Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consejo de Ministros

Portavoz.- Buenas tardes a todos. Paso a darles cuenta de los acuerdos de Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, y permítanme, como hago siempre, hacer una valoración política de los acontecimientos de la semana.

Empezaré diciéndoles que el próximo 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña. Ese referéndum que fue convocado en su momento, como ha recalcado el Gobierno, lo hizo sin legalidad. La Ley reguladora del referéndum y los decretos de convocatoria fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional. La Ley del referéndum fue aprobada contra la advertencia hecha por los letrados y el secretario general del Parlamento, y el aviso de inconstitucionalidad del Consell de Garantía Estatutarias, que es el supremo órgano consultivo de la Generalitat que informa sobre la constitucionalidad de las leyes.

El debate de la Ley se sustanció en seis horas, en una sesión del Parlamento que no había sido convocada con un orden del día a tal fin, en la que se silenció a la oposición y se atropellaron sus derechos a hablar, a enmendar y reclamar el informe del Consell de Garantías. La Ley, el decreto de convocatoria, el decreto de normas complementarias y la constitución de la Sindicatura Electoral fueron suspendidos inmediatamente por el Tribunal Constitucional.

Es un referéndum sin Sindicatura Electoral. El Tribunal Constitucional apercibió con multas coercitivas a la Sindicatura Electoral: doce mil euros diarios a los cinco miembros y seis mil euros a los quince miembros de zona. Renunciaron todos ellos, lo hizo público el Gobierno de la Generalidad y su renuncia fue publicada en el BOE.

Es un referéndum sin campaña electoral neutral. La Guardia Civil requisó más de 1.500.000 carteles. Aparecieron, junto a los carteles institucionales invitando al voto, los que pedían el "sí" y los propios de la CUP. La mayor parte de la prensa, sin campaña institucional, tras la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Es un referéndum sin papeletas y otra documentación oficial. La Guardia Civil ha incautado más de diez millones de papeletas, más actas de constitución de mesa, listado de votantes y acta de escrutinio. En la tarde del jueves se produjo otra requisa: más de cinco millones de sobres y 2,5 millones de papeletas.

Es un referéndum sin mesas electorales. La Guardia Civil interceptó en Unipost las notificaciones oficiales a los presidentes, vocales y miembros de las mesas. Por tanto, no hay notificación oficial de constitución de mesas electorales.

Es un referéndum sin censo oficial y sin protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos, y ante consultas recibidas por ciudadanos, ha dicho que había una posible infracción de la normativa en la que podían incurrir los integrantes de las mesas electorales, en el caso de que tratasen y cediesen datos de un denominado "censo electoral catalán", y podrían incurrir en sanciones tipificadas en la Ley con multas de cuarenta mil a trescientos mil euros.

Es un referéndum sin tarjetas censales. Nadie ha enviado tarjetas censales y nadie ha recibido tarjetas censales, en contra de lo que había prometido el señor Junqueras.

No hay administración electoral. El Gobierno cesó a su máximo responsable para intentar eludir la multa coercitiva de doce mil euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional.

Es un referéndum sin locales autorizados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un auto ordenando el cierre y precinto de los colegios electorales. Oímos que el Gobierno ha incluido entre los locales de votación hospitales y centros de atención primaria, residencias de ancianos y guarderías infantiles. En las últimas horas también hemos oído hablar de plazas públicas como lugar de votación.

Por tanto, son ejemplos, además, del caos organizativo o improvisación.

Recuerdan ustedes que el presidente Puigdemont dijo que la votación iba a ser como siempre y lo que estamos viendo es que quieren que haya una votación como sea. Pero, insisto, no habrá referéndum el 1 de octubre y no lo habrá porque, como lo ha dicho, ya no solo el Gobierno, sino la Comisión de Venecia, que es el supremo órgano del Consejo de Europa que vela por la legalidad de los procesos electorales… Lo ha dicho el secretario general de esta Comisión de Venecia, el señor Thomas Marker, el pasado miércoles 27 de septiembre: este referéndum no cumple con los estándares de su institución. El señor Marker ha subrayado que la consulta no se aviene con el código de buenas prácticas para referendos de este organismo, ya que no respeta la Constitución Española, y Marker ha considerado que Cataluña no ha seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia para ello.

