Respuestas a los medios de comunicación por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna

Portavoz.- El ministro de Fomento tiene que irse precisamente a Antequera; por tanto, les pediría que las preguntas que tengan a bien hacerle a él se las hagan al principio y así le liberamos.

P.- Eulogio López, de "La Hispanidad". Quisiera plantearle al ministro de Fomento dos cuestiones: una, ¿se retoma la liberalización de determinados corredores del AVE o esa idea ha quedado definitivamente arramblada?

Luego, sobre la OPA Atlantia sobre Abertis, ¿tiene el Gobierno algo que decir sobre el hecho de que Atlantia prometa un bono a los directos de Abertis si gana la OPA?

También, quisiera hacerle una pregunta a usted; si quiere, se la formulo ahora mismo. Hablando de seguridad nacional y de la comisión propuesta por la ministra Cospedal para atajar la postverdad en las redes sociales, en todo esto que ha dado en llamarse "desinformación en Internet", ¿qué es lo que tratamos de perseguir? ¿Hablamos de perseguir la manipulación de elecciones, un hecho, o hablamos de perseguir la manipulación de opiniones?

Sr. De la Serna.- Seré francamente breve. En relación con la cuestión vinculada a la OPA, el Gobierno no tiene absolutamente nada que decir, como, por otro lado, es lógico.

En cuanto a la liberalización, el escenario es el que marca en estos momentos la Directiva, que es el año 2020. Hasta 2020, en lo que se refiere al tráfico de viajeros, no se va a producir ningún proceso de liberalización. Y a partir de ahí es cuando entramos en un nuevo escenario en el que nuestras propias empresas también podrán competir en otros mercados.

Portavoz.- De lo que se trata es de algo que me han oído ustedes contar aquí, porque el ministro de Asuntos Exteriores lo llevó al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Se trata de que, a través de Internet, haya noticias falsas que intervengan en procesos electorales; fenómeno que hemos visto en Estados Unidos, en Francia y en el "Brexit"; se trata de tomar conciencia de ello y se trata de ponerle remedio a ello, siendo conscientes también a nivel europeo, porque creemos que esta es una cuestión fundamentalmente no española, sino que afecta a todos los países en estos momentos del mundo.

P.- Isabel García, de Canal Sur Radio. Para el ministro de Fomento. Queríamos saber cuándo se va a retirar el tren siniestrado en Arahal y cuándo se puede saber si va a comenzar rápidamente la circulación de trenes por esta vía.

Sr. De la Serna.- Se tratará de hacerlo lo antes posible; pero no le puedo dar todavía una fecha exacta porque los técnicos están trabajando en las dos cuestiones; fundamentalmente en que existan garantías, dada la situación en la que quedó la vía después de las inundaciones.

P.- Alejandro Silva, de Aragón Radio. Yo quería preguntarle al ministro por ese acuerdo de los peajes en la AP-68. ¿El Ministerio estaría dispuesto a aplicar este mismo sistema en el tramo aragonés para hacer el desvío en la N-232 que, como sabe, es muy peligrosa en esa zona?

También, sobre el Canfranc. Si no estoy equivocado, hoy hay un acuerdo para una inversión de unos setenta millones de euros plurianual en esa vía. ¿Nos puede explicar cómo se va a repartir ese dinero en los próximos años?

Sr. De la Serna.- Me alegro de que me haga esa pregunta, porque no había dado cuenta de otro hecho bastante significativo que se producía en el día de hoy, que es el encuentro entre los Gobiernos regionales de Aquitania y Aragón y los dos Gobiernos, Gobierno de Francia y Gobierno de España, en relación con la apertura del túnel de Canfranc.

Como saben, tenemos una financiación europea para lo que es el estudio y el análisis de lo que es el propio túnel pero, por otro lado, hay un compromiso del Gobierno de Mariana Rajoy para acondicionar toda la parte correspondiente entre Huesca y Canfranc. Para ello, tenemos intención de empezar la licitación en el primer trimestre del año 2018. Hemos estado trabajando en todos los estudios y los proyectos correspondientes, y hablamos de una inversión superior a esa cifra de los setenta millones.

