Referencia del Consejo de Ministros

SUMARIO

Presidencia

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
• REAL DECRETO por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico.
• ACUERDO por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda (EUTM-SOMALIA).

Economía y Hacienda

• REAL DECRETO LEY sobre medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
• ACUERDO por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a la puesta en marcha de un programa de financiación directa a PYMES y Autónomos antes del 15 de junio de 2010.
• ACUERDO por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a modificar la línea ICO-Liquidez 2010.
• ACUERDO por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a ampliar el destino de las inversiones financiables de la línea de vivienda de protección oficial.
• ACUERDO por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a procurar el establecimiento de acuerdos con las sociedades de garantía recíproca, tendentes a incrementar el volumen de operaciones tramitadas por éstas.
• ACUERDO por el que se remite al Parlamento Canario el Real Decreto Ley de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 37.811.353,67 euros.
• 
  ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 21.298.859,84 euros, para atender los gastos derivados de la participación de unidades militares españolas en una misión de ayuda humanitaria en la República de Haití, y se conceden créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Defensa.

Política Territorial

• ACUERDO por el que se solicita del señor Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2010, de 31 de marzo, de medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Kenia sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.
• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ayuda humanitaria de emergencia a Haití, por importe de 500.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la ayuda humanitaria de emergencia a Ucrania, por importe de 200.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza el intercambio de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para organizar el Taller que tendrá lugar en Madrid del 20 al 22 de abril de 2010, así como su aplicación provisional.

Justicia

• ACUERDO por el que se decide la entrega en extradición a las autoridades de Argentina del ciudadano nacional de Holanda Juan Alberto Poch por delitos de detención ilegal, torturas, lesiones, asesinato y amenazas.
• ACUERDOS por los que se decide la continuación del procedimiento de entrega en extradición a las autoridades de Bosnia y Herzegovina del ciudadano nacional de Montenegro Veselin Vlahovic por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
• ACUERDOS por los que se decide la continuación del procedimiento de entrega en extradición a las autoridades de Montenegro del ciudadano nacional de Montenegro Veselin Vlahovic por delitos de robo con violencia y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
• ACUERDOS por los que se decide la continuación del procedimiento de entrega en extradición a las autoridades de Serbia del ciudadano nacional de Montenegro Veselin Vlahovic por delito de asesinato.

Industria, Turismo y Comercio

• REAL DECRETO por el que se crea la Comisión Interministerial de Política Industrial y se regula su funcionamiento.
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de ayudas de cuantía superior a 12 millones de euros, correspondientes a la convocatoria de ayudas del año 2010, para la realización de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la competitividad de los sectores estratégicos industriales para el período 2010-2011, en el ámbito del sector de automoción.
• ACUERDO por el que se autoriza la modificación de la adenda al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del Programa de infraestructuras de telecomunicaciones, en el marco del Plan Avanza.
• INFORME sobre objetivos estratégicos del Plan de Política Industrial.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia por importe de 134.070 euros para la reparación de una rotura en el emisario submarino de las desalinizadoras de San Pedro del Pinatar (Murcia).
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia por importe de 256.000 euros, correspondientes a los daños producidos por un deslizamiento de ladera en el Canal Alto del Taibilla en la zona de Vizcable, en el término municipal de Nerpio (Albacete).

Sanidad y Política Social

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012.
• ACUERDO por el que se formalizan, para el ejercicio 2010, los criterios objetivos de distribución así como la distribución resultante de créditos, por importe de 26.678.500 euros, entre Comunidades Autónomas para la financiación de estrategias de salud destinados a actuaciones en seguridad del paciente, estrategias en salud, salud perinatal y sistemas de información.
• ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 2 de marzo de 2010, respecto de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se dispone la continuación de D. JORGE FUENTES MONZONÍS-VILALLONGA en sus funciones de Embajador de España en la República de Bulgaria.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Economía y Hacienda

APROBADO UN PAQUETE DE MEDIDAS DE CHOQUE PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO

• Entre ellas destacan las destinadas al impulso de la rehabilitación de viviendas, a la puesta en marcha del programa de financiación directa del ICO a PYMES y autónomos, y al fomento de las empresas de servicios energéticos
• Las medidas incidirán el impulso de la actividad empresarial, el apoyo financiero a las Pymes, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la modernización de los sectores energético y financiero
• Se trata de medidas sobre las que se ha conseguido un amplio consenso en las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios iniciadas el pasado 1 de marzo

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de nuestro tejido productivo con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía española y, con él, la creación de empleo, y de hacerlo sobre unas bases más sólidas y sostenibles, garantizando el apoyo de las instituciones públicas a ese crecimiento.

El contenido del Real Decreto Ley es el fruto de las negociaciones mantenidas por el Gobierno con los Grupos Parlamentarios en el transcurso de las últimas semanas y plasma los principales puntos de consenso sobre el documento de propuestas del Gobierno. Incorpora, además, las sugerencias de muchos de los partidos políticos.

Las medidas contenidas en este paquete legislativo se inscriben en el programa de trabajo de la Estrategia para una Economía Sostenible, presentada por el Presidente del Gobierno el pasado 2 de diciembre.

El Gobierno entiende que el Real Decreto Ley actúa sobre ámbitos en los que resulta de urgente necesidad la aprobación de reformas para afianzar la recuperación económica y favorecer la creación de empleo.

El Real Decreto Ley se estructura temáticamente en torno a seis ejes de actuación que persiguen el fomento de la rehabilitación de viviendas, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial, el apoyo a las Pymes, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la mejora del entorno regulatorio en los sectores energético y financiero.

Impulso a la rehabilitación de vivienda

Como Capítulo 1, el Real Decreto Ley incluye un conjunto de reformas destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción por la vía, fundamentalmente del impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas, contribuyendo además a la eficiencia y ahorro energético y propiciando incrementos en los niveles de empleo y actividad de un sector especialmente afectado por la crisis.

Dentro de este capítulo se incluye la creación de una nueva deducción temporal en el IRPF por las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que tengan por objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministros o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad. Permitirá deducirse el 10 por 100 de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de cuatro mil euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 euros, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 euros de base imponible. El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de doce mil euros por vivienda.

Por otra parte, se establece la aplicación de un tipo reducido de IVA para todo tipo de obras de renovación y reparación de vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. También se amplía el concepto de rehabilitación estructural, tanto en el IVA, como en el Impuesto General Indirecto Canario, a través de la definición de obras análogas y conexas a las estructurales, lo que permitirá reducir los costes fiscales de esta actividad.

