Referencia del Consejo de Ministros

20.12.2022

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • REAL DECRETO por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2022.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C18, I6). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y Melilla, de los créditos presupuestarios destinados a la inversión "Data Lake sanitario" del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el año 2023 por un importe total de 28.000.000 de euros, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla la celebración de un contrato de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de Alicante por un valor estimado de 30.414.712,96 euros.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C4, R3). ACUERDO por el que se aprueban las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C4, R3). ACUERDO por el que se aprueba la revisión de la Estrategia Forestal Española horizonte 2050.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C4, R3). ACUERDO por el que se aprueba la revisión del Plan Forestal Español (2022-2032).
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Fondo de la Comunidad de la Energía para el Apoyo Energético a Ucrania, por un importe de 4.500.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por un importe de 1.108.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Programa de Cooperación ESPON (Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo), por un importe de 97.848,77 euros, correspondiente al ejercicio 2021.
  • ACUERDO por el que se autorizan cuatro contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional en materia de cambio climático por un importe global de 30.000.000 de euros‬.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

  • ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, y por la que se regulan los equipos conjuntos de investigación, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1, letra a), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

Defensa

Hacienda y Función Pública

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, R1). ANTEPROYECTO DE LEY de la Función Pública de la Administración del Estado, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 30.000.000 de euros al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para financiar los compromisos asumidos en la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27).
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 19.995.126,06 euros en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para atender el pago de nuevos expedientes de subvenciones relativas a incentivos regionales.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I1). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 39.500.000 euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Hacienda y Función Pública para la puesta en marcha de un centro de proceso de datos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 1).
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, I3). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 820.654,13 euros, del Ministerio de Hacienda y Función Pública al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para llevar a cabo la mejora de la gestión y gobernanza del Registro Central de Personal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 11, Inversión 3).
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Segura, por importe de 32.000.000 de euros, con el objeto de financiar la dotación destinada al pago de energía eléctrica.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Duero, por importe de 14.973.778,87 euros, con el objeto de financiar la dotación destinada al pago de energía eléctrica.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C16, R1). ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito, por importe de 10.000.000 de euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Ciencia e Innovación, para implementar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en el marco del Componente 16, Reforma 1, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • ACUERDO por el que se autoriza un crédito extraordinario por importe de 1.000.000 de euros en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, O.A., para permitir el abono de la subvención otorgada a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español, en virtud del Real Decreto 996/2022, de 29 de noviembre.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 1.969.760,58 euros en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para atender el requerimiento de pago de la Comisión Europea de 22 de noviembre de 2022 asociado a incentivos regionales acogidos al Programa Operativo FEDER 1989-1993.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento, cuyo valor estimado asciende a 17.980.934,40 euros.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la prórroga de un contrato de servicio de soporte a la gestión de los sistemas e infraestructura de tecnologías de la información de la CNMC.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C3, I8). ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación llevar a cabo un reajuste en la distribución de los créditos entre los beneficiarios de las subvenciones contempladas en el Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto (Componente 3, Inversión 8).
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Mutua Balear, Mutua colaboradora con la seguridad social n.º 183, la tramitación anticipada de un expediente para la adquisición de equipos de cortafuegos informáticos.
  • ACUERDO por el que se autoriza el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo al ejercicio 2023, según el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la contratación de las actuaciones a realizar en los centros de acogida Casa de Madres, Colegio León y Casa del Mar de las islas Canarias.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a otorgar garantías a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia por un importe máximo de 16.250.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 70.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad social n.º 11, la tramitación anticipada de diversos expedientes de los Capítulos II "Gastos corrientes en bienes y servicios" y VI "Inversiones Reales".
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, la contratación, la prórroga y la tramitación anticipada de diversos expedientes de capítulo II.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3, la tramitación anticipada de un expediente para el suministro de productos ortopédicos.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 10 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para posibilitar a Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, la actualización de las rentas de sus contratos de arrendamientos de inmuebles.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico la realización de un nuevo expediente de gasto, relativo al Servicio Aéreo de Control de Vigilancia del Tráfico.
  • ACUERDO por el que se autoriza la fusión por absorción por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., respecto de su filial al 100% participada, Nexea Gestión Documental S.A., S.M.E.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado.

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Guardia Civil la celebración de un contrato del servicio de mantenimiento y asistencias técnicas sobre los motores, necesario para el normal desarrollo de las misiones de vuelo de las aeronaves propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil (Servicio Aéreo), con un valor estimado de 23.985.600 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro e instalación de equipamiento de regulación eléctrica que permita dar seguridad en los cuadros generales de la red eléctrica en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, por importe de 336.017 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios mínimos para la conservación, adecuación y explotación de las instalaciones ITS de la Dirección General de Tráfico en carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste, por importe de 1.018.339,08 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios mínimos para la conservación, adecuación y explotación de las instalaciones ITS de la Dirección General de Tráfico en carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico, por importe de 814.969,32 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios mínimos para la conservación, adecuación y explotación de las instalaciones ITS de la Dirección General de Tráfico en carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico de Pirineos-Valle del Ebro, por importe de 798.237,66 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios mínimos para la conservación, adecuación y explotación de las instalaciones ITS de la Dirección General de Tráfico en carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico del Norte, por importe de 854.866,68 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios mínimos para la conservación, adecuación y explotación de las instalaciones ITS de la Dirección General de Tráfico en carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, por importe de 329.173,69 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía del suroeste A-5, entre los puntos kilométricos 392,300 al 407,821. Tramo: Badajoz Este - Badajoz Oeste. Provincia de Badajoz. Valor estimado del contrato: 15.272.835,70 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de la autovía A-32. Linares - Albacete. Tramo: enlace con la CM-313 - Balazote Oeste. Provincia de Albacete. Valor estimado del contrato: 94.528.642,96 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras del proyecto de construcción autovía A-73, Burgos - Aguilar de Campoo. Tramo Quintanaortuño - Montorio. Provincia de Burgos. Valor estimado del contrato: 105.904.440,42 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras de la Autovía del Duero A-11. Conexión de la autovía con la carretera N-122 en las proximidades de Castrillo de la Vega. Provincia de Burgos. Valor estimado del contrato: 14.942.521,37 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de concesión de servicios para la conservación y explotación de diversas áreas de servicio gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. por un valor estimado de 44.397.303,05 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras correspondiente a la ampliación Edificio ACC Madrid para la creación de una nueva sala de control, por un valor estimado de 23.120.140,16 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la formalización de la Adenda n.º 4 al contrato entre la Administración General del Estado y la Sociedad Mercantil Estatal Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías, media distancia convencional, alta velocidad media distancia (AVANT) y ancho métrico, competencia de la Administración General del Estado, sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2018-2027.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de reparación de la pasarela peatonal sobre la autovía A-66, situada en el punto kilométrico 48+750, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Asturias, por importe de 180.278,86 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de instalación de un sistema de detección de la visibilidad y de regulación automática de la velocidad en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 150 y 160 de la autopista AP-2, debido a la formación de nieblas muy intensas, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Lleida, por importe de 2.210.903,92 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para atender patologías en los aleros y en la cubierta del edificio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, en Plaza de España n.º 3, Oviedo por importe de 220.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la modificación sustancial de la declaración de emergencia, y de su ampliación, de las obras de reparación de los viaductos de O Castro situados entre los puntos kilométricos 430+000 y 430+585 de la autovía A-6, subsanando la situación de grave peligro existente, provincia de León, por importe de 22.745.780,73 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A., por el que se regula la gestión de la explotación de autopistas de titularidad estatal.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención directa al Gobierno de Navarra para actuaciones de mejora en la carretera N-121-A, que den continuidad a la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Foral, por importe de 15.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio de las obras del proyecto de construcción del carril de incorporación a la N-332 en el punto kilométrico 152+100 del término municipal de Benidorm. Provincia de Alicante.
  • ACUERDO por el que se inadmite la solicitud presentada por trece entidades locales instando que se inicie el procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2022, complementario n.º 2 por el que se modifican las obligaciones de servicio público contempladas en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2017, por el que se establecen las obligaciones de servicio público correspondientes a los servicios de transporte ferroviario de viajeros competencia de la Administración General del Estado en la Red Ferroviaria de Interés General.

Educación y Formación Profesional

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C20, I1). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

Industria, Comercio y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Cultura y Deporte

Sanidad

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2022, de tramitación anticipada, de las ayudas "Ramón y Cajal", contempladas en el Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 141.308.900 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2022, del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de generación de conocimiento y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 675.393.679,41 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2022, del procedimiento de concesión de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, contempladas en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe de 149.755.720 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba el Plan de transferencia y colaboración: la ciencia y la innovación al servicio de la sociedad.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de las contribuciones voluntarias a diversos organismos y entidades internacionales, correspondientes a 2022, por importe de 322.415 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación el pago de las contribuciones pendientes, correspondientes a los ejercicios 2017 a 2022, a la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO) para la construcción del telescopio europeo extremadamente grande (E-ELT), por importe de 3.200.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación el pago de la contribución voluntaria al Centro Internacional de Matemáticas Puras (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées, CIMPA), correspondiente al año 2022, por importe de 15.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2022, de tramitación anticipada, de las ayudas "Torres Quevedo" y las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados Industriales", contempladas en el Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, por importe máximo de 25.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo con el Consorcio Europeo de Perforación para la Investigación Oceánica (ECORD) para la participación de España en el Programa Internacional de Descubrimiento Oceánico (IODP) durante los años 2022 y 2023, y se autoriza la contribución al citado Consorcio por un importe de 300.000 euros y el pago de las contribuciones pendientes de los ejercicios 2018, 2019 y 2021, por un importe de 450.000 euros.

Igualdad

  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Ministerio de Igualdad a la Red Europea de Organismos de Igualdad (EQUINET) correspondiente a 2022, por importe de 1.200 euros.

Universidades

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el pago de la contribución voluntaria a la Asociación Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE) para el año 2022 por importe de 888,10 euros.
  • ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
  • ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
  • ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

ACUERDOS DE PERSONAL

Industria, Comercio y Turismo

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA INFORMACIÓN SANITARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de 28 millones de euros entre las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), destinados a la creación de Espacio Nacional de Datos de Salud o "Data Lake Sanitario" que recoja la información procedente de los diferentes sistemas de información autonómicos, permitiendo su análisis masivo para la identificación y mejora de diagnósticos y tratamientos.

Para llevar a cabo la distribución del crédito se ha tenido en cuenta una cantidad fija y otra variable en función del volumen de población, para asegurar que todas mantienen un nivel suficiente de recursos tecnológicos y organizativos que permitan hacer disponibles los datos para el desarrollo del Espacio Nacional de Datos de Salud.

Teniendo en cuenta estos criterios objetivos de asignación, se ha aprobado la siguiente distribución territorial para 2023:

Comunidades y Ciudades Autónomas e INGESA1) Criterio cantidad fija2) Criterio poblacionalTotal a distribuir
Andalucía501.052,633.304.204,453.805.257,08
Aragón501.052,63517.236,421.018.289,05
Asturias, Principado de501.052,63394.594,79895.647,42
Balears, Illes501.052,63457.468,37958.521,00
Canarias501.052,63847.439,371.348.492,00
Cantabria501.052,63227.955,36729.007,99
Castilla y León501.052,63929.414,571.430.467,20
Castilla-La Mancha501.052,63799.320,891.300.373,52
Cataluña501.052,633.027.679,773.528.732,40
Comunitat Valenciana501.052,631.972.653,352.473.705,98
Extremadura501.052,63413.201,10914.253,73
Galicia501.052,631.051.290,641.552.343,27
Madrid, Comunidad de501.052,632.632.960,573.134.013,20
Murcia, Región de501.052,63592.203,401.093.256,03
Navarra, Comunidad Foral de501.052,63257.996,75759.049,38
País Vasco501.052,63863.448,311.364.500,94
La Rioja501.052,63124.719,15625.771,78
Ceuta250.526,3316.285,65266.811,98
Melilla250.526,3316.820,72267.347,05
INGESA (Ceuta y Melilla)501.052,6333.106,37534.159,00
Total9.520.000,0018.480.000,0028.000.000,00

Para asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla deberán proporcionar la información relativa a las diferentes actividades de inversión que se propongan financiar con cargo a los fondos en el sistema integrado para la gestión, así como información sobre las previsiones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Recuperación.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es la responsable del proyecto para la constitución del Espacio Nacional de Datos de Salud, quien actúa a través de la Secretaría General de Administración Digital. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Sanidad y conjunto de comunidades y ciudades autónomas.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

EXPLOTACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA EN ALICANTE

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de Alicante, por un valor estimado de 30.400.700 euros.

Las instalaciones de desalación de agua marina de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tienen una importancia estratégica para el abastecimiento de la población. Por este motivo, es esencial asegurar el cumplimiento de las condiciones óptimas de la instalación, así como la mejora continua en todo cuanto afecte a su operación. Durante estos años se han realizado contratos de servicios sucesivos con empresas especializadas del sector para garantizar el buen estado de las plantas.

Puesto que el actual contrato de mantenimiento finaliza en 2023, el acuerdo pretende dar continuidad a las labores de explotación y mantenimiento de la planta otros 24 meses más, tanto de la Línea 1 como la 2. Se mantendrá un único contrato para ambas instalaciones, al permitir una operación más eficiente, ya que ambas plantas se encuentran ubicadas una junto a la otra, están interconectadas y su emisario es compartido.

Obras de mejora en la calidad del agua

Se realizarán trabajos tanto en lo referente a la calidad de agua como al mantenimiento de las instalaciones. Al respecto, todo el sistema comprendido desde las obras de toma de agua de mar hasta la entrega de agua en los canales de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que incluye obras civiles y equipos mecánicos, eléctricos, de control e instrumentación.

Además, se realizarán revisiones, comprobaciones y limpiezas, indicados en los manuales de operación, así como los trabajos que deriven de la detección de cualquier anomalía o avería, y todas aquellas acciones que en el transcurso de la operación de las plantas sean necesarias para su correcto funcionamiento.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REFORMA DE LA POLÍTICA FORESTAL

El Consejo de Ministros ha aprobado tres documentos estratégicos que reforman la política forestal española a largo plazo con el principal objetivo de conseguir montes gestionados, bien conservados activamente, más resilientes frente al cambio climático, protegidos de las amenazas principales (abandono forestal, incendios, enfermedades y plagas), y que proporcionen los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para nuestro bienestar y para hacer posible que la economía inicie una necesaria transición ecológica.

Con esta aprobación se cumple además el hito 64 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de las reformas incluidas en el componente 4 dedicado a la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Para ello, se ha aprobado la revisión de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y del Plan Forestal Español (PFE) 2022-2032, así como las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible previstas en la Ley de Montes.

Estrategia Forestal Española Horizonte 2050

La Estrategia Forestal Española horizonte 2050 es el documento de referencia para establecer la política forestal española, en el que se recogen las necesidades, retos y orientaciones estratégicas que permitan reforzar la sostenibilidad de los montes, de manera que se visualice y refuerce la contribución de estos, sus producciones forestales y los sectores económicos y sociales vinculados a ellos, para su conservación, protección y uso sostenible.

La Estrategia apuesta decididamente por un modelo de gestión forestal activa, adaptativa y preventiva, recuperando la sostenibilidad ambiental, social y económica en el entorno rural y como palanca de la transición energética y lucha contra la despoblación.

Plan Forestal Español 2022-2032

Por su parte, el Plan Forestal Español 2022-2032 (PFE) es el instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal española. Desarrolla la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 durante el próximo decenio y será implementado por las comunidades autónomas mediante sus propios planes forestales autonómicos o instrumentos equivalentes de planificación estratégica, conforme a sus competencias en materia forestal.

En su conjunto, el PFE propone un total de 289 medidas, de las cuales 86 se han considerado como prioritarias de acuerdo con la visión, mensajes y objetivos generales de la política forestal española definidos en la Estrategia.

