Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Fomento, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido abordados hoy en el Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros en el que, además, mientras se estaba produciendo, se han conocido dos noticias importantes, que marcan lo que es la situación de nuestra economía en este momento. En primer lugar, y así ha sido comentado por el Ministerio de Economía, el avance publicado por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre sobre el crecimiento del PIB: un 0,8 por 100 en comparación con el trimestre anterior. Son ya diez trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interior Bruto. Podemos decir que, en tasa anual, el Producto Interior Bruto registró el crecimiento más elevado desde el cuarto trimestre de 2007, 3,5 por 100, lo cual sitúa el promedio de crecimiento anual en el año 2015 en el 3,2 por 100, sólo marginalmente inferior al previsto por el Gobierno.

Además, se ha publicado el IPC adelantado de enero, que recogió una caída de precios del 0,3 por 100 anual. Casi tenemos ya desde hace dos años y medio un diferencial favorable de casi un punto porcentual con la principal economía del euro y la más competitiva, que es Alemania. Esto tiene un efecto muy claro en el poder adquisitivo de salarios y pensiones.

A estas cifras se suman las conocidas ayer de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre, con el resultado histórico del mayor descenso del desempleo, 678.000 parados menos, y la mayor caída de paro juvenil de la historia. Junto a ello, se ha logrado una creación de empleo en el año pasado superior al medio millón de personas.

Éste ha sido, por tanto, uno de los elementos clave del Consejo de Ministros de hoy: el análisis de estas cifras que hemos conocido y que ponen de manifiesto cómo la Legislatura pasada, que ha sido la Legislatura más reformista de la historia democrática de nuestro país, se está saldando en términos muy positivos de crecimiento económico y de creación de empleo para España.

En segundo lugar, me acompaña la ministra de Fomento, porque ha presentado un informe sobre política de infraestructuras, transporte y vivienda, donde se destaca cómo esta actividad genera 1,3 millones de empleos en España y aporta el 16 por 100 de ese Producto Interior Bruto que, como sabemos, está creciendo a este ritmo casi sin precedentes en las economías de nuestro entorno.

En tercer lugar, y también muy importante, el Consejo de Ministros ha elevado un informe sobre el análisis provisional de los daños producidos en la Ciudad Autónoma de Melilla como consecuencia del seísmo registrado el 25 de enero de 2016. Se trata de una evaluación provisional de los daños, teniendo en cuenta los que nos ha remitido la Delegación del Gobierno en Melilla, y que culminará, probablemente, en la firma de un protocolo entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno para paliar los daños producidos.

Como saben, la misma mañana del seísmo se constituyó un gabinete de crisis en el servicio 112 de Melilla desde el que se está informando a los ciudadanos en todo momento sobre el suceso y sobre las medidas de prevención para disminuir los riesgos. Podemos decir que no ha habido daños personales graves como consecuencia directa del seísmo, si bien veintiséis personas recibieron alguna atención por daños leves: crisis de ansiedad, cortes y otras lesiones menores.

Debido a los daños materiales en algunos edificios de la Ciudad Autónoma, fue necesario desalojar cincuenta personas de once viviendas, que han sido realojadas y atendidas por los servicios sociales de la ciudad.

Una valoración --y estoy hablando de una valoración provisional, que falta por confirmar-- facilitada por la Delegación del Gobierno eleva a 11,9 millones de euros los daños causados, distribuidos en inmuebles y en instalaciones de titularidad pública, incluidos colegios y centros públicos de infantil y primaria --el ministro de Educación ha informado de que ya se ha trasladado el director correspondiente a la Ciudad de Melilla para proceder a la reparación inmediata de los mismos--; también, inmuebles de particulares, locales y viviendas, y organismos del Estado, así como gastos de emergencia, ayudas sociales urgentes o pérdidas de actividades comerciales, entre otras.

Hasta el momento se han realizado cuatrocientas inspecciones de inmuebles por técnicos en edificación, en coordinación con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Además, once militares especialistas en reconocimiento y valoración de infraestructuras se han desplazado a la zona, y tres vehículos especialistas.

Estamos, por tanto, ante un informe provisional. El Ministerio de Fomento, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior están trabajando con el Ministerio de Hacienda para completar esta evaluación y determinar las fórmulas jurídicas y presupuestarias necesarias para paliar todos estos daños. En lo que trabajamos es en la elaboración de un protocolo con la Ciudad Autónoma de Melilla que les dé cobertura a las distintas actuaciones que podemos realizar de modo inminente y urgente para paliar estos daños y recobrar la máxima normalidad en la Ciudad Autónoma de Melilla después del seísmo.

También, como continuación del informe que se presentó la semana pasada en relación con distintas actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat de Cataluña o por el Parlament, les informo de dos cuestiones: en primer lugar, el Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se pide al Consejo de Estado, a la Comisión Permanente, que remita un informe urgente para plantear conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la creación, denominación y ámbito de competencias del llamado Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, en lo que afecta al aspecto de Asuntos Exteriores.

Se considera, en términos generales, que los preceptos que se van a impugnar vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, que reserva la Constitución; en los términos, además, que han sido muy aquilatados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha identificado como alguno de los elementos esenciales que conforman ese contenido de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales los relativos a la celebración de tratados, la representación exterior del Estado, la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional del Estado. De este modo, corresponde al propio Estado la facultad de ordenar la actuación de distintos órganos y administraciones en la ejecución de la política exterior, algo que se está realizando a través de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, que se ha vulnerado también, entendemos, por las normas de la Generalitat.

