Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada el día de hoy, 21 de julio, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Antes de ello, y como viene siendo habitual, haré una valoración política de los asuntos más destacados de la semana.

En primer lugar, me quiero referir a la visita que el presidente del Gobierno, acompañado de la ministra de Defensa, ha girado a las tropas españolas desplegadas en Estonia y Letonia. Ha querido el presidente del Gobierno conocer de primera mano las labores que desarrollan el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire, y las operaciones en el mando de la OTAN, tanto en la base aérea de Ämari, como en las unidades acorazadas que están en la denominada "Presencia Avanzada Reforzada" dentro de la política de disuasión y defensa de la OTAN.

El presidente del Gobierno ha querido con esta visita respaldar la labor de tropas españolas que operan en ambos países con la misión de proteger y reforzar su espacio aéreo de acuerdo con los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN. Como recordaran ustedes, los pasados 8 y 9 de julio, en Varsovia, se tomaron una serie de medidas importantes motivadas por la nueva situación en Rusia o en Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la inestabilidad en el norte de África y Oriente Medio. Para responder a estos retos, la OTAN se ha convertido en una alianza de 360º, con arreglo a dos objetivos estratégicos fundamentales: defender, en primer lugar, la seguridad de los países miembros de la Alianza y participar en la estabilización de las regiones volátiles que influyen en la seguridad o en la inseguridad occidental.

Esta presencia del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa engarza con el compromiso de la Cumbre de Cardiff en el año 2014 por el que todos los países miembros, y también España, se comprometieron a aumentar el gasto de Defensa hasta el 2 por 100 del PIB en el año 2025; y también en esta línea que está adoptando la Unión Europea de integrar la política de seguridad y defensa en el proyecto europeo, uno de los pilares más importantes que, en mi opinión, va a tener desarrollo, y desarrollo decisivo, en los próximos años.

Asimismo, durante esta semana hemos ido conociendo nuevos datos económicos que confirman la fortaleza de la economía española. Ayer, y hoy también, la prima de riesgo baja de los cien puntos básicos por primera vez en el año 2017. Ya están muy lejos aquellos tiempos de julio del año 2012 cuando la prima de riesgo alcanzó 670 puntos básicos en relación con el bono alemán; hoy estamos en noventa y tantos, 93 puntos básicos. La prima de riesgo es importante, porque es el sobrecoste que exigen los mercados por comprar los bonos españoles en vez de otros bonos más seguros. Por tanto, hace unos meses, en febrero, estábamos en 157 puntos básicos, hoy estamos en 93 y eso significa que, para los inversores, España es un país de confianza, un país estable, un país donde las reformas funcionan y un país que tiene futuro.

En esa misma línea de futuro, el Fondo Monetario Internacional publicó este martes su informe anual sobre la economía española. Se refirió a las reformas emprendidas por nuestro país, que son las que han hecho que España lidere el crecimiento económico en la zona euro y también la que cree más empleo en la zona euro.

Igualmente, otras noticias que hemos conocido esta semana: datos de créditos dudosos -fuente, Banco de España--: la morosidad en el mes de mayo se ha situado a niveles de abril de 2012; las empresas exportadoras mejoran también sus expectativas sobre la evolución de la cartera de pedidos; ésta es una información del Indicador Sintético de Actividad Exportadora. Es decir, no es que estemos exportando más ahora, sino que la previsión hacia el futuro también es halagüeña.

Récord de contratos de trabajo. Se han firmado en España hasta el mes de mayo más de 10,5 millones de contratos de trabajo, el mejor registro de la serie histórica que se remonta a 1995. Ayer, la ministra de Empleo y Seguridad Social anunció que España contará en este año con 837 millones de euros más para el Programa de Garantía Juvenil. Por tanto, estamos hablando de una cantidad muy importante para motivar el empleo entre los jóvenes, que ha bajado en España en quince puntos en el último año, lo que supone más de un millón de personas menores de veinticinco años que están en el mercado laboral.

Hemos conocido también una fuerte reducción de la deuda privada en el año 2016 y se ha incrementado también la inversión productiva de las empresas: en el año 2016 se cerró en el 13,4 por 100 del PIB, que es el mayor nivel desde el año 2008.

En línea con esta batería de buenas noticias, hay un fuerte incremento de actividad en el sector exterior, que creció en mayo casi un 8 por 100; un fuerte incremento de la cifra de negocios de la industria y también de los pedidos, es decir, de las expectativas, y aumenta nuevamente la confianza empresarial. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado ha subido en el tercer trimestre del año un 2 por 100 con relación al segundo.

