Conferencia de prensa de los ministros de Justicia y de Empleo y Seguridad Social después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Sr. Catalá.- Muy buenos días. Les informamos, la ministra de Empleo y yo mismo, de los acuerdos del Consejo de Ministros en esta rueda de prensa habitual de los viernes, en sustitución de la vicepresidenta del Gobierno y portavoz del Gobierno, que, como saben, se encuentra hoy en Nueva York.

La vicepresidenta, acompañada de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, representará en muy breves momentos --a las 15:00 hora española, a las 09:00 hora de Nueva York--, al Gobierno de España en la Conferencia de Alto Nivel para la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en la sede de Naciones Unidas. Se trata de un documento histórico que fija objetivos para la lucha contra el calentamiento global. Este Tratado fue adoptado el pasado diciembre y será suscrito por 165 países.

En relación con los asuntos y acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros, en primer lugar he de informarles de que en el informe de política exterior se ha informado sobre la situación en relación con el terremoto de Ecuador.

En primer lugar, la inmediata comunicación, la inmediata transmisión de solidaridad por parte de S.M. el Rey y del presidente del Gobierno en conversación con el presidente Correa, y el envío de los medios que así nos han solicitado las autoridades ecuatorianas en materia de emergencias. Así, se han desplegado ya en Ecuador efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y también del Grupo de Emergencias y de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. En total, son cincuenta efectivos los desplegados y, además, también, a través de la Agencia Española de Cooperación, se ha enviado un avión con material de socorro, con trece tonelada que incluyen equipos para el abastecimiento de agua potable, grupos electrógenos, kits higiénicos, material de socorro proporcionado por la Cruz Roja Española, equipos de agua y saneamientos que ha facilitado OXFAM Intermon, y también medicamentos de la Fundación Reina Sofía y Farmamundi.

Todo el personal de la cooperación española, de la OTC, se encuentra en las áreas más afectadas colaborando con el Gobierno de Ecuador y con las autoridades competentes en materia de emergencias.

En segundo lugar, el Gobierno ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo la convocatoria de subvenciones en el área de protección internacional y para la atención socio-sanitaria en los Centros de Estancia Temporal de los inmigrantes de Ceuta y Melilla; todo ello, doscientos programas, por un valor acumulado de 83.440.000 euros. La ministra de Empleo les dará información más detallada de este Acuerdo.

En tercer lugar, también se ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de este año, 2016, de las ayudas para la cooperación regional en I+D para el desarrollo tecnológico e industrial, por valor de cincuenta millones de euros. Con estos proyectos se pretende estimular la cooperación estable en actividades de I+D entre empresas ubicadas en las principales regiones españolas destinatarias del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. En concreto, se persigue el incentivo del desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro, con proyección económica y comercial a nivel internacional, y que tengan una aportación innovadora en materia tecnológica o industrial.

La estimación por parte del CDTI es que se puedan financiar entre veinticinco y treinta proyectos, con un presupuesto para cada uno de ellos de entre uno y cuatro millones de euros, que tendrán una duración entre dos y tres años. Estas ayudas, como les decía, están destinadas a las regiones objetivo de este Programa; por lo tanto, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha acordado también un Acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra tres leyes aprobadas recientemente por el Parlamento de Cataluña.

La primera de ellas tiene que ver con el establecimiento de un impuesto a las viviendas vacías y de modificación de las normas tributarias de Cataluña. En este caso, lo que estima el Gobierno, con todos los informes jurídicos que acompañan este tipo de acuerdos, es que no se puede gravar por segunda vez un mismo hecho imponible. El actual sistema de financiación de las Haciendas locales ya prevé que se pueda recargar hasta en un 50 por 100 el IBI de las viviendas no ocupadas; por lo tanto, este nuevo tributo que pretendía crear el Parlamento de Cataluña recae en un vicio de inconstitucionalidad por atender al mismo hecho imponible y, por lo tanto, ser contrario a la legislación vigente.

En segundo lugar, también se impugnan determinados artículos de la Ley 16/2015 del Parlamento de Cataluña que tiene que ver con la actividad de los gobiernos locales en Cataluña. También aquí la Ley del Parlamento de Cataluña, en opinión del Gobierno y de los órganos de asesoramiento, invade competencias estatales; y, por lo tanto, se solicita del Tribunal Constitucional su declaración de inconstitucionalidad.

