Respuestas a los medios de comunicación

Madrid

Portavoz.- Si no les importa, digan a quien va dirigida la pregunta y yo prometo no picarme si le hacen muchas preguntas al ministro de Justicia.

P.- José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno. ¿Qué opinión le merece el informe, que se ha conocido hoy, de los letrados del Parlament? ¿No teme que lo que puede propiciar es un bloqueo de la situación al considerar que no corren los plazos para la convocatoria de unas nuevas elecciones?

Para el ministro de Justicia. ¿El Gobierno ve alguna posibilidad de sacar adelante la ampliación de los casos de prisión permanente revisable, habida cuenta de la posición que están manteniendo diversos partidos? Y ¿qué le parece, en concreto, la crítica de que se trata de una medida electoralista?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, conozco del informe lo que han dicho ustedes, lo que han dicho los medios de comunicación; por tanto, no nos ha dado tiempo de examinarlo y no voy a hacer una valoración sobre el mismo, salvo aquella que ustedes conocen y que está en coherencia con la línea del Gobierno. Son los letrados los que tienen que establecer cuál es el procedimiento a seguir dentro de los cauces establecidos por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no cabe una investidura telemática, tiene que ser presencial y, en el caso de ser una persona incursa en alguna causa judicial, tiene que hacerse, su presencia, con el consentimiento del Tribunal.

Imagino que ahora el presidente del Parlamento, a la vista del informe, reunirá a los representantes de los grupos políticos y propondrá un candidato que se mueva dentro de estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional, que son cauces de sentido común, además. Por lo tanto, corresponde a él, en el ejercicio de esa soberanía parlamentaria, hacerlo y esperamos que lo haga lo antes posible.

Sr. Catalá.- En cuanto a la posibilidad de que este Anteproyecto de Ley llegue a buen puerto, lógicamente, cuando uno toma una iniciativa es con ese fin. Ya veremos qué sucede en el trámite parlamentario; pero, como les trataba de explicar, esta es una pena que existe en toda Europa, en gobiernos conservadores, en gobiernos liberales, en gobiernos progresistas, de izquierdas y con izquierda, incluso, extrema formando parte de gobiernos de coalición. Por lo tanto, no acabamos de entender qué nos pasa en España, qué debate político podemos tener en torno a esta circunstancia cuando en el resto de Europa, como digo, es una cuestión muy consolidada y yo no conozco ningún Gobierno europeo que se esté planteando la revisión. Ni el señor Macron, que es el referente para algunos en este momento, o gobiernos de izquierda, socialistas, que, ya digo, nunca la han planteado, incluso la han constituido: en Francia fue Mitterrand quien creó esta pena dentro de su Derecho Penal.

Por lo tanto, confiamos en la reflexión y confiamos también en algo tan sensato y tan razonable como que los grupos políticos, los grupos parlamentarios, ejerzamos la función sustancial que tenemos, que es la representación de los ciudadanos. No nos eligen los ciudadanos para que hagamos lo que mejor nos parezca, sino para que representemos a la sociedad. Por lo tanto, si el 80 por 100 de los ciudadanos considera que debe existir una pena --muy grave, ciertamente-- muy grave, pero para delitos gravísimos, y es la coherencia lógica, razonable, proporcional, ¿cómo van a estar los grupos parlamentarios tan alejados del sentir social?

No me parece que sea electoralista; es simplemente constatar una realidad social, una demanda social y tratarla de llevar al mundo del ordenamiento jurídico. Las leyes deben de parecerse a las sociedades lo máximo posible y esto es lo que intentamos. Y, si además existe un sentimiento de cercanía a las víctimas del delito, yo creo que nos hace mejores en nuestra legitimidad democrática estar legislando cercano a lo que más lo necesitan, a los más débiles; en este caso, las víctimas del delito.

P.- David Junquera, de la Sexta Noticias. Yo tenía una pregunta para cada uno para que no haya problema. La primera es para usted, ministro portavoz. Tiene que ver con el tema del ahorro. Se nos presentó ayer esta medida para incentivar el ahorro en planes de pensiones privados y también la señora Villalobos instó a los jóvenes a empezar a ahorrar. ¿Se está queriendo mandar un mensaje a los ciudadanos de que el tema de las pensiones públicas en el futuro no va a ser como ha sido hasta ahora?