Y también los servicios de estudios de las grandes instituciones incrementan la previsión de crecimiento para este año 2017 respecto a la del Gobierno, que, como saben ustedes, es del 3 por 100. El Gobierno previó al principio un 2,5 por 100 del PIB, lo subió al 2,7 por 100 y en julio, al 3 por 100. Pues bien, las grandes firmas, las grandes empresas, los servicios de estudios de las mismas, prevén que, si continuamos así, en la línea de reformas y con los datos que tenemos, es posible que aun aumente ese 3 por 100 que está sobre la mesa del Gobierno.

Un nuevo dato de hoy mismo: las exportaciones españolas registran un nuevo máximo histórico en los primeros cinco meses del año: han aumentado casi un 11 por 100 sobre el mismo período del año anterior. Y el dato de España -esto es muy importante-- se sitúa por encima de Alemania, que está en el 7,2 por 100; Francia, en el 3,6 por 100; Italia, en el 8 por 100 y también Estados Unidos, que no llega al 7 por 100; China, al 4,5 por 100 o Japón. Por lo tanto, también lideramos, en este capítulo tan importante para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y nuestra balanza de pagos, como son las exportaciones.

En definitiva, avanza ese crecimiento integrador. Todos estos datos subrayan que, tanto las familias, como las empresas están mejorando su situación económica, y con todo ello, como he dicho en numerosas ocasiones, la estabilidad económica retroalimenta, alimenta, la estabilidad política. Hoy España tiene un horizonte político de mayor estabilidad, de mayor confianza y certidumbre; eso que hemos denominado "la Legislatura del diálogo", y que está dando sus frutos. Los ha dado con la aprobación de los Presupuestos Generales, que están ya vigentes para 2017 y con la aprobación también del "techo de gasto" para el año 2018.

Y ayer mismo también hubo una buena noticia: la Subcomisión del Pacto de Estado contra la violencia de género --recuerden ustedes que era una de las prioridades del presidente del Gobierno en la sesión de investidura-- ha alcanzado un acuerdo, un acuerdo importante, para luchar contra esa lacra, un acuerdo de medidas políticas que van acompañadas también de previsiones presupuestarias.

Por tanto, estamos en una legislatura del diálogo, que el Gobierno quiere y presume que va a ser larga y fructífera, en un entorno mundial en el que España es un país que cumple sus compromisos, un país estable, un país con prestigio, serio y fiable.

Por tanto, dentro de este marco, quiero mencionarles los acuerdos a los que ha llegado hoy el Consejo de Ministros.

Antes de la reunión del Consejo de Ministros, ha celebrado una reunión la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno en la cual, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha aprobado un Acuerdo de condicionalidad específica para la Comunidad Autónoma de Cataluña, que complementa el adoptado en 2015.

El objetivo de este Acuerdo tomado hoy es impedir que la Generalidad de Cataluña pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. El motivo para establecer condiciones específicas parte de los acontecimientos de las últimas semanas, de los que les he dado cuenta. El pasado 5 de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de Presupuestos de la Generalidad, y declaró inconstitucionales partidas presupuestarias en caso de que se destinasen a financiar el referéndum ilegal. Pese a ello, representantes de las instituciones catalanes han declarado su voluntad de seguir con el procedimiento, lo que, evidentemente, genera un riesgo para el interés general y una situación de incertidumbre económica perjudicial para ciudadanos y empresas.

Por ello, y para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos y a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de julio, el presente Acuerdo introduce una serie de requisitos a la Generalidad de Cataluña que incluyen la remisión de certificados individuales semanales para los interventores de las Consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores; para los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas; para el director general de Presupuestos y para el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro. Todos ellos, todas estas personas que acabo de mencionar, certificarán semanalmente que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados, directa o indirectamente, a actividades vinculadas con el referéndum ilegal.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública verificará lo previsto en este Acuerdo. Si de la información concluyera que se ha financiado el proceso referendario, dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidades. En caso de incumplimiento de la obligación de remitir la información, se aplicará lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 20 de noviembre de 2015 sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de servicios públicos en defensa del interés general.

Este Acuerdo condiciona el desembolso de la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, al cumplimiento del Acuerdo. Les reitero que desde el año 2012 el FLA ha destinado a Cataluña 67.000 millones de euros y para este año, el año 2017, están previstos 3.600 millones.

El Consejo de Ministros ha tomado también otros acuerdos. Ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018. La beca la considera el Gobierno, de acuerdo con lo que establece el artículo 27 del derecho de educación en la Constitución, como un derecho subjetivo del estudiante. Para cumplir con ese deber de garantizar la igualdad en el acceso a la educación, las becas garantizan el acceso a los niveles no obligatorios de la enseñanza a todos los estudiantes, y se establecen también mecanismos, en su caso, de exención de precios públicos. Todo ello con el objetivo del Gobierno, que es un principio esencial de su política, de que nadie en España abandone sus estudios postobligatorios por motivos económicos; para asegurar también que quienes tienen vocaciones y aptitudes puedan desarrollarlos y para avanzar también en el esfuerzo, la responsabilidad y la igualdad de oportunidades.