¿La distribución? Empezaremos con la licitación en el año 2018 y, por tanto, sería comenzar algunas de esas obras ya en el mismo año 2018.

En cuanto a la posibilidad de utilizar acuerdos similares al de La Rioja en otros lugares, es cierto que llevamos tiempo con el Gobierno de Aragón trabajando en analizar esa posibilidad para la misma Nacional a su paso por Aragón, en donde hay unas circunstancias, en lo que se refiere a la seguridad vial, similares a las que tiene La Rioja. Estamos trabajando y yo confío en que se pueda llegar a un acuerdo.

El planteamiento del Gobierno en estos casos siempre es el mismo: nosotros abrimos esa posibilidad, pero debe ser la Comunidad Autónoma y el territorio quien finalmente dé el paso hacia adelante impulsando el acuerdo. Y debe ser también la Comunidad Autónoma quien entre en contacto con la sociedad de la correspondiente Comunidad Autónoma, incluyendo sectores tan importantes como el sector del transporte.

Hay también otros lugares en los que se está analizando esta posibilidad. Es el caso, por ejemplo, de Castilla y León en relación con la N-1 y la posible utilización, en la provincia de Burgos, de la AP-1 para un desvío obligatorio de camiones, en el que estamos también trabajando.

P.- Esta semana hemos visto la huelga de los taxis y, coincidiendo con eso, en el Ayuntamiento de Madrid han aprobado en pleno, por unanimidad, incluido el Partido Popular, que se cambie la Ley de Ordenación del Transporte para que los Ayuntamientos tengan que dar una segunda autorización para las VTC. ¿Qué opinión le merece esa decisión? ¿La apoyan?

Sr. De la Serna.- En estos momentos en España no se puede dar ninguna licencia de VTC, está prohibido. La Ley del Gobierno de España, la Ley de Mariano Rajoy del año 2013, prohíbe dar licencias de VTC. Ya no se puede dar en este país ninguna licencia de VTC. Por tanto, cualquier modificación de la Ley dirigida a que la competencia pase a otra Administración para limitar la concesión de las VTC no tiene sentido, en la medida en que ya no se puede dar en ningún lugar de este país una licencia de VTC. ¿Por qué? Porque la Ley del año 2013 y el desarrollo reglamentario del año 2015 establecen el límite de 1/30, una licencia de VTC por cada treinta licencias de taxi. Ese límite está superado ya en todas las Comunidades Autónomas y, por tanto, ninguna Comunidad Autónoma puede dar por ley ninguna autorización para VTC.

¿Qué ocurre? Que los jueces están, por sentencia judicial, dando autorizaciones, y no de ahora, sino del pasado, del período 2009-2013. En 2009, con la aprobación de la Ley Ómnibus en el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, no se tuvo en cuenta el efecto que esto podía tener sobre el servicio de los taxis y, por tanto, hubo un vacío legal en ese período, vacío que resolvió el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero en aquellas licencias que se pidieron y que se denegaron en el período 2009-2013 hoy los jueces las están validando y lo que no puede ningún Gobierno, por mucho que un Ayuntamiento se quiera atribuir las condiciones de regulación del sector, es anular una sentencia judicial.

Es que la Ley no permite otorgar ninguna licencia de VTC ya. La Ley ya no permite otorgarlas. Las únicas licencias que se están dando son por sentencias judiciales de un período del pasado. Ya no hay más VTCs; ya no va a haber más VTCs, salvo aquellas que los jueces otorguen, pero por algo que ocurrió en el pasado; no por algo que pueda ocurrir de ahora en adelante.

