Intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

La Moncloa, Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Como cada viernes, voy a explicarles las principales medidas adoptadas hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, quiero señalarles que se ha aprobado un Acuerdo para exceptuar de la Orden de cierre del ejercicio 2016, que, como saben, implicaba el cierre de presupuestos de gastos y operaciones no presupuestarias… Hemos dado autorización para licitar dos contratos sobrevenidos por razón de la materia y urgentes por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Como ustedes saben, el CIS lleva a cabo estudios pre y postelectorales cada vez que se convocan elecciones a nivel autonómico, a nivel general, a nivel nacional, y a nivel local desde el inicio de la democracia española. Las encuestas del CIS normalmente se hacen de una manera presencial a través de encuestadores de su red de campo y tienen un tiempo de preparación de todo el proceso entre dos y tres meses. El adelanto de los procesos electorales en el País Vasco y en Galicia hace imposible el cumplimiento del procedimiento normal para el que el organismo sí tiene medios y personal propio para llevarlo a cabo. No obstante, al haberse convocado estas elecciones, como saben, en el mes de septiembre, se precisa la contratación externa de los trabajos y se realizarán de forma telefónica. Además, está muy marcado el tiempo, porque antes del 5 de septiembre su trabajo debe ser entregado a las Cámaras de las distintas Comunidades Autónomas que son objeto de nuevos comicios.

Por tanto, hemos autorizado la celebración de dos contratos para poder llevar a cabo los preelectorales correspondientes al País Vasco y a Galicia como consecuencia del adelanto electoral.

En otro orden de cosas, se han ratificado las autorizaciones provisionales para suscribir dos adendas a convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares para la financiación de inversiones en materia de I+D+I. La primera de ellas es relativa a un convenio que prevé una transferencia a la comunidad autónoma de nueve millones y medio de euros para la financiación del Complejo Balear de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Este convenio fue firmado en 2009 y lo que pretendemos, ante las dificultades de materializar las inversiones en el calendario establecido, es dar un mayor margen para poder cumplir el mismo y ampliaremos su vigencia hasta el final del ejercicio 2017. El plazo de ejecución será hasta 30 de junio de 2017 y el de justificación de las inversiones, hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Por otro lado, se firma una segunda adenda a un convenio que regula la transferencia a la Comunidad Autónoma de 7,5 millones de euros para la financiación de inversiones en materia de investigación científica y técnica; en concreto, la puesta en marcha del Centro Bit Menorca y la construcción y equipamiento del Laboratorio Universidad-Empresa. Ante las dificultades de ejecutar el proyecto del Centro Bit Menorca en el calendario establecido, lo que hacemos en prolongar su plazo de vigencia hasta el 1 de junio de 2017.

También el Consejo de Ministros ha analizado el Acuerdo administrativo entre el Gobierno de España y la Organización de Naciones Unidas para la provisión de expertos asociados. Se trata de un acuerdo que se firmó en Naciones Unidas, en Nueva York, el 27 de junio de 2016 para reforzar la presencia de expertos españoles en Naciones Unidas. El acuerdo permitirá el envío de expertos españoles a puestos que sean ofertados por los distintos órganos e instituciones de Naciones Unidas gestionados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, financiándose el coste mediante una contribución voluntaria que hará la Administración correspondiente.

Cualquier órgano de la Administración General del Estado o de sus organismos dependientes podrá, a partir de ahora, enviar expertos a Naciones Unidas tramitando la preceptiva contribución. Respecto a las administraciones territoriales y al resto del sector público, deberán, en caso de pretender financiar un puesto, canalizar la contribución a través de un órgano de la Administración General del Estado.

Este Acuerdo complementará el memorando de entendimiento que se había firmado con la AECID, ampliando su marco de aplicación al Gobierno de toda España. En el marco de este acuerdo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, está realizando este año contribuciones que han permitido el envío de tres jóvenes expertos: dos expertos durante dos años a la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York y un experto durante dos años a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Ginebra.

También se ha autorizado la celebración de tres Acuerdos Marco y de los contratos que se adjudiquen basados en dichos Acuerdos para el sostenimiento de aviones y helicópteros operados por el Ejército del Aire. Se trata de una inversión de 97 millones de euros que permitirá tener actualizados los aviones y helicópteros de nuestras Fuerzas Armadas.

El primero de estos Acuerdos se refiere al sostenimiento de la flota T-22, el Airbus 310, en servicio en el 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas, por un valor máximo estimado de treinta millones de euros. El Acuerdo Marco tendrá una duración de cuatro años, hasta 2020, distribuido en cinco anualidades. Las misiones destinadas a este tipo de avión son: transporte de autoridades del Estado, transporte de pasajeros y aeroevacuaciones médicas, además del transporte de tropas desplegadas en misiones internacionales y operaciones de evacuación de no combatientes y repatriación de bajas.

El segundo objeto del Acuerdo es el sostenimiento de los aviones TM-11 (Falcon 20), T-18 (Falcon 900) y T-20 (Cessna Citation V), por un valor estimado de 35 millones de euros. Este Acuerdo tendrá una duración de cuatro años, distribuidos, asimismo, en cinco anualidades, de 2016 a 2020. Las misiones asignadas a estos aviones son: guerra electrónica y operaciones de contramedidas electrónicas, transporte de autoridades del Estado y de pasajeros, y aeroevacuaciones médicas, además de fotografía aérea y calibración en vuelo de radioayudas a la navegación aérea.

El tercer Acuerdo está destinado al sostenimiento de distintos motores de aviación de helicópteros operados por el Ejército del Aire, con un valor estimado de 32 millones de euros. Tiene una duración estimada de dos años, susceptible de prórroga por otros dos. El mantenimiento consiste, básicamente, en trabajos de revisión y reparación de motores, componentes y accesorios para restaurar su vida útil, así como la de realizar modificaciones de tercer escalón necesarias para mantener actualizada su configuración.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta.