Intervención del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Sr. Nadal.- Hoy el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha aprobado dos Reales Decretos que tienen gran importancia para nuestro país: el primero de ellos es un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha de alta velocidad de, al menos, a 30 megabit por segundo, es decir, cómo extendemos la banda ancha en el ámbito más disperso, en zonas de difícil acceso, que ahora a continuación les relataré; y, en segundo lugar, el tan esperado Real Decreto de desarrollo del Real Decreto Ley 7/2016 por el que se establecieron los sistemas de financiación y la nueva regulación del bono social eléctrico.

El primero de ellos es una parte de una estrategia que ya se lleva a cabo por parte del Gobierno desde el año 2013, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Europeo de 2010 en el que se estableció un objetivo: que para 2020 toda la población de los Estados miembros --en el caso nuestro, toda la población española-- debería tener capacidad de acceder en redes fijas de telefonía, es decir, Internet, a, al menos, una velocidad de 30 megabit por segundo; treinta megas, como se dice en el mundo digital.

¿Cómo se está consiguiendo esto? Se está consiguiendo con tres instrumentos: el primero de ellos, que es el más poderoso, el más potente, es el Plan de Expansión de la banda ancha: fibra. Sabemos que la fibra son las redes de más velocidad, tienen un mínimo de 100 megas por segundo y habitualmente se llega, incluso, a alcanzar 300 megas sin ningún problema. España tiene un fortísimo desarrollo de red de fibra, es el tercero mejor del mundo --solo por delante están Japón y Corea--, tenemos cubierto a un 70 por 100 de la población, pero una parte mucho más reducida del territorio.

España es un país, como todos ustedes saben, con poca densidad de población --es de los países de Europa con más territorio y menos población con relación a ese territorio-- y tiene más zonas de difícil acceso. Tenemos una orografía claramente conocida por todos nosotros. Esto hace que el despliegue de redes sea relativamente sencillo en grandes ciudades y grandes poblaciones, y ahí estamos muy avanzados; pero cuesta mucho más llegar a áreas más remotas, áreas más dispersas y áreas de más difícil acceso físico, sobre todo en las zonas montañosas. Por eso es necesario llevar a cabo una política de impulso. Eso es lo que llevamos haciendo en el caso de la fibra, como decía antes, con el Plan de banda ancha.

Para el Plan de banda ancha acaba este año de realizarse el concurso, 105 millones de euros se han asignado, para que en el entorno de unos dos millones más de personas este año puedan acceder a la fibra. Pero con la banda ancha no tendremos suficiente, entre otras cosas, porque tendrá que ir avanzando y cada vez será más complejo ir avanzando, aunque nosotros estamos incorporando cantidades cada vez mayores a los Presupuestos Generales del Estado y de aplicación de fondos comunitarios para aplicar la fibra.

¿Qué ocurre mientras no llega la fibra? Tenemos poblaciones que todavía no tienen un acceso adecuado a Internet. Les podríamos facilitar después cómo está el mapa de España en las zonas en las cuales ni siquiera se alcanzan 10 megabits por segundo. Es sobre estas zonas sobre las que queremos actuar de manera más inmediata. En tanto en cuanto va llegando la fibra, tenemos que ayudar de manera inmediata con dos elementos: uno, las compañías telefónicas, los grandes operadores, cuando en su día hicieron el concurso del 4G y recibieron su parte de espectro para toda la telefonía 4G. adquirieron la obligación regulatoria de cubrir al 98 por 100 de la población española, al menos, a 30 megabits por segundo, y esto lo tienen que ir cumpliendo de aquí a 2030. Pero nos quedaría un 2 por 100 de la población y para este 2 por 100, y para los que todavía no están amparados por ninguna de las medidas anteriores, se hace este Real Decreto.

Lo que tendremos es que, aproximadamente, 1.800.000 personas, que están situadas en localidades que cumplen los requisitos para este Real Decreto, podrán acceder a una ayuda de cuatrocientos euros para la instalación de su Internet a una velocidad ya más decente, a una velocidad mucho más acorde con los tiempos, que son esos 30 megabits por segundo.

