Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en el día de hoy, 26 de mayo, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy. Antes de ello, y como viene siendo habitual, haré una valoración política de los asuntos más destacados de esta semana.

Empezaré por referirme al trágico e indecente atentado terrorista perpetrado el pasado lunes en la ciudad británica de Mánchester, en el que han perdido la vida 22 personas y han resultado heridas otras 59; especialmente execrable, porque las víctimas son adolescentes, son niños, son sus familias, que habían acudido a disfrutar con un concierto de música.

En primer lugar, quiero señalar que el Gobierno de la nación y el conjunto de la sociedad española están profundamente consternados y, por ello, quiero que estas palabras, las primeras palabras en esta rueda de prensa, sean de condena por un atentado inhumano, inútil y sin sentido. Los españoles estamos muy cercanos al pueblo británico, especialmente a los familiares y amigos de las víctimas, con los que nos sentimos unidos en el dolor.

El Gobierno quiere reiterar, como lo ha hecho en numerosas ocasiones y como demuestran los diferentes acontecimientos producidos, que no se trata de un hecho aislado. La amenaza terrorista es global y se dirige al conjunto de la sociedad, a un estilo de vida basado en la democracia y en el ejercicio de la libertad individual. El terrorismo internacional de raíz yihadista constituye una amenaza para la seguridad de Europa y del mundo occidental; golpea donde puede hacerlo, no conoce fronteras y nadie está a salvo de él. La estrategia terrorista quiere minar los principios, los valores y los pilares en los que asienta nuestra civilización, y provocarnos el miedo, el enfrentamiento, la división o la ruptura.

Los ciudadanos europeos, por encima de cualquier discrepancia política, compartimos esos principios y valores sobre los que se edifica nuestro Estado de Derecho y también los fundamentos de la Unión Europea. Y debemos afrontar esta lucha contra este enemigo, el terrorismo, haciéndolo unidos y colaborando los aliados que tenemos y compartimos los mismos principios y los mismos valores. Debemos acrecentar, como dijo ayer el presidente del Gobierno en la reunión de la OTAN, la cooperación internacional en defensa de la seguridad de nuestras naciones y de nuestros ciudadanos.

Por tanto, es necesario seguir trabajando en la cooperación con los servicios de información y también, en el ámbito militar, la coalición anti-DAESH, en la que participa España, debe seguir combatiendo en origen el yihadismo internacional y el Estado Islámico del ISIS.

España participa muy activamente en estas misiones. Hay en estos momentos diecinueve misiones en el exterior, casi tres mil soldados y guardias civiles, y es importante, por tanto, nuestra colaboración. En un país como el nuestro, que durante muchos, demasiados, años padeció el terrorismo de ETA, al que derrotamos… Al terrorismo de ETA le derrotamos con el Estado de Derecho, con sus armas, con la eficacia de la Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los tribunales de justicia, y algo muy importante: la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas que respaldaron el Pacto Antiterrorista; y por el respaldo de los ciudadanos. Quedarán siempre, siempre en la lucha contra el terrorismo, en la memoria colectiva de este país las víctimas del terrorismo, que serán siempre respaldadas por este Gobierno.

También quiero decir que, desde el 26 de junio del año 2015, fecha en la cual el Ministerio del Interior elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado han detenido a 164 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior.

Por tanto, esta lucha contra el terrorismo, después de la tragedia de Mánchester, ha estado muy presente, como he mencionado antes, en la Cumbre de la OTAN, celebrada ayer jueves en Bruselas. Es la cuarta Cumbre de la OTAN a la que ha asistido el presidente Rajoy, después de Chicago en 2012, Cardiff en 2014 y Varsovia en el año 2016. Precisamente esta lucha contra el terrorismo ha estado presente en la agenda. Se ha tomado la decisión de que la OTAN pasará a ser miembro de la coalición contra el DAESH y se ha aprobado también un plan de acción para la contribución de la OTAN en la lucha contra el terrorismo, que ya está en marcha.

Asimismo, se ha tratado en esta reunión de la OTAN del reparto de cargas y los Estados miembros han reafirmado el compromiso, adquirido en la Cumbre de Cardiff, de alcanzar la aportación en el presupuesto de defensa al 2 por 100 del PIB. Se ha acordado también que, antes de final de año, cada aliado entregue un informe sobre los planes presupuestarios nacionales para que pueda ser actualizado.

