Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Voy a exponerles los principales asuntos acordados hoy en el Consejo de Ministros.

En este Consejo de Ministros, como viene siendo habitual, se ha presentado un informe sobre la evolución del proceso de reubicación y reasentamiento de refugiados en el marco de la Unión Europea. Se ha hecho como consecuencia o aprovechando, como ahora veremos, la aprobación de un Acuerdo sobre materia de asistencia sanitaria a las personas que piden protección internacional.

Como ustedes saben, en España hay tres vías para la acogida de refugiados, y es de lo que voy a hacer balance: la solicitud de protección internacional directamente en territorio español, las reubicaciones desde otros Estados miembros de la Unión Europea o el reasentamiento desde terceros Estados ajenos a la Unión.

Pues bien, para hacer un balance de cada uno de estos casos quiero señalarles que, en cuanto a la tramitación habitual --por llamarlo de esta manera-- de solicitudes de protección internacional presentadas en España, recordarán ustedes que les di la cifra de 20.157 en 2015; hasta 29 de junio de este año se han solicitado más de 9.000 peticiones de asilo internacional con entrada directa en territorio español. Esto supone que se han multiplicado por cuatro las cifras en los últimos años y España es el quinto país de la Unión Europea donde más han aumentado las peticiones de asilo internacional en el propio suelo.

Como también saben, nosotros teníamos dos compromisos: el de reubicación, 15.888 refugiados, y el reasentamiento, 1.449 refugiados. Pues bien, a fecha 8 de julio de 2016, además de los que lo han pedido en territorio español, de esos 9.000, España ha acogido 305 refugiados en reubicación desde Grecia e Italia y en reasentamiento desde Líbano y Turquía. Esta cifra de 305 es la cifra total. A 12 de julio, probablemente, la cifra sea de 315 refugiados, porque están pendientes diez personas que proceden de Italia.

A esto hay que añadir dos casos de algunos refugiados ya acogidos por razones humanitarias extraordinarias; es el caso del niño afgano Osman Mohamed, y su familia, que saben que vino a España con parálisis cerebral y que fue atendido en Valencia; y el señor Nabid que es un ciudadano pakistaní con las manos necrosadas y que está siendo atendido en Madrid.

Como les decía, éstas son las cifras provisionales. Desde Italia se esperan, además, diez personas para cumplir la cifra de cincuenta refugiados comunicada inicialmente, y desde Líbano está prevista la llegada de 199 personas más en reasentamiento a finales de julio. El ofrecimiento español es de 285 personas; hasta la fecha, han sido 61 las que han llegado.

También, y como les voy a explicar un asunto que hemos acordado en Consejo de Ministros, les voy a hacer una somera referencia al refuerzo que hemos hecho del Sistema Español de Acogida. Como saben ustedes, empezamos creando una Comisión Interministerial, coordinada desde Vicepresidencia del Gobierno, en la que participaban los ministros de Justicia; Defensa; Interior; Empleo y Seguridad Social; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y Educación, Cultura y Deporte. También conocen que en los Presupuestos Generales del Estado incrementamos la partida para integración en un 2.522 por 100, sin incluir el incremento del 105 por 100 del Presupuesto destinado a la tramitación en sí de los expedientes de asilo; que se han convocado 180 plazas adicionales para la tramitación de estos expedientes, tanto en Interior como en Empleo, y que España ha ofrecido 112 expertos para identificación del personal, a fin de que puedan trabajar, tanto con FRONTEX, como con EASO.

Éstas son las cifras; tengo también los perfiles si alguno desea información adicional sobre las procedencias de estas 305 personas: nacionalidades, situación familiar y Comunidad Autónoma en que han sido acogidas.

Pero, junto a ese balance, hemos aprobado un Acuerdo para distribuir definitivamente el crédito de la aplicación presupuestaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinada al Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados para el ejercicio de 2016 y que trata de aportar a las Comunidades Autónomas una financiación adicional para la asistencia sanitaria que van a prestar a las personas que vienen en condiciones de protección internacional.

