Intervención del ministro de Justicia, Rafael Catalá

Sr. Catalá.- Como les informaba la vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se crean 66 nuevas plazas de fiscales: 48 de ellos de lo que se denomina la segunda categoría y 18, de tercera categoría. Es una medida que se sitúa en el contexto del Real Decreto que se aprobó el pasado 31 de octubre, por el cual creamos 282 plazas de jueces y magistrados. Por lo tanto, son medidas estructurales para el refuerzo de las capacidades de la carrera judicial y de la carrera fiscal.

Desde el año 2010 el Gobierno no había aprobado nueva plantilla del ministerio fiscal y, por lo tanto, lo que estamos dotando con ello son capacidades para, de una manera, dado que las plazas de segunda categoría permiten la promoción interna, que fiscales de tercera pueden promocionar a segunda categoría, y por lo tanto asumir más responsabilidades, y también prever las vacantes para los 50 nuevos fiscales que en los próximos meses, en torno al mes de junio, se incorporarán a la carrera y que están actualmente finalizando sus estudios en el Centro de Estudios Jurídicos.

El coste de esta creación de plazas se sitúa prácticamente en cinco millones de euros, por los costes medios salariales y de Seguridad Social de los fiscales, y se financia con los presupuestos y con los créditos del Ministerio de Justicia.

Esta medida, por lo tanto, implica un reforzamiento de las capacidades de la Fiscalía General del Estado y es coherente con el compromiso por la regeneración democrática, por la lucha contra el delito y la lucha contra la corrupción, el conjunto de medidas que ustedes conocen sobradamente: reformas legislativas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de financiación de partidos políticos, o el Estatuto del Alto Cargo. Todo ello también va acompañado, como expresaba la Vicepresidenta y está incluido en el pacto de lucha contra el terrorismo firmado esta semana por el presidente del Gobierno y el secretario del Partido Socialista Obrero Español, de ese compromiso de dotar de medios, medios materiales y medios personales, para hacer efectiva esta lucha, en este caso, contra el terrorismo y, en general, contra todos los tipos de delincuencia.

De esta manera, contaremos, a partir de ahora, con una plantilla de 2.473 fiscales que, junto con los 5.600 jueces y los más de 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, nos dota, por lo tanto, de una capacitación profesional adecuada, cualificada y suficiente para llevar a cabo todos los compromisos de mejora de la Justicia y, en particular, como estoy diciendo, por lo que tiene que ver con el Ministerio Fiscal, especialmente asociado con el orden penal, en la lucha contra el delito y en la lucha contra todas las manifestaciones.

Por ello, también estas plazas se asignan a las Fiscalías Provinciales donde se ha hecho un análisis de cargas de trabajo entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para identificar dónde deberían crearse estas plazas. De esa manera, cuatro de las plazas se dotan en la Fiscalía Anticorrupción, cuatro en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el resto, como digo, se distribuyen de manera proporcional a las necesidades en todas las Fiscalías Territoriales. De esa manera, también vertebramos las capacidades de la Fiscalía en el conjunto del territorio de manera coordinada, conforme a la petición elaborada por la nueva fiscal general del Estado y su equipo técnico, y en plena coordinación con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda, porque, a fin de cuentas, como digo, es una estructura de profesionales, son nuevas plazas de empleo público y nuevas capacidades de dotarnos de profesionales para la mejora de la Justicia.