Tanto la Estrategia como el Plan se articulan en cinco Ejes de intervención:

  • Eje I: Conservación y mejora del patrimonio natural, la biodiversidad y la conectividad.
  • Eje II: Prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos.
  • Eje III: Bioeconomía forestal. Desarrollo y diversificación socioeconómica del sector forestal.
  • Eje IV: Desarrollo y mejora del conocimiento y la cultura forestal.
  • Eje V: Modelo de gobernanza forestal: marco normativo, administrativo e instrumental de la política forestal española.

Directrices Básicas de Gestión Forestal Sostenible

Por último, las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible aportan una referencia orientativa para la determinación de instrumentos de gestión forestal según la tipología de montes española, y la evaluación y seguimiento de la gestión aplicada, de conformidad con los criterios establecidos en resoluciones internacionales y convenios en los que España es parte.

Estas Directrices establecen el contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes para garantizar su gestión sostenible. Además, se relacionan dos instrumentos que pueden incentivar la gestión forestal sostenible, como son la custodia del territorio y el contrato territorial.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA OTAN SOBRE LA CUMBRE DE MADRID

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte relativo a la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid los días 28, 29 y 30 de junio de 2022 y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado Acuerdo.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una organización intergubernamental político-militar creada por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. En la actualidad, la organización, con sede central en Bruselas, cuenta con 30 miembros, entre los que se encuentra España. En el contexto de la agresión militar de la Federación Rusa a Ucrania, se han producido las solicitudes de ingreso de Suecia y Finlandia.

Las Reuniones de jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados, más conocidas como "Cumbres", constituyen el mecanismo institucional de más alto nivel de la Alianza. En el Comunicado de la Cumbre de Bruselas emitido por los jefes de Estado y de Gobierno el 14 de junio de 2021, se determinó que la periodicidad de las Cumbres sería a partir de entonces anual y que la siguiente Reunión de jefes de Estado y de Gobierno se celebraría en Madrid en el mes de junio de 2022.

La invitación del Consejo Atlántico a España para ser anfitrión de la Cumbre 2022 de la OTAN, la primera tras la aprobación del programa de adaptación política "OTAN 2030", fue aceptada por el presidente del Gobierno en la mencionada Cumbre de Bruselas de junio de 2021, haciéndose coincidir con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica. Cabe destacar la importancia de esta Cumbre de 2022, en la que se aprobó un nuevo concepto estratégico, denominado "Concepto de Madrid", dando de este modo relevo al aprobado en 2010 en Lisboa, a lo que se une el carácter decisivo de esta reunión al enviar un mensaje de unidad y cohesión de las democracias ante la agresión militar de Rusia a Ucrania.

La firma y la aplicación provisional del presente Acuerdo se produjo en Bruselas el 20 de junio de 2022, previa autorización por Consejo de Ministros del 7 de junio de 2022. La Cumbre finalmente tuvo lugar en Madrid, durante los días 28, 29 y 30 de junio de 2022.

La estimación económica de los servicios y suministros contratados asciende a un máximo de 35.468.521,15 euros, existiendo crédito suficiente para ello.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 6 de octubre de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al encontrarse incluido en el supuesto del artículo 94.1, d) de la Constitución.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LA CAPA DE OZONO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la quinta enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobada por la 28.ª reunión de las Partes en Kigali el 15 de octubre de 2016, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Enmienda.

El Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, se adoptó en la ciudad del mismo nombre el 16 de septiembre de 1987. España depositó su instrumento de ratificación el 16 de diciembre de 1988. Este Protocolo entró en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 1989. En la actualidad son 198 los Estados Partes. El Protocolo, que se vincula al Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, ha sido objeto de diversas enmiendas. España ha ratificado todas las enmiendas anteriores. Dada su posición geográfica y su clima, España es uno de los países más beneficiados con los objetivos y fines del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal.

La Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono fue aprobada en el marco de la reunión de las Partes, celebrada en Kigali del 10 al 15 de octubre de 2016, mediante la Decisión XXVIII/1, de 15 de octubre de 2016. La Enmienda, de la que actualmente son parte 134 países u organizaciones, entró en vigor el 1 de enero de 2019. La UE y 26 de sus Estados miembros la han ratificado; solamente España está pendiente de su aceptación. El hecho de que España sea el único Estado miembro de la UE que aún no es parte de este importante y decisivo instrumento, genera una imagen exterior negativa en los foros internacionales y en el marco de las Naciones Unidas y suscita preocupación por parte de la Comisión Europea.

Se trata de una enmienda jurídicamente vinculante para controlar los gases fluorados de efecto invernadero (HFC), facilitando la viabilidad técnica y económica de implantación de tecnologías limpias alternativas que no utilicen gases con potencial de calentamiento global, principalmente en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. La aplicación de esta Enmienda supondrá la reducción de las emisiones de HFCs (gases con elevado potencial de calentamiento global que contribuyen al efecto invernadero), actuando sobre su consumo y producción.

Para financiar la retirada progresiva de las sustancias que agotan la capa de ozono en países en desarrollo, el Protocolo de Montreal estableció, en su artículo 10, un mecanismo para proporcionar cooperación financiera y técnica, por lo que, en 1991, comenzó a funcionar el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.

Los presupuestos y reposiciones al Fondo Multilateral se negocian cada tres años entre países donantes y países en desarrollo. La aportación española ha sido de 5.704.676 euros al año para el trienio 2018-2020. La cuantía de la reposición trienal 2021-2023 está pendiente de aprobación, si bien no se espera que la entrada en vigor de la enmienda de Kigali tenga impacto sobre su presupuesto.

Con el objetivo de atender las obligaciones de pago de las contribuciones obligatorias al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal y las nuevas necesidades de pago derivadas de la ratificación por parte de España de la enmienda de Kigali, se ha formalizado un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Debido a la urgencia para comenzar a implementar el contenido de la Enmienda antes de que hubiesen transcurrido los trámites para su aceptación definitiva, el Consejo de Ministros acordó, el 8 de noviembre de 2021, su aplicación provisional conforme a lo previsto por el artículo 15 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, siendo publicado su texto en el BOE, de 16 de diciembre de 2021.

Por su parte, el Consejo de Estado, en su Dictamen de 24 de febrero de 2022, dispuso que la ratificación de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecha en Kigali el 15 de octubre de 2016, requiere la previa autorización de las Cortes Generales conforme a los apartados d) y e) del artículo 94.1 de la Constitución.

En consecuencia, es preciso completar la tramitación establecida en nuestro Derecho interno para que la Enmienda pueda entrar en vigor para España.

Por consiguiente, mediante este Acuerdo el Consejo de Ministros dispone la remisión a las Cortes Generales de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobada en Kigali mediante la Decisión XXVIII/1, de 15 de octubre de 2016, a efectos de lo previsto en el artículo 94.1 de la Constitución, y se autorice la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Enmienda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.e), 3.g), 16 y 17 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A HONDURAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por los efectos de las fuertes lluvias que se han producido el pasado 29 de septiembre de 2022 a causa de la temporada ciclónica en la República de Honduras, por un importe máximo de 100.000 euros.

Con objeto de atender las necesidades de la población afectada por los efectos de las fuertes lluvias acaecidas el pasado 29 de septiembre de 2022, a causa de la temporada ciclónica en la República de Honduras, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) resolvió otorgar una ayuda humanitaria de emergencia.

En el marco del Mecanismo de Protección Europea, el pasado 29 de septiembre de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras solicitó a la UE la donación de bienes con el objetivo de hacer frente a las necesidades humanitarias surgidas.

Esta ayuda en especie ha consistido en el envío de ayuda humanitaria, a través de un libramiento de fondos a la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en Tegucigalpa (República de Honduras), para la compra de artículos de primera necesidad (kits de higiene, kits de alimentos, kits bebé, kits de limpieza, láminas de zinc y otros), haciendo uso de la contratación mediante el procedimiento de emergencia. Asimismo, la OTC se ha encargado de la distribución del material adquirido a la población afectada, de acuerdo con las prioridades establecidas por la Comisión Permanente de Contingencias de la República de Honduras (COPECO).

La entrega de la ayuda humanitaria a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de la República de Honduras, tuvo lugar el día 21 de octubre de 2022.

El importe total de la actuación ha ascendido a 98.523,96 euros, habiéndose presupuestado en un importe máximo de 100.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A CUBA POR HURACÁN IAN

Con objeto de atender las necesidades de la población afectada por los efectos del huracán Ian, ocurrido en la República de Cuba los días 26 y 27 de septiembre de 2022, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID) resolvió otorgar una ayuda humanitaria de emergencia.

La ayuda ha consistido en el envío, a través de un libramiento de fondos a la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en la República de Panamá, para la adquisición de: artículos de primera necesidad (kits de higiene, sábanas, kits de cocina, jerrycans, lonas plásticas y láminas de zinc) y los servicios de logística para entrega del material a la población afectada. La ayuda partió del puerto de Colón en la República de Panamá el pasado 8 de noviembre y estaba prevista su llegada al puerto de Mariel en la República Cuba en el transcurso de 8 días aproximadamente.

El importe total de la actuación ha ascendido a 99.188,10 euros, habiéndose presupuestado en un importe máximo de 100.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por el conflicto armado en Ucrania, que como consecuencia del ataque ruso ocurrido el 10 de octubre de 2022 se han producido daños severos en infraestructuras críticas, y específicamente en el sistema energético y eléctrico ucraniano, por un importe máximo de 130.000 euros

Desde que en 2014 los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk se autoproclamaron repúblicas independientes de Ucrania, la economía y la estabilidad de la región se fueron deteriorando. El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció oficialmente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y el 24 de febrero de 2022 se inició la invasión rusa a Ucrania.

Desde el inicio de la agresión, cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y como consecuencia del recrudecimiento de los ataques rusos a Ucrania, el pasado 10 de octubre se produjeron daños severos en infraestructuras críticas, y específicamente en el sistema energético y eléctrico ucraniano, dejando a numerosas regiones y población civil sin suministro eléctrico en todo el país.

Ante esta situación, Ucrania, ha solicitado ayuda -a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UPCM)- para atender a la población afectada por el conflicto. El pasado 11 de octubre, el UPCM dio respuesta a la petición ucraniana y publicó un listado de necesidades a cubrir: alimentos, ropa de abrigo, generadores eléctricos, maquinaria, entre otros.

La ayuda humanitaria por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha consistido en la adquisición de catorce grupos electrógenos y envío por vía terrestre del material desde el almacén del proveedor en Santa Llogaia d'Àlguema (Gerona) y destino a un centro logístico de almacenamiento en Prochowice (Polonia) para su posterior envío a Ucrania. Asimismo, se han transportado cuatro lavadoras almacenadas en el Centro Logístico Humanitario de la AECID ubicado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La totalidad de la ayuda humanitaria se ha transportado en un camión tráiler que salió de Madrid el día 16 de noviembre y llegó a Prochowice (Polonia) el 21 de noviembre.

El importe total de la actuación ha ascendido a 80.857,60 euros, habiéndose presupuestado un importe máximo de 130.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROGRAMA DE DESARROLLO EN GUATEMALA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el pago de hasta 570.000 dólares estadounidenses al Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte; subtramo "El Rancho - Teculután", cofinanciado con el crédito de hasta 100.000.000 de dólares estadounidenses concedido por dicho Fondo a la República de Guatemala.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. Las operaciones propuestas por estos Acuerdos se enmarcan en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE), y en los artículos 2.3.e) y 2.4 de la citada Ley 36/2010.

En este acuerdo, la Cooperación Española cofinanciará, junto al BID, el "Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte; subtramo El Rancho - Teculután" en la República de Guatemala.

El Programa será cofinanciado por el BID, que aportará 75 millones de dólares estadounidenses, y por el FONPRODE, que aportará 100 millones de dólares estadounidenses. Este Programa forma parte de un Programa más amplio que sumaría a la ejecución inicial del subtramo El Rancho-Teculután de 35 km, la posterior ejecución del subtramo Teculután-Mayuelas, de 45 km, estando inicialmente prevista su financiación íntegramente por el BID.

Sobre la base del "Acuerdo Marco de Financiamiento Conjunto" para la cofinanciación de operaciones con garantía soberana que España y el BID firmaron en 2017, el FONPRODE abonará al BID una comisión por los costes de preparación y supervisión del Programa, de hasta un máximo de 570.000 dólares estadounidenses.

En atención a lo anterior, en la XLVIII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 22 de diciembre de 2021, se acordó, conforme a lo establecido en el artículo 7.2.c) del Reglamento del FONPRODE, elevar al Consejo de Ministros la autorización para el pago de hasta 570.000 dólares estadounidenses al BID, con cargo al FONPRODE, por las labores de preparación y supervisión del "Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte; subtramo El Rancho - Teculután" en la República de Guatemala.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

COFINANCIACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO EN GUATEMALA

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. Las operaciones propuestas por estos Acuerdos se enmarcan en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE), y en los artículos 2.3.e) y 2.4 de la citada Ley 36/2010.

En este acuerdo, se propone la concesión de un crédito por importe de hasta 100 millones de dólares estadounidenses a la República de Guatemala, para la cofinanciación del Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte; subtramo "El Rancho - Teculután", junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con las siguientes condiciones: Crédito a Estado; Importe, 100.000.000 de dólares estadounidenses; Garantía, soberana; Plazo de amortización, 24 años; Periodo de carencia, 6,5 años (incluido en los 24), y Tipo de amortización, cuotas iguales semestrales.

El objetivo general del Programa es contribuir a dinamizar las exportaciones de sectores productivos estratégicos, de forma sostenible e inclusiva. El objetivo específico es mejorar los niveles de servicio del Corredor intervenido con medidas de adaptación climática y de reducción de riesgos ante eventos climáticos extremos.

Guatemala se encuentra entre los Países de Asociación de Renta Media de la política de Cooperación Española, de acuerdo al V Plan Director 2018-2021 (V PD). España y Guatemala firmaron un Marco de Asociación País para los años 2021-2024, alineado con la Agenda 2030 y con sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Esta operación estaría alineada con los objetivos de la Cooperación Española, contribuyendo directamente a la consecución de las metas del ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras) e, indirectamente, a los ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 13 (Acción por el Clima).

En atención a lo anterior, en la XLVIII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 22 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.c) del citado Reglamento del FONPRODE, se acordó elevar al Consejo de Ministros la autorización de un crédito a la República de Guatemala con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 100.000.000 de dólares estadounidenses.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN AL GRUPO DE RESPUESTA A LA CRISIS GLOBAL SOBRE ALIMENTOS, ENERGÍA Y FINANZAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Grupo de Respuesta a la Crisis Global sobre Alimentos, Energía y Finanzas a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el ejercicio 2022, por un importe de 750.000 euros.

El Grupo de Respuesta a la Crisis Global sobre alimentos, energía y finanzas está presidido por la vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, e incluye a directores de agencias de la ONU, bancos de desarrollo y de otras organizaciones internacionales. Este grupo fue creado por António Guterres, secretario general de la ONU, el pasado 14 de marzo de este 2022, en respuesta a las preocupaciones sobre las posibles consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, así como a los efectos continuados de la pandemia. La coordinación del Grupo corresponde a Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El objetivo del Grupo es elaborar soluciones coordinadas a estas crisis correlacionadas (alimentos, energía y finanzas) en colaboración con los gobiernos, las instituciones financieras internacionales y otros socios clave para ayudar a los países más vulnerables a evitar una crisis a gran escala.

Al respecto, se solicitó al Gobierno una contribución de 1,5 millones de euros para financiar en el Grupo de Respuesta, entre otras tareas, las siguientes:

  • Tareas de coordinación.
  • Labores de información y sensibilización para garantizar el acceso del grano y fertilizantes rusos a los mercados internacionales.
  • Apoyo técnico a los Coordinadores Residentes sobre el terreno.

Al no contar el Grupo de Respuesta con una estructura institucional per se, la contribución voluntaria debería ser canalizada a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Actualmente se está negociando un Memorando de entendimiento (MoU) con esa institución para que la contribución sea dirigida al Grupo de Respuesta a la Crisis Global sobre alimentos, energía y finanzas.

