Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, en cuanto a la Ley de Educación, si no he entendido mal, pensaba que podía ir hoy a Consejo de Ministros. No ha sido así y quería preguntar si esos flecos de los que nos han informado que faltan en la memoria económica se deben a que ustedes van a mejorar la financiación, o si van a cambiar algún tipo de otro aspecto de la Ley, o, simplemente, si están buscando un mayor consenso.

En cuanto a Cataluña, quería preguntarle qué le sugiere la siguiente frase de un cargo del Parlamento catalán, que ha dicho que "la declaración de soberanía sigue vigente diga lo que diga el Tribunal Constitucional". Quería saber cuáles van a ser los siguientes pasos del Gobierno en cuanto a este tema de Cataluña.

Vicepresidenta.- Sobre la Ley de Educación, como yo ya informé a alguno de los periodistas que están aquí presentes el pasado miércoles, entró el viernes pasado en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, tenía observaciones y no elevamos a Consejo de Ministros ningún asunto que tenga observaciones hasta que estén resueltas. Pero ya le anticipo que tanto esta Ley, como la Ley de Emprendedores, que ayer pasó su trámite por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, será aprobada en este mes de mayo; probablemente, en las semanas siguientes.

Me pregunta por los aspectos que quedan por cerrar. Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo de Estado y que se están fortaleciendo, amén de la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, como una novedad, como consecuencia de la aprobación del Marco Financiero Plurianual, de que en alguna de las medidas novedosas que se aplican en algunos ámbitos, especialmente en la Formación Profesional, puedan además utilizarse fondos europeos para poder establecer una mayor dotación.

Ésta es una Ley -me pregunta sobre los consensos- importante. Amén de otros asuntos colaterales que forman parte de la misma, este Gobierno mantiene que es imprescindible en el momento actual aprobar una Ley de Calidad de la Educación. Tenemos un fracaso escolar que no nos permite conformarnos con el modelo actual. No es posible mantener vigente un sistema con unos índices de fracaso escolar elevadísimos. Por explicarlo gráficamente, cada vez que pasamos a un nivel diferente se cae un tercio de los alumnos, con un abandono escolar altísimo y, además, con un desempleo juvenil en los porcentajes que tenemos del 57 por 100.

Es un modelo que, a pesar de estar financiado con unos recursos que están un 25 por 100 de la media de la OCDE, sin embargo. produce estos resultados. Entonces, nuestra obligación como Gobierno es trabajar por la mejora de la calidad de la educación en aspectos básicos y eso es lo que busca, fundamentalmente, esta Ley; una ley que a lo largo de estos meses, desde que la presentó aquí el ministro de Educación, también quiero decir que ha sido discutida, hablada, comentada y consensuada; se han hecho alegaciones y se han hecho informes de un buen número de instituciones.

Quizás a veces los datos gráficos son más gráficos, si me permiten la expresión. Si observan ustedes el informe del Consejo de Estado, que es muy amplio, en las páginas 37 a 45 se recogen todas las audiencias a los sectores interesados en el ámbito de la educación que han participado o que han conocido de la elaboración de la Ley. Tienen allí todo el detalle, desde la relación de centros educativos, asociaciones de profesores, de estudiantes, padres de alumnos, directivos, sindicatos, corporaciones profesionales, Consejo de la Juventud de España, etc., etc.; las alegaciones que se han recibido, con un detalle de todos los que han llevado a cabo esas alegaciones; y el parecer de diversos órganos de participación y asesoramiento, como la Comisión Mixta de Acceso a la Universidad, el Consejo de Universidades, el Consejo Superior de Formación Profesional, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, el Consejo Escolar del Estado o la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos.

Pueden ustedes tener ahí detalladamente el listado de todas aquellas instituciones que han tenido audiencia, participación y han podido alegar; que han, de alguna u otra manera, colaborado en esta Ley.

Ésta es una ley importante y es una ley muy necesaria, y constituye un elemento básico del Programa Nacional de Reformas; pero también es una ley clave para las siguientes generaciones en nuestro país. Es un proyecto fundamental en la tarea de Gobierno y lo es desde un doble punto de vista: primero, porque los españoles, los españoles más jóvenes, tienen derecho a una educación de calidad, la que elijan; a una educación pública de calidad cada vez mayor, que garantice la igualdad de oportunidades y que garantice tener una formación a todos los niveles, porque es un elemento básico para la propia vida personal; pero también saber que tenemos que organizar un sistema educativo a todos los niveles y prestando también una especial atención a la Formación Profesional, dignificándola y dándole el nivel que corresponda, que permita españoles bien formados, bien preparados y con capacidad para obtener un empleo.

No es posible, y tengo algunos datos que nos tendrían que llevar a todos a reflexionar y a trabajar, y a cada uno a asumir sus responsabilidades, según los que una parte importante de los españoles, en torno al 60 por 100, no tienen concluida la ESO. Y no tener concluida la Educación Secundaria es un elemento que impide y dificulta mucho la obtención de un empleo y de un buen empleo.

Sobre Cataluña, yo le voy a explicar lo que ha hecho el Gobierno, y va a seguir haciendo, en relación con determinadas actuaciones por parte de instituciones catalanas, como pueden ser la Generalitat o el Parlamento.

Cuando se aprobó esa declaración de soberanía por parte del Parlamento de Cataluña, hubo una discusión muy importante a todos los niveles sobre la reacción que se podía tener ante una decisión de esta naturaleza. Nosotros, con el máximo rigor, reclamamos un informe, primero, al Servicio Jurídico del Estado, que es, digamos, el órgano consultivo ordinario del Estado, donde nos dijo que había elementos para plantear ese recurso; en segundo lugar, al Consejo de Estado, que volvió a insistir en esos recursos; y, pese a precedentes que nosotros entendíamos que no eran aplicables --y eso ha venido a demostrar la decisión, el auto, porque es un auto, del Tribunal Constitucional--, ha admitido a trámite ese recurso que planteó el Gobierno.

Es decir, ante una primera decisión que nosotros entendíamos que era contraria a la Constitución, y tal y como reconocen la Constitución misma y la obligación que tiene el Gobierno de cumplir y hacer cumplir la Constitución, decidimos ir al Tribunal Constitucional con nuestros argumentos, muy fundamentados en la posición de la Abogacía General del Estado y del Consejo de Estado, y ha sido admitido a trámite.

Creo que eso es un elemento muy importante del funcionamiento de las instituciones en nuestro país, con total normalidad. Igual que otras Administraciones recurren decisiones del Estado o de otra Administración porque las consideran contrarias a la Constitución, el Gobierno lo ha hecho y, en este caso, admitiendo a trámite ese recurso… Recuerdo que aquí me preguntaron mucho y se dudaba sobre "¿será admitido a trámite, produce efectos o no produce efectos?, ¿esto es difícil?". Lo hablamos aquí. Pues bien, ahí hay un recurso muy fundamentado, muy trabajado, con rigor y con seriedad, que ha permitido darle al Tribunal argumentos para que lo admitan y ha procedido a su suspensión.