Igualmente, el pasado domingo 21 de mayo culminó el proceso de selección de la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Como saben ustedes, el Gobierno durante todos estos meses se ha mantenido con máximo respeto a las decisiones internas de los partidos y de lo que se trata ahora es de seguir trabajando con el Partido Socialista, con su nuevo secretario general, en aquellos temas que importan a España y los retos están ahí, en el horizonte nacional.

La Legislatura se constituyó el 5 de noviembre --por tanto, llevamos casi siete meses de legislatura-- y el Gobierno puede decir que ese camino, siete meses, es un camino constructivo y fructífero, que nos anima a perseverar en esa dirección. La hemos denominado la "Legislatura del diálogo", diálogo que es consecuencia de una correcta interpretación del resultado electoral. Un Parlamento sin mayorías requiere de diálogo y ese diálogo tiene luego que traducirse en pactos; pactos que han sido importantes a lo largo de estos meses.

Quiero recordar a ustedes cómo ha habido acuerdos que han afectado a los objetivos de estabilidad y política presupuestaria y deuda pública para el período 2017-2019, y al límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2017; a la ampliación del calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa; al mecanismo de financiación del coste del bono social; a medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo; a medidas sobre suspensión de los lanzamientos, protección de los ciudadanos ante los desahucios; al impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; al acuerdo de incorporar a la legislación española las medidas antidopaje en el deporte; a la fijación del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2017 y, la última, acaecida hace unos pocos días, la reforma de la estiba.

Por tanto, legislatura en marcha, acuerdos en marcha también, que han sido muy beneficiosos, a juicio de este Gobierno, para la estabilidad y, sobre todo, para los intereses de los españoles.

Asimismo, también quiero traer a colación la celebración en el Senado de la VI Conferencia de Presidentes, que también ha puesto en marcha muchos de los temas que tenemos pendientes y queremos resolver durante esta Legislatura, como, por ejemplo, la financiación autonómica.

Por lo tanto, estabilidad y gobernabilidad para preservar las reformas que han funcionado, consolidándolas, y para llevar a cabo aquellas que debemos hacer para continuar en esta senda de crecimiento integrador que hemos iniciado, que continuamos con la que había en la Legislatura pasada, pero que está produciendo los resultados económicos que todos ustedes conocen y que son enormemente satisfactorios; unos resultados económicos que hablan de un crecimiento de España en el año 2016 del 3,2 por 100 del PIB. Las previsiones para este año son que la economía española crezca más que la economía americana, crezca más que la economía alemana o crezca más que la economía británica.

Estamos recuperando los puestos de trabajo que se perdieron entonces. Las cifras que da nuestra economía son muy positivas y la cifra de negocios, que hemos conocido la semana pasada, de las empresas en España aumentó un 11,3 por 100; la cifra más alta desde el año 2006.

Hemos recuperado, y esto es muy importante para este Gobierno, muchos de los puestos de trabajo que se perdieron en la crisis. El incremento de afiliados a la Seguridad Social, por decir solo un ejemplo, registró en abril un récord de la serie histórica. Mejoran todos los colectivos más vulnerables: los jóvenes y los parados de larga duración, se incrementa la contratación indefinida y se recupera el empleo femenino: hoy hay más mujeres trabajando que nunca, como dijo la ministra de Empleo en esta misma mesa.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno? El objetivo de tener a veinte millones de personas trabajando en España en el año 2020 se podrá cumplir si seguimos en la senda en la que ya nos hemos iniciado.

Y este crecimiento integrador se traduce en políticas positivas y palpables para los ciudadanos. Esta semana también hemos conocido cómo la prestigiosa revista médica británica "The Lancet" y la Fundación Bill y Melinda Gates hacían un riguroso análisis de los sistemas de sanidad, y el sistema sanitario español ocupa el octavo puesto del mundo; de los países grandes, el primero, por encima de Alemania, de Italia, del Reino Unido o de Estados Unidos. Creo que es un botón de muestra del esfuerzo que hemos hecho los españoles, incluso en la crisis, para contar con unos servicios públicos que están a la vanguardia de los que existen en el mundo.

Por ello, hay que continuar y, por ello, es necesario seguir cumpliendo con los objetivos de déficit que nos hemos marcado. Para ello el Gobierno estima --me lo han oído decir ustedes desde, al menos, el mes de enero-- que un elemento importante y positivo será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que van a permitir continuarnos en esa senda del crecimiento integrador.

