Intervención del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá

Sr. Catalá.- Muy buenos días. Les informamos, la ministra de Empleo y yo mismo, de los acuerdos del Consejo de Ministros en esta rueda de prensa habitual de los viernes, en sustitución de la vicepresidenta del Gobierno y portavoz del Gobierno, que, como saben, se encuentra hoy en Nueva York.

La vicepresidenta, acompañada de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, representará en muy breves momentos --a las 15:00 hora española, a las 09:00 hora de Nueva York--, al Gobierno de España en la Conferencia de Alto Nivel para la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en la sede de Naciones Unidas. Se trata de un documento histórico que fija objetivos para la lucha contra el calentamiento global. Este Tratado fue adoptado el pasado diciembre y será suscrito por 165 países.

En relación con los asuntos y acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros, en primer lugar he de informarles de que en el informe de política exterior se ha informado sobre la situación en relación con el terremoto de Ecuador.

En primer lugar, la inmediata comunicación, la inmediata transmisión de solidaridad por parte de S.M. el Rey y del presidente del Gobierno en conversación con el presidente Correa, y el envío de los medios que así nos han solicitado las autoridades ecuatorianas en materia de emergencias. Así, se han desplegado ya en Ecuador efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y también del Grupo de Emergencias y de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. En total, son cincuenta efectivos los desplegados y, además, también, a través de la Agencia Española de Cooperación, se ha enviado un avión con material de socorro, con trece tonelada que incluyen equipos para el abastecimiento de agua potable, grupos electrógenos, kits higiénicos, material de socorro proporcionado por la Cruz Roja Española, equipos de agua y saneamientos que ha facilitado OXFAM Intermon, y también medicamentos de la Fundación Reina Sofía y Farmamundi.

Todo el personal de la cooperación española, de la OTC, se encuentra en las áreas más afectadas colaborando con el Gobierno de Ecuador y con las autoridades competentes en materia de emergencias.

En segundo lugar, el Gobierno ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo la convocatoria de subvenciones en el área de protección internacional y para la atención socio-sanitaria en los Centros de Estancia Temporal de los inmigrantes de Ceuta y Melilla; todo ello, doscientos programas, por un valor acumulado de 83.440.000 euros. La ministra de Empleo les dará información más detallada de este Acuerdo.

En tercer lugar, también se ha adoptado un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de este año, 2016, de las ayudas para la cooperación regional en I+D para el desarrollo tecnológico e industrial, por valor de cincuenta millones de euros. Con estos proyectos se pretende estimular la cooperación estable en actividades de I+D entre empresas ubicadas en las principales regiones españolas destinatarias del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. En concreto, se persigue el incentivo del desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro, con proyección económica y comercial a nivel internacional, y que tengan una aportación innovadora en materia tecnológica o industrial.

La estimación por parte del CDTI es que se puedan financiar entre veinticinco y treinta proyectos, con un presupuesto para cada uno de ellos de entre uno y cuatro millones de euros, que tendrán una duración entre dos y tres años. Estas ayudas, como les decía, están destinadas a las regiones objetivo de este Programa; por lo tanto, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha acordado también un Acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra tres leyes aprobadas recientemente por el Parlamento de Cataluña.

La primera de ellas tiene que ver con el establecimiento de un impuesto a las viviendas vacías y de modificación de las normas tributarias de Cataluña. En este caso, lo que estima el Gobierno, con todos los informes jurídicos que acompañan este tipo de acuerdos, es que no se puede gravar por segunda vez un mismo hecho imponible. El actual sistema de financiación de las Haciendas locales ya prevé que se pueda recargar hasta en un 50 por 100 el IBI de las viviendas no ocupadas; por lo tanto, este nuevo tributo que pretendía crear el Parlamento de Cataluña recae en un vicio de inconstitucionalidad por atender al mismo hecho imponible y, por lo tanto, ser contrario a la legislación vigente.

En segundo lugar, también se impugnan determinados artículos de la Ley 16/2015 del Parlamento de Cataluña que tiene que ver con la actividad de los gobiernos locales en Cataluña. También aquí la Ley del Parlamento de Cataluña, en opinión del Gobierno y de los órganos de asesoramiento, invade competencias estatales; y, por lo tanto, se solicita del Tribunal Constitucional su declaración de inconstitucionalidad.

Por último, también se presenta un acuerdo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 17/2015, del Parlamento de Cataluña orientada a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Como se pueden ustedes imaginar, nada que objetar al fondo de la materia en sí mismo de la Ley. Una vez más, lo que hacemos es un análisis competencial y consideramos que lo que está haciendo el Parlamento de Cataluña es invadir competencias que le corresponden al Estado; por lo tanto, lógicamente, para respetar el orden competencial de las distintas Administraciones Públicas se promueve esta impugnación.

En este momento, yo creo que el acceso por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional impugnando normas o disposiciones de la Generalitat de Cataluña se sitúa en torno a, aproximadamente, treinta disposiciones; pero también es verdad que la Generalitat de Cataluña ha presentado prácticamente cincuenta impugnaciones contra disposiciones del Gobierno, del Parlamento nacional. Por lo tanto, como digo, esto no es más que el ejercicio normal de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas cuando considera que otra Administración ha extralimitado sus competencias y acudimos, por lo tanto, al Tribunal Constitucional.

Éstos han sido los acuerdos que se han adoptado por el Consejo de Ministros y la ministra de Empleo les dará mayor detalle sobre el acuerdo en materia de inmigración.