Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

Portavoz.- Buenas tardes. Hemos adelantado media hora la hora habitual de esta rueda de prensa porque, como saben ustedes, el presidente del Gobierno se encuentra en Bruselas atendiendo al Consejo Europeo y dará una rueda de prensa sobre la una y media. Por tanto, no hemos querido interferir en ella. Y comparezco con el ministro de Economía, Industria y Competitividad, que informará de un Real Decreto Ley que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Muchas gracias por su presencia.

Evidentemente, por la razón antedicha, ha sido la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, doña Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha presidido esta reunión del Consejo de Ministros.

Antes que nada, permítanme mostrar la más sentida condolencia por parte del Gobierno por los incendios que desde el pasado 16 de junio vienen asolando a nuestra vecina Portugal, que han causado 64 muertos, 204 heridos y más de 40.000 hectáreas de bosque arrasadas. España quiere manifestar su más profunda solidaridad y también su disposición a colaborar, cosa que ya estamos haciendo. Hemos liderado la contribución europea para hacer frente a este terrible incendio, con cuatro aviones apagafuegos, cien efectivos militares de emergencia y diecinueve vehículos. Que sepan los portugueses que toda España está a su lado y, como decimos aquí, para lo que haga falta.

Asimismo, también hemos conmemorado, aunque la conmemoración propiamente dicha será el próximo 28 de junio, el 40º aniversario de las primeras elecciones generales democráticas el 15 de junio de 1977. Fruto de las mismas es la Constitución de 1978, la Constitución del consenso y de la concordia, de la reconciliación, de la moderación, de la apertura política y de la unidad nacional.

La Constitución de 1978 ha sido para el Gobierno el factor coadyuvante de estabilidad política y la transformación económica y social del país. Les daré solamente unos pocos datos de la evolución de nuestro país desde aquella lejana fecha hasta hoy: nuestro PIB se ha multiplicado por dieciséis; nuestra renta per cápita, por doce; el gasto social ha pasado de representar el 15,4 por 100 del PIB al 55,8 por 100; la pensión media se ha multiplicado por nueve y, además, en cuanto a la organización territorial del Estado, la Constitución y el desarrollo estatutario han permitido el autogobierno de las Comunidades Autónomas. Como diría el ponente constitucional señor Peces-Barba, "el autogobierno nunca, en ningún país de Europa, ha ido tan lejos como en la España de las Autonomías".

Este éxito del modelo de convivencia de progreso que representa el proyecto constitucional se ha basado en el respeto a las reglas del juego, en torno a las cuales ha transcurrido el juego democrático; el respeto al adversario, al rival político, que es también partícipe del sistema político, y por ello nunca puede ser calificado como enemigo -este es un principio elemental de la convivencia democrática--; y también a la capacidad de integración. Nuestra Constitución, que es un principio organizador de la convivencia, es el cauce de participación de los ciudadanos y garantía de los derechos individuales; pero también es una Constitución abierta, es decir, que permite la paulatina integración de los proyectos políticos diferentes, siempre que respeten los valores fundacionales.

Por ello, al Gobierno no le parece responsable ni inteligente abrir en España un nuevo proceso constituyente, ni volver a empezar desde cero, ni dirigir la mirada hacia el pasado, impulsando un proceso revisionista de la historia reciente que, insisto, este Gobierno reputa como un gran éxito.

No todo vale, por tanto, para intentar llegar al poder y menos aún transaccionar, negociar, con nuestro bien más preciado, que es la Constitución, y menos aún desnaturalizar la Constitución para los que no creen en ella, porque tienen otras finalidades políticas. A este respecto, recuerdo aquello que decía don Julián Marías: "no se debe contentar a los que no se van a contentar en ningún caso".

En segundo lugar, no hay que desdeñar lo que parece demostrado en política. En política se llega más lejos cuando se es serio y coherente, y lo acredita la experiencia; cuando se actúa desde las convicciones y desde la responsabilidad, Por tanto, nos gustaría que los partidos que contribuyeron a fraguar el pacto constitucional no se aparten de los valores y valores que lo sustentan.

La política consiste en servir a los intereses generales, servir a los ciudadanos. Su objeto no es echar al Gobierno, como escuchamos estos días --"echar al Gobierno" es una expresión que creíamos desterrada ya, que desterró el consenso institucional en torno a la Constitución--, sino presentar un mejor proyecto político, un proyecto más realista y viable, y que financieramente pueda recibir la aprobación de los ciudadanos, y contribuir a la mejora de la vida de nuestros compatriotas. Por tanto, la política tiene que ser, insisto, una actividad útil y razonable.