Se trata de 1,75 millones de euros, que son a mayores de las cifras de incremento presupuestario que les he relatado, que se van a distribuir entre Comunidades Autónomas con el objetivo de contribuir a financiar parte del gasto sanitario añadido originado por la atención sanitaria a refugiados, colectivo que además tiene en sanidad unas necesidades específicas, como pueden ser intérpretes, mediadores u otras herramientas de comunicación. Es decir, se trata de una ayuda complementaria para prestar este tipo de servicios.

La determinación de estas cuantías fue acordada con las Comunidades Autónomas en un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El reparto de estos fondos se hace atendiendo al número de personas solicitantes de protección internacional en cada Comunidad durante el año 2015, reflejadas en la base de datos de la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud. El resultado son unidades de reparto, que además se han ponderado según razones de edad, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad y de las necesidades de servicios sanitarios de estas personas.

De estos cálculos resulta un total de 17.021 unidades de reparto, que han servido de base para la distribución efectiva del crédito disponible. También tendrán en la Referencia del Consejo de Ministros estas cifras de las 17.000, qué números corresponden a cada Comunidad Autónoma y la partida que les va a corresponder, como digo, en este acuerdo de complemento para especiales necesidades sanitarias de las personas que vienen en situación de peticionarios de asilo o de refugio.

También hemos aprobado un Acuerdo por el que se autoriza una contribución voluntaria a la Organización Internacional de las Migraciones para participar España en un proyecto piloto de retorno voluntario asistido con reintegración en Mauritania. El retorno, como ustedes saben, es una de las prioridades en la política de lucha contra la inmigración en situación irregular en España y en el conjunto de la Unión Europea. La idea fundamental de esta política es contar con una diversidad de instrumentos y una pluralidad de actores para que este programa pueda completar las herramientas en apoyo de este marco del retorno.

En lo que se ha venido trabajando desde hace tiempo, y ahora lo explicaré, es en programas de organización de retorno voluntario de inmigrantes subsaharianos en situación de vulnerabilidad, que se encuentran en situación irregular en países de tránsito en África hasta sus países de origen; es decir, o en países intermedios o en el país final. Además de sufragarles el retorno a su país de origen, se les ofrecen alternativas para su reintegración, que incluyen microcréditos y pequeños proyectos empresariales.

La Organización Internacional para las Migraciones empezó a desarrollar este tipo de proyectos en el año 2005, en Marruecos. El Ministerio del Interior ha contribuido en este proyecto con un millón de euros. A raíz del éxito de este programa, el Ministerio del Interior ha iniciado los contactos con la Organización Internacional de las Migraciones para desarrollar un programa de características similares en Mauritania. Al finalizar 2015, la Organización Internacional para las Migraciones firmó un convenio de contribución con la Comisión Europea que recoge, entre otras, un proyecto piloto de retorno voluntario asistido en Mauritania. Nosotros aprobamos la contribución a ese proyecto piloto con cincuenta mil euros. Está dirigido a sesenta inmigrantes en situación irregular, ya están identificados en su situación de vulnerabilidad y nosotros contribuiremos a los gastos de transporte de esos beneficiarios.

En otro orden de cosas, hemos aprobado un Acuerdo para adquirir compromisos de gasto, de cara a los futuros Presupuestos, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el conocido como INIA, a fin de posibilitar la convocatoria de subvenciones en el año 2016 para la contratación de investigadores con grado de doctor. Es una convocatoria que tiene lugar dentro del Subprograma estatal de incorporación que gestiona el INIA y que cuenta con una financiación de 3,5 millones de euros para el período 2016-2021. La finalidad es incentivar la formación y especialización de recursos humanos en I+D+i, así como su inserción laboral dentro del Programa de Promoción del Talento y la Empleabilidad. Supone la subvención de la contratación de veinticinco investigadores con grado de doctor en los centros públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas.

También quería informarles de que hemos cerrado con distintas Comunidades Autónomas convenios de colaboración para la realización del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. Se trata de un sistema de localización, catalogación y recogida de datos de obras existentes en bibliotecas públicas o privadas de cada Comunidad Autónoma que, por su antigüedad, singularidad o especiales características de sus ejemplares, puedan formar parte de nuestro patrimonio histórico de cara a su protección y difusión.

Ésta es una cooperación que se inició en el año 2006 y los convenios firmados lo que buscan es dar continuidad al Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. Se ha firmado entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia y la Foral de Navarra, y supone una financiación de 130.000 euros, aportada por unos y otros: el Estado y las Comunidades Autónomas.