Por tanto, no creo que el Ayuntamiento de Madrid tenga capacidad normativa o legislativa para anular sentencias judiciales porque, si eso fuera así, no estaríamos hablando de un sistema democrático.

P.- Lucía Gómez Lobato, para "La Sexta Noticias". Siempre desde el Partido Popular y desde el Gobierno se ha dicho que el momento de depurar responsabilidades políticas, de exigirlas, puede ser el momento en que se abra juicio oral. Hoy hemos conocido que se va abrir juicio oral al Partido Popular por posible encubrimiento en el caso de la destrucción de discos duros y querría saber si desde el Gobierno creen, como ya está pidiendo la oposición, que es momento de pedir responsabilidades políticas por esto.

La segunda pregunta es: en "La Sexta Noticias" estamos dando en exclusiva que el fiscal anterior del "caso Lezo" ha dejado un informe sobre la posibilidad de imputar a Esperanza Aguirre y a Ruíz-Gallardón por el "caso Lezo". No sé si desde el Gobierno tiene algo que decir de un ministro…, del que ha sido ministro hasta hace cuatro días.

Portavoz- Lo que tiene el Gobierno que decir es que ignora todo respecto a esa información y, como ustedes saben, porque yo creo que ya nos conocemos, el Gobierno no hace ningún comentario, primero, sobre posibles indicios o declaraciones, o sobre alguien dice que, sino tampoco sobre decisiones, en el caso de que las hubiera.

Respecto al primer caso, yo creo que las responsabilidades políticas… Es un tema al que usted se refiere que sucedió hace muchos años atrás y desde entonces han pasado muchas cosas, ha habido muchas elecciones y yo creo que todas las responsabilidades políticas… Ha habido elecciones, ha habido investiduras, ha habido comparecencias del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados y yo creo que las responsabilidades políticas ya han pasado, ya constituyen un caso del pasado. Lo que hay que esperar ahora es ver cuál es la sentencia judicial y esperar a la misma, que es lo que vamos a hacer.

P.- Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Quería hacerle dos preguntas; una, sobre la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Querría saber si hay alguna alusión a la situación en Cataluña o al desafío a la Ley en esa nueva Estrategia.

Por otro lado, Sociedad Civil Catalana ha denunciado que han aparecido varios muñecos colgados de un puente en Cataluña con los logos de PP, PSOE y Ciudadanos, y, además, también un articulista ha publicado en una revista que propone "atar y cortar" al ministro Zoido. No sé si el Gobierno tiene conocimiento de estos hechos y si va a plantear alguna iniciativa.

Portavoz.- Sobre la segunda, yo no tenía conocimiento de estos hechos; pero sí, en el caso de que sean ciertos, quiero decirle que esto es una prueba más de la ruptura de la convivencia en Cataluña y de que se ha instalado un clima ahí que no es posible, porque este tipo de comportamientos son comportamientos antidemocráticos. Por lo tanto, el Gobierno rechaza este tipo de comportamientos.

Nosotros pensamos que con la aplicación del 155 muchas de estas cosas, que vienen de antes, han entrado hoy en día en la normalidad. La normalidad se ha instalado en Cataluña y, por tanto, el que haya todavía comportamientos de estos es plenamente rechazable.

Respecto a su primera pregunta, no. Las intervenciones que ha habido han sido intervenciones generales. Lo que sí ha habido es que una de las intervenciones ha puesto énfasis, precisamente también relacionándolo con el ciberespacio y la seguridad, en el esfuerzo que hará el Gobierno para que estas elecciones, las elecciones del 21 de diciembre, sean unas elecciones, no solo con arreglo a la legislación, no solo con tarjetas censales, no solo con urnas reglamentariamente establecidas, con interventores y con apoderados, sino elecciones de verdad, y no como aquella farsa del 1 de octubre, para que no haya ninguna interferencia de tipo informático en las mismas. Ése es el interés que tenemos todos: el de garantizar que son unas elecciones donde el pueblo catalán va a expresarse con libertad, que es lo que queremos.