Estímulos para la actividad empresarial

Otro grupo de medidas están orientadas a favorecer la actividad empresarial a partir de reformas de carácter administrativo y fiscal. Dentro de este epígrafe destaca la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir el mantenimiento de las relaciones contractuales con la Administración a las empresas que hayan solicitado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, siempre que ésta haya adquirido eficacia a través de un convenio, así como la devolución de la garantía depositada por el contratista y la cesión del contrato cuando éste no pueda garantizar su ejecución. En este mismo sentido también se modifica la Ley de Subvenciones para permitir que las empresas que se declaren voluntariamente en concurso de acreedores puedan seguir percibiéndolas.

En el plano fiscal, se modifica la normativa del IVA y del Impuesto General Indirecto Canario con el objetivo de flexibilizar los requisitos para recuperar las cuotas repercutidas del impuesto en los casos de facturas total o parcialmente incobrables; y se prorroga para 2011 y 2012 la libertad de amortización de inversiones en el Impuesto de Sociedades siempre que se mantenga el empleo.

Las reformas en este campo alcanzan también a la Ley del Suelo para poder aplicar un coeficiente corrector vinculado con los precios de mercado en la valoración del suelo agrario y para extender hasta el final de 2011 la posibilidad de aplicación de la legislación anterior en la valoración de suelos definidos como urbanizables; a la regulación de los seguros de crédito a la exportación para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito, y a las tasas aeroportuarias.

Apoyo a Pymes

Las pequeñas y medianas empresas tienen una relevancia incuestionable dentro del tejido industrial español y, por esta razón, el Gobierno las ha situado desde un primer momento en el centro de su acción política contra la crisis económica. Este nuevo paquete de medidas busca fundamentalmente introducir nuevos mecanismos de apoyo financiero y reducir las cargas administrativas en el ámbito tributario.

Para paliar los problemas de acceso al crédito, se instruye al Instituto de Crédito Oficial para que agilice los procedimientos de licitación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa de financiación directa a Pymes y autónomos de modo que esté operativo antes del 15 de junio de 2010. Además, el Real Decreto Ley flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, los FTPYME, de forma que los fondos derivados de la titulización puedan destinarse a financiar activo circulante.

En el campo de la reducción de cargas administrativas, se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para exonerar de las obligaciones de documentación respecto a las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando estas operaciones en su conjunto no superan la cuantía de cien mil euros por ejercicio. Esta exoneración no será operativa para las operaciones con paraísos fiscales.

Protección a los ciudadanos

La iniciativa aprobada hoy hace especial hincapié en la protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis. Para intentar avanzar en este objetivo se eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10 por 100 sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional, y se incrementa en un 20 por 100 adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.

Por otra parte, se establece un tipo superreducido de IVA del 4 por 100 para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas integradas dentro del Sistema Público de Autonomía y Atención a la Dependencia a través de plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de concursos administrativos. Se incluyen los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial.

La norma incluye la exención en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de 1.500 euros, de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

Medidas en el sector energético y financiero

Finalmente, el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo también incorpora actuaciones en sectores estratégicos de la economía española, como el energético y el financiero.

En el ámbito financiero, las modificaciones están orientadas a clarificar el régimen aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, con objeto de garantizar su seguridad jurídica; a reducir los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acelerar las reestructuraciones en el sector financiero, y a permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.

En lo que se refiere al sector energético, se incluyen medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar las empresas de servicios energéticos, muy relevantes para la modernización del sector, así como otras relativas a la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y a la creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico con una propuesta de tarifas 'super-valle'.

Economía y Hacienda

EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL PODRÁ CONCEDER FINANCIACIÓN DIRECTA A PYMES Y AUTÓNOMOS A PARTIR DE JUNIO

• El acuerdo forma parte de una serie de medidas para agilizar el funcionamiento del Instituto de Crédito Oficial, que se incluyen entre las que han alcanzado un amplio consenso en las negociaciones con los grupos políticos.

El Consejo de Ministros ha acordado cuatro iniciativas relacionadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que buscan agilizar su funcionamiento, mejorar el acceso de empresas y particulares al crédito y reforzar su solvencia financiera. Dichas medidas se inscriben entre las que han alcanzado un alto grado de consenso en el marco de la negociación con los grupos políticos para el impulso de la economía y el empleo.

La novedad más destacada consiste en el inicio, por parte del Instituto de Crédito Oficial, con fecha efectiva anterior al 15 de junio, de la actividad de préstamo directo a autónomos y pequeñas y medianas empresas, en operaciones de financiación tanto de inversión como de liquidez, con un importe máximo de doscientos mil euros por cliente, operaciones en las que el ICO decidirá la concesión y asumirá el riesgo de las mismas al cien por cien.

La capacidad de préstamo directo del ICO estará vigente este año y el siguiente, y los préstamos se realizarán en condiciones de mercado. Este nuevo programa será comercializado a través de una red financiera de ámbito nacional, seleccionada por concurso público. Esta red comercializadora no podrá exigir condiciones de precio o de cualquier otro tipo adicionales o diferentes de las establecidas en el programa ni, en particular, vincularlo a la contratación de otros productos o servicios ofrecidos por la entidad financiera.

Otras medidas

Las otras medidas relativas al Instituto de Crédito Oficial acordadas hoy por el Consejo de Ministros son:

• Se instruye al ICO para que incremente el volumen de reafianzamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca, de manera que se facilite y agilice la concesión de operaciones de financiación a través del sector financiero privado. Esta operativa se instrumentará a través del sistema de contragarantías de CERSA con las Sociedades de Garantía Recíproca.
• Se mejora la L ínea ICO-Liquidez para favorecer el acceso a financiación para circulante de las pequeñas y medianas empresas. El Instituto de Crédito Oficial podrá incrementar, cuando proceda, el límite máximo del 5 por 100 del riesgo de crédito compartido al 50 por 100 con las entidades de crédito, adecuándolo hasta una cifra equivalente al porcentaje medio de morosidad comunicado al Banco de España por estas entidades a cierre de ejercicio 2010, relativo al crédito a actividades productivas excluyendo construcción y actividades inmobiliarias.
• Se instruye al Instituto de Crédito Oficial para ampliar el apoyo financiero a promotores de viviendas de protección oficial cuando éstas se destinen a la venta. Dadas las dificultades de financiación de las actividades de promoción de viviendas, y con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, es necesario dotar de más herramientas al ICO para que pueda procurar también financiación para la promoción de las viviendas protegidas destinadas a la venta, y no sólo al alquiler, como ocurre en la actualidad.

