Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Procedemos a informarles de los principales asuntos que se han aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Seguimos adelante con el Plan de Reformas y por eso hoy se ha aprobado en este Consejo un importante paso para consolidar la solvencia y la fortaleza de nuestro sistema financiero. También, refuerzo y protección de los derechos y de la libertad a través de una mejora de la seguridad en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y también hemos dado luz verde al Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social; remarcamos así la protección singularizada que requiere el ejercicio de los derechos por parte de las personas que tienen distinta capacidad y lo hacemos también mejorando y simplificando nuestra normativa.

Muy brevemente, hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadano, que explicará ahora el ministro del Interior. Es una norma para garantizar esa seguridad a la que tenemos derechos todos los ciudadanos dentro del máximo respeto a los derechos y libertades de nuestra Constitución. Es un instrumento para garantizar el libre ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica. En este texto ganan espacio las libertades públicas, mejor reguladas y mejor protegidas.

En segundo lugar, hoy aprobamos dos normas para dotar a nuestro sector financiero de una mayor solvencia. Por un lado, un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras; pero también para acabar de culminar la trasposición de la normativa europea y armonizar toda la legislación en materia de supervisión y solvencia en entidades de crédito se inicia la tramitación de un Anteproyecto de Ley de supervisión y solvencia de las entidades, que armonizará toda la legislación y modificaciones hechas hasta la fecha. Con lo aprobado hoy, España cumple la Directiva y los Reglamentos europeos, y da respuesta a deficiencias y errores que están en el origen de la crisis que vivimos.

Por otro lado, se aprueba, como decía, una norma con carácter urgente, que permite trasponer a nuestro ordenamiento cambios normativos cuya entrada en vigor era más acuciante. Se trata de dotar a supervisores y a entidades financieras de las garantías necesarias para que operen de acuerdo con el nuevo Reglamento europeo.

En otro orden de cosas, y siguiendo esa labor también de simplificación normativa, pero de garantizar a través de mejores leyes los derechos de los ciudadanos, se aprueba el Real Decreto Legislativo que supone el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Por primera vez, se refunden en una sola norma, se armonizan y se articulan las tres principales leyes sobre discapacidad existentes en nuestro ordenamiento jurídico; además, con ello nos adaptamos a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este Real Decreto Legislativo se armonizan tres leyes: la Ley del 7 de abril de 1982, de Integración Social de las Personas con Discapacidad, la conocida como LISMI; la Ley de 2 de diciembre de 2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad; y la Ley de 26 de diciembre de 2007, de Infracciones y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Quiero destacar que España ha sido desde hace muchos años un país pionero en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y, de hecho, fue de los primeros en suscribir la Convención Internacional al respecto. Con la aprobación de este nuevo texto refundido damos un paso importante hacia esa igualdad real y efectiva, primero, porque tendremos una ley integral: se unifica toda la normativa existente en materia de los derechos de las personas con discapacidad, y se crea un marco jurídico para asegurar el pleno ejercicio de los derechos por parte de todos y la mejora del bienestar en todos los ámbitos.

Hay un reconocimiento expreso a la titularidad y a la protección de los derechos a que están obligados todos los poderes públicos. Se cambia la filosofía, se supera ese concepto asistencial de décadas pasadas que se tenía respecto a las personas que padecían algún tipo de capacidad diferente, y ahora lo que se garantiza es que su condición inexcusable de ciudadanos libres titulares de derecho pueda tener la plena efectividad y la plena operatividad.

Desde su elaboración, desde su inicio, en este texto se ha contado con una participación activa del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido como el CERMI, con lo que este texto cuenta en su elaboración con la intervención y el consenso de las principales entidades del sector. Ha sido esencial esta intervención para comprender de primera mano las dificultades y las barreras con las que todavía tienen que enfrentarse muchas personas que padecen algún tipo de capacidad diferente en España, e identificar bien sus necesidades.

La Ley se rige por los principios de respeto a la dignidad, a la vida independiente, a la igualdad de oportunidades, a la flexibilidad universal, al diálogo civil y a la transversalidad de todas las políticas. Se incluye un Título, que es novedoso en nuestro ordenamiento, dedicado a los derechos, a la protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo. Se clarifican las definiciones de discriminación por asociación y acoso. El objetivo es completar el marco jurídico en materia de prohibición de la discriminación. Se refuerza la consideración especial de la discriminación múltiple para garantizar los derechos de algunas personas que están en situaciones de acusada vulnerabilidad; estamos hablando de menores, de niños o de mujeres que padecen algún tipo de discapacidad.

Respecto del derecho a la educación, se asegura un sistema educativo inclusivo, prestando especial atención a la diversidad de las necesidades educativas que puede tener este alumnado mediante la regulación de apoyos y ajustes correspondientes.

En materia de empleo, por primera vez se regulan los tipos de empleo en los que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo: empleo ordinario, empleo protegido y empleo autónomo.

En definitiva, esta Ley es un compromiso que se tenía con el sector, un compromiso marcado por los Convenios Internacionales que hemos suscrito; pero, sobre todo, supone a partir de ahora un compromiso de futuro para trabajar coordinadamente por la plena inclusión de las personas que tienen capacidades diferentes, por el ejercicio real y efectivo de sus derechos y por cumplir, como debe ser, esta Ley y hacerla de verdad efectiva.

Por último, y muy brevemente, en la Referencia tienen un conjunto de acuerdos que se han aprobado en materia de Investigación y Desarrollo: el acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una segunda adenda al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la entidad Red.es sobre las actuaciones a realizar en el proyecto RedIris Nova, que tiene un presupuesto de 102 millones de euros, de los que Fondos Feder financia 60. Esta nueva infraestructura, la RedIris, es una red académica y de investigación española, que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Tiene una red óptica de doce mil kilómetros y cincuenta puntos de presencia.

Segundo acuerdo: se han autorizado los convenios para el desarrollo del programa de incentivos de la incorporación e intensificación de actividad investigadora entre el Ministerio de Economía y diez Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en Aragón; el acuerdo para adquirir compromisos de gasto con cargo a adquisición de equipamiento científico y técnico, con un importe total de doscientos millones de euros en ayudas: cien millones del Presupuesto 2014 y otros cien millones del de 2015.

Por último, los acuerdos necesarios para permitir la convocatoria del Programa Ramón y Cajal para la contratación de doctores en organismos de investigación.

Voy a dar la palabra al ministro del Interior para que nos explique el contenido del Anteproyecto de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.