Intervención de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez

Sra. Báñez.- El modelo de Formación Profesional para el Empleo que está vigente hoy en nuestro país ha sido un modelo que se ha consolidado con el tiempo y que ha permitido la formación de muchos trabajadores en nuestro país. Por tanto, la cultura de la formación se ha extendido a lo largo de veinte años desde que está en vigor. Se han formado muchos trabajadores: cuatro millones se están formando en la actualidad y en el año 1992 se formaban sólo doscientos mil. Y también han sido ya muchas las empresas que acuden a este modelo de formación, incluso de formación dentro de la empresa: en 2004, hace una década, se formaban o utilizaban formación 33.000 empresas; hoy ya lo hacen más de cuatrocientas mil, 475.000. Por tanto, es un modelo que ya está implantado en nuestro país.

De todas maneras, siendo un modelo que se consolida con el tiempo, ha tenido debilidades a lo largo de todos estos años. Hay un marco competencial complejo: compartimos competencia las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Durante todos estos años ha habido una ausencia de una planificación estratégica y, lo más importante a nuestro entender, un sistema integrado de información para conocer en tiempo real qué formación se está haciendo, qué trabajadores están formándose y en qué materias lo están haciendo. Adolecía también el sistema de falta de calidad y, de hecho, en el último informe de la propia Fundación Tripartita se reconoce que el impacto de la formación sobre el tejido productivo es un impacto limitado. Además, los interlocutores sociales, que eran los verdaderos protagonistas, tenían una triple función, si ustedes quieren: eran los que identificaban las prioridades, acudían a la financiación y participaban después en la valoración y propuestas de concesión de los planes. Y había en el modelo falta de concurrencia en el mercado.

Por tanto, poco control y poca transparencia; y, lo más importante a nuestro entender, los desajustes que existían entre las ofertas y las demandas de empleo. Quizás, las necesidades del tejido productivo no eran atendidas con suficiente diligencia.

Por tanto, ante ese diagnóstico y ante las reiteradas encuestas que conocemos de los beneficiarios de la formación… Por ponerles un ejemplo que conocimos en el año 2010, que es la última encuesta de la Formación Tripartita, decía que para seis de cada diez personas que son beneficiarias de la formación en realidad no tiene un impacto positivo sobre su empleabilidad --es decir, no habían adquirido ninguna habilidad o destreza nueva--; siete de cada diez de los encuestados no vieron aumentada su capacidad de inserción en el mercado de trabajo y menos de dos de cada diez, el 17 por 100, sólo recibieron una formación que tuvo que ver luego con el puesto de trabajo que encontraron.

Eso en cuanto a la empleabilidad de los trabajadores. También, sobre los contenidos formativos había bastante disidencia entre la necesidad del tejido productivo y los cursos que se impartían. Por ejemplo, en el año 2012 el 45 por 100 de los cursos fueron en servicios socioculturales y hacia la comunidad; en un país como el nuestro, con la importancia que tienen el turismo y la hostelería, sólo representaron el 4,1 por 100 de los cursos; y, en informática y comunicaciones, sólo se realizaron el 9,4 por 100 de los cursos. Por tanto, no se adecuaban realmente a las necesidades del tejido productivo.

Y también había escasa competencia entre los proveedores de la formación y, por tanto, se encarecían en el tiempo los servicios. Por ponerles un ejemplo, en las últimas convocatorias, porque la transición hacia el nuevo modelo la hemos hecho de manera progresiva en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuando hemos multiplicado la concurrencia las ofertas recibidas se han multiplicado por dos y los costes se han reducido en el último año un 20 por 100.

Por tanto, estamos ante un modelo que era mejorable, aunque era un modelo que ya estaba implantado en la cultura de las empresas y entre los trabajadores en nuestro país.

Por otra parte, también queremos señalar que con el número de parados que tenemos en España, más de cuatro millones y medio de parados, durante la crisis, por ponerles un ejemplo, entre los trabajadores que sólo tenían educación primaria el paro subió en más de un 50 por 100; sin embargo, en aquellos trabajadores con mayor cualificación, no sólo no se incrementó el paro, sino que lo que se produjo fue un incremento del empleo entre los trabajadores con mayor cualificación, con mejor formación.

Por tanto, el impacto de la formación sobre las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, sobre las posibilidades de empleabilidad de los trabajadores, es un elemento fundamental por lo que constituye esta reforma en una reforma estructural de presente y de futuro en nuestro país.