Industria, Turismo y Comercio

CREADA LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL

• Coordinará la elaboración del Plan Integral de Política Industrial 2020, que contendrá las líneas maestras de una nueva política industrial dirigida a aumentar el peso de la industria en el PIB, adaptar la política industrial a los nuevos retos y oportunidades del entorno económico y asegurar la contribución de la industria a la recuperación del crecimiento y del empleo.
• La política industrial española de los próximos diez años debe combinar una orientación transversal, que busque promover la competitividad de las empresas industriales españolas, con actuaciones sectoriales en dos ejes: El apoyo de sectores estratégicos por su potencial de crecimiento y la modernización y redefinición de sectores tradicionales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial de Política Industrial y se regula su composición y funcionamiento. En la Comisión estarán representados los Departamentos cuyas actuaciones tienen incidencia sobre la política industrial y su cometido será coordinar y formular propuestas y actuaciones para el desarrollo del Plan Integral de Política Industrial 2020 y hacer un seguimiento del mismo.

La Estrategia de Economía Sostenible 2010-2020 (http://www.economiasostenible.gob.es/) incluye como iniciativa complementaria a la Ley de Economía Sostenible una serie de actuaciones sectoriales que contribuyan al impulso modernizador y dinamizador de la economía. Entre estas actuaciones se encuentra la elaboración en el año 2010 de un Plan Integral de Política Industrial 2020.

La Comisión será un órgano colegiado presidido por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Estará compuesta por los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda, de Fomento, de Educación, de Trabajo e Inmigración, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de Cultura, de Sanidad y Política Social, de Vivienda, y de Ciencia e Innovación.

Tendrá como vocales a los titulares de las Secretarías de Estado de Comercio, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Energía y de la Secretaría General de Industria, así como de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

Sus funciones serán formular el Plan Integral de Política Industrial 2020, recabar y analizar propuestas de los Departamentos ministeriales, seguir, evaluar y, en su caso, reformular el Plan.

El Plan Integral de Política Industrial 2020

Además, el Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Industria, Turismo y Comercio sobre los objetivos estructurales del Plan Integral de Política Industrial 2020. Los sectores industriales tienen una importante contribución al crecimiento y a la creación de riqueza y empleo en España, por lo que resulta determinante para el futuro de la economía española preservar su capacidad industrial y, al mismo tiempo, fomentar la mejora de su competitividad.

Entre las actuaciones sectoriales previstas en la Estrategia de Economía Sostenible se encuentra la elaboración de una nueva política industrial dirigida a aumentar el peso de la industria en el PIB, adaptar la política industrial a los nuevos retos y oportunidades del entorno económico, y asegurar la contribución de la industria a la recuperación del crecimiento y del empleo.

El sector industrial contiene los elementos que deben caracterizar el modelo económico de España:

• Internacionalización, ya que realiza cerca del 90 por 100 de las exportaciones de bienes y del 60 por ciento de las exportaciones conjuntas de bienes y servicios.
• Innovación, pues es responsable del 44 por 100 del I+D privado ejecutado en nuestra economía.
• Productividad un 10 por 100 superior a la del conjunto de la economía española.
• Empleo de calidad. La temporalidad del sector industrial es del 15 por 100, muy por debajo del 26 por 100 del conjunto de la economía y del 32 por 100 del sector privado.

Sin embargo, la industria en España representa únicamente el 15,1 por 100 del PIB, alrededor de cinco puntos menos que países como Alemania o Suecia y por debajo de la media europea (17,7 por ciento).

El Plan Integral de Política Industrial 2020 servirá de marco para encuadrar las actuaciones del Gobierno con un horizonte temporal amplio (diez años) para elevar el peso que tiene la industria en el PIB, dar estabilidad y eliminar incertidumbres entre los distintos sectores industriales. Un período prolongado de tiempo como el previsto para el Plan está en línea con los periodos de maduración largos que tienen muchas de las actuaciones que inciden en la actividad industrial, como por ejemplo las infraestructuras, la educación o la I+D.

Al margen de la colaboración entre Ministerios prevista mediante la Comisión Interministerial creada hoy, para obtener una visión integral de la problemática industrial contribuirán al Plan los agentes sociales, en el marco del Diálogo Social Reforzado; las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Industria y Energía y el Parlamento.

La política industrial española de los próximos diez años debe combinar una orientación transversal, que busque promover la competitividad de las empresas industriales españolas, con actuaciones sectoriales en dos ejes: el apoyo de sectores estratégicos por su potencial de crecimiento y la modernización y redefinición de sectores tradicionales.

Asimismo, deberá promover la consolidación y crecimiento de las pymes, propiciar el paso desde pequeña a mediana empresa, mejorar el entorno regulatorio en el que actúan, facilitar el acceso a la financiación, promover la salida al exterior en busca de mercados y fomentar la innovación y el espíritu emprendedor.

Industria, Turismo y Comercio

AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de ayudas de cuantía superior a doce millones de euros correspondientes a la convocatoria de ayudas del año 2010, para la realización de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la competitividad de los sectores estratégicos industriales en el ámbito del sector automoción.

La Comisión de Evaluación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio resolvió a finales de febrero la concesión de ayudas para 142 planes de competitividad a desarrollar durante el año 2010 por un importe total de 250 millones de euros, de los que 150 millones han sido para fabricantes y 100 millones para empresas de componentes de automoción.

Según lo previsto en la Ley General de Subvenciones, el Consejo de Ministros tiene que autorizar las ayudas públicas que superan los doce millones de euros. Debido a que algunas de las ayudas propuestas por la Comisión de Evaluación del Ministerio de Industria superan el límite mencionado, es necesaria la autorización por parte del Consejo.

El Acuerdo aprobado hoy autoriza las siguientes ayudas:

Sanidad y Política Social

APROBADO EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN GITANA 2010-2012

• Tendrá una dotación de 107 millones y abordará ocho áreas: ciudadanía e igualdad, educación, empleo, acción social, salud, vivienda, cultura y población gitana en la agenda política europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción para el desarrollo de la Población Gitana 2010-2012. Este Plan contará con una dotación de 107 millones de euros para su desarrollo.

La población gitana ha sido víctima de situaciones de desigualdad y discriminación, y aún hoy sigue siendo uno de los grupos sociales más desfavorecidos y afectados por la exclusión social. Muchas familias gitanas viven situaciones de vulnerabilidad social derivadas de la falta de acceso a recursos del Estado de Bienestar. Esta situación ha dado impulso a políticas públicas y actuaciones para facilitar su integración social, a las que hoy se suma la aprobación de este Plan de Acción.

