Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, me gustaría preguntarle ahora si a esta hora ya puede confirmar el Gobierno que mantiene el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, su viaje a España, a pesar de lo que ha sucedido en Dallas; si ha habido en algún momento algún temor de que pudiese cancelarse o alterarse este programa y si, en concreto, sufre alguna modificación alguna parte de esa visita a nuestro país.

Vicepresidenta.- Permítame que mi primera intervención sobre este tema sea expresar desde el Gobierno de España nuestras más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y toda nuestra solidaridad con el pueblo americano. Queremos manifestar nuestro apoyo a una sociedad con la que compartimos la necesidad de luchar contra la violencia y en favor de la igualdad, y compartimos nuestra defensa de la convivencia democrática de todos los ciudadanos, que es base esencial de las libertades y el bienestar de cualquier país.

Sobre su pregunta en concreto, tengo que decirle que en este momento no tenemos ninguna comunicación de las instancias americanas que altere los planes de viaje conocidos y que les hemos transmitido hasta la fecha.

P.- Vicepresidenta, me gustaría preguntarle sobre la decisión de la Comisión Europea de abrir la posibilidad de multar a España por --dicen-- no atajar el déficit de forma correcta, si creen desde el Gobierno que, efectivamente, se puede llevar a cabo esa multa y si creen que la falta de un acuerdo de Gobierno puede influir o afectar en esa decisión.

Vicepresidenta.- Como saben todos ustedes, ayer, tanto por el señor Moscovici, como el señor Dombrovskis, se hizo referencia a la cuestión que había sido adoptada por la Comisión Europea en relación con el procedimiento sobre España y sobre Portugal.

Yo quiero decir que, por parte de España, se ha tratado a lo largo de todo este tiempo de poner de manifiesto que nuestro compromiso en la consolidación fiscal, en tiempos de recesión y en tiempos de bienestar, de una mayor recuperación económica, ha sido muy claro. El mayor ejemplo de eso ha sido que en nuestro país hemos reducido a la mitad las cifras de déficit público, en la primera fase, en recesión y, en la segunda fase, con crecimiento económico. Es decir, nosotros hemos hecho unos importantes esfuerzos en materia de consolidación fiscal.

Es cierto que ahí hay unas recomendaciones, con una nueva senda que está abordando la Comisión, y que estaremos pendientes en los próximos días, de cara al 12 de julio o días posteriores, sobre cuál es la decisión definitiva de las instituciones europeas; pero mantenemos nuestra confianza, como ha venido reiterando el ministro De Guindos, en que esa sanción no será una multa para España.

Además, nosotros ya tenemos un compromiso, una vez que conozcamos cómo ese procedimiento se determina --como digo, el 12 de julio en principio--; nosotros inmediatamente, al día siguiente, haremos las alegaciones que corresponden, porque saben ustedes que el procedimiento es la toma de esa decisión y la apertura de un período de diez días para alegaciones por parte del Estado miembro. Nosotros las vamos a hacer inmediatamente porque, además, han sido ya bastantes las actuaciones que hemos llevado a cabo: acuerdos de no disponibilidad por parte del Estado o por parte de las Comunidades Autónomas, y distintos planes de ajuste. A partir de ahí, a los diez días después de pasado este plazo, habrá, por tanto, la decisión correspondiente en las instituciones comunitarias. Pero nosotros, como digo, mantenemos esa confianza porque, y ayer lo decía el ministro De Guindos, esto es una cuestión de sentido común y en España hemos, año tras año, reducido la cifra de nuestro déficit público --el año pasado, en una cifra importante--, hemos hecho esfuerzos y creo que eso será tenido en cuenta.

Sobre la tercera de sus cuestiones, que ya va enmarcada en un plano mucho más general, hay una cosa que el otro día decía el presidente del Gobierno y que creo que tenemos que seguir, digamos, explicando en estos días: hay una serie de compromisos básicos en España que son fundamentales para la credibilidad de nuestro país, y hay una serie de decisiones fundamentales y básicas para poner en marcha una legislatura.

El presidente hablaba de esos mínimos de cara a llevar a cabo ese tipo de actuaciones. Indudablemente, España, y yo espero que podamos mantener los consensos con los que venimos trabajando hasta la fecha, tiene una serie de obligaciones en el ámbito europeo, tanto en el procedimiento de déficit excesivo, como en otras cuestiones, y yo la semana pasada hablé con ustedes del asunto de la transposición de las Directivas comunitarias. Lógicamente, el cumplimiento de esos compromisos europeos, que vienen muy ligados a la senda de consolidación fiscal; el aprobar esa senda de consolidación fiscal que determina los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de todas las Administraciones y el límite de gasto no financiero, lo que se conoce como "techo de gasto", vulgarmente, y los Presupuestos Generales del Estado son un elemento clave, no sólo para consolidar la recuperación del país, sino, muy especialmente también, para cumplir nuestros compromisos en el conjunto de la Unión Europea.

Por eso, el presidente del Gobierno ha insistido en estos días en la necesidad de que podamos llegar a unos mínimos para poder poner en marcha una legislatura, y poner en marcha una legislatura es responsabilidad de todos: del Gobierno y del Parlamento en su conjunto, porque es una tarea, yo quiero recordar, compartida. Nosotros presentamos esa senda cuando nos la comuniquen las instituciones comunitarias y es el Parlamento quien tiene que aprobarla; el Congreso y el Senado, en un plano de paridad. Y nosotros presentamos los Presupuestos Generales del Estado, que son, además, el instrumento para cumplir esa senda, que tienen que ser aprobados por el Parlamento. De modo que hay que trabajar en esta máxima colaboración para iniciar una legislatura que nos permita consolidar la recuperación y, por otro lado, cumplir con nuestros compromisos europeos.

P.- Vicepresidenta, yo tenía dos preguntas. La Generalitat ha dicho que se mantiene firme en la creación de estructuras de Estado, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, y asegura que los efectos de esa sentencia son mínimos. A mí me gustaría saber, en opinión del Gobierno, cuáles son realmente los efectos que la sentencia tiene para la Agencia Tributaria y para la Agencia de Protección Social, y qué sucede en el caso de que no se cumpla el fallo del Tribunal.

También me gustaría saber si el presidente del Gobierno ha contactado ya con el secretario general del PSOE, o si los gabinetes de ambos han contactado, para planear un encuentro cara a cara.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, en primer lugar, el Gobierno respeta esa decisión del Alto Tribunal, del Tribunal Constitucional, además en la satisfacción de que, cuando planteamos ese recurso, teníamos razón constitucional de cara a decir que la constitución de estructuras de Estado no cabe dentro de nuestro marco constitucional.

Yo creo que en las sentencias, y ésta es muy clara, hay que ir a la mayor. Lo que viene a decir, por unanimidad, el Tribunal Constitucional es que las estructuras de Estado corresponden exclusivamente a una entidad: el Estado. En ese reparto constitucional cada Administración, cada esfera de poder, Estado-Comunidades Autónomas-Corporaciones Locales, Poder Judicial en otro ámbito, tiene una serie de competencias y lo que ha dejado bien claro el Tribunal Constitucional es que la Generalitat no puede crear estructuras de Estado sencillamente porque no lo es y porque tiene que atender al reparto constitucional.

Sobre la segunda de sus cuestiones, si van a cumplir o no van a cumplir, yo, con toda humidad, le daría una recomendación a la Generalitat de Cataluña: tiene amplias competencias que cumplir y algunas no las está haciendo de manera satisfactoria en favor de los intereses de los ciudadanos que viven en Cataluña. Entonces, yo creo que antes de ponerse a funcionar con esquemas de un Estado, que no lo es y que no puede serlo en nuestro marco constitucional, uno conviene que repase las competencias que sí tiene y que puede ejercer mucho mejor, y puede destinar sus recursos a ejercerlas mucho mejor.