Ésa es la forma que va a tener el Gobierno para actuar en esta materia siempre: aquellas decisiones de instituciones autonómicas que entandamos que producen efectos contrarios a la Constitución se recurrirán o se incorporarán a recursos correspondientes.

¿Declaraciones políticas? Todos podemos hacer declaraciones políticas, con mayor o menor acierto, con mayor o menor rigor, jurídico o político; pero el rigor jurídico es que la Constitución, que es lo que nos permite a nosotros ser Gobierno, les permite a otros ser Gobierno o Parlamento de otra institución. Ésas son las reglas del juego. Cuando no se cumplen, uno acude al Tribunal Constitucional para que se restablezca y se reponga esa supremacía de la Constitución, que es la garantía de que ninguna institución se sale del marco del que responde y que ningún español se ve privado o afectado en los derechos que esa propia Constitución establece.

Ésa es la manera que vamos a tener siempre de actuar, teniendo muy presente una cosa: este Gobierno, al ser Gobierno de España, lo es también de los catalanes; de todos los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan. Y nosotros vamos a velar por ese principio de igualdad de todos los españoles, porque también es nuestra obligación, porque también somos Gobierno y porque también tenemos responsabilidad respecto de sus derechos, respecto de sus servicios y respecto de su situación económica y social, para que en esa Comunidad Autónoma, al igual que todas, no falle la financiación de los servicios esenciales y hagamos política de verdad para conseguir empleo. Ésa va a ser nuestra posición.

P.- Siguiendo con la contestación que acaba de dar usted, me gustaría saber si la creación de la comisión en el Parlament, a raíz de la declaración que ha sido suspendida, va a ser objeto de un nuevo recurso por parte del Gobierno o si, como ha dicho usted, se va incorporar al recurso existente ya.

Me gustaría saber también, respecto a la Ley de Educación, si, dado que lo que ha enumerado son cuestiones de financiación, lo que es el espíritu de la Ley no se va a cambiar en estos días en temas, por ejemplo, como el de la lengua, dado que Cataluña sigue reivindicando determinadas cosas.

Y me gustaría saber también si el Consejo de Ministros ha analizado la carta que le ha mandado Europa al señor De Guindos poniendo en entredicho el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios, porque puede afectar al rescate de la Banca.

Vicepresidenta .- La primera de las cuestiones, la creación de esa comisión. Procederemos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Sabe que, a medida que se aprueban determinadas resoluciones o determinadas actuaciones, se analiza por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre su constitucionalidad o sus efectos, con la participación de la Abogacía General del Estado. Según los dictaminen, veremos la manera de actuar. Lo que hemos venido haciendo en alguna de estas cuestiones es ir incorporándolas a ese recurso por cuanto, si son actuaciones que suponen un efecto de esa primera decisión, es lógica su acumulación al mismo por un doble motivo: porque su inconstitucionalidad viene derivada y, por otro lado, ponen de manifiesto el argumento de que de aquella declaración inicial se van produciendo efectos jurídicos.

Es decir, que una vez que se ha adoptado, se analizará en los términos que proceda y desde luego, en alguno de los supuestos ya lo que hemos hecho es incardinarlo a esas alegaciones y a esa acumulación respecto al primer recurso inicial.

Sobre la Ley de Educación, los pilares de esa Ley se presentaron aquí y se mantienen. Se han enriquecido con algunas de las alegaciones que se han hecho, también con las del propio Tribunal Constitucional, y los elementos fundamentales de esa Ley están diseñados y absolutamente cerrados a nivel de Gobierno. Indudablemente, nosotros a lo largo de la tramitación parlamentaria estamos dispuestos a analizar y estudiar todas y cada una de las enmiendas de este Proyecto, que es un proyecto clave para la vida de muchos españoles.

Me pregunta usted por los pilares esenciales de esta Ley. Esta Ley, sobre todo, es una ley de mejora de la calidad de la educación, y de lo que somos muy conscientes es de que tenemos que establecer un sistema que permita salir mucho mejor formados; salir formados además en materias claves y troncales que te permiten poder tener conocimientos sobre todas las demás; lograr que, además, sepamos de verdad cómo funciona el sistema, tengamos una buena evaluación del sistema. Todas las políticas y todas las actuaciones deben ser evaluadas; si no, es imposible que uno tenga, de verdad, un conocimiento de lo que está fallando y pueda remediarlo.

En ese sentido, como digo, la Ley se mantiene en sus pilares esenciales y fundamentales. Ya digo que queda cerrar alguna cuestión y, especialmente, de qué manera podemos mejorar la financiación de esta Ley en el nuevo Marco Financiero Plurianual.

Me pregunto por un tema de la Ley, que yo sé que es de gran interés para algunos; pero es un elemento de la Ley. La Ley es una ley de cambio del modelo educativo, de calidad de la educación en todos los ámbitos, y afecta al conjunto del territorio nacional. En este punto nosotros lo que queremos trabajar es, dentro de lo que ha dicho y ha venido manteniendo el Tribunal Constitucional a lo largo de todo este tiempo, en un sistema que garantice la libertad de la enseñanza, la libertad de la educación y la libertad de los padres para elegir, porque de lo que se trata es de que la lengua sea un instrumento al servicio de la persona, de su formación. Que sea un elemento siempre enriquecedor, pero que esté también amparado en la libertad que tienen, a medida que crecen, los propios estudiantes y, cuando tienen una edad inferior, sus padres, para que puedan elegir; y que haya garantías de que lo que dice la Constitución, como ha interpretado el Tribunal Constitucional, se cumpla.

En estas leyes muchas veces se habla de Administraciones y de las competencias de unos y de otros; pero el foco este Gobierno lo pone en lo que es la comunidad educativa en sí, los padres, los profesores y los alumnos, que tienen que convertirse en el eje del debate y de la discusión, más que la política que haga una u otra Administración en determinados ámbitos. Creo que, en el ámbito educativo, primero es el alumno, segundo es el alumno y tercero es el alumno, porque su vida, su trabajo y lo que pueda ser, y sobre todo vivir, en el futuro es de lo que seamos capaces todas las Administraciones y todos los implicados darle una formación adecuada.

Si lo miramos con esos ojos, probablemente sea mucho más sencillo, pero sobre todo mucho más humano y mucho más justo, el tratamiento que le demos. No hay que pensar en que, desde un punto de vista administrativo, yo quiero llevar a cabo esta política, porque me parece adecuada a determinados intereses. No, mi primera obligación como gobernante a todos los niveles es que en este país la gente tenga la mejor calidad de vida y da la casualidad de que la mejor calidad de vida procede, en un porcentaje muy importante, de la mejor calidad de la educación.

La carta a Luis de Guindos. Ayer estuvimos… hoy no se ha llevado a Consejo de Ministros, pero sí se nos ha informado por parte del ministro de Economía a la Comisión Delegada, al final de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de esta petición que se ha formulado desde la Comisión Europea. Nos han pedido que ampliemos la información respecto a esta medida y, desde luego, se le enviará, porque estamos hablando de un elemento clave y de un elemento muy importante, como es, por un lado, aquella asistencia financiera que se ha obtenido, por parte de las entidades bancarias, de la Unión Europea, que nos obliga a cumplir unos compromisos. Los pactos y los memorándum están para cumplirlos; pero, en un entorno mayor, hay Comunidades Autónomas que han optado por otros mecanismos diferentes, sin estar cuestionados por la Comisión Europea, y a lo mejor, más sencillos, y a lo mejor, quizás hasta más efectivos --ya hemos hablado de la efectividad de esas medidas--, como es hoy la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ha decidido poner en alquiler un mayor número de viviendas de su parque y bajar los precios de venta.

Esa medida no creo que suscite por parte de la Unión Europea ninguna duda ni ninguna petición adicional. Y en un marco de lealtad institucional, creo que todos tenemos que trabajar conjuntamente para, en el asunto de los desahucios, adoptar medidas equilibradas que protejan de verdad a los que lo necesitan y a los que están en necesidad de necesidad, como ha hecho este Gobierno con la paralización de los desahucios por el plazo de dos años y con la ampliación del Código de Buenas Prácticas, con el que cada vez se están resolviendo un mayor número de expedientes --puedo suministrarle alguno de esos datos--, y no adoptar determinadas medidas, que como digo, se solapan a otras generales de difícil implementación, de presupuesto todavía no claro y además, con problemas respecto de su ejecución y cuestionamiento por parte de la Comisión Europea por el Memorándum de Entendimiento.

Por ponerles algún ejemplo, hasta este primer trimestre del año 2013 ha habido, a través de la aplicación del Código de Buenas Prácticas, un volumen de 601 reestructuraciones viables de esos créditos hipotecarios, inviables con quitas; seis daciones en pago; por aplicación del Código de Buenas Prácticas, 291, y sobre un volumen de soluciones tramitadas que cumplían todos los requisitos de 1.134, 236 han acabado con desistimiento del cliente. Es decir, ese Código de Buenas Prácticas está permitiendo la adopción de medidas como las que le acabo de destacar, además de la paralización de los desahucios, de la que esperamos tener también algún dato, aunque eso ya depende la estadística que podamos actuar a través del Consejo General del Poder Judicial.

P.- Vicepresidenta, nos ha recordado antes que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y de hacer cumplir las Leyes y la Constitución, en concreto. La primera parte parece clara, pero la segunda, después de escuchar al Gobierno catalán y al Parlamento catalán, que no están dispuestos a aceptar la suspensión de la declaración soberanista, como ha decidido el Tribunal Constitucional al admitir a trámite el recurso, ¿cómo va a conseguir el Gobierno que se cumpla esa decisión del Tribunal Constitucional y, sobre todo, las decisiones que vaya tomando a partir de ahora este Tribunal, porque ya sabemos que no lo van a aceptar en Cataluña? Entonces, ¿cómo va a hacer cumplir la Ley el Gobierno?

Por otra parte, también le quería preguntar sobre la Ley del Aborto, porque esta semana hemos escuchado a diferentes dirigentes del Partido Popular, y del Gobierno también, con diferentes versiones también sobre la reforma de la Ley. Yo quería saber cuándo va a estar lista esta Ley, por fin, y qué es lo que está retrasando su aprobación. Es decir, ¿qué dudas tiene ahora mismo el Gobierno para que salga adelante esta Ley?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, está hablando usted de una resolución de un tribunal; en este caso, del Tribunal Constitucional. A los Tribunales les corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado. Desde luego, el Gobierno lo que va a hacer respecto de cualquier acto o actuación de la Generalitat de Catalunya, más allá de las declaraciones políticas a las que estamos todos acostumbrados de diferentes dirigentes, es sobre aquellas actuaciones que supongan un incumplimiento de esa suspensión, de entrada, enviarlas e incorporarlas a ese Tribunal Constitucional como muestra de sus efectos y también poniendo en evidencia el incumplimiento de esa suspensión. Así es como funciona nuestro sistema de garantías en nuestro Derecho.

Pero no le quepa ninguna duda que cualquier actuación que suponga darle efectos e incumplir, por un lado, ese auto y, por otro, que es más importante, el conjunto de la Constitución se llevarán, en la fórmula que consideremos más adecuada y más eficaz, al Tribunal Constitucional para su enjuiciamiento y la adopción de las medidas que se estimen oportunas.

Con el auto de admisión, este Gobierno ha conseguido que una declaración, de la que algunos decían que no era posible esa admisión, haya sido admitida, lo cual supone -yo recuerdo lo que hablábamos aquí hace unos meses- un elemento muy importante para poner determinadas cosas en el lugar que les corresponde. Y una vez que ese auto nos permite analizar la constitucionalidad de esa medida, las sucesivas que se adopten en cumplimiento de él y, por tanto, no sometiéndose a la suspensión, primer elemento, remitirlas y, en su caso, impugnarlas o incorporarlas al expediente ante el Tribunal Constitucional. Es nuestra obligación y la vamos a cumplir; que no le quepa a nadie ninguna duda.

Del mismo modo, a pesar de que muchos decían en esas instituciones que aquella declaración no sería admitida a trámite, este Gobierno lo estudió bien, lo trabajó bien, tuvo el apoyo de los supremos órganos consultivos del Gobierno, que nos dieron elementos para hacerlo, se recurrió y, a pesar de que muchos decían "¿qué harán ustedes cuando no se lo admitan?", el Tribunal Constitucional lo ha admitido. Y eso abre la vía para poder recurrir, impugnar e incorporar a ese recurso todo lo demás.

Es decir, estamos ante una situación de mayor fortaleza de nuestra Constitución y de la posición del Gobierno que al inicio de esta cuestión. Por tanto, con mayor razón nos permitirá poder seguir impugnando, seguir recurriendo y seguir argumentando que ese proceso que se ha iniciado, y que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en sus inicios, puede seguir siendo enjuiciado por él.

Sobre la Ley del Aborto, el Ministerio de Justicia, es, digamos, el órgano a quien le corresponde la elaboración de esa norma y el Ministerio de Justicia está en el proceso de su redacción.