La segunda pregunta tiene que ver con la prisión permanente revisable, es para el ministro Catalá. Dicen ustedes que no se está legislando en caliente; pero quería saber si se está legislando al calor del CIS y si es una medida con claro tinte electoralista. ¿Qué ha pasado para que en estos últimos meses el Partido Popular y el Gobierno no paren de hablar de prisión permanente revisable, teniendo en cuenta, además, que usted mismo ha dicho que en 2015 se aprobó de una manera limitada y coherente?

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, lo he dicho en mi intervención, pero esta respuesta me da la oportunidad de recalcarlo. En España, las pensiones públicas son un derecho que este Gobierno desde el primer momento se empeñó en garantizar. Esas pensiones son muy importantes para mucha gente y las políticas que estamos llevando a cabo, cuando hablamos de crecimiento económico y de creación de empleo, están orientadas también a que el Estado siga cumpliendo con ese derecho y pagando las pensiones. Que eso quede claro: la tranquilidad y la seguridad que da el Gobierno respecto a las pensiones públicas.

Pero hay muchas personas, y he citado la cifra de ocho millones, que tienen algo complementario, que es un plan privado de pensiones, y hay 106.000 millones de ahorro en esos planes. Lo que hace este Real Decreto es abaratar las comisiones y, por tanto, pagarán menos. Quienes tengan ese plan de pensiones tendrán más beneficios, lo que entendemos que es positivo, y también les dará mayor liquidez para que en el futuro, si quieren disponer de ese dinero, puedan hacerlo sin ninguna traba.

Evidentemente, la libertad de adquirir un plan de pensiones o de contratar un plan de pensiones es de cada uno y, en todo caso, el plan de pensiones español serio, sólido, coherente e importante para muchísima gente está en pie, sigue en pie y este Gobierno garantiza que seguirá en pie. Y es muy importante, precisamente, en uno de esos pactos a los que me he referido, que es, dentro de lo que se llama el Pacto de Toledo, donde se establecen estas cosas por consenso, porque es importante que sea por consenso; ver precisamente cuáles son las consecuencias de la demografía en España para el futuro del mismo con el objetivo, como decía antes, de garantizar su efectivo cumplimiento.

Sr. Catalá.- Yo creo que no ha sido el Gobierno precisamente quien ha puesto encima de la mesa de debate la prisión permanente revisable. Han sido los grupos parlamentarios que pretenden su derogación los que presentaron una proposición de ley para la derogación directa, sin más, sin matices; no para rebajarla, no para ajustarla, no para medir los tiempos, no, derogación directa de la pena de prisión permanente revisable para volver a convertirnos en una isla en Europa, donde todos los demás lo tienen y hay algunos que quieren que nosotros no tengamos esta pena.

Claro, como consecuencia de esa proposición de ley, los tiempos parlamentarios nos han llevado a que justo ahora, en estas semanas, es cuando tenga que debatirse y ahí sí que nosotros hemos considerado que era oportuno plantear un debate conceptual sobre la cuestión, un debate social y, por lo tanto, hacer esa revisión del estatus de la cuestión, que es lo que aquí hemos pretendido hacer. La conclusión a la que hemos llegado es a que esos ocho tipos iniciales con los que empezamos, incluso, deberían incorporarse algunos más que, como les he intentado explicar muy sucintamente, son cuatro temas, cuatro grados flagrantes, donde la percepción social hacia el violador reincidente, hacia quien oculta el cuerpo del asesinado o hacia quien puede cometer un gravísimo daño a las infraestructuras con resultados de muerte parece bastante razonable que también estén dentro de nuestro elenco de delitos con pena de prisión permanente revisable.

Por lo tanto, en absoluto lo planteamos en términos de debate electoral, entre otras cosas, porque no hay elecciones a corto plazo, que yo sepa, y son otros los que han pretendido derogar la pena y los que han traído al Parlamento en estos días ese debate al que nosotros nos hemos subido haciendo gala de nuestra convicción de que es una pena que debe de existir y que, además, tiene todo el apoyo social, como hemos explicado.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Tengo dos preguntas de Cataluña para usted. Parece que las negociaciones entre los independentistas se están centrando en elegir el nuevo candidato a la presidencia de la Generalidad. Hay sectores de Junts per Catalunya que están dando el nombre de Elsa Artadi y querría saber qué opinión tiene el Gobierno sobre Elsa Artadi, si cree que se puede abrir una nueva etapa de relaciones entre la Generalidad y la Moncloa.