La cuantía de la contribución española al UNCTAD para el año 2022 es de 750.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA AL FONDO SPECIAL PURPOSE TRUST FUND

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Special Purpose Trust Fund (SPTF) en el ejercicio 2022, por un importe de 300.000 euros.

Tras la entrada en vigor en 2019 de varias reformas del Sistema de Naciones Unidas, se creó el Sistema de Coordinadores Residentes de Naciones Unidas, que garantiza la coordinación de todas las organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan de las actividades operacionales para el desarrollo a nivel de país, independientemente de la naturaleza de su presencia en el país.

El Coordinador Residente (CR) es el representante de más alto rango del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo (SNUD) a nivel de país. Es responsable de liderar los equipos de las Naciones Unidas de los países y garantizar la rendición de cuentas en todo el sistema sobre el terreno para el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, coordina el apoyo de la ONU a los países en su implementación de la Agenda 2030 Y aporta al papel una apreciación de la amplitud de los activos de las Naciones Unidas al servicio de mantener la paz.

El Special Purpose Trust Fund (SPTF) es el vehículo de financiación fundamental del sistema de Coordinadores Residentes de Naciones Unidas. Sus fondos no pueden destinarse a programas concretos, pero resulta clave para el funcionamiento del Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas. El éxito de su reforma y reposicionamiento depende en gran medida de un sistema de Coordinadores Residentes adecuadamente financiado, algo por lo que España ha abogado desde hace años en todos los foros internacionales. Por otro lado, el Special Purpose Trust Fund es, junto con el Joint SDG Fund, una de las bases fundamentales en que se asienta en Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas.

El Special Purpose Trust Fund tiene tres vías de financiación:

  • Transferencias de otras entidades del SNUD.
  • Tasa del 1% sobre las contribuciones a agencias o proyectos del SNUD.
  • Contribuciones voluntarias.

El pasado 22 de septiembre, el presidente del Gobierno defendió en Nueva York la postura española a favor de la reforma de la institución. La Oficina de coordinación del desarrollo de las Naciones Unidas ha solicitado a España contribuir a este Fondo, pero hasta el momento no se ha aportado financiación voluntaria alguna. España es el segundo contribuyente del Joint SDG Fund y tendría sentido entrar también en el Special Purpose Trust Fund, ya que ambos constituyen una de las bases fundamentales en que se asienta el SNUD.

La cuantía de la contribución española al SPTF es de 300.000 euros. La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han informado favorablemente esta propuesta de contribución.

Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación

CONTRIBUCIÓN A UNICEF

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por importe de 100.000 euros.

UNICEF es el organismo de las Naciones Unidas dedicado exclusivamente a la infancia. España y UNICEF han mantenido una alianza estratégica desde la firma de un Acuerdo Marco el 25 de febrero de 2004, con el objetivo de reforzar la colaboración entre ambos orientada a asegurar la protección de los derechos de la infancia. En septiembre de 2008, se creó el Fondo España-UNICEF de Asistencia en Contextos Humanitarios y el 9 de diciembre de 2009 España y UNICEF firmaron un Marco de Asociación Estratégica (MAE) para el periodo 2010-2012, prorrogado posteriormente.

Ambas partes desean lanzar un nuevo MAE, orientado a hacer realidad los derechos de cada niño y niña, especialmente los más desfavorecidos, y la aplicación del Plan Director y la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española, todo ello teniendo como base el nuevo Plan Estratégico UNICEF 2022-2025, la futura Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y el VI Plan Director.

UNICEF es uno de los principales órganos que contribuyen a fomentar el desarrollo en el mundo, en particular promocionando la educación, mejorando la nutrición para padres y niños, invirtiendo en salud e higiene y mediante programas de inmunización y prevención de enfermedades. Asimismo, sus objetivos están alineados con los objetivos de España en política exterior recogidos en nuestra Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza la contribución voluntaria de España al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por un importe de 100.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS FNUAP

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP o UNFPA) por importe de 100.000 euros.

El FNUAP es el organismo de las Naciones Unidas encargado de responder a las necesidades en los ámbitos de población y planificación familiar. Tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los derechos reproductivos, apoyando el acceso a una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar voluntaria, la atención a la salud materna y la educación completa sobre sexualidad. Los objetivos del FNUAP están alineados con los objetivos de España en política exterior recogidos en nuestra Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.

España y FNAUP han mantenido una alianza estratégica desde la firma de un Acuerdo Marco el 28 de junio del 2005, con el objetivo de reforzar la colaboración entre ambos. En 2010 se firmó el primer Marco de Asociación Estratégica (MAE) para el periodo 2010-2012 y el 7 de abril de 2015 el segundo MAE. Ambas partes tienen interés en lanzar un nuevo MAE para el próximo periodo 2022-2025, orientado a hacer realidad los derechos de salud sexual y reproductiva, especialmente de los más desfavorecidos.

En aras de la aplicación del Plan Director de la Cooperación Española y del Nuevo Plan Estratégico de FNUAP, se tiene la voluntad de poner en común estrategias y políticas, aunar esfuerzos, crear sinergias y mejorar la eficacia y la eficiencia de las acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030. España es miembro de la Junta Ejecutiva de FNUAP (2021/2022) y, como miembro de 2021, aprobó el nuevo Plan Estratégico 2022-2025.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza la contribución voluntaria de España al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP o UNFPA), por un importe de 100.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por importe de 500.000 euros.

El PNUD es el organismo de la ONU en materia de desarrollo, que tiene como objetivo trabajar para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia, a través del desarrollo de políticas, alianzas, habilidades de liderazgo y capacidades institucionales, de manera que los países mantengan el progreso alcanzado. Asimismo, desempeña un papel clave para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sus principales áreas de trabajo son: desarrollo sostenible; gobernabilidad democrática y consolidación de la paz, y resiliencia ante el clima y los desastres.

El primer Acuerdo Marco de colaboración entre España y el PNUD se firmó en 2005; le siguieron dos Marcos de Asociación Estratégica (MAE), en 2009 y 2015.

En 2019 se firmó el último MAE 2019-2021, renovando el compromiso de España con PNUD y como herramienta para canalizar las prioridades comunes en base al Plan Estratégico 2018-2021 de PNUD y el V Plan Director de la Cooperación Española.

Ambas partes desean poder iniciar las negociaciones de un nuevo MAE que regulen las relaciones entre España-PNUD, atendiendo al nuevo Plan Estratégico PNUD 2022-2025 y el Anteproyecto de Ley de Cooperación española.

El PNUD es uno de los principales órganos que contribuyen a fomentar el desarrollo en el mundo, cuyos objetivos están alineados con los objetivos de España en política exterior recogidos en nuestra Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. España es miembro de la Junta Ejecutiva del PNUD (2021/2022), y ha participado a lo largo de 2021, en sus diferentes sesiones.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza la contribución voluntaria de España al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un importe de 500.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIONES A ORGANIZACIONES, PROGRAMAS Y FONDOS INTERNACIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autorizan contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 13.237.399 euros.

España viene efectuando regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la lucha contra el terrorismo y el crimen internacionales.

Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza las contribuciones voluntarias de España a las siguientes organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por un importe global de 13.237.399 euros, con el siguiente desglose:

  • Contribución de 10.000.000 de euros al Fondo Global para la Lucha contra el SIDA/VIH, Tuberculosis y Malaria.

Este Fondo Global fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 2001 para servir de canal a los recursos necesarios para implementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su creación se materializa en el año 2002, como una fundación sujeta a la legislación suiza, con la Oficina principal en Ginebra.

El Fondo Global es un fondo de gran amplitud que coordina la acción y el apoyo de los donantes con un enfoque integral de la cooperación al desarrollo.

En septiembre de 2019, el presidente del Gobierno anunció, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la vuelta de España al grupo de contribuyentes al Fondo Global con un compromiso de 100 millones de euros para el periodo 2020-2022. En octubre del mismo año, en Lyon, en la Conferencia de reabastecimiento del Fondo Global, la ministra de Sanidad ratificó este compromiso. Por último, el 4 de mayo de 2020, en la conferencia de compromisos para la lucha contra la Covid-19, el presidente del Gobierno ratificó la contribución de España al mismo.

En 2022 para cumplir con el compromiso se deberán donar 60 millones de euros. Al ser una cantidad elevada, la contribución se va a repartir entre distintas unidades de los Ministerios de Sanidad y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales (SEAEG) cubrirá 10 millones, de acuerdo a su capacidad presupuestaria.

  • Contribución de 500.000 euros al Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Corte Penal Internacional investiga y enjuicia los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. La Fiscalía es uno de los cuatro órganos de la Corte Penal Internacional.

El 7 de marzo de 2022, el Fiscal creó un fondo fiduciario en aplicación del artículo 116 del Estatuto de Roma con objetivo de reforzar tres áreas de trabajo: el soporte informático de recogida de pruebas; el apoyo psicológico a testigos y supervivientes; y la capacidad de investigar crímenes de violencia sexual y contra la infancia.

España contribuye a la Corte Penal Internacional a través de su cuota obligatoria. También se contribuye también a través de contribuciones voluntarias, regularmente al fondo fiduciario en beneficio de las víctimas, y como estado miembro de la Asamblea Parlamentaria de la CPI.

España quiere tener una mayor presencia en los órganos jurisdiccionales internacionales y quiere apoyar a la CPI ahora que tiene el mayor número de investigaciones abiertas, 17, y que hace frente además a la apertura de una investigación en Ucrania.

  • Contribución de 37.399 euros al Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI)

La finalidad del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional es la realización de programas de compensación y reparación a las víctimas de los crímenes internacionales bajo la jurisdicción de la CPI.

Como resultado de la aplicación de las indemnizaciones y los programas de asistencia, las víctimas y sus familias superan el daño, llevan una vida digna y contribuyen a la reconciliación y la consolidación de la paz en sus comunidades. El impacto se logra principalmente mediante el uso de contribuciones voluntarias y donaciones privadas, así como de multas y activos recuperados en relación con las condenas de la CPI.

  • Contribución de 2.700.000 euros al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) para el Plan de Choque Humanitario contra la Emergencia Alimentaria en Sahel, Cuerno de África y Yemen.

El PMA es la mayor organización humanitaria del mundo, que salva vidas en emergencias, fomenta la prosperidad y apoya un futuro sostenible para las personas que se recuperan de conflictos, desastres y los efectos del cambio climático.

La combinación de los conflictos armados, el desplazamiento de la población y el cambio climático han dado lugar a una creciente inseguridad alimentaria y nutricional en el Sahel que se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19. Por ello, una de las zonas donde está más desplegando mayores esfuerzos y que se encuentra en una situación crítica es el Sahel.

Además, el Programa Mundial de Alimentos ha lanzado en marzo de 2022 una operación de emergencia para proporcionar asistencia a las personas que huyen del conflicto de Ucrania, tanto dentro del país como en los países vecinos.

La contribución está dirigida a financiar la iniciativa "Grain From Ukraine", consistente en el transporte de grano ucraniano desde puertos de Ucrania hasta las operaciones humanitarias en Afganistán, Etiopía, Yemen y otros países del Sur Global.

Justicia

ANTEPROYECTO DE LEY PARA EL REFUERZO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica que impulsa la cooperación judicial internacional penal y a la investigación penal, especialmente en los casos de homicidio y sus formas agravadas.

El nuevo anteproyecto modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para ampliar el ámbito de aplicación del agente encubierto y el registro remoto de equipos informáticos en las investigaciones de homicidio, a la vez que regula de manera completa la medida del agente encubierto.

El agente encubierto consiste en la infiltración o actuación de funcionarios de policía con una identidad supuesta, que actúan bajo el control del juez o del fiscal, para investigar delitos propios de la delincuencia organizada y de difícil averiguación, cuando han fracasado otros métodos de la investigación o estos sean insuficientes.

El anteproyecto amplía su ámbito de aplicación a los delitos de homicidio y sus formas agravadas, al tiempo que actualiza y completa la regulación de esta medida de investigación, incorporando la del anteproyecto de la nueva LECrim, que se encuentra a la espera del informe del Consejo General del Poder Judicial. Así, se incorpora de manera inmediata a la legislación vigente para su pronta utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También se amplía la medida de investigación de registro remoto de equipos informáticos para los homicidios y sus formas agravadas. Se trata de una medida de investigación que no interviene las comunicaciones, sino que las registra de forma remota y telemática.

Los objetivos principales que se buscan con esta reforma son: conseguir la reparación moral de los familiares de las víctimas; el incremento de las posibilidades de resolución de las investigaciones de homicidios y sus formas agravadas; y una mayor rapidez en la resolución de la investigación, lo que puede evitar que el agresor pueda llevar a cabo hechos de la misma naturaleza contra nuevas víctimas y reducir los tiempos de instrucción.

En el caso de muertes con desaparición del cadáver, la averiguación del paradero de este permitirá, a través de la autopsia y diligencias derivadas, investigar sobre la forma en la que se consumó el hecho y una calificación final correcta como homicidio o asesinato, o si se cometió algún delito más como la agresión sexual.

A su vez, con esta reforma se refuerza la cooperación judicial internacional en las investigaciones de homicidio y sus formas agravadas llevadas a cabo en otros Estados y cuya legislación sí incluye la posibilidad de uso de estas medidas.

Mayor efectividad de decomisos y embargos

Asimismo, el APLO reforma la Ley de Reconocimiento Mutuo, para hacer más efectivos los decomisos y embargos, y la ejecución de sanciones administrativas, como por ejemplo las impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) cuando hayan sido judicializadas.

La Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones penales de la Unión Europea (UE) recopila varias decisiones marco y directivas comunitarias en materia de reconocimiento mutuo, una figura que permite que una orden o resolución de una autoridad competente de un estado miembro de la UE que se transmite a otro sea directamente reconocida y ejecutada.

La reforma, en este caso, tiene como objeto depurar algunos ajustes entre la regulación vigente y la implementación realizada de la normativa europea, así como adaptar la normativa nacional al reglamento comunitario referente al reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.

Equipos conjuntos de investigación

Por otra parte, el anteproyecto lleva a cabo una nueva regulación para la constitución de los equipos conjuntos de investigación (ECIs) entre las autoridades competentes de España y las de otros estados con la finalidad última de reforzar el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, y la confianza entre los estados.

Los ECIs son instrumentos de cooperación jurídica internacional que permiten crear grupos operativos para llevar a cabo investigaciones penales en el territorio de dos o más estados en casos particularmente complejos o que necesiten de especial coordinación. Los ECIs hacen innecesario recurrir a otros mecanismos de cooperación internacional como la comisión rogatoria.

La norma contempla que autoridades competentes españolas podrán establecer directamente equipos conjuntos de investigación judiciales con las autoridades competentes de otro estado miembro, sin intervención del Ministerio de Justicia. Para ello se define el concepto de autoridades competentes y se regula un sistema homogéneo para todas ellas.

Esta modificación se alinea con el principio de cooperación judicial directa existente en la Unión Europea; se diseña un modelo mucho más flexible, sin intervención del Ministerio de Justicia, que permite que sean las propias autoridades judiciales las que directamente constituyan ECIs con sus socios europeos.

Además, se lleva a cabo una regulación detallada de la estructura de los ECIs, su régimen jurídico, y el intercambio y uso de información; y se regularán, por primera vez, los ECIs entre España y otros estados no miembros de la UE, ante el creciente interés por esta herramienta mostrado por países iberoamericanos.

Principio de reciprocidad

Por último, el anteproyecto contempla recoger de forma expresa en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tal y como se hacía antes de 2015, el principio de reciprocidad en el ámbito de la cooperación judicial internacional, mejorando la regulación del principio subsidiario que debe presidir esta cooperación.

El principio de reciprocidad implica que los estados asuman derechos y deberes sobre la base de un trato recíproco. La Constitución Española lo contempla en el ámbito de la extradición, pero no se menciona este principio en la LOPJ. Esta reforma permitirá que conste específicamente la posibilidad de aplicarla en materia penal.

