Intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido abordados hoy en el Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros en el que, además, mientras se estaba produciendo, se han conocido dos noticias importantes, que marcan lo que es la situación de nuestra economía en este momento. En primer lugar, y así ha sido comentado por el Ministerio de Economía, el avance publicado por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre sobre el crecimiento del PIB: un 0,8 por 100 en comparación con el trimestre anterior. Son ya diez trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interior Bruto. Podemos decir que, en tasa anual, el Producto Interior Bruto registró el crecimiento más elevado desde el cuarto trimestre de 2007, 3,5 por 100, lo cual sitúa el promedio de crecimiento anual en el año 2015 en el 3,2 por 100, sólo marginalmente inferior al previsto por el Gobierno.

Además, se ha publicado el IPC adelantado de enero, que recogió una caída de precios del 0,3 por 100 anual. Casi tenemos ya desde hace dos años y medio un diferencial favorable de casi un punto porcentual con la principal economía del euro y la más competitiva, que es Alemania. Esto tiene un efecto muy claro en el poder adquisitivo de salarios y pensiones.

A estas cifras se suman las conocidas ayer de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre, con el resultado histórico del mayor descenso del desempleo, 678.000 parados menos, y la mayor caída de paro juvenil de la historia. Junto a ello, se ha logrado una creación de empleo en el año pasado superior al medio millón de personas.

Éste ha sido, por tanto, uno de los elementos clave del Consejo de Ministros de hoy: el análisis de estas cifras que hemos conocido y que ponen de manifiesto cómo la Legislatura pasada, que ha sido la Legislatura más reformista de la historia democrática de nuestro país, se está saldando en términos muy positivos de crecimiento económico y de creación de empleo para España.

En segundo lugar, me acompaña la ministra de Fomento, porque ha presentado un informe sobre política de infraestructuras, transporte y vivienda, donde se destaca cómo esta actividad genera 1,3 millones de empleos en España y aporta el 16 por 100 de ese Producto Interior Bruto que, como sabemos, está creciendo a este ritmo casi sin precedentes en las economías de nuestro entorno.

En tercer lugar, y también muy importante, el Consejo de Ministros ha elevado un informe sobre el análisis provisional de los daños producidos en la Ciudad Autónoma de Melilla como consecuencia del seísmo registrado el 25 de enero de 2016. Se trata de una evaluación provisional de los daños, teniendo en cuenta los que nos ha remitido la Delegación del Gobierno en Melilla, y que culminará, probablemente, en la firma de un protocolo entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno para paliar los daños producidos.

Como saben, la misma mañana del seísmo se constituyó un gabinete de crisis en el servicio 112 de Melilla desde el que se está informando a los ciudadanos en todo momento sobre el suceso y sobre las medidas de prevención para disminuir los riesgos. Podemos decir que no ha habido daños personales graves como consecuencia directa del seísmo, si bien veintiséis personas recibieron alguna atención por daños leves: crisis de ansiedad, cortes y otras lesiones menores.

Debido a los daños materiales en algunos edificios de la Ciudad Autónoma, fue necesario desalojar cincuenta personas de once viviendas, que han sido realojadas y atendidas por los servicios sociales de la ciudad.

Una valoración --y estoy hablando de una valoración provisional, que falta por confirmar-- facilitada por la Delegación del Gobierno eleva a 11,9 millones de euros los daños causados, distribuidos en inmuebles y en instalaciones de titularidad pública, incluidos colegios y centros públicos de infantil y primaria --el ministro de Educación ha informado de que ya se ha trasladado el director correspondiente a la Ciudad de Melilla para proceder a la reparación inmediata de los mismos--; también, inmuebles de particulares, locales y viviendas, y organismos del Estado, así como gastos de emergencia, ayudas sociales urgentes o pérdidas de actividades comerciales, entre otras.

Hasta el momento se han realizado cuatrocientas inspecciones de inmuebles por técnicos en edificación, en coordinación con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Además, once militares especialistas en reconocimiento y valoración de infraestructuras se han desplazado a la zona, y tres vehículos especialistas.

Estamos, por tanto, ante un informe provisional. El Ministerio de Fomento, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior están trabajando con el Ministerio de Hacienda para completar esta evaluación y determinar las fórmulas jurídicas y presupuestarias necesarias para paliar todos estos daños. En lo que trabajamos es en la elaboración de un protocolo con la Ciudad Autónoma de Melilla que les dé cobertura a las distintas actuaciones que podemos realizar de modo inminente y urgente para paliar estos daños y recobrar la máxima normalidad en la Ciudad Autónoma de Melilla después del seísmo.

También, como continuación del informe que se presentó la semana pasada en relación con distintas actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat de Cataluña o por el Parlament, les informo de dos cuestiones: en primer lugar, el Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se pide al Consejo de Estado, a la Comisión Permanente, que remita un informe urgente para plantear conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la creación, denominación y ámbito de competencias del llamado Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, en lo que afecta al aspecto de Asuntos Exteriores.

Se considera, en términos generales, que los preceptos que se van a impugnar vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, que reserva la Constitución; en los términos, además, que han sido muy aquilatados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha identificado como alguno de los elementos esenciales que conforman ese contenido de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales los relativos a la celebración de tratados, la representación exterior del Estado, la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional del Estado. De este modo, corresponde al propio Estado la facultad de ordenar la actuación de distintos órganos y administraciones en la ejecución de la política exterior, algo que se está realizando a través de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, que se ha vulnerado también, entendemos, por las normas de la Generalitat.