P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Sobre la Estrategia Nacional nos ha dicho que está pactada con el PSOE y con Ciudadanos. Me gustaría saber si el hecho de que no haya otros partidos es porque no se ha intentado con ellos o porque no han querido participar ellos de ese acuerdo.

En este sentido, pero aludiendo a una frase que ha dicho usted cuando hacía referencia al aniversario de la Constitución, ¿cree que hoy, en que se está hablando de una reforma constitucional, existe el sentido de la realidad y el ejercicio de responsabilidad que usted ha destacado en la elaboración de la Constitución de 1978?

Portavoz.- No tengo respuesta a la primera pregunta. Lo que se nos ha informado a quienes hemos asistido a esa reunión es que estaba consensuada con PSOE y C's; pero no ha habido ninguna aclaración más sobre si los demás, otros Grupos Parlamentarios, habían participado. Pero lo preguntaré y se lo transmitiré.

Respecto a la reforma constitucional, yo creo, y he utilizado las dos palabras que usted ha dicho, realismo y responsabilidad, que caracterizan el acuerdo del 78. Y creo que cualquier reforma constitucional, y en estos momentos hay una comisión en el Congreso de los Diputados, que se ha constituido y que está analizando estos cuarenta años, haciendo un análisis sobre la mismo, qué se puede cambiar, qué conviene cambiar…

Creo que el realismo y la responsabilidad aconsejan cambiar para mejorar, y para mejorar y para cambiar en nuestra Constitución se respetan unos procedimientos establecidos en la misma, y esos procedimientos requieren unas mayorías amplias. Yo creo que eso es un elemento consustancial al consenso, lo hicieron nuestros padres constituyentes y pensaron: es bueno que lo que hemos logrado con esfuerzo, con tesón, prevalezca en el tiempo. Precisamente, antes me he referido a la historia constitucional del XIX donde, cuando un partido llegaba al Gobierno, lo primero que hacía era derogar la Constitución anterior. Pues bien, hay unas exigencias en nuestro texto constitucional, según el Título que se pretenda reformar, que son unas exigencias agravadas. Lo lógico es que, si queremos acometer una reforma de la Constitución, esas exigencias agravadas exigen que haya un consenso similar al que hubo en el año 1978 para modificarla.

Lo primero es que participen todos. En el año 1978 participaron todos y hoy hay partidos que no quieren participar en esa comisión. Yo creo que, cuando se apela tanto al diálogo, el diálogo se demuestra participando y se demuestra hablando. Y, después de hablar, después de valorar y después de analizar, hay que ver de qué manera eso se plasma en unas propuestas concretas. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que estamos esperando.

Creo que eso es bueno, además, no solamente para la reforma constitucional, sino también para otras. En el Pacto por la Educación, que también está en estos momentos incurso en el Congreso de los Diputados, una de las propuestas que yo he hecho como ministro de la Educación es que, si llegamos a un acuerdo, cualquier reforma ulterior de ese acuerdo requiera una mayoría súper cualificada. ¿Para qué? Para evitar eso: para evitar la tentación de que una nueva mayoría en un próximo Parlamento derogue algo que tiene esa voluntad de perdurabilidad que da seguridad y que es lo que nos está pidiendo la comunidad educativa.

P.- Nuria Vega, de Colpisa. Podemos ha anunciado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 y, dado que hay corrientes que interpretan de diferente manera hasta dónde se podía llegar con ese artículo de la Constitución, yo quería saber si teme el Gobierno un fallo contrario a la actuación gubernamental, en concreto, en el punto de la disolución del Parlament catalán. En ese caso, ¿cómo se podría reparar el supuesto daño causado o hay opciones de resarcimiento?

Portavoz- Yo he oído, como usted, que Unidos Podemos ha anunciado la presentación de un recurso. Todavía no sé cómo lo va a formalizar ni en qué va a consistir. Por lo tanto, pronunciarme sobre algún elemento posible del mismo es una pura especulación.

