Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Agricultura, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros, un Consejo en el que seguimos adelante con el programa de reformas. Hoy se han aprobado cuatro Proyectos de Ley; en concreto, tres Proyectos de Ley y un Anteproyecto de Ley, en asuntos de distinta índole. Me acompañan los ministros de Justicia y de Agricultura.

En primer lugar, y a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, hoy se aprueba el Proyecto de Ley de reforma del sistema para la valoración y de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Esta norma lo que busca es un justo resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas y sus familiares como consecuencia de los siniestros de tráfico. Lo que se busca es una mejor individualización del daño conforme a la valoración de las circunstancias personales, familiares y económicas. Se lleva a cabo una importante actualización del sistema vigente desde el año 2003.

En segundo lugar, y a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, se aprueba un Anteproyecto --en este caso, Anteproyecto-- de Ley Orgánica sobre inmunidades de Estados extranjeros y organizaciones internacionales con sede u oficina en España, así como el régimen aplicable a conferencias y reuniones internacionales celebradas en nuestro país. Esta es una norma en la que venía trabajando el Ministerio de Asuntos Exteriores con el Ministerio de Justicia desde hace tiempo y que completa una labor legislativa muy importante en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A lo largo de esta Legislatura, y ésta es también una de las reformas estructurales más importantes, se han aprobado la Ley de Acción y el Servicio Exterior del Estado, la Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, y el Reglamento de la Carrera Diplomática, con lo que a lo largo de esta Legislatura nos hemos dotado de un cuerpo jurídico novedoso que impulsa la acción exterior del Estado y que permite llevar a cabo una política exterior coordinada y eficaz.

En cuanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hoy se aprueban dos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, que es una norma que va a contribuir a la unidad de mercado en todo el territorio nacional en el ámbito del control de la calidad y el control del fraude alimentario; y, de otro lado, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para dar la máxima protección y la mayor información sobre las protecciones ambientales que afectan a las propiedades que estén en espacios protegidos.

En otro orden de cosas, hoy también hemos aprobado el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad y al Comercio Minorista de España 2015. Se trata de la tercera edición de este Plan, que incluye 34 medidas en diez ejes de actuación, diseñadas en colaboración con el sector, las Comunidades Autónomas y diez Ministerios. El objetivo esencial es seguir impulsando la competitividad del sector, en particular en el ámbito del pequeño comercio. Las actuaciones se desarrollarán a través del Convenio de Colaboración suscrito con la Cámara de Comercio de España y contarán con un presupuesto que alcanza los cinco millones de euros, un 20 por 100 más que el año pasado. Desde 2013 se han beneficiado de las distintas acciones de este programa, que, como decía hace un momento, es su tercera edición, 38.691 comercios.

¿En qué se incide en este Plan? En la innovación tecnológica, dando asesoramiento individual y financiero para la puesta en marcha de canales on- line, y en el apoyo a la financiación: el sector comercio al minorista constituye uno de los sectores más importantes en la utilización de Líneas ICO el año pasado, con un importante incremento en la solicitud y concesión de préstamos. En 2014 se otorgaron préstamos a casi 38.000 comercios, por una cuantía de 1.550 millones de euros.

El tercero de los ejes es la promoción comercial y del turismo de compras, para continuar con el programa de ayuda para la realización de proyectos singulares destinados a la transformación de equipamientos comerciales y a la modernización comercial en zonas de gran afluencia turística o municipios con régimen de libertad de aperturas. Se seguirá trabajando en proyectos de dinamización de centros comerciales urbanos, especialmente aquellos con turismo de compra.

Otro elemento es el impulso al pago con tarjeta, que ha tenido un gran apoyo en esta Legislatura, desde la aprobación por el Gobierno de la reducción de las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta. Desde su aplicación, el pasado 1 de septiembre de 2014, se ha registrado una rebaja de comisiones de un 55 por 100 en operaciones de crédito y de un 83 por 100 en operaciones de débito, con lo que se ha beneficiado también el sector comercial en este punto.

También estamos reforzando la unidad de mercado y la elaboración de compendios de legislación en materia de comercio, tanto estatal como autonómica, en colaboración con el Boletín Oficial del Estado, para un mejor conocimiento por parte de los comerciantes de la legislación aplicable.

Un elemento también muy importante es el comercio seguro, con la implantación del Plan de Comercio Seguro que se viene impulsando desde 2013, a través de medidas preventivas informativas por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Apoyo a la formación y generación de empleo, y también apoyo a la internacionalización, especialmente mediante el apoyo del ICEX en ferias comerciales y el asesoramiento directo y personalizado.

Éste es un sector para el Gobierno de gran importancia económica, ya que supone el 12,3 por 100 del Producto Interior Bruto del total de la economía española. Por sí solo constituye el 5,5 por 100 el comercio minorista del Producto Interior Bruto total. Además, hay que destacar la importancia que tiene en materia de empleo: casi dos millones de personas ocupadas en el comercio minorista, que es casi un 11 por 100 del total de ocupados en la economía.

También en este Consejo de Ministros se ha presentado un Informe, al que obligaba la Ley, de la aplicación de una medida importante que contempla la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización. El Ministerio de Empleo ha presentado el Informe de Evaluación de la sección de movilidad de la Ley de Emprendedores. ¿Esto qué es? Desde septiembre de 2013 contamos con una normativa muy avanzada en materia de emigración cualificada, que tiene por objeto buscar una mayor internacionalización de nuestra economía, atraer talentos y mejorar la competitividad. Se trata de una normativa que ya existe en España, que la pusimos en marcha siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales y las buenas prácticas de otros países de nuestro entorno, y nos ha permitido atender a las necesidades de empresas españolas en proceso de internacionalización y de nuevos inversores en nuestro país.

Esta reforma ha mejorado nuestra capacidad de acogida de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y ejecutivos de empresas que operan aquí, mediante un sistema ágil y específico de concesión de visados y autorizaciones de residencia.

Pues bien, según los datos presentados por el Ministerio de Empleo, hasta el 31 de diciembre de 2014 se han concedido 3.120 autorizaciones de residencia y visados en este ámbito, y la inversión estimada por el Ministerio de Economía y Hacienda es de 694 millones de euros. Es decir, se ha logrado el impulso de una inversión de 700 millones de euros mediante las medidas de apoyo a los inversores, a los investigadores y a distintos elementos de emigración cualificada que han deseado establecerse en nuestro país.

En la evaluación de este Informe hemos hecho también futuras recomendaciones que pondremos a continuación en marcha, como la agilización del procedimiento burocrático a los inversores, con la posibilidad de solicitar de forma directa una autorización de residencia en aquellos casos en que el inversor se encuentre en España de forma regular, sin tener que salir al extranjero; incluir la figura del representante del inversor o dar una mayor seguridad a los inversores de vivienda, aceptando, por ejemplo, el contrato de arras para que puedan justificar la inversión y obtener un visado de inversión temporal de seis meses, para que puedan hacerla efectiva. Para emprendedores, dotando de mayor seguridad jurídica a la clarificación de las valoraciones de los proyectos empresariales, tanto en concesión como en renovación; y también eliminando trámites, que hemos entendido que son superfluos, en trabajadores altamente cualificados e investigadores, y en la facilitación de los movimientos intercorporativos.

Estas medidas serán, por tanto, la siguiente fase en el apoyo a las medidas de internacionalización de nuestra economía, atracción de talentos y atracción de inversores, que pondremos en marcha en próximos proyectos legales y reglamentarios.

En el capítulo de nombramientos, quiero destacar que hemos procedido al cese, por su participación en los procesos electorales, agradeciéndoles, además, los servicios prestados, de los delegados del Gobierno en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En Madrid, la nueva delegada del Gobierno será Concepción Dancausa Treviño, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria por oposición del Cuerpo de Letrados de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales. Tiene, además, una amplia trayectoria tanto en la Administración del Estado, en la Administración Autonómica y en la Administración Local.

En Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, que es licenciado en Derecho por la Universidad de León, juez por oposición y, además, profesor asociado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de León. En 2012 fue nombrado subdelegado del Gobierno en León y hoy es nombrado delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

Y en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio López, que es el actual subdelegado en Toledo, que es licenciado en Filología Hispánica y funcionario de carrera como profesor de instituto desde 1993.

Por último, aunque no es un asunto de Consejo de Ministros, sí quiero informarles de que ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se aprobó el Acuerdo por el que se distribuyen los recursos del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas correspondientes al Fondo Social. Se trata de una medida que apoya el cumplimiento de los objetivos en materia de servicios sociales por parte de las Corporaciones Locales que están conveniados con las Comunidades Autónomas.

Se trata de un mecanismo extraordinario de liquidez, integrado en el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, para promover la realización y el pago de los convenios suscritos en materia de servicios sociales y que ayudará, además, al pronto pago de determinadas actuaciones muy relacionadas con el Tercer Sector, el sector de la educación y el sector de la sanidad. El importe es de 684 millones de euros para las ocho Comunidades Autónomas adheridas y para un total de 2.686 entidades locales que harán frente a sus convenios en materia de servicios sociales, como decía, sanidad, educación y fomento al empleo.

Sr. Catalá.- El primero de los Proyectos de Ley que hemos presentado al Consejo de Ministros es el que se refiere al sistema de valoración de los daños y perjuicios causados en los accidentes de circulación.

Desde el año 2010 venía trabajando una comisión de expertos con representantes del ámbito universitario, con representantes de la patronal aseguradora (UNESPA), con representantes de las asociaciones de víctimas de tráfico, también del Comité de la Minusvalía de España (CERMI) y distintos expertos en seguridad vial. A lo largo de este tiempo se ha elaborado un trabajo que permite ahora actualizar, no solamente el baremo en sentido cuantitativo, sino todo el sistema para el cálculo de las indemnizaciones en materia de accidentes de circulación.

Recientemente, el pasado mes de diciembre de 2014, el Congreso de los Diputados también aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a presentar un proyecto de ley en esta materia y, por lo tanto, cumplimos ahora con ese compromiso.

El Proyecto de Ley, básicamente, pretende incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de un sistema indemnizatorio suficiente; también, avanzar, en cuanto al cálculo de esas indemnizaciones, mediante la identificación del daño emergente y del lucro cesante; y, en tercer lugar, también establecer un sistema indemnizatorio continuado, para que permita, tanto revisar las cuantías, como también garantizar el tratamiento continuado de quien, como consecuencia de un accidente, requiera un tratamiento, sustitución de prótesis o cualquier otro tipo de actuaciones.

Desde el punto de vista cuantitativo, y es relevante, llevamos a cabo una mejora importante de las indemnizaciones cuando se producen lesiones, e incluso fallecimientos y las lesiones más graves; no solamente por la consideración en nuestro país de que era conveniente revisar estas cuantías, sino también en un ámbito puramente comparativo. Cuando hemos estado estudiando el ámbito europeo, veíamos que el baremo en España se había quedado bastante por debajo de las cuantías que son habituales en los países de nuestro entorno cuando se producen, como digo, graves lesiones o fallecimientos.