Después, respecto a las facturas y el FLA, el ministro Montoro el otro día admitió que no tiene claro si se han pagado facturas falsas a través del FLA para financiar el "procés". Nos dijo que no había empezado a hacer las comprobaciones correspondientes. Querría saber si ese tema se ha tratado en el Consejo de Ministros, si el presidente le ha pedido alguna explicación y si el ministro la ha dado.

Portavoz.- Respecto a la persona por la que usted pregunta, el Gobierno no tiene ninguna opinión sobre ella y el preguntado, que soy yo, la verdad es que no la conozco ni he tenido nunca ocasión de hablar con ella. Pero este es un tema que no le concierne al Gobierno, es un tema que concierne a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Cataluña y, por tanto, ellas son las que tienen que decidir si es esta persona o es otra, dentro, insisto, y quiero recalcarlo, de los marcos que ha establecido el Tribunal Constitucional, que son unos marcos de puro sentido común.

Respecto a la segunda pregunta que usted me hace, el Gobierno estableció unos controles rígidos, serios, respecto a la utilización del FLA. Podría suceder que hubiera unas facturas que no estuvieran contabilizadas, no lo sabemos. Una certeza al cien por cien es imposible predicar de nada; pero no hay ninguna constancia de que dinero proveniente del FLA se haya utilizado para la causa secesionista y, si alguien tiene constancia de ello o tiene alguna noción de ello, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento del juez. El Gobierno no tiene constancia alguna de que eso se haya producido.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Mis preguntas son para usted, ministro portavoz. El presidente del Gobierno ayer, en el Foro ABC, dejó abierta la puerta a una prórroga de los Presupuestos, a mantener la prórroga de los Presupuestos de 2017. Yo quería preguntarle si se puede llegar al final de la Legislatura, como es el deseo del presidente del Gobierno, a base de prórrogas presupuestarias y si los Presupuestos solamente se van a llevar al Congreso si está garantizado el apoyo de los grupos.

Por otra parte, si me permite otro asunto, quería conocer su opinión también sobre la reforma electoral que se está planteando por algunos grupos políticos y si cree que es necesario que la representación sea más proporcional y más justa.

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, me han oído ustedes repetir en muchas ocasiones desde esta mesa que para el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento importante. En estos momentos en que España crece y en que España crea puestos de trabajo son un instrumento de estabilidad política importante. Se ha aprobado el techo de gasto ya, hubo una mayoría para aprobar el techo de gasto.

Por tanto, creemos que lo que le conviene a España --no al Gobierno, lo que le conviene a España y a los españoles-- es la aprobación de esos Presupuestos Generales del Estado; pero, como también me han oído decir muchas veces, los números son los que son y el Gobierno dispone de 135 diputados que son insuficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, estamos negociando y vamos a seguir negociando con los grupos parlamentarios.

La anterior vez, el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado 2017 se hizo con siete partidos distintos. Eso lleva un tiempo, pero el objetivo del Gobierno, evidentemente, es aprobar esos Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué? Porque creemos que les conviene a los españoles, esa es la verdadera razón, porque creemos que hay más dinero para hacer políticas sociales y porque va a haber muchos elementos que benefician a la gente. Pero, evidentemente, si hay otra gente, otros partidos, que no lo estiman así o que no quieren colaborar, o que no entienden que esa es la política de pactos que le interesa a España, el Gobierno, como usted ha recordado muy bien, ya ha prorrogado los del año 2017.

Por lo tanto, en eso estamos; pero el objetivo político del Gobierno es aprobarlos, insisto, porque lo que nos mueve son los intereses generales de España y creemos que para esos intereses generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es una buena cosa.

Respecto a la reforma electoral, las reformas electorales son siempre, en cualquier país, un tema delicado, un tema que es fruto de un gran debate y donde siempre se tiende a buscar un gran consenso. En estos momentos hay una iniciativa de C´s y de UP. Me parece, más bien, que lo que buscan es un sistema electoral que les beneficie electoralmente, por lo que yo he leído. Al final, parece que lo que están buscando son intereses particulares más que los intereses generales. En todo caso, cualquier reforma electoral, como usted sabe, requiere la reforma de una ley orgánica, requiere 176 escaños. Creo que entre ambos grupos parlamentarios no reúnen esa cifra y, por lo tanto, tendrán que contar con el resto.

