demanda nacional. Sin embargo, mantenemos la creación de empleo en términos de Contabilidad Nacional en el 2,2 por 100 y reducimos la tasa de paro, en relación siempre o en comparación con el Programa de Estabilidad que presentamos en abril, hasta el 17,8 por 100, en una décima concretamente.

Éstos son los datos fundamentales, la composición del cuadro macroeconómico, tanto de crecimiento, como de los diferentes componentes del crecimiento económico: demanda doméstica, exportaciones, importaciones y empleo. Y después también hacemos, lógicamente, lo que es una estimación del deflactor del consumo privado, que es la media del IPC, y, por otro lado, del PIB nominal, aplicando el deflactor del PIB nominal correspondiente, y de empleo y de paro en términos de Contabilidad Nacional, y también en lo que tienen que ver con nuestras relaciones con el resto del mundo, es decir, tanto el saldo de la cuenta corriente, como la capacidad de financiación que tiene la economía española.

En cuanto a lo que es la evolución del PIB y el saldo de la cuenta corriente, la evolución del saldo de la cuenta corriente, es decir, nuestras relaciones con el resto del mundo, de alguna forma resume lo que es la estabilización y la mejora de la economía española.

La economía española en estos momentos tiene dos fuentes fundamentales de crecimiento: en primer lugar, somos una economía competitiva y, en segundo lugar --y espero que se vea así, efectivamente, esta noche, cuando se hagan públicos los resultados de los test de estrés de la EBA--, que nuestra banca está en una situación saneada y que está, por tanto, en condiciones, como está ocurriendo, de dar crédito.

Esta mejora del crecimiento de 2016 es compatible, como decía anteriormente, con un superávit de la cuenta corriente del 1,7 por 100, aunque les puedo decir, como adelantaba anteriormente, que, con los datos que acabamos de conocer hoy y que lógicamente no estaban disponibles antes del cierre del cuadro macroeconómico, el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos estará próximo e incluso podría superar el 2 por 100 del Producto Interior Bruto.

El año 2017 será el quinto año consecutivo de superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos en nuestro país.

Para acabar, si me permiten ustedes, les voy a poner las hipótesis implícitas en términos de Encuesta de Población Activa, que son mucho más ilustrativas que en términos de Contabilidad Nacional, de la evolución proyectada del mercado laboral. Lo que hacemos aquí, fundamentalmente, es coger el empleo, el desempleo y la tasa de paro que tenemos en los cuartos trimestres, al final de año, de los años 2015, 2016 y 2017. Lo que se ve es que, en términos de empleo, la variación que estamos proyectando es una creación de empleo, en números redondos, de 900.000 puestos de trabajo, cuarto trimestre del año 2015 en comparación con el cuarto trimestre del año 2017; es decir, una medida de 450.000 empleos nuevos creados, nuevos ocupados en términos de EPA. El desempleo se reduce en algo más de un millón de personas, lo cual es una media de medio millón anual, y la tasa de paro pasaría del 20,9 al 16,6 por 100, con una caída del 4,3 por 100.

En definitiva, como decía anteriormente, son hipótesis prudentes. Hemos mejorado, de una forma muy cauta, la proyección del año 2016. Con los datos que tenemos del primer semestre, el crecimiento medio está en el 3,3 por 100 y nos hemos ido a una proyección del 2,9 por 200. Eso lo que supone es que estamos suponiendo que en el segundo semestre del año hay una desaceleración, que no tiene por qué producirse, por lo menos en el tercer trimestre de este año. Lo que vamos viendo del tercer trimestre de este año es que, como consecuencia de la evolución del consumo, de la evolución de exportaciones y de la evolución del turismo, el tercer trimestre puede volver a ser un tercer trimestre fuerte. Evidentemente, esto lo que hace es que incrementa, como decía anteriormente, la naturaleza conservadora de la proyección del 2,9 por 100.

Para el año que viene, el irse al 2,3 por 100, lo que hace es, de alguna forma, reforzar ese carácter prudente, ese carácter conservador, de la proyección. Es cierto que hay incertidumbres de la economía mundial, fundamentalmente la desaceleración de la economía mundial, que hemos visto en la reunión del G-20; y también el impacto del "Brexit", que saben ustedes que va a ser especialmente relevante, no solamente en el Reino Unido, sino también en Europa continental; pero lo que hacemos en ese contexto de incertidumbre es fortalecer, como decía anteriormente, e incrementar la naturaleza conservadora de nuestra proyección para el año próximo.

P.- Vicepresidenta, hoy el Gobierno, ante un problema político y jurídico generado por el Parlamento de Cataluña, acude al Tribunal Constitucional; es decir, pone la Constitución encima de la mesa. En el caso de la investidura, esa misma Constitución pone que el Rey designa candidato, y el Rey ha cumplido su función, y pone que ese candidato presentará un programa político en el Congreso y se someterá a la confianza de la Cámara. Ayer el Presidente esto lo dejó en el aire y no sé si se está añadiendo a un problema político también un problema jurídico. Y mi pregunta es, en lo que a usted le concierne --es un candidato del Partido Popular--, si se va a cumplir o no, puesto que la Constitución no pone en ningún momento que pueda haber una misión exploratoria para conseguir apoyos.

