Respuestas a los medios de comunicación

P.- Mis preguntas son para la vicepresidenta. Mañana es el aniversario de la Constitución y, a raíz de ello, me gustaría preguntarle si la puerta está completamente cerrada para una reforma de la Constitución y, si es viable la negociación, ¿qué requisitos se le ponen desde el Gobierno al Partido Socialista, que es la formación que en estos momentos ha abierto esa posibilidad?

También me gustaría preguntarle, y teniendo en cuenta el respeto a la independencia judicial, sobre la excarcelación de etarras que se está produciendo estos días. Me gustaría saber su opinión y también qué le puede decir al colectivo de víctimas del terrorismo, que también en las últimas horas están vertiendo críticas al Gobierno. ¿Qué se les puede decir a las víctimas en estos momentos?

Vicepresidenta.- La primera pregunta versa sobre el aniversario de la Constitución y la posición del Partido Socialista en relación con la reforma. Yo creo que días como mañana son momentos para reflexionar lo que han supuesto estos casi cuarenta años de vida en democracia con una Constitución que nos ha permitido muchas cosas, entre otras, dotarnos de un sistema de derechos en nuestro país, y de derechos fundamentales especialmente, que nos ha colocado entre los países más punteros del mundo. Tenemos, por otro lado, uno de los Estados más descentralizados que hay en todo el mundo, mucho más que muchos Estados que se llaman federales. Algún día nos explicarán la diferencia entre un Estado autonómico y un Estado federal algunos que lo propugnan.

Pero yo quiero señalar eso: descentralización, que ha permitido una mejora del bienestar con carácter global en el conjunto de toda España, pero que también tenemos que ser capaces de gestionar con eficacia.

Dicho lo cual, el Partido Socialista propone la creación de una subcomisión para la reforma constitucional y a mí me gustaría hacer tres reflexiones.

En primer lugar, dice que hay que hacer una reforma constitucional por regeneración democrática. Tenemos, antes de la reforma de la Constitución, un paquete de medidas de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática muy amplio: setenta medidas, que son varias leyes; medidas muchas de las cuales han sido, además, reclamadas por actores jurídicos y políticos de distinto orden: véase Consejo General del Poder Judicial, Jueces Decanos, en la línea de lo que hemos planteado hoy. Un conjunto de medidas serio y potente que, a nuestro juicio, deberíamos ser capaces de trabajar y pactar todos los partidos políticos.

Mi pregunta es: el Partido Socialista lanza una oferta de reforma de la Constitución, pero yo creo que sobre la voluntad de pactar asuntos importantes para el conjunto del Estado, asuntos que preocupan a la ciudadanía, y lo estamos viendo con las últimas encuestas, yo le llamaría a la reflexión.

Aquí ya no estamos --y ésa será la tercera de mis reflexiones-- ante cuestiones hipotéticas y propuestas que no se han formulado, sino que ante setenta medidas muy concretas, muchas de las cuales están en las Cortes, de lucha contra la corrupción y de regeneración, que es un problema que los ciudadanos interpretan como importante, ¿dónde está el Partido Socialista? Ésa es mi primera reflexión.

Mi segunda reflexión, y tengo aquí al coponente, es que nosotros hicimos una reforma constitucional en el año 2011 con acuerdo con el Partido Socialista, lo cual demuestra que reformas constitucionales puedan hacerse, y de hecho se han hecho también con el Partido Popular que ahora sustenta al Gobierno, pero que antes estaba en la oposición. Pero es que la voluntad de pacto del Partido Socialista, respecto a esa reforma, ya ha cambiado; de hecho, la única propuesta concreta que tiene la reforma constitucional es derogar la reforma constitucional que avalaron hace menos de tres años, o tres años exactos.

Ésta es la segunda reflexión, por lo que hay algunas voluntades de pacto que no tienen y otras que rectifican tiempo después.