Yo insisto en lo que he dicho. Yo creo que en la Legislatura anterior, cuando el PP tenía mayoría absoluta, se habló de la reforma electoral y ya sabe usted que había un proyecto para las municipales donde gobernara la lista más votada. El Gobierno de la época podría haberlo aprobado porque tenía mayoría para hacerlo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque vio que no había consenso. Ese consenso es el que reclamamos, creemos que eso es bueno y creemos que el que hablen los grupos parlamentarios es una buena cosa.

A lo mejor, esos dos también pueden hablar sobre la situación en Cataluña y también hablan sobre la posibilidad de presentar algún candidato a la investidura. Eso siempre es positivo pero, insisto, un sistema electoral y su reforma es un tema serio. Usted sabe, aunque la Ley Electoral es posterior, que la base del sistema electoral en España es el Real Decreto Ley del año 1977 y, por tanto, la búsqueda de ese consenso para que todo el mundo se sienta cómodo en ella es absolutamente fundamental.

P.- Soy Carles Castellnou, de Televisión de Cataluña. Tenía dos preguntas. Primera, en los últimos días y semanas miembros de su Gabinete y también de su partido retan, de alguna manera, a líderes independentistas a decir en público aquello que solo dicen en privado. Quería saber si desde el Gobierno se da por descontado que desde el mundo independentista ya se sabe que de ninguna manera el señor Puigdemont puede ser presidente de la Generalitat.

Y la segunda es sobre el señor De Guindos. Quería saber, hasta donde usted nos pueda informar, con qué apoyos cuenta en Europa para ser vicepresidente, si realmente creen que va ser finalmente vicepresidente y, después, si no sería mejor para esta candidatura que él abandonase ya su cartera.

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, yo creo que no es una cuestión de quién dice esto o lo otro, en un mundo o en otro; es una cuestión de sentido común. Una persona que está huida de la Justicia, que evade sus deberes con la Justicia, que está en otro país, es imposible que sea presidente de una Comunidad Autónoma, entre otras cosas, porque el presidente de una Comunidad Autónoma es la máxima autoridad del Estado en esa Comunidad Autónoma y todos sabemos cuáles han sido los avatares y actuaciones del señor Puigdemont en el pasado. Por lo tanto, esto no es una cuestión de mundo, sino es una cuestión de sentido común.

La segunda pregunta que me hace usted es sobre el señor De Guindos. Yo ya he explicado por qué cree el Gobierno que el señor De Guindos es un gran candidato. Creemos también que España, por su trayectoria económica y política, debe recuperar ese sitio. Por tanto, nosotros lo que hacemos es presentar a quien creemos que es el mejor candidato. He oído decir por algún portavoz que esto era un desprecio hacia las mujeres o que había que buscar un perfil técnico. Nosotros buscamos a los mejores candidatos para los puestos internacionales y eso es lo que creo que es bueno para nuestro país, y vamos a continuar haciéndolo.

El señor De Guindos se presenta… Sabe usted que hay un procedimiento ahora y creo que hay otro candidato, un candidato irlandés, el señor Lane, que es el presidente del Banco Central. Hay un procedimiento en el Parlamento Europeo antes, previo; luego hay una reunión, si no recuerdo mal, del Eurogrupo, del Ecofin, y hay una serie de plazos que confluyen, si no recuerdo mal y la memoria no me traiciona, el 23 de marzo. Yo le aseguro a usted que, si el señor De Guindos ha ido pasando todos estos procesos, el 23 de marzo no será ministro de Economía del Gobierno de España.

P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Una aclaración para el ministro de Justicia y una pregunta sobre Cataluña para quien la quiera contestar.

Al ministro. Ha hablado en su exposición de que países como Alemania o Francia incluyen entre los delitos de la prisión permanente revisable los de alta traición y los de atentado con violencia a las instituciones del Estado, y, sin embargo, el Gobierno no ha incluido ninguno de estos delitos que, por otro lado, el Partido Popular ha llevado en una enmienda esta semana para que no puedan ser objeto de indulto. Me gustaría saber por qué se le da, por una parte, esa gravedad y, por otra, no se incluye, como podían hacerlo ahora, entre los delitos a incluir.

Y sobre Cataluña. A la hora de poder elegir a un candidato que no sea el señor Puigdemont, se está barajando la posibilidad de crear alguna presidencia simbólica del señor Puigdemont desde Bélgica. ¿Hasta qué punto sería permisible un hecho de estas características, que fuera elegido presidente en el exilio del Consell de la República, como se anda diciendo?