En ese sentido, las indemnizaciones ahora serán por fallecimiento, cuando sea la circunstancia que así concurre, y en ese caso, además, tomará en consideración elementos de lo que podríamos calificar las nuevas estructuras familiares, el concepto de familia ampliada y otros elementos, y, por tanto, los beneficiarios de las indemnizaciones tendrán una consideración más amplia de la que tenían anteriormente. En el concepto de secuelas se incluirán los apoyos para la autonomía personal que puedan tener los grandes lesionados. Y por daños también se incorporan conceptos que tienen que ver con una serie de aspectos mucho más amplios que los que actualmente teníamos.

Al final, la Ley incorpora un sistema de tablas que objetiviza, que simplifica, la aplicación de las indemnizaciones. Esto permitirá --confiamos-- que se desjudicialice buena parte de estas reclamaciones. Habrá más acuerdos extrajudiciales porque tanto la patronal, como digo, como las asociaciones de accidentados han trabajado en este asunto y hay un consenso muy amplio entre todos. Permitirá, por ejemplo, indemnizar a las personas cuya actividad profesional consiste en las tareas en su propio domicilio, en las tareas del hogar, y también eso tiene una consideración de carácter económico que es susceptible de indemnización. Y actualizaremos las indemnizaciones mediante la vinculación al índice de revalorización de las pensiones en la Ley de Presupuestos, índice que se aplicará también a las indemnizaciones; por lo tanto, no pasará, como nos había sucedido: que desde el año 2003, desde el que se llevaban sin actualizar las indemnizaciones, habían quedado muy desactualizadas.

Entre los impactos positivos está el beneficio que para el Sistema Nacional de Salud se genera, puesto que las compañías aseguradoras compensarán a los sistemas sanitarios públicos por las prestaciones, por los tratamientos o por las reposiciones de prótesis; todos los tratamientos que a lo largo del tiempo puedan requerir personas lesionadas en accidentes de tráfico.

Como decía, también se favorecen los acuerdos extrajudiciales. Desde el punto de vista de la Justicia, es una buena noticia que haya una línea para evitar que haya más pleitos en esta materia.

Y también, desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, al objetivar las indemnizaciones, al tener reglas claras y conocidas, esto permitirá una cierta estabilidad de precios y evitar efectos incrementalistas o de aumento de las cuotas de las pólizas de seguro.

Este Proyecto se remite ya al Congreso de los Diputados, ya cuenta con todos los informes que necesita y, por lo tanto, confiamos en que sea aprobado en este período de sesiones y, por lo tanto, pueda tener una aplicación inmediata y pueda ser ya el nuevo marco que regule este sector que, sin duda, tiene una alta sensibilidad social y afecta a personas que son víctimas, en este caso, de los accidentes de tráfico.

El segundo Proyecto de Ley, sucintamente, como mencionaba la Vicepresidenta, es el Anteproyecto de Ley Orgánica de inmunidades. Las inmunidades son una institución clásica dentro del Derecho Internacional Público, muy propia de las relaciones entre los Estados y que se han ido extendiendo a lo largo de los últimos años, no solamente a las relaciones entre los Estados, sino también a lo que tiene que ver con las organizaciones internacionales. Cuando se celebran conferencias internacionales en un país, se aplica este tipo de conceptos.

Lo cierto es que el régimen jurídico estaba muy disperso, no teníamos una legislación propia en nuestro país. Incluso en el ámbito internacional son múltiples los instrumentos normativos que regulan esta materia. Hay una convención de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 2004, que España ha ratificado pero que todavía no ha entrado en vigor. Por lo tanto, lo que se produce, fundamentalmente, es una ordenación normativa en esta ausencia singular que, cuando concurre la necesidad de aplicarla, lo cierto es que los jueces detectaban dificultades para entender cuál era el marco normativo concreto que se aplicaba a cada caso.

De hecho, en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial y en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil hay una remisión genérica al Derecho Internacional, porque no estaba identificado claramente cuál es el marco normativo, como digo, que ahora pasará a ser esta Ley Orgánica de Inmunidades.

Lo que hemos hecho, fundamentalmente, al elaborar este Proyecto de Ley, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia, como digo, es tener en un texto único la regulación de esta materia; garantizar la posición de las personas que puedan tener cualquier tipo contrato --mercantil, laboral, civil…-- con Estados extranjeros, a través de sus embajadas y representaciones permanentes; con las organizaciones internacionales, o cuando se llevan a cabo estas cumbres internacionales que puedan celebrarse en España. Por lo tanto, la Ley también dedica buena parte de su articulado a establecer en qué caso juega el principio de la inmunidad y cuáles son todas las excepciones en las cuales se aplica el derecho interno, en cada caso.

De esta manera, pensamos que, aparte de adecuar nuestro ordenamiento jurídico, también somos avanzados e innovadores en esta materia en el ámbito internacional. En alguna medida, también tener claras estas reglas, sin duda, facilitará, por ejemplo, la condición de España como sede de conferencias internacionales en el futuro.

Sra. García Tejerina.- Yo empiezo por exponer el Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 42 de 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y lo primero de todo, si me permiten, quisiera poner de manifiesto la importancia de la biodiversidad en España.