La creación de este Departamento y la creación de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, y la asignación de funciones a la misma, vienen a reproducir algunas de las contravenciones a la Constitución y a las normas que la desarrollan, establecidas o ya vulneradas en la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea, que, como saben, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad. Además, debe verse en un contexto que se vincula con el proceso soberanista y con la finalidad declarada por el presidente de la Generalitat en su Debate de Investidura de internacionalización del proceso.

La propia denominación del Departamento contiene una expresión equívoca, como es la relativa a Asuntos Exteriores. Aquí no se habla de acción exterior de la Generalitat, sino de "Asuntos Exteriores", incorporando en sus funciones las relativas a las relaciones exteriores. Además, debe destacarse que el Decreto 170/2014, que regula la representación permanente ante la Unión Europea, la llamada REPER, propia de Cataluña, no puede enmarcarse dentro de lo que es la acción exterior o la proyección exterior de una Comunidad Autónoma, excede ese ámbito e invade las relaciones internacionales que competen al Estado. Además, se omite cualquier tipo de referencia a la coordinación de la acción exterior con el Gobierno de la nación, que es a quien le corresponde la titularidad de esta materia.

También, el Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno que plantee --esto en segundo lugar-- ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia en relación con la adopción de las medidas necesarias ante el incumplimiento de la sentencia que el Tribunal dictó el 2 de diciembre de 2015, y, en particular, la declaración de nulidad de la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña que crea comisiones parlamentarias en lo referente a la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente. Como saben, el Parlament de Cataluña creó una comisión de estudios del llamado proceso constituyente y lo que ahora hacemos es que el presidente del Gobierno pide que se abra ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia ligado a la declaración de nulidad de la conocida como "Declaración de Independencia", esa declaración de secesión.

Pues bien, el Parlamento otorga a la citada comisión la naturaleza de comisión de estudios, pero el objeto y contenido de la misma infringe el orden constitucional y, en particular, esa sentencia 295/2015, que la declaró inconstitucional y nula.

Por tanto, se impugna dicha creación conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque la creación de una comisión de estudio de un proceso constituyente tiene efectos jurídicos inmediatos y, en segundo lugar, porque la creación de esa comisión implica introducir en el ordenamiento jurídico, con apariencia de validez, un objeto específico, la apertura de un proceso constituyente al margen de la Constitución, lo cual es contrario a la norma constitucional y, sobre todo, vulnera la declaración de inconstitucionalidad, a nuestro juicio, que hizo el Tribunal Constitucional de una manera explícita.

No se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso constituyente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Este sería el resumen.

Se ha optado por la vía del incidente de ejecución, en la medida en que es la forma que pone de una manera más clara y de relieve que la impugnación no se dirige contra actividades preparatorias por parte de un Legislativo y de un Ejecutivo, sino contra una resolución que configura, entre las distintas alternativas posibles, como objeto de la comisión de estudio la apertura de un proceso constituyente en Cataluña. Como digo, esa apertura ha sido declarada ya inconstitucional y, por tanto, entendemos que hay una voluntad deliberada de incumplimiento de ese pronunciamiento e instamos el incidente de ejecución de sentencias para que sea declarada nula.

En otro orden de cuestiones, y sin perjuicio de que tendrán ustedes un amplio detalle en la Referencia del Consejo de Ministros, les informo de que se han adoptado veintiún acuerdos por los que se determina la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los últimos veintiún títulos universitarios que estaban pendientes de completar. Hay 140 en el Catálogo de Títulos Universitarios oficiales y con los veintiuno de hoy se finaliza la correspondencia de las 140 titulaciones universitarias oficiales presentes en el Catálogo con anterioridad a la adopción del Acuerdo de Bolonia, entre el 1 de enero de 2015 y el 29 de enero de 2016. Para su tramitación se ha contado con el informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y del Consejo de Universidades, trámite de información pública y la máxima publicidad y transparencia.

Por último, el Consejo de Ministros ha acordado la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Solidaridad Social a la asociación Plena Inclusión, a la organización Plataforma del Tercer Sector, a la Asociación Valenciana de Caridad y al Grupo Empresarial Ilunión. Este es un reconocimiento que se concede a las personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido de modo extraordinario en la promoción de actividades o servicios relacionados con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social.

La primera de ellas, Plena Inclusión, es una entidad que facilita la realización de proyectos vitales de personas que tienen alguna discapacidad intelectual o del desarrollo y de su familia. Se reconoce su labor social y el trabajo asociativo institucional durante más de cincuenta años.

La segunda, la Plataforma del Tercer Sector, está compuesta por las siete organizaciones más representativas con carácter social, trabajan más de seiscientas mil personas y cuentan con más de un millón de voluntarios para apoyar a cerca de cinco millones de personas en situación de vulnerabilidad.

La tercera, la Asociación Valenciana de Caridad, lleva desde el año 1906 atendiendo a personas sin recursos con servicios de comedores sociales, albergues, centros de día, escuelas infantiles… Se reconoce, por tanto, su trayectoria histórica.

Por último, Ilunión es un grupo empresarial cuyo objeto social es la creación de empleo para personas que tienen alguna capacidad diferente. Cuenta con una plantilla de 32.000 trabajadores, de los cuales el 34 por 100 son personas, como digo, que tienen alguna capacidad distinta.

Sra. Pastor.- Paso a informarles de lo que ha sido el informe al Consejo de Ministros sobre la actividad del Grupo Fomento, que está formado, como saben, por el Ministerio de Fomento y todas las empresas del grupo empresarial.