Vicepresidenta.- Yo creo que estamos ante un problema eminentemente político, que es que hemos celebrado en España dos elecciones generales y necesitamos un Gobierno. Y yo lo que creo es que España necesita un Gobierno, y algunos sólo quieren debate.

Los debates tienen que tener un objetivo, porque debatir, si me permite decirlo, llevamos dos campañas electorales debatiendo, con todo tipo de debates, y algún debate fallido en la Cámara. Yo creo que no es momento de reclamar exclusivamente un debate. Con términos jurídicos, perdone que le diga, me parece que es interpretar muy "pro domo sua", es decir, muy a la casa de uno, la Constitución. Porque hay una cosa muy clara: están reclamando un Debate de Investidura quienes precisamente están haciendo gala de decir que no lo van a votar. Entonces, yo creo que, antes de la coherencia jurídica, están la coherencia política y la coherencia personal.

El presidente del Gobierno ha asumido el encargo del Rey y el encargo del Rey es para intentar formar un Gobierno después de que en España haya habido dos elecciones generales y no se haya podido formar ese Gobierno. Ha habido unas elecciones, no se conformó Gobierno; ha habido unas segundas elecciones, hay un candidato que tiene más votos y mayores apoyos. Ha asumido el encargo del Rey y con ese encargo del Rey va a abrir un proceso aún más intenso de negociación.

Entonces, yo creo que él ha asumido su responsabilidad, que la tiene, probablemente el que más, porque más votos dan más responsabilidad; pero todos tenemos, los que nos dedicamos a esto de la política, una responsabilidad con nuestros votantes y con el conjunto de los ciudadanos, que es intentar dar una solución a este país que, como digo, necesita un Gobierno.

El ministro de Economía hoy nos ha dado unos buenos datos económicos; pero también nos ha puesto de manifiesto la necesidad, en un momento de incertidumbres fuera de España, de que vayamos poniendo negro sobre blanco una serie de tareas que tenemos por delante. Hoy hemos informado el cuadro marco, porque podemos hacerlo; pero tenemos que aprobar un techo de gasto y después tenemos que aprobar unos Presupuestos; pero, fundamentalmente, lo que necesitamos es un Gobierno.

Por tanto, yo hago un llamamiento en general a la responsabilidad de todos para que podamos en España dar respuesta a lo que los ciudadanos nos demandan y a lo que de verdad nuestra Constitución dice, que es que en España hay elecciones para que haya un Gobierno que, bajo el control del Parlamento, gobierna y ejerza las funciones del Poder Ejecutivo.

P.- Señora Vicepresidenta, ¿están vigentes las razones esgrimidas por el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando --naturalmente, razones esgrimidas supervisadas por el presidente Rajoy, entregadas el 12 de febrero en un escrito a la Mesa donde sostiene con toda articulación y coherencia que el artículo 99 de la Constitución y el 170 del Reglamento del Congreso obligan a la convocatoria inmediata del Pleno de investidura, como se exigió que hiciera Patxi López cuando el candidato era Pedro Sánchez?

Vicepresidenta.- El señor Patxi López, como presidente del Congreso, y la Mesa en aquel tiempo, entendió que esas razones no eran jurídicamente correctas y sentó algo que en Derecho parlamentario, y usted conoce muy bien, "es ley", que es un precedente --como saben, el Derecho parlamentario es, fundamentalmente, un derecho consuetudinario-- y es que habló con el candidato entonces propuesto y tardó, si yo no recuerdo mal el precedente, de doce a quince días en convocar ese Pleno.

P.- ¿Es lo que va a tardar Rajoy ahora?

Vicepresidenta.- No lo sé. Yo le estoy hablando del precedente, que da la casualidad de que el precedente parlamentario… Entonces, yo entiendo que usted me lo pregunte; pero quien aduce por parte de otros partidos ese precedente debiera aplicarse la propia doctrina que hizo valer en la Mesa y que hizo el presidente del Congreso.

Además, yo sé que es la primera vez que viene a esta rueda de prensa, pero esto no es un debate entre usted y yo. Usted pregunta y yo le contesto, es lo que suelo hacer con sus…

P.- Usted no contesta. Quiero saber si están vigentes las razones o no.

Vicepresidenta.- Perdóneme, señor don Miguel Ángel Aguilar. Aquí también vivimos en el precedente: sus compañeros preguntan y pueden hacer, porque yo nunca lo limito, todas las preguntas que tengan por oportuno; pero yo debato en los debates parlamentarios. En esta mesa informamos y ustedes preguntan lo que quieran. Pueden preguntarme una, dos, tres o cuatro; pero no puede abrir aquí un debate conmigo porque esto es una rueda de prensa. Para la próxima vez, si usted quiere, me pregunta todas las que quiera, con todas las precisiones; pero aquí no lo hacemos de esa manera y no voy a cambiar el precedente.