España es el país más rico en biodiversidad de la Unión Europea: contamos con más de nueve mil especies de plantas y más de sesenta mil especies de fauna. Somos el único país de la Unión Europea, junto con Francia, con cuatro regiones biogeográficas definidas: Alpina, Atlántica, Macaronésica y Mediterránea. Contamos con un número de especies endémicas, es decir, aquellas que son propias y exclusivas nuestras, en la Península, que se estiman en 1.700 especies, y a éstas hay que sumar otras 500 en las Islas Canarias. España cuenta también con una enorme variedad de hábitats: de los 226 tipos de hábitat que están clasificados o reconocidos como de alto interés por la Unión Europea, de estos 226, 121 los tenemos en el territorio español.

Baste decir que de toda la biodiversidad de la Unión Europea en España contamos con el 40 por 100 del conjunto de las especies de flora y fauna que tiene el conjunto de la Unión Europea, por lo cual, la biodiversidad es un patrimonio de los españoles que debemos de proteger y éste es el objetivo de la modificación de esta Ley: mejorar el régimen de protección, de conservación y de restauración de la biodiversidad española.

Perseguimos los siguientes objetivos: proporcionar información sobre las protecciones ambientales que afectan a distintas superficies del territorio español en distintos espacios protegidos, información que se facilitará a través del Registro de la Propiedad y del Catastro; se pretende también mejorar la protección y la conservación de las especies amenazadas; incorporar en nuestro ordenamiento jurídico normativa internacional y mejorar también la aplicación de la normativa comunitaria a este respecto; mejorar la gestión de los espacios protegidos mediante el apoyo a actividades económicas que sean plenamente coherentes con la conservación y que, al tiempo, contribuyan a mejorar el bienestar de las poblaciones locales y también a la creación de empleo y de desarrollo en estas zonas; y, por último, medidas de prevención, de mitigación, de adaptación, del cambio climático en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad.

Sobre la información ambiental, se aplicará a los siguientes espacios: espacios, zonas o superficies que están incluidas en espacios naturales protegidos; a los espacios afectados por la Red Natura 2000; a los montes de utilidad pública; a los dominios públicos de las vías pecuarias y a las zonas húmedas, a los humedales.

Yo quiero destacar que los espacios naturales protegidos, que son, fundamentalmente, Parques Nacionales y Naturales, Reservas Naturales y Áreas Marinas Protegidas; este conjunto de superficies afectan a una superficie de 6,3 millones de hectáreas en España. O destacar también la importancia de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, que afectan a 13,7 millones de hectáreas, el 27 por 100 de la superficie española.

Toda esta superficie, que es muy amplia dentro del territorio español, es la que tendrá de futuro una información en el Registro de la Propiedad y del Catastro. En la actualidad, ni uno ni otro, ni Registro de la Propiedad ni Catastro, proporcionan información sobre estas protecciones ambientales. Con esta reforma se facilitará esta información ambiental y, de esta forma, lo que pretendemos es ganar en transparencia, dotar de mayor seguridad jurídica a todo lo relacionado con los regímenes de propiedad de los espacios protegidos y garantizar, con ello, una mejor protección de estos espacios, ya que, sin ninguna duda, se protege mejor lo que mejor se conoce.

Además, quiero destacar que esta información, que se facilitará tanto en el Registro de la Propiedad como en el Catastro, será a efectos informativos. Es decir, no se regulan, no se crean, no se derogan, protecciones; lo que se hace es informar de la existencia de estas protecciones, de lo que implica, para, como digo, dar seguridad jurídica, transparencia y, con ello, una mayor protección.

Por otra parte, a través del Proyecto de Ley se mejora la protección de las especies amenazadas, que son aquellas más vulnerables. Para ello se prevé que la primera importación de especies no autóctonas que puedan ser potencialmente dañinas requerirá de una autorización administrativa que, a su vez, requiere también un análisis de riesgo por parte del importador. Se regula también la reintroducción de especies autóctonas desaparecidas en nuestro país, de manera que, de hacerse, se haga también sin exponer a la biodiversidad presente a ningún riesgo; y se impedirán las reintroducciones de aquellas especies que no sean deseadas, garantizando así que cualquier reintroducción se haga con todas las garantías para la protección de nuestra biodiversidad.

El Proyecto de Ley incorpora a nuestro ordenamiento jurídico normativa internacional. Yo quiero destacar la regulación al acceso de los recursos genéticos de especies silvestres, de acuerdo con el Protocolo de Nagoya que regula el acceso a los recursos genéticos, y también la participación justa en los beneficios que se deriven de esta aplicación. Este Protocolo fue ratificado por España en junio de 2014 y se incorpora a través de esta Ley, y requerirá un posterior desarrollo reglamentario.

También se va a perfeccionar la incorporación de la Directiva Hábitat y la Directiva Aves a nuestro ordenamien6to jurídico; nos ajustamos mejor a lo establecido en estas Directivas comunitarias. Y se van a incluir actualizaciones como consecuencia de la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad Horizonte 20-20 o la comunicación de la Comisión Europea sobre Infraestructura Verde. En definitiva, nos estamos anticipando a la norma comunitaria que se desarrollará en materia de protección ambiental.

Además, el Proyecto de Ley incluye una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las Administraciones Públicas a estas actividades económicas, que son coherentes con la conservación de los espacios naturales protegidos y que, al tiempo, contribuyen al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo. Para ello se dará prioridad a estas actividades, en especial en aquellas que están dirigidas a la conservación o a la restauración, en el acceso a las subvenciones cuando así se contemple en las correspondientes bases reguladoras.

También se analizará, en el marco de las competencias de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la posible implantación de bonificación de tasas en gastos de inscripción registral o cuotas patronales de la Seguridad Social Agraria para dichas actividades, pretendiendo con ello favorecer a las poblaciones locales que habitan en estos espacios. Yo vuelvo a incidir en que solamente la Red Natura 2000 ocupa el 27 por 100 de nuestra superficie, con lo cual hay muchas poblaciones que están afectadas por ello.