Las áreas de actividad, como ha dicho la Vicepresidenta, del Grupo representan alrededor del 16 por 100 del PIB. En el Grupo Fomento trabajamos 54.000 personas y las inversiones generan unos 250.000 empleos adicionales. Nuestra actividad y nuestras inversiones han generado 1,3 millones de empleos totales y se calcula que sólo el conjunto del Grupo en el año 2015 ha superado los 232.000 puestos de trabajo.

En carreteras, a lo largo de estos últimos cuatro años se han puesto en marcha 900 kilómetros de nuevas carreteras (610 kilómetros de nuevas autovías, 127 de carreteras convencionales y 163 de aumento de capacidad de autovías) y reactivación de más de sesenta obras que estaban paradas por valor de cuatro mil millones de euros. El incremento de la actividad del tráfico en España, que ha ido acorde, como saben, con el incremento del crecimiento económico y de la actividad en nuestro país, ha sido del 4,5 por 100 en autopistas de peaje respecto a 2012 y, en el total de la red de carreteras, un 3,2 por 100.

Quiero decirles que a carreteras se han destinado 10.700 millones de euros, 3.600 millones a conservación de carreteras y 1.834 millones a pagar obligaciones de deudas de ejercicios pasados, con más de cuarenta mil empleos vinculados a tareas de construcción y conservación en toda la red del Estado.

Se han licitado 32 contratos, muchos de ellos de gran alcance, por valor de 1.400 millones de euros. Algunos de los más relevantes son, por ejemplo, el acceso viario al puerto de Barcelona, de más de 120 millones de euros, o el tramo Jumilla-Yecla, o la circunvalación de Pontevedra, o los tramos Gallur-Mallén y Figueruelas-Gallur, que llevaban más de veinte años esperando por tener una autovía paralela a la A-68.

Novecientos kilómetros de nuevas carreteras, que lo que han hecho es cerrar los grandes anillos de comunicación de nuestro país. Se ha terminado, con una inversión de más de setecientos millones, la Autovía del Cantábrico, con lo cual se puede ir desde el sur de Portugal hasta el centro de Europa por autovías y autopistas de gran capacidad. Se ha culminado la Autovía del Mediterráneo y se puede ir también desde la frontera en Portugal, abajo, en Huelva, hasta el centro de Europa, todo el Corredor Mediterráneo; se han destinado más de 800 millones a esta autovía, como saben, entre Granada y Almería, que era una vía convencional de gran dificultad. Se ha puesto en funcionamiento la bajada de Despeñaperros o, como saben, el nuevo puente sobre la Bahía de Cádiz, que tienen un tráfico intensísimo desde su puesta en funcionamiento. Y se ha terminado la Ruta de la Plata, que también saben que a la altura de la provincia de Zamora faltaban unos 52 kilómetros, con una inversión también importante.

Se han destinado a mantenimiento, como les he dicho, 3.600 millones de euros. Hemos puesto en marcha un nuevo modelo de conservación integral, mucho más eficiente. Se han implantado barreras de protección para motoristas, aunque queda todavía trabajo por hacer. Y también quiero decirles que, de los 160 sectores de conservación de carreteras, en el inicio de la Legislatura había 84 sectores que no tenían contrato de mantenimiento; a día de hoy, todos los sectores tienen contrato y todos los sectores tienen un mantenimiento integral.

Hemos puesto en marcha, como saben, dos leyes que llevaban décadas, la Ley de Carreteras y la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que han cambiado sustancialmente temas tan sencillos, pero a veces tan complejos, como, por ejemplo, quién se puede poner en una autovía o en un área de servicio, y que haya capacidad para que promotores privados que tienen propiedades cerca de la autovía tengan libertad para poder hacerlo dentro del cumplimiento de las normas.

También hemos puesto en servicio seis nuevas Líneas de Alta Velocidad, que, por cierto, prácticamente todas ellas no tenían ni el 20 por 100 de ejecución cuando llegamos al Gobierno: Barcelona-con la frontera francesa, Albacete-Alicante, Vigo-Santiago, Valladolid-Palencia-León, Sevilla-Cádiz, Olmedo-Zamora. En el caso de Olmedo-Salamanca saben que es la electrificación de la línea; no es una Línea de Alta Velocidad, pero ha conseguido unos ahorros de más de una hora en el trayecto de Salamanca a Madrid. O en la Palencia-Santander, que aunque estamos, como saben, ya en el diseño de esa línea de altas prestaciones, en la que también se han hecho mejoras en tramos de vías en los que eran de 1929 algunas traviesas que estaban colocadas en esa línea.

Hemos puesto en marcha el Plan de Cercanías, con actuaciones en todos esos núcleos, por valor de 1.500 millones de euros. Piensen que las Cercanías en España las utilizan más de cuatrocientos millones de personas todos los años, lo cual significa que hay que dar una gran calidad a todos los millones de usuarios.

Hemos puesto en marcha 619 kilómetros de Alta Velocidad y mejoras de tramos de red convencional, y los minutos de ahorro van desde cincuenta minutos entre Barcelona y Girona o, a los que les decía antes, entre Madrid y Salamanca, cincuenta y nueve minutos.

A continuación les expongo cómo ha sido de espectacular el crecimiento del número de viajeros. En AVE ha crecido el número de viajeros desde 2011 en 55 por 100 y, en larga distancia, el 11 por 100.