Además, conocemos por la Comisión Europea que entre los años 2013 y 2025 se crearán más de diecinueve millones de empleos de alta cualificación. Sin embargo, ese informe de la Comisión Europea señala también que en los empleos de cualificación media y baja caerán las oportunidades de trabajo.

Por tanto, formar a nuestros trabajadores en un mundo cada vez más global es imprescindible en cualquier país desarrollado.

Por otra parte, y lo decía antes muy bien la Vicepresidenta, nuestro interés como Gobierno es crear empleo de mayor calidad y luchar contra la desigualdad, y favorecer la cohesión social. Está claro que, analizando los datos del mercado de trabajo, el salario medio por nivel de formación en nuestro país oscila entre los 1.347 euros para aquellos trabajadores que tienen menor educación, sólo educación secundaria, y supera los 2.400 euros de media para aquellos que tienen educación superior. Por tanto, mejor puesto de trabajo y mejor nivel retributivo los da la formación de calidad.

Hoy en España tenemos dos tipos de formación en el ámbito del empleo. Una es la que se realiza en el ámbito propio de la empresa, que llamamos Formación de Demanda o Formación Bonificada, porque es aquella que, insisto, se hace en el ámbito de la empresa mediante bonificaciones que hace la empresa. El nivel de bonificación depende del tamaño de la empresa: va desde un 50 por 100 para las empresas de más de 250 trabajadores hasta un 100 por 100 para la pequeña y mediana empresa. Y luego hay un crédito asegurado para aquellas empresas más pequeñas o micro-pymes de 420 euros.

Pero el alcance y la penetración de la formación en las empresas no es igual según el tamaño: en aquellas que tienen más de 250 trabajadores, el nivel de formación y la penetración de la formación supera el 90 por 100, y, sin embargo, entre las empresas de menos de diez trabajadores el nivel de penetración de la formación permanente de sus trabajadores no supera el 26 por 100. Por tanto, tenemos que seguir apostando por la formación en ese ámbito de empresa pequeña, empresa mediana, empresa de menor tamaño.

Durante el año 2014 se formaron más de dos millones de trabajadores en la empresa, en el modelo llamado de Formación Bonificada.

Luego hay otro modelo, que es el modelo de Formación de Oferta o Formación Subvencionada. Este modelo es prioritario en el campo de los desempleados, aunque hay una parte que también se da con ocupados. Su gestión corresponde, principalmente, a las Comunidades Autónomas. Hay una pequeña parte, muy residual, que hace la Fundación Tripartita desde la Administración General del Estado; pero la mayoría se realiza en las Comunidades Autónomas. El año 2013, que es el último año del que tenemos datos homologables, fueron 245.000 trabajadores los que se formaron en esta modalidad de formación.

El origen de los fondos de la formación es vario: por una parte, la cuota de formación que pagan las empresas, el 0,6 por 100, y los trabajadores, el 0,1 por 100; por otra parte, las aportaciones propias de las Administraciones Públicas y hay una parte también del Fondo Social Europeo que va a financiar la formación.

La formación en el seno de la empresa corresponde sólo al 25 por 100 de la formación; los programas de la Administración General del Estado, sólo el 15 por 100, y el resto, el 60 por 100, se hace en el ámbito autonómico. En el año 2014 se destinaron 2.280 millones de euros a recursos del sistema de formación.

Objetivos estratégicos del nuevo modelo de la reforma. Esto coincide y responde al acuerdo que el presidente del Gobierno, en julio del año pasado, 2014, acordó con los interlocutores sociales. Los objetivos son claros: en primer lugar, favorecer la creación de empleo estable y de calidad; en segundo lugar, mejorar la competitividad empresarial --España tiene que competir en un mundo cada día más global con las personas, con el talento, con su capital humano--; por otra parte, garantizar el derecho individual a la formación permanente de los trabajadores, un derecho reconocido tras la reforma laboral en el Estatuto de los Trabajadores; tiene que ofrecer, además, garantías de mejora de la empleabilidad y la posibilidad de hacer carrera profesional los trabajadores en el ámbito de la empresa; por último, consolidar en el sistema productivo esa cultura de la formación en lo que les decía que es una apuesta por el talento como nivel de competitividad.