Y la tercera es de fondo. En España no faltan foros para discutir reformas de cualquiera naturaleza, incluida la constitucional; lo que faltan son propuestas. Y el Partido Socialista no ha añadido nada a su petición de subcomisión respecto a la propuesta absolutamente inconcreta que cerró en las propias reuniones del Partido Socialista. Las reformas de la Constitucional se tienen que hacer para mejorar el sistema, no para solventar los problemas internos que se puedan tener o no se puedan tener. Se tiene que tener diseñado lo que se va a hacer, porque es un tema muy serio como para abrirlo sin saber a dónde se quiere ir.

El Partido Socialista no tiene propuesta, pero no ha explicado ni lo básico para que los ciudadanos puedan ver si eso que quiere hacer tiene, digamos, la virtualidad de mejorar o, incluso, si puede suscitar un consenso, porque no se abren las… "Vamos a debatir esto y ya veremos". Oiga, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué es para usted un Estado federal? ¿Qué cambia respecto del Estado de las Autonomías que tenemos? ¿El Estado federal que usted propugna es simétrico o asimétrico? ¿El señor Sánchez defiende, como lo hemos oído alguna vez, el blindaje de las competencias de educación y lengua? ¿Defiende que las Comunidades Autónomas tengan competencias exclusivas en materia de educación y de lengua, porque se lo hemos oído alguna vez? ¿Qué es ese reconocimiento de hechos diferenciales, porque los hechos diferenciales están reconocidos en la Constitución, ¡eh!, y lo están todas las lenguas y otras cuestiones? ¿Qué supone a mayores ese reconocimiento de los hechos diferenciales que propugna? El modelo de financiación, que lo quiere meter en la Constitución, ¿qué implica? ¿Nuevos pactos fiscales o eliminar los que existen?

O sea, no son dudas pequeñas como para abrir un debate sin que, al menos, el que lo proponga lo tenga claro y no tengo la sensación, que no avanzan en esa definición, de que lo tengan.

Segunda de las cuestiones. Como usted decía, nosotros somos el Poder Ejecutivo. Claro que el respeto a las resoluciones judiciales, o al menos a los criterios judiciales, en este caso es más difícil, por cuanto hay, al menos, dos criterios judiciales diferentes según la Sección de la Audiencia Nacional con la que te encuentres. Entonces, los ciudadanos no lo entienden y, si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco.

El criterio del Gobierno es el criterio de la Ley y la Ley que se aprobó, y que entraba en vigor al día siguiente de alguna de esas decisiones, es muy clara sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ese criterio de la Sección Primera no cabe en lo que dice esa Ley.

Por tanto, el Gobierno tiene su criterio, que es el criterio que dio en la trasposición de esa Decisión-Marco y las Decisiones-Marco no son aplicables directamente mientras no existe una trasposición. Estamos absolutamente de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de recurrirlo ante el Tribunal Supremo y eso se lo queremos decir a las víctimas.

Nuestra posición, la del Gobierno, está en la Ley que salió de las Cortes Generales, que dice sencillamente que esto no se puede hacer como lo ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro, es nuestra posición, compartimos el recurso de la Fiscalía y también nos lleva a desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar con criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles.

P.- Para la vicepresidenta. Respecto a la reforma de la Constitución, ¿se puede deducir de sus palabras que, si el Partido Socialista presentara una propuesta concreta de reforma constitucional, el Gobierno estaría dispuesto a debatir sobre la misma?

Por otro lado, hoy el Tribunal Constitucional ha avalado la reducción del número de diputados en Castilla-La Mancha. ¿El Gobierno, después de esta decisión, anima a otras Comunidades a seguir en la misma línea en el ámbito de la reforma de las Administraciones que está impulsando?

Vicepresidenta.- Indudablemente, para poner opinar de una reforma de la Constitución es bueno saber lo que se quiere hacer; entonces, ayudaría, no al Gobierno, sino al resto de las formaciones y a los ciudadanos en general para formarse un criterio al respecto. Pero, además, es que yo quiero recordar las implicaciones que tiene una reforma de la Constitución y los consensos que tienes que construir. Difícilmente vas a construir un consenso cuando no eres capaz de articular, dentro de tus propias filas, una definición.