P.- ¿Entendemos, por lo tanto, que el Gobierno entiende que a Mariano Rajoy, si decidiera finalmente declinar el acudir a un Debate de Investidura, le está asistiendo la Constitución?

Vicepresidenta.- El presidente del Gobierno está ejerciendo su responsabilidad, que es asumir un encargo e intentar formar un Gobierno, y además lo hace porque ha encabezado una candidatura en las elecciones generales que ha sido la más votada, y ejerce su responsabilidad. La primera responsabilidad que tenemos todos, con arreglo a la Constitución, es tratar de devolver la normalidad democrática a nuestro país, porque lo que no podemos permitirnos es que haya continuamente unas elecciones tras otras. Por eso lo importante es intentar formar Gobierno y acabar con esa dinámica de que no se asuma el resultado de las elecciones, y que en este país continuamente estemos sometiendo a los ciudadanos a tener que tomar decisiones que nos corresponde tomar a los políticos.

El presidente del Gobierno ha asumido la suya, que es aceptar el encargo e intentar formar Gobierno, pero todos los demás tienen su responsabilidad.

P.- Vicepresidenta, perdone que insista pero…

Vicepresidenta.- Lo que quiera.

P.- …le voy a preguntar de una forma muy directa: ¿seguimos en el "quizá" entonces? ¿Puede ser que el presidente en funciones, candidato que ha aceptado ese encargo del Rey, no se someta a la investidura? Insisto en la pregunta: ¿considera el Gobierno que eso sería constitucional? Si no se sometiera a la investidura, ¿cómo se pondría en marcha el ya tan llamado "reloj de la democracia"?

Por otro lado, ¿el Gobierno considera que decirle "no es cabeza Rajoy" es decirle "no" al Rey?

Vicepresidenta.- La primera de las preguntas se la efectuaron ustedes ayer al presidente del Gobierno en reiteradas ocasiones y no puedo sino repetir lo que ayer les dijo, que es que no adelantemos acontecimientos. Él ha asumido la responsabilidad, el encargo, va a intentar formar Gobierno y ésa es su tarea.

Usted dice: decirle que no…, Mire, aquí cada uno tiene su tarea. El Rey propone un candidato, el presidente del Gobierno asume el encargo de intentar formar Gobierno y cada uno asume su responsabilidad, y luego se lo explica a los ciudadanos.

Sobre la tercera cuestión, del "reloj de la democracia", el reloj de la democracia, tal como lo conciben algunos, no sirve para poner en marcha un Gobierno, sino que sirve para fijar la fecha de las elecciones y, si el reloj de la democracia es que lo único que nos importa es que echen a correr las fechas para que haya unas terceras elecciones, yo creo que todos tenemos que hacer un poquito de reflexión.

Desde luego, el Partido Popular y el Gobierno en funciones consideran que el que haya unas terceras elecciones y devolver a los ciudadanos la responsabilidad de nuevo no es una buena opción, y, salvo que apoyen al presidente del Gobierno en funciones como candidato o que el señor Sánchez tenga otros planes, que tendrá que explicar, nos conduciría inexorablemente a unas terceras elecciones.

Entonces, yo creo que el reloj de la democracia no consiste en poner el segundero para que empiecen a correr las cosas y devolver, si me permite la expresión, la responsabilidad a los ciudadanos; no, el reloj de la democracia consiste en que cuanto antes en este país vuelvan a funcionar con plena normalidad las instituciones democráticas, como es un Gobierno.

Porque yo puedo entender que el 20 de diciembre --se lo digo con total sinceridad-- estábamos ante la primera vez que pasaba en nuestro sistema. Entonces decíamos: si no hay un resultado que nos lleve a poder constituir un Gobierno, hay unas segundas elecciones de las que algunos decían "como segunda vuelta". Pero unas terceras elecciones no es poner en marcha, a mi juicio, humildemente, el motor de la democracia. Me dice por aquí algún compañero suyo: sería griparlo. Pues, ¿qué quiere que le diga?

Yo creo que el motor de la democracia es poner en marcha las instituciones para que funcionen con normalidad; entre otras cuestiones, porque va el crédito de la política, que casi es ya de lo que menos me importa en la situación en la que estamos, pero sí cosas, si me permiten la expresión, de comer: la normalidad democrática que nos permite aprobar unos Presupuestos, mantener nuestro prestigio fuera, adoptar medidas económicas que necesitan los españoles o poder enviar a las Cortes proyectos de ley porque llevamos un año sin poder enviar un proyecto de Ley y van a empezar a caer sanciones. Y tenemos un problema, que era muy importante el miércoles y hoy parece que sólo es para lo que tenemos en el otro debate, que es un desafío constitucional de primer orden y en el que tenemos que ir todos de la mano y todos trabajar juntos, y mejor un Gobierno funcionando que un Gobierno en funciones.

