Intervención de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina

Sra. García Tejerina.- En enero del año 2014 entró en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria, hace ahora prácticamente un año, y con la aprobación de estos dos Reales Decretos se culmina el desarrollo de esta Ley, una Ley que es de enorme importancia para el sector agroalimentario español.

A lo largo de estos tres años hemos trabajado para fortalecer, para vertebrar, el sector agroalimentario, para darle herramientas para que pueda consolidar su crecimiento y se constituya como lo que ya es: un sector estratégico para la economía española y un sector estratégico también para el territorio, para el medio ambiente y para la sociedad.

Con la reforma de la Política Agrícola Común se dio un horizonte de enorme estabilidad al sector primario, al sector productor agrícola y ganadero, con 47.000 millones de euros que dan estabilidad a la producción. Y esto es de enorme importancia también para la cadena en su conjunto, para la industria, porque en la agricultura y la ganadería españolas el 70 por 100 de ellas son transformadas por nuestra industria.

Teniendo en cuenta ya que partimos de este importante horizonte de estabilidad hasta el año 2020 para la producción primaria, es muy importante --así lo hemos entendido desde el principio-- reforzar la competitividad del conjunto de los eslabones de la cadena, desde los agricultores a ganaderos, pasando por la industria y todos los que al final constituyen el sistema alimentario, para que pueda seguir creciendo. A ello se han dirigido las actuaciones del Ministerio, y una de las más importantes fue precisamente la aprobación de esta Ley y los dos Reales Decretos que, como digo, culminan el desarrollo de esta Ley y que constituyen el marco regulatorio que permitirá el buen funcionamiento de la cadena alimentaria que regula las relaciones comerciales entre los distintos operadores.

Es la primera vez que se regula en España, pero es también la primera vez que esto se regula a nivel comunitario, siendo este problema, además, de desequilibrio común al conjunto de los países comunitarios.

Se regulan las relaciones comerciales para acabar con las prácticas comerciales abusivas y se establece, ya desde el año pasado, la obligatoriedad de que se suscriban contratos, contratos que tienen que contener un precio cierto y un plazo de cobro. Como digo, esto es de enorme importancia para agricultores y ganaderos, para la industria, porque en muchas ocasiones no era la práctica habitual.

Para velar por el cumplimiento de esta Ley se constituyó la Agencia de Información y Control Alimentario en el Ministerio, que ya estaba en funcionamiento desde que se aprobó el Real Decreto de su constitución; pero el Real Decreto de régimen de controles a aplicar por la Agencia que se aprueba hoy regula todos los procedimientos en que se enmarcan las actuaciones inspectoras de la Agencia.

Desde que se constituyó, como digo, la Agencia y aprobó su primer plan de controles en el mes de septiembre ya se han hecho miles de inspecciones pero, con el fin de agilizar también la actividad de la Agencia de Información y Control, este Real Decreto determina el plazo de seis meses para la finalización de las actuaciones, que pueden ser prorrogados si concurren circunstancias excepcionales; si no, la regla habitual será que en el plazo de seis meses concluirán las actuaciones.

Se da transparencia, se da información, al publicarse los procedimientos; pero también para que todos los operadores sepan que la Ley se ha publicado para cumplirse y que ya se está cumpliendo. También se da seguridad jurídica a los ciudadanos para determinar los contenidos y los límites, qué es lo que puede y no puede inspeccionar y controlar la Agencia.

Además, también en este Real Decreto se refuerza la coordinación institucional de la Agencia de Información y Control del Ministerio con otros organismos competentes. Éste es el caso del mecanismo de traslado de determinadas denuncias a Comunidades Autónomas o a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de aquellas infracciones que, como digo, no son competencias de la AICA, como por ejemplo lo es la venta a pérdidas, porque es competencia de las Comunidades Autónomas.

Además de este Real Decreto del Régimen de Controles de la Agencia, se ha aprobado también el Real Decreto por el que se desarrolla parte importante de la Ley de Mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, porque, además de esta Agencia, la Ley establecía mecanismos adicionales para buscar y corregir cualquier desequilibrio que se produzca en la cadena. Este otro Real Decreto establece disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria, al Observatorio de la Cadena Alimentaria y a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial, y también modifica aspectos de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

Con respecto a las buenas prácticas, contempla el desarrollo del Registro Estatal de Buenas Prácticas Alimentarias, donde se podrán inscribir aquellos operadores que suscriban el Código de Buenas Prácticas Mercantiles; Código que va un paso más allá de las prácticas establecidas en la Ley y que en estos momentos estamos trabajando con todos los operadores de la cadena.

Se establece también el mediador, el procedimiento de mediación, para aquellas circunstancias en que no haya un acuerdo en la fijación de los precios; en determinadas circunstancias, porque se aplica solamente para la primera venta y productos no transformados.

El Real Decreto establece también la constitución del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Es un Observatorio en el cual todas las partes integrantes de la cadena lo constituyen y que, además, lo que hará es un seguimiento de cómo está funcionando la Ley, cómo está funcionando la cadena, para, si es necesario, introducir permanentemente mejoras.

Y se establece también la Red de Laboratorios Agroalimentarios, en este caso como instrumento de naturaleza científico-técnica, también para apoyar una gestión eficaz del control analítico oficial de los productos agroalimentarios.

En definitiva, es culminar una regulación muy esperada por el sector agroalimentario español, que, sin ninguna duda, les va a posicionar mejor a todos en el papel que juegan a lo largo de la cadena, a mejorar su competitividad. Yo quiero destacar la importancia o qué es lo que significa el sector agroalimentario en el conjunto de la economía: si consideramos el conjunto de la cadena, considerando medios de producción, transporte asociado, hasta la distribución, significa el 8,4 por 100 del Producto Interior Bruto si consideramos los productos importados y el 9 por 100 del Producto Interior Bruto español lo genera el sector agroalimentario, con 88.000 millones de euros, generador de 2,5 millones de empleos y con una importancia especial en cuanto a nuestra balanza comercial.

Las exportaciones del sector agroalimentario son muy importantes. Los últimos datos que tenemos a noviembre, año móvil, son ya de 40.000 millones de euros de exportación, con un saldo exportador de 10.000 millones de euros, aunque probablemente superaremos este año esos 10.000 millones de euros, y, en definitiva, significan el 17 por 100 del total de las exportaciones españolas. Por eso, una de las principales actuaciones que ha llevado a cabo este Gobierno fue las líneas estratégicas de internacionalización del sector para reforzar potenciar esta vocación exportadora.

Somos el octavo país exportador, sabiendo que los diez primeros países exportadores del mundo exportan el 50 por 100 de todo el intercambio de productos agroalimentarios a nivel mundial, y tenemos una industria de la alimentación de enorme importancia, que es el primer sector industrial español. El 18 por 100 de la industria es industria agroalimentaria, con un crecimiento, además, acumulado de 2012 a 2013 en su facturación del 5 por 100. Y el año 2014 estimamos que habrá crecido en un 2,6 por 100 con respecto al anterior.

Así que quiero poner de manifiesto la importancia que este sector tiene, que no solamente es económica, también es social y también es territorial, porque la agricultura y la industria de la alimentación están repartidas por todo el territorio español.