Por último, en el Proyecto de Ley se introduce una vinculación necesaria entre cambio climático y biodiversidad, y se incorpora entre los principios inspiradores de la Ley la prevención de los problemas emergentes como consecuencia del cambio climático. Con esto se pone como deber a los poderes públicos que recojan el diseño de medidas de adaptación, de mitigación, para minimizar los riesgos y los impactos del cambio climático en la biodiversidad española.

En definitiva, es una Ley que lo que persigue es proteger más y mejor algo que es patrimonio de todos los españoles y de enorme importancia, que es nuestra riqueza natural y también nuestra biodiversidad, como he destacado al principio, de enorme importancia.

En otro orden de cosas figura el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria. La política que venimos impulsando desde el Ministerio en materia de calidad alimentaria a lo largo de toda la Legislatura se fundamenta en el apoyo al fomento, a la garantía y a la protección de la calidad de todos los productos alimentarios que se ponen a disposición de los consumidores; entre otras cosas, porque ésta es parte de la base del éxito de nuestros productos también en los mercados internacionales.

En el ámbito de la calidad comercial, que es lo que regula esta Ley, se ha hecho un esfuerzo muy importante para revisar las normas de calidad que afectan a la mayor parte de nuestros productos alimentarios. Hasta la fecha llevamos revisadas, cerradas, acordadas con los sectores en distintas fases de tramitación, modificaciones que afectan a unos quinientos productos alimentarios. Pero para hacer efectiva esta protección de estas normas de calidad, se requiere también que las autoridades competentes dispongan de los adecuados instrumentos legales para poder llevar a cabo los controles oficiales, que a su vez constaten el cumplimiento de estas normas, y se requiere también de un régimen sancionador que nos permita corregir los posibles incumplimientos.

Desde hace muchos años se viene poniendo de manifiesto la necesidad de disponer de una norma básica, una norma actualizada y que sea homogénea a nivel nacional, para esta efectiva defensa de la calidad alimentaria. A esta carencia es a lo que responde, a lo que da respuesta, este Proyecto de Ley, como digo, para contribuir a aumentar el nivel de confianza en los productos alimenticios, aumentando la protección de la calidad; para proporcionar condiciones leales a los distintos operadores, protegiendo los derechos de los operadores y también de los consumidores; y para contribuir a la unidad de mercado y a la competitividad, y a la garantía de la coordinación del control de la calidad alimentaria.

La calidad alimentaria se refiere es a las propiedades y a las características de los alimentos, a todo aquello relacionado con las materias primas, con los ingredientes, con la composición, con la pureza y también con los procesos de elaboración, de almacenamiento, sin olvidar que también está afectada en el concepto de calidad alimentaria la presentación del producto final, incluyendo el contenido efectivo de los alimentos y también la información que se facilita a los consumidores a través del etiquetado.

La necesidad de este Proyecto de Ley se debe, primero, a la necesidad de actualizar la normativa vigente sobre los procedimientos de control, que actualmente es un Real Decreto del año 1983. Estábamos obligados a adaptarnos a la regulación de la Comisión Europea sobre controles oficiales, en particular a un Reglamento que data del año 2004.

La necesidad también es de incorporar a la calidad alimentaria los principios de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, suprimiendo disfunciones existentes en relación con el control de esta calidad y del régimen sancionador, debidas a la existencia de distintas normas en distintas Comunidades Autónomas, o su no existencia y aplicación por defecto de este Real Decreto del año 1983. De tal manera que lo que se persigue es que, para una misma empresa que está recibiendo distinto trato en distintas Comunidades Autónomas, se termine con ello y un producto tenga una única regulación también, en este caso, en materia de controles.

Y responde también la Ley a la necesidad de favorecer la competitividad de las empresas, simplificando los sistemas de control de calidad y evitando que los operadores se vean sometidos a cargas administrativas derivadas de esta multiplicidad de normas autonómicas no coincidentes.

Los objetivos fundamentales de la Ley son, por lo tanto, ordenar el sistema de inspecciones y controles en todas las etapas que van comprendidas desde el momento en que la producción agraria adquiere la condición de alimento hasta la llegada del alimento a los almacenes de la distribución alimentaria para su puesta a disposición del consumidor final, para asegurar que estos productos de la alimentación lleguen al consumidor con todas las garantías de calidad.

Se pretende como objetivo también homogenizar y actualizar el régimen sancionador, de tal manera que las empresas tengan el mismo tratamiento cuando se detecten irregularidades en su actuación en cualquiera que sea la Comunidad Autónoma en la cual desarrollen su actividad. Para ello se dictan normas básicas que establecen qué hechos son considerados como infracciones leves, graves o muy graves, y definiendo también una horquilla en relación con la cuantía de las sanciones e incorporando también a la cuantía de las sanciones el principio que nos impone la Unión Europea de que no salga rentable defraudar, es decir, que las sanciones sean proporcionales y que sean disuasorias.

Por otra parte, se establecen marcos de colaboración y sistemas de redes de intercambio de información entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas para coordinar todas las actuaciones en materia de control de calidad alimentaria y disponer también de un sistema ágil para el intercambio de esta información, un sistema que nos permita armonizar la interpretación normativa.