Por último, también se presenta un acuerdo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 17/2015, del Parlamento de Cataluña orientada a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Como se pueden ustedes imaginar, nada que objetar al fondo de la materia en sí mismo de la Ley. Una vez más, lo que hacemos es un análisis competencial y consideramos que lo que está haciendo el Parlamento de Cataluña es invadir competencias que le corresponden al Estado; por lo tanto, lógicamente, para respetar el orden competencial de las distintas Administraciones Públicas se promueve esta impugnación.

En este momento, yo creo que el acceso por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional impugnando normas o disposiciones de la Generalitat de Cataluña se sitúa en torno a, aproximadamente, treinta disposiciones; pero también es verdad que la Generalitat de Cataluña ha presentado prácticamente cincuenta impugnaciones contra disposiciones del Gobierno, del Parlamento nacional. Por lo tanto, como digo, esto no es más que el ejercicio normal de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas cuando considera que otra Administración ha extralimitado sus competencias y acudimos, por lo tanto, al Tribunal Constitucional.

Éstos han sido los acuerdos que se han adoptado por el Consejo de Ministros y la ministra de Empleo les dará mayor detalle sobre el acuerdo en materia de in migración.

Sra. Báñez.- Efectivamente, como conocen bien, España tiene un compromiso firme con aquellas personas solicitantes de protección internacional. Lo viene, además, gestionando con responsabilidad, con solidaridad, y también en línea con nuestros socios europeos. España ha cumplido y sigue cumpliendo sus compromisos de solidaridad, y, además, quiero poner de manifiesto que lo hace con las cinco vías que hoy están abiertas.

Estamos trabajando, en primer lugar, en atender a las personas que solicitan protección internacional y que llegan directamente a nuestras fronteras; es decir, en suelo propiamente español. Por darles un ejemplo, en el último año, 2015, llegaron casi veinte mil personas a nuestras propias fronteras, a suelo español directamente, solicitando protección internacional, y han sido acogidas y también están siendo integradas con toda normalidad.

Quiero decir que el esfuerzo solidario que está haciendo toda la sociedad española en este sentido es amplio. En las últimas semanas hemos conocido un informe de Eurostat en el que se señala que España es el quinto país en incremento porcentual, 2015 sobre 2014, donde más ha aumentado esa solicitud de protección internacional directa en su propio territorio. Por tanto, el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad española para dar acogida a aquellos solicitantes de protección internacional en nuestro propio territorio es amplio.

En tercer lugar, estamos colaborando estrechamente con las autoridades comunitarias en ese programa europeo de reubicación de personas solicitantes de protección internacional, tanto desde Grecia, como desde Italia. Conocen muy bien que el compromiso es que a primeros de mayo lleguen 150 personas desde Grecia y 50 desde Italia para completar la solicitud que ya hizo a los Estados miembros el Gobierno de España.

La cuarta vía, después de Grecia e Italia, es el reasentamiento. En cuanto a la labor de reasentamiento y el compromiso de reasentamiento en nuestro país, en este año vendrán a España alrededor de 850 personas, de las cuales 285 ya se ha comunicado a ACNUR para que desde Turquía puedan venir a nuestro país con motivo de esa solidaridad en el plano de reasentamiento.

Por último, ayer mismo comunicó el ministro del Interior que en el último compromiso de nuestro país en el sistema mecanismo "uno por uno" de la Declaración de la Unión Europea-Turquía, vendrán también 100 personas a nuestro país para ser acogidas e integradas entre nosotros.

Por tanto, nuestros compromisos son claros por aquellas personas que directamente vienen a nuestras fronteras y en los sistemas y en los compromisos de reubicación y reasentamiento europeos, como les he dado a conocer. En ese sentido, yo quiero decir que el Gobierno de España desde el primer momento ha tenido una posición responsable y muy solidaria.

En primer lugar, hemos aumentado la coordinación. La vicepresidenta del Gobierno preside una comisión interministerial donde estamos todos los ministerios implicados en este tema de protección internacional. Además, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hay una comisión técnica permanente, donde están trabajando todos los directores generales de las Comunidades Autónomas, un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, y las Organizaciones No Gubernamentales que hacen con nosotros ese asilo y protección internacional, y funciona de manera coordinada y permanente.

Hemos incrementado los recursos. A propuesta de todos los Grupos Parlamentarios; el presupuesto de este año 2016 cuenta con 253 millones de euros para atender esta redimensión de todo nuestro sistema de acogida y asilo. Y, en ese sentido, hemos incrementado también los recursos a disposición de las autoridades comunitarias, como nos ha sido solicitado, y vamos a enviar a 71 expertos a FRONTEX y a EASO para seguir colaborando estrechamente con las autoridades comunitarias en este proceso de acogida y asilo de refugiados, que es competencia y es responsabilidad de todos.