Yo lo que pido a todos es un esfuerzo y ese esfuerzo es negociar dentro de la máxima generosidad. Cada uno se ha presentado con un programa electoral y cada uno tiene unas ideas de reforma y de objetivos. Contrastémoslas, marquémonos unas prioridades amplias, pues cada uno tendrá una prioridad, y sentémonos en una mesa, porque eso es lo que nos han dicho los ciudadanos en las urnas y, además, es que es la única salida. ¿Estar continuamente poniendo a cero el reloj de la democracia? Seremos unos relojeros magníficos, pero tenemos que ser responsables políticos y responsables en el término del sustantivo y del adjetivo.

P.- Ayer por la tarde el presidente del Gobierno nos dijo que iba a iniciar hoy mismo los contactos. Quería saber un poco si nos podía informar si ya se han iniciado esos contactos, si se ha avanzado algo o, por lo menos, en por dónde va a ir la metodología en las reuniones.

Luego, nos dijo también que esa sesión de investidura lo ideal sería que se produjera en un plazo --utilizó la palabra-- "razonable". Habida cuenta de que hay que cumplir con los compromisos europeos y los Presupuestos Generales del Estado --tiene al lado al señor De Guindos--, ¿se ha concretado un poquito más ese "plazo razonable" en las últimas horas, habida cuenta de que algunos medios de comunicación también le están poniendo ya fecha?

Vicepresidenta.- Hoy el presidente del Gobierno iba a hablar con los responsables de los principales partidos al hilo del incidente de ejecución que hemos planteado. Desconozco al final cuál ha sido el término de esas conversaciones. Me imagino que también sobre este asunto se habrá hablado, pero no les puedo informar más, porque precisamente ha sido al acabar el Consejo de Ministros cuando el Ministro y yo hemos bajado para acá. Pero no les quepa ninguna duda de que, si en esos contactos la voluntad y la decisión de los responsables políticos es que se informe y se haga público, se hará. Pero, como sabe, aquí nosotros vamos un poco a la carta: si no desean que se haga público, respetamos su criterio por la buena marcha de la negociación, que nos parece lo prioritario.

Sobre la segunda de sus cuestiones, es una cuestión de voluntad política; entonces, el tiempo no tiene por qué ser mucho si hay voluntad política. Sí es cierto que, indudablemente, hay una fecha, que es el 30 de septiembre, que es la fecha en la que hay que presentar los Presupuestos Generales del Estado, el Proyecto. Pero antes de esa fecha hay que presentar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Española de Administración Local, esos objetivos de estabilidad presupuestaria y de techo de gasto. Con lo que, indudablemente, éstas son las fechas en las que nos movemos.

Cierto es que nosotros tenemos flexibilidad, pero yo creo que ya no es una cuestión de contar una semana u otra; es una cuestión de voluntad política y, si hay voluntad política, tenemos estos días en que podemos centrarnos, y mucho, en las tareas de negociación para llegar a un acuerdo cuanto antes. Desde luego, nuestra disposición de voluntad y de tiempo para dedicarnos a eso es total y absoluta.

P.- Vicepresidenta, por clarificar un poco la cuestión del incidente de ejecución, si mal no he entendido, hacia la presidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, ha pedido al Tribunal Constitucional que analice las responsabilidades penales y, a su vez, que se le haga un requerimiento personal para que se detenga en dichas actuaciones. ¿Es así como usted lo ha indicado? Y sobre el presidente Puigdemont, ¿simplemente es el requerimiento personal?

Vicepresidenta.- Aquí hay tres peticiones diferentes: hay una petición de nulidad de la resolución y de suspensión inmediata de sus efectos, primera petición; segunda petición, a una serie de personas e instituciones, entre las que están la presidenta del Parlament, la Mesa, el secretario general del Parlamento de Cataluña, el señor Puigdemont y todos sus miembros del Gobierno, que se abstengan de realizar cualquier actuación que suponga incumplir las decisiones del Tribunal Constitucional y dar, de alguna manera, trámite o cobertura a la resolución impugnada; y entre las medidas que se piden para llevar a efecto esa prohibición es que, además, se advierta de que, si no lo hacen, pueden incurrir en multas, suspensión de sus funciones o en futuro testimonio de culpa.

Pero hay una tercera cuestión, que ya la pedimos con carácter actual, es decir, no por lo que pueda pasar, sino por lo que ya ha pasado, y es que la señora Forcadell, al dar trámite en el orden del día a la discusión de esta resolución, está vulnerando dos decisiones del Tribunal Constitucional, una sentencia y un auto, y, por tanto, ha podido incurrir ya en un delito. Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que --el término jurídico, dado que hoy estamos muy jurídicos todos, yo ya cada vez la que menos, es deducir el tanto de culpa--…; es decir, mandar un testimonio a las correspondientes autoridades, fiscales o judiciales, de que la señora Forcadell ha podido incurrir ya en un delito como consecuencia de su decisión de incluir en un orden del día una decisión sabiendo que el Tribunal Constitucional había perfectamente indicado que se abstuviera de cualquier tipo de actuación.