Asimismo --me lo han oído ustedes muchas ocasiones--, es importante destacar, y el Gobierno lo quiere recalcar, cómo este proceso secesionista desde el principio es ilegal y está basado en actos ilegales. La obligación, por tanto, del Estado de Derecho y de todo Gobierno es impedir que pueda materializarse. La iniciativa de los secesionistas es pura, lisa y llanamente la pretensión de ruptura de nuestro país. Como el referéndum no se va a celebrar, como no va a tener efecto político alguno, esa pretensión carece de utilidad más allá de los daños, de los perjuicios y del deterioro que están provocando.

El Gobierno quiere destacar cómo los responsables de todo ello son los líderes y dirigentes políticos que lo ha provocado, los de la Generalidad de Cataluña y sus socios parlamentarios de la CUP. Ellos son los responsables y ellos son los que tendrán que responder en un Estado de Derecho.

Quiero también señalar cómo estamos en presencia de un proceso continuado de desobediencia institucional contra una democracia europea, acreditada y prestigiosa como es la española. Y este proceso acontece en pleno siglo XXI contra un Estado miembro de la Unión Europea.

Queremos recordar también cómo los responsables incurren en una muy grave deslealtad institucional, de la que sin duda responderán, del conjunto de esas actuaciones, ante los tribunales de justicia, como sucede en cualquier democracia europea, ni más ni menos. Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales de justicia.

Y esto en un momento, además, en que España está viviendo uno de los períodos más fructíferos de su historia, con estabilidad constitucional, con desarrollo económico, con modernización social, con prosperidad y bienestar.

Cataluña ha sido una parte esencial en el desarrollo del proyecto político nacional y ha podido desarrollar plenamente su sistema de autogobierno, tal y como prevé su Estatuto de Autonomía, que encuentra su reflejo en la propia Constitución Española. La lengua y la cultura catalanas han alcanzado unos niveles de florecimiento e influencia desconocidos en su historia. El desarrollo de su autogobierno por las competencias transferidas y la asignación de recursos alcanza los máximos baremos europeos. El progreso de la sociedad ha sido intenso en todos los órdenes. No hay que olvidar que España es hoy el séptimo país de la OCDE según el baremo del poder fiscal descentralizado, y el primero en intensidad de su descentralización entre los años 1995 y 2004.

Por eso, es tan desatinado, tan desproporcionado, injusto y doloroso este proceso que busca la ruptura territorial de nuestro país, impulsada por unos dirigentes secesionistas al margen de la Ley y de los procedimientos democráticos.

Como hemos recalcado desde aquí en varias ocasiones, este referéndum, esta pretensión de referéndum, va dirigido contra el pueblo catalán. Contra ese pueblo actúan quienes se arrogan en exclusiva su representatividad y coaccionan, marginan, señalan o persiguen a los que no piensan como ellos, y contra ese pueblo catalán dirigen las consecuencias negativas de sus actos. Estas consecuencias negativas dejan una secuela, y lo hemos dicho también en numerosas ocasiones: al Gobierno le preocupa la fragmentación de la sociedad catalana que, desafortunadamente, ha llegado incluso al núcleo más básico de la familia o a las amistades personales. Esta dinámica de enfrentamientos, cuyos responsables son los secesionistas, debilita la unión y la fortaleza de la estructura de la sociedad, y constituye el lamentable legado que van a dejar al pueblo de Cataluña.

Por eso, el Gobierno quiero reiterar que solo desde el pleno restablecimiento del principio de legalidad se podrá restaurar la convivencia democrática entre todos los catalanes, porque sin ley no es posible la libertad; porque las leyes no solo hacen posible y aseguran la convivencia, sino además constituyen la garantía precisa para salvaguardar nuestros derechos y libertades; y porque las leyes protegen a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, de la arbitrariedad y de los malos gobernantes. Sin leyes el poder siempre estaría en manos de los poderosos, porque las leyes obligan a todos --recalco "a todos"-- a ser cumplidas porque nadie está por encima de la Ley.

Por tanto, la convivencia y el progreso, es decir, el crecimiento, el empleo, la modernización y el bienestar, no son posibles al margen del imperio de la Ley y de las pautas del Estado de Derecho.

Todo lo que estamos viendo en estos días se dirige contra las leyes y contra la razón, y ha sido unánimemente rechazado: primero, en numerosas resoluciones ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, negándoles, por tanto, cualquier base legal; en segundo lugar, también es ilegal porque va contra el ordenamiento internacional, y especialmente el europeo. Lo ha dicho, y lo ha reiterado recientemente, el presidente del Parlamento Europeo, don Antonio Tajani: la Constitución de un país es parte del marco jurídico europeo. Quien atenta contra la Constitución de un país atenta también contra Europa, atenta también contra el Tratado de Lisboa y el artículo 5, que consagra el principio de integridad territorial de los Estados miembros. Y es público y notorio que el Gobierno español ha recibido el apoyo unánime de todas y cada una de las instituciones europeas y de todos y cada uno de los miembros que componen la Unión Europea.

También, la pretensión de celebrar un referéndum de autodeterminación choca contra todas las prácticas constitucionales de nuestro entorno. Ninguna Carta europea reconoce el derecho a la secesión. Y tampoco parece que ese derecho a la autodeterminación estuviera entre las prioridades de los dirigentes catalanes hace poco tiempo, porque el señor Puigdemont votó en contra del derecho de autodeterminación en Kurdistán o en el Sáhara, y porque, cuando en algún caso, como en el año 2014, algunos municipios catalanes, más de un centenar, quisieron poner otras urnas para ejercer también su derecho a decidir, el presidente Mas, l entonces presidente Mas, mandó a los Mossos d'Esquadra precisamente para cumplir con la Ley porque aquello era ilegal.

El Gobierno cumple, ha cumplido y cumplirá con su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, respondiendo con firmeza y siempre interesado en preservar la concordia cívica y no debilitar más el equilibrio social maltrecho por esta fractura producida por los secesionistas. Pero el Gobierno incumpliría su obligación si no denunciara la vulneración de los principios democráticos más elementales, así como los atentados contra derechos y libertades.

Todos recordamos los acontecimientos de los días 6 y 7 de septiembre en el pleno del Parlamento de Cataluña, donde se aprobaron estas leyes, luego suspendidas por el Tribunal Constitucional, y que constituyen una de las más vergonzosas páginas políticas que ha podido contemplar nuestra más reciente historia democrática.

La lección que no debemos olvidar es que allí quedó calificada y definida una forma de hacer política, ajena a los usos y comportamientos democráticos más elementales. Fueron unas actuaciones que traslucieron el espíritu de arrinconar, incluso expulsar, a todo aquel que no siguiera sumisamente los planteamientos de los secesionistas. Allí quedaron patentes su falta de cultura y convicciones democráticas, y su propensión a la ficción renunciando a la verdad. El Gobierno de Cataluña y sus socios de la CUP pretendieron en estos días de septiembre la suplantación y derogación de la legalidad democrática para imponer procedimientos anticonstitucionales.

La semana pasada les hablé del coraje cívico de los alcaldes de más de doscientos municipios que se han negado a colaborar con un referéndum ilegal y que están sufriendo el señalamiento o el acoso de las amenazas de los secesionistas. Les hablé también del hostigamiento que han sufrido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Quiero resaltar aquí que los Mossos d'Esquadra son Estado y están, por tanto, sometidos al Poder Judicial. Son la policía integral de Cataluña por delegación del Estado, vía el artículo 150.2 de la Constitución. Su obligación es ser leales al ordenamiento constitucional y estatutario, garantizando el cumplimiento de las leyes y estando como policía judicial, por tanto, al servicio de la Justicia.

Quiero volver a ponderar el trabajo que realizan estos tribunales de justicia en la defensa del cumplimiento de las leyes y quiero recordar la dignidad con que realizan sus funciones, ajenas a las coacciones y amenazas como las que ha sufrido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como también han sido señalados y acosados los negocios de particulares, o las sedes de los partidos políticos no secesionistas, o clubs deportivos, o funcionarios públicos, o periodistas, o medios de comunicación. Esto ha provocado las protestas de Reporteros sin Fronteras, que han pedido respeto al libre ejercicio del periodismo en Cataluña. Periodistas locales y corresponsales extranjeros han denunciado campañas de ciberacoso en redes sociales y presiones propagandísticas de la Generalidad.