A mí lo que me parece sorprendente es que UP plantee un recurso sobre un artículo que está en la Constitución Española. Me parece sorprendente y me parece que está en la línea del señor Iglesias Turrión desde la moción de censura donde, como les recuerdo a ustedes, le apoyaron en aquella moción de censura Esquerra Republicana y Bildu.

A partir de ahí, la deriva del señor Iglesias Turrión es siempre actuar de apéndice de los independentistas. En estos momentos presentar un recurso de inconstitucionalidad, que, sin conocerlo --siendo jurista, a mí me parece que no tiene mucha consistencia jurídica, y lo digo con todo el respeto; no sé yo qué consistencia jurídica va a tener--, me parece que sorprenderá a muchos de los votantes de UP.

Yo, desde luego, estoy con una de las fundadoras de UP, que decía que a ella le gustaría más que Unidos Podemos hablara más de España y a los españoles que a los independentistas. Yo creo que eso es un buen consejo, un sabio consejo.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". En los últimos días hemos asistido a una polémica sobre la tributación del IVA de las subvenciones culturales, tras la exigencia por parte de Hacienda de cantidades devengadas en el pasado. ¿Usted, como ministro de Cultura, comparte este criterio del señor Montoro?

Portavoz.- La tributación del IVA en entidades culturales por actividades devengadas es la interpretación que hacía la Agencia Tributaria; una interpretación que no afecta solamente a entidades en Cataluña, sino en toda España. Esa situación ya fue puesta de relieve hace unos meses y fue objeto de un acuerdo entonces del vicepresidente de Asuntos Económicos de Cataluña, el señor Junqueras, con el ministro de Hacienda, al que luego se añadieron el resto de los Grupos Parlamentarios; un acuerdo del mes de julio. Mientras preparaban la secesión, llegaban a un acuerdo sobre esta cuestión. Y eso se plasmó en un acuerdo, creo que del mes de noviembre. Pero, como sabe usted, los acuerdos son acuerdos hacia el futuro --por tanto, es un tema que está resuelto hacia el futuro--, pero los acuerdos no tienen carácter retroactivo.

Por tanto, estaremos a ver lo qué sucede con las mismas. Yo he hablado con el ministro de Hacienda sobre esta cuestión que es una cuestión, insisto, de cantidades devengadas y de aplicación de una ley anterior. Para el futuro ya no hay problema alguno, porque está resuelto por un acuerdo político. Veremos a ver los recursos que planteen estas entidades, a ver cómo se resuelve, porque insisto en que este es un tema de aplicación de la Ley que hace la Agencia Tributaria.

P.- Josep Capella, de TV-3. Dos preguntas; una, como ministro de Cultura, que la semana pasada nos dijo que iba a actuar con cautela, porque no había recibido la sentencia, y la recibió y actuó. Yo le preguntaba por si había ordenado un cronograma, que le pedía la juez, para que la Guardia Civil ordenara el traslado de las piezas de Sijena a su destino. El Gobierno de Aragón lo ha pedido para que se efectúe antes del día 11. ¿Será inmediato? ¿Tiene usted intención de cumplir también con esa rapidez esa cuestión?

En segundo lugar, no sé si antes no le he entendido, pero la Estrategia de Seguridad Nacional no abordaba para nada las amenazas internas de tipo del independentismo catalán. No sé si es que no se ha comentado o no se abordan en el documento, y, si se abordan, ¿en qué sentido? Y quería saber si ese documento se va a trasladar al Parlamento, si va a haber algún tipo de debate parlamentario, y quién lo va a realizar, sobre la Estrategia de Seguridad Nacional.

Y una cuestión muy concreta sobre las oficinas de presentación de la Generalitat en el extranjero. El ministro Dastis ha ordenado el cese de todo el personal. ¿Sabe usted también si afecta solo a funcionarios, a personal eventual, a los becarios…?