¿Sobre los elementos fundamentales? Los que hemos venido manteniendo siempre. De un lado, el respeto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme a la primera Ley del Aborto inicial, que estuvo vigente en nuestro país hasta la pasada Legislatura; y, en segundo lugar, un elemento que no forma parte de esa doctrina, pero que es importante, es cumplir el compromiso de que el cambio de la Ley iría hacia la intervención de los padres en los abortos de mujeres menores de edad, entre dieciséis y dieciocho años. Siempre dijimos que no estamos de acuerdo con que las menores de esa edad tuvieran ese proceso solas, sin el concurso de sus padres. Y ése es otro de los elementos: doctrina del Tribunal Constitucional y autorización, y sobre todo participación, de los padres en el proceso.

P.- Quería insistir en una cuestión sobre la Ley de Educación. ¿El Gobierno está renunciando a pagar escuelas privadas y busca otro mecanismo para obligar a la Generalitat a escolarizar alumnos en castellano en Cataluña?

También le quería hacer una pregunta en referencia a la LAPAO. ¿El Gobierno entiende el sentido de cambiar el nombre de una lengua? De la misma manera, ¿no le preocupa que, de repente, una Comunidad decida que el castellano o el español se llama canario o andaluz?

Vicepresidenta.- Primera de las cuestiones. Como decía hace un momento, y este asunto se lo presentaremos en cuanto esta Ley se apruebe como Proyecto de Ley y lo enviemos a las Cortes, este Gobierno lo que va a garantizar a través de esa Ley, que en su caso aprobarán las Cortes, es la libertad que establece la Constitución y que ha reconocido el Tribunal Constitucional, para que se pueda elegir esa lengua en la que se recibe la primera enseñanza, la lengua vehicular. Eso lo haremos con los mecanismos pertinentes que permitan, al final, que se logre el objetivo esencial, que es que el ciudadano, que es que el padre, que es que el alumno, reciba la educación en la lengua que ha decidido. La obligación de todas las Administraciones del Estado, digamos, como a quien nos corresponde aprobar las leyes y la Administración educativa que le corresponde la gestión de eso, es atender a una obligación primera, que es la libertad de los padres y eso, desde luego, quedará garantizado en la Ley.

Sobre la segunda de las cuestiones, permítame que le diga que me choca, a veces, la asimetría de los planteamientos. El castellano es la lengua oficial del Estado porque lo dice nuestra Constitución y las Comunidades Autónomas tienen, en su caso, su lengua cooficial que regula su Estatuto de Autonomía. Y creo que hay que respetar los Estatutos de Autonomía de cada uno en el marco de las competencias que tiene cada uno, y las instituciones autonómicas, siempre y cuando respeten la Constitución. En ésas es en la que estamos.

P.- Yo tenía varias cuestiones. A vueltas a Cataluña, vicepresidenta, más allá de las declaraciones públicas, yo no sé si el Gobierno tiene algún tipo de interlocución que, de forma discreta, sin micrófonos delante, en la que se esté abordando el asunto a fin de que se pueda llegar a un acuerdo. No sé si hay puertos abiertos con la Generalitat, con el señor Artur Mas, y si en privado usan palabras tan gruesas de insumisión como las que hemos escuchado.

Luego, esta misma semana el presidente del Gobierno se ha pronunciado a favor de llegar a pactos puntuales con el Partido Socialista; lo hizo en el Congreso de los Diputados: habló de unidad de mercado y habló de reforma de la Administración. Me gustaría saber ya si se está trabajando en ese sentido.

Por último, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, acaba de decir que le va a plantear a Cristóbal Montoro un déficit para Cataluña del entorno del 1,8 por 100. ¿Estamos en ese momento? ¿Estamos ya en esa negociación?

Vicepresidenta.- En el primero de los asuntos, no sé si me pregunta por el tema sólo de la educación o por el conjunto. Sobre educación, a lo largo de todo este proceso el ministro de Educación ha procurado con las Comunidades Autónomas, y sobre todo con Cataluña, abordar este asunto, escuchar sus alegaciones y, digamos, tener un nivel de interlocución. Si se puede llegar a un acuerdo, bienvenido sea y, si no es posible llegar a un acuerdo, en todo caso, el Gobierno lo que tiene es que garantizar el cumplimiento de la Constitución, de las Leyes y de los derechos que los Tribunales han venido reconociendo a las personas. Su obligación es cumplir lo que dicen las sentencias de los Tribunales y darles mecanismos para que los ciudadanos que tienen reconocido un derecho en el papel lo tengan también en la práctica.

En el ámbito de Cataluña, nuestra actuación responde a dos parámetros. Como decía hace un momento, somos Gobierno de España y, por tanto, también somos gobierno de los catalanes, igual que lo somos del resto de los españoles. Sobre aquellas actuaciones de las Administraciones Autonómicas y, en este caso, de la administración catalana que sean contrarias a la Constitución y las Leyes, nosotros, desde luego, y sin palabras gruesas, lo recurrimos ante las instituciones que corresponda: los Tribunales y el Tribunal Constitucional. Pero en la obligación que también tenemos de garantizar los derechos de los catalanes, como de cualquier otra persona en este país, nosotros hablamos con las Administraciones, en este caso con la Administración Autonómica o, en su caso, con la Administración Local, para garantizar en temas como, por ejemplo, la financiación, que no sufran un perjuicio los ciudadanos por la actuación de sus Administraciones.

Ésa es la línea que nosotros vamos a seguir: firmeza en la defensa de la Constitución, pero también diálogo; pero, sobre todo, actuación y ejecución de las medidas que sean oportunas para que ni en Cataluña, ni en cualquier otra Comunidad Autónoma, de las que también somos Gobierno --no autonómico, pero sí nacional--, se adopten las medidas que necesarias para que en estos momentos de crisis se garanticen los servicios públicos y se mejore una serie de políticas que corresponde al Estado y al Gobierno hacer.

Pactos. Nosotros a lo largo de todos estos meses hemos buscado… Desgraciadamente, no han sido muchos los supuestos en los que hemos podido contar con el acuerdo del Partido Socialista. De todos ustedes son conocidos algunos supuestos en los que pensábamos que iba a ser posible y luego no fue; pero eso no nos lleva a decir "no confiamos en los pactos", todo lo contrario. Nosotros lo seguimos intentando en todas y cada una de las iniciativas que llevamos a cabo: en la Ley de Transparencia tenemos abierto un diálogo con los Grupos que, una vez pasadas las comparecencias, vamos a intensificar; tenemos un asunto importante, como es el factor de sostenibilidad, que ya el presidente del Gobierno emplazó para poder llegar a un acuerdo, al menos para discutir y conocer las posiciones de cada cual; y la reforma de la Administración, en su doble vertiente: la Administración local y el conjunto de reformas.