O también el señalamiento y las represalias a los firmantes del manifiesto firmado por intelectuales de izquierda titulado "1 de octubre, la estafa antidemocrática"; señalamiento por parte de los que no admiten que se pueda tener otra forma diferente de pensar.

Y ahora, en la última semana, hemos visto cómo los grupos secesionistas también han atacado a personas muy respetables y que forman parte de la vida de todos los españoles, y pienso en Joan Manuel Serrat, precisamente por haber dicho que esto no era un referéndum transparente, por haber dicho que los procedimientos empleados en el Parlamento que pretendían oficializar la ruptura con España marginaban al resto de las fuerzas políticas y por haber dicho algo que pensamos muchos.

Lo último que quiero poner de manifiesto también es la deleznable utilización de niños en los actos propagandísticos de los grupos secesionistas. En este sentido, desde el Ministerio de Educación hemos realizado un requerimiento a la consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña ante actos como los que acabo de enumerar.

Por tanto, ante estos acontecimientos que acabo de decir, que son un desatino injusto y doloroso, quiero recordar también que para el Gobierno el balance que España, y por tanto Cataluña también, ha logrado a lo largo de estos últimos cuarenta años de democracia no puede ser más positivo. Lo digo en unas fechas en las que estamos recordando el restablecimiento de la Generalidad y el presidente Tarradellas. Hemos construido juntos nuestro edificio constitucional, que ha permitido un fructífero período histórico de paz, convivencia y libertad.

Cataluña ha tenido un sistema de autogobierno a través de un Estatuto fruto del consenso constitucional. España, y con ello Cataluña también, es un país europeo estimado en Europa, que forma parte del núcleo básico de decisiones de la Unión Europea y que ha visto culminada esa vocación europea y atlántica.

España y Cataluña han multiplicado en estos años su renta per cápita por doce, el gasto social se ha multiplicado casi por cuatro y representa hoy más del 56 por 100 del PIB en políticas sociales. Tenemos un más que estimable Estado del Bienestar, las pensiones en estos años se han multiplicado por nueve, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, somos una potencia turística de primer orden, también nos hemos convertido en una potencia exportadora --alrededor del 30 por 100 de nuestro PIB-- y tenemos unas excelentes infraestructuras.

Y somos un país, además, avanzado socialmente y solidario. Ayer mismo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el primer Pacto de Estado de esta legislatura: el Pacto de Estado contra la violencia machista; una muestra del tipo de sociedad moderna, civilizada y solidaria que entre todos hemos construido y que estamos construyendo todos estos años.

Por tanto, quiero decir con ello que el Gobierno, en el ejercicio constitucional de sus funciones, va a hacer cumplir las leyes e instar a que los procedimientos legislativos se adecúen al Derecho. Nadie está por encima de las leyes, todos somos responsables de nuestros actos y quien vulnere las leyes deberá enfrentarse a sus consecuencias.

El Gobierno defenderá el principio constitucional de soberanía nacional, que reside en la totalidad del pueblo español y no solamente en una parte de la misma. Vamos a defender la unidad constitucional de España, una unidad de ciudadanos libres e iguales de derecho. Y vamos a defender también la democracia liberal y representativa frente a los que alientan plebiscitos y eluden los controles democráticos. Defenderemos que todas las ideas puedan expresarse libremente, tanto en el seno de instituciones democráticas, como en los medios públicos, reconociendo y amparando el pluralismo político sobre el que discurre nuestra democracia.

Además de estos comentarios que quería hacerles de valoración de esta semana política, el Consejo de Ministros hoy ha tomado una serie de acuerdos.