El concurso es neutral. No se especifica qué tecnología va a llevar a cabo esta operativa, pero muy posiblemente en muchos casos serán satélites. Un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer: una persona, una vivienda, una familia, está situada en una zona montañosa remota; pide la ayuda; esa ayuda va a cubrir, con esos cuatrocientos euros, la parabólica y la instalación, y luego tendrá una cuota mensual muy similar a la de cualquier otro tipo de servicio de telefonía, y tendrá un acceso a 30 megas por segundo, que está, ya digo, mucho más acorde con los tiempos. Se prevé un gasto de unos cinco millones de euros este año y 45 millones de euros el año que viene, y en un 63 por 100 recibirá, más que probablemente, retornos de fondos comunitarios a través del FEDER.

Es una vía adicional a las que ya se están poniendo en marcha y está muy destinada a las zonas más remotas, que ya puedan acceder desde el momento de la publicación del propio Real Decreto a este tipo de ayudas que permiten cubrir financieramente un coste adicional extra que, como usuarios, tienen por el hecho de vivir en zonas muy alejadas de donde ahora mismo se están desplegando las redes. Como les decía, esto es muy importante, sobre todo, en esas zonas geográficas y para que una parte de España no tenga que esperar a participar en esa revolución digital que tanto está transformando nuestra sociedad y nuestra economía, y que tiene que ser unas bases de la economía del futuro y ya del presente en nuestro país.

El segundo Real Decreto, como decía, es un Real Decreto que se lleva tramitando mucho tiempo, porque ha requerido un consenso de fuerzas políticas, que lo tiene, y ha requerido también salvar una serie de trámites a la hora de aprobarse. Necesitaba informe del Consejo de Estado, informe de la Comisión Europea, porque estamos aquí trasponiendo una Directiva, e informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

¿Qué se hace en este Real Decreto de bono social? Ya teníamos fijado el sistema de financiación con el Real Decreto Ley, que vino de una serie de sentencias del Tribunal Supremo del año 2016, que ustedes las conocen, en las que se decía que el sistema se tenía que corregir. Eso ya se corrigió en el Real Decreto Ley y aquí se definen cómo son esos nuevos consumidores vulnerables.

Se va a definir en este Real Decreto como consumidor vulnerable a aquellos que cumplen una serie de requisitos esencialmente en función de la renta. Esa es la gran novedad. Anteriormente eran una serie de razones por las cuales se era consumir vulnerable, esencialmente, por tener poca potencia contratada y por tener determinadas circunstancias como ser pensionista con pensión mínima o tener todos los miembros de la familia en desempleo. Ahora se liga a la renta: para una persona sola, la renta que permite obtener el bono social se situaría en unos 11.000 euros al años, un poquito menos de 11.300 euros al año; para una familia con dos menores, por poner un ejemplo, ya este umbral se eleva a cerca de 19.000 euros al año de renta.

Estos son los consumidores vulnerables, que aparecen definidos de esta manera, más, como decía anteriormente, determinadas circunstancias de desempleo o de rentas mínimas de pensionistas.

Se ha definido una segunda categoría, que es consumidores vulnerables severos; es decir, aquellos que están en peor situación económica. Son estos mismos umbrales que he contado anteriormente, pero a la mitad; es decir, en lugar de 11.000 euros, 6.500 euros o, en el caso anterior, en lugar de 19.000 euros, estaríamos hablando de 9.500 euros.

¿Qué diferencia hay en el tratamiento? Los primeros reciben, como hasta ahora, un 25 por 100 de rebaja, de descuento, en el pago de su factura eléctrica; y estos, los consumidores vulnerables severos, un 40 por 100. Es una mayor intensidad de ayuda. Es otra de las novedades del Real Decreto respecto al sistema que teníamos en vigor.