Sobre esto, esto y en todas y cada una de las leyes que apruebe este Gobierno: Ley de Emprendedores, Ley de Educación, las leyes que vamos a llevar en las semanas siguientes. Y trabajaremos en todas y en cada una de ellas.

Yo entiendo que el momento es difícil y que hay determinadas medidas en las que no es fácil asumir determinadas responsabilidades. El Gobierno tiene una obligación, que es hacer esas reformas, aprobarlas y hablarlas con todo el mundo, y, en la medida de lo posible, sumar a ese proyecto a cuantos más Grupos podamos, mejor. Pero tenemos una obligación primera, que es hacer reformas y trabajar para sacar a este país de la crisis en un plazo perentorio.

Sobre la posición del PP de Cataluña, en este caso, igual que en su caso líderes políticos, o presidentes, o dirigentes, de cada una Comunidad Autónoma, como es lógico, defienden el interés de su Comunidad Autónoma, sus propias necesidades y lo que consideran oportuno --eso ha pasado siempre; o en los modelos de financiación, en este caso de los modelos de financiación, pero estamos hablando de un déficit--, cada uno analiza su propia situación. Nosotros, como Gobierno, escuchamos a todos, los pareceres de todos; pero tenemos un procedimiento, que es la senda que se ha marcado y, respecto a esa senda, cómo podemos hacer ese reparto.

Yo he oído decir estos días decir: "déme a mí más del margen, porque yo llevo servicios sociales"; pero es que hay una cosa que se llama la Seguridad Social que lleva --permítanme la expresión de viernes-- un súper servicio social como son las pensiones que también necesita un margen, porque en este momento se ve necesitada como consecuencia del déficit del sistema por la situación de la afiliación.

Entonces, una vez visto a qué Administraciones se puede compartir, a partir de ahí, se analizará la situación para buscar el sistema más justo y más equitativo, teniendo bien presente la situación de cada cual y los esfuerzos de cada cual pasados y futuros. Cada uno, claro, indudablemente, defiende lo que le parece, porque es lógico. Son los representantes de esa Comunidad Autónoma. Es más, es bueno que cada uno defienda lo suyo para ver donde está cada uno y tratar de buscar un acuerdo.

P.- Tengo tres preguntas, pero muy cortas, porque veo que hay muchas manos levantadas, para que mis compañeros también puedan preguntar.

El presiente del Gobierno pidió este lunes en la reunión del Comité Ejecutivo un esfuerzo de pedagogía para explicar las reformas que está haciendo el Gobierno. Quería saber si esa petición de Mariano Rajoy se va a traducir en algún plan concreto.

En segundo lugar, le quería preguntar por la Ley antitabaco. Quería saber si el Gobierno descarta definitivamente cambiar esa norma para facilitar el desembarco financiero de los promotores de Eurovegas. Ya sé que usted se pronunció aquí mismo hace unas semanas en la mesa del Consejo de Ministros, pero quería saber si está descartado totalmente cambiar la Ley antitabaco.

Y, en tercer lugar, volviendo al tema del déficit al que usted se refería hace un momento, el déficit asimétrico a la carta ha provocado inquietud en muchos presidentes autonómicos que consideran que se quiere beneficiar a Cataluña. Quería saber si el Gobierno va a condicionar esa flexibilización a que Cataluña deje de dedicar partidas o gastos, por así decirlo, a temas relacionados con el plan soberanista.

Vicepresidenta.- Sobre el esfuerzo de pedagogía, no me corresponde aquí comentar reuniones, en este caso de una formación política; pero, por la parte que nos corresponde a todos y cada uno de los ministros, tenemos dos tareas: en primer lugar, aprobar, y además aprobar con agilidad, el Plan Nacional de Reformas y todas y cada una de las medidas. Hemos pedido un esfuerzo, no sólo a nosotros mismos, sino también tendremos que hacerlo en los distintos trámites que tienen que superar esas iniciativas. Y, después, explicarlas y hacerlo de la manera más comprensiva posible.

Yo creo que la intervención del presidente del Gobierno en el debate del miércoles fue un ejemplo claro de esa cuestión y esa pedagogía, que es indudablemente necesario hacer y que cada uno tenemos que practicar en nuestro propio ámbito.

Sobre el asunto que me preguntaba en relación con esas inversiones, en primer lugar, yo quiero decir que este país necesita inversiones y necesita creación de empleo, y este Gobierno analizará todas aquellas actuaciones que supongan esa inversiones y esa creación de empleo para adoptar, en su caso, las medidas que considera más oportunas, siempre salvaguardando el interés general. De momento, nosotros no tenemos una petición formal en ese sentido y tendremos que verlo en el equilibrio.

Por último, en cuanto a las inquietudes en cuanto a que se dedica el dinero, a lo largo de este proceso… Esto me permite poner en valor una cuestión: una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que ha permitido cumplir, al menos ayudar a cumplir --y yo quiero reconocer el esfuerzo de muchas Comunidades Autónomas--, unos objetivos de déficit, con unos planes de ajuste que establecían determinadas obligaciones a las Comunidades Autónomas, y después, un FLA, un Fondo de Liquidez Autonómico, que señala otras añadidas.

Respecto de estas cuestiones, indudablemente, yo creo que las Administraciones Públicas, y en ese FLA y en esos compromisos, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se han analizado y se analizarán las medidas que tienen que adoptar las Comunidades Autónomas y el plan de ajuste que tienen que hacer para que ese dinero se destine, sobre todo y fundamentalmente, al cumplimiento de los servicios sociales y a algo que está haciendo el Fondo de Liquidez Autonómico, que es el pago a los proveedores y el pago de las facturas.

Por ahí es por donde vamos a ir. Los márgenes. El Fondo de Liquidez Autonómica tendrá que ser para cumplir esos compromisos, esas facturas, porque es imprescindible acabar con la morosidad en el sector público que tanto perjudica, por un lado, a los servicios públicos y, por otro lado, a los que los prestan, que muchas veces son pequeñas y medianas empresas como se puso de manifiesto con el Plan de Proveedores.

P.- Por lo del aborto le quería preguntar. Por lo que he entendido que ha dicho, quitar el supuesto de malformación para abortar no sería un elemento fundamental para el Gobierno. Eso, por ese tema.

Por el tema de la educación, me gustaría saber si con la Ley de Educación el Gobierno está preocupado por la falta de apoyo del resto de grupos políticos y, sobre todo, por las protestas sociales de la calle, como las que vimos ayer.