Es decir, son tres peticiones diferentes.

P.- Sobre estos términos jurídicos y el tanto de culpa, que no he entendido, dice "proceda a deducir testimonio de particulares". ¿A quién van requeridos estos particulares sobre este caso de la presidenta?

En segundo lugar, ¿el Gobierno se reserva, contempla, descarta, actuar vía Fiscalía General del Estado contra la presidenta del Parlament de Cataluña, y si ésta, como decía el presidente de la Generalitat y a los consejeros, se refiere, entiendo, únicamente sobre esta resolución que ayer aprobó el Parlament y no es de carácter genérico?

Otra cuestión sobre otro tema que nos ocupa. Usted habla de "voluntad política". Oído lo oído después de la aceptación en diferido del Presidente ayer, ¿consideran que todavía hay posibilidades de entenderse con Ciudadanos y con el PSOE, dada su reacción ante la presentación o la aceptación del encargo del Rey?

En segundo lugar, se han oído voces de que el reloj de la democracia famoso, en caso de que el Presidente declinara, podría entenderse que empezó a contar ayer, cuando el Rey le encarga.

Vicepresidenta.- Primera de las cuestiones, "testimonio de particulares" es una expresión jurídica hecha. No es que vayan a ir los particulares a presentar nada. Se llama así. Esto es en la vieja denominación procesal de toda la vida. ¿De qué se trata, y contesto a la segunda de sus preguntas? De lo que se ha hecho caso omiso es de una decisión del Tribunal Constitucional; entonces, lo que se pide al Tribunal Constitucional es que, a la vista de esa actuación, remita a la Fiscalía un conjunto de actuaciones para que la Fiscalía pueda, en su caso, proceder penalmente contra la presidenta del Parlament. Ese es el procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que se ha vulnerado es una decisión judicial y, entonces, entendemos que tenemos que pedirle al Tribunal Constitucional que, a la vista de esa actuación, remita a la Fiscalía esa decisión.

Sobre el Gobierno, lo que se hace es instar a todas las autoridades que pudieran tener algún tipo de capacidad de incumplir la decisión del Tribunal Constitucional…, requerirles para que se abstengan de hacerlo, cada uno en el ámbito de sus competencias. Como en esa resolución se abren no sé cuántas fases, con distintas participaciones, etc., etc., lo que se hace es identificar a los responsables públicos que pudieran incumplir la nulidad, la suspensión y las anteriores decisiones, y lo que se les dice es: en su ámbito de responsabilidad, absténganse de cualquier actuación que suponga dar cobertura o dar cumplimiento a este tipo de resolución. Fundamentalmente, se identifican en la presidenta del Parlament, en la Mesa del Parlament, en el secretario general de la Cámara y en el Consejo de Gobierno, por cuanto pudieran aprobar proyectos u otro tipo de decisiones que supongan dar cumplimiento a lo que dice esa resolución, o a lo que en su día dijo la resolución que se anuló en diciembre de 2015, o a la que derivó al incidente de ejecución de julio.

Sobre la tercera de las cuestiones, yo creo que estamos en tiempos de pensar en España y en la gobernabilidad de nuestro país. Ha habido unas elecciones generales, las segundas; con un candidato que tiene más apoyos, más amplios, que le saca 55 diputados a la siguiente fuerza política. Si queremos respetar la voluntad de los ciudadanos, si consideramos que es importante lo que los ciudadanos digan en las urnas… Porque nos ha estado dando por preguntar mucho a los ciudadanos, pero es que los ciudadanos nos están pidiendo respuestas a nosotros. El Presidente ha respondido "acepto el encargo e intentaré formar Gobierno", y ahora los partidos tienen que ejercer también su responsabilidad. Y yo digo: si nos podemos poner de acuerdo en las prioridades de este país, al menos intentémoslo, porque lo que los ciudadanos no van a entender es que ya desde el primer momento los partidos digan que no.

Hay un candidato, que es el más votado, que lo es con mayor amplitud; es decir, que hay un test de claridad --ahora que gusta tantísimo esa expresión-- en favor del presidente Rajoy y del Partido Popular. Sentémonos a hablar, porque los Debates de Investidura son para formar un Gobierno. Hemos debatido muchísimo, ha habido dos campañas electorales y hemos dicho cada uno lo que pensaba. Aparquemos la liza política y ejerzamos cada uno nuestra responsabilidad. El presidente del Gobierno lo lleva haciendo y lo va a hacer estos días, desde el Gobierno, en las fórmulas que deseen los partidos.