Como saben ustedes, la actual composición del Parlamento, tras dos elecciones sucesivas, no permite --lo hemos visto estos días-- la articulación de mayorías políticas alternativas de naturaleza constitucional. Lo hemos visto en la moción de censura. La moción de censura, como me han oído a mí repetir desde esta sala, se trata en realidad de una investidura del candidato; por lo tanto, hemos visto como, ante una petición de moción de censura, el candidato no ha conseguido aglutinar en torno a sí un número suficiente de diputados. Por tanto, cualquier proyecto o cualquier alternativa que quiera sustituir al actual Gobierno tiene que estar basado en una mayoría.

Tengo también que dar cuenta de cómo en estos más de siete meses se han producido hechos muy significativos y, a juicio del Gobierno, positivos en nuestro país: la investidura, que ha permitido, por lo tanto, la constitución de un Gobierno; insisto, un Gobierno que tiene un Grupo Parlamentario que le apoya de 137 diputados, pero que ha sabido buscar una mayoría para la investidura; la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que son importantes --luego volveré a ellos--; pero también, junto a los Presupuestos Generales del Estado, se han aprobado otra serie de medidas en esta Legislatura, insisto, que lleva solo más de siete meses de camino: me refiero a la ampliación del calendario de aplicación de la LOMCE, me refiero al Salario Mínimo Interprofesional, al Bono Social en la Energía, a las cláusulas suelo, al procedimiento de suspensión del lanzamiento de desahucios o al Real Decreto Ley de la Estiba.

El país en estos meses ha vuelto a recuperar los usos políticos de la Transición con la cultura del pacto. España ha abierto en estos siete meses un nuevo ciclo político, económico y social que ha merecido el reconocimiento europeo e internacional. Esta misma semana, la prestigiosa revista británica "The Economist" titulaba: "Las reformas de España son las que muestran el camino al sur de Europa, 2017". En 2012, se acordará el ministro de Economía, en esa misma revista veíamos en portada como en ese toro de Osborne caía la S de España y lo convertirá en P, y hacía un juego de palabras con España y dolor.

Pues en cinco años, no por casualidad, no por vientos de cola, como creen algunos, porque, si fueran solo vientos de cola, ¿por qué el resto de los países no tienen los índices de crecimiento o creación de empleo que tiene España? Por política presupuestaria y por política de reformas, hemos pasado de ese dolor en España a que España es la que enseña el camino al resto de los países europeos.

Todo ello nos lleva a un clima de estabilidad política e institucional, a una reducción de los factores de riesgo sobre la situación nacional, dotando al horizonte político de mayor certidumbre, confianza y seguridad; a afianzar el prestigio de España en el ámbito europeo e internacional, y, asimismo, al impulso del crecimiento integrador, crecimiento con cohesión social: el 56 por 100 del gasto presupuestario es este año para políticas sociales. Ayer mismo asistimos a un almuerzo con el comisario de Asuntos Económicos, señor Moscovici, que puso a España como ejemplo de las políticas reformistas que hay que hacer.

Por tanto, es verdad que hemos avanzado mucho, es verdad que ha cambiado completamente la situación; pero también es cierto que queda todavía mucho por hacer y, por ello, reiteramos nuestra propuesta política, la propuesta que el presidente de Gobierno hizo en la sesión de investidura, tendiendo la mano a todos para establecer un diálogo constructivo en lo que creemos que son las grandes reformas de Estado, los siete Pactos de Estado, que se traducen en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que en estos momentos está en su andadura, tanto en el Congreso, en la subcomisión creada a tal efecto, como en el Senado; el Pacto por el fortalecimiento del sistema de pensiones, tema enormemente importante para garantizar a nuestros mayores, que se lo han ganado, sus pensiones; el Pacto por el Empleo; el Pacto por la lucha contra la violencia de género; el Pacto por la Energía; el Pacto por la calidad democrática y contra la corrupción; y, finalmente, el último de los pactos a los que hizo referencia el presidente de Gobierno en la sesión de investidura, el Pacto por la igualdad de los españoles en el sistema autonómico.