Luego, por la carta de Bruselas. ¿La van a hacer pública, teniendo en cuenta que esta mañana el señor Griñán la ha puesto en duda?

También le quería preguntar si el Gobierno va a recurrir, después de lo que ha dicho de Mas, la decisión de Andalucía ante el Tribunal Constitucional.

Y también le quería preguntar…

Vicepresidenta.- Lleva usted cinco, pero bueno… Hoy nos lo podemos permitir, aunque alguno de sus compañeros de atrás considera que no.

P.-Cuando dice usted que van a incluir todo en el recurso que ya han presentado, ¿también se refiere al Consejo de Transición? ¿A todo? ¿A todo lo que se ha hecho hasta ahora o..?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, lo que este Gobierno está estudiando es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en abril de 2008, y los compromisos que supone esa Convención respecto al tratamiento de esa cuestión. Ése es el punto en el que estamos.

Sobre la Ley de Educación, buscaremos los acuerdos; pero nuestra obligación primera es cumplir con aquellos cambios que son imprescindibles. Yo entiendo y respeto la posición de todos y cada uno de los grupos, de los manifestantes y de los opinantes; pero hay un tema respecto del que no he encontrado ningún argumento que, como Gobierno, me permita decir que esta Ley no es necesaria. No he encontrado ningún argumento que justifique mantener un sistema con un fracaso escolar y una tasa de abandono escolar como el que tenemos. Y, cuando esos mismos grupos piden medidas contra el empleo juvenil y cuando esos mismos grupos dicen "tendremos que encontrar soluciones para que los jóvenes se empleen", están dando un argumento a mayores para hacer un cambio, que es imprescindible. Respetando la posición de cada uno, no he encontrado un argumento que sea "no, es mejor seguir con lo que estamos", cuando en lo que estamos está provocando lo que estamos viviendo.

Ahora la Ley iniciará, en cuanto la aprobemos, una tramitación parlamentaria y analizaremos muy bien las enmiendas. Si algunos grupos pueden sumarse total o parcialmente a alguna de las cuestiones, trabajaremos para ello, como ha venido trabajando el ministro de Educación y demuestra el Consejo de Estado a lo largo de todos estos meses.

Pero no he encontrado un argumento de peso para mantener un sistema del que los que vivimos aquí decimos que no funciona cuando hablamos del paro juvenil, PISA nos saca los colores cada vez que saca un informe, los padres están preocupados, porque cuando tienes un hijo te preocupa cómo va a ser formado, y no he recibido ningún…, "esto va fatal, pero déjenlo ustedes". Mire, lo que no funciona hay que cambiarlo y hemos tratado, y trataremos de hacerlo, de la mejor manera posible, teniendo un objetivo fundamental, que es el alumno y el profesor, y la tranquilidad de los padres y la confianza de los padres en el sistema. Pero en este tema, si me permiten, hay que hacer política entendida en el buen sentido de la palabra. Oiga, el sistema no funciona y no tiene ningún sentido anclarnos en lo que no funciona.

¿Habrá distintas opciones? Dispuestos a escucharlas en el debate parlamentario, pero no cambiar, no he encontrado ningún argumento que permita… Decían: "no, es mejor que el sistema no funcione". Pues si no queremos tener un futuro mejor como país, mantengamos lo que mantenemos. Pero es que no salimos bien en ningún índice medianamente importante. Tenemos un gasto educativo del 21 por 100, pero todos los demás son malos. Tengo aquí todo el listado.

Como Gobierno y como alguien que entrará en ese entorno preocupado por la educación de otra manera en breve plazo, yo quiero que mi país tenga el mejor sistema educativo, una educación pública de calidad, con igualdad de oportunidades, que la gente salga bien formada, bien educada, y que tenga, además, posibilidades de empleo. Este sistema, el que tenemos hoy, no lo da.

La carta de Bruselas. Yo no sé si el señor Griñán ha dicho que no existe. Yo sólo creo que los dirigentes políticos tenemos que ser muy prudentes porque, cuando te pueden demostrar que existe con un correo electrónico, uno puede quedar muy en entredicho. Y hasta ahí puedo leer.

¿Sobre las decisiones del Tribunal Constitucional? Se lo explicaba hace un momento a su compañero. Nosotros estamos analizando cada una de las decisiones que se adoptan y eligiendo el mejor escenario para, si son inconstitucionales, llevarlas al Tribunal, o como recurso independiente o, en su caso, como alegaciones o incorporándolo al inicial, como se hizo con el Consejo de Transición Nacional, según el criterio del Servicio Jurídico del Estado.

En cuanto a la siguiente de sus cuestiones, sobre el asunto de Andalucía, como en otros casos, el Gobierno, a través en este caso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es el que analiza, aporta los primeros argumentos jurídicos, y se seguirá el procedimiento correspondiente antes de su decisión.

Pero, claro, indudablemente, ese elemento de que Bruselas, en relación con el Memorándum de Entendimiento, tiene estas dudas, también tiene que ser muy tenido en cuenta en este proceso. Nos han pedido información adicional. Ya sabe que el Estado, porque ése es el funcionamiento de la Unión Europea, asume la responsabilidad de que lo que hacen todas las Administraciones y por ese conducto intermedio tendremos que mandar información sobre este asunto.

P.- Yo tenía tres preguntas. La primera es sobre la Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad. Ahí se recomienda --no se obliga formalmente, sino que se recomienda-- el tratar de limitar el aborto en el caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Lo que me gustaría preguntarle, dado que lo están estudiando, no es tanto qué van a hacer, porque todavía lo están estudiando, sino si el Gobierno es partidario o no de limitar o de suprimir directamente el aborto en el caso de personas con discapacidad.

En segundo lugar, ha hablado de la pedagogía que ha hecho el Gobierno. Me gustaría preguntarle por el Consejo de Ministros de hace dos semanas, cuando ustedes nos presentaron aquí el Plan de Reformas. Tanto usted como los dos ministros, de Hacienda y de Economía, hicieron un discurso con datos bastante negros; una perspectiva bastante dura, que generó bastante alarma social. Sin embargo, este miércoles, en el Congreso de los Diputados escuchamos un discurso del presidente del Gobierno en un tono muy diferente, mucho más optimista, mucho más esperanzador. Me gustaría saber si ese cambio de discurso, o por lo menos de tono de discurso, tiene que ver con esa pedagogía que ha pedido el Presidente y de una nueva estrategia que va a poner en marcha el Gobierno.

Por último, sobre Cataluña. Se ha hablado en esta misma sala de insumisión y desobediencia por parte de líderes de Cataluña, y me gustaría saber si nos puede descartar totalmente que el Gobierno piensa actuar contra las palabras, esas declaraciones que mencionaba usted de los dirigentes políticos, que entiendo que van en esa línea, y cuál es el argumento. Al tratarse de dirigentes, de altos funcionarios o cargos públicos de una institución, y estar apelando a una desobediencia de una resolución judicial, ¿cabría ahí algún tipo de reacción judicial? ¿Se podría actuar contra ellos?