¿En el caso de que no cumplieran? Yo lo que les pido, de salida, es que cumplan. Aquí estamos todos sujetos a reglas de juego. En ocasiones, el Tribunal Constitucional no da la razón al Gobierno y lo último que hace el Gobierno es: ¡ah!, si no me da la razón, no cumplo y, si me la da, sí cumplo y que cumplan los demás. Del mismo modo que la Generalitat nos pide a nosotros que cumplamos cuando el Tribunal Constitucional no nos da la razón, nosotros pedimos que se respeten esas reglas del juego.

Y sobre la tercera de sus cuestiones, cuando ese encuentro esté cerrado y acordado, les informaremos. Saben ustedes que hay dos reuniones: el martes que viene, en el Congreso de los Diputados, con los máximos responsables de Ciudadanos y de Podemos, de Unidos-Podemos. En el momento en que esté cerrada ya la reunión con el secretario general del Partido Socialista, se les informará de cómo, dónde y del formato en cuestión.

P.- Sobre los dos aspectos que acaba de comentar, pero en otra vía, quería saber qué opinión tienen ustedes del conflicto que se está desatando, institucional y político, en Barcelona con el tema del CIE, en el que el Ayuntamiento se está negando a la reapertura que quiere el Gobierno y que está promoviendo el Gobierno, y sobre el fondo del asunto, que es la utilización, el sentido último, de los CIEs y del funcionamiento tal y como está ahora programado.

Sobre lo segundo, quería saber si ustedes han encargado ya a lo que se conoce comúnmente, periodísticamente, como la "brigada Aranzadi", es decir, a los abogados del Estado, algún tipo de informe sobre lo que puede hacer o no un Gobierno en minoría en estos momentos.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, el modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros no es un modelo que haya inventado el Gobierno de la nación, este Gobierno de la nación, sino que es un mecanismo que viene enmarcado dentro del Derecho de la Unión Europea y de nuestro ordenamiento jurídico español, ya desde la Ley de 11 de enero de 2000, la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros y que no ha sido sustituida por posteriores Gobiernos.

La medida cautelar de privación de libertad es siempre excepcional, quiero recordarlo. Esto se concreta en que esa decisión ha de ser acordada por el juez competente, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y siempre con un mínimo imprescindible. Ese ingreso y esa estancia están siempre bajo control judicial, para que pueda el juez de instrucción llevar a cabo la tutela correspondiente de los derechos de los internos; todo ello también supervisado por el Ministerio Fiscal.

Por tanto, yo creo que al Ayuntamiento de Barcelona le corresponde, como a todos, respetar la normativa y el entorno en que se lleva a cabo una política de inmigración en la que hay que actuar con arreglo a los parámetros comunitarios y de nuestro ordenamiento, de cara a las personas que se encuentran en una situación de estancia irregular y de las que procede su expulsión. Al Ayuntamiento de Barcelona le corresponden unas competencias en relación con la ordenación municipal de determinadas aperturas y mantenimiento de instalaciones; pero al Ayuntamiento de Barcelona no le corresponde la competencia de decidir cómo se gestiona o no la política de inmigración en nuestro país.

Uno puede hacer la política de discursos que tenga por conveniente, y la señora Colau puede salir y decir todo lo que quiera; pero no tiene más competencias que las que corresponden a un Ayuntamiento y, mientras la legislación española sea ésta, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo unos procedimientos de expulsión de ciudadanos en situación irregular que tiene que cumplir, y para eso tiene que haber centros.

Sobre la segunda de sus cuestiones, permítame que le haga una apreciación inicial. España es un modelo constitucional en el que hay un Tribunal Constitucional y cada Administración tiene un servicio jurídico. Lo tiene el Estado y lo tiene la Generalitat, y no se me ha ocurrido a mí darles un nombre que pretenda menoscabar la tarea de quienes desde una Administración o desde otra cumplen con una obligación, igual que ustedes tienen sus propios servicios jurídicos en cada una de sus empresas.