Portavoz.- Yo, si le parece, le contesto a la segunda. El señor Puigdemont no está en el exilio, está huido de la Justicia, voluntariamente huido de la Justicia y, por tanto, cualquier cosa de estas que leemos son piruetas; piruetas que no tienen ninguna base legal ni jurídica, y creo que, además, perturban la credibilidad de las instituciones catalanas.

Cataluña, en términos europeos, es un "land", es una región; es una comunidad autónoma en términos nacionales. Yo no conozco ninguno donde tenga un presidente simbólico u otro no sé qué… Yo creo que tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y dejar de hacer el ridículo, y tenemos que acomodarnos a lo que hay. Creo que eso es lo que tenemos que hacer y es lo que debe hacer el Parlamento de Cataluña. Por eso hemos instado antes a que el presidente reúna a los grupos parlamentarios y dentro del cauce legal --parece mentira que haya que decir "dentro del cauce legal", pero hay que decirlo y lo recalcamos-- se elija a un presidente que sea el presidente efectivo, el presidente real y el presidente, con todas sus competencias, de la Generalidad de Cataluña.

Sr. Catalá.- Cuando tratamos de explicar que la prisión permanente revisable tiene todo el sentido jurídico, constitucional y social, siempre hacemos ese contexto europeo para poner de manifiesto que lo que es normal en toda Europa debería ser normal también en España. Es ese el entorno en el que intentamos hacer esa presentación. Dijimos: en España hay ocho delitos muy graves que traen consigo la prisión permanente revisable y en otros países hay muchos más: veinte, veintiséis, veintinueve… He mencionado que, cuando nos planteamos ampliar tipos, no queremos entrar en debates que generarían una polémica adicional sobre la que ya puede existir en torno a esta pena.

He mencionado --no sé si ustedes lo sabían; no se sabe porque es un tema muy técnico de Derecho Penal que, lógicamente, no es de conocimiento público-- que en Francia, en Alemania o en Italia delitos tales como la rebelión o la sedición, o atentar contra los intereses del Estado, tienen prisión permanente revisable. No ya los asesinatos gravísimos, también ese tipo de delitos fruto de la consideración que allí se tiene. Nosotros no hemos entrado en eso, precisamente también porque no pretendemos abrir debates y generar más polémica en torno a la cuestión.

Y eso no es óbice, más bien al contrario, sino creo que es coherente con la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular de acotar estrictamente las facultades del Gobierno en el ejercicio del derecho de gracia, en la concesión de indultos. De la concesión de indultos el Gobierno, en los últimos años, estamos haciendo un ejercicio limitadísimo, reducidísimo. Hay una crítica social también sobre esa materia y ha habido polémica cuando se han concedido determinados indultos en el pasado. En los últimos años, al menos en los que yo tengo responsabilidad, en los últimos tres años, menos del 1 por 100 de los indultos solicitado se conceden y nunca se conceden en relación con delitos, y con penas por lo tanto, vinculados con la violencia de género, la seguridad vial, el fraude fiscal o también la corrupción en el sentido amplio y estricto.

En ese contexto, lo que es la práctica de ejercicio de competencias por parte del Gobierno lo hemos querido trasladar a una ley, ley que está en trámite también, para manifestar nuestro compromiso. Hay una serie de delitos que nunca podrán eludirse del cumplimento de la pena por la vía del indulto y ahí están delitos muy graves, delitos como también los de rebelión o sedición, que tienen penas de muchos años en nuestro Código Penal. No creemos que haga falta subir las penas y, por lo tanto, no vamos a la prisión permanente revisable; pero sí están en el contexto de esos delitos muy graves que no deberían ser nunca objeto de un indulto concedido por el Gobierno.

P.- Anabel Díez, de "El País". Para el ministro portavoz. Hemos publicado en "El País" hace un par de horas una encuesta de Metroscopia según la cual Ciudadanos se aleja, saca ya una ventaja importante, tanto al Partido Popular, como al Partido Socialista. 28,3 por 100 obtendría Ciudadanos; 21,9 por 100, PP y 20,1 por 100, PSOE. No sé cuál es la valoración que hace el ministro respecto de esta encuesta.