Defensa

SUMINISTRO DE TERMINALES SATÉLITE SECOMSAT

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la obtención de 48 terminales satélite SECOMSAT sobre plataformas terrestres y navales.

El objetivo de estos terminales satélite es garantizar el intercambio de información en tiempo real entre los centros de decisión (Puestos de Mando) desde el nivel político- estratégico y operacional, hasta el nivel táctico.

Las necesidades y requerimientos operativos de los nuevos terminales satélite serán derivados del planeamiento operativo del Mando de Operaciones (MOPS), de los Ejércitos y de la Armada y permitirán dotar a los Centros de Transmisiones (CT's) de las unidades, de elementos de comunicaciones necesarios para facilitar la acción efectiva de mando y control.

El valor estimado de este acuerdo marco es de 60.478.731,54 €.

Defensa

SUMINISTRO DE ARRANCADORES ELÉCTRICOS AUTOPROPULSADOS PARA AERONAVES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de arrancadores eléctricos autopropulsados para aeronaves militares.

Estos arrancadores son equipos de apoyo para el suministro de energía eléctrica, para la puesta en marcha de los motores y sistemas electrónicos de diversas aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio.

El uso de los arrancadores eléctricos preserva los sistemas de arranque propios de la aeronave y permite el uso de su electrónica sin el uso de los motores de la aeronave cuando las circunstancias así lo exijan.

Este acuerdo marco tendrá una duración de 4 años, con posibilidad de prórroga de dos años más, y un valor estimado de 13.500.000 €.

Defensa

SERVICIOS DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco de servicios de soporte a la operación de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), para la contratación de los servicios de soporte a la operación de las infraestructuras TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) que conforman la I3D, mediante la administración, gestión y mantenimiento de múltiples plataformas informáticas, tanto hardware como software, que a su vez incluyen diversos entornos tecnológicos.

Este acuerdo marco resulta necesario debido a que el conjunto de funcionalidades y servicios instalados en estas plataformas son fundamentales para el funcionamiento del Ministerio de Defensa, y por esta razón es imprescindible asegurar al máximo que no se produzcan incidencias que puedan ocasionar una interrupción temporal o total de los mencionados servicios del departamento.

Este acuerdo marco tendrá una duración de 2 años, con posibilidad de prórroga de dos años más, y un valor estimado de 50.756.506,90 €.

Defensa

SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE AERONAVES DE LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el desarrollo de actividades de sostenimiento de todas las aeronaves de la Armada.

Este acuerdo marco persigue generar y aprovechar sinergias, imprimir uniformidad y homogeneidad en la ejecución de los contratos, optimizar capacidades y conocimientos, evitar fragmentación excesiva de contratos y generar economías de escala.

Actualmente, la Armada tiene contratados los servicios de sostenimiento e ingeniería de todas sus aeronaves (ala fija y ala rotatoria) y el actual contrato finaliza en 2022, siendo necesario renovar su contratación.

El valor estimado de este acuerdo marco es de 62.200.000 €.

Defensa

SOSTENIMIENTO SISTEMA SONAR EN CAZAMINAS DE LA ARMADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el sostenimiento del sistema sonar modelo AN/SQQ-32 y sus equipos auxiliares en los cazaminas clase "Segura" de la Armada.

Los sistemas sonar de los cazaminas clase "Segura" son el elemento principal para el desarrollo de las misiones encomendadas a estos buques de búsqueda, localización y neutralización de minas.

Asimismo, la disponibilidad y operatividad de estos sistemas y de los equipos auxiliares de estos cazaminas son vitales para la participación en misiones internacionales.

El valor estimado de este acuerdo marco es de 18.750.000 €.

Defensa

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN ESPAÑOL-UCRANIANO

El Consejo de Ministros ha autorizado la toma de razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de interpretación y traducción de español a ucraniano y viceversa, en apoyo a la instrucción y adiestramiento del Ejército de Tierra a los contingentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Este contrato se enmarca dentro de la denominada operación "Tryzub", cuya finalidad es proporcionar instrucción y adiestramiento a contingentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La instrucción y adiestramiento del contingente ucraniano tendrá una duración de 5 semanas para cada ciclo, que podría ampliarse en una más para el personal que muestre capacidades suficientes para especializarse.

El importe de este contrato es de 1.208.550 €.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN A MURCIA PARA OTORGAR GARANTÍAS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Gobierno de Murcia para poder otorgar garantías, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, por un importe máximo de 16.250.000 euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

El 27 de abril de 2021 se aprobó un acuerdo de Consejo de Ministros por el que se autorizó a esta Comunidad Autónoma a conceder durante 2021 garantías a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) en el marco de una nueva línea para facilitar la compra de vivienda a jóvenes menores de 35 años (línea ICREF AVAL JOVEN), por un importe máximo de 10.850.000 euros.

Esa línea de avales fue regulada mediante de Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 24 de mayo de 2021, por la que se regula el acceso a la vivienda de jóvenes en régimen de propiedad a través de la línea ICREF AVAL JOVEN. Dicha Orden establece que los préstamos que pretendan acogerse a la línea de garantías regulada en la misma deberán formalizarse antes del 31 de diciembre de 2022.

Con fecha 1 de febrero de 2022 se aprobó otro acuerdo de Consejo de Ministros por el que se autorizaba a esta Comunidad a conceder durante 2022 garantías a través de ICREF por el saldo pendiente de aplicación a 31 de diciembre de 2021 del importe global máximo de 10.850.000 euros establecido para la citada línea a través de la Orden de 24 de mayo de 2021.

El Gobierno murciano ha solicitado el pasado 23 de noviembre que el Ministerio de Hacienda y Función Pública tramite autorización del Estado para la concesión durante 2023 de avales por parte del ICREF con cargo al remanente no aplicado de la referida línea, al estar prevista su prórroga hasta 31 de diciembre de 2023, así como la ampliación en 5.400.000 euros del límite de la misma mediante la modificación de la Orden de 24 de mayo de 2021, de forma que el importe global máximo de la línea quedaría establecido en 16.250.000 euros.

Las operaciones de crédito que podrán ser garantizadas o afianzadas a través de esta línea son préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda por un precio igual o inferior a 175.000 euros y que cumplan las condiciones establecidas en la Orden de 24 de mayo de 2021.

Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado procedente la concesión de la autorización solicitada.

Esta autorización solo podrá amparar la concesión de garantías por parte de ICREF descritas anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA SUBVENCIONES EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación llevar a cabo un reajuste en la distribución de los créditos entre los beneficiarios de las subvenciones contempladas en el Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto.

A través de ese real decreto se establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021.

La autorización se considera necesaria para poder adquirir durante 2022, compromisos de ejercicios posteriores que permitan terminar en plazo las actuaciones presupuestadas en el Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto la relativa a la Inversión 8.

En relación con el Proyecto 9 'Desarrollo e implementación de estrategias innovadoras para la mejora del bienestar de los peces en puntos críticos del cultivo acuícola (PISCIBIEN)', la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) percibieron un importe menor al que les corresponde y, la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (FCPCT) percibió un importe mayor. Ello ha supuesto un reajuste de anualidades.

Por lo que respecta al Proyecto 10 'Impulso al sector emergente y sostenible de las micro y macroalgas en España: diversificación de especies y aplicaciones con alto valor comercial y ambiental (INNOVALGA)', el Instituto Español de Oceanografía (IEO) renunció a la concesión de la subvención, pasando a asumir sus trabajos la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (ANFACO-CECOPESCA) y la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), por lo que corresponde la compensación de los importes relativos a los trabajos asumidos en 2022 y 2023.

Para el ejercicio 2023 con un límite de compromiso de gasto de cinco millones de euros, es necesaria la autorización de elevación del límite para atender un compromiso de gasto de 5.013.861,84 euros.

Por lo expuesto, al superarse los límites autorizados a que se refiere el apartado 2 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se requiere la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromiso máximo de gasto en la aplicación 'Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero (III): Desarrollo tecnológico e innovación en el sector pesquero y acuícola', para el ejercicio 2023.

Hacienda y Función Pública

CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA SUBVENCIONAR LA FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN

El Consejo de Ministros ha autorizado un crédito extraordinario por importe de un millón de euros en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, O.A., para permitir el abono de la subvención otorgada a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español, en virtud del Real Decreto 996/2022, de 29 de noviembre.

El organismo autónomo Consejo Superior de Deportes (CSD), adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, solicitó un crédito extraordinario en la nueva aplicación presupuestaria 'A la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español', por importe de 1.000.000 euros, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 996/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español, financiado con los fondos procedentes de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP). Ello en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

El día 30 de noviembre de 2022 se publicó el Real Decreto 996/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español, por el citado importe.

El objeto de este Real Decreto es regular la concesión directa de una subvención a la Fundación Deporte Joven para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español, en aplicación de lo previsto en la Ley General de Subvenciones.

Igualmente se expresa que el importe máximo de la subvención se financiará con cargo al presupuesto de gastos del Consejo Superior de Deportes correspondiente al ejercicio 2022.

El Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, establece que cada uno de los clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, deberá cumplir anualmente con una serie de obligaciones en proporción a los ingresos que obtenga por la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales, y ello con el objeto de mejorar la promoción y funcionamiento de la competición y contribuir al fomento del deporte.

La norma establece que estos clubes y entidades participantes entregarán al Consejo Superior de Deportes una aportación del 1,5% de los ingresos obtenidos por la venta de los derechos audiovisuales, cuantía que será destinada a la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como a la internacionalización del deporte español.

Los fondos aludidos anteriormente, se encuentran contabilizados a 31 de diciembre de 2021 como remanente de tesorería con financiación afectada procedente de la LNFP por importe de 29.770.299,42 euros, que se deriva de la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

Este importe corresponde a ingresos realizados por la LNFP durante las anualidades 2020 y 2021, y que aún no han sido aplicados al presupuesto del organismo. No obstante, el 22 de junio de 2022 y el 21 de septiembre se autorizaron en Consejo de Ministros, suplementos de crédito con financiación afectada por importes de 16.000.000 y 5.000.000 euros respectivamente. Por tanto, el remanente final de tesorería con financiación afectada procedente de la LNFP es de 8.770.299,42 euros.

Hacienda y Función Pública

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de los servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La finalidad del contrato es la contratación de la gestión integral de los trabajos de diseño, desarrollo, mantenimiento evolutivo y correctivo, soporte técnico, documentación técnica, pruebas e implantación (hasta la aceptación en el entorno de preproducción y la puesta a disposición para la subida al entorno de producción), así como el soporte para la puesta en producción, de las prestaciones y sistemas previstos en la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (SGTIC).

El presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido, asciende a 9.065.387,76 euros y su valor estimado a un total de 17.980.934,40 euros.

La duración del contrato será de 24 meses y 12 días hábiles, prorrogable por un máximo de otros 24 meses.

La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Contratos del Sector Público, valorándose varios criterios además del precio.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE DEUDA A CASTILLA Y LEÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado a Castilla y León a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe máximo de 70 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Este real decreto-ley establece para 2022 un incremento retributivo, de carácter retroactivo, del 1,5% al personal al servicio del sector público. Ese aumento es adicional al 2% ya previsto y acordado a inicios de año.

Con el objeto de facilitar a las regiones la ejecución de esta medida, esta misma norma dispone que, excepcionalmente en 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento retributivo previsto.

La Comunidad de Castilla y León ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 378,34 millones de euros equivalente a la referencia de déficit, que se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 28 de julio de 2021, del 0,6% del PIB regional, sin considerar la posible desviación, como consecuencia, entre otros factores, de las medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público contempladas en el citado Real Decreto-Ley 18/2022, estimadas en 70 millones de euros ni la compensación del exceso de financiación generado en ejercicios anteriores.

Posteriormente, la comunidad ha modificado la solicitud de autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por importe de 70 millones de euros, cuantía estimada del impacto en el déficit de 2022, por efecto de la aplicación del citado Real Decreto- Ley 18/2022, de 18 de octubre.

De esta forma, este acuerdo autoriza a la comunidad de Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 70 millones de euros.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA DESARROLLO DIGITAL DEL REGISTRO CENTRAL PERSONAL

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 820.654,13 euros, del Ministerio de Hacienda y Función Pública al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para llevar a cabo la mejora de la gestión y gobernanza del Registro Central Personal.

Este Registro se inscribe dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto de la inversión 3, del componente 11.

El pasado 13 de octubre se ha suscrito un Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública (Secretaría de Estado de Función Pública) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Secretaría General de Administración Digital) para la mejora de la gestión y gobernanza del Registro Central de Personal (RCP) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El RCP es el registro administrativo en el que se inscribe al personal de la Administración del Estado y se anotan los actos relativos a su vida administrativa. Es, por tanto, un elemento fundamental para la planificación de la política de función pública y fuente de datos estadísticos del sistema de empleo público.

La gestión del RCP corresponde a la Subdirección General del Registro Central de Personal dependiente de la Secretaría de Estado de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

No obstante, el RCP funciona a través de la aplicación informática del mismo nombre y otras aplicaciones relacionadas, cuyo desarrollo y mantenimiento corresponde a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El papel del RCP en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incardina a través del Componente 11 'Modernización de las Administraciones Públicas', Inversión 3 'Transformación digital y modernización del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales'.

De esta forma, el papel del RCP en relación con el Plan no se agota en su proyecto específico, sino que es un elemento imprescindible para que otras medidas incluidas en aquél puedan llevarse a cabo de manera satisfactoria, pues requerirán de la introducción de cambios estructurales en la aplicación del RCP y otras aplicaciones relacionadas.

Por este motivo se ha suscrito el citado acuerdo con la idea de establecer las condiciones para la mejora de la gestión y gobernanza del RCP, que se financiará a través de una transferencia de crédito desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por un importe de 820.654,13 euros.

Hacienda y Función Pública

ABSORCIÓN DE LA FILIAL NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL POR CORREOS Y TELÉGRAFOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la fusión por absorción por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., respecto de su filial al 100% participada, Nexea Gestión Documental S.A., S.M.E. con el objetivo de avanzar el proceso de mejora de la eficiencia y reducción de los costes de estructura, integrando todas las actividades de Nexea en la unidad de negocio postal.

La fusión implicará la extinción de Nexea mediante su disolución sin liquidación y la transmisión en bloque de su patrimonio social a Correos, que adquirirá la totalidad de dicho patrimonio, así como los derechos y obligaciones de la misma.

Nexea tiene como actividad principal la prestación de servicios de correo híbrido, servicio postal que permite al cliente remitir sus escritos y documentos por medios telemáticos o electrónicos. La empresa se encarga de imprimir su contenido en papel para luego ensobrarlo, distribuirlo y entregarlo a sus destinatarios; y la prestación de servicios de digitalización y gestión documental.

La situación de mercado, tanto nacional como internacional desde 2019, así como la situación actual con los proveedores de papel y los riesgos de evolución de la demanda, motiva una reestructuración de la compañía y actualización de sus planes.

Con esta fusión se logra una estructura organizativa racionalizada y eficiente dentro del grupo. Asimismo, queda garantizada la continuidad laboral de los empleados, ya que Correos se subrogará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, en los contratos de trabajo de Nexea.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA INCENTIVOS REGIONALES

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 19.995.126,06 euros a la Secretaría General de Fondos Europeos para atender el pago de nuevos expedientes de subvenciones relativas a incentivos regionales.

El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha iniciado un expediente de transferencia de crédito para atender el pago de estos nuevos expedientes.

Según consta en la memoria económica que acompaña al expediente, con cargo a la aplicación presupuestaria 'Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno', existen actualmente pendientes de pago diversos expedientes de liquidación de subvenciones por un importe total de 21.101.194,84 euros.

El crédito disponible en la citada aplicación presupuestaria asciende a 1.106.068,78 euros, por lo que se origina una insuficiencia de crédito por una cuantía de 19.995.126,06 euros.