La creación de este Departamento y la creación de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, y la asignación de funciones a la misma, vienen a reproducir algunas de las contravenciones a la Constitución y a las normas que la desarrollan, establecidas o ya vulneradas en la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea, que, como saben, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad. Además, debe verse en un contexto que se vincula con el proceso soberanista y con la finalidad declarada por el presidente de la Generalitat en su Debate de Investidura de internacionalización del proceso.

La propia denominación del Departamento contiene una expresión equívoca, como es la relativa a Asuntos Exteriores. Aquí no se habla de acción exterior de la Generalitat, sino de "Asuntos Exteriores", incorporando en sus funciones las relativas a las relaciones exteriores. Además, debe destacarse que el Decreto 170/2014, que regula la representación permanente ante la Unión Europea, la llamada REPER, propia de Cataluña, no puede enmarcarse dentro de lo que es la acción exterior o la proyección exterior de una Comunidad Autónoma, excede ese ámbito e invade las relaciones internacionales que competen al Estado. Además, se omite cualquier tipo de referencia a la coordinación de la acción exterior con el Gobierno de la nación, que es a quien le corresponde la titularidad de esta materia.

También, el Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno que plantee --esto en segundo lugar-- ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia en relación con la adopción de las medidas necesarias ante el incumplimiento de la sentencia que el Tribunal dictó el 2 de diciembre de 2015, y, en particular, la declaración de nulidad de la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña que crea comisiones parlamentarias en lo referente a la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente. Como saben, el Parlament de Cataluña creó una comisión de estudios del llamado proceso constituyente y lo que ahora hacemos es que el presidente del Gobierno pide que se abra ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia ligado a la declaración de nulidad de la conocida como "Declaración de Independencia", esa declaración de secesión.

Pues bien, el Parlamento otorga a la citada comisión la naturaleza de comisión de estudios, pero el objeto y contenido de la misma infringe el orden constitucional y, en particular, esa sentencia 295/2015, que la declaró inconstitucional y nula.

Por tanto, se impugna dicha creación conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque la creación de una comisión de estudio de un proceso constituyente tiene efectos jurídicos inmediatos y, en segundo lugar, porque la creación de esa comisión implica introducir en el ordenamiento jurídico, con apariencia de validez, un objeto específico, la apertura de un proceso constituyente al margen de la Constitución, lo cual es contrario a la norma constitucional y, sobre todo, vulnera la declaración de inconstitucionalidad, a nuestro juicio, que hizo el Tribunal Constitucional de una manera explícita.

No se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso constituyente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Este sería el resumen.

Se ha optado por la vía del incidente de ejecución, en la medida en que es la forma que pone de una manera más clara y de relieve que la impugnación no se dirige contra actividades preparatorias por parte de un Legislativo y de un Ejecutivo, sino contra una resolución que configura, entre las distintas alternativas posibles, como objeto de la comisión de estudio la apertura de un proceso constituyente en Cataluña. Como digo, esa apertura ha sido declarada ya inconstitucional y, por tanto, entendemos que hay una voluntad deliberada de incumplimiento de ese pronunciamiento e instamos el incidente de ejecución de sentencias para que sea declarada nula.

En otro orden de cuestiones, y sin perjuicio de que tendrán ustedes un amplio detalle en la Referencia del Consejo de Ministros, les informo de que se han adoptado veintiún acuerdos por los que se determina la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los últimos veintiún títulos universitarios que estaban pendientes de completar. Hay 140 en el Catálogo de Títulos Universitarios oficiales y con los veintiuno de hoy se finaliza la correspondencia de las 140 titulaciones universitarias oficiales presentes en el Catálogo con anterioridad a la adopción del Acuerdo de Bolonia, entre el 1 de enero de 2015 y el 29 de enero de 2016. Para su tramitación se ha contado con el informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y del Consejo de Universidades, trámite de información pública y la máxima publicidad y transparencia.

Por último, el Consejo de Ministros ha acordado la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Solidaridad Social a la asociación Plena Inclusión, a la organización Plataforma del Tercer Sector, a la Asociación Valenciana de Caridad y al Grupo Empresarial Ilunión. Este es un reconocimiento que se concede a las personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido de modo extraordinario en la promoción de actividades o servicios relacionados con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social.

La primera de ellas, Plena Inclusión, es una entidad que facilita la realización de proyectos vitales de personas que tienen alguna discapacidad intelectual o del desarrollo y de su familia. Se reconoce su labor social y el trabajo asociativo institucional durante más de cincuenta años.

La segunda, la Plataforma del Tercer Sector, está compuesta por las siete organizaciones más representativas con carácter social, trabajan más de seiscientas mil personas y cuentan con más de un millón de voluntarios para apoyar a cerca de cinco millones de personas en situación de vulnerabilidad.

La tercera, la Asociación Valenciana de Caridad, lleva desde el año 1906 atendiendo a personas sin recursos con servicios de comedores sociales, albergues, centros de día, escuelas infantiles… Se reconoce, por tanto, su trayectoria histórica.

Por último, Ilunión es un grupo empresarial cuyo objeto social es la creación de empleo para personas que tienen alguna capacidad diferente. Cuenta con una plantilla de 32.000 trabajadores, de los cuales el 34 por 100 son personas, como digo, que tienen alguna capacidad distinta.