Conocen nuestra prioridad: un Gobierno de coalición. Existe en muchos otros países de la Unión Europea, porque el escenario político es el que es, y esos Estados funcionan. ¿Que no? Un acuerdo amplio. Sentémonos. Nosotros decimos: éstas son nuestras prioridades y nuestras propuestas. Esto no quiere decir que el que venga las firme y dirá: "mis prioridades son éstas otras". "Pues mire, ésta me parece bien y la hacemos de esta manera; ésta, no y ésta la aparcamos, pero nos ponemos de acuerdo en otra cosa". Yo enmarco.

Un acuerdo parlamentario sería, en segundo lugar, la siguiente opción más prioritaria; pero incluso el presidente del Gobierno ha dicho: yo estoy dispuesto a gobernar con 137 diputados, siempre y cuando tengamos unos mínimos de entendimiento para poder funcionar. Estamos hablando de los Presupuestos como primera medida de política económica, el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea, la lucha contra el terrorismo o el debate territorial.

Pueden elegir, pero yo lo que pediría es que nos sentáramos a hablar de ello, porque de eso se trata en este tiempo.

Sobre el reloj de la democracia, yo creo que es una expresión que ya se ha acuñado. Es que la democracia funciona todos los días pero, para que funcione bien, tenemos que tener un Gobierno porque, si no, diríamos: qué bien funciona nuestra democracia si somos capaces de tener unas elecciones y, al mes siguiente, poner en marcha el reloj de la democracia para que cuenten las siguientes. Me parece que no es ése el punto.

Nadie quiere unas terceras elecciones; entonces, también sorprende mucho lo del reloj para poner en marcha unas terceras elecciones. Si todos estamos de acuerdo en que no podemos devolverles a los ciudadanos otra vez la responsabilidad de sacarnos del impasse, trabajemos, no para poner en marcha el reloj de unas elecciones generales, sino para poner en marcha el reloj de la democracia en la constitución de un Gobierno, porque ésa es la mayor. Lo segundo es la solución paliativa y, cada vez que se produce, menos solvente.

Les hemos preguntado dos veces a los ciudadanos y vamos a ver si somos capaces de darles una respuesta, y a mí sólo se me ocurre una, que es negociar. Si hay muchas cosas que podemos acordar; otras no, indudablemente, y no podrán hacerse, porque todo el mundo sabe el juego de las mayorías parlamentarias; pero yo creo que preguntarles continuamente a los ciudadanos es el último remedio. No nos aceleremos en el reloj de la democracia si podemos darles un remedio y no devolverles otra vez la responsabilidad, que es nuestra; como digo, la primera, del presidente del Gobierno --él la ha asumido--, pero todos los demás tenemos una responsabilidad.

P.- Vicepresidenta, ¿se ha planteado el Gobierno otras medidas que vayan más allá del incidente de ejecución en Cataluña?

Luego, ya que tenemos aquí al Ministro, me gustaría preguntarle sobre las sanciones de no aplicar las Directivas europeas. Nos han dado margen hasta agosto, otras hasta octubre, y me gustaría preguntarle qué dicen en Europa y si ve factibles esas multas.

Sr. De Guindos.- Hay una serie de Directivas comunitarias que tenemos que trasponer relativamente de forma rápida. Yo le voy a poner un ejemplo: un ejemplo es la Ley Hipotecaria y hay una Directiva hipotecaria. El otro día en el Ministerio de Economía sacamos a consulta pública ya la nueva Directiva hipotecaria, que tiene muchas ventajas en relación con los deudores hipotecarios.

Es importante ir implementando todo este tipo de cuestiones; pero la principal obligación que tenemos, como saben ustedes, es la del Presupuesto. Es decir, ha habido una nueva senda, nos han dado dos años más desde el punto de vista de lo que es reducir el déficit público por debajo del 3 por 100 --en vez de un año, nos han dado dos años más-- y a mediados de octubre tendremos que mandar lo que en la terminología de Bruselas se llama el "draft budgetary plan", es decir, el plan del borrador presupuestario. Ahí es donde se verá, por ejemplo, si efectivamente estamos cumpliendo esa senda y si estamos, de alguna forma, ajustándonos a lo que hemos acordado con ellos.

Si eso no es así, se puede abrir un nuevo período de sanciones, otras sanciones diferentes. Nos hemos librado, como saben ustedes, de una por el incumplimiento del déficit en el año 2015 pero, aparte del tema de los Fondos Estructurales, se puede abrir otro tipo de sanciones. Por tanto, es vital tener un Presupuesto y tener unos compromisos porque, ya más allá de lo que son las sanciones, sanciones que son graves, hay una serie de compromisos como miembros que somos de la zona euro. Tenemos nuestra responsabilidad compartida con nuestros socios comunitarios y eso, evidentemente… Tú les puedes explicar que estás en funciones, etc., etc., pero todo va teniendo ciertos límites.