También se ha tomado en consideración el Informe anual de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado del año 2015, y se remitirá a las Cortes. La Administración General del Estado invirtió 37,7 millones de euros en publicidad institucional en el año 2015, 11,2 millones menos de lo previsto en el plan de ese año. Este informe se pone, no sólo a disposición de las Cortes, que se remitirá hoy, sino de todas las asociaciones del sector y de los ciudadanos en la página web de Moncloa. El informe recoge cincuenta campañas institucionales realizadas en el año 2015 por los ministerios, organismos y entidades integrantes del sector público estatal, especificando costes, herramientas de comunicación utilizadas y adjudicatarios de los contratos.

El 84 por 100 de la inversión publicitaria lo es para campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado del entorno, como ahorro de energía, alimentación, etiquetado de vehículos, prevención del Sida, escuelas de salud, planes hidrológicos, consumo de agua, prevención de incendios; pero también para la promoción de derechos y deberes de los ciudadanos en cuestiones como violencia de género, fiscalidad, servicio exterior, recomendaciones Erasmus, cooperación, proximidad y reconocimiento de las Fuerzas Armadas, Ley de Transparencia, elecciones, entre otras.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el que ha realizado un mayor número de campañas, diecinueve, seguido por el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con ocho; y del de Educación, Cultura y Deporte, con siete. También se recoge un listado de 62 campañas de carácter comercial, no sujetas a la Ley de Publicidad Institucional, que el sector público estatal ha realizado en 2015 y que suman 117,41 millones de euros.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre éste u otros temas.

P.- Vicepresidenta, me gustaría preguntarle ahora si a esta hora ya puede confirmar el Gobierno que mantiene el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, su viaje a España, a pesar de lo que ha sucedido en Dallas; si ha habido en algún momento algún temor de que pudiese cancelarse o alterarse este programa y si, en concreto, sufre alguna modificación alguna parte de esa visita a nuestro país.

Vicepresidenta.- Permítame que mi primera intervención sobre este tema sea expresar desde el Gobierno de España nuestras más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y toda nuestra solidaridad con el pueblo americano. Queremos manifestar nuestro apoyo a una sociedad con la que compartimos la necesidad de luchar contra la violencia y en favor de la igualdad, y compartimos nuestra defensa de la convivencia democrática de todos los ciudadanos, que es base esencial de las libertades y el bienestar de cualquier país.

Sobre su pregunta en concreto, tengo que decirle que en este momento no tenemos ninguna comunicación de las instancias americanas que altere los planes de viaje conocidos y que les hemos transmitido hasta la fecha.

P.- Vicepresidenta, me gustaría preguntarle sobre la decisión de la Comisión Europea de abrir la posibilidad de multar a España por --dicen-- no atajar el déficit de forma correcta, si creen desde el Gobierno que, efectivamente, se puede llevar a cabo esa multa y si creen que la falta de un acuerdo de Gobierno puede influir o afectar en esa decisión.

Vicepresidenta.- Como saben todos ustedes, ayer, tanto por el señor Moscovici, como el señor Dombrovskis, se hizo referencia a la cuestión que había sido adoptada por la Comisión Europea en relación con el procedimiento sobre España y sobre Portugal.

Yo quiero decir que, por parte de España, se ha tratado a lo largo de todo este tiempo de poner de manifiesto que nuestro compromiso en la consolidación fiscal, en tiempos de recesión y en tiempos de bienestar, de una mayor recuperación económica, ha sido muy claro. El mayor ejemplo de eso ha sido que en nuestro país hemos reducido a la mitad las cifras de déficit público, en la primera fase, en recesión y, en la segunda fase, con crecimiento económico. Es decir, nosotros hemos hecho unos importantes esfuerzos en materia de consolidación fiscal.

Es cierto que ahí hay unas recomendaciones, con una nueva senda que está abordando la Comisión, y que estaremos pendientes en los próximos días, de cara al 12 de julio o días posteriores, sobre cuál es la decisión definitiva de las instituciones europeas; pero mantenemos nuestra confianza, como ha venido reiterando el ministro De Guindos, en que esa sanción no será una multa para España.