Y se crea una tercera categoría, que son aquellos que. como mucho, tienen los umbrales que acabo de mencionar para los vulnerables severos, pero que además están siendo atendidos por los servicios sociales de las Comunidades Autónomas. Esta la aportación que hace el sistema a algo que es de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Definir a quién se le atiende o no por parte de los servicios sociales es competencia autonómica, lo ha reiterado el Tribual Constitucional y, por tanto, no le corresponde a las Cortes Generales ni tampoco a la Administración General del Estado la definición de esa política social; pero sí podemos hacer una aportación a esa política social y eso es lo que hacemos en este Real Decreto.

Para los consumidores que, dentro de esos umbrales, estén atendidos por las Comunidades Autónomas, el 50 por 100 de esa atención será aportada por el sistema eléctrico en su conjunto. Con lo cual nos encontraremos con que aquellos que estén en una situación de especial vulnerabilidad, ya tratados por los servicios sociales, estudiado su caso, con los trabajadores sociales trabajando con ellos y que en estos momentos estaban recibiendo, porque todas las Comunidades Autónomas lo hacen, un apoyo financiero para su pobreza energética, además de lo que ya recibían de la Comunidad Autónoma en su competencia exclusiva, van a recibir una aportación adicional. Y es a estos consumidores a los cuales no se les puede realizar un corte de suministro eléctrico bajo ninguna circunstancia, que era otra de las cuestiones que se querían clarificar.

Además, se desarrolla en este Real Decreto toda una serie de elementos que clarifican sustancialmente las relaciones de los consumidores con las comercializadoras eléctricas. Por ejemplo, el deber de información de una comercializadora si alguien no está pagando porque, aunque parezca mentira, esto no estaba regulado y, por tanto, si alguien no pagaba, no se sabía muy bien cuándo se le tenía que notificar, cuándo no y cuándo se tenía que proceder al corte de suministro. El corte de suministro sí tenía la obligación de ser notificado; pero había personas que no se deban cuenta de que no estaban pagando, bien porque su cuenta a lo mejor estaba vacía, pagaban con tarjeta de crédito y se había caducado, era la segunda residencia y no se preocupan tanto de cómo se está pagando la electricidad en esta segunda residencia.

Aunque parezca mentira, esto no estaba bien regulado y se protege extraordinariamente el derecho del consumidor a ser correctamente informado, y a seguir los trámites con toda la precisión que el propio Real Decreto establece.

Luego, se establece un complejo sistema que es cómo se van a conectar las Comunidades Autónomas con la Administración General del Estado en al protección del consumidor para el bono social. Para que nos entendamos, una persona va a poder ir a una comercializadora a pedir el bono social, esa comercializadora se pone en contacto con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Energía con la Agencia Tributaria y con los datos que se tienen de la Agencia Tributaria se le comunica a la comercializadora si tiene derecho o no al bono social.

Esto tiene dos ventajas: una, el que decide al final, el que dice sí tiene derecho o no, es la Administración, no es la comercializadora; en segundo lugar, la comercializadora no tiene por qué conocer los datos fiscales del consumidor, sino sencillamente se le comunica si pertenece al grupo que puede acceder a esta ayuda o no, y no es necesario, por tanto, presentar la declaración de renta. En cualquier caso, cualquier ciudadano podría ir con su declaración de renta a una comercializadora y pedir el bono social. Eso también está previsto, con un período de seis meses en el que se solape el sistema anterior con el sistema nuevo para que todo el mundo se pueda ir adaptando.

Esto, en esencia, es el desarrollo con unos umbrales que fueron bastante consensuados, pues yo creo que estaban en los márgenes que prácticamente todos los Grupos Parlamentarios estaban definiendo, y, al final, hemos logrado tener un buen acuerdo con las Comunidades Autónomas de cómo realizar ese procedimiento y enlazar esa competencia exclusiva de energía que tiene el Estado con la competencia exclusiva que tienen en materia social las Comunidades Autónomas.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)