Entonces, si hay una norma que no se ajusta a la Constitución, el presidente del Gobierno, previamente oído su Consejo de Ministros, decide interponer un recurso. Como ésta es una Administración profesional, los recursos los hacen los que tienen la consideración de miembros del Servicio Jurídico del Estado; no los van a hacer los que están en la Intervención General de la Administración del Estado o los arquitectos del Estado. Esto es profesional. Pero me imagino que en la Generalitat pasa exactamente lo mismo y no se nos ha ocurrido buscar el nombre de una empresa privada que, por cierto, creo que los códigos ya no se llaman así. Y, por cierto, el Estado, como además tiene sus propias dinámicas y el Boletín Oficial del Estado presta también servicios gratuitos en estas cuestiones, ha evolucionado mucho desde que los que impusieron ese nombre se acuerdan de esos viejos tomos que rodaban por la Administración.

Seamos un poquito serios. Estamos hablando de la permanencia de nuestro modelo constitucional y estamos hablando de la primacía de la Ley. Entonces, aquí no es que a unos señores les guste recurrir, que ya le digo yo que no. Yo misma le dije al señor Junqueras que a ver si era posible si nos poníamos más de acuerdo en los procesos previos a los recursos ante el Tribunal Constitucional para llegar a acuerdos; pero, indudablemente, si no llegamos a un acuerdo y a los señores de la Generalitat de Cataluña se les ocurre crear estructuras de Estado que no pueden crear, y la unanimidad del Tribunal Constitucional ha dicho que no pueden hacerlo, entonces, ¿de qué "brigadas" estamos hablando? Estamos hablando del respeto a la Constitución y a las leyes, estamos hablando de un modelo de convivencia que hemos votado todos los españoles, y eso es la política en estado puro, no el derecho codificado en manuales, llámele usted cómo quiera llamarlo.

P.- Yo también voy a continuar con recursos, los que presenta el Gobierno...

Vicepresidenta.- Los que usted quiera.

P.- …sin calificativos. Estos días ha trascendido un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores titulado "Sobre los perjuicios que causan a los intereses del Estado la extralimitación de las actuaciones de la Generalitat en materia de acción exterior". Dado que hay un recurso presentado, suspensión levantada en algunos aspectos y dadas las conclusiones de este estudio, que supongo que conoce, ¿el Gobierno ha pensado en adjuntar este estudio, o lo ha adjuntado ya, lo ha enviado, al Tribunal? ¿Piensa actuar sobre esta cuestión de alguna manera?

En segundo lugar, quería saber si nos puede dar ya alguna información sobre la investigación que encargó el ministro del Interior en funciones sobre unas grabaciones que se hicieron en su despacho de unas conversaciones.

También, el Partido Socialista ha anunciado que va a pedir una comisión de investigación en el Congreso, no sólo sobre estas grabaciones, sino también por la actuación de determinados Cuerpos o funcionarios del Ministerio del Interior en la llamada "Operación Cataluña". ¿Qué nos podía decir usted? ¿Qué conocimiento hay, si es que ha informado el ministro en el Consejo hoy o estos días?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, si yo no creo recordar mal, cuando se interpuso el recurso y se solicitó la suspensión, en la pieza separada de la nota de suspensión por parte del Estado se aportaron los elementos de prueba necesarios que determinen los daños que pueda causar la pervivencia entre tanto se resuelve el recurso de una organización de este tipo. Pero esto no es ninguna novedad. Es lo que se hace siempre. Uno de los elementos que tú tienes que probar es ese perjuicio de imposible o difícil reparación.

Sobre la segunda de las cuestiones, ese procedimiento está abierto. Yo no tengo ninguna información adicional de ningún avance. Hay que esperar a que se concluya y se les informará.