En ese marco del Sistema Nacional de Acogida e Integración hoy hemos llevado al Consejo de Ministros, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, unas subvenciones, como ha dicho muy bien el ministro de Justicia, por importe de más de 83 millones de euros --éste ha sido también un tema, y lo quiero resaltar, que ha comentado esta semana el presidente del Gobierno de España con el presidente de la Generalitat con absoluta normalidad, porque estamos colaborando en este tema también lealmente--, para atender esas necesidades físicas de acogida, asilo e integración de todos los solicitantes en nuestro país de protección internacional.

Estamos hablando, como les decía, de 83.440.000 euros, que son subvenciones que se van a hacer en concurrencia competitiva entre las Organizaciones No Gubernamentales que colaboran con el Ministerio de Empleo desde hace mucho tiempo de manera normal.

Una de ellas, la primera cantidad, es para nuevos dispositivos de acogida y desarrollo de itinerarios de integración, que es la mayor parte de esa cantidad de subvención: 74 millones de euros; para atención socio-sanitaria en los centros CETI de Ceuta y Melilla, 1.200.000 euros; para la acogida de grupos con especial vulnerabilidad, que también vienen huyendo de una guerra y en circunstancias a veces socio-sanitarias y de integración difícil, tres millones de euros; para el equipamiento y la adecuación en ese sobredimensionamiento de muchos inmuebles, 2.240.000 euros; y también para proyectos de empleo en los colectivos más vulnerables, una cantidad de tres millones de euros.

Este proyecto de convocatoria de subvenciones para fortalecer nuestro sistema de acogida y protección internacional tiene, por supuesto, el informe favorable de la Abogacía del Estado para ponerlo hacer un Gobierno en funciones, porque es el desarrollo del Presupuesto que ya aprobaron las Cortes Generales en diciembre de 2016.

P.- Ministro, yo le quería preguntar por los tres recursos que ha anunciado contra diferentes leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Ha intentado, entiendo, restar trascendencia o polémica, sobre todo dado los recursos que se han presentado anteriormente; pero quería saber, sobre todo, y fundamentalmente, si el presidente del Gobierno le avisó al presidente Puigdemont en la reunión que tuvieron el miércoles pasado y, si creen que esto, aunque el Gobierno tenga que recurrirlo porque considera que tiene razones para ello, puede de alguna manera crear, levantar o generar alguna espina en las relaciones que se han tratado de reconducir esta misma semana.

Sr. Catalá.- El presidente del Gobierno, en la reunión que tuvo con el señor Puigdemont, le puso de manifiesto lo que han sido el comportamiento y la actividad cotidiana del Gobierno, que no puede ser otra que la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Cuando el Gobierno, con todos los informes jurídicos, considera que ha habido un exceso de actuación por parte, en este caso, del Parlamento de Cataluña, que ha invadido competencias que son del Estado, por lo tanto hay que acudir al Tribunal Constitucional para que establezca quién tiene la razón en este caso. Nosotros estamos convencidos de que las leyes del Parlamento de Cataluña van más allá de su ámbito competencial y, por lo tanto, entran en materias reservadas al Estado.

Les daba los datos de en qué medida unos y otros acudimos al Tribunal Constitucional. Quiero dar con eso, es verdad, como usted decía, una imagen de normalidad institucional. El Tribunal Constitucional, al que acude el Gobierno en ocasiones y al que acude la Generalitat en otras, es quien puede arbitrar estas discrepancias y, por lo tanto, situar la razón allí donde corresponda.

El presidente del Gobierno en la reunión con el señor Puigdemont insistió en que el Gobierno va a seguir trabajando, como durante toda la Legislatura, por garantizar los derechos de todos los españoles y de los catalanes, y por colaborar lealmente con las instituciones de Cataluña en todas las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, todos los grandes elementos de las políticas públicas en Cataluña; pero siempre, lógicamente, dentro del respeto a la Ley y a la Constitución. Por lo tanto, el diálogo y la colaboración absolutamente, y también el respeto a las leyes y a los marcos competenciales de unos y de otros.

