Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

13.7.2012

  • x: abre ventana nueva
  • Whatsapp: abre ventana nueva
  • Linkedin: abre ventana nueva
  • Enviar por correo: abre ventana nueva

Sr. Montoro.- Voy a informarles, como ha insistido la Vicepresidenta en esta presentación, de que las medidas que está acometiendo el Gobierno responden al seguimiento, a la adecuación, a la nueva senda de consolidación del objetivo de déficit público planteado por la Comisión Europea, planteado en los órganos de decisión de Europa. Éste es el sentido de buena parte del contenido de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros en el día de hoy y es un sentido fundamental para la recuperación económica, la creación de empleo y, para ello, financiar a la economía española.

Si no reducimos el déficit público al ritmo que estamos comprometidos a hacerlo, lo que tendremos es la prolongación de esta crisis económica y la prolongación, incluso, de la recesión económica. Por eso estamos adoptando medidas, medidas que son reformas estructurales y medidas que son también cambios tributarios; que son reformas en ese sentido y que van a quedar ahí, pero que son reformas que también en los próximos años, en los próximos ejercicios, verán completada la estructura de nuestro sistema tributario; reformas dedicadas a ahorrar en el funcionamiento de las Administraciones públicas, reformas a hacer más eficientes los servicios públicos y también comprometiéndonos con una gestión más cercana al ciudadano.

Entre esas reformas comenzábamos por lo que se refiere a… Realmente, ya son todas conocidas, fueron presentadas por el presidente del Gobierno en la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Pero hoy hemos aprobado el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Bases de Régimen Local en nuestro país y es un Anteproyecto de Ley que lo que pretende --voy a tratar de resumir-- es que nuestras Corporaciones Locales acometan las funciones para las que tienen presupuesto, tienen dotación presupuestaria, y no hagan aquello que exceda de la definición competencial de la nueva Ley, y, al tiempo, eliminen órganos intermedios, hoy presentados --se ha llegado a ellos, pretendidamente, por organizar mejor los servicios públicos, pero no tienen mucho sentido; no contribuyen realmente a una eficaz gestión, como es el caso de las mancomunidades--, o también la supresión de entidades locales de orden menor, por ejemplo pedanías, que hoy también forman parte de esa estructura de la Corporación Local demasiado opaca, no rinden cuentas y, por tanto, hay que simplificar y calibrar las actividades que están realizando.

Éste es el sentido y el contenido de una reforma que es de competencias para hacer válido, para hacer real, el principio, que también anunció el presidente del Gobierno en su discurso de investidura: una Administración-una competencia.

Esa reforma de la Administración comienza, precisamente, por las Corporaciones Locales y tendrá consecuencias en términos de delimitación de sus competencias con las Comunidades Autónomas y con la propia Administración General del Estado.

Ésta es una ley, por tanto, muy importante, que también se verá completada con la reducción del número de concejales; en concreto, con ese 30 por 100 del número de concejales, que también fue anunciada por el presidente del Gobierno, y que permite aligerar y favorecer la toma de decisión política.

Estas dos Leyes lo que hacen también es, además de ese ordenamiento, en el cual insisto, porque es el fundamental competencial --ése es el sentido de esta Ley--; lo que hacen también es comprometer la calidad del servicio público, algo que es fundamental. Esa calidad del servicio público quedará en su baremo, en su valoración, en las manos de la Administración General del Estado. La baremación de la calidad del servicio público local estará en manos de la Administración General del Estado y, en concreto, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que llevará a que los municipios de menos de veinte mil habitantes, si no van cumpliendo la calidad en la gestión de esos servicios públicos, y esos municipios están sometidos a planes de ajuste, como hoy lo están, a través del Plan de Proveedores, y como también lo están, como lo saben, en términos de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria… Lo que se hará es que esos servicios públicos pasen a desarrollarse por las Diputaciones Provinciales, que actuarán como una gestora centralizadora de servicios públicos para Ayuntamientos de orden menor.

Por tanto, estamos ante una reestructuración administrativa competencial muy importante y encaminada a simplificar y a reducir las estructuras burocráticas y las estructuras políticas de nuestro país.

Junto a ello, también lo que haremos, en lo que es el contenido de esa Ley, es introducir los cuerpos del Estado en lo que será la gestión de esas Corporaciones Locales. Recuperamos lo que fue la acción, la función, pública del Estado en los Cuerpos, fundamentalmente, de Interventores y de Secretarios Municipales. Esto también es un gran cambio, es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder, y es la objetividad de esa gestión para la transparencia de las decisiones políticas en el manejo de los presupuestos públicos, y la independencia y la objetividad en la toma de esas decisiones.

Por tanto, estamos hablando de una reforma estructural de la función pública bastante importante.

En lo que se refiere también a los funcionarios, a lo que es la propia función pública, quería decirles que lo que hemos aprobado ha sido una serie de cambios en la función pública, que son cambios encaminados a asimilar el régimen laboral de esa función pública con lo que es el régimen laboral en términos del mayor número de los trabajadores de España que desarrollan su actividad en el sector privado. Hay ahí un paso en clave de asimilación.

Además, implícitamente está también la petición a la función pública, desde el reconocimiento del valor de su acción, porque España tiene una gran función pública --sin ella, hoy no seríamos lo que somos--; se trata también de pedir a esos funcionarios, una contribución, de manera que su esfuerzo, que siempre es tan necesario… Hoy lo es todavía más en las circunstancias críticas que estamos viviendo, razón por la que se adoptan medidas de cambio de su régimen de incapacidad laboral transitoria en términos de asimilación al régimen que se aplica en términos generales.