Además, nosotros ya tenemos un compromiso, una vez que conozcamos cómo ese procedimiento se determina --como digo, el 12 de julio en principio--; nosotros inmediatamente, al día siguiente, haremos las alegaciones que corresponden, porque saben ustedes que el procedimiento es la toma de esa decisión y la apertura de un período de diez días para alegaciones por parte del Estado miembro. Nosotros las vamos a hacer inmediatamente porque, además, han sido ya bastantes las actuaciones que hemos llevado a cabo: acuerdos de no disponibilidad por parte del Estado o por parte de las Comunidades Autónomas, y distintos planes de ajuste. A partir de ahí, a los diez días después de pasado este plazo, habrá, por tanto, la decisión correspondiente en las instituciones comunitarias. Pero nosotros, como digo, mantenemos esa confianza porque, y ayer lo decía el ministro De Guindos, esto es una cuestión de sentido común y en España hemos, año tras año, reducido la cifra de nuestro déficit público --el año pasado, en una cifra importante--, hemos hecho esfuerzos y creo que eso será tenido en cuenta.

Sobre la tercera de sus cuestiones, que ya va enmarcada en un plano mucho más general, hay una cosa que el otro día decía el presidente del Gobierno y que creo que tenemos que seguir, digamos, explicando en estos días: hay una serie de compromisos básicos en España que son fundamentales para la credibilidad de nuestro país, y hay una serie de decisiones fundamentales y básicas para poner en marcha una legislatura.

El Presidente hablaba de esos mínimos de cara a llevar a cabo ese tipo de actuaciones. Indudablemente, España, y yo espero que podamos mantener los consensos con los que venimos trabajando hasta la fecha, tiene una serie de obligaciones en el ámbito europeo, tanto en el procedimiento de déficit excesivo, como en otras cuestiones, y yo la semana pasada hablé con ustedes del asunto de la transposición de las Directivas comunitarias. Lógicamente, el cumplimiento de esos compromisos europeos, que vienen muy ligados a la senda de consolidación fiscal; el aprobar esa senda de consolidación fiscal que determina los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de todas las Administraciones y el límite de gasto no financiero, lo que se conoce como "techo de gasto", vulgarmente, y los Presupuestos Generales del Estado son un elemento clave, no sólo para consolidar la recuperación del país, sino, muy especialmente también, para cumplir nuestros compromisos en el conjunto de la Unión Europea.

Por eso, el presidente del Gobierno ha insistido en estos días en la necesidad de que podamos llegar a unos mínimos para poder poner en marcha una legislatura, y poner en marcha una legislatura es responsabilidad de todos: del Gobierno y del Parlamento en su conjunto, porque es una tarea, yo quiero recordar, compartida. Nosotros presentamos esa senda cuando nos la comuniquen las instituciones comunitarias y es el Parlamento quien tiene que aprobarla; el Congreso y el Senado, en un plano de paridad. Y nosotros presentamos los Presupuestos Generales del Estado, que son, además, el instrumento para cumplir esa senda, que tienen que ser aprobados por el Parlamento. De modo que hay que trabajar en esta máxima colaboración para iniciar una legislatura que nos permita consolidar la recuperación y, por otro lado, cumplir con nuestros compromisos europeos.

P.- Vicepresidenta, yo tenía dos preguntas. La Generalitat ha dicho que se mantiene firme en la creación de estructuras de Estado, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, y asegura que los efectos de esa sentencia son mínimos. A mí me gustaría saber, en opinión del Gobierno, cuáles son realmente los efectos que la sentencia tiene para la Agencia Tributaria y para la Agencia de Protección Social, y qué sucede en el caso de que no se cumpla el fallo del Tribunal.

También me gustaría saber si el presidente del Gobierno ha contactado ya con el secretario general del PSOE, o si los gabinetes de ambos han contactado, para planear un encuentro cara a cara.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, en primer lugar, el Gobierno respeta esa decisión del Alto Tribunal, del Tribunal Constitucional, además en la satisfacción de que, cuando planteamos ese recurso, teníamos razón constitucional de cara a decir que la constitución de estructuras de Estado no cabe dentro de nuestro marco constitucional.