Pero es que, para hacer una reforma de la Constitución y algunas de las cuestiones que parece que se apuntan, especialmente si se toca el asunto que yo he oído de los derechos fundamentales, entre otras cuestiones, es una reforma agravada de la Constitución, que tienes que lograr un principio de acuerdo sobre lo que propones; disolver las Cortes; con la nueva composición de la Cortes apoyar ese acuerdo y aprobar la reforma de la Constitución. Es un, digamos, procedimiento largo para quien no es capaz, en la primera fase de ese proceso, de contestar preguntas tan absolutamente necesarias como las que yo he planteado aquí y han planteado, no sólo el Gobierno, sino muchos actores sociales y políticos, sobre una reforma del modelo de convivencia, que no siempre es fácil.

Segundo de los asuntos. El propio informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas estableció una serie de medidas que podían adoptar las Comunidades Autónomas y una de ellas era, precisamente, la reducción del número de diputados autonómicos. El número de diputados autonómicos es muy diferente en cada una de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Hay otras Comunidades Autónomas, además de Castilla-La Mancha, que han llevado a cabo medidas de esta naturaleza, unas con modificaciones estatutarias, otras no lo precisan. Desde luego, estaba incluido en ese Informe de Reforma de las Administraciones Públicas y entendemos que, preservando la representatividad dentro de cada Comunidad Autónoma, es una medida importante de austeridad que nosotros propugnábamos.

P.- Al ministro de Justicia. ¿Cómo van a lograr reducir la instrucción a seis meses sin más medios, como están criticando los propios jueces, y también han aparcado el proyecto del fiscal instructor?

Al ministro de Hacienda. ¿Cuándo exactamente van a aprobar la reforma de la Ley General Tributaria, a la que ha aludido, para que dé tiempo ya a su tramitación y a su aprobación?

¿Contemplan que vuelva la lista de defraudadores, que al final se cayó --sigue la de morosos, pero la defraudadores no--, ante las nuevas medidas contra la corrupción y la preocupación que hay por este asunto?

¿Qué le parece la medida que ha anunciado Reino Unido de imponer una tasa del 25 por 100 a Google y al resto de multinacionales tecnológicas que desvían artificialmente beneficios para no tributar? ¿Van a sumarse, porque Reino Unido pide a otros países que se sumen a esta iniciativa?

A la vicepresidenta. ¿Qué responsabilidad corresponde, sobre todo al Banco de España, pero también a la CNMV, al Ministerio de Economía y, en último término, al Gobierno por las graves irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y las cuentas, tanto de Rato como de Goirigolzarri, que ha denunciado el informe de los peritos?

Sr. Catalá.- Como he tratado de explicar, el Proyecto de reforma que presentamos incluye un paquete de medidas. Una de ellas es el establecimiento de unos plazos máximos de instrucción, ampliables, en todo caso, cuando la causa lo justifique; pero hay mucho más. He intentado explicar medidas para la agilización procesal, mediante la modificación de la regla de la conexidad; por lo tanto, los tiempos se acortan por esa vía. También vamos a dar un trámite administrativo a buena parte de los procedimientos que actualmente no tienen ninguna relevancia, como son las faltas sin autor conocido, o el proceso monitorio penal que agiliza la tramitación de esos delitos que tienen que ver, por ejemplo, decía yo, de la conducción en estado de embriaguez. Por lo tanto, es un conjunto de medidas.

En ese nuevo contexto que estamos creando es donde nos parece razonable y proporcionado establecer los tiempos de seis meses para las causas sencillas y dieciocho meses para las causas complejas. Por lo tanto, las causas complejas seguirán teniendo un tiempo de instrucción de dieciocho meses, ampliable, a su vez.

