Intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a exponerles los principales asuntos abordados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Economía, porque hoy ha informado el cuadro macro para los años 2016 y 2017 que, como saben, es el documento que sirve de base a la elaboración de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y del límite de gasto no financiero, el conocido como "techo de gasto", y, por tanto, el que sirve de base para la elaboración de los Presupuestos del Estado para el año 2017. Por tanto, se trata este informe de un primer paso que puede darse de cara a esa aprobación.

Según estos datos, la economía española encadenará cuatro años de crecimiento económico y de creación de empleo, después de haber sufrido la recesión más profunda en nuestra historia moderna. Son unas previsiones, que ahora explicará el Ministro, prudentes, como solemos hacer en estos ámbitos, pero que nos permitirán ir avanzando en lo que es el objetivo fundamental de este Gobierno, que es la creación de empleo y acercarnos a la cifra de veinte millones de ocupados para el año 2019.

En segundo lugar, les informo de que el Gobierno ha aprobado un Acuerdo por el que se plantea incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional frente a la resolución aprobada el pasado miércoles por algunos Grupos Parlamentarios en el Parlament de Cataluña. Esta resolución incumple claramente el orden constitucional y es una vulneración flagrante del Estado de Derecho, por cuanto desobedece las decisiones del Tribunal Constitucional; una desobediencia que el Alto Tribunal ya advirtió en su auto del 19 de julio de este año, que suponía un incidente de ejecución por incumplimiento de la sentencia del 2 de diciembre de 2015.

Sin perjuicio de que ahora expondré el contenido de ese incidente, me gustaría hacer alguna reflexión de naturaleza política. No estamos sólo ante un desafío institucional, estamos también ante un desacato ante el Tribunal Constitucional y de nuestro Estado de Derecho. Es una vulneración de nuestra Constitución, pero también de lo dictado por su máximo intérprete. Supone colocar a una institución y a sus miembros por encima de la voluntad democrática del conjunto de la nación, que se expresa en su Constitución y la interpretación que de la misma hace el Tribunal Constitucional.

Por eso, el Gobierno ha acordado presentar un nuevo incidente de ejecución en el que solicitamos una serie de cuestiones. Por ser lo más rigurosa posible, voy a hacerles un esquema de lo que el Gobierno pide al Tribunal Constitucional.

En primer lugar, pedimos que declare nula y, por tanto, sin efecto jurídico alguno la resolución 263/XI, de 27 de julio, porque contraviene lo ordenado por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2015 y el auto del 19 de julio de 2016; en segundo lugar, pedimos su suspensión inmediata y, en tercer lugar, pedimos una serie de medidas para hacer efectivo el cumplimiento de esta sentencia, del auto del 19 de julio y de las posteriores decisiones que pueda aprobar el Tribunal, y son las siguientes:

• En primer lugar, que se requiera personalmente a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, la señora Carmen Forcadell i Lluís, a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y a su secretario general, el señor don Pere Sol i Ordís, para que se abstengan de la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a la citada resolución, así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que tenga por objeto ignorar o eludir la sentencia o el auto del Tribunal Constitucional, apercibiéndoles de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir. Es decir, que se les requiera personalmente para que se abstengan de alguna actuación que pudiera suponer vulnerar las decisiones del Tribunal Constitucional.
• En segundo lugar, que se imponga personalmente a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña, a su Mesa y al secretario general del Parlamento la prohibición expresa de convocar a los órganos del Parlamento para debatir y votar ninguna iniciativa que, directa o indirectamente, pueda dar cumplimiento a la resolución impugnada.
• En tercer lugar, que se imponga personalmente al presidente de la Generalitat, el señor Carles Puigdemont i Casamajó, y a cualquiera de los miembros de su Consejo de Gobierno la prohibición de tramitar propuesta legislativa, de dictar norma de rango reglamentario o de llevar a cabo cualquier iniciativa de soporte jurídico o material que, directa o indirectamente, pueda servir para dar cumplimiento a la resolución impugnada; todo ello, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso penales, en que pudieran incurrir.

Que en esos requerimientos, además, se les advierta de la aplicación, en caso de incumplimiento, de alguna de las medidas, o de todas ellas, previstas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que son: imposición de una multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado; suspensión de sus funciones durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Alto Tribunal y deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudieran corresponder.

Es decir, en primer lugar, la nulidad de la resolución y su suspensión inmediata; en segundo lugar, la advertencia o requerimiento personal a todas estas personalidades y miembros de instituciones catalanas para que se abstengan de cualquier medida que pudiera ser objeto o que pudiera dar cumplimiento a la misma; y la tercera cuestión que pedimos es que proceda ya el Tribunal a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña por incumplir el mandato de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según el cual todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva, en relación con el auto del 19 de julio de 2016, al someter a votación la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlamento de Cataluña el debate y votación de las conclusiones de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente y por someter a debate la votación y las mencionadas cuestiones.

Esto en lo que afecta al contenido de la petición.

Sobre este punto, saben que el Gobierno ha actuado buscando una triple tarea: en primer lugar, buscar la unidad de los demócratas. El presidente del Gobierno habló el mismo miércoles con el líder del Partido Socialista, con el señor Pedro Sánchez; con el líder de Ciudadanos, señor Albert Rivera, y con el líder de Podemos, el señor Pablo Iglesias. Hoy lo estará haciendo, o lo habrá hecho ya, para explicarles el contenido del incidente de acuerdo con el informe de la Abogacía General del Estado.