En España, más de 700.000 personas forman la población gitana, lo que supone el 1,6 por 100 de la población española. Nuestro país es el segundo Estado de la Unión Europea donde vive un mayor número de ciudadanos gitanos. Más de doce millones de personas forman la población Roma (gitana) en Europa, lo que les convierte en la minoría étnica más numerosa en el continente. Están presentes en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Plan de Acción

El Plan se fundamentará en cinco principios rectores: igualdad, ciudadanía, participación, inclusión social y cooperación institucional. Este Plan es fruto del compromiso del Ejecutivo para impulsar el desarrollo social de la población gitana y para mejorar su situación social y sus condiciones de vida.

El Plan tiene tres objetivos generales: avanzar en diseño de estrategias y acciones concretas para mejorar la imagen de la población gitana y eliminar toda forma de discriminación; llevar a cabo actuaciones específicas en ámbitos prioritarios, e impulsar la política europea a favor de la población gitana.

A partir de estos objetivos generales se configura un marco de actuación distribuido en ocho grandes áreas:

1.- Ciudadanía, igualdad de trato y no discriminación.

2.- Educación.

3.- Empleo y actividad económica.

4.- Acción social.

5.- Salud.

6.- Vivienda.

7.- Cultura.

8.- Población gitana en la agenda política europea.

Ciudadanía y no discriminación

En este ámbito el Plan, además de la lucha contra toda forma de discriminación, prevé acciones para cambiar la imagen que la población general tiene de la población gitana y promover la participación paritaria de los hombres y las mujeres gitanas en las diferentes instituciones públicas y privadas y en los órganos de representación de la población gitana.

Educación y empleo

El Plan de Acción incidirá en la necesidad de avanzar en el acceso de este colectivo a la educación universitaria y en la lucha contra el fracaso escolar en los adolescentes. En educación primaria el acceso está normalizado, ya que más del 90 por 100 del alumnado gitano asiste a clase.

En cuanto al empleo, el Plan promueve líneas de acción prioritarias para la formación y el acceso al empleo de la población gitana, tanto por cuenta ajena, como propia. Una de las características destacables de la población gitana es su carácter emprendedor. Alrededor de un 50 por 100 trabaja por cuenta propia, mientras que casi el 50 por 100 restante son personas asalariadas. Los jóvenes, las mujeres y las personas con menor cualificación son quienes tienen más dificultades para acceder al empleo.

Sanidad

Al igual que en otras clases sociales desfavorecidas, entre la población Roma hay una mayor incidencia de enfermedades crónicas en general. Las políticas públicas tienen aquí un papel importante, porque pueden reorientarse para conseguir la equidad en salud en la comunidad gitana.

Vivienda

El Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana expresa la necesidad de diseñar una política de vivienda de integración para la comunidad gitana. El 88 por 100 de la población gitana vive en viviendas normalizadas, pero todavía persisten las diferencias con el resto de la población, tanto en la calidad de las viviendas, como en lo relativo a la situación de los barrios donde están situadas.

Mujeres

La perspectiva de género también está recogida en el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana. Las mujeres gitanas inactivas son más del 70 por 100. En casi la totalidad de las familias son las mujeres quienes se encargan del cuidado del hogar, de los niños y de las personas mayores o enfermas. En el plano educativo, y como ocurre con el resto de la población, son las jóvenes quienes obtienen mejores resultados académicos en relación con los jóvenes de su misma edad.

ESPAÑA IMPULSA POLÍTICAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN GITANA

Dentro de los actos de la Presidencia Española de la Unión Europea, esta semana se ha desarrollado en Córdoba, la Segunda Cumbre Europea sobre la Población Gitana, bajo el título "Impulsando políticas a favor de la población Roma", en el marco del Día Internacional del Pueblo Gitano. Esta Cumbre ha servido para poner en común las experiencias que se han desarrollado en los últimos años en los diferentes países con la población Roma.

La Presidencia Española de la Unión Europea impulsará el Dossier Roma para identificar las prioridades en las que hay que trabajar con el pueblo gitano en el ámbito comunitario.

Esta Segunda Cumbre Europea sobre Población Gitana se asienta sobre las bases de la primera, que se celebró en Bruselas en septiembre de 2008. Los resultados de esta Primera Cumbre se desarrollaron en la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos.

Además de estas actuaciones, España puso en marcha en 1989 el Programa de Desarrollo Gitano. En cuanto a la participación de las asociaciones gitanas en la esfera pública, se impulsó la creación en 2005 del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, así como la puesta en marcha de la Fundación Instituto de Cultura Gitana en 2007, que pretende el reconocimiento de su cultura y su contribución a la cultura española y más recientemente se ha puesto en marcha el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

También ha sido significativa la incorporación y el papel que las mujeres gitanas han venido desempeñando en los últimos años en todos los ámbitos, con su participación activa en el mercado laboral, en el asociacionismo y en el mantenimiento de los valores y la cultura gitana, como la unión familiar, la solidaridad, la libertad, etcétera.

A pesar de estos avances, es necesario que se corrijan algunos desequilibrios existentes y se busquen nuevas formas de desarrollo social. Por este motivo, el Gobierno cumple su compromiso para conseguir este objetivo aprobando hoy este Plan de Acción para el desarrollo de la población gitana.

Sanidad y Política Social

103 MILLONES PARA PROGRAMAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

• Se dedicarán a desarrollar la red de servicios sociales y atención primaria de los Ayuntamientos; a programas de atención al pueblo gitano; al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado; a la lucha contra el maltrato infantil y medidas para menores infractores en medio abierto, y al plan de acción para personas discapacitadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales, aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que se celebró el 2 de marzo.

En total se van a distribuir 103.472.850 euros, que suponen 338.000 euros más que los recursos transferidos en el año anterior. El dinero irá destinado a:

• Desarrollar la red de servicios sociales y atención primaria de los ayuntamientos (Plan Concertado).
• Programas de atención al pueblo gitano.
• Desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado.
• Programas dirigidos a la infancia: la lucha contra el maltrato infantil y medidas para menores infractores en medio abierto.
• Plan de acción para personas discapacitadas.

PLAN CONCERTADO

Está dotado con 96.174.030 euros para mantener y desarrollar la Red de servicios sociales de atención primaria, gestionada por las Corporaciones Locales.

La distribución se realizará tal y cómo se recoge en el siguiente cuadro:

PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN AL PUEBLO GITANO

Se concede un crédito de 1.065.160 euros para proyectos de intervención social que promueven el desarrollo de este pueblo.

La distribución del crédito entre las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Melilla es la siguiente:

PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO

Se destinan 150.000 euros para la realización del XIII Congreso Estatal del Voluntariado. Esta cantidad se transferirá a la Comunidad Autónoma de La Rioja como organizadora de dicho Congreso.

PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA

Dentro de ese epígrafe hay dos tipos de programas:

• Programas contra el maltrato infantil. Con un importe de 915.750 euros, estos programas tienen como objetivo mejorar el sistema de protección a la infancia en dificultad social. Son programas experimentales y de investigación, no de intervención.
• Programas de medidas para menores infractores en medio abierto. El objetivo de estos programas, para los que se conceden 3.005.060 euros, es facilitar la ejecución de medidas distintas al internamiento para las sentencias dictadas por los jueces, así como capacitar a los profesionales que trabajan con estos menores.

La distribución en euros se realizará tal y cómo se recoge en el siguiente cuadro:

PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este Plan cuenta con una dotación de 2.162.850 euros, con los que se cofinanciarán proyectos de intervención social para impulsar la autonomía de las personas con discapacidad y que se beneficien de todas las políticas en igualdad de oportunidades.

La distribución es la siguiente:

Sanidad y Política Social

SUBVENCIONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS EN SALUD

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 26.678.500 euros entre las Comunidades Autónomas para el desarrollo de proyectos relacionados con varias estrategias de salud. En concreto, los fondos irán destinados a proyectos que se lleven a cabo en las estrategias de:

Seguridad del paciente:

• Estrategias en salud, cáncer, cardiopatía isquémica, diabetes, salud mental, cuidados paliativos, ictus, EPOC y enfermedades raras.
• Salud perinatal.
• Sistemas de información para favorecer la interoperabilidad de datos en el Sistema Nacional de Salud.

La distribución de los fondos se hará de la siguiente forma:

• Seguridad del paciente: 5.000.000 euros.
• Estrategias en salud: 10.715.750 euros.
• Salud perinatal: 4.000.000 euros.
• Sistemas de información: 6.962.750 euros.

Los criterios de distribución serán los poblacionales (últimas cifras publicadas en el padrón de 2009) para los fondos destinados a seguridad del paciente y estrategias en salud. En salud perinatal, los fondos se distribuirán a las Comunidades Autónomas en función de la proporción de nacimientos en general y de la proporción de nacimientos de madre extranjera, según las últimas cifras publicadas en el Instituto Nacional de Estadística.

En el caso de los fondos destinados a sistemas de información, cerca de dos millones de euros se distribuirán de forma lineal entre todas las Comunidades Autónomas y el resto de forma proporcional a la población de cada territorio.

Reparto por Comunidades Autónomas

En materia de promoción de la seguridad de los pacientes, la distribución de los fondos por Comunidades Autónomas es la siguiente:

En materia de estrategias en salud (cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, etcétera), el reparto por Comunidades Autónomas es el siguiente:

En cuanto al reparto en materia de salud perinatal (durante el proceso de la maternidad y los momentos posteriores al nacimiento), los fondos entre Comunidades Autónomas se distribuyen de la siguiente manera:

Por último, en lo referente al desarrollo de los sistemas de información para el intercambio de datos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la distribución de los fondos entre las Comunidades Autónomas es la siguiente:

Por su tratamiento como carga asumida en el cálculo del Cupo del País Vasco y Navarra, ambas Comunidades quedan excluidas de asignación en todos estos fondos.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CARBONO

• Establece el marco jurídico necesario para el despliegue de esta tecnología de mitigación del cambio climático.
• La aplicación de esta regulación será compartida entre los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio y las Comunidades Autónomas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, con el objetivo de incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones contenidas en una Directiva comunitaria de 2009, que se adaptan a la realidad industrial, geológica y energética de nuestro país, y establecer una base jurídica para que se realice en condiciones seguras para el medioambiente.

España adjuntó, en el marco de la Unión Europea, el Paquete de Energía y Cambio Climático que establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por 100 en 2020, compromiso que se elevaría hasta un 30 por 100 en caso de que se alcance un acuerdo internacional equitativo en esta material.

Entre las opciones para alcanzar estos objetivos, la Unión Europea ha apostado por la captura y almacenamiento geológico de carbono como una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático. De acuerdo con los estudios efectuados para evaluar el impacto de la Directiva, aplicar esta tecnología podría evitar en 2030 emisiones que representan, aproximadamente, el 15 por 100 de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión Europea.

A efectos del Derecho interno español, es importante destacar que se ha decidido abordar la transposición a través de un Proyecto de Ley ad hoc, en lugar de reformar otras normas de nuestro ordenamiento, como la Ley de Minas, debido a las singulares características de la captura y almacenamiento de carbono y porque su interés se centra en contribuir a la mitigación del cambio climático mediante una técnica novedosa que exige un régimen jurídico propio, orientado fundamentalmente a garantizar la seguridad para el medio ambiente y las personas.

Regulaciones de captura y transporte

Por lo que respecta a la regulación de la captura, se considera que queda garantizada con la aplicación de la normativa sobre prevención y control integrado de la contaminación, en línea con lo previsto a nivel comunitario. El texto no contempla la regulación del transporte, cuestión que podría abordarse a través de la normativa relativa al gas natural, sin perjuicio de la sujeción de los gasoductos a evaluación de impacto ambiental.

El borrador de Anteproyecto se presentó en un acto público el 27 de julio de 2009. De forma inmediata se abrió el trámite de información pública, que se prolongó hasta el 30 de septiembre de 2009. Se recibieron un total de 24 escritos de alegaciones. El texto se remitió al Consejo de Ministros en primera lectura el 11 de diciembre de 2009. Seguidamente se envió al Consejo de Estado, que emitió dictamen el 22 de marzo, y ahora, una vez aprobado por el Gobierno, se remitirá al Congreso para comenzar su trámite parlamentario como Ley.