Teniendo en cuenta que las competencias de control están transferidas a las Comunidades Autónomas, para esta eficacia necesaria en los controles y el mantenimiento de la unidad de mercado hay que establecer mecanismos de coordinación y de cooperación precisos. Éstos se concretan a través de la creación de una Mesa de Coordinación de Calidad Alimentaria y se concretan a través del establecimiento de redes de intercambio de información, que recogerán datos sobre el fraude cuando éste se da en el ámbito de una Comunidad Autónoma.

Es un mecanismo de información que está relacionado con el que se creará a nivel comunitario en el nuevo reglamento de controles. Nuevamente, nos estamos anticipando a regulación que vendrá por parte de la Unión Europea; pero este intercambio rápido de información en distintos territorios españoles nos facilitará una lucha más eficaz. Y se recoge también la cooperación entre los organismos competentes dentro de la propia Administración General del Estado en los distintos ámbitos de actuación.

En definitiva, desde hace años los empresarios agroalimentarios venían planteando la necesidad de disponer de una norma básica actualizada, homogénea a nivel nacional, para una defensa efectiva de la calidad alimentaria. A esta necesidad es a lo que se da respuesta mediante este Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, para hacer una realidad esta unidad de mercado a través del establecimiento de un marco común para la defensa de la calidad alimentaria, lo cual va a contribuir, sin ninguna duda, junto con otras tantas medidas adoptadas por el Gobierno, a seguir mejorando la competitividad del sistema alimentario español.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por Marruecos. En primer lugar, en cuanto al rescate de nuestros espeleólogos, me gustaría saber si el Gobierno interpreta que puede haber algún tipo de responsabilidad por parte de Marruecos en cuanto a que nos dieron los permisos tarde y en cuanto a que nos dijeron que estaban preparados y tenían los medios para hacer ese rescate, y parece que no. Luego, desconozco si por parte de España se puede abrir algún tipo de investigación.

A esto quería añadirle que el juez Ruz acaba de procesar a once militares marroquíes y mi segunda preguntar sería si esto puede mermar la cooperación entre los dos países en materias tan delicadas como el terrorismo y como la inmigración ilegal.

Luego, quería pedirle una valoración de ese documento que han firmado los ex presidentes Aznar y Felipe González denunciando los abusos en Venezuela.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, en primer lugar, permítame que en nombre de todo el Gobierno hagamos llegar a las familias de las víctimas nuestro apoyo y nuestra solidaridad en estos momentos complicados y difíciles de dolor.

En segundo lugar, quiero señalar una cuestión: todos los Gobiernos en España, y este Gobierno también lo ha hecho, nos ocupamos y nos preocupamos de lo que pueda pasar a los españoles en el exterior. Eso se ha hecho siempre así y se va a seguir haciendo. Lo ha hecho este Gobierno desde el punto de vista llamémosle preventivo, haciendo públicas y revisando constantemente las recomendaciones de viaje, que forman parte, por ejemplo, de las páginas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de la Oficina de Información Diplomática, sobre las circunstancias de estos viajes y las recomendaciones.

Pero también a lo largo de los innumerables incidentes que hemos tenido a lo largo de esta Legislatura, al igual que en las anteriores, hemos procurado dar apoyo a las distintas vicisitudes que los españoles han tenido en distintas partes del mundo. Por citar ejemplos de este Gobierno, yo quiero recordar las repatriaciones que se han llevado a cabo, como consecuencia de la enfermedad del ébola, de ciudadanos españoles que prestaban tareas, tanto de cooperación como tareas sanitarias fuera, y que fueron repatriados a nuestro país; o la labor que se ha llevado a cabo respecto de los distintos secuestros que hemos solventado, tanto de cooperantes en el área del Magreb, de organizaciones de cooperación en Somalia o de compañeros suyos en Siria.

Distintos casos en los que, como siempre, España trata de prestar el máximo apoyo, en las condiciones en que eso sea posible, a los españoles en el exterior. De la misma manera se ha hecho en este caso. España ha hecho todo lo que ha podido, a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, para darles la mayor asistencia y la mayor cobertura.

Yo creo que el Gobierno de Marruecos ha tenido desde el primer momento la buena voluntad de lograr llevar a cabo ese rescate en las mejores condiciones; pero aquí hay que reconocer que Marruecos es un Estado soberano, que tiene sus propios protocolos de actuación y que estas actuaciones se llevan a cabo con arreglo a los protocolos y a los criterios del país en los que se producen.

Desde el punto de vista del Gobierno de España, nosotros queremos trabajar para mejorar esa colaboración en todos los órdenes. Ya digo, a lo largo de esta Legislatura han sido numerosos y muy variados los distintos ejemplos, las distintas vicisitudes, algunas muy dramáticas, en que se han encontrado españoles, tanto de vacaciones, como en tareas de trabajo en el exterior, y nosotros procuramos darles siempre el máximo apoyo, siempre también respetando las circunstancias del país de origen y teniendo muy presente que también nuestra labor es preventiva, informando de esos riesgos.

Enlazaba usted con la siguiente cuestión. Es una actuación judicial y, desde luego, este Gobierno lo que en todo caso respetará en estos procedimientos también es la legalidad internacional. Yo creo que sobre esos parámetros de respeto a la legalidad internacional y a la labor que se viene llevando a cabo entre todos los Estados, y más los que somos ribereños y vecinos, tenemos que trabajar en ámbitos clave.

Usted citaba la lucha contra el yihadismo y el ámbito de la inmigración en circunstancias de irregularidad, y nuestra tarea es seguir trabajando en una cooperación que se está produciendo en estos momentos de una manera muy intensa y muy necesaria, porque es una tarea que nos compete a la Comunidad Internacional. Por nuestra parte siempre buscaremos esa máxima colaboración, y, con independencia de las distintas vicisitudes que pueden ocurrir entre Estados en estas materias, creemos que esas dos cuestiones, la lucha contra el yihadismo particularmente, merecen de todos una especial atención.

