Intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Voy a informarles de los principales asuntos que ha aprobado el Consejo de Ministros.

En primer lugar, ha dado autorización a una importante convocatoria de ayudas a la investigación sanitaria, dentro del Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Salud Carlos III la convocatoria de ayudas correspondientes al año 2016 de la Estrategia de Salud 2013-2016 del Programa Estatal de Investigación orientada a los retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, y de Innovación 2013-2016. En total, se destinarán 159 millones de euros para fomentar proyectos de investigación y potenciar la contratación de investigadores.

La convocatoria de este año supone un incremento de 59 millones respecto a la del año anterior, dado que incorpora la convocatoria plurianual de redes, que es la creación y configuración de redes telemáticas de investigación cooperativa en salud para potenciar la coordinación del tejido investigador en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, y fomentar la colaboración entre grupos de investigación en ámbitos tales como enfermedades infecciosas, tropicales, ictus, esclerosis múltiple o enfermedades crónicas. Estos proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada, lo que permitirá la creación de esquemas de cooperación mucho más eficaces y potentes, y conseguirán el objetivo de alcanzar metas más amplias, siendo su duración de entre uno y cinco años.

Las actuaciones objeto de subvención dentro de esta convocatoria podrán ser cofinanciadas por el FEDER y por el Fondo Social Europeo. Las ayudas se destinan a institutos de investigación sanitaria, hospitales y otros centros sanitarios, universidades, centros públicos de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de lucro. Se pretende con ello fomentar la salud y el bienestar de los ciudadanos, así como desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementando para ello la competitividad de la I+D+i en el Sistema Nacional de Salud.

En segundo lugar, hemos aprobado un Acuerdo por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo una subvención pública por importe de 31 millones de euros para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. La Fundación Estatal para la Formación del Empleo es una entidad colaboradora y de apoyo técnico al Servicio Público de Empleo en materia de Formación Profesional para el Empleo y, asimismo, realiza funciones de apoyo a este Ministerio en el desarrollo estratégico del sistema de formación profesional en el ámbito laboral. Dicha cantidad se financia con cargo al crédito disponible en los conceptos presupuestarios del Programa de Gasto del Servicio Público de Empleo. Cada año los presupuestos regulan la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión, que es lo que ahora concedemos.

La Fundación, perteneciente al sector público estatal, como saben, tienen carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública, que es la Administración General del Estado a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

También, aunque es un asunto bastante técnico pero puede ser de interés, se ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan los requisitos de seguridad técnicos y comercialización de motos náuticas, embarcaciones deportivas y sus componentes. Principalmente, se trata de establecer nuevos requisitos de seguridad y protección al medio ambiente, en línea con la Directiva comunitaria que aquí se transpone. Entre las principales novedades. Se destacan los nuevos límites medioambientales para la fabricación de motores, así como nuevos requisitos técnicos de seguridad de las motos náuticas, de las embarcaciones de recreo y de sus componentes. Se pretende mejorar los niveles de calidad y de seguridad, así como incorporar los avances técnicos en esta materia.

Por otro lado, se regulan su comercialización y condiciones de puesta en el mercado, y se introducen preceptos en materia de vigilancia del mercado, que llevarán a cabo el Ministerio de Fomento, el de Industria y el de Economía y Competitividad; también son competentes para algunos aspectos las Comunidades Autónomas.

Quiero señalar como dato que el sector náutico recreativo está recuperándose tras la crisis y ha cerrado el año 2015 con un crecimiento de las nuevas matriculaciones del 8 por 100.

También adoptamos una importante decisión en materia de regadíos, que es declarar la urgente ocupación de terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del Plan Coordinado de las obras correspondientes a la zona regable del Embalse de Riaño, subzona Payuelos, primera fase, en las provincias de León y Valladolid. Este acuerdo permitirá llevar a cabo expropiaciones de terreno, unas cincuenta hectáreas, para el proyecto de transformación de los Payuelos, declarado interés general en 1986 y largamente demandado por los habitantes de la zona. Se trata de un proyecto que mejora las condiciones de trabajo de unos dos mil agricultores, aporta estabilidad a las producciones, diversifica cultivos y mejora la rentabilidad de las explotaciones.

La Comunidad de Regantes de Payuelos incluye 39.000 hectáreas regables de la provincia de León, fundamentalmente, y también Valladolid. Hasta el momento, se han transformado en regadío 10.000 hectáreas y está pendiente la ejecución de otras 29.000. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente comprometió una inversión cercana a los 235 millones de euros para acometer las infraestructuras que permiten la puesta en riego de las hectáreas pendientes. La Junta de Castilla y León aportará, por su parte, 92 millones; en total, una inversión de 327 millones de euros.

También verán en Referencia que se ha autorizado una aplicación del Fondo de Contingencia, como todos los años, para financiar modificaciones de crédito; en este caso, por importe superior a 563 millones de euros; de ellos, 523 millones son ampliaciones de crédito y 40 millones, incorporaciones de crédito procedentes del año 2015.

En cuanto a las ampliaciones de crédito, cerca de 350 millones de euros, para atender a los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, como se viene haciendo todos los años; otros 169 millones de euros, para cumplir lo dispuesto en el Real Decreto Ley de 2013 de medidas urgentes en materia tributaria, y en el Real Decreto por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como consecuencia de la recaudación efectiva del período impositivo 2014; es decir, se aportan 169 millones de euros para el pago a entidades con fines de interés social con cargo al Impuesto sobre la Renta: tres millones serán para atender situaciones derivadas de emergencias o catástrofe y, también, habrá una ampliación de crédito de más de un millón de euros por el 1 por 100 cultural.

En cuanto a las incorporaciones de crédito, son veintidós millones de euros para el abono de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales y Forales; quince millones de euros procedentes de la prevención, investigación y represión de los réditos relacionados con el tráfico de drogas y otros afines; y cerca de tres millones de euros, de las adquisiciones y acondicionamiento de inmuebles afectos al patrimonio sindical acumulado.

Estoy a su disposición para el turno de preguntas.