Como saben ustedes, muchos de estos pactos fueron objeto de una sesión importante en el Senado, con la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas, porque, como saben ustedes, merced a nuestro sistema político, muchas de estas competencias lo son de las Comunidades Autónomas, o al menos tienen que ejecutarlas. Y ya les aviso a ustedes que, para ver cuál es el grado de cumplimiento de esos pactos, de desarrollo de los mismos, la vicepresidenta ha convocado una reunión de las distintas comisiones de seguimiento para el próximo 17 de julio, por lo tanto, seis meses después de la celebración de la reunión en el Senado, para ver la marcha de los trabajos de la misma.

Permítanme hacer una referencia también a la agenda internacional del presidente del Gobierno, que se encuentra en estos momentos asistiendo al Consejo Europeo de Bruselas. También en Bruselas ha habido esta semana un encuentro importante entre los principales negociadores del "Brexit": el ministro David Davis y el negociador europeo Michel Barnier. Nosotros hemos apoyado al negociador europeo, que tiene una posición común de los países de la Unión Europea, lo cual es una buena señal; y también creo que el acuerdo al que han llegado es el correcto: primero, resolver los temas pendientes, que son consecuencia de la salida: en primer lugar, los compromisos contraídos por el Reino Unido como miembro de la Unión Europea; en segundo lugar, los derechos de los ciudadanos y, en tercer lugar, el caso particular de Irlanda.

Por tanto, una vez que resolvamos esto, se hablara de la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esta es la posición de Michel Barnier y ha sido la posición de España.

Asimismo, tuvo lugar la semana pasada la reunión en París, en el Palacio del Elíseo, entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Republica, en línea con el conocido como "espíritu de Versalles" que puso en práctica el anterior presidente, Hollande. Por tanto, con Francia la relación es óptima, como puso de relieve el propio presidente de la República Francesa, y vamos a continuar trabajando para que, tras el fracaso de los populismos y de los antieuropeos en las últimas elecciones, podamos dar un nuevo impulso a la Unión Europea.

En esta línea también, el presidente del Gobierno acudirá a una reunión previa del G-20 en Berlín, el próximo día 29, y el día 30 tendrá lugar una reunión de la Cumbre bilateral España-Polonia en Varsovia. Eso nos va a llevar a adelantar el Consejo de Ministros de la próxima semana al jueves 29 y, asimismo, les comunico también que habrá un Consejo de Ministros el lunes 3 para que el Consejo apruebe el "techo de gasto".

Déjenme decirles también que la fijación del límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2018 tiene que ser primero aprobado por el Consejo de Ministros; previamente, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y previamente también, por las Corporaciones Locales. Es un primer paso necesario para estar en disposición de presentar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y forma parte de las obligaciones contraídas por nuestro país, y por el resto de los países europeos, del Pacto de Estabilidad. Ese "techo de gasto" debe atender también al cumplimiento del objetivo de déficit acordado con la Comisión Europea, que para el año 2018 será del 2,2 por 100 sobre el PIB.

Este año es un año especialmente importante para cumplir el déficit porque, si lo cumplimos, y el Gobierno cree, y es optimista, se va a cumplir, dejaremos de estar incursos en el procedimiento de déficit excesivo que marca la Unión Europea.

Ya he señalado antes la importancia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Han puesto de relieve que el Gobierno es capaz de llegar a acuerdos en este Parlamento donde solo tiene una mayoría relativa de 137 diputados que la apoyan. Ha llegado a un acuerdo y en total son siete Grupos Parlamentarios que van a consolidar la continuidad de una política económica cuyos resultados están a la vista de todos; constituirán un impulso al crecimiento económico y a la creación de empleo, dentro de ese modelo que hemos denominado "crecimiento integrador": mejorarán --esto es muy importante-- la financiación de las Comunidades Autónomas, que dispondrán de más recursos: 5.386 millones más de euros, es decir, mejora la cohesión territorial; y permitirán que se pueda convocar también la mayor oferta de empleo de la democracia: en tres años, 250.000 plazas, que reducirán la interinidad en un 90 por 100.

Estos, por tanto, han sido los temas que yo quería comentarles, antes de pasar a los acuerdos del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de junio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Como saben ustedes, ya fue aprobada en su momento esta modificación del REF por el Consejo de Ministros; era un paso previo para su envío al Parlamento canario, en virtud del artículo 46 del Estatuto de Autonomía; el Parlamento de Canarias se ha pronunciado y aprobó, con la única abstención de Podemos, el pasado 10 de mayo este informe y, por tanto, hoy se ha elevado a Consejo de Ministros, que lo ha aprobado.

El contenido de este Proyecto es el mismo que se remitió al acuerdo de Consejo de Ministros del 31 de marzo, al que se añaden cuatro nuevos puntos, fruto del acuerdo alcanzado con Nueva Canarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado; materias que se incorporan, por tanto, a este Proyecto de Ley y que afectan a la compensación al transporte de personas, que pasa del 50 al 75 por 100 en los trayectos interinsulares en el archipiélago canario; a la compensación también al transporte de mercancías; a la aportación nacional al POSEI o a la compensación del precio por agua extraída en pozos y galerías.

Por tanto, esta es una muestra más de la voluntad del Gobierno de trabajar codo a codo con las Comunidades Autónomas, en este caso, en concreto, con el Gobierno de Canarias, para llegar a acuerdos.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha conocido un informe del ministro de Justicia relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, a los efectos previstos en la Ley del Gobierno del año 1997. Por tanto, ha sido un primer informe llevado a cabo por el ministro de Justicia y que se centra, fundamentalmente, en la manera en que va a afectar a España, y va a haber que hacer modificaciones legislativas, por la adopción del Reglamento europeo 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Sabrán ustedes, no tengo que decírselo, que ha cambiado enormemente todo lo que respecta a la protección de datos personales. Yo recuerdo que nuestra Constitución todavía hablaba del secreto de la correspondencia y hoy en día me temo que ya nadie escribe cartas. Me acuerdo de aquello que decía Saramago "que nadie llora sobre una hoja de fax". Déjese usted el fax, el fax creo que ya no sé si existe. Hay que cambiar las cosas el mundo va a una velocidad de vértigo, por tanto, aquella primera Directiva tiene que ser modificada, y este Reglamento que, insisto, tiene una aplicación directa, va a obligar a que tengamos que introducir cambios importantes.

El ministro de Justicia ha hecho una primera valoración de este Anteproyecto de Ley, que tiene 78 artículos, y ahora mismo van a ser los expertos los que se vayan a pronunciar sobre el mismo.

Igualmente, ha habido dos Acuerdos por lo que se distribuyen entre las Comunidades Autónomas 268 millones de euros para políticas sociales, que ha presentado la ministra de Sanidad. Se trata, además, de Acuerdos derivados de la reunión que ha habido esta misma semana entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas. El programa más importante es el de ayudas con cargo al 0,7 por 100 del Impuesto de Renta de las Personas Físicas, con la X de solidaria; un programa que, como ustedes saben, se creó en 1988 y ha sido desde entonces un importante instrumento de vertebración social de España.

Se ha llegado a un acuerdo con las Comunidades Autónomas en el reparto de las mismas. Hay una lista, que tienen ustedes y que vendrá incorporada en la Referencia; lista que habla del Plan Concertado, del apoyo a las familias y a la infancia, y también de cuál es el tramo estatal y cuál es el tramo autonómico. Lo verán, como digo, publicado en la Referencia del Consejo de Ministros.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAS. Son los menores que entran en territorio nacional de forma irregular y sin estar acompañados de un adulto. Ha aumentado muy notablemente la presencia de estas personas, de estos menores, el 40 por 100 en Ceuta y el 17 por 100 en Melilla, solo en el año 2016. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable y, como menores, nuestra legislación les hace objeto de una especial protección. Por tanto, el Consejo de Ministros, atendiendo a estas circunstancias, ha concedido estas subvenciones: 2,34 millones de euros para la Ciudad de Ceuta y 4,1 millones de euros para la Ciudad de Melilla, ayudas que se destinarán a mejorar la atención prestada en los centros de acogida.

Además, el Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de Migraciones la convocatoria de subvenciones en el área de integración para el desarrollo de proyectos dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países, por un importe de treinta millones de euros. Son proyectos financiados exclusivamente por los Presupuestos Generales del Estado; otros, por el Fondo Social Europeo y otros, cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración Económica.

Por último, el Consejo de Ministros ha procedido a una serie de nombramientos: don Fernando Carderera Soler será el nuevo embajador de España en la República Francesa; don Federico de Torres Muro, embajador de España en la República de El Salvador; en la República de Guinea, el embajador será don José Leandro Consarnau Guardiola; y en la República de Sudáfrica, el Consejo de Ministros ha nombrado como embajador a don Carlos Fernández-Arias Minuesa.

Esto es, por tanto, lo que yo tenía que contarles; pero queda la parte sustanciosa, un Real Decreto Ley importante aprobado por el Gobierno hoy, y va a ser el ministro de Economía el que va a hablar del mismo.