Sobre el documento de los ex presidentes, son bastantes los que han hecho un llamamiento, yo creo muy sensato y muy sereno, sobre la defensa de las libertades y la democracia desde el punto de vista de la experiencia de quienes han sido gobernantes, conocen muy bien el terreno y conocen muy bien las implicaciones de todos ellos. Desde luego, por parte del Gobierno de España, ya en reiteradas ocasiones, yo misma en esta mesa, el ministro de Asuntos Exteriores o, incluso, el presidente del Gobierno, se ha pronunciado en defensa de las libertades y del pluralismo.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntar si el Gobierno se siente cómodo con la reapertura del debate sobre el aborto, justamente en un momento preelectoral. En cualquier caso, ¿cree que sería conveniente dar libertad de voto a los diputados, de la misma manera que en su día el PP se lo pidió al Partido Socialista cuando se suscitó este tema en el año 2011?

También me gustaría saber, e invito también al ministro de Justicia si quiere dar una respuesta, qué efectos prácticos tendría el sacar el concepto de "derecho de la mujer" de la Ley y suprimirlo por algún otro tipo de expresión.

Vicepresidenta.- Por parte del Gobierno siempre se ha defendido en este punto que hay que trabajar por el máximo consenso. Así lo hemos venido reiterando en distintas ocasiones. Creemos que la proposición de ley que se ha presentado lo hace sobre una de las materias o uno de los aspectos en que existe un mayor consenso, y nosotros, desde el punto de vista del Gobierno, aunque ya nuestra tarea en el debate parlamentario es más limitada, contribuiremos a trabajar por ese consenso.

No le corresponde al Gobierno determinar ni el sentido del voto del Grupo Parlamentario, ni entrar en las tareas del Poder Legislativo, porque nosotros procuramos respetar la separación de poderes y las competencias de cada una de las instituciones.

Sr. Catalá.- En la reforma que aprobó el Gobierno socialista en el año 2010 en materia del aborto, pese que a veces no se hace un análisis técnico-jurídico, porque tampoco hay porqué, lógicamente --en términos de opinión pública eso es otra cuestión--, no se regula el derecho al aborto, no hay un derecho al aborto como tal; hay un derecho a las decisiones de la mujer en materia de su propia conducta sexual, reproductiva. Por lo tanto, ese derecho al aborto no está en la legislación actual. Nosotros, como decía la Vicepresidenta, lo que estamos intentando, y ya lo anunció el Presidente en su momento, es buscar el máximo consenso posible en esta materia.

Por lo tanto, yo creo que el detalle concreto en que pueda, en su caso, consistir esa modificación estará sometido al debate con los Grupos Parlamentarios.

P.- Yo quería volver sobre el tema de Marruecos, Vicepresidenta. Quería saber con datos, si es posible, qué tipo de contactos ha podido haber en los últimos días, horas, relacionados con el incidente del rescate y relacionados con el tema del auto del juez Ruz de ayer, porque usted hablaba ahora de una decisión judicial que se respeta. Pasó hace un año en Francia una situación muy similar con una actuación judicial y Marruecos rompió relaciones con Francia durante un año desde el punto de vista policial y judicial, y estamos en vísperas de una conferencia sobre el tema del yihadismo, que empieza la semana que viene. ¿Qué contactos ha habido y se teme algún tipo de reacción similar a la que tuvo Marruecos con Francia el año pasado?

Vicepresidenta.- Sobre el asunto del rescate de los espeleólogos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior han ido informando de los distintos contactos que tanto los titulares como los responsables de ambos Ministerios, y también de los servicios diplomáticos y consulares que había en Marruecos, han llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo. Han sido muchos a todos los niveles y ésa es una información que es pública y que se ha relatado, que hacemos, por otro lado, siempre que ocurre un accidente de esta naturaleza, tanto a nivel incluso ministerial, como a nivel de los que están en la zona y pueden colaborar de una manera mucho más directa. Es decir, ha habido muchos contactos con las autoridades marroquíes sobre el tema del rescate, como es normal y como es lógico, a lo largo de este tiempo.

Sobre el segundo de los asuntos, es una resolución que se conoció ayer por la tarde y yo creo que también hay que tener presente que, en este caso, una cuestión son las decisiones judiciales, en este caso la continuación de un procedimiento, y otra cosa es la relación entre los Gobiernos y la relación entre los Ejecutivos.

El Gobierno de Marruecos en este punto, al margen de los procedimientos judiciales, conoce perfectamente cuál es nuestra postura respecto del Sáhara, que no ha cambiado en este tiempo. Nosotros siempre hemos defendido una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y a los propósitos de la Carta de Naciones Unidas, y eso es un asunto de sobra conocido. Pero las relaciones de los Estados, con Marruecos y con otros muchos, son muy amplias y nosotros trabajaremos para preservarlas, con independencia de las vicisitudes que puedan producirse como en cualquier otra relación bilateral o multilateral.

La lucha contra el yihadismo es un elemento muy importante en la cooperación internacional para todos los Estados. Hay que seguir trabajando en ello e intentaremos preservar la máxima colaboración con todos los que tienen mucho que aportar en ese ámbito, que creo, y lo hemos visto mucho a lo largo de distintas ruedas de prensa en esta sala, que nos preocupa a todos y nos debe preocupar, y mucho, a toda la Comunidad Internacional; pero también a los que, por proximidad o por determinadas circunstancias, tenemos una experiencia en ese ámbito.