Vicepresidenta.- Como decía hace un momento respecto de la primera de esas cuestiones, el Ministerio está analizando esa Convención y analizando también la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la regulación del aborto que existe ya en nuestro país, y dentro de esa regulación establecer la mejor manera posible para tener presentes ambos equilibrios.

Sobre la pedagogía, como estamos aquí todos, ese día se dijeron muchas cosas: en primer lugar, que era un Programa de Estabilidad que hay que enviar a Bruselas y el mecanismo de Bruselas es que uno tiene que hacer unas previsiones respecto de dos o tres años anteriores, que habitualmente España y el conjunto de los países de nuestro entorno tienen que ir modificando según nuestro entorno.

En esa rueda de prensa también dijimos que eran unas previsiones contra las que luchábamos y que por eso planteábamos un Programa Nacional de Reformas. Aquí se hizo entrega, además, de uno de los elementos fundamentales, y se explicó, que sirvió al presidente del Gobierno para su discurso del miércoles, que es la corrección de desequilibrios que se están produciendo en España. Indudablemente, es un primer paso, y no suficiente; pero es un primer paso sine qua non, imprescindible para que haya muchos más.

España tenía un déficit galopante y se ha hecho un esfuerzo ciudadano y de las Administraciones por controlar; una financiación que era inasumible, y que ha mejorado; han mejorado las exportaciones, ha mejorado la balanza comercial y ha mejorado una serie de parámetros que permiten seguir trabajando en los siguientes pasos.

Eso está ahí y eso ahora hay que traducirlo en resultados de la macro a la micro. ¿Cómo? A través de un Programa Nacional de Reformas, que vamos bajando aquí viernes a viernes. La semana pasada fue la Ley de Cajas de Ahorros. Fíjense de las Cajas de Ahorros que había hace no muchos meses a las que hay ahora y del sistema de Cajas de Ahorros que había hace un tiempo, que todo el mundo criticaba -"no son profesionales, no tal…"--, al cambio que supuso la Ley de la semana pasada. Oiga, es que nosotros, en el sistema financiero, en un año hemos hecho un saneamiento en el que en otros Estados estuvieron, al menos, cuatro.

Nosotros, con el Plan Nacional de Reformas luchamos contra esas previsiones. En 2012 el decrecimiento fue inferior al que se había pronosticado; pero tenemos que enviarlo a Bruselas y, con los datos que tenemos, tenemos que hacer esas proyecciones, sabiendo que nuestra obligación es luchar contra eso. Y también se explicó aquí.

Indudablemente, hay que hacer un trabajo ingente de reformas, con agilidad. Aquí también nos cuesta encontrar el equilibrio, y lo hemos hablado aquí muchas veces: si es por Decreto Ley, porque "llevan ustedes muchos decretos leyes" y, si es por Ley, porque "cuánto tardan en ponerse en marcha". Pues como en todo: hay que buscar ese equilibrio.

Estamos haciendo una transformación fundamental del país en muchísimos temas: pensiones, reforma laboral, sistema financiero, ahora la educación, la reforma de las Administraciones Públicas, y es el momento de hacerlo. Y ahí es donde está la vía también para poder revertir algunas decisiones que se han adoptado y que en el momento idóneo, cuando podamos hacerlo, indudablemente, seremos los primeros interesados en hacerlo.

Sobre la última de las cuestiones, la Ley es bien clara y lo que en cada caso hará quien le corresponde, especialmente los órganos judiciales o la Fiscalía, será proceder según marcan la propia Constitución y las Leyes. Nosotros, como Gobierno… Yo he oído muchas declaraciones, y sobre esto muchas que no confiaban en que, en el momento en que estamos, se iba a producir. Pero lo que es muy importante es que en este momento tenemos un recurso admitido, que cambia la situación respecto a momentos anteriores, porque nosotros dijimos que no era el mismo supuesto, y que ha permitido dar un mensaje muy claro de: estamos hablando de una cosa que puede ser contraria a la Constitución, que produce efectos jurídicos y que voy a entrar a analizar.

Yo entiendo que quienes decían que no íbamos a llegar a este momento manifiesten lo que estimen oportuno; pero tienen la obligación de respetar la Constitución y las Leyes, y en la nuestra, en las medidas que no lo cumplan, actuar con los mecanismos que nos da en este caso el Tribunal Constitucional.

P.- Vicepresidenta, sobre el aborto le quería preguntar, porque el ministro Ruiz Gallardón ha sido bastante más claro en la posible eliminación del supuesto de malformación. Le quería preguntar si Ruiz Gallardón, en este caso, actúa por libre o lo que dice Ruiz Gallardón lo dice en nombre del Gobierno, lo tenemos que entender como postura del Gobierno.

Sobre este mismo asunto, usted firmó y presentó un recurso de inconstitucionalidad --con otros-- en el que asociaba el aborto por malformación a prácticas nazis. Quería saber si siguen pensando lo mismo, si esa posición sigue siendo oficial, y si se siente usted representada por las palabras de Beatriz Escudero, la portavoz del PP, el martes. ¿Usted considera que la representan?

Parece que acaba de salir que se ha archivado la denuncia que presentó usted, o su familia, por el escrache en la puerta de su casa. Quería saber si quería hacer algún comentario sobre eso.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos, el Ministerio de Justicia es el Departamento encargado de elaborar esa norma que, cuando se presente y se apruebe, será un Proyecto de Ley del Gobierno. Está estudiando y analizando todas estas cuestiones que hemos aquí hablado. Las leyes, cuando se aprueban, pasan por Comisión de Subsecretarios y pasan por Consejo de Ministros. Y nuestra posición es muy clara, en la doble línea que yo he dicho: doctrina del Tribunal Constitucional y el asunto de los dieciséis años.

Sobre el recurso, en la Legislatura pasada se aprobó un cambio en la Ley del Aborto que fue, digamos, por decirlo de alguna manera, novedoso para todos: primero, porque no formaba parte del programa de ese Gobierno y, además, no se había modificado en la Legislatura anterior, y suponía un cambio respecto al modelo que el Tribunal Constitucional había considerado acertado en nuestro país. Un modelo en el que la regulación del aborto analizaba dos supuestos: la situación de la madre y la del nasciturus, y buscaba un equilibrio entre dos bienes jurídicamente protegidos, porque ése es el término jurídicamente correcto. Hay dos bienes jurídicamente protegidos, en los que hay que determinar en qué supuestos se conectan uno y otro.