Sería importantísimo, más allá de lo que son determinadas Directivas, que España, vía la constitución de un Gobierno, tenga un borrador de Presupuesto, que se presente en tiempo y que ese borrador de Presupuesto cumpla con nuestro compromiso con nuestros socios comunitarios, igual que ellos mismos hacen, y muchos de ellos… Gobiernos con mayorías absolutas en Europa hay muy pocos.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, el Gobierno siempre ha dicho que defenderá los derechos de los españoles, la legalidad y la igualdad con sólo el Estado de Derecho, pero con todo el Estado de Derecho. Nosotros lo que procuramos hacerlo es con proporcionalidad y con racionalidad, y, como lo que ha habido es, además, una vulneración, a nuestro juicio flagrante, del orden constitucional y, sobre todo, de las decisiones de quienes tienen el deber constitucional de interpretar la Constitución y de defenderla, consideramos que ésta es la vía razonable y proporcional.

Desde luego, dijimos que no íbamos a dejar pasar ni una y no estamos dejando pasar ni una. Esta decisión se adoptó el miércoles y hoy viernes ya estará probablemente presentado ese incidente ante el Tribunal Constitucional.

P.- Me gustaría volver al debate jurídico porque, después de la forma en la que ayer aceptó el encargo el presidente del Gobierno, se ha abierto un debate jurídico sobre si el artículo 99.2 de la Constitución obliga al candidato propuesto por el Rey a someterse a la investidura o no. Me gustaría saber si tienen algún informe y cuál es la conclusión de ese informe.

Respecto a Cataluña, hoy dos Grupos Parlamentarios, Junts pel Sí y la CUP, han registrado una nueva ley de las llamadas "de desconexión", la de la Agencia Tributaria Catalana. Me gustaría saber si lo analizará, incluso antes de que se debata, el Gobierno para ver si se puede recurrir ya antes, con un nuevo recurso, o también, ya que deriva de aquella resolución aprobada el 9 de noviembre, si podría ser también otro incidente de ejecución.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de esas cuestiones, yo misma les contesté ayer en el corrillo la interpretación que, a nuestro juicio, hace el artículo 99.2, que es que ordena un debate parlamentario. Pero, ya le digo, esto también es mucho presuponer todos, porque el presidente del Gobierno ha aceptado el encargo para intentar formar un Gobierno. Entonces, yo creo que lo que nos toca a todos ahora es centrarnos en qué nos separa a unos y otros de esa formación de Gobierno. Si todo lo ven tan jurídico, a lo mejor es hasta tan fácil esa negociación, porque yo creo que aquí de lo que estamos hablando o deberíamos hablar de voluntad política, y creo que la primera voluntad política es solventar el problema constitucional que estamos generando de que haya dos elecciones y no haya un Gobierno, que me parece que es la mayor.

Sobre la segunda de las cuestiones, nosotros diferenciamos bastante bien entre leo que son proposiciones por parte de los Grupos y lo que son ya determinadas cuestiones que forman parte de una decisión de determinadas instituciones. Hacemos un seguimiento muy claro, en todos los Parlamentos y en todas las instituciones, del respeto al orden constitucional. No le quepa ninguna duda de que, si se toman pasos contrarios a lo que es el orden constitucional, procederemos como hemos procedido en otras ocasiones porque, además, sobre la Agencia y sobre determinadas medidas de la Agencia Tributaria ya hemos obtenido algunas resoluciones favorables del Tribunal Constitucional.

Yo creo que en estos momentos en que la situación de las finanzas en Cataluña es la que es, estar planteándose agencias o sistemas de Seguridad Social, siendo deficitaria para el pago de las pensiones, me parece flaco favor para los proveedores y para los pensionistas; pero cada uno tendrá que ver las prioridades. Nosotros, cuando esas prioridades se traducen en incumplimientos de la Constitución, ya efectivos, con efectos jurídicos de órganos de la Generalitat, haremos, como hemos hecho hoy, el procedimiento que nos recomiende la Abogacía General del Estado.

P.- Dos aclaraciones en la misma línea: una, aprovechando también que está aquí el Ministro, es que estaban incidiendo mucho en los plazos económicos del tema de Presupuestos, y, efectivamente, está el plazo del 15 de octubre en Bruselas y está el plazo del 1 de octubre en la Constitución. Entonces, ¿cuál sería un procedimiento normal para aprobarlo en el Consejo de Ministros y para llevarlo al Parlamento? ¿De qué fechas estaríamos hablando para tener claro cuándo el Gobierno se plantea que, si no, no sería posible y habría que prorrogar? ¿De qué estamos hablando? Hay gente que lo está poniendo en el Consejo de Ministros del 24 de agosto. ¿Daría tiempo para llegar a esos dos plazos?