Yo creo que en las sentencias, y ésta es muy clara, hay que ir a la mayor. Lo que viene a decir, por unanimidad, el Tribunal Constitucional es que las estructuras de Estado corresponden exclusivamente a una entidad: el Estado. En ese reparto constitucional cada Administración, cada esfera de poder, Estado-Comunidades Autónomas-Corporaciones Locales, Poder Judicial en otro ámbito, tiene una serie de competencias y lo que ha dejado bien claro el Tribunal Constitucional es que la Generalitat no puede crear estructuras de Estado sencillamente porque no lo es y porque tiene que atender al reparto constitucional.

Sobre la segunda de sus cuestiones, si van a cumplir o no van a cumplir, yo, con toda humidad, le daría una recomendación a la Generalitat de Cataluña: tiene amplias competencias que cumplir y algunas no las está haciendo de manera satisfactoria en favor de los intereses de los ciudadanos que viven en Cataluña. Entonces, yo creo que antes de ponerse a funcionar con esquemas de un Estado, que no lo es y que no puede serlo en nuestro marco constitucional, uno conviene que repase las competencias que sí tiene y que puede ejercer mucho mejor, y puede destinar sus recursos a ejercerlas mucho mejor.

¿En el caso de que no cumplieran? Yo lo que les pido, de salida, es que cumplan. Aquí estamos todos sujetos a reglas de juego. En ocasiones, el Tribunal Constitucional no da la razón al Gobierno y lo último que hace el Gobierno es: ¡ah!, si no me da la razón, no cumplo y, si me la da, sí cumplo y que cumplan los demás. Del mismo modo que la Generalitat nos pide a nosotros que cumplamos cuando el Tribunal Constitucional no nos da la razón, nosotros pedimos que se respeten esas reglas del juego.

Y sobre la tercera de sus cuestiones, cuando ese encuentro esté cerrado y acordado, les informaremos. Saben ustedes que hay dos reuniones: el martes que viene, en el Congreso de los Diputados, con los máximos responsables de Ciudadanos y de Podemos, de Unidos-Podemos. En el momento en que esté cerrada ya la reunión con el secretario general del Partido Socialista, se les informará de cómo, dónde y del formato en cuestión.

P.- Sobre los dos aspectos que acaba de comentar, pero en otra vía, quería saber qué opinión tienen ustedes del conflicto que se está desatando, institucional y político, en Barcelona con el tema del CIE, en el que el Ayuntamiento se está negando a la reapertura que quiere el Gobierno y que está promoviendo el Gobierno, y sobre el fondo del asunto, que es la utilización, el sentido último, de los CIEs y del funcionamiento tal y como está ahora programado.

Sobre lo segundo, quería saber si ustedes han encargado ya a lo que se conoce comúnmente, periodísticamente, como la "brigada Aranzadi", es decir, a los abogados del Estado, algún tipo de informe sobre lo que puede hacer o no un Gobierno en minoría en estos momentos.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, el modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros no es un modelo que haya inventado el Gobierno de la nación, este Gobierno de la nación, sino que es un mecanismo que viene enmarcado dentro del Derecho de la Unión Europea y de nuestro ordenamiento jurídico español, ya desde la Ley de 11 de enero de 2000, la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros y que no ha sido sustituida por posteriores Gobiernos.

La medida cautelar de privación de libertad es siempre excepcional, quiero recordarlo. Esto se concreta en que esa decisión ha de ser acordada por el juez competente, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y siempre con un mínimo imprescindible. Ese ingreso y esa estancia están siempre bajo control judicial, para que pueda el juez de instrucción llevar a cabo la tutela correspondiente de los derechos de los internos; todo ello también supervisado por el Ministerio Fiscal.

Por tanto, yo creo que al Ayuntamiento de Barcelona le corresponde, como a todos, respetar la normativa y el entorno en que se lleva a cabo una política de inmigración en la que hay que actuar con arreglo a los parámetros comunitarios y de nuestro ordenamiento, de cara a las personas que se encuentran en una situación de estancia irregular y de las que procede su expulsión. Al Ayuntamiento de Barcelona le corresponden unas competencias en relación con la ordenación municipal de determinadas aperturas y mantenimiento de instalaciones; pero al Ayuntamiento de Barcelona no le corresponde la competencia de decidir cómo se gestiona o no la política de inmigración en nuestro país.