Esta semana hemos tenido las votaciones en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados; la semana que viene, los ministros presentaremos la parte que nos corresponde a nuestros Departamentos ministeriales en Pleno y, después del debate, se producirá la votación; votación que el Gobierno espera que sea satisfactoria y la única votación satisfactoria es la aprobación de los Presupuestos Generales, que luego pasarán al Senado. Pero insisto en que sería una buena noticia, dentro de todas estas buenas noticias que vamos conociendo, el que hubiera Presupuestos Generales del Estado.

Esa vocación de crecimiento integrador tiene que acompasarse también a la de los Pactos de Estado que el presidente del Gobierno propuso en la sesión de investidura. Los quiero recordar porque son importantes: el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, el Pacto para el fortalecimiento del sistema público de pensiones, el Pacto por el empleo, el Pacto por la lucha contra la violencia de género, el Pacto para la reforma del sistema de financiación autonómica, el Pacto por la energía y el Pacto por la calidad democrática y contra la corrupción.

Asimismo, quiero referirme también a la carta que el presidente del Gobierno envió ayer, 25 de mayo, al presidente de la Generalidad de Cataluña, don Carlos Puigdemont, en contestación a la misiva que este le había remitido. El presidente del Gobierno constata que la voluntad de dialogar y llegar a acuerdos por parte del Gobierno ha quedado de manifiesto a lo largo de estos años, en los que se ha llegado entre Administraciones a numerosos acuerdos en diversos ámbitos, que han tenido efectos prácticos muy beneficiosos para todos los ciudadanos.

Esta voluntad de entendimiento, este diálogo sin fecha de caducidad al que yo me he referido en tantas ocasiones, tiene como único límite el respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho. El presidente del Gobierno dice --entrecomillo-- "ni usted, señor Puigdemont, ni yo, presidente del Gobierno, tenemos capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos", algo que es obvio, pero que probablemente haya que repetir.

El presidente ha recordado al señor Puigdemont las obligaciones constitucionales que conlleva el cargo que ostenta; la primera de ellas es la defensa del orden constitucional. Por tanto, no se puede aceptar, es imposible aceptar, una propuesta que básicamente consiste en pactar la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución Española. Existen en nuestro ordenamiento constitucional mecanismos para plantear toda clase de aspiraciones políticas, pero siguiendo los cauces democráticamente previstos y que obtengan luego el apoyo parlamentario necesario.

Por eso, el Gobierno, el viernes pasado, de forma solemne, tras un debate en el Consejo de Ministros y por boca de la vicepresidenta del Gobierno, invitó al señor Puigdemont a debatir su propuesta, la propuesta que él quisiera hacer, en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional.

No cabe, por lo tanto, plantear una negociación a espaldas de los cauces democráticos y de la Ley. La obligación de mi Gobierno, dice el señor presidente, es y será siempre actuar en defensa de la libertad, la convivencia pacífica y los derechos, tanto de los catalanes, como de los del resto de los españoles.

También hemos conocido que había, por parte del presidente de Generalidad de Cataluña, un plan en el caso de que no hubiera una aceptación de sus condiciones. Hemos conocido esa llamada "Ley de Transitoriedad", ley de transitoriedad que ha sido descalificada por mucha gente. Ha sido conocida, primero, por mucha gente, porque no la conocían, porque estaba guardada en un cajón, aunque tenía un procedimiento exprés que habían pactado algunos grupos políticos en el Parlamento catalán para su aprobación; pero esa manera de decir las cosas, de "o negocias o, si no, presento algo que es evidentemente inconstitucional", nos parece que no es una forma de diálogo.

Por tanto, nosotros invitamos al presidente de la Generalidad de Cataluña a recuperar aquellos planteamientos que se ajusten al común marco de convivencia que nos dimos todos los españoles, también los catalanes, cuando votaron la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, y será, sin duda, en beneficio de todos. El Gobierno cree que el presidente Puigdemont debería recuperar el sentido institucional de su puesto, que debe ser el presidente de todos los catalanes y no solamente de una facción, y espera que no continúe llevando a cabo actos que lleven a alterar, a vulnerar, la convivencia, que ha sido siempre ejemplar en Cataluña.

Además de ello, el Consejo de Ministros hoy ha tomado toda una serie de acuerdos.

Ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se transponen seis Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. Como saben ustedes, existe una obligación por parte de los Estados miembros de transponer las Directivas comunitarias en un plazo determinado; si no se cumple esa provisión, si no se hace en ese plazo, es posible que recaiga una sanción pecuniaria.