Y al ministro Catalá, respecto a la prisión permanente revisable. No sé qué argumentos va a utilizar usted, y supongo que a través del Grupo Parlamentario, para convencer a la oposición de que desista de mantener esa proposición de ley para derogar la actualmente en vigor prisión permanente revisable. ¿Va a ser el argumento de que otros ya lo tienen, como son los países europeos, los países de nuestro entorno? ¿Va a ser el argumento, en tanto en cuanto, tanto estos grupos, como, por ejemplo, el colectivo Jueces para la Democracia, señalan y reseñan la dureza del Código Penal español en relación con otras legislaciones también de nuestro entorno? De manera que para algunos delitos ya hay que cumplir cuarenta años cuando con la prisión permanente revisable quizá se pueden dar las salidas o la reconsideración a partir de los veinticinco. No sé qué argumentos puede usted decir. Acaba de señalar, incluso, que ya es suficientemente dura la legislación española, por ejemplo, para los delitos de rebelión y de sedición. ¿Por qué no en otros?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, la valoración que hace el Gobierno siempre es la misma: las encuestas constituyen la foto fija de un momento. En cambio, la encuesta del CIS, muy grande, decía otra cosa hace unos pocos días. Con lo cual el Gobierno lo único que hace es ver cuáles son los problemas que preocupan a la gente y ver de qué manera puede contribuir a resolver los problemas de los ciudadanos. Es en lo que estamos trabajando, hoy creo que son una buena muestra los anteproyectos de ley que hemos presentado y las medidas que hemos tomado para favorecer el ahorro fiscal, y confiamos en que esa estabilidad, esa creación de puestos de trabajo, ese crecimiento económico, se traduzca en beneficio de todos los ciudadanos que es, a fin de cuentas, lo que le importa al Gobierno.

Sr. Catalá.- Los argumentos para mantener y para ampliar, como he presentado hoy al Consejo de Ministros, tipos penales con pena de prisión permanente revisable son los que básicamente aquí he presentado. Existen en los países de nuestro entorno y no es porque lo tengan otros; es porque parece razonable que la Unión Europea avancemos hacia una armonización de tipos penales y de penas. Eso lo hacemos. Lo hacemos cuando aprobamos Directivas y cuando hacemos armonización de derecho europeo. Estamos en una comunidad abierta. Hoy los delitos son muchas veces trasnacionales y es muy razonable que esa armonización de delitos y de penas exista en Europa, y, sin embargo, en esta materia como les decía, España se había convertido en una absoluta excepción hasta el año 2015. Volver a ser la excepción no me parecería buena noticia. Eso de que España seamos diferentes en estas cosas no creo que tenga un valor añadido.

Es cierto que cada Código Penal es fruto un poco de la sociología, de la historia, del rechazo, que no en todas las sociedades en Europa, en la Europa del norte o en la Europa mediterránea, tenemos hacia determinadas conductas. Eso es cierto y está muy cercano a la sociología política de los ciudadanos pero, precisamente por eso, la pena de prisión permanente revisable, como usted en su pregunta apuntaba, no es una pena inhumana. Tenemos penas de cuarenta años en España, o sea, que la pena de prisión permanente revisable no es extraordinariamente larga; puede ser, incluso, inferior, fíjese qué paradoja, a algunas penas ya existentes.

Por lo tanto, no hemos endurecido el Código Penal ni hemos alargado la duración de las penas; hemos incorporado un elemento tan sensato, en mi opinión y en la de otros muchos, como que para quien haya cometido delito gravísimo antes de salir a la calle, por decirlo de manera coloquial, se acredite y se garantice que está rehabilitado. No solamente se rehabilitan las personas por el transcurso del tiempo, sino por seguir los programas penitenciarios o por una serie de prácticas; pero parece muy razonable que alguien evalúe si la rehabilitación se ha producido en caso de delitos gravísimos, no sea que al salir vuelvan a cometer delitos, como lamentablemente ha sucedido ya, en muy pocos casos pero en casos tan graves que a todos nos golpean y que, por lo tanto, requieren una medida especial.

Es verdad que los delitos de rebelión y sedición ya tienen una pena alta en nuestro Derecho y, por eso, precisamente porque no pretendemos un endurecimiento de nuestro Derecho Penal --no es eso, no va de endurecer el Derecho Penal español--, mantenemos los tipos y mantenemos las penas. A algunos tipos cualificados y complejos, como los que yo aquí he mencionado (violación reincidente, hacer desaparecer el cuerpo del asesinado…), a esas circunstancias tan singulares es a las que se les atribuye la pena de prisión permanente revisable.