Uno puede hacer la política de discursos que tenga por conveniente, y la señora Colau puede salir y decir todo lo que quiera; pero no tiene más competencias que las que corresponden a un Ayuntamiento y, mientras la legislación española sea ésta, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo unos procedimientos de expulsión de ciudadanos en situación irregular que tiene que cumplir, y para eso tiene que haber centros.

Sobre la segunda de sus cuestiones, permítame que le haga una apreciación inicial. España es un modelo constitucional en el que hay un Tribunal Constitucional y cada Administración tiene un servicio jurídico. Lo tiene el Estado y lo tiene la Generalitat, y no se me ha ocurrido a mí darles un nombre que pretenda menoscabar la tarea de quienes desde una Administración o desde otra cumplen con una obligación, igual que ustedes tienen sus propios servicios jurídicos en cada una de sus empresas.

Entonces, si hay una norma que no se ajusta a la Constitución, el presidente del Gobierno, previamente oído su Consejo de Ministros, decide interponer un recurso. Como ésta es una Administración profesional, los recursos los hacen los que tienen la consideración de miembros del Servicio Jurídico del Estado; no los van a hacer los que están en la Intervención General de la Administración del Estado o los arquitectos del Estado. Esto es profesional. Pero me imagino que en la Generalitat pasa exactamente lo mismo y no se nos ha ocurrido buscar el nombre de una empresa privada que, por cierto, creo que los códigos ya no se llaman así. Y, por cierto, el Estado, como además tiene sus propias dinámicas y el Boletín Oficial del Estado presta también servicios gratuitos en estas cuestiones, ha evolucionado mucho desde que los que impusieron ese nombre se acuerdan de esos viejos tomos que rodaban por la Administración.

Seamos un poquito serios. Estamos hablando de la permanencia de nuestro modelo constitucional y estamos hablando de la primacía de la Ley. Entonces, aquí no es que a unos señores les guste recurrir, que ya le digo yo que no. Yo misma le dije al señor Junqueras que a ver si era posible si nos poníamos más de acuerdo en los procesos previos a los recursos ante el Tribunal Constitucional para llegar a acuerdos; pero, indudablemente, si no llegamos a un acuerdo y a los señores de la Generalitat de Cataluña se les ocurre crear estructuras de Estado que no pueden crear, y la unanimidad del Tribunal Constitucional ha dicho que no pueden hacerlo, entonces, ¿de qué "brigadas" estamos hablando? Estamos hablando del respeto a la Constitución y a las leyes, estamos hablando de un modelo de convivencia que hemos votado todos los españoles, y eso es la política en estado puro, no el derecho codificado en manuales, llámele usted cómo quiera llamarlo.

P.- Yo también voy a continuar con recursos, los que presenta el Gobierno...

Vicepresidenta.- Los que usted quiera.

P.- …sin calificativos. Estos días ha trascendido un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores titulado "Sobre los perjuicios que causan a los intereses del Estado la extralimitación de las actuaciones de la Generalitat en materia de acción exterior". Dado que hay un recurso presentado, suspensión levantada en algunos aspectos y dadas las conclusiones de este estudio, que supongo que conoce, ¿el Gobierno ha pensado en adjuntar este estudio, o lo ha adjuntado ya, lo ha enviado, al Tribunal? ¿Piensa actuar sobre esta cuestión de alguna manera?

En segundo lugar, quería saber si nos puede dar ya alguna información sobre la investigación que encargó el ministro del Interior en funciones sobre unas grabaciones que se hicieron en su despacho de unas conversaciones.

También, el Partido Socialista ha anunciado que va a pedir una comisión de investigación en el Congreso, no sólo sobre estas grabaciones, sino también por la actuación de determinados Cuerpos o funcionarios del Ministerio del Interior en la llamada "Operación Cataluña". ¿Qué nos podía decir usted? ¿Qué conocimiento hay, si es que ha informado el ministro en el Consejo hoy o estos días?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, si yo no creo recordar mal, cuando se interpuso el recurso y se solicitó la suspensión, en la pieza separada de la nota de suspensión por parte del Estado se aportaron los elementos de prueba necesarios que determinen los daños que pueda causar la pervivencia entre tanto se resuelve el recurso de una organización de este tipo. Pero esto no es ninguna novedad. Es lo que se hace siempre. Uno de los elementos que tú tienes que probar es ese perjuicio de imposible o difícil reparación.