En segundo lugar, el Gobierno siempre ha actuado con la máxima voluntad política de defender el marco de convivencia y el Estado de Derecho, porque nadie puede haber por encima de la Ley, porque esto sería tanto entender que unos españoles están por encima de otros y romper el principio de igualdad. Nuestra obligación es preservar la Ley y, con ella, la igualdad de todos los españoles.

En tercer lugar, disponemos de instrumentos jurídicos para llevarlos a cabo y los utilizamos de manera razonable y proporcionada; pero también siendo muy conscientes de que la primera obligación de un Gobierno y la primera obligación de los poderes públicos es que se respeten la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

En otro orden de cuestiones, quería informarles de algunos otros asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros, que ha sido bastante amplio.

Aprobamos un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto de jornadas especiales de trabajo en materia de trabajo nocturno. Lo que hacemos es adecuar mejor nuestro Derecho al Derecho Comunitario, especialmente la Directiva 2003/88, del año 2003, que no fue bien traspuesta. Hay un dictamen motivado de la Comisión Europea del año 2014 que concluye que España no había traspuesto el límite absoluto de ocho horas para el trabajo nocturno que implique riesgos especiales o tensiones importantes, previsto en la Directiva.

Hasta ahora, en cualquier trabajo nocturno se establecía un límite de ocho horas diarias de trabajo, si bien el promedio de cómputo era en quince días; es decir, ocho horas por quince días era lo que había que respetar de trabajo nocturno. Esa Directiva traspuesta de esta manera no se hizo bien en el año 2003 y lo que hacemos es adecuarlo a los estrictos términos del Derecho Comunitario: en aquellos trabajos que sean de especial riesgo o de tensión importante, se computará día a día; no se puede trabajar más de ocho horas de trabajo nocturno en el cómputo diario y no en el cómputo de quince días. Sólo hay dos excepciones a este límite máximo de ocho horas: que resulte necesario para reparar o para prevenir siniestros u otros daños urgentes importantes; o, en segundo lugar, que haya irregularidades en los turnos de las empresas que no sean imputable a las mismas.

También hoy hemos aprobado un Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. De esta manera, se garantizan la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional de los estudiantes que a partir del año que viene se examinen con los nuevos currículos establecidos en la LOMCE, tanto para la obtención del título de Bachillerato, como para el acceso a la Universidad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determina el marco general de la prueba, las características, el diseño y los contenidos; es decir, el marco común de las pruebas. Los alumnos se examinarán de las materias troncales, dos materias opcionales y una materia de las específicas, a elección, en estos últimos casos, de los estudiantes. El Real Decreto también regula el acceso a la FP, la Formación Profesional, y resuelve situaciones transitorias de paso de uno u otro sistema.

Estas evaluaciones finales serán realizadas por las comisiones organizadas por las Comunidades Autónomas, que son responsables de la aplicación material de las pruebas, incluyendo su elaboración, fijación de los tribunales, fechas y lugares, así como reclamaciones. Serán aplicadas las pruebas por profesores del sistema público español y los equipos directivos y el profesorado de los centros participarán en su realización.

La nota final del examen se determina con un 70 por 100 de la media de las asignaturas cursadas en el Bachillerato y un 30 por 100 de la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria. En el Bachillerato, se fijará un 60 por 100 de la media de las asignaturas cursadas y un 40 por 100 de la evaluación.

Quiero, además, destacar que en la mayoría de los países de la OCDE y de la Unión Europea existe una prueba externa y estandarizada al final de las etapas educativas; es el caso de Finlandia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos o Portugal. De hecho, dos de cada tres alumnos de los países más desarrollados del mundo se encuentran en sistemas educativos que llevan a cabo alguna prueba de similar naturaleza.

También hemos aprobado dos decisiones económicas importantes: de un lado, incrementar los límites para posibilitar compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios presupuestarios para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pueda compensar intereses de préstamos a los armadores de la construcción naval. Estos compromisos de gastos ascienden a 505 millones de euros hasta 2035, lo que supone 229,9 millones de euros más de la cuantía inicialmente autorizada por Consejo de Ministros en el año 2012.

Hay que recordar que las actuaciones con las que el Ministerio apoya al sector de la construcción naval tienen como objetivo fomentar la contratación de buques en nuestros astilleros mediante facilidades crediticias en condiciones OCDE, así como mejorar la competitividad de estos astilleros a través de medidas y proyectos de I+D+i. Con esta modificación de techos, garantizamos la continuidad de esta medida de apoyo financiero para las nuevas contrataciones en los próximos años del sector. Tienen que hacerse ahora porque, como saben, son medidas que se desarrollan en el medio y en el largo plazo.

Por último, hemos autorizado una adenda al convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO), para la ejecución de los planes de seguros agrarios para el año 2016. Lo que hacemos es incrementar en quince millones de euros el límite máximo de gasto asignado a dicho convenio, porque ha habido una mayor suscripción de seguros en los términos del Seguro Agrario. Para ello, el nuevo límite de gasto se establece de esta forma en más de 226 millones de euros. Respondemos, así, a las necesidades de un sector que, en un otoño especialmente seco, un invierno muy cálido y un volumen de cosecha muy importante para los cultivos herbáceos, ha inducido una mayor percepción de riesgo en nuestros agricultores y ganaderos, que han confiado más que nunca en el sistema español de seguros agrarios y que han incrementado un 22 por 100 la contratación.

Por primera vez en la historia de nuestro seguro agrario se van a superar los doce mil millones de euros de capital asegurado. Como saben, el sistema de seguros agrarios combinados en un pilar fundamental de la política agraria en España, que permite garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, contribuye al mantenimiento de la producción final agraria y confía una mayor competitividad al sector agrario para hacer frente a los retos a los que se enfrenta en la actualidad.