Becas, por tanto, y ayudas de estudio que se dirigen a estudiantes de Bachillerato, de Formación Profesional básica de grado medio y superior, de enseñanzas universitarias de Grado, de Master, de diplomaturas o licenciaturas, y enseñanzas en régimen especial.

Por tanto, el Real Decreto lo que establece son unos umbrales de renta y patrimonio de las familias y de requisitos económicos que se aprueban, como saben ustedes, año tras año.

Quiero decirles a ustedes también que el Gobierno ha incrementado el presupuesto para el sistema de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales desde el año 2013. Este año también lo ha incrementado y llega a un récord histórico de 1.420 millones de euros.

El Real Decreto sigue la línea de los años anteriores: se mantienen los umbrales de renta y patrimonio --no se han alterado desde el curso 2012-2013, pese a que haya variado a mejor la situación económica de las familias--; sigue promocionando la cultura del esfuerzo, con requisitos académicos para estimular la mejora del rendimiento económico de los estudiantes y se han adaptado medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema financiero.

Quiero significar también cómo el número de becarios, según nuestros datos de la política de becas, ha ido aumentando en estos últimos años: en el último año hay 674.645 becarios de la convocatoria general y más de 95.000 de la convocatoria para alumnos con necesidades específicos de apoyo educativo.

Hay dos modificaciones que se han introducido: una para sustituir la antigua PAU por el nuevo EBAU, la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad; y otra que se refiere a la convocatoria de módulos de grado medio de Formación Profesional que resulten automáticamente convalidados en algunas enseñanzas de grado superior. Asimismo, también vamos a mejorar la gestión de las becas y hemos incorporado una "microsite" de becas en la página web del Ministerio para que exista una información, la gran facilidad de información, para todos los becarios.

Con esto cumplimos con algo muy importante para este Gobierno: la dimensión social de la educación y, como he dicho antes, el facilitar que en España nadie deje de estudiar por motivos económicos.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que corresponden a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Es un Real Decreto que viene a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero del año 2017 y a los acuerdos sobre el nuevo modelo de gestión de las subvenciones de 0,7 por 100 del IRPF para fines sociales.

Esta es la primera convocatoria en que los créditos del programa del 0,7 por 100 se reparten a las entidades del Tercer Sector en un sistema que es de gestión mixta entre Estados y Comunidades Autónomas.

En esta convocatoria se van a distribuir más de trescientos millones de euros gracias a la solidaridad de los contribuyentes españoles que marcaron la casilla "fines sociales" en la declaración de la Renta del año 2015. En su reparto se priorizarán las actividades que sean consideradas de interés social, como la atención a personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, la promoción del voluntariado o el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no reglada. De las entidades solicitantes se valorarán aspectos como el desarrollo de actividades en ocho o más Comunidades Autónomas, número de socios y afiliados, antigüedad, estructura, capacidad y especialización. Y se dará prioridad a programas subvencionados con anterioridad, precisamente para darles continuidad.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la convocatoria de ayudas para la amortización de largometrajes correspondiente al año 2017, por un importe de más de 32 millones de euros. Se trata del viejo sistema de ayudas para la amortización de largometrajes estrenados en el año 2015 y estos 32 millones se unen a los 30 millones que aprobamos el 16 de junio para la nueva Ley de Financiación del Cine.

Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas de personal de la Guardia Civil que actualiza el Reglamento General de adquisición de pérdida y de condición de militar de carrera de la Guardia Civil, que entró en vigor hace veinte años. Por tanto, es una actualización del mismo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe, que ha hecho quien les habla, sobre la situación en la Federación Española de Fútbol.

También ha aprobado una serie de nombramientos. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la nueva subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es doña Beatriz Larrotcha; introductora de Embajadores, con cargo de directora general, doña María Sáenz de Heredia y Alonso; secretario general técnico, don José María Muriel Palomino; embajador de España en la República de Austria, don Juan Sunyé Mendía; embajador de España en el Estado Plurinacional de Bolivia, don Enrique Ojeda Vila; embajador de España en la República Helénica, don Enrique Viguera Rubio; embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, don Cristóbal González Aller-Jurado, que era el anterior subsecretario; embajador de España en la República de Uganda, don Javier García de Viedma Bernaldo de Quirós y, finalmente, embajador en misión especial para Asuntos Migratorios, don José Luís Pardo Cuerdo.

Con esto concluyo los acuerdos del Consejo de Ministros y estoy, por supuesto, a su disposición para aquellas preguntas que quieran realizarme.