En todo caso, el proyecto de reforma de la Justicia, en su conjunto, tiene que ver con reglas procesales como las que yo he mencionado hoy aquí; pero también tiene que ver con muchas más cosas. Estamos trabajando por la incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, eso simplifica el trabajo. Y estamos trabajando también por la organización judicial, la nueva Oficina Judicial, que ayuda a funcionar de manera más eficaz. Estamos también incorporando nuevos elementos de mediación, arbitraje o jurisdicción voluntaria, que crean mecanismos para que no todos los conflictos sociales se resuelvan ante los Tribunales, que haya otras maneras de hacerlo.

Y, en última instancia, también el Gobierno sigue creando plazas de jueces y de fiscales. Hemos creado recientemente 282 plazas nuevas de jueces; en este momento hay nuevos jueces en la Escuela Judicial; hay nuevos jueces opositando para ingreso en la carrera, y el año que viene, en la Oferta de Empleo Público están previstas cien nuevas plazas de jueces y fiscales.

Por lo tanto, creando nuevas plazas, mejorando los procedimientos, incorporando tecnologías, incorporando mejor organización procesal; con todo eso pensamos que razonablemente se pueden cumplir los plazos y, en todo caso, si los plazos hay que ampliarlos, motivadamente se podrán ampliar.

Sr. Montoro.- En relación con los siguientes pasos a dar en el ámbito de Hacienda y Administraciones Públicas en la lucha contra el fraude y la lucha contra la corrupción, la eficacia de la persecución de los delitos contra la Hacienda pública es absolutamente fundamental y en esta Legislatura hemos avanzado mucho. Todos lo vemos en los casos a los que está enfrentada la opinión pública con ellos. Hemos avanzado mucho en la persecución de todos estos delitos.

A partir de ahí, el proyecto es traer a Consejo de Ministros un Anteproyecto de cambios en la Ley General Tributaria, que precisamente lo que hagan es también adaptar esa Ley General Tributaria y permitir la difusión en primer lugar de la lista de morosos con la Hacienda Pública, una morosidad en que, a partir de un cierto rango, de un cierto nivel, se pueda estar incurriendo, sea una persona física o una persona jurídica.

Es nuestra intención que también la lista de defraudadores se publique, pero son defraudadores los que califican la Justicia como tales. Ése no es el procedimiento administrativo; pero sí queremos, en términos legales, habilitar que, una vez que se ha producido sentencia firme y, por tanto, identificado fraude fiscal, eso se pueda difundir y conocer, puesto que no siempre se conoce. Entendemos que es muy positivo que realmente tenga esa difusión pública.

En relación con el tratamiento fiscal de multinacionales, el Gobierno español, como yo mismo expliqué recientemente en el Congreso de los Diputados con motivo de una interpelación, en primer lugar, estamos participando activamente con la OCDE en todo lo que es el procedimiento conocido por sus siglas inglesas BEPS. Ese procedimiento es un procedimiento que se orienta a que la tributación de las multinacionales se haga en el territorio donde se está generando actividad y donde se están generando beneficios. Por tanto, el Gobierno español ya está en ello, estamos en ello desde hace tiempo. Ahora bien, nosotros entendemos que esto debe ser adoptado en el seno de la Unión Europea. Ahora vemos un excelente clima para ello y es una materia que llevará el presidente del Gobierno al próximo Consejo Europeo.

Por tanto, no solo sumándose, sino haciendo aportaciones propias para que en el ámbito de la tributación sobre el Impuesto sobre Sociedades podamos dar ese paso, porque es muy importante que demos ese paso en la Unión Europea y evitemos lo que parece que hemos conocido ahora, pero desgraciadamente… Lo único que hemos conocido son nombres de empresas que se acogen a esos procedimientos, porque que existen esos procedimientos en el seno de la Unión Europea, eso no lo hemos conocido ahora, esto ya es bastante antiguo. Y ahora lo que tenemos hacer es precisamente dar el paso en un cambio legislativo en el ámbito del Impuesto de Sociedades, pero hay que hacerlo combinado con todos, con los países de la Unión Europea. Por tanto, el Gobierno español va a ser muy activo, muy pro activo, en esta materia para promover ese cambio.