Portavoz- Respecto a la primera, yo las veces que me han preguntado ustedes por la cuestión de la sentencia judicial sobre los bienes de Sijena dije que actuaría con diligencia y que lo estudiaría con detenimiento; fueron mis palabras. Y la semana pasada, cuando me preguntaron ustedes, les dije que yo no había recibido la providencia del juez y he visto que algún medio se sorprendió mucho.

Yo lo que recibí en su momento, y así lo dije, fue por email, escaneado, el requerimiento del juez; pero sin la documentación oficial y, sobre todo, sin la documentación que aportaba el juez. El jueves pasado la recibí en mi despacho, un requerimiento personal, y yo actué con diligencia. Le contesté al juez inmediatamente que, como es lógico, cumpliría con lo que el juez me pedía y que usted ha relatado en parte; es decir, establecer una relación de los bienes, dónde se encuentran, en qué estado se encuentran, etc., etc. Eso es lo que he procedido a hacer con el departamento de Cultura del Gobierno de Cataluña. Por tanto, ahí estamos.

Ha habido, como sabe usted, una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca resolviendo el recurso en su día y confirmando la sentencia de primera instancia; pero yo me comprometo a seguir estudiándolo con detenimiento y a seguir las instrucciones que me dicte el juez. Las partes litigantes en el proceso no tienen ninguna competencia sobre esta cuestión, sino que la tiene el juez. Yo seguiré estudiando con detenimiento y haciendo lo que me pide el juez, como es lógico. Lo que hay que hacer es lo que a uno le pide el juez en cumplimiento de una sentencia judicial.

Quiero recordar aquí ya que esta no es la primera sentencia que recae sobre esos bienes del Monasterio de Sijena, que ya recayó otra y que en junio del año 2016 la Generalitat entonces devolvió 51 piezas del Monasterio de Sijena, tal y como exigía el juez, que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Yo conozco muy bien el caso, porque el Ministerio de Cultura está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y recuerdo que el consejero en aquel momento, ante el requerimiento del juez, pidió tener más tiempo para poderlo llevar a cabo, porque tenía que llevar a cabo una serie de procedimientos formales. Yo voté a favor de que se le concediera, porque el consejero me dijo que iba a devolverlas, como así ha sido.

Por tanto, yo creo que hay que cumplir siempre con las sentencias judiciales. Insisto, yo he actuado ya con diligencia y ahora lo estudiaré con detenimiento.

Respecto al segundo tema, lo que quiero decirle es que el tema o la cuestión de los ataques por Internet o el ciberespacio han sido tratados en esta reunión en relación con procesos electorales. Se ha tratado, se ha hablado y se ha puesto de manifiesto la empresa que está encargada de hacer el recuento de los votos en la jornada electoral, y todas las precauciones que están tomando para que la voluntad de los catalanes sea una voluntad clara, para que voten en libertad, para que los resultados sean los resultados correctos y para evitar posibles intromisiones en este proceso, como hemos visto que ha sucedido en otros procesos electorales en otros países.

Respecto a la tercera pregunta que usted me hace, no tengo la respuesta concreta. Ya les he dicho a ustedes muchas veces que yo no soy la Enciclopedia Británica, que no sé todo; pero sí recuerdo --no quiero que la memoria me traicione-- que en el primer Consejo se acordó el cese de todos los que estaban al frente de esas oficinas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero. Supongo que el cese implicaba no solamente el cese del responsable, salvo la de Bruselas, si no recuerdo mal, sino el cese de las personas que trabajan ahí, evidentemente. Pero no estoy seguro de eso, don Josep, y, por tanto, también lo comprobaré y se lo contaré.