En segundo lugar, estableció una regulación que permitía o que establecía que las menores de dieciséis años abortaran sin conocimiento y sin participación de sus padres. También dijimos que no estábamos de acuerdo y, por eso, se planteó ese recurso con las argumentaciones jurídicas que yo le estoy diciendo y que son las que a mí me importan.

Sobre la defensa en cada uno de los supuestos de las posiciones, no me corresponde a mí valorar las posiciones de los Grupos Parlamentarios y su defensa. Yo le digo que este Gobierno en lo que quiere trabajar es por un sistema en que los dos bienes jurídicamente protegidos, madre y nasciturus, lo sean de acuerdo con lo que ha dicho la doctrina del Tribunal Constitucional, y si es posible que las menores de dieciséis años tengan la asistencia de sus padres en ese momento, partiendo de una cuestión: el aborto es siempre un fracaso y es un fracaso de todos, y también socialmente. Tendremos que hacer mucho más en formación y en información, porque no creo que sea un momento de la vida que a uno le resulte grato, y, además, hacerlo, de verdad, con la necesaria sensibilidad.

Quizá son debates en que se mezclan muchas cosas y muchas opiniones; pero yo pido a todos que hagamos un debate sereno, con argumentos jurídicos, con argumentos de biólogos y serio, más que el trazo grueso, porque he oído determinadas declaraciones, y las oí porque a mí me las dijeron el miércoles. Yo creo que en otros debates uno puede permitirse ciertas cuestiones, pero en este debate tendremos que ser todos muy rigurosos.

Y sobre el último de los puntos, me ha informado usted aquí. Yo espero que al denunciante, que no soy yo pero que vive en mi casa, cuando se lo notifiquen, si esto es así, le diré: es así. Usted me hace una comunicación. No lo sé, como usted ha podido ver, porque he bajado aquí y no lo sé. Si lo han archivado, lo dirá el juez y, si no… Pero yo no se lo puedo confirmar porque no lo sé; entre otras cosas, no me lo van a notificar a mí, porque no soy la denunciante.

P.-Vicepresidenta, más allá de si nos lo puede confirmar o no, simplemente quería una opinión al respecto de que algo que usted denunció tan contundentemente en ese Consejo de Ministros posterior al llamado escrache o acoso que sufrió en su casa. ¿Qué le parece que no sea constitutivo de delito y que se archive este caso?

En segundo lugar, algunas asociaciones educativas o sindicatos de estudiantes ya están apuntándose un tanto por el hecho de que se haya retrasado la Ley. Dicen que esto es fruto de las movilizaciones masivas de ayer y que han conseguido doblarle el brazo al ministro de Educación, José Ignacio Wert. De hecho, piden, concretamente, su dimisión este viernes. No sé qué respuesta política tiene que darles.

En último lugar, y en relación con Cataluña, usted tiene toda la confianza en el Alto Tribunal, en el Tribunal Constitucional, en la acción del Gobierno y en los recursos que van a ir interponiendo al hilo del desafío soberanista. Mi pregunta es muy concreta: dentro de dos años, que ustedes estarán todavía gobernando, ¿usted descarta absolutamente que se vaya a producir esa consulta soberanista?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, primero, como decía hace un momento, no soy denunciante; soy testigo. No me han pedido mi testifical, también le diré. Si se archiva o no, le diré mis argumentos cuando sepa. No me haga usted hablar de lo que no tengo confirmado. Yo, desde luego, siempre respeto las decisiones judiciales, las que me afectan a mí y las que puedan afectar al Gobierno. Pero yo no le puedo decir más, porque no sé, ni sé tampoco los argumentos.

Sobre el segundo asunto, esto dura el tiempo que dure, porque la Ley se va a aprobar y se va a aprobar en este mes, en cuanto se superen las observaciones. O sea que podrán hacer la lectura que hagan, pero va a durar muy poco tiempo; es muy cortoplacista.

En el Gobierno ha pasado en anteriores ocasiones. Preguntaban ustedes: ¿cuándo va a traer la Ley de Bases de Régimen Local? Digo: cuando no tenga observaciones. Me preguntaron dos semanas y, cuando no tuvo observaciones, estuvo cerrada, la aprobamos. Con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado pasó exactamente lo mismo. Y esto, igual.

Uno puede decir: "esto es mérito mío". Pues no, porque dentro de una semana, cuando se apruebe, no podrán seguir diciendo esto. Pero cada uno hace la lectura que sea.

El ministro de Educación tiene encomendada una de las tareas más importantes de este Gobierno y está dedicado a ello en cuerpo y alma. Y ya hemos visto el despliegue de reuniones y de diálogo que ha hecho, y está haciéndolo, además, con un análisis muy concienzudo de cómo está el modelo y cómo hay que modificarlo. Y yo quiero agradecer esa tarea que está haciendo, porque es una de las reformas más importantes, y no es fácil; y no es fácil, además, hacer un cambio de educación en este momento; que, además, por las circunstancias económicas en las que se vive, a lo mejor no puedes compensar con otras cosas. Pero hay que hacerlo, es una reforma clave y está dedicado a ella.

Sencillamente, vuelvo a repetir, no nos han dado ni un solo argumento que justifique que mantengamos un sistema que no funciona.

Sobre la última de sus cuestiones, esa consulta, en los términos que se plantea, no se adapta a la Constitución, no respeta la Constitución. Cuando empezó el primer trámite que reconocía esa posición de soberanía, en este caso del Parlamento de Cataluña, este Gobierno, pese a lo que muchos pensaban, hizo lo que tenía que hacer: lo argumentó bien, lo trabajó bien y ha conseguido su admisión a trámite. Con lo que hemos vivido en anteriores ocasiones, es una muestra más de que se puede y se debe confiar en que las instituciones funcionan, y, con argumentos, toman decisiones.

Estamos en una situación de fortaleza respecto a la defensa de la Constitución muy importante, que es la que da la admisión a trámite del Tribunal Constitucional en este asunto. Y hay, digamos, un primer mensaje claro a quien lo quiera entender; pero voy a dar otro que me parece muy importante: debates de esta naturaleza no pueden o no deben ser utilizados para eludir otro tipo de responsabilidades.

España está viviendo una situación muy difícil -lo hablábamos aquí hace un momento-, con unos niveles de paro muy importantes; con la necesidad de acometer reformas fundamentales; con la necesidad de hacer más con menos y mantener los servicios esenciales. Y creo que el objetivo de país, de todos, debía ser ése y no eludir esa responsabilidad o tratar de, ante esas dificultades de la gestión diaria, hacer discursos de los que el propio Tribunal Constitucional ya ha dado un mensaje de cómo pueden terminar.

Muchas gracias.