Vicepresidenta.- Sobre la tercera de sus preguntas, yo diferenciaría dos cuestiones diferentes. Por un lado, hay un procedimiento judicial en marcha, donde se ha recibido el informe de unos peritos y donde distintos representantes de las entidades que usted menciona han participado en diferentes tipos de pruebas de naturaleza testifical o documental. Al juez le corresponderá valorar en ese procedimiento las responsabilidades que correspondan.

Pero sí quiero señalar que este Gobierno, en el proceso de saneamiento que él llevó a cabo a partir del año 2012, ha logrado una profunda reestructuración del todo el sector financiero en su mejora y, muy especialmente, en la de Bankia.

Yo quiero recordar que Bankia ha sido la tercera entidad española que mejor nota ha obtenido en los ejercicios de esfuerzos realizados por el Banco Central Europeo al sistema financiero europeo el pasado mes de octubre. Sólo otras dos entidades han obtenido mejor nota que Bankia, dos entidades de tamaño más pequeño. Incluso en el escenario más adverso planteado en el ejercicio, Bankia mantendría niveles de capital suficiente, lo cual demuestra que ese proceso de saneamiento que ha llevado este Gobierno, bastante diferente del llevado a cabo con anterioridad, ha logrado que nuestro sector bancario, nuestro sector financiero, logre estas notas que tienen que dar confianza en los inversores, en los accionistas y en los depositantes.

Los test de estrés realizados en su conjunto por el Banco Central Europeo demuestran que el sector financiero español presenta una solvencia elevada, ya que es la que menos ajustes sufre en Europa tras la nueva valoración llevada a cabo por el supervisor bancario europeo.

Ningún banco español se encuentra hoy con déficits de capital gracias al esfuerzo de valoración y transparencia de los balances bancarios que se ha llevado a cabo en este tiempo. Es decir, el Gobierno ha hecho un proceso de reestructuración, con una asistencia financiera que ya estamos devolviendo, y que ha determinado estos resultados. Creo que es importante, porque también hay que tener muy presente que, desde luego, hay que investigar el pasado; pero el presente que ha determinado este Gobierno y el futuro también están marcados por esa valoración que ha hecho una institución tan independiente como es el Banco Central Europeo, que es la competente en estos asuntos.

P.- Vicepresidenta, mis preguntas son para usted. En primer lugar, sobre la Constitución, camino de cumplir cuarenta años. Yo quería, más allá de la posición del Partido Socialista, saber la posición del Gobierno. Es decir, ¿cree que la Constitución sigue siendo totalmente válida hoy en día o es necesaria una revisión para ponerla al día?

Me quería referir también al nombramiento del nuevo ministro, de Alfonso Alonso, esta semana. Se han hecho muchas interpretaciones sobre el peso político que gana el Gobierno y quería saber qué va a cambiar en el Gobierno, si es así, ese mensaje político que se va a reforzar y a qué es debido.

Vicepresidenta.- Nosotros en España tenemos una Constitución que nos dimos en 1978. Los Estados de nuestro entorno, por supuesto, hacen reformas constitucionales y en nuestra Constitución hemos hecho algunas, entre ellas, la del artículo 135, que ha tenido un calado esencial, como puede explicar el ministro Montoro, para lograr superar la crisis y ganar en credibilidad y confianza.

Con lo que las reformas de las Constituciones pueden hacerse, pero hay que saber muy bien lo que se quiere hacer, para qué y con qué acuerdos y consensos se parte. Y no digo "se acaba", digo "se parte", porque son muchos los Grupos de la Cámara, y no les tengo que recordar a ustedes que cada vez que se ha hablado de este asunto en el Congreso de los Diputados cada Grupo ha planteado cuestiones muy diferentes, desde la forma política del Estado, a la organización territorial del Estado, las diferencias o no entre Comunidades Autónomas y a procesos de descentralización que unos Grupos defienden su ampliación y otros Grupos su reducción. Con lo que la posición del Gobierno… Como digo, aquí tiene a dos ponentes constitucionales, En la reforma del artículo 135 de la Constitución fuimos ponentes el ministro de Hacienda y yo misma, y fue un cambio muy importante también a la hora de hablar, no sólo de competencias, sino también de responsabilidad en el ejercicio de las competencias. Pero teníamos claro lo que había que hacer y que había un consenso inicial de entrada.