España ha sido un país que ha cumplido escrupulosamente con esta obligación. Yo lo sé bien, porque durante tres años me ocupé expresamente de ello como secretario de Estado para la Unión Europea; pero las circunstancias políticas del año del Gobierno en funciones hicieron que aquel buen récord que teníamos quedara desdibujado. Como ustedes saben, la Ley del Gobierno del año 2002 imposibilitaba la presentación de Proyectos de Ley y, por tanto, estas Directivas, que hoy han sido aprobadas a través de un Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros, obligaban a la modificación de determinados preceptos de leyes en vigor. Desde mayo del año 2015, debido a que una ley tiene un recorrido parlamentario de unos seis meses, no se presentó ningún proyecto de ley hasta la fecha y, por tanto, tenemos un desfase importante en lo que se refiere a la transposición de Directivas comunitarias.

Con este Real Decreto Ley, que afecta a distintas leyes, a distintas puntos de leyes concretas, que van desde la Ley 41/1999, sobre sistemas de pago y liquidación de valores, al Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, a la Ley de Defensa de la Competencia, a un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a aquellas que afectan a distintos artículos de desplazamiento de trabajadores o a la Ley para la defensa de consumidores y usuarios; con este Real Decreto Ley cumplimos mejor con las obligaciones de la Unión Europea y, por tanto, en muchos puntos de esta transposición, donde estábamos ya en el procedimiento de infracción, conseguiremos evitar la sanción pecuniaria correspondiente.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y se regula la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación prevista en el Real Decreto Ley 1/2007, relativo a medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Recuerdan ustedes que el Real Decreto Ley, al que he hecho referencia anteriormente, fue importante para la protección de los consumidores y para garantizarles el cumplimiento efectivo y rápido de esas cláusulas suelo. Fue convalidado el 31 de enero con amplio apoyo de Grupos Parlamentarios y hoy lo que ha hecho el Consejo de Ministros ha sido aprobar un Real Decreto donde se crea un órgano de seguimiento, de control y de evaluación de las reclamaciones. Por tanto, después de la normativa, el seguimiento para poder ver si el cumplimiento que se está dando a las mismas es el correcto.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el reconocimiento y el funcionamiento de organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, y otro Real Decreto por el que se regulan los fondos y programas operativos de organizaciones de frutas y hortalizas. Estamos hablando de un sector muy importante para la industria española: 13.600 millones de euros de valor de producción, 30 por 100 del sector. Nuestro país es el primer exportador de frutas y hortalizas en la Unión Europea. De lo que se trata aquí es de la concesión por la Unión Europea de ayudas para mejorar, entre otras cosas, su posición en la cadena, en la integración de los agricultores en la misma. España recibe más de doscientos millones de euros de la Unión Europea en esta línea de ayudas y los Reglamentos que rigen esta materia requerían el ser aprobados para poder acogerse a estas ayudas y a la normativa comunitaria.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo de remitir a las Cortes Generales el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, y también someter la ratificación. Este es, por así decirlo, el acuerdo político que acompaña al Acuerdo económico-comercial que ya se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo. Por tanto, junto al acuerdo comercial, este es el acuerdo político, cuyo objetivo es reforzar los lazos políticos, estrechar la cooperación en política exterior y de seguridad entre la Unión Europea y Canadá.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado un Acuerdo por el que se autoriza la conclusión de un Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados órganos de la Administración del Estado y determinadas Comunidades Autónomas. Con este acuerdo el Gobierno va a poder dar luz verde a la adquisición, por compra centralizada, de cuatro millones de vacunas de gripe estacional para la temporada 2017/2018, es decir, para los meses de septiembre y octubre.

Saben ustedes que estos acuerdos son acuerdos de adscripción voluntaria. Se han sumado doce Comunidades Autónomas, más Ceuta y Melilla, más el Ministerio de Defensa y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El ahorro que ciframos, gracias a este tipo de compras centralizadas y, por tanto, poder negociar el precio de las mismas, es de unos veintisiete millones de euros.

Además, el Consejo de Ministros de hoy ha procedido al nombramiento como embajador de España en la República Argelina Democrática y Popular de don Santiago Cabanas y de doña Aránzazu Bañón como embajadora de España en el Reino Hachemita de Jordania.

Esto es todo lo que tenía que decirles o que tenía que informarles y estoy a su disposición para contestar a sus preguntas.