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

a) Regula el permiso de investigación, necesario para poder realizar una exploración con el fin de determinar la capacidad de almacenamiento de un lugar determinado. El otorgamiento del permiso de investigación corresponde a las Comunidades Autónomas, salvo que afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma o al subsuelo marino, en cuyo caso corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previo informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e informe de las Comunidades Autónomas afectadas.

b) Regula la concesión de almacenamiento, título que confiere a su titular el derecho exclusivo a almacenar CO2 en el lugar de almacenamiento. La concesión de almacenamiento la otorga, en todos los casos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previo informe del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de las Comunidades Autónomas afectadas.

c) Regula el funcionamiento del lugar de almacenamiento, incluyendo:

• Obligación de realizar un seguimiento continúo de las instalaciones de inyección y del complejo de almacenamiento por parte del titular. El plan de seguimiento se aprobará por la Comunidad Autónoma.
• Las Comunidades Autónomas establecerán un sistema de inspecciones rutinarias de las instalaciones, al menos, una vez al año.
• Obligación del titular de notificar inmediatamente las irregularidades significativas o fugas que se produzcan al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
• En caso de que se produzcan irregularidades, el titular deberá adoptar las medidas correctoras que se impongan, y si se producen fugas, adicionalmente, deberá cumplir con las obligaciones de entrega de derechos de emisión.

d) Regula el cierre del lugar de almacenamiento: una vez cerrado, el titular está obligado a sellar el lugar y retirar las instalaciones de inyección, y a seguir supervisando el lugar de almacenamiento de acuerdo con un plan de gestión posterior al cierre. El plan de gestión se aprobará por la Comunidad Autónoma.

e) Transferencia de responsabilidad:

• Se producirá la transferencia de responsabilidad sobre el lugar de almacenamiento al Estado (en particular, al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) cuando se tengan pruebas de que el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado y hayan transcurrido, al menos veinte años desde su cierre, a menos que se determine un plazo inferior por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La decisión sobre la transferencia corresponde al Consejo de Ministros.
• Se establece un fondo de seguimiento de lugares de almacenamiento de dióxido de carbono con el objeto de atender los costes de seguimiento, así como aquellos necesarios para garantizar que el CO2 permanece completamente confinado tras la transferencia de responsabilidad. Los titulares de los lugares de almacenamiento realizarán aportaciones al mismo antes de que tenga lugar la transferencia.

Defensa

SOLICITUD AL CONGRESO PARA QUE MILITARES ESPAÑOLES PARTICIPEN EN EL ADIESTRAMIENTO DE FUERZAS DE SEGURIDAD SOMALÍES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita la autorización del Congreso para la participación de militares españoles en la misión de la Unión Europea de Adiestramiento de Fuerzas de Seguridad Somalíes en Uganda (European Training Misión, EUTM-Somalia).

El contingente español se compondrá de un total de 38 efectivos, distribuidos entre la Jefatura de la Misión, la Célula de apoyo en Bruselas, el Cuartel General en Kampala y la Base de adiestramiento en Bihanda (Uganda).

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 26 de mayo de 2009 la Resolución 1872, por la que se instaba a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales y regionales a que ofreciesen asistencia técnica para el adiestramiento y equipamiento de las Fuerzas de Seguridad de Somalia.

España, como presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea y en línea con su política de apoyar la estabilidad de Somalia como primera medida para afrontar el problema de la piratería, ha impulsado desde el principio la intervención de la Unión en este ámbito. Para ello, la Unión Europea dirigirá una misión de entrenamiento de carácter militar (EUTM-Somalia), en coordinación con el Gobierno Federal de Transición somalí, la Unión Africana y, en particular, con su Misión para Somalia (AMISOM), Naciones Unidas y Estados Unidos.

La misión, cuya duración prevista es de un año, tiene como objetivo el adiestramiento de un contingente de dos mil militares repartidos en dos ciclos de adiestramiento de seis meses cada uno.

EUTM-Somalia comenzará a estar operativa el 23 de abril, para estar en pleno funcionamiento el 1 de mayo, fecha en la que se iniciaría el adiestramiento.

Política Territorial

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE EL CABANYAL

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, que sustituye y deroga un Decreto Ley ya recurrido por el Gobierno y que se refiere al barrio del Cabanyal.

El Ejecutivo ha decidido, con el informe favorable del Consejo de Estado, impugnar concretamente los artículos 1, 2 y 3, el apartado 2 de la disposición derogatoria y el segundo párrafo de la disposición final segunda de la nueva ley aprobada por el Gobierno autonómico, a fin de que se produzca la suspensión de la vigencia y aplicación de la norma recurrida.

Al igual que en el recurso anterior contra el Decreto Ley, el fundamento de esta impugnación se basa en la vulneración de las competencias que ostenta el Estado en materia de patrimonio histórico, particularmente en lo relativo a su protección contra el expolio, y en la infracción de las exigencias de seguridad jurídica, proporción y colaboración, recogidas en el texto constitucional.

Conjunto histórico

El barrio del Cabanyal tiene la consideración legal de Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, declarado en 1993 por decreto del Gobierno valenciano. Posteriormente, el Plan Especial de Reforma Interior del Cabanyal-Canyameral (PEPRI) estableció la conexión de la Avenida de Blasco Ibáñez con el frente marino de la ciudad de Valencia, lo que suponía la demolición de edificaciones en la zona.

El Ministerio de Cultura consideró el pasado mes de diciembre que el proceso de urbanización que prevé el citado Plan Especial no debería realizarse al entender que constituye un supuesto de expolio del Patrimonio Histórico Español y requirió la inmediata suspensión de todas las actuaciones relacionadas con él.

La Generalitat Valenciana aprobó el Decreto Ley 1/2010, que se justifica en la competencia que le atribuye su Estatuto de Autonomía en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone la Constitución al respecto.

El Gobierno presentó un recurso contra este Decreto Ley, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado 18 de febrero y que supuso la suspensión de la vigencia y aplicación de esta norma impugnada. Aquel Decreto Ley se ha tramitado y aprobado posteriormente por las Cortes Valencianas como ley, que es el objeto de la presente impugnación y que pretende tener un efecto retroactivo, retrotrayendo su eficacia al momento de la aprobación del Plan Especial. Los dos textos son prácticamente idénticos, salvo aspectos puntuales.

Justicia

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN DE VESELIN VLAHOVIC, PEDIDA POR BOSNIA-HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y SERBIA

El Consejo de Ministros ha acordado la continuación del procedimiento en vía judicial de la extradición de Veselin Vlahovic.

Veselin Vlahovic, nacional de Montenegro, fue detenido en Denia el 2 de marzo de 2010 con fines de extradición, en virtud de sendas órdenes internacionales de detención emitidas por las autoridades de Serbia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. Los tres procedimientos han sido incoados por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En el caso de Bosnia-Herzegovina, se le reclama por haber cometido graves delitos contra la Humanidad durante la guerra de Bosnia, entre los años 1992 y 1995, como miembro de las Fuerzas Armadas serbias de la República Srpska.

En el caso de Montenegro, se le reclama para enjuiciarle por matanzas, torturas, actos inhumanos, lesiones físicas y psíquicas, violaciones, raptos y robos contra la población civil, durante los conflictos armados en Bosnia. También se le reclama para que cumpla condena por robo.

En el caso de Serbia se le reclama para una ejecución de sentencia por asesinato.