P.- Siguiendo con esta misma línea, Ministro, el Presidente dijo eso, efectivamente, y dio los datos que usted ha pormenorizado hoy; pero también dijo que se iba a intentar reducir el nivel de conflictividad. Y veo, y quería ratificarlo con usted, que lo que no se ha anunciado es el recurso a la Ley anti-desahucios del Parlamento catalán. Quería saber si eso es parte de esa política de gestos que desde el Gobierno de la Generalitat se ha pedido y que, además, por lo que se está conociendo hoy, se han quedado bastante contentos con la reunión y con el compromiso del presidente del Gobierno de intentar reducir ese nivel de conflictividad. ¿Qué ha pasado con la ley anti-desahucios?

Perdone que aproveche la oportunidad, pero se acaba de conocer ahora que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, acaba de denunciar ante la Fiscalía a la Agencia Tributaria por varios delitos relativos a la infidelidad de la custodia de los documentos, la violación, la revelación de los secretos… Quería saber qué es lo que opina, si cree que esto tiene un recorrido y si cree que tiene razón el presidente del Gobierno al considerar que se ha vulnerado su derecho a la privacidad con el tema de los datos fiscales.

Sr. Catalá.- En relación con la primera cuestión, como el presidente del Gobierno les informó a ustedes en la rueda de prensa posterior a su entrevista con el señor Puigdemont, antes de formalizar, en su caso, acuerdos por los que se impugna de inconstitucionalidad una norma del Parlamento o un decreto de un Gobierno, hay unas comisiones mixtas bilaterales de expertos, donde hay un análisis puramente jurídico --ahí no hay análisis político o de conveniencia, sino análisis jurídico-- y donde se buscan soluciones, y muchas veces se encuentran. Por tanto, el compromiso del Gobierno es fortalecer esos mecanismos previos de colaboración, de cooperación, de búsqueda de soluciones, y, por lo tanto, en ese sentido vamos a seguir trabajando y vamos a tener la mejor disposición para encontrar esos acuerdos con la Generalitat y con cualquier otro Gobierno o Parlamento autonómico.

Ahora bien, cuando esas negociaciones culminan y cuando los plazos, porque estas impugnaciones tienen unos plazos… En el caso de los acuerdos que hoy se han adoptado, vencen ya inmediatamente, por eso había que tomar una decisión finalmente y por eso hay que tomar una posición final.

En el caso de la ley anti-desahucios, todavía no estamos en ese momento final. Se puede seguir trabajando y se va a seguir trabajando con la mejor disposición por nuestra parte. Puede generar, incluso, que haga falta alguna modificación, porque la negociación no significa que nadie abandone sus posiciones en defensa de la legalidad. La legalidad no es negociable. Pero sí puede pasar que una Administración, un Parlamento, apruebe una norma que modifique un planteamiento inicial si es que hay un acuerdo sobre el fondo de la cuestión.

Por lo tanto, como le digo, la mejor disposición para encontrar acuerdos, para encontrar posiciones comunes, para resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos, que es para lo que estamos, y no para crearlos, y siempre en el marco de la legalidad y de las competencias de cada Administración Pública.

En cuanto a lo que preguntaba sobre la denuncia presentada por el presidente Aznar, yo en primer lugar quisiera decir que la Agencia Tributaria es una organización extremadamente profesional y cualificada. Además de como ciudadano y como miembro del Gobierno, yo he sido subsecretario del Ministerio de Hacienda y conozco bien esa organización y esa casa. Me constan los procedimientos internos que utilizan; las limitaciones al acceso a la información que tienen todos los funcionarios y personal de la Agencia Tributaria, y las inspecciones que hace el servicio de inspección interna de la Agencia cuando se produce algún tipo de incidencia. Ésa es la primera consideración que quería hacer: la Agencia Tributaria es una organización profesional, servida por funcionarios independientes, que hacen un trabajo extraordinario.

Si el señor Aznar considera que ha habido alguna filtración que afecta a su intimidad, a sus datos personales y tributarios, por supuesto que tiene toda la legitimidad para interponer las acciones legales que correspondan y estoy seguro de que, tanto de la investigación que pueda hacer la Fiscalía, como de la colaboración que la Agencia Tributaria va a prestar, con toda seguridad, como hace siempre, se identificará dónde ha podido existir, si es que ha existido, esa filtración.

P.- Ministro, le quería preguntar en primer lugar acerca de la reunión entre el vicepresidente de la Generatitat, Oriol Junqueras, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Nos puede usted adelantar más información, si es que la tiene?