Por otro lado, queremos que el sistema sea más eficaz, sea de mayor calidad, pero también sea un sistema transparente y, sobre todo, que se pueda evaluar de manera permanente. Queremos que la evaluación sea también una de las claves de este sistema y que se incremente la coordinación entre Comunidades Autónomas y Gobierno, y todos los actores implicados en este nuevo modelo de formación.

El nuevo enfoque del modelo sitúa en el centro de la reforma del sistema a los trabajadores, ya sean ocupados o desempleados temporalmente, y, sobre todo, a las empresas para conseguir ese nivel de eficacia, de competitividad y también de transparencia.

Este nuevo modelo será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en todo el territorio nacional. Los interlocutores sociales seguirán teniendo un papel trascendente, relevante, sobre todo en lo que es la planificación y la programación de la formación. Como ustedes saben muy bien, son los que mejor conocen la realidad del tejido productivo.

Queremos que el sistema sea un sistema eficiente, que se hagan prospecciones y detecciones de las necesidades de ese tejido productivo con anticipación. Un país con tanta tasa de paro como tiene España actualmente no puede tener vacantes y se producen vacantes todos los años porque no se cubren todas las necesidades del sistema productivo.

Tiene que haber un escenario de planificación plurianual, que no lo era hasta ahora, para que la formación pueda ser una formación continua a lo largo de toda la vida laboral del trabajador.

Como conocen de la reforma laboral, vamos a implantar la cuenta-formación aprovechando esta reforma, que es una cuenta asociada a cada trabajador en nuestro país, como está asociado el número de la Seguridad Social, que le acompañe durante toda su vida laboral y donde se certificará toda y cada una de esa formación que haya hecho a lo largo de su vida profesional.

Se apostará por la tele-formación como un instrumento que puede dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad. La formación en el seno de la empresa, para que sea más competitiva la empresa, será más flexible, adecuada de verdad a sus necesidades. Y vamos a hacer un esfuerzo interlocutores sociales y Administraciones Públicas por implantarla en esas empresas de tamaño pequeño o mediano, donde hay menos implantación de esa cultura de la formación permanente.

Por otra parte, en la gestión de formación de oferta, ésa que les decía que es la formación subvencionada, hay un cambio radical: sólo los recursos irán a concurrencia competitiva en un cien por cien, de tal manera que los centros accederán a esas convocatorias de formación, bien por la Administración General del Estado, bien por las Comunidades Autónomas, en igualdad de condiciones y será en concurrencia competitiva, y el mercado será el que elija a aquellos de mayor calidad.

En el ámbito de los desempleados, introducimos una novedad que es la implantación del cheque-formación para que una persona desempleada elija con ese cheque el lugar dónde se quiere formar, y será la Administración, bien Administración General del Estado o bien Comunidad Autónoma, la que pague luego esa formación al centro de forma directa. Y aquí también quiero señalar que hay un cambio: cuando se trate de formación subvencionada, sólo se puede anticipar, antes de iniciar la formación, un 25 por 100 de los fondos a los centros de formación. Hasta ahora se podía hacer un anticipo del cien por cien, prefinanciado, y eso ha dado lugar en muchas Comunidades Autónomas a irregularidades que en el futuro queremos evitar.

Por otra parte, hay un proceso de evaluación permanente para que tengamos todos presente que lo fundamental es la calidad para mantener el empleo y para mejorar la carrera profesional de los trabajadores.

Habrá tolerancia cero contra el fraude. Queremos nada más que cada euro que va a formación se dedique a formación y para ello habrá dos grandes novedades: una unidad especial de inspección dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también se elevan las sanciones para aquellas empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos; por ejemplo, aquella que lo haga mal durante cinco años no tendrá recursos del sistema de formación para seguir haciendo formación en el futuro.

Y lo que les decía al principio, habrá un sistema integrado de información entre Comunidades Autónomas y Gobierno para que sepamos en todo momento qué formación se está dando, qué personas se están formando y en qué se está formando cada uno de esos trabajadores. Por ponerles un ejemplo que detectó el Tribunal de Cuentas en el informe del año 2014, había una persona que había hecho 150 cursos en un año. Pues bien, eso ahora lo detectará el sistema en tiempo real.

Por tanto, más transparencia, más control, más calidad, evaluación permanente y, lo más importante, trabajadores mejor formados, que tendrán mayores posibilidades de tener una carrera profesional en mejores condiciones, y empresas más competitivas. El capital humano es su mayor elemento de competitividad de presente y de futuro.