P.- Marisa Piqueras, de Europa Press. Le quería preguntar porque este mediodía hemos conocido que el juez no va a decidir hasta el lunes si excarcela o no al señor Junqueras y a los demás ex consejeros catalanes. Esa decisión se puede producir a pocas horas de que arranque la campaña electoral catalana y quería saber si al Gobierno le inquieta y le preocupa que esa decisión judicial influya en esas elecciones.

En segundo lugar, usted hablaba del viaje que hará la próxima semana el señor Rajoy a Londres. Yo le quería preguntar si en esa reunión se va a abordar la futura situación de Gibraltar.

Portavoz.- Respecto a la primera, los jueces son un poder independiente del Estado y toman decisiones, que, en mi opinión, no están constreñidas ni son decisiones que tengan nada que ver con procesos electorales. Toman decisiones con arreglo a la Ley. Ellos están prestando declaración y tomará la decisión que crea conveniente, confirmará la decisión de la Audiencia Nacional o la cambiará. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver… Creo que la voluntad de un juez, la misión que tiene un juez, es sobre hechos juzgados y sobre declaraciones, y creo que los jueces no tienen nada que ver con otro tipo de consideraciones políticas.

Por tanto, el Gobierno no se ocupa de estas cosas. En España hay separación de poderes y nosotros estaremos a lo que decida en este caso el juez del Tribunal Supremo.

En relación con la segunda pregunta, yo no creo que esté en el orden del día la cuestión de Gibraltar, porque creo que la cuestión de Gibraltar y el "Brexit" está muy bien resuelta en el memorándum que hizo, en las orientaciones generales que hizo, la Comisión Europea en su momento. Está claro que a Gibraltar se le aplican determinadas políticas de la Unión Europea porque entró con Gran Bretaña en la Unión Europea, con la entrada de Gran Bretaña, y Gibraltar saldrá de la Unión Europea en marzo del año 2019, cuando salga Gran Bretaña.

Por lo tanto, el tema está meridianamente claro y no creo que sea objeto de debate. Evidentemente, yo no sé lo que será objeto de debate el día 5; pero no me da la sensación de que ese sea un tema porque, insisto, creo que, como diría un inglés, "está tan claro como un cristal".

P.- Ángel Collado, de "El Confidencial". Quería saber si se habían repartido, aunque no sea una decisión de Gobierno como tal, la presencia del Gobierno en la campaña catalana, por ministerios; si van a tener mucha presencia o poca; si se va a limitar a los actos de Rajoy; si va a haber más actos oficiales de Gobierno como tal estos días en Cataluña.

Portavoz.- No, no se ha tratado en el Consejo de Ministros. A mí sí me han pedido, pero esto no lo digo como portavoz del Gobierno, del partido que esté a disposición para acudir a aquellas actos donde me soliciten y lo haré encantado. Pero no se ha tratado en el Consejo de Ministros.

Antes me han hecho ustedes una pregunta respecto a la Estrategia de Seguridad Nacional y creo que se me ha olvidado decir una cosa, que quiero decirla ahora: estará colgada de la página web; por lo tanto, podrán ustedes consultarla en cuanto acabe esta reunión.

Déjenme decirles que Sevilla conmemora el Año Murillo, con motivo del cuarto centenario del nacimiento del pintor hispalense. Es un programa que se extenderá hasta el 2019, que tiene beneficios fiscales y que ha arrancado con una espléndida exposición "Murillo y los capuchinos de Sevilla", en el Museo de Bellas Artes, que no se deben ustedes perder.

En Madrid, el Teatro de la Comedia levanta el telón con "La dama boba", de Lope de Vega, interpretada por la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Música antigua en Úbeda y Baeza, dedicada a México.

Y, en plan de cine, si van al cine el fin de semana, hay un estreno que les recomiendo: "Perfectos desconocidos", la última película de Álex de la Iglesia, que yo ya he visto y que es muy divertida.

Nos veremos el jueves la semana que viene. Con motivo de la Inmaculada y de la Constitución, el Consejo de Ministros se celebrará el jueves. O sea que hasta el jueves.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)