Yo, sencillamente, creo que a la hora de abrir una reforma de la Constitución --hay innumerables estudios hechos y unos dicen una cosa y otros, otra-- hay que tener los pies también en el suelo. Porque hacer discursos es más o menos fácil, aunque tienes que lograr ser coherente a lo largo de todo el proceso; pero para una reforma de la Constitución se necesita algo más que un discurso o abrir un procedimiento; se necesitan propuestas y el Partido Socialista, que es quien lo está promoviendo, no ha sido capaz de poner una propuesta encima de la mesa.

Yo es que les invito a leer el texto de la petición de la subcomisión de la reforma de la Constitución. Es un párrafo, en el que, a la vez, se habla de descentralización territorial, local, modelo de financiación, hechos diferenciales… Un párrafo. Yo creo que éste es un asunto lo suficientemente serio como para que nazca con una posición mucho más clara por parte de un partido y que pueda llevar a testar si existe ese consenso. Pero creo que, si esa posición el propio Partido Socialista no es capaz de definir más allá de sus propios términos, también dudo que es que exista también en la formación de sus filas un consenso más allá de ese párrafo, en el que pueden que estén de acuerdo, pero con un párrafo no se modifica la Constitución.

Vicepresidenta.- Ministro, que te veo muy lanzado.

Sr. Montoro.- No, no. Es que es interesante la pregunta esta sobre los políticos y los tecnócratas.

Vicepresidenta.- El ministro Montoro tiene su teoría sobre esto, que es muy interesante.

Sr. Montoro.- Es interesante. Sólo lo califico así, por eso lo decía; no lo trato de valorar. Es interesante y se escribe mucho sobre todo esto y planteamiento, y está bien.

Pero ya el presidente Rajoy, en su intervención en Barcelona, cuando él mismo se autodefinió… "Dicen que ahora es el momento de la política" y él decía: "yo entendería que llevo haciendo treinta y seis años política, pero bueno, eso es opinable". A eso se refería, pero la vicepresidenta…

Vicepresidenta.- Yo no me atrevería a hacerlo mejor que el ministro Montoro; pero sí una cosa, que es importante: hoy hemos presentado una reforma tributaria, que la presenta el ministro de Hacienda pero que la podía firmar el ministro también de Asuntos Sociales e Igualdad, porque tiene un calado profundamente social. Lo que se hace son medidas muy claras de apoyo a las rentas medias y a las rentas bajas, de apoyo muy claro a la familia y de apoyo, además, a las familias que tienen una persona con una capacidad diferente.

Tenemos tarea importante por hacer, porque hay una serie de proyectos y de planes muy ligados a la acción social del Gobierno, que ya son competencia…, que dejó muy avanzados la anterior ministra y que ahora tendrá que llevar al Consejo de Ministros el nuevo ministro. Es decir, que en esta última fase la Legislatura va a tener un componente social muy importante en apoyo a la familia, aunque quizá las medidas como las de hoy son de impulso muy decidido a ese ámbito, de apoyo al tercer sector y de apoyo a una serie de sectores que también necesitan un respaldo del Gobierno en estos tiempos de crisis.

Pero eso también se enmarca en toda la política del Gobierno, porque el objetivo esencial es crear empleo, porque es además la manera en que se puede hacer una política social y una política en favor de la autonomía y la libertad de la persona mucho mayor casi que en cualquier otros ámbitos, con lo que ahora, que se empieza a crear empleo y se empieza crear empleo de una manera sostenible, indudablemente la política social y los resultados de esa política social serán mucho más claros.

P.- Yo tenía dos preguntas, una para el ministro de Justicia. Me gustaría saber si no cree usted que, por ejemplo, algo como lo que puede suceder en fechas próximas, que es la retirada del juez Ruz del "caso Gürtel", no sería algo que precisamente iría en contra de la filosofía esta nueva que quieren ustedes introducir, de agilizar los procesos, facilitarlos y que sean más eficaces.