Hemos puesto en marcha una nueva política de precios y tarifas, con reducciones de hasta el 70 por 100; saben que muchos trenes iban con una ocupación que no llega al 32 por 100. Hemos puesto en marcha tarifas promocionales; bonos AVE (estándar, flexible y colaborativo); el Spain Pass y la Tarjeta Joven. Y, sobre todo, hemos hecho un esfuerzo muy importante en los billetes combinados. Para que se hagan una idea, de las personas que utilizan Alta Velocidad más de 10,2 millones han utilizado Cercanías; es decir, han tenido un billete combinado para poder utilizar, por ejemplo, las Cercanías de Madrid y se han sacado un billete AVE de forma gratuita. Pero también lo hemos hecho en el avión y también lo hemos hecho especialmente con los cruceros, lo que ha dado una mayor movilidad. Por ejemplo, autobuses de línea regular que vienen de provincias españolas a Madrid tienen la posibilidad de ir directamente al Aeropuerto de Barajas en ese mismo autobús.

Asimismo, como saben, hemos puesto en marcha un servicio como si fuera paquete express, que lo hace Correos, que significa que el equipaje, si no quieres ir en el tren, te lo llevan directamente de puerta a puerta y llega el equipaje antes o a la vez, como tú quieras, que tú hayas llegado a tu destino.

Hemos puesto en marcha la Ley del Sector Ferroviario y la Agencia de Seguridad Ferroviaria. España era uno de los países que no tenía Agencia de Seguridad Ferroviaria que, como saben, es una entidad autónoma e independiente para la mejora permanente de la seguridad.

En cuanto a la red de aeropuertos, y ya conocen los datos de quiénes somos en materia aeroportuaria, la inversión en AENA en este periodo ha ascendido a dos mil millones de euros. Quiero recordarles que tenemos capacidad en los aeropuertos españoles para crecer hasta 335 millones de pasajeros. Pero quiero decirles algo importante: que además de que hemos tenido una cifra espectacular en el número de viajeros, más de doscientos millones, el servicio se ha mantenido a niveles muy altos a pesar de que hemos tenido, como saben, control de costes e incremento del tráfico. Hay os indicadores: la puntualidad ha crecido un 5,8 por 100 y la media de reclamaciones ha bajado un 29 por 100. Y otro indicador que es también muy apreciado por los ciudadanos, porque se han visto afectados durante años, es que los minutos de demora media de ruta por vuelo en la navegación aérea ha bajado un 78,85 por 100. Y en la valoración en las encuestas estamos creciendo a ritmo de dos dígitos.

La Agencia Española de Seguridad Aérea, por su parte, ha llevado a cabo 72.000 inspecciones; ha supervisado, como saben, todos los niveles de "security" y también de "safety", y hemos dedicado, con las últimas medidas de seguridad, especialmente de control de explosivos, por ejemplo, 56 millones de euros en el último ejercicio.

Tenemos una nueva metodología también en la supervisión financiera de las compañías aéreas. Recuerden que, cuando yo me incorporé al Ministerio, me estrené, si me lo permiten, con la caída de Spanair. Hemos puesto en marcha un nuevo sistema que de forma permanente audita el estado de situación financiero --por supuesto, operativo y de seguridad-- de las compañías pero, sobre todo, cuál es la situación concreta económica de todas las compañías que operan en nuestro país para evitar, como saben, que haya riesgos y para que no dejen a los ciudadanos, como ocurrió en aquel momento, sin sus derechos.

Hemos hecho un cambio en la legislación de aviación civil: hemos puesto en marcha la legislación de drones; hemos puesto también en marcha el régimen jurídico de los "slots"; hemos llevado a cabo la entrada de capital privado en AENA y hoy la compañía AENA no sólo es que esté saneada, sino que han crecido sus beneficios de una manera muy importante; y también hemos puesto en marcha el Programa Estatal de Seguridad Operacional: somos uno de los primeros países del mundo en el Sistema PESO.

En puertos, hemos llegado este año a un récord histórico en la historia de los puertos españoles: 501 millones de toneladas en 2015, 482 en 2014, y un incremento en la legislatura de más de un 9 por 100.

Y en cruceros, en las personas que salen o llegan a nuestros puertos a través de un crucero --muchos de ellos, como saben, turismo internacional--, es el récord histórico también. En total, en viajeros 115 millones en la Legislatura, 31 millones de los cuales son cruceristas, lo que es también un incremento del 9,5 por 100.

Mayor intermodalidad en los puertos. Saben que uno de los problemas que tiene España es aprovechar mejor la intermodalidad entre puertos y red ferroviaria. Hemos destinado 467 millones de euros al Fondo Financiero de Accesibilidad Ferroportuaria y ha crecido el 29 por 100 el tráfico ferro-portuario.

En los puertos españoles saben que hemos ampliado el plazo de concesiones a cincuenta años, con lo cual la inversión, tanto pública como privada, ha crecido de una manera muy importante, hasta cuatro mil millones. Hemos simplificado los trámites administrativos y hemos bajado los precios públicos y las tarifas en los puertos, con lo cual los puertos españoles son mucho más competitivos. Y hemos creado, como les decía, el Fondo de Accesibililidad para actuar sobre las vías ferroviarias para poder transportar mercancías en condiciones de mayor eficiencia y eficacia, y, sobre todo, de mayor competitividad, sobre todo iniciando la construcción de apartaderos de 750 metros, que son necesarios para que puedan operar los trenes de mercancías. Conocen que en Estados Unidos, por ejemplo, el largo de los trenes es mucho mayor que es el largo de nuestros trenes.

Por lo tanto, son todas modificaciones legislativas que han conducido a una mayor operatividad de los puertos y, sobre todo, un mayor retorno para el conjunto de la economía española.