P.- Nuria Vega, de Colpisa. Yo quería preguntar si el Gobierno ve viable la reforma estatutaria que está planteando el PNV y, dado que no habla de ruptura con el resto de España de manera explícita, si cree que puede marcar un camino alternativo al del independentismo en Cataluña. No sé si, además, el asunto ha salido en las conversaciones que mantiene el Gobierno habitualmente con el PNV.

Portavoz.-. No conozco suficientemente bien cuál es la propuesta del PNV. El Consejo de Ministros no ha hablado de esa cuestión. Sé lo que he leído en los medios de comunicación y creo que en estos temas el Tribunal Constitucional ha marcado ya una doctrina muy clara respecto a los límites del ejercicio de determinados o pretendidos derechos. Por tanto, cualquier reforma estatutaria, no solamente del Estatuto de Guernica, sino de cualquier otro, tiene que acomodarse a la doctrina del Tribunal Constitucional. Yo creo que, si hubiéramos hecho eso desde el principio en todas partes, nos hubiera ido mucho mejor y nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos.

Por lo tanto, creo que esta nueva etapa que debemos comenzar, esta nueva etapa política en España, tiene que pasar por el sometimiento al orden constitucional y al orden estatutario, y creo que, como hemos dicho muchas veces también desde esta mesa, dentro del orden constitucional y estatutario hay diálogo sin fecha de caducidad. Eso es algo que yo no me cansado de repetir en los quince meses que llevo ejerciendo las funciones de portavoz. Por tanto, dialogar es bueno, entenderse, comprenderse y escucharse. Lo que no vale, y esa es la experiencia catalana, es la unilateralidad, porque el Gobierno no ha dudado ni dudará en ejercer todos los mecanismos que le confiere el orden constitucional.

P.- Soy Pablo Iglesias, de la agencia Servimedia. Me gustaría, en primer lugar, recuperar la pregunta que le ha hecho mi compañero Mariano Calleja, de "ABC", sobre los Presupuestos, que iba enfocada a la línea de, si no hay Presupuestos para el año 2018, si el Gobierno considera que la Legislatura se puede precipitar y acabarse antes de tiempo, o si el Gobierno aguantaría con unos presupuestos prorrogados este año, el año que viene, etc., etc.

Ahora, mis preguntas; la otra era prestada, porque no ha quedado respondida del todo. A mí me gustaría preguntarle un matiz sobre los planes de pensiones que ha explicado al principio. El Gobierno rebaja las comisiones, pero es cierto que una de las mayores pegas que tienen los planes de pensiones es que, cuando se recuperan, se paga IRPF, con lo cual esa es la verdadera carga que tienen los planes de pensiones. ¿El Gobierno se plantea, de alguna manera, reducir la carga del IRPF cuando se recuperan, porque supone una doble carga impositiva: se paga IRPF cuando ganas ese dinero trabajando y, luego, cuando lo vuelves a recuperar de un plan de pensiones?

Y al ministro de Justicia, dos matices sobre la prisión permanente revisable. En primer lugar, no me queda claro si en el caso, por ejemplo, de Marta del Castillo se podría aplicar la prisión permanente revisable porque hay un delito de asesinato confesado, pero creo que no está probado del todo y el cuerpo no ha aparecido. Si no aparece el cuerpo, ¿habría prisión permanente revisable, porque se da por hecho el asesinato y, además, no ha aparecido el cuerpo?

Luego, la crítica que hacía la oposición a la prisión permanente revisable o, mejor dicho, algunos partidos que están más cerca del Gobierno, es que no están de acuerdo con los criterios de ese "revisable". ¿El Gobierno vería bien rebajar, o matizar, o cambiar de alguna manera, los criterios de esa prisión permanente revisable para facilitar que otros partidos lo apoyen?

Portavoz.- Respecto al rebote a la pregunta de don Mariano, yo creía que había sido claro, pero voy a intentar ser más claro todavía. El Gobierno cuenta y quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, y ese es el mensaje que lanza a todos los españoles. Insisto en el argumento: creemos que es bueno para la gente y creemos que es bueno para la Administración General del Estado, para las Comunidades Autónomas, para las Corporaciones Locales, creemos que hay más dinero para políticas sociales y, por tanto, ese es nuestro objetivo.