Cambios como es también la reducción de los días libres y cambios relativos a la renuncia a la paga extra de diciembre de este año, que no se pierde y quedará compensada, a partir de 2015, en forma de retribución en su sistema complementario de pensiones. Por tanto, quiero dejar claro que estamos haciendo una actuación de una vez, en una ocasión tan excepcional como es este 2012, y que no se pierde en términos de lo que será su base retributiva, sino que será devuelta a partir de 2015, donde seguro que viviremos otra economía, viviremos otra España, y todos tendremos la satisfacción de haber contribuido a ese cambio y veremos con toda normalidad cómo se recupera en la parte que tiene que ser fundamental, que es asegurar el futuro de su pensión.

Éstas son las medidas más importantes --también menciono la reducción de "liberados sindicales"-- y medidas que van conducentes a más esfuerzo, más actividad, en materia de función pública, más asimilación a lo que están haciendo los trabajadores privados de nuestro país, la gran mayoría, y a dotar de más sentido, de más contenido, a ese servicio público. Insistimos desde el Gobierno y yo, desde mi condición, en que España tiene una gran función pública y lo que tenemos que hacer juntos es ser capaces de renovarla, ser capaces de que esté a la altura de un tiempo difícil, mostrando lo que es su capacidad de adaptación a este tiempo difícil.

Pasando a los tributos, a las medidas relativas a la tributación, quería decirles que la primera de ellas consiste en la subida de los tipos del IVA y de algunas de las clasificaciones de productos, de bienes y servicios sujetos a los diferentes tipos de IVA, que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre. La subida, por tanto, será real el 1 de septiembre. Esa subida del IVA, ya también suficientemente conocida y explicada, afecta al tipo general, que pasa del 18 al 21 por 100; afecta al tipo reducido, que pasa del 8 al 10 por 100, y no afecta al tipo superreducido, que queda en el 4 por 100, que es el tipo que saben que es el que está gravando los consumos de alimentación más básicos y, por tanto, no estamos causando un especial perjuicio en el ámbito social.

El aumento va en línea con lo que estábamos anticipando en el Programa de Estabilidad del Reino de España, que presentamos a las autoridades europeas el mes de abril y donde programábamos lo que es la política tributaria que nos está marcando nuestra pertenencia a Europea; esto es, apoyar más la tributación en la imposición indirecta y bajar los gravámenes sobre el empleo, sobre el trabajo. De esta forma, en esta materia la subida del IVA se verá correspondida con la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, la contribución que hacemos todos a través de nuestro trabajo a la Seguridad Social, pero que hacen los empleadores por esa contratación --argumento que es fundamental para facilitar la creación de empleo--, de forma que en el año 2013 promoveremos reducción de un punto en las cotizaciones a la Seguridad Social, seguido por otro punto, un punto adicional, en 2014.

Ése es el trayecto, el proyecto y el sentido que tiene la subida del IVA en este momento, en el momento en que la estamos adoptando, en el verano; que, insisto, es una medida que se deriva del cumplimiento de la senda de consolidación fiscal con las recomendaciones que emanan de la Unión Europea; recomendaciones que también se extienden a otro gran elemento dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No va ahora en el Real Decreto Ley, sino que irá en el Proyecto de Ley, pero quiero también anunciarles en la mañana de hoy que, a partir del 1 de enero de 2013, quedará suprimida la deducción por adquisición de vivienda en España, su deducibilidad en el IRPF, siguiendo esas recomendaciones. También añado que el tipo superreducido que se aplica en este momento, que es el IVA al 4 por 100, para la adquisición de nuevas viviendas tiene fecha de caducidad, como saben, porque esto era para este año, para el año 2012, y, por tanto, a partir del 1 de enero de 2013 también esa venta de viviendas irá a tipo reducido, que en este caso es el tipo incrementado del 10 por 100.

Éstas son las más importantes novedades en materia tributaria. Hay también subida en la tributación del tabaco, como conocen también, y hay cambios en el Impuesto sobre Sociedades, cambios en el régimen de pagos fraccionados, para anticipar el ingreso a la Hacienda Pública por parte de empresas, fundamentalmente de grandes empresas, de nuestro país, que también es positivo que en este momento que contribuyan en este ejercicio 2012 a cumplir con el objetivo que nos están marcando las instituciones europeas, que no está marcando la Comisión Europea.

Las otras medidas, puesto que el contenido ya saben que es muy grande, también son conocidas ya y anunciadas, y se refieren al cambio en la prestación de desempleo, con la reducción prevista y ya anunciada por el presidente del Gobierno: a partir del sexto mes de cobro de esa prestación, reducción del 60 al 50 por 100, y la remisión al Pacto de Toledo, y discusión con las fuerzas políticas, con la formaciones políticas, sobre el sistema de sostenibilidad de las pensiones en España, no ya a corto plazo, sino a medio y largo plazo, dentro de lo que siempre es, y debe ser, la premisa de nuestro Gobierno y de todas las formaciones políticas de nuestro país, que es preservar el Pacto de Toledo.

Creo que éstas son las principales medidas. No sé si me dejo alguna, Vicepresidenta. Creo que no. En todo caso, vamos aclarando, si les parece, a continuación, en las preguntas y respuestas.