Voy terminando ya diciéndoles que SASEMAR, la Sociedad de Salvamento Marítimo, ha tenido una actividad muy intensa. Se ha incorporado un helicóptero de gran porte a todo el material que tenía SASEMAR y el número de actuaciones es de más de 5.462 en el último año, y se han atendido a más de 15.566 personas.

Sobre lo que son los billetes combinados y la mejora para los ciudadanos de nuestro país, 10,3 millones de viajeros se han beneficiado del billete combinado de Alta Velocidad-Cercanías. El billete combinado de avión, el "Train Fly", está pegando duro --si se me permite la expresión comercial--, porque muchos viajeros internacionales vienen ya con un bono que les permite moverse libremente por toda la red de nuestro país. El billete combinado de autobús, que es lo que les ponía el ejemplo de una persona que viene de una provincia española, puede llegar directamente al aeropuerto. Y el billete combinado de barco es utilizado por más de 14.800 viajeros, prácticamente todos internacionales.

Finalmente, política de vivienda. En vivienda se ha dado un cambio de modelo, que creo que va a perdurar a lo largo de los años, que es pasar de la construcción de viviendas a la política de alquiler y rehabilitación. Los cambios normativos los conocen igual que yo; pero lo más interesante es que este Gobierno ha destinado, como saben, 2.311 millones al Plan de Vivienda: a alquiler social, 1.118 millones y hemos llegado a 239.354 familias; a rehabilitación hemos destinado 418 millones de euros, con más de 80.700 actuaciones; y en subsidiación de préstamos --saben que nosotros, a cada una de las personas que tienen un préstamo y que cumplen unos requerimientos de unas condiciones económicas, les pagamos una parte del préstamo que tienen que pagar a la entidad financiera-- hemos llegado a 249.000 familias. Estamos hablando de una actuación sobre más de 570.000 familias españolas de la política de vivienda.

Por último, quiero decirles que, a pesar de la crisis, no hemos abandonado el patrimonio histórico-artístico; antes al contrario, a las actuaciones en patrimonio histórico-artístico y en patrimonio arquitectónico de nuestro país hemos destinado, en el conjunto de las dos actuaciones… Saben que subimos del 1 por 100 al 1,5 por 100 el retorno de cualquier inversión destinado a este fin y hemos destinado 230 millones de euros invertidos en esta Legislatura en actuaciones que son en todo el territorio nacional.

P.- Vicepresidenta, me gustaría, en primer lugar, pedirle una valoración que hace el Gobierno sobre la decisión de la Audiencia de Palma de no aplicar la "doctrina Botín" a la Infanta Cristina.

Luego, por hablar de ese "juego de pillos", como lo bautizaba el propio presidente del Gobierno esta semana, esta mañana Pedro Sánchez en las redes sociales ha vuelto a decir que qué parte del "no" no ha entendido Mariano Rajoy, al que le pide que desbloquee la situación. Me gustaría saber si a ustedes les preocupa que ya Ciudadanos esté empezando a cuestionar también la idoneidad de Mariano Rajoy para cualquier posible pacto, si cree que estamos más cerca de unas elecciones y si el Gobierno está trabajando ya en ese "modo campaña", como estamos viendo ahora, haciendo balance de la Legislatura en cada uno de los Departamentos.

En último lugar, me gustaría saber si el Gobierno está tranquilo y satisfecho con las explicaciones que ha dado hasta ahora Rita Barberá. Esta mañana ha dicho que, que ella sepa, en Valencia no ha habido ningún amaño en los contratos. Me gustaría saber si les parecen suficientes esas explicaciones.

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas, este Gobierno respeta las decisiones de los jueces, en este procedimiento y en todos.

A la segunda de sus preguntas, yo simplemente voy a hacer una valoración muy clara: aquí ha habido distintos partidos que se han presentado a las elecciones y resulta que el Partido Popular, con la candidatura del presidente Mariano Rajoy, ha ganado las elecciones sacándole al siguiente partido 1.700.000 votos. Por tanto, un partido es el primero; el resto son el segundo, el tercero y el cuarto, y, sin embargo, aquí no se están planteando otros nombres más que el del candidato que ha ganado con esa amplia mayoría de 1.700.000. Yo creo que a veces uno tiene que ser humilde y también valorar que, si está pidiendo eso a quien gana, los que no han ganado, digo yo, también pueden hacer su examen de conciencia.

En tercer lugar, en este Gobierno actuamos con transparencia y yo creo que uno de los elementos importantes para seguir avanzando y para que este país consolide la recuperación que se ha logrado con las reformas y que ha permitido cotas de crecimiento, como la que hemos conocido hoy, y de creación de empleo, como la que conocimos ayer con la EPA, o la mejora en el turismo, con las cifras récord, que también hemos conocido hoy, de turistas; es saber cómo están las cosas, hacer una evaluación de en qué momento nos encontramos y, a partir de ahí, seguir trabajando. Eso es lo que hace este Gobierno.

Mire, nosotros no valoramos qué decisión tomen las Cortes Generales en una investidura; nosotros estamos en funciones, seguimos resolviendo problemas que tienen los ciudadanos y el ejemplo, por ejemplo, es el seísmo en la Ciudad Autónoma de Melilla, al que queremos darle una solución rápida. Cumplimos nuestras obligaciones como Gobierno en funciones y también ordenamos un poco lo que se ha hecho para que el siguiente Gobierno pueda trabajar sobre la base del esfuerzo que han hecho los españoles en esta Legislatura.

Y sobre la última de las cuestiones, ha dado explicaciones y hay un proceso abierto judicial respecto de otras personas, y, como en el primer caso, lo respetamos de la misma manera. Otra cosa no puede hacer este Gobierno.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntarle por los resultados de la EPA de ayer que, indudablemente, son resultados positivos, pero siguen demostrando que tenemos un hándicap importante en la creación de contratación indefinida. De hecho, tanto patronal como sindicatos, en las valoraciones que hacían pedían avanzar en esas reformas. A mí me gustaría saber si el Gobierno del Partido Popular podría dar marcha atrás o profundizar en esa reforma de la reforma laboral con el objetivo de llegar a un acuerdo para formar un futuro Gobierno con otros partidos.

Vicepresidenta.- Indudablemente, ése es uno de los terrenos en el que tenemos que trabajar. Pero a mí hay una cosa que, desde el punto de vista de la pedagogía, me resulta útil… Además, la semana pasada me acompañó en esta mesa el ministro de Economía y la anterior, la ministra de Empleo, y se explicó, entre otras cuestiones, la evolución de la temporalidad y de los contratos indefinidos en nuestro país.

A lo largo de esta Legislatura se ha incrementado el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido respecto del inicio de la Legislatura: supera el 75 por 100; no tengo aquí el dato, pero creo que no lo recordaré mal. Aquí siempre se produce una cosa que es entre contar trabajadores o contar contratos. Indudablemente, el trabajador que tiene un contrato indefinido tiene un contrato y ese contrato cuenta cuando se celebra; después ya, como es indefinido, no hay más.

Indudablemente, a un trabajador que tiene varios contratos temporales le cuentan los distintos contratos temporales. Por poner un ejemplo en cifras, si de cuatro trabajadores, que sería la media general, en España la media viene a decir que tres tienen un contrato indefinido y uno tiene contratos temporales, hay tres trabajadores con contrato indefinido y uno con contrato temporal. Pero, por ejemplo, si ese trabajador con contrato temporal lo tiene mensual, al año tendría doce contratos, pero sigue siendo el mismo trabajador. Es decir, tendríamos tres contratos, por ejemplo, indefinidos firmados en enero y doce contratos temporales firmados a lo largo de todo el año; sin embargo, hay más trabajadores con un contrato indefinido.

Dicho lo cual, porque me parece que es importante hacer esta pedagogía, porque unos hablan de trabajadores, otros hablan de contratos y las cosas hay que dimensionarlas, porque el 75 por 100 de los españoles tienen un contrato indefinido y hay más españoles con contrato indefinido hoy que en el año 2011, en porcentaje… Hay que seguir trabajando para lograr esa estabilidad en el empleo.

Primero hay que crear empleo, y ya lo hemos logrado. La EPA del pasado trimestre que conocimos ayer pone de manifiesto que el año 2015 ha sido de los más intensivos, si no el que más, en la reducción del desempleo y en la creación de empleo, y ahora hay que conseguir que sea de mayor calidad.

Y hay que seguir haciendo reformas, hay que seguir aumentando la competitividad de nuestro país y hay que seguir trabajando por crear valor añadido. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos hablando es de la calidad en el empleo y habrá calidad en el empleo, ya no sólo dependiendo del diseño de los contratos, porque muchas veces de lo que se habla es de un diseño más o menos jurídico o económico de los contratos… Oiga, si logramos crear empresas que generen valor añadido, mejor trabajo, indudablemente los contratos y la estabilidad serán mejores, y a eso es a lo que creemos que tiene que dedicarse un futuro Gobierno.

P.- Para la Vicepresidenta. A la espera de que la próxima semana termine la ronda de contactos del Rey, ¿en caso de que no hubiera un candidato a la investidura el Gobierno sería partidario de buscar alguna fórmula que permitiera que empezaran a correr los plazos para la convocatoria de unas nuevas elecciones?

Por otro lado, respecto al Comité Federal del PSOE de mañana, ¿espera que pueda hacer variar la actitud del líder del partido ante los pacto?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, no corresponde al Gobierno tomar la decisión, ni de la investidura, ni de la no investidura; no es una tarea que nos corresponde a nosotros. Los distintos representantes de los grupos políticos en sus consultas con el Rey serán los que tengan que ir determinando a quién están dispuestos o no a dar los apoyos, y que eso sea lo que determine el futuro de este proceso.

Sobre la segunda de sus cuestiones, yo no soy quien para decirle desde esta mesa al Partido Socialista lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Si le puedo decir cuál es la propuesta del presidente del Gobierno en funciones, que es buscar un Gobierno con una amplia mayoría que dé respuesta a lo que piensan, quieren y han decidido una buena mayoría de españoles, que es defender la unidad de España, consolidar la recuperación económica y defender la integración de España en la Unión Europea. Ésta es una cuestión de la que se habla poco pero, viendo los programas y las votaciones de los distintos partidos políticos, creo que es un elemento también a tener encima de la mesa. Nosotros defendemos esa posición desde el partido que sustentó la pasada Legislatura al Gobierno y es lo que ha defendido el presidente del Gobierno.

Ya otros partidos tendrán que explicar a sus votantes, a sus militantes y a sus propios cuadros sus distintas opciones. Nosotros abogamos por un Gobierno estable, de amplia mayoría y que pueda identificarse con lo que piensan una gran mayoría de votantes, que se han decidido por, al menos, tres opciones políticas (Partido Popular, Partido Socialista y partido de Ciudadanos) que, si yo no estoy equivocada, pueden ponerse de acuerdo en una idea de defensa de la unidad de la nación española, de la soberanía y de la igualdad, y en algunas cuestiones de política económica e institucional.