Sobre la segunda de las cuestiones, ese procedimiento está abierto. Yo no tengo ninguna información adicional de ningún avance. Hay que esperar a que se concluya y se les informará.

Y sobre el tercero de los asuntos, el Partido Socialista puede anunciar todo tipo de comisiones. Está en su derecho parlamentario, pero yo haría una reflexión importante de lo que piensan y esperan en esta Legislatura, porque el Ministerio del Interior ha tenido distintos ministros, tanto del Partido Popular, como del Partido Socialista. Y yo confío en que, antes de pedir estas comisiones de investigación, a lo mejor pregunten a los que tienen un gran conocimiento del Ministerio del Interior para ver si es la manera más útil esa comisión de llegar a lo que todos queremos saber, que es el fin de ese expediente y qué ha pasado ahí; y eso se determina por la propia autoridad dentro del Ministerio del Interior, que son los órganos especializados en cada proceso.

P.- Vicepresidenta, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ha dicho esta mañana que votarán sucesivamente "no" a la investidura de Mariano Rajoy y que esta decisión no se va a revocar en el futuro. Yo quería saber si el presidente del Gobierno está decidido a ir a esa sesión de investidura, aunque ni siquiera cuenta con la abstención del Partido Socialista.

En segundo lugar, siguiendo con la ronda de contactos del Presidente, quería saber si también ha hablado con Convergència.

Vicepresidenta.- Sobre esta cuestión, ya oyeron ustedes ayer al presidente del Gobierno con meridiana claridad: España necesita un Gobierno cuanto antes. Necesitamos un Gobierno que nos permita dar estabilidad al conjunto de España y que nos permita adoptar las medidas necesarias para garantizar esa recuperación económica.

Los resultados de las elecciones son los que son, y yo entiendo y respeto que los partidos precisen un tiempo de reflexión y de análisis de esos resultados y dé la posición que van a mantener al respecto.

Ya digo que el presidente del Gobierno ayer fue muy claro respecto de esta pregunta y a mí me gustaría añadir que todos tenemos una responsabilidad, máxime dada la composición de la Cámara; una responsabilidad con el país y con los intereses generales. Yo entiendo y respeto, y es legítimo, que cada partido defienda sus propios intereses; pero el interés de los partidos también muchas veces es, o básicamente es, defender ese interés general.

Entonces, yo espero que estos días en las reuniones del Partido Socialista… Yo no me meto en lo que tienen que hacer; pero creo que es oportuno que todos pongamos en la balanza la responsabilidad que tenemos para con los ciudadanos, después de unas segundas elecciones, y la legitimación que tenemos como partido para adoptar la decisión que parezca oportuna. Pero estamos ante un momento crucial para nuestro país y en el que todos tenemos una responsabilidad, porque irse o no a la oposición implica también una responsabilidad, máxime cuando un Parlamento tiene que funcionar y tiene que tomar decisiones con uno o con otro partido.

Sobre Convergència i Unió, yo le voy a contar la doctrina general, que es la que hay. El presidente del Gobierno ha decidido hablar con todos los partidos y a libertad de esos partidos, a elección de esos partidos, a gusto del consumidor, que dicen estos señores de la Secretaría de Estado de Comunicación, unos han decidido que sea público, otros prefieren privado; unos es aquí, otros es en el Congreso; unos hablan aquí, otros hablan en el Congreso y otros no hablan.

Nosotros no podemos imponerle a nadie los formatos ni ninguna de las decisiones. Nuestra voluntad es hablar con todos y, como queremos trabajar para generar ese clima, a veces será de acuerdo o no, pero generar sobre todo un buen clima de cara a la responsabilidad que tenemos, nosotros los primeros, con el conjunto del país de intentar formar un Gobierno y dar estabilidad a este país cuanto antes, pues hasta ahí le puedo decir. Porque hay el compromiso de someternos, en esto de la comunicación, a que cada uno de los visitantes del señor Rajoy, o de los interlocutores, que es el término más adecuado, elija y decida.

Muchísimas gracias.