A la vicepresidenta. Me parece entender que es que ustedes creen que crear una subcomisión no sería, en ningún caso, un método apropiado para intentar trabar un consenso respecto a una reforma constitucional, porque una subcomisión no es una ponencia. Por ejemplo, si lo comparemos con la reforma del artículo 135 a la que se refería usted, en aquella ocasión fue un consenso entre dos personas, el señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy, del que quedamos al margen el resto de los españoles.

Sr. Catalá.- En relación con la cobertura de la plaza que desempeña en comisión de servicios el señor Ruz, yo creo que, en primer lugar, ésa es una decisión que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, a su Comisión Permanente. Por lo tanto, adoptará la medida que considere más adecuada.

Pero no podemos considerar que la provisión normal de las plazas vacantes de jueces pueda consistir en un elemento extraordinario; por lo tanto, la decisión que tomará la Comisión Permanente será la que considere más adecuada, en el momento que considere más adecuada. Pero yo he leído estos días como que podía parecer una anomalía cubrir las plazas. Yo creo que lo que no es habitual es tener plazas en comisión de servicios, que es un mecanismo extraordinario para atender un funcionamiento coyuntural cuando se produce una vacante.

Por lo tanto, sin perjuicio del trabajo que desempeña el juez Ruz, que yo creo que hace un trabajo magnífico y de calidad en las instrucciones de los múltiples asuntos complejos que lleva a cabo la Audiencia Nacional, lo razonable es que las plazas vacantes de la carrera judicial se cubran a la mayor celeridad posible, se convoquen los concursos y, por lo tanto, insisto, cuando en el Consejo del Poder Judicial la Comisión Permanente tome la decisión, seguro que la toma en el contexto general, no para un caso concreto, sino para el conjunto de plazas vacantes.

Eso yo creo que no tiene nada que ver con lo que me refería yo antes sobre las reglas de procedimientos que agilicen la instrucción procesal. Precisamente a lo que vamos a ayudar es a que el juez Ruz y todos los jueces instructores, y especialmente los que tienen causas complejas, puedan hacer su trabajo con más facilidad, porque las leyes les ayuden a hacer un trabajo con esa regla de la conexidad, que permita que por cada delito se instruya una causa y se agilicen y no se alarguen tanto los tiempos.

Vicepresidenta.- Sobre la segunda de sus preguntas, creo que no me he explicado bien. Yo he dicho que instrumentos para trabajar los hay y que la subcomisión es uno de ellos, pero que es necesario tener una propuesta. Es que quien pide abrir una subcomisión sobre la reforma de la Constitución, digo yo que algo más tiene que decir.

Permítame el ejemplo: es como si el ministro de Hacienda, aquí sentado, convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no les da un orden del día. Entonces le dirán los consejeros: "muy bien, pero ¿a qué nos convoca? ¿Qué quiere usted de qué discutamos? ¿Qué documentos tenemos que hablar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Hacia dónde quiere que nos dirijamos?". "No, no, vengan aquí ustedes, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y vamos charlando a ver cada uno cómo ve esto de la financiación o cómo ve el déficit, y luego vamos a ver si llegamos a algún puerto".

¡Hombre!, si uno quiere abrir una subcomisión, tiene que decir "yo quiero reformar esto" para explicarlo a esos españoles, a los que usted aludía, a esos ciudadanos, lo que quiere hacer, a los que representa. Porque, si el señor Pedro Sánchez representa a los ciudadanos en esa propuesta de reforma de la Constitución, el señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy también los representaban en esa propuesta de reforma constitucional; que, por cierto, partió de una propuesta o una proposición de ley conjunta de ambos partidos, pasó un debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, público y en Pleno, la tramitación correspondiente y la votación final.

Yo creo que procedimientos hay muchos y foros hay muchos; pero a los foros hay que llevar, sobre todo cuando se quieren abrir y cuando alguien decide llevar eso, una posición más clara.

Muchísimas gracias.