Para dar cumplimiento a dicho gasto, es preciso la transferencia de crédito entre secciones para atender necesidades ineludibles, por un importe total de19.995.126,06 euros.

Por todo ello, de acuerdo con el artículo 9. Uno. 1 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, es necesaria su aprobación en el Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA SERVICIO AÉREO DE VIGILANCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico la realización de un nuevo expediente de gasto, relativo al Servicio Aéreo de Control de Vigilancia del Tráfico (SAVT).

Este Organismo Autónomo ha manifestado la necesidad de llevar a cabo un nuevo expediente de gasto, de carácter inaplazable, relativo al Servicio Aéreo de Control de Vigilancia del Tráfico, con el objeto de garantizar el desarrollo de las misiones de control y vigilancia aérea del tráfico, que tienen un efecto directo en la seguridad de la circulación e impacto sobre la reducción de la accidentalidad y siniestralidad en nuestras vías de tránsito.

La Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la Dirección General de Tráfico opera en la actualidad una flota de aeronaves compuesta por 15 helicópteros que dan servicio en las 7 patrullas que forman parte de la Unidad. Asimismo, se dispone de 12 sistemas de captación de imagen MX15 que integran el sistema 'Pegasus', a través del cual es posible detectar excesos de velocidad de los vehículos que circulan en carretera, y de 2 sistemas giroestabilizados de captación de imagen a través de los cuales gestionar y controlar el tráfico.

La antigüedad de estos helicópteros y sistemas 'Pegasus', unido al elevado número de contratos de servicios vinculados a la UMA y las crecientes exigencias derivadas de la normativa aeronáutica, aconsejan la aplicación de un nuevo modelo de gestión en el que, por un lado, se asegure la disponibilidad de estos helicópteros y sistemas, y, por otro, se garantice un servicio integral a través de empresas especializadas en este tipo de prestaciones.

Por este motivo, el citado Organismo Autónomo precisa la aplicación de un contrato de servicios de larga duración (10 años), que integre la práctica totalidad de servicios relacionados con la operación con helicópteros desarrollada por la UMA, y que permita garantizar la continuidad de la vigilancia del tráfico, al exigirse al contratista el suministro de nuevos sistemas 'Pegasus' y el aporte de helicópteros (de su propiedad).

Debido a la elevada inversión (en términos de adquisición de helicópteros, motores, componentes y repuestos, cajas de transmisión, utillaje, formación de personal, adecuación de instalaciones, etc.) que tendría que afrontar la empresa adjudicataria para dar soporte a este servicio y al plazo necesario para la recuperación de la misma, resulta de aplicación en este caso lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para establecer una duración del contrato superior a 5 años. Asimismo, si bien el contrato contempla el suministro de los nuevos sistemas 'Pegasus', que pasarán a ser propiedad de Jefatura Central de Tráfico, la prestación principal del mismo es de servicios y, en consecuencia, las normas que rigen la preparación y adjudicación son las de un contrato de servicios.

A medida que los contratos activos en la actualidad vayan concluyendo, este nuevo expediente de contratación irá asumiendo el desarrollo de las prestaciones a las que daban cobertura, afectando a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

a) 'Gastos corrientes en bienes y servicios'

Con cargo a esta aplicación, se atenderá el mantenimiento de los helicópteros, con el objeto de que la UMA pueda desarrollar vuelos de control y vigilancia de tráfico a través de helicópteros.

b) 'Estudios y trabajos técnicos'

Con cargo a esta aplicación presupuestaria es necesario disponer, a través del contrato SAVT, de 3.570 horas anuales de prestación de servicio de pilotaje, asumiendo este servicio desde su entrada en vigor (previsiblemente el 1 de julio de 2023) y se prestaría a lo largo de la vigencia del mismo.

c) 'Inversiones'

Con cargo a la citada aplicación presupuestaria, se financiarán los suministros de los sistemas 'Pegasus' del contrato SAVT, mencionado anteriormente.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros, es el siguiente:

Nuevas necesidadesLímites actualesLÍMITE DE COMPROMISO MÁXIMO A ADQUIRIR
2023112.217.755,47112.217.755,47
20243.916.300,2572.423.300,6676.339.600,91
20254.400.000,0018.753.944,4623.153.944,46
20262.910.000,004.961.897,267.871.897,26

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como lo autorizado en anteriores acuerdos de Consejo de Ministros, se requiere una nueva autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para las anualidades 2023 y 2024, así como incrementar el número de anualidades hasta la anualidad de 2033.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA DESPLIEGUE DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 39.500.000 euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la Dirección General del Patrimonio para la puesta en marcha de un Centro de Procesos de Datos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha solicitado esta transferencia de crédito al presupuesto del departamento dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esta decisión llega tras la firma de un Acuerdo, con fecha 25 de noviembre de 2022, entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Dirección General del Patrimonio del Estado para la implantación de un Centro de Proceso de Datos de la Administración General del Estado.

La Secretaría General de Administración Digital (SGAD), tiene atribuidas entre sus competencias, la puesta en marcha de un Centro de Proceso de Datos (CPD) situado sobre una parcela ubicada en Las Rozas (Madrid).

El objetivo es potenciar la compartición de recursos entre Administraciones para evitar la duplicidad de esfuerzos, generar ahorros en el gasto público y racionalizar las estructuras administrativas. Con ello se conseguirá una mejora en la eficiencia de la gestión de los Centros de Proceso de Datos en la Administración General del Estado y sus organismos dependientes, facilitando la utilización conjunta de medios y servicios públicos.

La puesta en marcha de este centro se va a financiar con recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de Ministros el 27de abril de 2021.

En concreto, en el Componente 11 'Modernización de las Administraciones Públicas' del PRTR, Inversión 1 'Modernización de la Administración General del Estado', se prevé la actuación 3 'Infraestructuras digitales y ciberseguridad'.

De acuerdo con la cláusula segunda y tercera del citado acuerdo, la SGAD realizará desde el servicio 50 una transferencia finalista a la Dirección General del Patrimonio del Estado para ejecutar este proyecto por importe de 39.500.000 euros.

Esto permitirá llevar a cabo una ampliación de capital de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio M.P., S.A. (SEGIPSA) por el importe mencionado para que, por parte de dicha entidad, se realicen las licitaciones necesarias para la ejecución del proyecto.

Hacienda y Función Pública

ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Función Pública. Se trata de la norma que impulsará la implantación de un modelo de recursos humanos público basado en las competencias, y que favorecerá la atracción y retención del talento, con el que se pretende dotar a la Administración de un marco normativo que permita dar respuesta a los actuales retos de la sociedad, reforzando el papel de liderazgo renovador de la Administración del Estado.

Esta ley, que forma parte de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), apuesta por los principios de planificación estratégica, adaptación de la selección de personal a las necesidades de la Administración, la evaluación del desempeño, la regulación del personal directivo público profesional o una nueva regulación de la carrera profesional.

La igualdad, el diálogo social y el aprendizaje durante toda la carrera profesional son los principios transversales que inspiran la ley. Su puesta en marcha estaba incluida en el Componente 11 del PRTR y vinculado a la medida 'Refuerzo de las Capacidades del Empleo Público'.

Las numerosas medidas incluidas en el texto, que ahora se someterá al procedimiento de información pública, desarrollan del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Tras su aprobación en 2007, el actual Gobierno cumple con el compromiso de reforzar el papel de liderazgo renovador de la Administración del Estado y confirmar su poder transformador en los actuales retos de la sociedad.

Estas medidas ayudarán a sentar las bases para una reforma integral del empleo público en la Administración del Estado. Una apuesta en la que, además de las medidas, antes mencionadas, se incluyen la carrera horizontal de empleadas y empleados públicos y el aprendizaje a lo largo de la carrera profesional. Unos objetivos alineados con las reformas de países de nuestro entorno.

Refuerzo del ámbito del desempeño

Las reformas incluidas en la legislación suponen un antes y un después en el ámbito de la Función Pública. Una de las destacadas es la planificación estratégica, base de este anteproyecto, por la que se alinearán los objetivos estratégicos de la Administración Pública. Esto permitirá adaptar la selección de personal a las necesidades de las organizaciones.

Esta norma se aplicará en la Administración General del Estado, Organismos Autónomos, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Entidades Públicas Empresariales, Agencias Estatales, Autoridades Administrativas Independientes, Universidades Públicas no transferidas y demás entes de derecho público. Esto llevará a un modelo de gestión integrada y por competencias de los recursos humanos.

Otra de las reformas significativas será la incorporación de la evaluación del desempeño al modelo de empleo público. Esta medida, que será de carácter obligatorio, perseguirá una mejora de la productividad y la adecuación de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones de la empleada o el empleado público.

A través de este procedimiento, se valorará periódicamente la conducta profesional y se medirá el rendimiento o el logro de resultados de las trabajadoras y trabajadores públicos. La finalidad es mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos.

La regulación de la carrera profesional horizontal es otra de las grandes novedades. Este sistema, que evidencia una apuesta por la promoción profesional, consiste en la progresión en un itinerario de tramos sin que sea necesario que se produzca un cambio de puesto de trabajo. Los ascensos deberán tener en cuenta la trayectoria profesional y el resultado de la evaluación del desempeño.

Otros factores que se tendrán en cuenta para esta fórmula de promoción en la Administración serán el cumplimiento de un itinerario de formación especializada. Además, y según cada caso particular, la participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación se tendrán en cuenta para los ascensos.

Complementos salariales

El texto del anteproyecto aprobado incluye la creación de dos nuevos complementos salariales para las empleadas y empleados públicos. Estos están basados en su evaluación de desempeño y en su evolución profesional dentro de cualquiera de los ámbitos en los que se aplicará la futura legislación.

El primero de ellos es el complemento de carrera. Este retribuirá la progresión que se vaya alcanzando en la carrera profesional. Su cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido.

El otro será el complemento de desempeño. El acceso al mismo estará vinculado a la superación de las evaluaciones de desempeño planteadas durante la carrera profesional, las cuales tendrán carácter obligatorio. El rendimiento y los logros de trabajadoras y trabajadores del ámbito público.

De esta manera, las retribuciones complementarias serían el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de desempeño y el complemento de carrera.

A estos hay que sumar el renombrado complemento por servicios extraordinarios, que es el que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo.

Regulación del personal directivo público profesional

Esta figura es la que dispone de funciones de desarrollo de políticas y programas públicos. Tendrán esta consideración las personas titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen a estas. Y que estarán ocupados equitativamente por hombres y mujeres, tal y como marca el principio de igualdad recogido en la norma.

El desarrollo de una regulación responde a que se trata de un perfil clave en la concepción de una Administración Pública moderna. Entre los objetivos está ofrecer garantías de la profesionalidad de quienes ocupan estos cargos.

Otro de los fines es reforzar la idoneidad, capacidad y orientación de los mismos con respecto a los resultados profesionales que obtengan quienes ocupen esos puestos directivos.

Pruebas objetivas y territorializadas

Entre las grandes reformas incluidas en el anteproyecto está la apuesta por un renovado modelo de acceso a la Administración.

Se priorizan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. A esto hay que sumar los principios rectores de agilidad y eficiencia en la selección, la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar o la profesionalización de los tribunales.

Además, se opta por un modelo mixto que estará basado en los conocimientos para superar el acceso y en la evaluación de competencias profesionales.

Otro de los cambios significativos que introduce la ley es que los procesos se celebrarán en todo el territorio. Una reforma que facilitará la democratización en el acceso, al optar por un modelo social que garantice la diversidad tanto social como territorial en el empleo público.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA COMPROMISOS DE LA COP27

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 30 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para financiar los compromisos asumidos en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27).

La Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado expediente de transferencia de crédito con alta en diversas aplicaciones presupuestarias correspondientes a contribuciones a organizaciones internacionales, por importe total de 30 millones de euros.

El cambio climático constituye un problema global y sus impactos se hacen sentir en todos los países. El principal instrumento a nivel internacional para abordar este desafío es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París.

En este sentido, en la conferencia de las partes celebrada en Sharm El-Sheik en noviembre de 2022, el presidente del Gobierno anunció una aportación de 30 millones de euros en 2023 a diferentes fondos e iniciativas, todos ellos centrados en apoyar a los países en desarrollo a desarrollar proyectos y acciones de adaptación y respuesta a los impactos del cambio climático, que se concretan en:

  • Fondo de Adaptación al Cambio climático de la CMNUCC (20.000.000 euros).
  • Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía de Naciones Unidas (5.000.000 euros).
  • Mecanismo de Observación Sistemática de la Organización Meteorológica Mundial (3.000.000 euros).
  • Red de Santiago para pérdidas y daños (2.000.000 euros).

Por los motivos indicados, el centro gestor considera necesario tramitar una transferencia de crédito por importe total de 30.000.000 euros, con alta en diversas aplicaciones presupuestarias.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de diez millones de euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Ciencia e Innovación, para implementar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en el marco del componente 16, reforma 1, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha solicitado una transferencia de crédito al presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación, por el citado importe, con repercusión en el presupuesto de ingresos y gastos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene entre sus objetivos el impulsar la actividad investigadora en materia de Inteligencia Artificial atrayendo talento investigador de primera categoría en dicha área, como se recoge en el Componente 16, Reforma 1 'Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial', donde se encuentra el programa Spain Talent Hub.

La AEI es la entidad idónea para gestionar los fondos relativos a este programa, ya que su principal misión es promover la investigación científica y técnica.

En este sentido, con fecha 12 de diciembre de 2022, se ha suscrito un Acuerdo Interdepartamental de Colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo es la colaboración entre ambos Departamentos para la ejecución de la actividad consistente en la financiación de determinadas actividades que permitan atraer y formar talento excelente en el campo de la investigación y desarrollo en inteligencia artificial.

El fin es mejorar la investigación de carácter multidisciplinar y dotar de independencia a los investigadores en la realización de sus actuaciones de innovación y desarrollo experimental en materia de inteligencia artificial.

Este programa persigue atraer talento investigador que se encuentra en territorio extranjero mediante la financiación de bolsas de actividad investigadora en inteligencia artificial. Entre ellas figuran dotaciones para sufragar un salario competitivo y la asistencia de personal en formación doctoral, con la condición de que el centro de acogida le proporcione un contrato fijo una vez finalice el periodo de financiación.

Concretamente, la medida pretende financiar la contratación de al menos 20 investigadores por un periodo de duración que finalizaría a final del año 2025.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

GESTIÓN PÚBLICA DE AUTOPISTAS DE PEAJE

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de un convenio entre la Administración General del Estado (AGE) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) que acuerda dejar en manos de la sociedad la gestión directa de las autopistas revertidas al Estado hasta finales de diciembre de 2032.

Así, con este nuevo convenio se regula la gestión de la explotación de autopistas de titularidad estatal, dando continuidad, por un plazo de diez años, a la gestión realizada al amparo del convenio suscrito en 2017.

Y es que, con base al convenio de 2017, entre 2018 y 2019 SEITT asumió la gestión de las radiales R-2 de Madrid a Guadalajara, R-3 de Madrid a Arganda del Rey, R-4 de Madrid a Ocaña, R-5 de Madrid a Navalcarnero, M-12 Eje Aeropuerto, AP-41 de Madrid a Toledo, AP-36 de Ocaña a La Roda, AP-7 de Circunvalación a Alicante y la AP-7 de Cartagena a Vera tras su entrada en concurso de acreedores y posterior liquidación.

Paralelamente, en la misma sesión, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de concesión de seis áreas de servicio gestionadas por SEITT, por un valor estimado de 44.397.303,05 euros (sin IVA) y un plazo de duración del contrato de cinco años.

Nuevo convenio

El objeto del convenio es atribuir a SEITT la gestión directa de la explotación y conservación de las autopistas antes relacionadas ante la inminente finalización de convenio vigente, el próximo 31 de diciembre de 2022. Además, dicho acuerdo permitirá a la sociedad completar las inversiones pendientes y optimizar su organización y gestión, para así lograr su funcionamiento en condiciones de eficiencia.