Por otra parte, por el Ministerio que a usted le compete, una de las demandas que también el President le dirigió a Mariano Rajoy fue estudiar la judicialización de los casos del 9-N, como fueron Homs o Rigau, entre otros consejeros. ¿Nos puede dar alguna opinión?

Sr. Catalá.- En relación con la reunión que la vicepresidenta y el señor Junqueras mantendrán, se está preparando para la semana que viene. Todavía no hay fecha cerrada exacta de agenda; pero me consta que se está trabajando ya por los equipos de una y otro en la preparación de la lista de temas, en la preparación de la documentación… Por lo tanto, tendrán ustedes la información en cuanto se convoque y se haga el orden del día de esa reunión.

En cuanto a los asuntos judiciales en marcha, es que no es una responsabilidad de Gobierno. Es la Fiscalía General del Estado, que actúa con absoluta autonomía, la que presentó una querella por actuaciones desarrolladas con ocasión de la consulta del 9 de noviembre. Ahí el Gobierno no tiene nada que decir ni, aunque algunos se empeñan en decir lo contrario, tuvo nada que hacer en aquel momento. Fue la Fiscalía con total autonomía la que decidió, después de una Junta de Fiscales de Sala, presentar aquella querella.

Por lo tanto, como digo, la Fiscalía, cuando considera que ha habido alguna violación de la legalidad, presenta una querella; los Tribunales la enjuician y tendremos algún día una sentencia, esperemos que antes que después, y podremos entonces tener la solución judicial a ese conflicto. Pero el Gobierno ahí, ni en el ámbito de la Fiscalía, ni en el ámbito del Tribunal competente, tiene nada que decir.

P.- Ministro, quería preguntarle por la paga extra de Navidad, por la devolución. Al parecer, los funcionarios de Justicia van a ser de los primeros en recibirla. ¿Ha decidido el Gobierno cuándo se va a devolver? ¿Va a ser en un pago aparte de la nómina? ¿Se va a extender al resto de funcionarios? ¿Cuándo va a ser?

Sr. Catalá.- Me parece que el Boletín Oficial del Estado de ayer publicaba una resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en la que hacía todo el detalle minucioso de cómo se lleva a cabo una paga de atrasos, por decirlo de alguna manera. Se va a hacer una nómina singular, una nómina ad hoc, y en los próximos días. Yo no sé si vamos a ser capaces en Justicia de ir más deprisa que el Ministerio de Hacienda. Me extrañaría, porque no es lo habitual que la Justicia vaya más deprisa que otras administraciones públicas. Pero estamos todos los Ministerios preparando esa nómina para hacer la devolución, que estaba ya prevista, que estaba acordada por el Gobierno y que la decisión ha sido hacerla ya en estos próximos días. Por lo tanto, lo que tarden los centros pagadores de cada Ministerio en poderla hacer efectiva.

P.- Señor Catalá, me gustaría preguntarle un par de cosas. ¿En los recursos ante el Tribunal Constitucional contra las tres leyes piden la suspensión cautelar o no? Puigdemont pidió a Rajoy que no se pidiera la suspensión automática.

Y también sobre las palabras de ayer de Pablo Iglesias, en las que acusó a los periodistas de dar noticias falsas para prosperar en sus medios. También, qué opinión le merecen al Gobierno.

Sr. Catalá.- Los tres acuerdos por los que se promueve la impugnación de inconstitucionalidad de las leyes que he mencionado llevan incorporada la petición, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de la suspensión, porque consideramos que el impacto que tienen los contenidos de esas leyes justifican y requieren de esta medida cautelar. El Tribunal Constitucional, lógicamente, al admitirlos a trámite, lo aceptará así y tendrá que dictaminar sobre el mantenimiento de esa suspensión o su levantamiento. Pero nos parece que, por los contenidos, tiene relevancia el hecho de que ese recargo sobre las viviendas vacías, esa regulación de los derechos en igualdad, que son de ámbito nacional… En fin, tiene la trascendencia suficiente como para que así sea.

En relación con las declaraciones del señor Iglesias de ayer, simplemente, creo que han sido múltiples las opiniones que se han vertido sobre la cuestión. Los que nos dedicamos a la vida pública, los que ocupamos posiciones institucionales, yo creo que tenemos muchas obligaciones y la primera de ellas es respetar nuestro sistema de libertades y, entre ellas, la libertad de prensa y la libertad de opinión. Por lo tanto, yo creo que todos los demócratas estamos comprometidos con nuestro sistema de libertades, muy especialmente los que tenemos responsabilidades públicas.

Muchas gracias.