Sobre el tema de Cataluña, ¿entonces, concluimos que en el aspecto penal, digo, lo que se le está diciendo al Tribunal Constitucional es que requiera a la Fiscalía que mire si hay ya responsabilidades penales en la presidenta del Parlament únicamente? ¿Por qué no en los demás, si también lo han aprobado los demás miembros de la Mesa y el secretario general estaba presente?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, yo le he contestado a su compañero. Hay una fecha, que está muy marcada; en el resto, indudablemente, tenemos que tener unas tareas previas. Desde luego, si hay un acuerdo en la investidura con estos términos de mínimos, lógicamente, es hablar con las Mesas del Congreso y del Senado, y cerrarlo. Yo no les puedo dar aquí una fecha, porque también depende mucho de cómo vaya esa cuestión, porque tengan ustedes presente que, si el Congreso o el Senado devuelven el techo de gasto --¿verdad, Ministro?--, tenemos que volver a presentar otro. Por eso, entiendan ustedes que también depende mucho de lo que estamos hablando, de la negociación, porque, si se llega a un acuerdo, todo es mucho más rápido; si no, tenemos que tener otros márgenes.

Sobre la segunda de las cuestiones, nosotros entendemos que en ese auto del 19 de julio y en la sentencia hay una persona claramente implicada y afectada, que es quien lidera la institución. Entonces, de ese supuesto, nosotros lo que le pedimos es al Tribunal Constitucional que digamos que documente ese incumplimiento y lo envíe a la Fiscalía.

Sobre el resto de miembros de la Mesa, como usted sabe, los presidentes de las Cámaras digamos que tienen el liderazgo en la ordenación de los debates. Consideramos que ya se ha producido por parte de la presidenta del Parlament esa vulneración de ese auto y que ha de procederse de esta manera. Tanto para ella, como para el resto de los miembros de la Mesa, hayan o no secundado la decisión anterior, como para el secretario general o como para los miembros del Gobierno, lo que se le pide al Tribunal es que les prohíba personalmente realizar cualquier tipo de actuación, advirtiendo de que de ese incumplimiento podría derivar otro tipo de medidas de naturaleza pecuniaria o de suspensión de funciones. Pero en el caso de la presidenta del Parlament entendemos que se ha producido ya una actuación contraria a una decisión jurisdiccional, como lo es el Tribunal Constitucional, y por eso se pide que se proceda ya.

P.- Yo tenía algunas preguntas para el ministro De Guindos. La primera es si tiene pensado ya un candidato o ha hablado con el gobernador del Banco de España sobre el nombramiento de un subgobernador, una vez que ha dimitido el señor Fernando Restoy, aunque sea a partir del 1 de enero de 2017.

También quería preguntarle cuál es su opinión sobre las declaraciones del presidente del Eurogrupo, que calificó de "decepcionante" que no se hubiera impuesto una multa a España por la desviación del déficit.

Y también quería saber cuál es el impacto del "Brexit" en el crecimiento económico en España; es decir, si no se hubiera producido el "Brexit", ¿se hubiera elevado la previsión de crecimiento para 2017 o hubiera cambiado algo?

Sr. De Guindos.- Empiezo por la última. Lógicamente, el "Brexit" tiene un impacto: un impacto directo en España y un impacto indirecto vía el resto de la Unión. Nosotros lo hemos estado valorando en el entorno de dos décimas, dos-tres décimas, para el año 2017.

En segundo lugar, en relación con el tema del Eurogrupo, yo simplemente quería señalarles que ha tenido ya lugar la reunión preparatoria de lo que son los alternos del Eurogrupo y ahí no ha habido ningún tipo de observación a lo que han sido las recomendaciones de la Comisión. Por lo tanto, yo supongo que va a ser adoptada casi sin ningún tipo de objeción. Hacía falta una mayoría reforzada inversa, que, sin duda, no se daba en absoluto dentro del Eurogrupo ni del ECOFIN, para rechazar la recomendación de cancelación de la sanción, porque no es de multa cero, es de cancelación de la sanción; y, por otro lado, para aprobar la nueva senda, tanto de España, como de Portugal.

La primera pregunta que me plantea usted es sobre el tema del subgobernador. Yo lo conocía desde hace unos días. Es un puesto relativamente importante en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, y yo simplemente lo que querría es agradecer la labor que ha realizado el señor Restoy. El señor Restoy llegó en un momento muy difícil al cargo de subgobernador del Banco de España, junto con el gobernador, con el señor Linde; tuvo una aportación importantísima y especialmente valiosa en todo lo que fue el Programa de Asistencia Bancaria --es decir, el rescate bancario--, en la modificación de las normas y en la presidencia del FROB. Él ha tomado una decisión, es presencia española en estos órganos y yo simplemente lo único que quiero es agradecérselo.

Después, posteriormente, hay tiempo. Lógicamente, la decisión es el 1 de enero y, mientras, va a seguir en sus funciones. Pero yo lo que quería, fundamentalmente, es agradecerle la aportación que ha tenido el señor Restoy.

Vicepresidenta .- Muchísimas gracias.