P.- Vicepresidenta, yo quería conocer su opinión, su valoración, sobre la información de ABC que desvela que Pablo Iglesias estuvo cobrando de Irán hasta un mes antes de las elecciones generales. Quería saber lo que opina de eso y también cómo vería que el señor Iglesias fuera Vicepresidente, en este sentido, del Gobierno y tuviera bajo su control, por ejemplo, el CNI.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, si yo no estoy equivocada, hay una investigación en marcha. Yo pido a los líderes de Podemos la máxima colaboración judicial en la investigación de lo que, si es así y si el proceso judicial, con el máximo respeto, así lo determinase, es un caso de delito de financiación irregular, con arreglo a la última modificación del Código Penal. Nosotros respetamos el procedimiento judicial y creemos que es ese partido el que tiene que dar explicaciones porque, indudablemente, no sólo en este supuesto, sino por otros Estados, los partidos políticos en España no pueden financiarse por Estados extranjeros, porque eso sería, además, una injerencia en nuestra política que no es admisible.

Sobre la siguiente de las cuestiones, el problema es el modelo, el modelo de Podemos. Si el modelo de Podemos es lo que se practica en otros Estados a los que suelen visitar, indudablemente no es el modelo que siempre hemos defendido algunos en nuestro país, en que la libertad de los ciudadanos está por encima de todo; en que la democracia es el sistema institucional que nos hemos dado para defender la libertad, y en que los ciudadanos tienen derechos por encima de todo y nadie puede colocar los derechos de los ciudadanos al servicio de ninguna otra cuestión. Todas las instituciones están al servicio de la libertad y de los derechos de los ciudadanos.

Y, mire, en esas instituciones que usted ha mencionado, y lo quiero decir hoy, hay un número de servidores públicos que lo hacen en defensa del Estado, de su Constitución, de la libertad y la seguridad de los ciudadanos, y yo quiero reconocérselo y recordar, además, que nadie debe violentar su actuación, porque no están al servicio de los Gobiernos; están al servicio del Estado, que es al servicio de los españoles, de su libertad y de su seguridad en el mundo.

P.- Yo quería insistir en una pregunta que se le ha hecho antes. Me gustaría saber si el Gobierno considera que sería constitucional ir a unas nuevas elecciones sin que medie una investidura fallida. Lo digo porque hay juristas que están diciendo que eso sería posible pero, leyendo la Constitución, siempre se establece que debe haber un intento de investidura y, a partir de ahí, contar un plazo de dos meses para convocatoria de nuevas elecciones. Me gustaría saber si el Gobierno ha estudiado ese escenario, si cree que es constitucional y, en un momento dado, si pediría algún tipo de informe a los servicios jurídicos para aclarar esa duda.

Vicepresidenta.- Le puedo hacer una exposición un poco más teórica porque, como le decía a su compañero, no es una decisión que tenga que tomar el Gobierno. Los precedentes de informes de otras instituciones sobre casos similares al nuestro están ahí. En lo que hay unidad en la doctrina --en lo otro no la hay-- es en que hay un vacío constitucional, porque el artículo 99 de la Constitución habla del plazo después, pero no del plazo antes, a diferencia de algunos Estatutos de Autonomía; pero no le corresponde al Gobierno tomar esa decisión. Los vacíos legales están para cubrirse, pero yo no adelantaría acontecimientos. Estamos en ese proceso, a nosotros no nos corresponde hacer ese tipo de informes como Gobierno y, ya digo, precedentes existen y están a disposición de ustedes.

P.- Vicepresidenta, quería rescatar una pregunta e insistir en ella. Albert Rivera ha pedido al presidente en funciones que se retire como candidato para facilitar la investidura, que se presente otro. ¿Qué opina de esto?

Vicepresidenta.- Pues mire, que no va a ser así y que, igual que en Ciudadanos toman sus propias decisiones, en el Partido Popular se toman sus decisiones por los órganos a quienes corresponden. Como digo, el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, ha sido la fuerza más votada, 1.700.000 votos por encima del siguiente. Usted conoce la cifra, por encima de Ciudadanos, y Ciudadanos ha sido el cuarto partido con el señor Albert Rivera. Nosotros no decimos a ningún partido lo que tiene que hacer respecto de quién lo representa y yo creo que hay que respetar a los partidos que toman la decisión de presentar su candidato y de continuar hasta el final.

Se habla mucho de personas, pero en España deberíamos hablar mucho más de políticas. Se habla mucho de sillones y me han preguntado ustedes cómo veo de vicepresidente a un señor que ya ha pedido sentarse donde estoy yo sentada hoy en funciones, y los líos son dónde nos sentamos en el hemiciclo… Este país lo que necesita es que nos pongamos de acuerdo en las políticas.

Estamos en un momento clave para la historia de nuestro país y para su futuro, porque encima de la mesa tenemos un desafío secesionista, de ruptura de España; encima de la mesa tenemos estar superando la crisis económica más grave de nuestra democracia, que llevó de una atacada a tres millones y medio de personas al paro, que empiezan a encontrar un futuro y que empiezan a encontrar un empleo, principalmente los más jóvenes; pero eso no puede quedarse ahí ni podemos retroceder. Estamos en un momento clave en la Unión Europea, en que también hay que pelear contra ciertos populismos. Estamos en un momento en que la lucha contra el terrorismo tiene que ser una política de acuerdos y de Estado de primer nivel.