Yo soy devoto de Rudyard Kipling, pero los síes no los encadeno porque, si no, al final, acabaríamos haciendo especulaciones sin límites. Por tanto, si no conseguimos aprobarlos --le voy a dar ese "si"--, ya están prorrogados los del año 2017 y, a partir de ahí, veremos. Pero creo que los españoles nos piden pactos, nos piden acuerdos, nos piden actuar en beneficio de la gente. Insisto, yo todavía no he escuchado argumentos políticos en contra de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras cosas, porque no los conoce nadie porque el Gobierno no los ha podido presentar.

Por tanto, el decir no sin conocer algo no es una postura política, es una manía y las manías no son buenas ni en la vida ni tampoco en la política.

Sobre los planes de pensiones, para entendernos, lo que se hace cuando se contrata un plan de pensiones es diferirlo en el tiempo. Lo que había que pagar en el momento de contraerlo se difiere a la hora de la pensión o del rescate; por tanto, claro que habrá que pagarlo en ese momento. En el Gobierno no se contempla que haya exenciones a ello, porque sería una desnaturalización del sistema. Lo que sí es cierto también es que en la mayor parte de los casos se hace al final de la vida laboral de una persona, por lo tanto, cuando ya percibe menos dinero --el rescate de este plan, que es complementario, es generalmente cuando no hay unos ingresos importantes--, y no olvide que el tipo marginal español es bastante bajo.

Por tanto, sigue siendo muy beneficioso para la gente pero se difiere; no se puede eximir del pago en ningún momento porque sería, como digo, desnaturalizar el sistema.

Sr. Catalá.- Uno de los principios del Derecho Penal es que no existe retroactividad de la norma penal, salvo que sea la más favorable. Por lo tanto, en el caso que usted me planteaba, en el caso de Marta del Castillo, si ahora sucediese y estuviese en vigor la Ley, no sería de aplicación; sería para futuros casos que tuviesen elementos como aquí los que se pretenden regular. Este tipo de asesinato y ocultamiento del cuerpo luego también está asociado, lógicamente con la investigación criminal. Hay que probarlo y hay que acreditarlo.

Nosotros lo que hemos intentado aquí, con los expertos en Derecho Penal que asesoran al Ministerio de Justicia en esta materia, es identificar casos tipo que tienen un fundamento porque han sucedido en el pasado o porque hay referencias internacionales, construirlos bien jurídicamente y ponerlos a disposición de los operadores jurídicos, básicamente de los jueces y de los fiscales, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que en el futuro puedan aplicarse en esas circunstancias; pero siempre en el futuro.

En cuanto al modelo de revisión de la prisión permanente revisable, que lo es por sí misma, en España es verdad que en nuestros períodos de revisión estamos en la zona alta de la escala, no es la zona más limitada. Hay otros países que están, incluso, más alejados que nosotros en el tiempo del proceso de la revisión. Por lo tanto, nosotros creemos, como he tratado de decir reiteradamente, que el Derecho Penal español debe tener una pena como la de prisión permanente revisable para los casos más extraordinarios, más singulares, más graves. En ese esfuerzo por mantener lo que tenemos y ampliar nuevos tipos como los que ahora proponemos, estamos lógicamente, y obligados por otra parte por la aritmética parlamentaria, a buscar el consenso con los grupos y estaremos dispuestos a discutirlo, a explicarnos, a negociarlo, no a desnaturalizar la institución, lógicamente; pero en ese contexto de razonabilidad, de marcos comparados en la Unión Europea, me imagino que se pueden avanzar cosas.

Portavoz.- Hoy en noche de estreno en el Teatro Arriaga de Bilbao: "Sueños", una comedia que protagoniza Natalie Poza, flamante Goya a la mejor actriz.

En Huesca suena el violín de Ara Malikian, con su espectáculo de corral de comedias portátil.

No se pierdan la exposición de Pessoa, "Todo arte es una forma de literatura", en el Reina Sofía.

Disfruten de este fin de semana de los carnavales en todo el territorio nacional, desde Santa Cruz de Tenerife hasta Sitges, pasando por Cádiz.

Y también el deporte. Los Juegos Olímpicos de invierno en PyeongChang, donde van a competir trece españoles, y la final del Europeo de fútbol sala: España-Portugal.

Y lean. Lean mucho porque eso endulza la vida.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)