El Consejo de Ministros ha acordado hoy la continuación en vía judicial de los tres procedimientos de extradición en sendas propuestas, al tratarse de países diferentes. El órgano judicial deberá examinar cada una por separado y determinar, en su caso, la entrega a cada país. El Gobierno, al decidir sobre la entrega, deberá determinar el orden de prelación de las mismas, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley de Extradición Pasiva.

Justicia

APROBADA LA ENTREGA EN EXTRADICIÓN A ARGENTINA DEL EX MILITAR JULIO ALBERTO POCH

El Consejo de Ministros ha aprobado la entrega en extradición a las autoridades argentinas de Julio Alberto Poch.

El Consejo de Ministros acordó la continuación del procedimiento en vía judicial el 30 de octubre de 2009; la Audiencia Nacional dictó un auto el 15 de enero de 2010 en el que consideraba procedente la extradición siempre que se recabaran las correspondientes garantías en relación con la imposición de la cadena perpetua y, recabadas estas garantías por el Ministerio de Justicia y consideradas suficientes por la Audiencia, se procede a la entrega.

Poch, que en la actualidad cuenta con la nacionalidad holandesa y trabaja como piloto en la aerolínea holandesa Transavia, fue detenido el 22 de septiembre pasado en el aeropuerto de Manises (Valencia) por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, durante una escala entre Valencia y Amsterdam.

El día 7 de octubre se recibió por vía diplomática la solicitud de extradición cursada por la embajada de Argentina, al estar Julio Alberto Poch reclamado por la justicia argentina en relación con cuatro procesos penales en los que se investigan hechos acaecidos en dicho país americano, entre los años 1976 a 1983, en los que hubo más de mil víctimas.

"Vuelos de la muerte"

Las autoridades argentinas ya habían solicitado a Holanda, a finales de 2008, la extradición de Poch, tras recoger en ese país testimonios que involucraban al ex militar en "los vuelos de la muerte" y en las operaciones de la Escuela Superior de Maquinaria de la Armada, centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura argentina, encabezada por el general Videla. Entre esos testimonios se encuentran las declaraciones de otro piloto de la compañía Transavia, que afirma que el mismo Poch le contó cómo se arrojaba a los opositores al régimen argentino desde los aviones, además de justificar ese método de exterminio.

Economía y Hacienda

FINANCIACIÓN DE GASTOS DE UNIDADES MILITARES EN MISIÓN DE AYUDA HUMANITARIA EN HAITÍ

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe de 21.298.859,84 euros, para la financiación de varios créditos extraordinarios en el Ministerio de Defensa, destinados a gastos derivados de la participación de unidades militares españolas (Unidad Militar de Emergencias y Agrupación Técnica) en una misión de ayuda humanitaria en la República de Haití, tras el terremoto que asoló el pasado 12 de enero el sureste del país.

Otras modalidades de crédito

Además, se han autorizado 37.811.353,67 euros para modificaciones de crédito con la siguiente distribución:

• 25.584.944,87 euros para financiar incorporaciones de crédito procedentes de remanentes de 2009, de los que 24.213.558,76 euros serán destinados a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, según lo previsto en la Ley que regula el fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados; y 1.371.386,11 euros para atender gastos con motivo de la preparación de la Presidencia española de la Unión Europea.
• 12.226.408,80 euros para financiar ampliaciones de crédito destinados a la cobertura de las siguientes obligaciones: 384.239,84 euros para indemnizaciones por fallecimiento y lesiones a varios participantes en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz en Kosovo, Líbano y Afganistán; 9.250.998,96 euros a subvenciones por gastos electorales correspondientes a ejercicios anteriores y 2.591.170 euros para gastos derivados de la ejecución de avales otorgados a emisiones de títulos de renta fija por fondos de titularización de activos para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA A HAITÍ Y UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se toma razón de las ayudas humanitarias de emergencia a Haití y Ucrania.

Haití

La ayuda a Haití, de 500.000 euros, responde a que el Gobierno de Haití, como consecuencia de los desastres producidos por el terremoto acaecido el 13 de enero de 2010, había solicitado ayuda de emergencia al Gobierno de España.

Como medida de apoyo para atender a la población afectada por el citado terremoto, la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha resuelto otorgar una Ayuda Humanitaria de Emergencia consistente en el envío, de material humanitario y la acogida de personal de rescate. Además, va a adquirir material de oficina, equipo de oficina y equipo de transporte de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Puerto Príncipe.

Ucrania

En cuanto a Ucrania, el Gobierno de este país como consecuencia de los numerosos casos de gripe A (H1A1) y a la vista de la gravedad de los hechos, ha realizado un llamamiento de petición de ayuda de emergencia al Gobierno de España.

Para hacer frente a la mencionada pandemia, la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha resuelto otorgar una Ayuda Humanitaria de Emergencia consistente en la compra y envío de ventiladores pulmonares artificiales y kits de detección. El gasto, con cargo a las consignaciones presupuestarias que para este fin tiene concedidas la Agencia, asciende a un importe máximo de 200.000 euros.

Industria, Turismo y Comercio

APROBADA LA NORMATIVA QUE PONE FIN AL PROBLEMA DEL DÉFICIT TARIFARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se culmina el desarrollo normativo de la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico. Con su aprobación se da un paso definitivo para poner fin al problema del déficit de ingresos en la actividad del sector eléctrico, conocido como déficit tarifario, que se viene produciendo desde el año 2000.

En mayo de 2009 el Gobierno se comprometió a poner fin al déficit tarifario en un plazo razonable de tiempo. Para ello, aprobó un Real Decreto Ley que preveía una serie de medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad económica del sector eléctrico con una aportación equilibrada de las empresas, administración y consumidores.

Desde entonces, el Gobierno ha trabajado intensamente en un largo y complejo proceso normativo, que ha incluido la creación de una Comisión Interministerial formada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Economía y Hacienda, la designación de una entidad gestora del Fondo de Titulización y la elaboración de este Real Decreto, en el que han participado activamente los agentes públicos y privados tanto del sector eléctrico como del sector financiero.

Inicio inmediato del proceso

Esta norma desarrolla los aspectos operativos y procedimentales de la cesión de los derechos de cobro al Fondo de Titulización creado al efecto, tanto los derechos de cobro acumulados, como los que se produzcan hasta el final del año 2012, momento en el cual se alcanzará la suficiencia tarifaria. El proceso de titulización del déficit tarifario se iniciará inmediatamente y estará supervisado por una Comisión Interministerial formada por los departamentos de Economía e Industria.