P.- Vicepresidenta, quería volver al asunto de la reforma del aborto. La proposición que está ahora mismo en el Congreso es un encargo del presidente del Gobierno, puede decirse así, porque quería el máximo consenso sobre un tema muy concreto, que ustedes entienden que lo tiene. Yo quería preguntarle si el Gobierno apoya, por tanto, que se introduzcan nuevos cambios en la proposición de ley o el texto, tal como está, es el válido.

En concreto, quería conocer su opinión: ¿el aborto es un derecho o no es un derecho? ¿Eso debe figurar en esta Ley para aclarar las dudas que puedan tener algunos diputados del Grupo Popular o para dejarles más tranquilos?

Vicepresidenta.- Como le decía, desde el Gobierno lo que se ha querido trabajar es siempre por el máximo consenso y yo creo que ésa es la línea en la que tienen que seguir trabajando durante la tramitación parlamentaria, tanto el Grupo Parlamentario Popular, el propio equipo, como los contactos que se pueden hacer en relación con los otros Grupos.

Sobre la segunda de sus preguntas, siempre desde el Gobierno lo que hemos considerado es que en este asunto hay dos situaciones jurídicas que hay que valorar y que ponderar: las circunstancias de la embarazada, de la mujer, y su colisión respecto de otro bien jurídico protegido, cual es la vida del concebido y no nacido. Ése creo que es el elemento de equilibrio que siempre hay que tener en cuenta y cómo en su origen ha sido regulada la interrupción del embarazo, el aborto, en las distintas legislaciones: como una contraposición entre ambas circunstancias que las distintas legislaciones han ido ponderando. Ésa creo es que la posición desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, que nosotros siempre hemos venido defendiendo.

P.- Yo tenía un par de preguntas a la Vicepresidenta. Me gustaría plantear una duda sobre el asunto de Marruecos. En particular, ha hablado al principio de solidaridad y apoyo hacia las familias. Las familias se están planteando acciones judiciales y me gustaría saber si, finalmente se consuman, si van a tener el apoyo político, incluso el apoyo legal, de alguna manera, del Gobierno, si fuera posible.

Al ministro de Justicia me gustaría preguntarle sobre las críticas que está habiendo desde los sindicatos y las protestas que hay organizadas ya por la privatización de los Registros, para que nos cuente un poco cuál va a ser la respuesta del Gobierno y un poco cómo va a quedar ese tema.

Vicepresidenta.- Yo desconozco cuáles van a ser esas acciones judiciales y yo creo que en este punto habrá que esperar que esperar a la decisión que tomen las familias que, desde luego, tienen nuestro respeto para poder opinar sobre ese asunto.

Sr. Catalá.- Estamos permanentemente hablando de reformas de la Justicia, agilización de la Justicia o servicio al ciudadano. En esa idea, en ese eje, también el Registro Civil, y nos lo dicen los informes del Defensor del Pueblo y nos lo dicen los ciudadanos, funciona a veces con una baja calidad: muchos tiempos de espera para expedientes de nacionalidad, para algunas otras cuestiones, para celebración de matrimonios… Por lo tanto, uno de los proyectos que tenemos en el Ministerio es mejorar el funcionamiento de los Registros Civiles.

Por ello, el planteamiento, y en su pregunta yo creo que estaba ya una parte, quizás, del debate contaminado que en mi opinión existe, es que no hay ningún proyecto de privatización, en absoluto. Nadie está planteando privatizar el servicio público de los Registros Civiles. El Registro Civil seguirá siendo gratuito, el Registro Civil estará cercano al ciudadano, porque va a tener una presencia en el territorio mayor de la que tiene en la actualidad, y el Registro Civil será telemático cada vez más, para que, por ejemplo, desde los hospitales podamos inscribir el nacimiento de un hijo o una defunción sin necesidad de ir con la hojita amarilla que nos han dado a todos para ir a presentarnos allí, a hacer cola en el Registro Civil.

Ése es el proyecto en el que estamos trabajando y lo queremos llevar a cabo en diálogo con las Comunidades Autónomas y en diálogo con los sindicatos, informando a los trabajadores, porque me consta que hay una cierta desinformación y hay tensiones e inquietudes, y también poniendo por delante que a los profesionales a los que creemos que se les puede encomendar esta función de Registro Civil son funcionarios públicos. Son los registradores; registradores que llevan hoy en España ya el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil, y, por lo tanto, que tienen toda la cualificación. Son funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia, que va a garantizar, como digo, un servicio público, un servicio gratuito y un servicio cercano a los ciudadanos.

Por lo tanto, vamos a trabajar en este sentido. Estamos trabajando con ellos y vamos a intentar que todas las posibles mallas interpretaciones, conflictos, tensiones, que puedan suceder las aclaremos cuanto antes. Entre ellas, una de las más importantes es la que afecta a los trabajadores. El pasado miércoles nos reunimos todas las Comunidades Autónomas y el Estado en la Conferencia Sectorial de Justicia, y acordamos que cualquier proceso de reforma que se lleve a cabo en el Registro mantendrá, en todo caso, el empleo de todos los funcionarios que actualmente prestan sus servicios en los Registros.

Por lo tanto, ninguna inquietud desde el punto de vista laboral, ninguna inquietud en cuanto a que mantendrá la condición de servicio público y ninguna inquietud en cuanto a la gratuidad del servicio que presta hoy el Registro Civil.

Vicepresidenta .- Muchas gracias.