El nuevo convenio prevé, a su vez, actuaciones de conservación y mantenimiento de la vialidad, encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo mejora de la señalización, integración ambiental, seguridad viaria, ordenación de accesos y uso de las zonas de protección de la carretera, sin perjuicio de las competencias atribuidas legalmente en materia de señalización a los organismos responsables de la gestión del tráfico.

Actuaciones comprendidas

A su vez, también se contemplan actuaciones de reforma, modernización, reposición, adecuación de túneles, iluminación, ampliación de capacidad, construcción de enlaces, ramales o nudos exigibles para mantener la infraestructura en óptimas condiciones de vialidad y circulación, y todas aquellas actuaciones de digitalización y sostenibilidad para incorporar a la carretera los avances técnicos existentes y conseguir una movilidad segura, sostenible y conectada, que optimice la calidad del servicio prestado al usuario, el aprovechamiento pleno de la funcionalidad de las autopistas y autovías y la conectividad con la red de carreteras o núcleos de población. También están previstas actuaciones de modernización de la gestión, en materia de eficiencia administrativa y digitalización, organización y desarrollo, recursos humanos y productividad y sostenibilidad.

Asimismo, se ha incluido en el convenio una batería de indicadores de gestión y objetivos de desempeño que ayuden al seguimiento de la eficiencia de la Sociedad en el marco del convenio.

Las actuaciones se financiarán mediante el cobro de los peajes a los usuarios y las aportaciones de capital del Ministerio de Transportes de hasta un máximo 128 millones de euros entre 2023 y 2025, para acelerar su ejecución y cubrir el déficit que se genera en dichos años.

Tarifas y bonificaciones

Cabe destacar que la cuantía de las tarifas no se ha incrementado desde su aprobación en diciembre de 2018 por el Consejo de Ministros y, dada la situación económica actual, se ha decidido congelarlas en el año 2023. En este esquema tarifario se prevé que el secretario general de Infraestructuras de MITMA pueda aprobar bonificaciones a las mismas y en el nuevo convenio se recoge la posibilidad de que, a propuesta de SEITT, se apliquen bonificaciones por motivos medioambientales o para mejorar el nivel de servicio.

Asimismo, se atribuye al secretario general de Infraestructuras la potestad acordar el desvío de tráfico y fijar las condiciones de utilización de la autopista con carácter temporal cuando se den en situaciones excepcionales previstas en el artículo 38.2 de la Ley 37/2015

Áreas de Servicio

SEITT, en el marco de la gestión directa de las autopistas, realiza la explotación y el mantenimiento de 13 áreas de servicio mediante dos modelos distintos de gestión; concesión de servicios y gestión directa a través de contratos de suministro de productos para su posterior venta al público.

Las áreas que gestiona son las siguientes: Áreas de Servicio Atalaya, situada en la autopista M-50, punto kilométrico (PK) 67+500 ambos márgenes; Meco, situada en la autopista Radial 2, PK 35+500, ambos márgenes; Tambora, situada en la autopista Radial 3, PK 18+500, ambos márgenes; Polvoranca, situada en la autopista Radial 5, PK 5+500, ambos márgenes; La Sagra, situada en la autopista AP-41, PK 31+500, ambos márgenes; Mazarrón, situada en la autopista AP-7 Cartagena-Vera, PK 848+000.

Los contratos de gestión de seis de estas áreas de servicio se encuentran próximos a su vencimiento y, por tanto, para poder dar continuidad a su gestión es necesario licitar nuevos contratos para su explotación.

Es por ello, que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la licitación del contrato de concesión de estas seis áreas, por un valor estimado de 44.397.303,05 euros (sin IVA) y un plazo de duración del contrato de 5 años. En línea con la política de MITMA de promover adjudicaciones que fomentan la transición energética en las licitaciones de la gestión de las áreas de servicio, este contrato incluye, entre otros trabajos, la instalación de paneles solares y puntos de recarga.

La licitación se estructura en dos lotes que están compuestos de la siguiente manera:

Lote 1 (30.903.672,48 euros)

  • AASS Atalaya, situada en la autopista M-50, PK 67+500 ambos márgenes.
  • AASS La Sagra, situada en la autopista AP-41, PK 31+500, ambos márgenes.
  • AASS Mazarrón, situada en la autopista AP-7 Cartagena-Vera, PK 848.

Lote 2 (13.493.630,57 euros)

  • AASS Meco, situada en la autopista Radial 2, PK 35+500, ambos márgenes.
  • AASS Tambora, situada en la autopista Radial 3, PK 18+500, ambos márgenes.
  • AASS Polvoranca, situada en la autopista Radial 5, PK 5+500, ambos márgenes.

Convenios de gestión directa acordados con SEITT

Con fecha 16 de agosto de 2017 el Consejo de Ministros aprobó el primer Convenio de gestión directa con SEITT por el que se regula la gestión de la explotación y la preparación de la licitación de las siguientes autopistas de peaje de titularidad estatal:

  • Radial 2.
  • Radial 3 y Radial 5.
  • Radial 4.
  • M-12.
  • AP-41.
  • AP-36.
  • AP-7: Circunvalación de Alicante.
  • AP-7: Cartagena-Vera.

El 21 de febrero de 2018, SEITT asumió la gestión de la primera autopista, la Radial 4. El 1 de marzo asumió la gestión de la Radial 2, el 15 de marzo la Autopista AP-36 Ocaña-La Roda, el 1 de abril los tramos de la Autopista Cartagena - Vera y de la Circunvalación de Alicante, el 11 de abril la M-12, el 10 de mayo las Radiales 3 y 5 y el 22 de febrero de 2019 de la AP-41

Este convenio fue prorrogado por adenda de 22 de diciembre de 2018, finalizando el 31 de diciembre de 2022.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE ENAIRE EN MADRID

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato de obras para ampliar el Centro de Control Aéreo de Enaire en Madrid, con un presupuesto estimado de 23,12 millones de euros (sin IVA). Se prevé un plazo de ejecución de 24 meses y la remodelación estará disponible en 2025.

Este expediente forma parte de la estrategia de Enaire para la modernización del complejo del Centro de Control de Madrid, que en su conjunto implicará una inversión del orden de 100 millones de euros entre obras y equipamiento tecnológico de última generación.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio, que estará ubicado junto al actual, en el complejo de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y albergará una nueva sala de control de 1.500 metros cuadrados, un 50% más grande que la actual, lo que permitirá disponer de una nueva disposición más eficiente de las posiciones de control de tráfico aéreo, atendiendo a las futuras previsiones de tráfico, junto con la instalación de las nuevas posiciones de trabajo bajo una renovación tecnológica de vanguardia (proyecto iFOCUCS de Enaire) y una mayor sinergia con ingenieros, técnicos de navegación aérea y operaciones y áreas de gestión y supervisión.

La nueva posición de trabajo para la gestión del tráfico aéreo iFOCUCS incorpora tecnología digital de vanguardia y mayor superficie de visualización con información relevante de nuevas funcionalidades.

Más de 1.000 profesionales de la compañía trabajan actualmente en esta ubicación, junto a personal de Ejército del Aire, el ESSP europeo y otras empresas de servicios. De acuerdo con el crecimiento del tráfico y de las actividades y servicios recogidos en el Plan de Vuelo 2025 de Enaire, se prevé que aumente este número de trabajadores en los próximos años.

Sede de la Región Centro-Norte de ENAIRE

Desde este Centro de Control de Enaire en Madrid, sede de la Dirección Región-Centro de Enaire, se gestionan 435.000 km2 de espacio aéreo de la mitad norte peninsular prestando servicios de control aéreo de ruta y aproximación, así como control de aeródromo en nueve aeropuertos: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Santiago-Rosalía de Castro, Asturias, Seve Ballesteros-Santander, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño y Pamplona.

También se prestan servicios de comunicaciones, navegación y vigilancia en 19 aeropuertos: Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, Burgos, León, Salamanca, Huesca y Zaragoza, junto a los anteriores, para soporte del tráfico aéreo de todas estas instalaciones gracias a 96 instalaciones de navegación aérea repartidas por la geografía.

Apuesta por la eficiencia energética

La actuación aprobada hoy prevé medidas para mejorar la eficiencia energética mediante el uso de energías renovables y sistemas de geotermia, aerotermia y acumulación de calor.

Las salas de equipos informáticos, que tienen alta disipación térmica, tendrán un sistema redundante de enfriadoras de alta eficiencia además de un sistema compuesto por bombas de calor aerotérmica y otra geotérmica, cada una de ellas dimensionada para la mitad de la potencia máxima de diseño.

La bomba geotérmica, de 220 kW, será la encargada de gestionar la mayor parte de la energía anual, produciéndose así un ahorro significativo con respecto a la utilización de un sistema 100% aerotérmico.

También está contemplada la instalación de unidades de tratamiento de aire de alto rendimiento que dispondrán de recuperador de calor rotativo y control de humedad.

Asimismo, se están instalando por fases placas solares fotovoltaicas, que junto con las que se instalarán en el tejado del edificio anexo sumarán un total de 3.100 paneles con 1,8 MW.

Este proyecto está recogido en el plan estratégico de Enaire, Plan de Vuelo 2025, que contempla la renovación y modernización del edificio levantado en los años 80, junto a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, y ampliará a tres las construcciones del recinto. Las nuevas instalaciones se diseñarán con parámetros de seguridad, una mejor optimización de la energía, manteniendo los mayores niveles de calidad, fiabilidad y redundancia, a fin de asegurar la disponibilidad y continuidad en el suministro de energía a los sistemas de gestión de tráfico aéreo.

Así, está en marcha la construcción de un tercer edificio técnico operativo para formación de control aéreo y contingencias, que dispondrá de sistemas de energía y climatización, salas de equipos, aulas de formación y simuladores de control aéreo que tendrá 2.000 m2 por planta y estará disponible en 2023.

Además, se dispondrá de un centro de vigilancia ininterrumpida para servicios y supervisión de la red de Enaire (SYSRED H24) y su tráfico aéreo; oficinas, salas de reuniones y descanso, área de energía y climatización, espacios comunes configurables y un museo para visitas.

El recinto cuenta ya con un edificio de sistemas centralizados con simuladores, salas de contingencias, el proveedor europeo de servicios satelitales ESSP participado por Enaire y la Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa (ECAO) y el Centro de Control del Servicio Aéreo de Rescate (RCC-SAR) del Ejército.

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Acerca de Enaire

Enaire es el gestor nacional de la navegación aérea en España.

Como empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.

Además, 45 torres de control aéreo reciben los servicios de comunicación, navegación y vigilancia de Enaire y 21 aeropuertos cuentan con sus servicios de control de aeródromo, entre ellos los de mayor tráfico del país.

Enaire es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo. Desde el 1 de enero de 2022, preside la Alianza A6, coalición para la modernización del sistema de gestión de tráfico aéreo de los proveedores de navegación aérea responsables de más del 80% del tráfico aéreo europeo. También es miembro de otras alianzas internacionales para el impulso del cielo único europeo como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, iTEC, CANSO y OACI.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS DE MEJORA EN A-11 Y N-122 EN BURGOS

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar un contrato para la ejecución de las obras de mejora de la conexión de la Autovía del Duero (A-11) con la nacional N-122, en las proximidades de Castrillo de la Vega (Burgos). El valor estimado de la actuación es de 14,9 millones de euros (sin IVA).

La carretera N-122 discurre paralela al río Duero y su tráfico, que se caracteriza por ser de largo recorrido, será absorbido principalmente por la futura autovía A-11, por lo que la funcionalidad de la nacional se reducirá principalmente a la articulación del tráfico local.

Actualmente, esta carretera se caracteriza por contar con un tráfico muy elevado de vehículos pesados (en torno al 30%), que dificulta la circulación del resto de usuarios al complicar maniobras como adelantamientos o cruces. Así, también contribuye a reducir la velocidad de la circulación, incrementando los tiempos y costes del transporte, y afecta a la seguridad viaria, ya que las grandes dimensiones de los vehículos pesados obstaculizan o restringen la visibilidad para el resto de los vehículos.

Por otra parte, tras haberse finalizado el tramo anterior de la A-11, la variante de Aranda de Duero, se pone de manifiesto la necesidad de proporcionar continuidad al corredor conformado por la Autovía del Duero y evitar el paso del tráfico de largo recorrido por la localidad de Castrillo de la Vega.

De esta forma, se elimina el riesgo de accidente en municipio, aumenta la seguridad viaria de los vehículos que transitan por el corredor de la A-11 y disminuye su tiempo de recorrido.

La actuación se incluye en los trabajos que MITMA está impulsando en el marco de su apuesta por finalizar la A-11, con 44 km de autovía puestos en servicio desde junio de 2018, como el tramo Venta Nueva - Santiuste inaugurado el pasado 17 de junio; y otros 44 km en fase de obras, nueve de ellos del tramo El Burgo de Osma - San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria, con apertura prevista para el año que viene.

Características técnicas

El tramo de autovía objeto del contrato autorizado comienza en el punto kilométrico (p.k.) 0+000 y conecta en el p.k. 1+700 con el tramo en servicio "Variante de Aranda del Duero".

Asimismo, el tramo cruzará la carretera comarcal BU-V-2031 en el p.k. 1+661 mediante un paso inferior, habiéndose proyectado un enlace en este punto ("Enlace de Castrillo de Vega"). Además, para conectar con la carretera N-122, se define una glorieta a la altura del p.k. 0+280, aproximadamente.

El trazado proyectado, considerando la conexión con la carretera N-122 y el tramo de conexión efectiva con el tramo contiguo "Variante de Aranda de Duero", tiene una longitud total de aproximadamente 2,4 km. Discurre en su parte inicial por el término municipal de Haza y, en su parte final, por el de Castrillo de la Vega. A lo largo del mismo, se prevén las siguientes conexiones - enlaces:

  • Glorieta: conexión con la N-122 a la altura del p.k. 0+280.
  • Enlace de Castrillo de la Vega: cruza con la carretera BU-V-2031 en el p.k. 1+661.

El tronco proyectado garantizará la permeabilidad transversal pertinente para los caminos y carreteras afectadas, que se repondrán respetando en lo posible su trazado original, estando previstos un paso superior de camino, y un paso inferior en el tronco para el cruce con la carretera comarcal BU-V-2031. Además, se proyectan obras de drenaje transversal con el fin de restituir la continuidad de la red de drenaje natural del terreno.

(Duero)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS AUTOVÍA A-32 EN ALBACETE

El Consejo de Ministros ha autorizado licitar las obras de un nuevo tramo de 16,8 kilómetros de autovía A-32 Linares - Albacete: el enlace con la CM-313- Balazote Oeste, en la provincia de Albacete. El valor estimado del contrato asciende a 94,5 millones de euros (sin IVA).

La construcción de este nuevo tramo, que se licitará en breve, supone un paso más en la ejecución del corredor A-32, que avanza a velocidad de crucero. Así, en los próximos días se pondrá en servicio el tramo entre Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (17,2 km), que se sumará a los 40,4 km ya puestos en servicio desde diciembre de 2019 en las provincias de Albacete y Jaén, y el pasado mes de septiembre se licitó el contrato de redacción del futuro tramo Balazote Oeste - Albacete.

Características técnicas

A lo largo de los 18,6 km del futuro trazado se construirán 4 enlaces:

  • A unos 720 metros del origen se dispone el enlace con la carretera autonómica CM-313, a través de la cual se accede a las localidades de Tiriez y San Pedro. Está dotado con dos glorietas a ambos lados de la autovía, lo que permite todos los movimientos entre la autovía A-32 y la CM-313.
  • En el punto kilométrico 6+900 se proyecta el segundo enlace, tipo trompa, con una glorieta sobre la carretera N-322, permitiendo todos los movimientos entre esta y la A-32.
  • El tercer enlace conecta con la carretera CV A-1. Está dotado de dos glorietas a ambos lados de la autovía y permite todos los movimientos con la A-32, dando acceso a las localidades de Balazote y San Pedro.
  • El cuarto enlace, dotado de dos glorietas, se sitúa en el punto kilométrico 14+200, conectando con la carretera N-322.