En primer lugar, ha dado autorización al presidente del Gobierno para que presente tres recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas catalanas. Una de ellas es la Ley de la Agencia de Protección Social en Cataluña, que pretendía crear eso que denominan "estructura de Estado" para gestionar la Seguridad Social. La segunda es una ley de medidas de protección de derecho de vivienda en personas en riesgo de exclusión social; se trata de una ley en la cual --ha habido ya en otras Comunidades Autónomas-- el Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y se refiere a puntos concretos de la misma, que afectan a las competencias del Estado. Y, en tercer lugar, la Ley de voluntades digitales, en la cual el Gobierno pidió a la Generalidad de Cataluña la creación o la constitución de una comisión bilateral para llegar a un acuerdo. La comisión se ha negado y, por tanto, el Gobierno va a acudir al Tribunal Constitucional para que sea este el que resuelva.

Asimismo, el Gobierno ha acordado la no continuación en vía judicial del procedimiento de extradición pasiva del periodista de nacionalidad sueca y turca don Hamza Yalçin. Como saben ustedes, el señor Yalçin, de origen turco, fue detenido el 3 de agosto en Barcelona, en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida por un juzgado de Ankara. El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional decretó su prisión provisional, aunque ayer decretó su libertad. Turquía imputa al señor Yalçin un presunto delito de fundar o de dirigir la organización terrorista Partido Frente de Liberación Popular de Turquía.

La Ley de Extradición Pasiva y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establecen que no se concede extradición cuando la persona reclamada tenga reconocida la condición de refugiado. En dos ocasiones las autoridades suecas concedieron asilo al señor Yalçin, manteniendo el estatuto de refugiado hasta que obtuvo la nacionalidad sueca en el año 2006. Por tanto, en virtud de lo expuesto, el Gobierno ha acordado la no continuación de la vía judicial del procedimiento de extradición y, por tanto, no extraditará al señor Yalçin, tal y como le había solicitado el Gobierno turco.

Asimismo, el Gobierno ha procedido hoy a distintos nombramientos: embajadora de España en la República Togolesa, doña Alicia Rico Pérez del Pulgar; embajador de España en la Unión de las Comores, a don Carlos Fernández-Arias Minuesa, y embajador de España en la Commonwealth de las Bahamas, a don Josep María Bosch Bessa. Se trata de embajadores que tienen acreditación múltiple.

Además, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe que ha elaborado el ministro de Asuntos Exteriores sobre la situación política en Europa. Ha escuchado su intervención en relación con las negociaciones del "Brexit" después del reciente discurso de la primera ministra May en Florencia. El Consejo de Ministros, como saben ustedes, valora muy positivamente la labor que está llevando a cabo el encargado, el negociador, por la Unión Europea, don Michel Barnier, y mantiene que la postura de la Unión Europea es la correcta: primero, ver cuáles son las condiciones de salida del Reino Unido. Saben ustedes que hay un procedimiento que se inició el pasado mes de marzo y el artículo 50 del Tratado establece dos años para llevarlo a cabo. La posición de la Unión Europea, detrás del señor Barnier, es la de, primero, negociar las condiciones de salida y, luego, establecer cuáles son las relaciones en el futuro entre la Unión Europea y Gran Bretaña.

Asimismo, también ha dado un repaso a las recientes manifestaciones e intervenciones de corte europeo en Alemania o en Francia, de la canciller Merkel o el presidente de la República Francesa. España forma parte del núcleo duro de la integración europea, cree que ha llegado el momento de dar una respuesta en Europa a las necesidades reales de los ciudadanos y cree que es necesario también mejorar y profundizar en la integración europea. Ha habido varios documentos que el Gobierno de España ha elaborado en los últimos años referidos a la Unión Económica y Monetaria o a la Unión Política. Hay sobre la mesa propuestas que nos parecen interesantes, como las listas transeuropeas o la reducción de la Comisión.

En todo caso, España manifiesta, una vez más, su plena disponibilidad a contribuir activamente en este proceso de construcción europea, que era una de las grandes vocaciones de los constituyentes en 1978 y continúa estando en el primer punto de las preocupaciones del Gobierno y de las ocupaciones del Gobierno, con la voluntad de que Europa siga siendo --fue en el siglo pasado la más hermosa utopía-- la más hermosa utopía también del siglo XXI.

Con esto doy por explicados los acuerdos del Consejo de Ministros y estoy a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacerme.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)