El Real Decreto aprobado hoy dota al sector eléctrico de la estabilidad precisa para que se liberen los recursos financieros que permitan que los agentes puedan llevar a cabo las inversiones necesarias en activos de generación eléctrica y en redes. El Gobierno velará por que el proceso de titulización se realice a un coste competitivo.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

OBRAS DE EMERGENCIA PARA REPARAR LOS DAÑOS EN EL CANAL ALTO DEL TAIBILLA (ALBACETE)

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino lleva a cabo para la reparación de los daños producidos por un deslizamiento de ladera en el Canal Alto del Taibilla en la zona de Vizcable, en el término municipal de Nervio (Albacete). El importe de estas obras es de 256.000 euros.

El Canal del Taibilla transporta el agua que se deriva en la presa de toma hasta la estación de tratamiento de agua potable de Letur. Desde la potabilizadora se abastece a un total de quince municipios que no disponen de otra fuente de suministro.

La rotura del canal se ha producido en un tramo que discurre a media ladera, como consecuencia de un deslizamiento del terreno. Inmediatamente se procedió a ejecutar una solución provisional que permitió el restablecimiento del servicio. Ahora estas obras de emergencia permitirán la reposición definitiva del canal mediante las siguientes actuaciones:

• Acondicionamiento del camino de acceso y la preparación de una plataforma de trabajo para que pueda entrar la maquinaria, así como el movimiento de tierras necesario, ladera arriba de la rotura, para llevar las tierras fuera de la zona afectada por el deslizamiento.
• Restablecimiento del tramo de canal, mediante la instalación de una tubería de acero. Esta sección se instalará en paralelo y separada unos diez metros hacia adentro de la ladera. La sección se hormigonará con un espesor mínimo de 25 cm.
• Construcción de sendas arquetas de conexión, envolviendo la sección del canal en la zona no afectada por el deslizamiento.
• Reconfiguración de los bancales que forman la ladera, de forma que quede la menor cantidad posible de material hacia ladera arriba, con el fin de disminuir el posible empuje de las tierras en el futuro.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

REPARACIÓN EN EL EMISARIO SUBMARINO DE LAS DESALINIZADORAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino lleva a cabo para reparar una rotura en el emisario submarino de las desalinizadoras de San Pedro del Pinatar, en Murcia. El importe de estas obras es de 134.070 euros.

El vertido al mar, tanto del agua de rechazo como de los efluentes tratados, procedente del lavado de filtros y membranas de las desalinizadoras de Antonio León Martínez Campos (San Pedro del Pinatar I) y San Pedro del Pinatar II, se realiza mediante un emisario submarino de 5.800 metros de longitud. Recientemente, se ha comprobado la existencia de una rotura en dicho emisario submarino provocada por el desacoplamiento de un tramo.

Para paliar esta situación se encomienda la ejecución de estas obras de emergencia para la reparación de emisario mediante la colocación de un carrete de tubería de polietileno.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO PARA ORGANIZAR EN ESPAÑA UN TALLER SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El Consejo de Ministros ha autorizado el Intercambio de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), para organizar el Taller que tendrá lugar en Madrid del 20 a 22 de abril de 2010, así como su aplicación provisional.

Durante la clausura de la 31ª sesión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC, celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, el Secretariado de la Convención anunció de manera oficial que España acogería la celebración de un Taller sobre los costes y beneficios de las opciones de adaptación del 20 al 22 de abril de 2010. Este Taller se celebrará en el marco del Programa de Trabajo de Nairobi (2005-2010) cuyo objetivo es ayudar a los países que son miembros de la Convención, en particular a los países en desarrollo, a mejorar la comprensión y evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, así como a adoptar decisiones informadas sobre actividades y medidas prácticas de adaptación para hacer frente al cambio climático con una sólida base científica, técnica y socioeconómica.

El Taller contará con la participación de representantes de los países, organizaciones relevantes, comunidades y expertos, a fin de facilitar la identificación de prácticas y medidas adecuadas de adaptación y a evitar la "mal-adaptación".

Asuntos Exteriores y de Cooperación

CONVENIO CON URUGUAY SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, único país iberoamericano con el que España no tenía convenio de traslado de personas condenadas, como consecuencia del impedimento de la legislación interna uruguaya.

El Convenio sigue los criterios del Convenio Europeo de personas condenadas de 1983 y de los convenios bilaterales celebrados por España en esta materia. Cumple un objetivo de reinserción social básico, pues permite al condenado cumplir la condena en su país de origen, de forma que se facilita la reintegración en la comunidad a la que pertenece.

El Acuerdo sigue el criterio de la nacionalidad como conexión entre la persona trasladada y el Estado de recepción. En cuanto a las condiciones para el traslado, son análogas a las recogidas en este tipo de tratados, como son la doble incriminación, consentimiento del penado, la sentencia definitiva y ejecutable, y cumplimiento de las demás disposiciones de la sentencia.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO CON KENIA Y GHANA SOBRE ACTIVIDADES REMUNERADAS DE FAMILIARES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de los Acuerdos entre el Reino de España y las Repúblicas de Kenia y de Ghana sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.

Los Acuerdos recogen y regulan jurídicamente los legítimos intereses y expectativas de los familiares dependientes de los agentes diplomáticos y consulares y de aquellos al servicio de las representaciones ante organizaciones internacionales en cuanto a actividades remuneradas se refiere. Se ha observado, en efecto, que la constante evolución de las estructuras sociales y de la mentalidad en la sociedad española de estos últimos años ha venido afectando a la figura del familiar dependiente de los agentes diplomáticos y ha configurado un tipo, distinto del tradicional, que posee una titulación académica, una preparación técnica y una experiencia laboral que desearía desarrollar mientras acompaña a su pareja en el desempeño de una misión en el exterior. Para que estas legítimas expectativas puedan traducirse en la realidad, están negociándose acuerdos como los presentes con determinados países con los que existe un interés mutuo en este campo.

Con los acuerdos han aprobado con Kenia y con Ghana, España ha ratificado acuerdos de este tipo con los siguientes veintinueve Estados: Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, Guatemala, Honduras, Israel, Kenia, Jamaica, Méjico, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Serbia, Turquía, Uruguay y Venezuela.

Industria, Turismo y Comercio

MODIFICADO EL CONVENIO DEL PLAN AVANZA CON CASTILLA-LA MANCHA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de la adenda al convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del programa de infraestructuras de telecomunicaciones en el marco del Plan Avanza.

La modificación consiste en la eliminación de la actuación "Plan de redes de telecomunicaciones", cuyo presupuesto se destina a la actuación "Plan de transición a la TDT en Castilla-La Mancha".