Intervención del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá

Sr. Catalá.- En relación con este segundo asunto que comenta la vicepresidenta, doña María Salmerón, y es una cuestión muy conocida por todos los medios -ha sido tratada por la opinión pública en estos días-, está condenada por un delito de desobediencia por cuanto que, y como consecuencia de su proceso de divorcio, los derechos de guarda y custodia fueron atribuidas a ella, a la madre de la menor, y el padre tenía un régimen de visitas, siendo así que el padre había sido condenado, por un delito de malos tratos, a una pena de un año y nueve meses de prisión, y a una pena de alejamiento.

La señora Salmerón ha negado reiteradamente los derechos de visita del padre, que derivan de una sentencia de divorcio y, por lo tanto, tienen un fundamento jurídico. Y nos encontramos en una situación en la cual podría contraponerse la tutela del menor, la protección frente a una persona condenada por violencia de género, frente a unos derechos de visita del padre con ocasión del divorcio.

La señora Salmerón, como digo, reiteradamente ha negado esos derechos, protegiendo y tutelando ella, en su concepción, el interés del menor, y ha tenido, como consecuencia de ello, una serie de sentencias por desobediencia, para y una de ellas estaba en estos días solicitado el indulto, porque podría llevar consigo la entrada en prisión.

El Gobierno ha considerado, como pasa siempre con el derecho de indulto… El derecho de indulto permite analizar circunstancias sociales subjetivas, particulares, de los casos en los que hay sentencias firmes y, en este caso, la consideración tiene que ver con la realidad social en la cual la madre, que ha pretendido defender los derechos de su hija menor frente a otros derechos que le corresponden al padre, que había sido condenado pero que también tenía unos derechos de visita… En este caso el Gobierno ha considerado que era conveniente proceder al indulto parcial de esa condena por desobediencia, desobediencia que ciertamente se ha producido; pero, en todo caso, el interés de la protección del menor nos lleva a la consideración de promover ese indulto parcial, sustituyendo la pena privativa de libertad por un pena de trabajos en beneficio de la comunidad que permitirá que, lógicamente, la señora Salmerón, a través de este indulto y por esta condena, no entre en prisión.

Es verdad que la señora Salmerón tiene todavía otras condenas pendientes de ejecución, respecto de las cuales nos consta que también sus abogados han solicitado los indultos, que se estarán tramitando. O sea, es un proceso no terminado pero, al menos, respecto del indulto que teníamos en trámite, respecto de lo que podíamos hacer, respecto de ése, se ha concedido por parte del Gobierno ese indulto parcial.

En lo que se refiere a la otra cuestión que tiene que ver con la impugnación por parte del Gobierno de determinadas disposición del decreto de la Generalitat del 13 de enero, el decreto 2/16, el Gobierno, después de la obtención del informe emitido ayer por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, ha promovido, por lo tanto, su impugnación por cuanto que, aun considerando las competencias que tiene cualquier Gobierno autonómico, en este caso el de la Generalitat de Cataluña, para organizar su Ejecutivo, su Gobierno, lo cierto es que la competencia para las relaciones internacionales es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.3 de nuestra Constitución. Hay reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia y así lo avala el informe del Consejo de Estado.

Por lo tanto, con el informe de la Abogacía del Estado y con el dictamen del Consejo de Estado emitido ayer por la Comisión Permanente, se procede a llevar a cabo esta impugnación a través del cauce de conflicto de competencias y solicitando, además, la suspensión de la norma, por cuanto que la mera constitución de ese Departamento, la atribución de competencias de política internacional y en asuntos exteriores a la Generalitat de Cataluña, es contraria al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Además, también tiene que ver en un contexto donde por parte de determinados ámbitos políticos en Cataluña se ha puesto de manifiesto la voluntad de llevar a cabo una internacionalización de su proceso en busca de la independencia, y de resoluciones distintas del Parlamento o del Gobierno que están caminando en esa dirección. Por eso nos parece, como ya hemos puesto de manifiesto reiteradamente, que el Gobierno está en funciones como consecuencia de los mandatos constitucionales; pero el Estado de Derecho nunca está en funciones y, por lo tanto, la tutela, la vigilancia y la garantía del cumplimiento de la Constitución, del orden constitucional y de las competencias que cada Administración pública tiene atribuidas tienen que estar permanentemente vigilantes por parte del Gobierno y por parte de la Abogaría General del Estado, y es lo que procedemos a hacer.

Una vez más, yo también quisiera poner de manifiesto la normalidad de este proceso de conflictos de competencias. En esta Legislatura el Gobierno ha acudido ante el Tribunal Constitucional para impugnar determinadas disposiciones o normas del Parlamento o del Gobierno de Cataluña, creo que en más de veinte ocasiones; pero es que el Gobierno de Cataluña también ha recurrido al Tribunal Constitucional en más de treinta ocasiones. Por lo tanto, es la forma habitual de resolver discrepancias atendiendo y acudiendo al Tribunal Constitucional, que tiene atribuida esa competencia.

Por lo tanto, no es más que un ejercicio más de una discrepancia que se solventa mediante los cauces ordinarios, que es que quien tiene competencia para ello, nuestro Tribunal Constitucional, atribuya y establezca con claridad si lo que ha hecho en este caso el Gobierno de la Generalitat, aprobando un decreto creando un Departamento de Asuntos Exteriores, está dentro de su ámbito de competencia. Nosotros creemos que no y tenemos los informes que avalan que no debería ser así. Y ésa es la decisión que se ha adoptado hoy en Consejo de Ministros.