Asimismo, se construirán un viaducto de 215 m sobre el río Jardín, un viaducto de 75 m sobre el río Mirón, cuatro pasos superiores para caminos, dos pasos superiores en para un ramal del enlace de Balazote con la N-332 y la vía de servicio, dos pasos inferiores de caminos y tres pasos inferiores de carreteras.

Además, se prevé la reposición de 25 caminos agrícolas, la realización de una variante de la carretera N-322 en la zona del río Jardín y de una vía de servicio que da continuidad a la N-322 en sentido Albacete hasta conectar con la vía de servicio prevista en el futuro tramo Balazote Oeste - Albacete.

(Albacete)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-5

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras para la rehabilitación del firme de la autovía del suroeste A-5 en el entorno de Badajoz por unos 15,3 millones de euros (sin IVA).

Los trabajos contemplan la rehabilitación superficial y puntualmente estructural de ambas calzadas del tramo Badajoz Este-Badajoz Oeste, entre los puntos kilométricos 392,300 al 407,821, y dependerán, en cada sección, del paquete de firme existente en la actualidad y de los resultados obtenidos de los parámetros del firme.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha invertido más de 60 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Badajoz.

(Badajoz)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

NUEVO TRAMO DE LA AUTOVÍA A-73 EN BURGOS

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar el contrato de obras para la construcción de un nuevo tramo de 11,55 kilómetros en la autovía A-73 entre Quintanaortuño-Montorio, en la provincia de Burgos.

Este contrato, con un valor estimado de 105,9 millones de euros (sin IVA), constituye la prolongación del tramo Burgos - Quintanaortuño en la A-73, y supone un hito más en el impulso a esta infraestructura, cuyo tramo Pedrosa de Valdelucio - Báscones de Valdivia se puso en servicio a finales del pasado año, en las provincias Burgos y Palencia.

La A-73 Burgos - Aguilar de Campoo contribuirá a mejorar la comunicación de la zona oriental de Castilla y León con Cantabria y el corredor Cantábrico, que conectará, en su extremo inicial con la circunvalación de Burgos, BU-30, y enlazará en su extremo final con la autovía A-67 Cantabria-Meseta, en su tramo en variante de Aguilar de Campoo.

Características del nuevo tramo

El trazado del tramo Quintanaortuño - Montorio se inicia en el enlace de Quintanaortuño, dando continuidad al tramo en servicio de la A-73 Variante de Quintanilla de Vivar (Burgos) - Quintanaortuño y discurre separándose de la carretera N-627 hacia el noroeste, alejándose del núcleo urbano de Ubierna. Asimismo, se ha previsto una conexión provisional con la N-627 al final del tramo.

El trazado incluye un viaducto sobre el rio Ubierna, tres pasos superiores, ocho pasos inferiores y un ecoducto sobre la traza de la autovía. Además, se disponen caminos paralelos a la traza para el acceso a las fincas colindantes y el mantenimiento de la permeabilidad transversal.

Para minimizar el impacto ambiental, se ha ajustado el trazado de la autovía hacia la vertiente oeste, minimizado el volumen de material excavado y el de préstamos y vertederos.

(Montorio)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SUBVENCIÓN PARA MEJORAR LA CARRETERA N-121-A A NAVARRA

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una subvención directa al Gobierno de Navarra para actuaciones de mejora en la carretera N-121-A, que den continuidad a la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Foral, por importe de 15 millones de euros.

El objetivo es financiar actuaciones de mejora en la carretera convencional N-121-A, en la que el Gobierno de Navarra acomete la conversión de la carretera en una vía de 2+1 carriles. Este proyecto permitirá mejorar de forma significativa el servicio y la seguridad vial, gracias a la separación entre sentidos evitando así la necesidad de invadir el carril contrario para efectuar adelantamientos que, además, tiene un menor impacto ambiental en comparación con otras posibles soluciones de aumento de capacidad.

Esta subvención de 15 millones de euros para el año 2022 permitirá al Gobierno de Navarra, como beneficiario, tramitar, gestionar y adoptar las medidas necesarias, tanto de carácter normativo como en el ámbito de gestión que procedan, a fin de que se acometan las actuaciones de mejora indicadas en la citada carretera.

Esta cantidad se suma a los 10 y 15 millones de euros transferidos en diciembre de 2018 y diciembre de 2021 respectivamente, para otras actuaciones de mejora de esta carretera que permite la unión con Francia, mediante su conversión en una vía 2+1.

(Olave)

Tramo 2+1 desde los túneles de Ezcaba hasta Olave ya ejecutado de la carretera N-121-A.

Industria, Comercio y Turismo

AYUDAS PARA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación en 100 millones de euros de la línea de financiación para PYMES y pequeños proyectos de exportación e inversión (PYMEPP), con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

La línea FIEM PYMEPP se crea para el impulso, desarrollo de proyectos de inversión y apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, obteniéndose una excelente valoración en su funcionamiento y creciente demanda, en especial en el contexto sociopolítico por la guerra de Ucrania y las consecuentes restricciones a la financiación bancaria para operaciones de internacionalización de reducido tamaño.

Debido al buen comportamiento de la línea FIEM PYMEPP, lo reducido de su saldo actual disponible (45 millones de euros a 31 de octubre de 2022) y que éste se está consumiendo rápidamente, resulta pertinente ampliar la financiación en 100 millones de euros.

El importe medio del crédito oscila alrededor de un 1 millón de euros, siendo el importe más elevado de financiación concedida de 5,7 millones de euros, y el más reducido de 35.000 euros, según los datos, evolutivos, de la línea de financiación.

La línea FIEM PYMEPP, hasta octubre de 2022, imputó créditos en 28 países, reflejo de la gran diversificación geográfica de la línea de actuación y que potencia el crecimiento e impulso de las empresas españolas en el extranjero.

Industria, Comercio y Turismo

CONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de desarrollo de los sistemas de información esenciales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de los sistemas de información de TURESPAÑA, cuyo valor estimado asciende a 32 millones de euros.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y el inicio de su ejecución está previsto para el 1 de enero de 2024, siendo su periodo de vigencia inicial de 24 meses. El contrato podrá ser prorrogado hasta en tres ocasiones de manera consecutiva, por una duración de 1 año cada una de ellas, hasta alcanzar una duración máxima total de 5 años.

Entre las actividades que se contratarán se incluyen el servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web y los sistemas de ayudas públicas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y los sistemas analíticos y de gestión de TURESPAÑA.

Industria, Comercio y Turismo

CRÉDITO A EMPRESA FERROVIARIA EGIPCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito reembolsable en condiciones concesionales OCDE a Egyptian National Railways / Banco Central de Egipto con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), para financiar un proyecto de suministro de siete trenes-cama por importe de hasta 200 millones de euros.

Cada tren incluiría 18 coches, que se distribuirían entre 15 coches-cama de pasajeros (5 coches de 1ª Clase; 10 de 2ª Clase); 1 coche restaurante; 1 coche cafetería; y 1 coche generador.

Como aspectos técnicos, cabe destacar: el sistema de acoplamiento articulado entre coches, la tecnología TALGO de rueda independiente y guiada, la estructura de aluminio, y una velocidad de explotación máxima de 160 km/h.

La importancia estratégica del proyecto radica en que permitirá consolidar la presencia de TALGO en Egipto. Asimismo, puede ejercer un importante papel en la penetración futura de otras empresas españolas en el mercado ferroviario egipcio, dado que la Marca España está empezando a tener gran visibilidad por su tecnología, fiabilidad y competitividad del precio, frente a otros competidores como alemanes, franceses o coreanos.

Agricultura, Pesca y Alimentación

REGISTRO DE CONTRATOS ALIMENTARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que desarrolla el Registro de Contratos Alimentarios, de carácter digital, en el que se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, en cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada en diciembre de 2021.

Este registro incrementa la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, ya que facilitará las funciones de inspección y control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de cadena alimentaria en el ámbito de sus competencias. De esta forma, se logra una mayor seguridad jurídica de las relaciones comerciales y una estructuración más eficiente de la cadena de valor.

En este marco, el real decreto aclara quienes son los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios que, según la ley de la cadena, corresponde a los compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones. También precisa el procedimiento de inscripción, que será de forma intuitiva y sencilla, y que debe realizarse antes de la entrega de los productos objeto del contrato, así como cuando se produzcan modificaciones del contrato pactadas por ambas partes.

Asimismo, la norma aclara que los obligados a inscribir el contrato serán los primeros compradores cuando adquieran leche cruda a los ganaderos. Para aquellos contratos alimentarios formalizados como contratos de integración, como en el caso de producciones de engorde del sector avícola, será el integrador el obligado a inscribirlo en el registro electrónico.

El registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estará adscrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios. El acceso se realizará a través de la página web de AICA (www.aica.gob.es) desde el enlace que se habilitará para su acceso cuando el real decreto entre en vigor, al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, y con la finalidad de garantizar la operatividad de la aplicación electrónica del registro y asegurar que los operadores tengan margen para disponer de los recursos necesarios, la norma aclara que se podrá realizar la inscripción de los contratos alimentarios desde el próximo 31 de enero de 2023, si bien no tendrá carácter obligatorio hasta el 30 de junio de 2023.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores. Este anteproyecto se centra en la defensa de los derechos de los consumidores, con el fin de lograr mayor eficacia en las acciones que se ejerzan de forma colectiva contra acciones y omisiones de un empresario que los consumidores consideren ilícitas.

El principal objetivo del anteproyecto es solventar la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario, ya que, si acude a la vía judicial, en la mayor parte de los casos hay una desproporción entre los gastos que esto conlleva respecto a las cantidades que el consumidor recupera, por lo que la nueva norma reforzará los derechos de los consumidores en acciones colectivas.

Además, el APL regula por primera vez la posibilidad de llegar a un acuerdo, dentro del propio proceso, entre el consumidor y la empresa. Igualmente, se recoge la necesidad de que exista una reclamación previa antes de demandar por esta vía.

La nueva norma traspone la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, a los que se pretende dotar de instrumentos para ejercer sus derechos y obtener una compensación mediante un modelo de reclamaciones representativas común a los Estados de la Unión Europea (UE).

Así, la ley responde a la consideración de la protección de los consumidores como una prioridad, tanto a nivel de la UE como en España, donde la propia Constitución, en el artículo 51.1, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios.

Hasta el momento, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en legislaciones sectoriales se recogían algunos aspectos de la tutela efectiva de los derechos colectivos de los consumidores. Este anteproyecto de ley recoge todo un título nuevo en el que se definen las acciones de representación (resarcitorias y de cesación), así como la posibilidad de que se llegue a un acuerdo dentro del proceso y que el juez lo homologue, definiéndose todo un procedimiento para ello.

De este modo, el anteproyecto completa de manera integral los mecanismos de defensa de los intereses colectivos de los consumidores ya existentes en nuestro país, estableciendo un mecanismo de tutela colectiva y regulando las acciones civiles planteadas por las entidades habilitadas legalmente para defender estos derechos. Al mismo tiempo, se evita el ejercicio abusivo de la acción procesal y se refuerza la seguridad jurídica.

En el caso de las demandas resarcitorias, se establecen exigencias de difusión y publicidad a las decisiones relevantes del proceso y se considera esencial que la gestión del procedimiento cuente con el apoyo de una plataforma electrónica singular para cada proceso, que ha de servir para transmitir información a los afectados, para que estos puedan manifestar su voluntad, cuando proceda, y para que la información obtenida pueda ser utilizada de manera fiable por el tribunal o por el liquidador al ejecutar la sentencia.

Por otra parte, se articula como novedad procedimental la audiencia de certificación, en la que el tribunal comprobará que concurre la necesaria homogeneidad de las pretensiones y que la acción no resulta manifiestamente infundada. Si se cumplen los requisitos, el tribunal dictará el auto de certificación en el que se determinará el ámbito objetivo del proceso (en relación con qué conductas se admite la tutela colectiva) y su ámbito subjetivo (los consumidores y usuarios que han de verse afectados).

También es novedosa la regulación de los acuerdos de resarcimiento, como alternativa para poner fin a la controversia y tutelar de forma especial la posición jurídica de los consumidores y usuarios cuyos derechos e intereses están en juego en el proceso, que se delegará en el tribunal a través de la necesaria homologación para dotar al acuerdo de eficacia vinculante.

El anteproyecto contempla las necesarias modificaciones y reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se trata de crear un sistema unitario y coherente de tutela colectiva, que ponga fin a la actual dispersión normativa en la materia. De esta forma, proporcionará un procedimiento que permita contribuir a la mejor protección de los intereses colectivos de los consumidores.

En cuanto a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las modificaciones pasan por identificar y regular las entidades que se consideran habilitadas o legitimadas para el ejercicio de estas acciones de representación, tanto a nivel nacional como trasfronterizo. El Ministerio de Justicia gestionará un Registro Público de Acciones de Representación, una pieza clave del sistema que fomentará la transparencia y el conocimiento de las acciones de representación en marcha, tanto en general como por sus posibles beneficiarios.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

SUBVENCIONES PARA EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión directa de dos subvenciones a la Diputación Provincial de Ciudad Real y al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) dirigidas a financiar las actuaciones necesarias para la exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista.

En el caso de Ciudad Real, la subvención será de 150.000 euros y estará destinada a financiar las actuaciones que se lleven a cabo en las fosas del Cementerio Municipal. Estas fosas constituyen uno de los lugares donde se concentran un mayor número de cuerpos pendientes de exhumación con represaliados de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, apuntando los historiadores a una cifra que supera los 1.200 cuerpos enterrados. La ayuda aprobada irá destinada a sufragar gastos vinculados a labores de prospección, apertura de fosa, análisis forense, pruebas genéticas, búsqueda de familiares, filmación de testimonios, digitalización de materiales y acciones de reparación y restitución a los familiares.

Por otro lado, el importe de la subvención concedida al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes asciende a 156.000 euros. Esta ayuda servirá para dar continuidad al proceso de búsqueda, exhumación e identificación iniciado el pasado mes de agosto en el Cementerio Parroquial de Colmenar Viejo (Madrid). En este sentido, para poder garantizar a las familias de las víctimas que se completa el procedimiento, deberán concluirse las excavaciones en la parte del cementerio civil además de continuar con las actuaciones en las zonas intervenidas, realizando el estudio osteológico de cada cuerpo exhumado y procediendo a la toma de muestras biológicas de los familiares disponibles para llevar a cabo la comparación genética correspondiente.

Los ayuntamientos de Colmenar Viejo, Moralzarzal, Soto del Real, El Molar, Miraflores de la Sierra, y Manzanares el Real, municipios de origen de las víctimas cuya localización e identificación se pretende, han aceptado la representación del Consistorio de San Sebastián de los Reyes para desarrollar las actuaciones oportunas en este proceso.

Exhumaciones de fosas comunes

Tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, es el Estado quien asume las exhumaciones de las fosas comunes, una tarea que antes recaía en los familiares de las víctimas o en las distintas asociaciones.

Esta norma sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. Así, el Gobierno ha considerado adecuado contribuir económicamente a la realización de los trabajos pendientes de ejecución en el Cementerio Municipal de Ciudad Real y en el Cementerio Parroquial de Colmenar Viejo.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PRÓRROGA DE PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la participación de unidades y observadores militares en operaciones de paz en el exterior

En estos difíciles momentos para la estabilidad internacional, es intención del Gobierno seguir manteniendo un compromiso inequívoco con las misiones de paz. Un compromiso de las Fuerzas Armadas, que se apoya en los principios de responsabilidad, solidaridad, constancia, determinación y unidad, refrendados en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN y en las directrices de la Brújula Estratégica de la Unión Europea.

Con carácter general, el Gobierno prevé mantener durante 2023 el nivel de participación de las Fuerzas Armadas en Operaciones en el Exterior, incluida la continuidad en el mando de las misiones UNIFIL y EUTM Mali que actualmente desempeña España, y el futuro liderazgo de la Misión OTAN en Irak (NMI).