Y sobre el tercero de los asuntos, el Partido Socialista puede anunciar todo tipo de comisiones. Está en su derecho parlamentario, pero yo haría una reflexión importante de lo que piensan y esperan en esta Legislatura, porque el Ministerio del Interior ha tenido distintos ministros, tanto del Partido Popular, como del Partido Socialista. Y yo confío en que, antes de pedir estas comisiones de investigación, a lo mejor pregunten a los que tienen un gran conocimiento del Ministerio del Interior para ver si es la manera más útil esa comisión de llegar a lo que todos queremos saber, que es el fin de ese expediente y qué ha pasado ahí; y eso se determina por la propia autoridad dentro del Ministerio del Interior, que son los órganos especializados en cada proceso.

P.- Vicepresidenta, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ha dicho esta mañana que votarán sucesivamente "no" a la investidura de Mariano Rajoy y que esta decisión no se va a revocar en el futuro. Yo quería saber si el presidente del Gobierno está decidido a ir a esa sesión de investidura, aunque ni siquiera cuenta con la abstención del Partido Socialista.

En segundo lugar, siguiendo con la ronda de contactos del presidente, quería saber si también ha hablado con Convergència.

Vicepresidenta.- Sobre esta cuestión, ya oyeron ustedes ayer al presidente del Gobierno con meridiana claridad: España necesita un Gobierno cuanto antes. Necesitamos un Gobierno que nos permita dar estabilidad al conjunto de España y que nos permita adoptar las medidas necesarias para garantizar esa recuperación económica.

Los resultados de las elecciones son los que son, y yo entiendo y respeto que los partidos precisen un tiempo de reflexión y de análisis de esos resultados y dé la posición que van a mantener al respecto.

Ya digo que el presidente del Gobierno ayer fue muy claro respecto de esta pregunta y a mí me gustaría añadir que todos tenemos una responsabilidad, máxime dada la composición de la Cámara; una responsabilidad con el país y con los intereses generales. Yo entiendo y respeto, y es legítimo, que cada partido defienda sus propios intereses; pero el interés de los partidos también muchas veces es, o básicamente es, defender ese interés general.

Entonces, yo espero que estos días en las reuniones del Partido Socialista… Yo no me meto en lo que tienen que hacer; pero creo que es oportuno que todos pongamos en la balanza la responsabilidad que tenemos para con los ciudadanos, después de unas segundas elecciones, y la legitimación que tenemos como partido para adoptar la decisión que parezca oportuna. Pero estamos ante un momento crucial para nuestro país y en el que todos tenemos una responsabilidad, porque irse o no a la oposición implica también una responsabilidad, máxime cuando un Parlamento tiene que funcionar y tiene que tomar decisiones con uno o con otro partido.

Sobre Convergència i Unió, yo le voy a contar la doctrina general, que es la que hay. El presidente del Gobierno ha decidido hablar con todos los partidos y a libertad de esos partidos, a elección de esos partidos, a gusto del consumidor, que dicen estos señores de la Secretaría de Estado de Comunicación, unos han decidido que sea público, otros prefieren privado; unos es aquí, otros es en el Congreso; unos hablan aquí, otros hablan en el Congreso y otros no hablan.

Nosotros no podemos imponerle a nadie los formatos ni ninguna de las decisiones. Nuestra voluntad es hablar con todos y, como queremos trabajar para generar ese clima, a veces será de acuerdo o no, pero generar sobre todo un buen clima de cara a la responsabilidad que tenemos, nosotros los primeros, con el conjunto del país de intentar formar un Gobierno y dar estabilidad a este país cuanto antes, pues hasta ahí le puedo decir. Porque hay el compromiso de someternos, en esto de la comunicación, a que cada uno de los visitantes del señor Rajoy, o de los interlocutores, que es el término más adecuado, elija y decida.

Muchísimas gracias.