Y yo lo que pediría, desde mi humilde posición de vicepresidenta del Gobierno en funciones, a quien otros ya le están pidiendo el puesto desde otros partidos, como me recordaba su compañero; les pediría que, en vez de hablar de nombres y de sillones, hablemos de política. Porque esos cuatro temas de los que yo he hablado, entre otros, van a marcar el futuro de nuestro país, el de nuestros hijos, lo que es España, lo que hemos sido y venimos siendo desde hace quinientos años; pero lo tenemos encima de la mesa. ¿Cómo conseguimos que en este país la gente tenga un empleo? ¿Cómo conseguimos que vuelva a generarse esa sensación de que España es un país que crece y mantener la confianza que nos ha costado lograr? Y yo, sin embargo, sólo veo debate de nombres. Les pido que hablemos de políticas.

P.- Sobre el incidente de ejecución de sentencia, supongo que se apela a la nueva redacción de la Ley del Tribunal Constitucional ¿o es a través de la Ley ya antigua, o es con los nuevos artículos? ¿Lleva aparejado sólo que se suspenda, se impugne o se anule esta comisión de estudios del Parlament, o lleva aparejado, como preveía la Ley, alguna posible medida contra algún cargo que la haya permitido? Al ser nueva, no lo sé.

También dijo el presidente del Gobierno, cuando llamó a los líderes sobre la Declaración del Parlament, que cualquier cosa que hiciera les iba a consultar. No sé yo si ha hablado con el señor Sánchez y con el señor Rivera sobre esta cuestión.

Y sobre la cuestión de los informes y el vacío constitucional, usted, que es una experta en estas cuestiones, ya ha dicho que no es cosa del Gobierno; pero, si permanece o persiste el vacío y hay situación de bloqueo ¿qué institución del Estado, aparte no sé si la Jefatura del Estado, puede pedir al Gobierno que alguna institución se pronuncie, sea el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional; que emita algún informe sobre cuál puede ser una posible salida?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, como saben ustedes, los incidentes de ejecución ya existían con anterioridad a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y lo que se ha hecho es cursar las correspondientes instrucciones a la Abogacía del Estado para que lo plantee en el modo procesalmente más eficaz. Entonces, una vez que esté redactado ese incidente, les daremos traslado del mismo; pero será por criterios, digamos, de mayor eficacia procesal y mayor efectividad de la resolución que se adopte.

Sobre la siguiente de las cuestiones, en uno de los asuntos lo que hemos pedido es ese informe del Consejo de Estado y, en otros, es ejecución de la sentencia anterior, para lo que, además, en ese recurso se habló con los principales líderes. No hemos tenido sobre este asunto… Ya lo planteamos la pasada semana; faltaba la fórmula en la que lo vamos a hacer; es una fórmula, además, que técnicamente es consecuencia de la anterior y, desde luego, estamos a su disposición para explicárselo y, como decía, previo a la interposición, por ejemplo, del recurso de inconstitucionalidad respecto al Departamento, porque, claro, las cuestiones ya son cuestiones más técnicas y jurídicas de la Abogacía, y traen causa, además, de un tema que con ellos consensuamos, como es el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad de la Declaración de diciembre.

Y sobre la tercera de las cuestiones, en algunos casos en que se ha planteado por parte de algún otro Parlamento se ha recurrido a los informes del Consejo de Estado. Yo no digo que sea este supuesto. Al Gobierno no le corresponde decidirlo, si digo que hay precedentes en que se han producido situaciones similares y esto también puede servir a la hora de orientar cuál puede ser el proceso. Pero yo, desde luego, creo que el Gobierno aquí no somos quien tenemos que decidir cómo se va a solventar y quién es el órgano encargado de hacerlo.

P.- Ayer el ministro de Economía avanzaba ya que la economía española estaba entrando en 2016 a una velocidad de crucero; pero advertía sobre las graves incertidumbres, sobre todo en el exterior, que podían amenazar a la recuperación económica y urgía, además, a formar un gobierno estable. Yo quería hacerle sobre este tema dos preguntas: primera, ¿el Gobierno ha recibido consultas o indicaciones de algunos inversores extranjeros sobre paralización o aplazamiento de decisiones de inversión en nuestro país por estas incertidumbres? En segundo lugar, de cara a facilitar ese Gobierno estable y con urgencia, ¿el Partido Popular estaría dispuesto a abstenerse para facilitar un posible gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos?

Vicepresidenta.- Respecto a la primera de las cuestiones, yo que ayer el ministro de Economía fue muy claro. Yo creo que el dato que hemos conocido hoy es un dato muy positivo, es muy esperanzador y yo creo que nos tiene que poner a todos ante la responsabilidad del momento en que vivimos: la necesidad de seguir haciendo reformas para consolidar esa tendencia.

Sobre los inversores, no es que lo diga el Gobierno; es que algunos lo están diciendo y nosotros, en esa comunicación directa que algunos inversores, o algunos analistas, o algunas empresas en España están diciendo abiertamente, nada más tenemos que decir.

Respecto de la segunda de sus cuestiones, es que los españoles han dicho lo que han dicho y han señalado quién es el partido más votado y con diferencia respecto al siguiente, ni más ni menos que de treinta escaños. Entonces, yo creo que en estas cuestiones estos días se prestan a una gran imaginación; pero también uno tiene que ser consciente de cuáles son los resultados de las urnas y lo que los votantes nos han pedido: que nos pongamos de acuerdo. Han dado al Partido Popular la mayoría de votos, pero nos piden también que nos pongamos de acuerdo, y nosotros queremos hacerlo y hablar de esos problemas.

Muchas gracias.