En cuanto al despliegue dentro del territorio y área Euro-Atlántica para refuerzo y disuasión en el flanco Este de la OTAN, estará de nuevo influenciado por la evolución de la crisis en Ucrania y la situación respecto a Rusia. En función de las decisiones colectivas en el seno de la Alianza, podría resultar en incrementos puntuales, previsiblemente ligeros y de duración limitada.

Así, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la autorización de participación de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, y de los observadores militares, en las operaciones fuera de territorio nacional. Las misiones de las Fuerzas Armadas y las misiones militares de la Guardia Civil en el exterior, cuya prórroga se autoriza, han sido aprobadas por las Cortes Generales, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD Y CIENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia (2023-2027). Su objetivo principal es organizar, en el marco y como aplicación de la Estrategia Española y del Plan Español de Ciencia, Tecnología e innovación (EECTI y PECTI), un sistema que favorezca la generación y transferencia de conocimiento sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, de calidad, coordinado e integrador, inclusivo y eficaz, que cubra las necesidades de la planificación y la gestión para lograr su protección, conservación, uso sostenible, restauración y su puesta en valor económico y social.

La Estrategia de Biodiversidad y Ciencia pretende ser una herramienta integradora, que ponga en valor la contribución de la ciencia a la conservación de la biodiversidad, de tal manera que sea el nexo entre las iniciativas nacionales en biodiversidad y patrimonio natural y las de ciencia, tecnología e innovación.

Para alcanzar estos retos en los próximos años, establece un marco de trabajo entre 2023 y 2027 en el que se proponen seis líneas de actuación y 12 acciones clave a desarrollar por parte de la administración general y distintos organismos del sector público estatal, y en la que se involucra a diferentes actores, en un periodo de cuatro años desde su aprobación.

Las líneas de actuación que vertebran la estrategia consisten en mejorar de la identificación de las necesidades científicas para el seguimiento y la gestión de la biodiversidad, impulsar mecanismos de coordinación para generación de conocimiento, implicar a la sociedad en la generación de conocimiento, fomentar la ciencia española en el contexto internacional, comunicar la estrategia y transferir el conocimiento científico.

Para su elaboración, se ha realizado un diagnóstico a nivel internacional, se han celebrado tres talleres participativos con administraciones, entidades científicas y de la sociedad civil y se ha puesto a disposición pública para aportación de comentarios.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

OBRAS DE LA ESTACIÓN DE TORRELAVEGA

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de la Adenda modificativa y prórroga del Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ADIF, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para soterrar el ferrocarril de ancho métrico en este municipio cántabro y, así, incluir la construcción de un aparcamiento subterráneo en la nueva estación, entre otras cosas.

El Convenio de colaboración, publicado en 2018, establecía las bases para llevar a cabo la integración del ferrocarril en el municipio de Torrelavega, así como la transformación urbanística derivada de las correspondientes obras. Tras su entrada en vigor, la Comisión de seguimiento se reunió en varias ocasiones y las partes aprobaron llevar a cabo una serie de cambios que han quedado recogidos en la Adenda modificativa que ahora se autoriza:

  • La construcción de un aparcamiento subterráneo que, como el resto de las actuaciones, será financiado entre las partes en la misma proporción, aunque tanto la ejecución de las obras, como la gestión y futura explotación del aparcamiento correrán a cargo de Adif.
  • Se asume una estimación de incremento del coste de la actuación de cuatro millones de euros, que corresponden al aparcamiento subterráneo, por lo que la inversión total se estima en 83,13 millones de euros (sin IVA).
  • La Adenda permite la prórroga de la vigencia del Convenio por tres años.

Soterramiento de 1.800 metros de vías

El convenio para la integración del ferrocarril de ancho métrico en Torrelavega contempla el soterramiento del trazado ferroviario de la línea de ancho métrico en una longitud de 1.800 metros (m) a su paso por la ciudad, entre los pasos a nivel del Paseo Niño y de la calle Pablo Garnica. Además, el convenio incluirá también la construcción de una nueva estación soterrada; la adecuación del edificio de viajeros actual; la urbanización de los aledaños de ambos edificios (el nuevo y el actual); la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo, ya mencionada, así como la transformación urbanística del espacio liberado en todo el ámbito de actuación del proyecto de integración.

La inversión estimada en estas actuaciones asciende a 83,13 millones de euros (sin IVA), sin incluir el coste de redacción del proyecto ferroviario, estimado en 4,5 millones de euros y asumido íntegramente por Adif.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Adif aportarán el 50% de todo el proyecto, es decir un total de 41,56 millones de euros, mientras que el Gobierno de Cantabria asumirá el 30% de la operación (24,94 millones de euros) y el Ayuntamiento de Torrelavega, por su parte, costeará el 20% restante, es decir 16,62 millones de euros.

Integración ferroviaria

La integración de la línea de ancho métrico Oviedo-Santander a su paso por Torrelavega constituye un hito histórico para este municipio cántabro, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido, el proyecto del soterramiento de la línea ferroviaria por el centro de la ciudad facilitará el libre movimiento de coches y ciudadanos por el centro del municipio, incrementará los niveles de seguridad ferroviaria, gracias a la eliminación de los dos pasos a nivel actuales en C/Pablo Garnica y Paseo del Niño; mejorará el aspecto medioambiental gracias a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, y liberará los terrenos ferroviarios ocupados por las vías actuales, a los que se les podrá dar nuevo uso.

(vias)
Cultura y Deporte

CANDIDATURA DE SEDE PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 7,5 millones de euros a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la preparación y desarrollo de la candidatura a la Copa Mundial de la FIFA de 2030, en España, Portugal y Ucrania.

Con esta nueva inversión, financiada con cargo al presupuesto de gastos del Consejo Superior de Deportes correspondiente al ejercicio 2022, se pretende potenciar la candidatura española a través de actividades como la celebración de encuentros y eventos en distintas partes del territorio nacional y extranjero; el establecimiento de una oficina técnica para la coordinación de eventos; la difusión de las iniciativas a través de los medios de comunicación social; el desarrollo de las infraestructuras necesarias destinadas a centros de entrenamiento y tecnificación de las selecciones nacionales y autonómicas; y el soporte tecnológico.

Los beneficios de la organización del Mundial de fútbol inciden en varias áreas, siendo especialmente significativo su impacto en el sector turístico en diferentes puntos del país, convirtiendo además al evento en una palanca de proyección de la marca-país y, a su vez, de las marcas regionales.

España, junto a Portugal y Ucrania, afronta así en los próximos años uno de los retos más importantes en el contexto deportivo internacional, que requiere de la suma de esfuerzos y potencialidades de sus respectivos gobiernos y federaciones de fútbol para presentar una candidatura conjunta.

Cultura y Deporte

NUEVAS AYUDAS PARA LA CAPACITACIÓN DIGITAL DE DEPORTISTAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 12 millones de euros -6 millones en 2022 y otros 6 millones en 2023- para la capacitación tecnológica de los profesionales del ecosistema deportivo, en el marco del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La beneficiaria de esta nueva subvención es la Asociación del Deporte Español (ADESP), organización de ámbito nacional y sin ánimo de lucro e interlocutor habitual de la industria del deporte. Su misión será la de poner en marcha un proyecto destinado a la capacitación digital de deportistas de alto nivel, deportistas de alto rendimiento, deportistas miembros de equipos nacionales, deportistas participantes en programas federativos, técnicos de las federaciones nacionales y autonómicas, técnicos y trabajadores de las instalaciones deportivas donde se desarrolla la actividad deportiva de los deportistas mencionados, cuya propuesta permitirá formar al menos a 6.000 personas hasta septiembre de 2025, y cuya consecución deberá estar alineada a los objetivos del PRTR.

Sanidad

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS SOBRE VIH/SIDA

ONUSIDA es el organismo multilateral que lidera el esfuerzo mundial por poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aquella que prioriza la lucha contra el estigma y discriminación asociadas al VIH, centrándose, entre otras, en la producción de información relativa al estado de la epidemia de sida, así como en los aspectos legislativos y normativos que criminalizan, discriminan o estigmatizan a las personas que viven con VIH.

ONUSIDA proporciona las orientaciones estratégicas (como la actualmente en vigor Estrategia Mundial contra el SIDA 2021-2026), la difusión, la coordinación y el apoyo técnico necesarios para catalizar y conectar a los líderes de los gobiernos, del sector privado y de las comunidades y para la prestación de servicios del VIH.

Destacan dos valores añadidos que presenta este organismo respecto a otros instrumentos multilaterales que financian la respuesta a la pandemia por VIH a nivel global:

En primer lugar, ONUSIDA produce información estratégica y análisis que ayudan a comprender mejor el estado de la epidemia de sida y los progresos logrados a nivel nacional, regional y mundial. Dispone de la colección de datos del VIH sobre epidemiología, cobertura de los programas y financiación más extensa del mundo, y publica la información sobre la epidemia de VIH más acreditada y actualizada, la cual resulta fundamental para una respuesta eficaz al sida.

En segundo lugar, ONUSIDA ha contribuido a posicionar, definir y ampliar la respuesta al VIH fomentando el diálogo e integrando a las comunidades que habían sido excluidas de la toma de decisiones.

Así, ONUSIDA es la única entidad de las Naciones Unidas que cuenta con representantes de la sociedad civil en su organismo directivo. Su foco en la lucha contra el estigma y discriminación asociadas a VIH, centrándose en los aspectos legislativos y normativos que criminalizan o discriminan a las personas que viven con VIH es patente, por ejemplo, a través de su programa "Global Partnership". En este sentido se complementa con las actuaciones del Fondo Global para la lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis.

En el mes de octubre de 2022, España alojó la última conferencia mundial de ciudades donde se firmó la Declaración de Sevilla, que destaca el liderazgo de las organizaciones comunitarias en el ámbito municipal de la lucha contra el VIH.

Por todo lo anterior, el Consejo de Ministros ha aprobado el abono de una contribución voluntaria a ONUSIDA por importe de 1.000.000 de euros.

Sanidad

CONTRIBUCIÓN A LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA CONTRA EL CHAGAS CONGÉNITO

La Secretaría General Iberoamericana es una organización internacional destinada a dar apoyo permanente a los 22 países miembros que participan anualmente en las Conferencias y Cumbres Iberoamericanas. Creada en 2003, tiene entre sus funciones colaborar con los Estados miembros en el diseño y gestión de los programas, proyectos e iniciativas de cooperación iberoamericana, así como realizar el seguimiento y evaluación de los mismos.

En el marco de la cooperación auspiciada por las Conferencias y Cumbres Iberoamericanas y apoyada por la Secretaría General Iberoamericana, se encuentra la Iniciativa Iberoamericana sobre Chagas Congénito, iniciativa aprobada en la XXVII Cumbre Iberoamericana Andorra 2020, destinada a comprender el nuevo escenario que se está conformando respecto a la transmisión de la enfermedad de Chagas y abordar la transmisión materno infantil, que ha venido incrementando su importancia relativa respecto a otras vías de transmisión como productora de nuevos casos.

La prevalencia de la enfermedad de Chagas en las embarazadas varía del 0,30% al 40% en América Latina. Si bien, en España, la transmisión vertical y la enfermedad de Chagas neonatal no son prevalentes en la población general, sí afecta a la población procedente de áreas endémicas en países de América Latina, así como a la población que ha vivido en estas áreas por tiempo prolongado.

La iniciativa "Ningún bebé con Chagas: el camino hacia nuevas generaciones libres de Chagas" contribuye a la eliminación de la transmisión materno infantil de la enfermedad de Chagas con acciones como:

  • Revisión y actualización de normas (legislación, regulaciones, protocolos, guías, directrices).
  • Elaboración e implementación de cursos o talleres dirigidos al personal en el primer nivel de atención, de servicios de salud sexual y reproductiva, atención prenatal y atención de la madre y el niño.
  • Capacitación para el personal de laboratorio (pruebas diagnósticas/control de calidad).
  • Identificación y conformación de una red de investigación científica para el intercambio de información sobre nuevos diagnósticos y tratamientos farmacológicos para la enfermedad de Chagas en la fase aguda y en la fase crónica inicial (asintomático) en adultos jóvenes.

Atendiendo a la relevancia de esta cuestión tanto en los estados miembros de América Latina como en España, y con el propósito de profundizar en la cooperación internacional en materia sanitaria, el Consejo de Ministros ha aprobado el abono de una contribución voluntaria a la Secretaría General Iberoamericana, para esta iniciativa, por importe de 20.000 euros.

Ciencia e Innovación

PLAN DE TRANSFERENCIA Y COLABORACIÓN: «LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD»

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de transferencia y colaboración: "La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad".

El objetivo de este Plan es fortalecer las interacciones y los flujos de conocimiento para conseguir una mayor cohesión del ecosistema de ciencia e innovación en España, así como una mayor alineación de objetivos entre el sector público y el privado.

El plan incluye una batería de 15 medidas, que movilizan un presupuesto de aproximadamente 1.200 millones de euros en 2023 y que giran en torno a tres ejes principales de actuación:

El primer eje se centra en la transferencia del conocimiento generado en el sistema público de investigación hacia las empresas, el sector público y la sociedad, a través de distintos canales como la creación de nuevas empresas, las licencias de patentes, la difusión de publicaciones o el asesoramiento científico.

El segundo eje incluye medidas para fomentar la colaboración de las empresas con las universidades, otros centros de enseñanza superior y centros públicos de investigación durante la fase de generación de conocimiento, no sólo a través de proyectos puntuales de colaboración para la innovación, sino también mediante nuevos modelos más ambiciosos de alianzas público-privadas, así como a través de la movilidad del personal investigador y la ciencia ciudadana.

El tercer eje del Plan pretende mejorar la capacitación del personal investigador, técnico y de gestión en lo relativo a la valorización del conocimiento, así como potenciar las conexiones del ecosistema, prestando especial atención al rol de los centros tecnológicos, oficinas de transferencia de conocimiento, y otros de agentes intermedios y plataformas que ayudan a la interacción de los actores del sistema de innovación. Este tercer eje del Plan es trasversal, ya que incide tanto sobre la transferencia de conocimiento como sobre la colaboración público-privada para la innovación.

BIOGRAFÍAS

Industria, Comercio y Turismo

Secretaria de estado de Turismo

Dª. ROSA ANA MORILLO RODRÍGUEZ

Nacida en Madrid en 1972. Es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, con un programa Erasmus en el University College Dublin y formación de posgrado en ESADE en las áreas de Recursos Humanos y Liderazgo.

Inició su trayectoria internacional en el año 1996 en México, desempeñando labores de consultoría tecnológica en empresas de diferentes sectores, labor que continuó en otros territorios como Francia, Reino Unido e Italia. Ha trabajado como asesora en tecnología aplicada a los recursos humanos para Société Générale Corporate & Investment Banking en su sede de París, implementando proyectos de desarrollo del talento y compensación ejecutiva.

En 2007 se incorpora al Grupo Barceló, en el puesto de jefa de Organización y Proyectos a nivel corporativo. En 2009 se incorpora a Arabella Starwood como directora corporativa de Recursos Humanos, labor que continúa hasta 2019 gestionando el periodo de adquisición de la misma por parte de Marriott International.

Desde la Dirección General de turismo del Govern de las Illes Balears, cargo que desempeña desde septiembre de 2019, ha gestionado iniciativas como la Ley de Excesos, el pacto con el sector de cruceros y la Ley de Circularidad en el Turismo, así como la pandemia COVID19, con implementación de proyectos asociados a los fondos Next Generation, tales como programas de modernización y reconversión de las zonas turísticas maduras, la creación de un HUB internacional de innovación turística y proyectos de economía circular y de sostenibilidad social, entre otros.

Miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares y miembro del CECET (Comité Ejecutivo del Consejo Español de Turismo), elaborando la Estrategia de Turismo Sostenible 2030 para España.

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